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martes, 14 de agosto de 2018
Héroes de la ciencia española
No están todos los que son, pero estos son algunos de los referentes de la exitosa producción científica hecha en España. Más allá de problemas enquistados como la falta de inversión en la investigación, el desarrollo y la innovación, reunimos a destacados protagonistas del ‘milagro’ que logran contra pronóstico cientos de miles de investigadores.
POCOS DISCUTEN hoy el papel decisivo que la ciencia está desempeñando y habrá de desempeñar en el próximo futuro para que las naciones logren salir de la crisis y alcanzar niveles adecuados de progreso y bienestar (…). Sobre España no pesa ninguna maldición histórica que nos impida participar, junto con el resto de países industrializados, en el vertiginoso cambio tecnológico que se desarrolla ante nuestros ojos”.
Son palabras que podría haber escrito hoy cualquiera de los 126.633 científicos que, según el INE, trabajan en España. O de los entre 15.000 y 20.000 que investigan fuera del país, según estiman diversos cálculos. Y sin embargo las escribió en 1985 José María Maravall, entonces ministro de Educación y Ciencia, en la revista Mundo Científico.
Lo que más me llama la atención cuando hablamos de la ciencia en España es que llevamos más de 30 años con el mismo diagnóstico en la mano”. La reflexión es del austriaco Peter Klatt, vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología (CNB). Klatt lleva 21 años investigando y gestionando ciencia en España, y ha sido asesor del ministerio del ramo en la etapa de Cristina Garmendia (2008-2011). El resto del extenso artículo de Maravall se dedicaba a desgranar las dificultades que sigue sufriendo la ciencia española hoy (escasez de recursos, problemas de contratación de personal, trabas burocráticas, falta de autonomía de las instituciones) y concluye asegurando que la inversión en ciencia e innovación es “pura cuestión de supervivencia del país”. “Al hablar de esto otra vez me siento como un hámster en una rueda”, reflexiona Klatt.
Treinta años con el mismo diagnóstico, 30 años con las soluciones a la vista, 30 años con el enfermo en estado terminal y 30 años con científicos extraordinarios que tiran de vocación, imaginación y tiempo robado a la vida personal para mantener a España en el sueño de que, algún día, las cosas podrían cambiar.
Es necesario que la idea de que la ciencia es el motor de la economía en el mundo moderno prenda en la sociedad”, dice Carlos Matute, director del Centro Achucarro para la Neurociencia en Bilbao. “Invertir en ciencia es invertir en el futuro económico del país”.
La ciencia no es un capricho de países ricos. Es más bien al revés: los países se hacen ricos porque su sistema productivo prima la innovación. Los 10 del mundo más innovadores son también los que muestran mayores niveles de bienestar, según el Índice de Innovación de Bloomberg. Todos tienen en común que invierten de media entre el 2% y el 3% de su PIB en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). España apenas supera el 1%. “La ciencia y la tecnología han conseguido que Estados Unidos sea el mejor país sobre la Tierra”, dijo en 2016 su entonces presidente, Barack Obama. Ese esfuerzo inversor, del 2,8% del PIB, es responsable directo de más de la mitad del desarrollo económico de Estados Unidos desde la II Guerra Mundial.
Según un informe de 2012 del Círculo Cívico de Opinión, si España hubiera invertido desde 1970 en I+D el mismo porcentaje que el resto de países de la OCDE, en el año 2005 habríamos sido, por cabeza, un 20% más ricos.
Un país de espaldas a la investigación. Nadie sabe de dónde procede la idea de que España no es un país de ciencia. Pero ese tópico pesa como una losa desde que Miguel de Unamuno escribió a José Ortega y Gasset una carta en 1906 en la que se confesaba “antieuropeo”, y añadía: “¿Que ellos inventan cosas?, invéntenlas”. La división desgraciada entre ciencias y letras ha llevado a gran parte de la población a pensar que la ciencia no es cultura, y el escaso interés de muchos profesionales y autoridades para transmitir los logros de la I+D ha mantenido a los investigadores en una especie de torre de marfil del imaginario popular, aislados, inalcanzables, encerrados en sus laboratorios, con sus batas blancas y sus placas de Petri.
“Somos creadores, intelectuales, la investigación es creación”, se revuelve la bioquímica y bióloga Ángela Nieto. Ella ha sido una de las elegidas por El País Semanal para mostrar la fuerza y la grandeza de la ciencia española, a menudo escondida en los medios bajo banderas, declaraciones políticas, sucesos y goles. Son todos los que están, pero, desde luego, no están todos los que son. Cientos de miles de personas acuden cada día a un centro de investigación o una universidad para tratar de avanzar en el conocimiento de nuestro organismo, nuestros orígenes, nuestro comportamiento, los fenómenos físicos que nos rodean, el planeta que estamos destrozando, las galaxias y los fondos marinos que querríamos explorar. Si algún día descubrimos la cura contra el cáncer o que no estamos solos en el universo, será gracias a ellos.Esta profesión es, según datos de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la segunda más valorada en España, solo por detrás de los médicos. A continuación se sitúan profesores e ingenieros. Pero solo el 16% de los españoles se muestran interesados por la ciencia y la tecnología, y de los no interesados, el 33% aseguran que es porque no la entienden. Casi la mitad de los españoles, el 44%, consideran su formación al respecto “baja o muy baja”, según la misma fuente.
“Los ciudadanos deben comprender que todo aquello que señalan como su principal preocupación en las encuestas, como la salud, la conservación del medio ambiente o incluso el paro, tiene su respuesta en la inversión en conocimiento. Hay que explicar a los ciudadanos que apoyar la ciencia es bueno para ellos, que no es una reivindicación corporativista. Si esto ocurre, la ciencia tendrá influencia en los resultados electorales”, explica Garmendia.
El déficit acumulado en el sistema español de innovación es de 20.000 millones de euros desde 2009, “a causa de la sucesión de recortes presupuestarios encadenados desde ese año”, que fue el momento de mayor financiación de la ciencia, explica en un documento la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). Mientras la UE destinaba a I+D un 27,4% más en cinco años, en España recortábamos un 9,1%. Invertimos en ciencia menos que hace 10 años, un 1,19% del PIB, lejísimos de la media de la UE, que está ya en el 2,03%. Y en 2016, el Gobierno dejó sin gastar el 67% de ese ya disminuido presupuesto, según la COSCE.
“Es hasta comprensible que pisásemos el freno en un primer momento, cuando Europa nos imponía ajustes, pero el hecho de que siguieran haciéndose recortes cuando la economía empezaba a recuperarse demuestra que no se confiaba en la ciencia, que se esperaba crecer de otra manera, que yo desconozco”, reflexiona la exministra Garmendia.
Pero el problema de la ciencia no es solo de escasez de recursos. Lo que está ahogando ahora mismo a los organismos públicos de investigación es la burocracia, excesiva e interminable, sobre todo desde que, en 2014, el Ministerio de Hacienda impuso la intervención previa de organismos públicos, incluidos los de investigación. Hay ejemplos a decenas y son sangrantes. Francisco Sánchez, del Instituto Español de Oceanografía (IEO), describe la situación como “dantesca”. “Plantear cualquier pequeña compra o hacer un contrato es una pesadilla. Da igual que la financiación esté o no esté, la mayor parte del trabajo es mover papeles. La labor de la ciencia es sostener todo el aparato burocrático asociado a ella”, resume, explicando, por ejemplo, que ha tardado dos años para contratar a una persona, “y no siempre con el perfil concreto que necesitábamos”, añade por su parte Peter Klatt. “Estamos pagando a científicos altamente cualificados para que pierdan una cantidad ingente de tiempo con trámites burocráticos y problemas administrativos”, resume. Los centros tienen restringida la contratación indefinida desde 2012, y eso ha llevado a muchos gestores a concatenar contratos temporales como si fueran indefinidos. Y así, los tribunales han obligado a readmitir o a indemnizar a 242 trabajadores de los organismos públicos de investigación entre 2013 y 2017.
Los investigadores españoles creen que también hay que redefinir la carrera científica para que resulte clara y atractiva para los jóvenes, renovar las plantillas, reducir la endogamia, comprar tecnología de frontera que nos permita hacer también ciencia de frontera, crear las condiciones para atraer el talento internacional, mejorar la transferencia de la investigación básica a la práctica clínica, la relación con las empresas y el mecenazgo, y que se tomen decisiones políticas científicamente informadas.
Hasta hace unas semanas, estas reivindicaciones eran ignoradas. Ahora, por primera vez desde 2011, hay un ministerio dedicado a la ciencia y la innovación, y un ministro, conocido por la sociedad y reconocido por los investigadores, que puede revertir la situación. “¿Que qué le pido a Pedro Duque? Que escuche”, resume Félix de Moya. Y el ministro asegura que está escuchando.
https://elpais.com/elpais/2018/07/16/eps/1531763162_319492.html
miércoles, 8 de agosto de 2018
España, medalla de oro en las Olimpiadas de Física a pesar de la falta de subvenciones
Es el primer año que el Ministerio de Educación no ha cubierto nada, denuncia la RSEF.
Por primera vez, España se ha llevado una medalla de oro (además de dos de bronce) en las Olimpiadas Internacionales de Física, la competición más importante en esta disciplina a nivel mundial. Y eso que es uno de los únicos países participantes que no cuenta con subvenciones ni apoyo de su gobierno.
La cita, que se ha celebrado del 21 al 29 de julio en Lisboa, es una competición para preuniversitarios que han de resolver pruebas individuales, teóricas y experimentales, de física. El temario, establecido por un comité internacional, rebasa extensamente el currículo oficial del bachillerato español.
Este año han concursado 396 estudiantes de 92 países. El ganador ha sido Yang Tianhua, de China, muy por delante del segundo, el ruso Bobkov Grigorii, y el tercero, el surcoreano Dongjin Shin. El medallero completo se puede consultar en la web de la Olimpiada.
El ganador ha sido Yang Tianhua, de China, muy por delante de los demás participantes. La posición conseguida por los españoles participantes no refleja en absoluto el apoyo que reciben del Estado. La delegación, enviada por la Real Sociedad Española de Física (RSEF), fue seleccionada entre los medallistas de la Olimpiada Nacional de Física celebrada en la Universidad de Valladolid en abril.
Los Comités Olímpicos Locales, que organizan todo, están formados por voluntarios, profesores extraordinariamente cualificados que no reciben nada a cambio.
Desde la RSEF se quejan de que "por primera vez, este año las Olimpiadas de Física se han realizado inexplicablemente sin la tradicional subvención del Ministerio de Educación. Esta ausencia ha tenido que ser suplida por la RSEF para cubrir los desplazamientos y la estancia de los estudiantes, así como el pago de la cuota de inscripción de España (3.500 euros)".
España no podrá participar en la Olimpiada Iberoamericana por falta de dinero "Esta inexplicable falta de interés del Ministerio de Educación en apoyar a sus mejores estudiantes se traducirá en que este año España no podrá participar, como estaba previsto por primera vez en décadas, en la Olimpíada Iberoamericana de Física que se celebrará en Puerto Rico", añaden desde la RSEF.
Un estudiante que consiguió medalla en Valladolid ha llegado a abrir una recogida de firmas en Change.org que cuenta casi con 84.000 apoyos y en la que se pregunta si hay futuro en España.
"Algunas universidades extranjeras de prestigio que no miran la partida de nacimiento de sus estudiantes ya han aceptado a algunos de nuestros medallistas, algo realmente triste", lamentan desde la RSEF.
La representación española en Lisboa estaba formada por cinco estudiantes de bachillerato y dos profesores delegados, ambos miembros de la RSEF: Alejandro Epelde Blanco (del Colegio Los Fresnos en Alpedrete, Madrid), Félix Moreno Peñarrubia (del IES L'Eliana, en L'Eliana, Valencia), Denís Arribas Blanco (del IES Do Castro, Vigo, Pontevedra), Joan Hernanz i Ibáñez (del Aula Escola Europea, Barcelona) y José Antonio Castro Moreno (IES Pinar de la Rubia, Valladolid).
El que ha conseguido la Medalla de Oro es Alejandro Epelde, que ya obtuvo una Plata en 2017. Félix Moreno y Joan Hernanz han ganado Medallas de Bronce, y José Antonio Castro ha logrado una Mención de Honor. Estos resultados sitúan a España en el primer tercio del ranking de países concursantes.
https://www.huffingtonpost.es/2018/07/29/espana-medalla-de-oro-en-las-olimpiadas-de-fisica-a-pesar-de-la-falta-de-subvenciones_a_23491909/
Por primera vez, España se ha llevado una medalla de oro (además de dos de bronce) en las Olimpiadas Internacionales de Física, la competición más importante en esta disciplina a nivel mundial. Y eso que es uno de los únicos países participantes que no cuenta con subvenciones ni apoyo de su gobierno.
La cita, que se ha celebrado del 21 al 29 de julio en Lisboa, es una competición para preuniversitarios que han de resolver pruebas individuales, teóricas y experimentales, de física. El temario, establecido por un comité internacional, rebasa extensamente el currículo oficial del bachillerato español.
Este año han concursado 396 estudiantes de 92 países. El ganador ha sido Yang Tianhua, de China, muy por delante del segundo, el ruso Bobkov Grigorii, y el tercero, el surcoreano Dongjin Shin. El medallero completo se puede consultar en la web de la Olimpiada.
El ganador ha sido Yang Tianhua, de China, muy por delante de los demás participantes. La posición conseguida por los españoles participantes no refleja en absoluto el apoyo que reciben del Estado. La delegación, enviada por la Real Sociedad Española de Física (RSEF), fue seleccionada entre los medallistas de la Olimpiada Nacional de Física celebrada en la Universidad de Valladolid en abril.
Los Comités Olímpicos Locales, que organizan todo, están formados por voluntarios, profesores extraordinariamente cualificados que no reciben nada a cambio.
Desde la RSEF se quejan de que "por primera vez, este año las Olimpiadas de Física se han realizado inexplicablemente sin la tradicional subvención del Ministerio de Educación. Esta ausencia ha tenido que ser suplida por la RSEF para cubrir los desplazamientos y la estancia de los estudiantes, así como el pago de la cuota de inscripción de España (3.500 euros)".
España no podrá participar en la Olimpiada Iberoamericana por falta de dinero "Esta inexplicable falta de interés del Ministerio de Educación en apoyar a sus mejores estudiantes se traducirá en que este año España no podrá participar, como estaba previsto por primera vez en décadas, en la Olimpíada Iberoamericana de Física que se celebrará en Puerto Rico", añaden desde la RSEF.
Un estudiante que consiguió medalla en Valladolid ha llegado a abrir una recogida de firmas en Change.org que cuenta casi con 84.000 apoyos y en la que se pregunta si hay futuro en España.
"Algunas universidades extranjeras de prestigio que no miran la partida de nacimiento de sus estudiantes ya han aceptado a algunos de nuestros medallistas, algo realmente triste", lamentan desde la RSEF.
La representación española en Lisboa estaba formada por cinco estudiantes de bachillerato y dos profesores delegados, ambos miembros de la RSEF: Alejandro Epelde Blanco (del Colegio Los Fresnos en Alpedrete, Madrid), Félix Moreno Peñarrubia (del IES L'Eliana, en L'Eliana, Valencia), Denís Arribas Blanco (del IES Do Castro, Vigo, Pontevedra), Joan Hernanz i Ibáñez (del Aula Escola Europea, Barcelona) y José Antonio Castro Moreno (IES Pinar de la Rubia, Valladolid).
El que ha conseguido la Medalla de Oro es Alejandro Epelde, que ya obtuvo una Plata en 2017. Félix Moreno y Joan Hernanz han ganado Medallas de Bronce, y José Antonio Castro ha logrado una Mención de Honor. Estos resultados sitúan a España en el primer tercio del ranking de países concursantes.
https://www.huffingtonpost.es/2018/07/29/espana-medalla-de-oro-en-las-olimpiadas-de-fisica-a-pesar-de-la-falta-de-subvenciones_a_23491909/
miércoles, 1 de agosto de 2018
domingo, 29 de julio de 2018
Imagina. En ese extraño país la democracia parece estar tutelada aun por ese dictador desde su tumba.
Imagina que el 14 de abril de 1931 se instituyó en un extraño país una República con una Constitución democrática. Imagina que, en julio de 1936, un general golpista se proclamó a sí mismo salvador de la patria y derribó a sangre y fuego ese régimen legalmente constituido, provocando una guerra civil con medio millón de muertos y otros tantos desterrados. Imagina que, después de su victoria, este general sumió a ese extraño país en una dictadura férrea de 40 años sin dejar de fusilar a miles de ciudadanos bajo juicios sumarísimos y mientras mantenía las cárceles llenas de presos políticos se sirvió de ellos como esclavos para construir un mausoleo faraónico perforando una montaña bajo una desmesurada cruz de granito.
Imagina que ese panteón situado a las afueras de la capital del Estado le sirvió de propia sepultura y que allí permanecen sus despojos todavía, pero, antes de morir, este general golpista nombró a su sucesor a título de rey, quien después de verse envuelto en varios escándalos de corrupción tuvo que abdicar en su hijo.
Imagina que uno de los ministros de este dictador fundó una formación política de derechas con el nombre de Partido Popular, que ha gobernado en ese extraño país gracias a una Transición democrática cuyos aciertos han permitido a los ciudadanos, no sin ciertos riesgos, vivir en libertad bajo una Constitución, que parte del territorio no acata. Imagina que un juez alemán muy escrupuloso ha recibido una euroorden para que entregue a ese extraño país a uno de sus políticos prófugo de la justicia.
Pensando en lo que sería Alemania si tuviera a Hitler en un gran mausoleo cerca de Berlín, tal vez ese juez no consiga desprenderse de ciertos prejuicios al sospechar, aunque sea de forma difusa y muy confusa, que, en ese extraño país, la democracia parece estar tutelada aún por ese dictador desde su tumba.
https://elpais.com/elpais/2018/07/27/opinion/1532693032_489793.html
Imagina que ese panteón situado a las afueras de la capital del Estado le sirvió de propia sepultura y que allí permanecen sus despojos todavía, pero, antes de morir, este general golpista nombró a su sucesor a título de rey, quien después de verse envuelto en varios escándalos de corrupción tuvo que abdicar en su hijo.
Imagina que uno de los ministros de este dictador fundó una formación política de derechas con el nombre de Partido Popular, que ha gobernado en ese extraño país gracias a una Transición democrática cuyos aciertos han permitido a los ciudadanos, no sin ciertos riesgos, vivir en libertad bajo una Constitución, que parte del territorio no acata. Imagina que un juez alemán muy escrupuloso ha recibido una euroorden para que entregue a ese extraño país a uno de sus políticos prófugo de la justicia.
Pensando en lo que sería Alemania si tuviera a Hitler en un gran mausoleo cerca de Berlín, tal vez ese juez no consiga desprenderse de ciertos prejuicios al sospechar, aunque sea de forma difusa y muy confusa, que, en ese extraño país, la democracia parece estar tutelada aún por ese dictador desde su tumba.
https://elpais.com/elpais/2018/07/27/opinion/1532693032_489793.html
sábado, 28 de julio de 2018
¿Será España una democracia?
Jean Ortiz
Rebelión
Ya no me acuerdo de quien dijo un día algo así: en España se puede ser demócrata (de pandereta, añado yo) sin haber sido antifascista, sin haber roto con el franquismo.
Es difícil hablar de democracia a propósito de un país que no hace del antifascismo un referente de su identidad, tras largos años de crímenes fascistas masivos, un país que deja tirados en las fosas comunes, en las cunetas, a unos 130 000 republicanos antifascistas (entre 114 000 y 150 000 según las fuentes), fusilados por los franquistas. España es el segundo país en el mundo, después de Camboya, donde más hubo ( y quedan), cantidad de “desaparecidos”, asesinados y amontonados en fosas: 1 850 fosas localizadas en el primer “mapa de fosas”. (Para “comparar”: Chile tiene unos 3 000 “desaparecidos”).
Es difícil hablar de «democracia» a propósito de un país donde el pasado ha sido y sigue siendo, de alguna manera, casi ocultado, enterrado, sin asumir, un país donde el franquismo (“centinela de Occidente”) sociológico, ideológico, impregna todavía amplios sectores de la sociedad, un país donde el olvido del pasado ha sido una estrategia política impuesta por las clases dominantes. El franquismo sigue, 80 años después del golpe cívico-militar de julio del 36, globalmente impune. El fascismo español no ha sido juzgado, ni como tal, como régimen, ni a través de sus verdugos. Esa exigencia callada (la impunidad para el franquismo), entraba en el famoso “pacto” (consensuado) de “la transición”, en los años 1977-78, tras la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975. "Pacto del silencio y del olvido".
España es un país donde un juez prestigioso y pertinente, eficaz, independiente: el juez Baltazar Garzón, ha sido condenado a muerte profesional, sometido a juicio y obligado a dimitir, por querer investigar la feroz dictadura franquista (sus crímenes de toda clase), sus jefes (ninguno ha sido juzgado). El diario “El País” del 15 de mayo del 2010, lleva en su primera plana, el titular: “Garzón cae por querer investigar el franquismo”.
Los verdugos han muerto en sus camas, o pasean todavía libres, pese a sus crímenes de lesa-humanidad, (crímenes que no prescriben). España es un país donde un alto dirigente socialista, ex jefe del gobierno de “alternancia” de octubre de 1982, Felipe González, (que alecciona al mundo entero sobre “derechos humanos”) se jacta de haberlos violados. González confesó al diario “El País” el 20 de abril del 2001:“nosotros decidimos no hablar del pasado”; es decir explícitamente: no tocar al franquismo y a su heredera, la monarquía, ilegítima. Desde la Iglesia hasta sectores de la “izquierda moderada”, muchos falsos demócratas siguen cacareando sin fin, cínicamente, las mismas mentiras, y nos contestan, cuando exigimos “justicia” :“no se pueden reabrir las heridas del pasado”... ¡Heridas que nunca antes fueron cerradas, y un pasado que no pasa! El revisionismo es tan peligroso como el olvido. Hoy en día, el riesgo principal, en la “batalla de la memoria”, me parece ser la “re-escritura”, neo-conservadora, de la historia de la República, de la Guerra de España, del franquismo, de las Resistencias... criminalizando a los Republicanos, a los combatientes por la República, a los guerrilleros, presentándoles como “agentes del comunismo internacional”, “títeres de la KGB”, como si el antifascismo fuese una manipulación de Moscú...
En España, poco a poco, desde hace unos diez años, gracias al trabajo militante de las “asociaciones de memoria” (ARMH, Foro de la memoria, Federación de los foros, etc.), de las asociaciones de víctimas, y a las investigaciones de historiadores “progres”, se está recuperando paulatinamente la memoria republicana (de la Segunda República proclamada el 14 de abril de 1931). Ahora se puede hablar e incluso reivindicar la República, la “Tercera”, que sea más social, más anticapitalista que la de 1931, exigir un referéndum entre monarquía y República, como lo proponen los comunistas, los militantes de Izquierda Unida, los de Podemos, algunos sectores minoritarios del PSOE, la izquierda radical, los anarquistas, los movimientos sociales de maestros, de jornaleros del campo, el sindicato andaluz de trabajadores (SAT), de enfermeras, de “sin techo”, de desahuciados... Los partidos del sistema, ellos, niegan y se oponen a la necesidad de una democracia completa, en un país que sea múltiple.
La derecha cavernícola y la mayor parte de los dirigentes “socialistas”, adheridos al social-liberalismo, rechazan la perspectiva constituyente y se aferran todavía a un modelo caducado de “transición modélica”, de colaboración de clases...
Hoy en día, se ve la bandera tricolor republicana en la mayoría de los actos militantes. Van hablando “los silencios de la historia”, que fue hasta hace poco historia oficial, la de los “vencedores” de la “cruzada”, y van rellenándose los huecos del olvido pactado.
Estamos rompiendo el cerco de la desmemoria. Fundamentalmente por el compromiso de los militantes de la memoria, en España, apoyados por un fuerte movimiento memorial al otro lado del Pirineo, en Francia. En los dos países, las clases dominantes temen que esos movimientos “memorialistas” enlacen con, (o se vuelvan) los movimientos sociales. Frente al auge del “retorno republicano”, como lo escribí en el libro “Espagne, la République est de retour”[1], los dos grandes partidos, ex-pilares del sistema, los socialistas (PSOE) y la derecha neo-franquista (el Partido popular, apoyado por "Ciudadanos"), se niegan a cualquier referéndum sobre la monarquía y la autodeterminación de los pueblos de España. Rechazan la propuesta democrática, que va creciendo, de un proceso constituyente para institucionalizar lo que España es: una “nación de naciones”, y avanzar hacia una “federación” o “confederación” (para otros), acabar con la España al revés, “una”, uni-nacional, para derogar la constitución de 1978, bastante continuista y democrática solo en apariencia. El ejército es presentado como “garante de la unidad de España”, un país, según la constitución, “no confesional”, pero no definido como “laico”. Bajo el seudo-referéndum de 1978 sobre la constitución, iba pareja la transformación de España en una monarquía parlamentaria. Pero no fue eso -monarquía o república- lo que se le preguntó a los españoles. Para la mayoría del pueblo (y ahí radicaba el engaño), votar “sí” a la constitución no era asumir la monarquía.
La crisis, el fracaso del “modelo de la transición pactada”, de un proceso supervisado en la primavera de 1977 por Estados Unidos y la Internacional Socialista (Vernon Walters, H. Smith, W. Brandt, H. Kissinger) trastoca todos los papeles. En realidad, la “transición modélica” resulta pura leyenda, puro mito, pura falacia y montaje politiquero. El franquismo se recicló muy rápidamente en “monarquía parlamentaria”, en “democracia”. Como dicen algunos Españoles “rojos”: muchos franquistas se acostaron “fachas” y despertaron demócratas.
El golpe militar del 18 de julio del 1936 y la larguísima dictadura franquista no fueron ni un “pronunciamiento” de los habituales ni una “dictadura” como otras. El destacado historiador anglosajón Paul Preston habla de “holocausto” premeditado, planificado. Los vencedores lo querían irreversible para aplastar definitivamente a las clases populares. “Holocausto” según Preston para caracterizar el terror y la represión franquista, y ese miedo que no acaba nunca, que se trasmite de generación en generación. Desde el principio, Franco, como Mola, Queipo de Llano, planteaban la necesidad de "depurar", de "limpiar" a España del “gen” de la revolución, del marxismo, del anarquismo... Entrevistado el 27 de julio de 1936 en Tetuán, por el periodista Jay Allen, Franco declaraba querer “salvar a España del marxismo a cualquier precio”. No se trataba sólo de ganar la guerra sino de paralizar al pueblo por el terror. Los golpistas concebían la guerra como una guerra de exterminio. En agosto del 1936, en Badajoz, mataron a más de 10 000 personas; la plaza de toros se tiñó de sangre. La “columna de la muerte” arrasó a pueblos enteros. Un terror estimulado desde arriba, desde la dirigencia; llamamientos repetidos a violar (una terrible violencia de género), a matar, a “depurar”...
En septiembre de 2013 (“Cadena Ser”, 30 de septiembre), una vez más, la ONU exigió a España que acabase con la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977, en realidad ley de auto-amnistía, de impunidad, ley finalmente de “punto final” (la expresión es latinoamericana). El artículo 2 de la ley da la tónica: se amnistía al personal del régimen por los delitos cometidos, en el ejercicio de sus funciones, contra los derechos de las personas... Con la Ley de Responsabilidades políticas de 1939, a cada apresado, a cada condenado republicano, se le incauta los bienes; se los roban los terratenientes, los vecinos, los bancos... El artículo 10 de la ley dice: “En toda condena se impondrá, necesariamente, sanción económica”. Queda por escribir la historia de la espantosa represión económica contra las familias republicanas, el gran saqueo a cargo de las autoridades, así como de las familias afines al régimen... El incalculable botín franquista... Y ni una palabra acerca de una necesaria “reparación”, de la devolución de los bienes incautados (propiedades, cuentas bancarias...), como sería lo normal jurídica y moralmente. Ni se menciona tal posibilidad...
En Andalucía existen oficialmente 61 958 expedientes de incautación de bienes (cifra infravalorada por el miedo a denunciar) a los represaliados, despojados de lo poco que tenían. En esa misma Andalucía, entre 1936 y 1945, hubo 57 801 fusilados (49 718 republicanos y 8 083 franquistas). El tema del equiparamiento del terror, de “los dos campos” , el dogma mentiroso del “todos culpables”, tan querido y cacareado por los “demócratas naftalina”, se revela una verdadera farsa, una manipulación asquerosa. No se puede equiparar el terror republicano espontáneo, que duró las primeras semanas, y el terror fascista planificado, promovido por las autoridades, en forma de revancha de clase, y que se prolongó hasta los años setenta. Cuando se investiga, se profundiza la represión, como lo hicieron los historiadores Tuñón de Lara, Francisco Moreno, Francisco Espinosa, Ángel Viñas, Javier Tusel, Reig Tapia... uno se da cuenta de la falacia del tema del “equilibrio del terror y de la memoria”, de la falacia del concepto de “responsabilidad colectiva”.
Los socialistas lo han plasmado cuando, el 12 de octubre (¡día de la “raza”!) del 2004, hicieron desfilar juntos (el “Desfile de la Victoria”) a un nazi español de la División Azul, y a un héroe republicano español, que combatió con el general Leclerc, en la 2da DB, para liberar a Francia. Esta fue parte de “La Nueve” (160 hombres), compuesta principalmente por anarquistas y comunistas españoles, fue la que primero entró en París, participó en los últimos combates, unas horas antes de verse liberada la capital, por una insurrección popular.
Hoy día todavía, a la borbónica familia real, metida en muchos escándalos, se le protege en la medida de todo lo posible. El “caso Garzón”, la corrupción estructural, los muchísimos escándalos mayúsculos que afectan a unos y a otros, como el enorme “caso Gürtel”, que conciernen y comprometen sobre todo al Partido popular, no le impidieron ganar las elecciones, ni gobernar el país. “Forrarse” es considerado como algo normal. A la mayoría de los jueces, no les importa un pepino la supeditación de la justicia. La crisis catalana y del “pacto territorial”, reflejan con creces esa falta de independencia judicial. El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional son los que han acabado con el juez Garzón. Como en los “viejos tiempos”, hoy día, las cárceles catalanas se han vuelto a llenar de presos políticos “independentistas” (la mayor parte de ellos “ediles”). El “nuevo” rey Felipe VI se ha salido de su papel pronunciando un discurso anticatalán, de inspiración y contenido ultraconservador, brutal, represivo. ¡¡Se han caído las máscaras!! El supuesto “rey de todos los españoles” ha seguido à Rajoy y al PP.
España se ha puesto deliberadamente fuera de la normativa internacional de los derechos humanos, incluso tras adoptar, sin los votos del PP, en el 2007, la nueva ley (ni siquiera se le llama “de memoria” y no lleva una sola vez la palabra “república”). El texto descafeinado fue votado el 31 de diciembre del 2007. Los militantes de la memoria presionaron al gobierno socialista (de Zapatero) para conseguir por fin una verdadera ley de memoria... Tras meses de vacilaciones, de consultas (incluso con los grupos franquistas) el texto, basado en el “equilibrio de la memoria”, no satisfizo a nadie. Ni justicia, ni verdad, ni reparación. España no cumple con la legislación internacional en los casos de “desapariciones forzadas” (fosas comunes). 80 años después de la guerra, siguen sin anularse los tribunales militares sumarios, sus juicios sumarísimos y sentencias criminales. Quedan por rehabilitar, entre otros fusilados o “agarrotados”, Puig Antich, Julián Grimau, Miguel Hernández, Cristino García, militantes anarquistas torturados, del FRAP, el presidente catalán Companys...
El entonces jefe del gobierno, Mariano Rajoy, el 20 de febrero del 2008, barrió con todas las ayudas estatales a las asociaciones que abren fosas y hacen el trabajo que tuvieran que hacer las autoridades. Exclamó: “ni un euro para las fosas”. Al estado sin embargo le incumbe hacerse cargo de la localización, la exhumación y la identificación de los “desaparecidos” (un ejemplo: dos fosas de más de 2 000 víctimas en los cementerios de Córdoba). Socialistas y “pepistas” ni han cumplido ni cumplen. Los gobiernos sucesivos han evadido sus responsabilidades. Una periodista y novelista francesa, Renée Lafont, fusilada por los franquistas el primero de setiembre del 36, yace olvidada en la fosa común del cementerio cordobés de la Salud... Unos militantes franceses han lanzado, a principios del 2018, una campaña internacional para que el gobierno francés y el español exhuman sus restos, y los trasladen, con los debidos honores, a Francia. ¡¡Ningún gobierno “democrático” ha contestado!!
En la España “democrática”, todavía no se ha desfranquizado en profundidad. Quedan decenas de calles con nombres de fascistas... Y qué decir del único “parque temático fascista” en el mundo: ¡¡el faraónico Valle de los Caídos!! Un mausoleo a la gloria de los “vencedores”, un lugar de exaltación al fascismo, construido durante 20 años con el dinero de las arcas públicas; y utilizando el trabajo de 20 000 presos antifascistas, explotados, humillados, maltratados como esclavos. El Valle, mantenido con los recursos de los contribuyentes, fue y sigue siendo además un gran negocio. En la gigantesca basílica está la tumba del dictador Franco... Al acabar la guerra, España contaba con 400 000 presos republicanos. Una cifra récord. Se fusilaba sin parar pese a (oficialmente) haber “terminado la guerra” el uno de abril de 1939.
En las (post)dictaduras latinoamericanas, a las que España exportó su “modelo” de transición, se crearon Comisiones de la Verdad... En España, no ha habido comisión alguna, ningún rastro de Comisión Verdad-Justicia-Reparación. La ley de amnistía de 1977 no permite que se investiguen los crímenes franquistas. Cada intento se enfrenta al rechazo del PSOE, de Ciudadanos y del PP. El desamparo jurídico y político de las víctimas y de sus asociaciones, la falta de apoyo institucional, les obliga a acudir a jueces extranjeros como la jueza María Servini de Cubria, en Argentina.
A ese terrible balance de violaciones de los derechos humanos sin respuesta, cabe añadir el insoportable caso de los niños robados (más de 30 000) a sus familias republicanas, “subversivas”, diabolizadas, para entregarlos, en adopción plena, quitándoles nombre y apellido, a familias “cristianas” adictas al franquismo, que les “lavaban el cerebro”. Esa “depuración política”, promovida y organizada por el franquismo, la Falange y la Iglesia, estribando en decretos, leyes oficiales (entre otros un decreto de noviembre de 1949), se ha vuelto un negocio hasta entrados los años 1990 (una ley de 1987 pretende poner fin a ese crimen de Estado). El Estado español no ha hecho nada para enfocar, tratar de responder a ese crimen de lesa-humanidad, buscar y encontrar a esos muertos-vivos. En Argentina, las comisiones han “recuperado” adultos, que fueron “niños robados” por los militares.
Y ni que hablar de la represión económica y de su “reparación” como corresponde en esos casos.
Muchas empresas que ayudaron a Franco, en la construcción del insultante y gigantesco mausoleo del Valle de los Caídos, quedan hoy entre las más importantes del país.
Las que ayudaron a Franco se beneficiaron de concesiones estatales: mano de obra esclava, barata, batallones de presos republicanos ¡¡“rehabilitándose” por el trabajo!! Hoy día, los descendientes de esa oligarquía franquista campean siempre entre los más ricos de España. Es el caso de FECSA (absorbida por ENDESA), de los hermanos March, banqueros del franquismo, de los HUARTE, de los BOTIN, de la ingente constructora ACS, presidida por Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid...
Los Huarte han entrado en el gigante de la construcción “OBRASCON, HUARTE, LAIN”, JUAN BANUS ha sido el caudillo corrupto de Puerto Banus... 43 ministros de Franco fueron dirigentes en el sector bancario. El neo-franquista líder del PP, J-M Aznar, es nieto de Manuel Aznar Zubigaray, ex director de la agencia de prensa EFE, y después embajador en la ONU...” Son los mismos perros”, decía mi tía Pilar, “con collares diferentes”.
El 10 de enero de 1939, el ministro republicano de Exteriores, Álvaro del Bayo, en un discurso en la Sociedad de las Naciones, increpaba a las “democracias occidentales” culpables por la capituladora “no intervención”, exclamando : “El día vendrá en que se acuerden todos ustedes de nuestros muertos”. Las supuestas “democracias occidentales”, por intereses de clase, prefirieron, y no siempre solapadamente, el fascismo al Frente popular. Hoy día, el contexto internacional exige que reevaluemos el antifascismo.
Si España fuese una democracia, lo sería pues muy “incompleta”, con muchas carencias, con un montón de cuentas pendientes, con la ausencia de juicio político a la dictadura, con impunidad oficial de los torturadores... No puede haber democracia plena que no esté basada en Verdad-Justicia-Reparación. Un día, el rey Juan Carlos le gritó a Hugo Chávez: “¿Por qué no te callas”? Tras ese balance, poco democrático: ¿Quién debería callarse?
Nota:
[1] ORTIZ, Jean, Espagne: La république est de retour, Ed. Atlantica, Biarritz, 2014.
Jean Ortiz, hijo de un combatiente republicano de Albacete que luego pasó a ser guerrillero en Francia, es maestro de Conferencias y profesor en la Universidad de Pau (Francia). Especialista del siglo veinte español. Autor de varios libros y de documentales sobre la República, la guerra de España, la represión franquista, las fosas comunes, los guerrilleros españoles, el antifascismo...
Ya no me acuerdo de quien dijo un día algo así: en España se puede ser demócrata (de pandereta, añado yo) sin haber sido antifascista, sin haber roto con el franquismo.
Es difícil hablar de democracia a propósito de un país que no hace del antifascismo un referente de su identidad, tras largos años de crímenes fascistas masivos, un país que deja tirados en las fosas comunes, en las cunetas, a unos 130 000 republicanos antifascistas (entre 114 000 y 150 000 según las fuentes), fusilados por los franquistas. España es el segundo país en el mundo, después de Camboya, donde más hubo ( y quedan), cantidad de “desaparecidos”, asesinados y amontonados en fosas: 1 850 fosas localizadas en el primer “mapa de fosas”. (Para “comparar”: Chile tiene unos 3 000 “desaparecidos”).
Es difícil hablar de «democracia» a propósito de un país donde el pasado ha sido y sigue siendo, de alguna manera, casi ocultado, enterrado, sin asumir, un país donde el franquismo (“centinela de Occidente”) sociológico, ideológico, impregna todavía amplios sectores de la sociedad, un país donde el olvido del pasado ha sido una estrategia política impuesta por las clases dominantes. El franquismo sigue, 80 años después del golpe cívico-militar de julio del 36, globalmente impune. El fascismo español no ha sido juzgado, ni como tal, como régimen, ni a través de sus verdugos. Esa exigencia callada (la impunidad para el franquismo), entraba en el famoso “pacto” (consensuado) de “la transición”, en los años 1977-78, tras la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975. "Pacto del silencio y del olvido".
España es un país donde un juez prestigioso y pertinente, eficaz, independiente: el juez Baltazar Garzón, ha sido condenado a muerte profesional, sometido a juicio y obligado a dimitir, por querer investigar la feroz dictadura franquista (sus crímenes de toda clase), sus jefes (ninguno ha sido juzgado). El diario “El País” del 15 de mayo del 2010, lleva en su primera plana, el titular: “Garzón cae por querer investigar el franquismo”.
Los verdugos han muerto en sus camas, o pasean todavía libres, pese a sus crímenes de lesa-humanidad, (crímenes que no prescriben). España es un país donde un alto dirigente socialista, ex jefe del gobierno de “alternancia” de octubre de 1982, Felipe González, (que alecciona al mundo entero sobre “derechos humanos”) se jacta de haberlos violados. González confesó al diario “El País” el 20 de abril del 2001:“nosotros decidimos no hablar del pasado”; es decir explícitamente: no tocar al franquismo y a su heredera, la monarquía, ilegítima. Desde la Iglesia hasta sectores de la “izquierda moderada”, muchos falsos demócratas siguen cacareando sin fin, cínicamente, las mismas mentiras, y nos contestan, cuando exigimos “justicia” :“no se pueden reabrir las heridas del pasado”... ¡Heridas que nunca antes fueron cerradas, y un pasado que no pasa! El revisionismo es tan peligroso como el olvido. Hoy en día, el riesgo principal, en la “batalla de la memoria”, me parece ser la “re-escritura”, neo-conservadora, de la historia de la República, de la Guerra de España, del franquismo, de las Resistencias... criminalizando a los Republicanos, a los combatientes por la República, a los guerrilleros, presentándoles como “agentes del comunismo internacional”, “títeres de la KGB”, como si el antifascismo fuese una manipulación de Moscú...
En España, poco a poco, desde hace unos diez años, gracias al trabajo militante de las “asociaciones de memoria” (ARMH, Foro de la memoria, Federación de los foros, etc.), de las asociaciones de víctimas, y a las investigaciones de historiadores “progres”, se está recuperando paulatinamente la memoria republicana (de la Segunda República proclamada el 14 de abril de 1931). Ahora se puede hablar e incluso reivindicar la República, la “Tercera”, que sea más social, más anticapitalista que la de 1931, exigir un referéndum entre monarquía y República, como lo proponen los comunistas, los militantes de Izquierda Unida, los de Podemos, algunos sectores minoritarios del PSOE, la izquierda radical, los anarquistas, los movimientos sociales de maestros, de jornaleros del campo, el sindicato andaluz de trabajadores (SAT), de enfermeras, de “sin techo”, de desahuciados... Los partidos del sistema, ellos, niegan y se oponen a la necesidad de una democracia completa, en un país que sea múltiple.
La derecha cavernícola y la mayor parte de los dirigentes “socialistas”, adheridos al social-liberalismo, rechazan la perspectiva constituyente y se aferran todavía a un modelo caducado de “transición modélica”, de colaboración de clases...
Hoy en día, se ve la bandera tricolor republicana en la mayoría de los actos militantes. Van hablando “los silencios de la historia”, que fue hasta hace poco historia oficial, la de los “vencedores” de la “cruzada”, y van rellenándose los huecos del olvido pactado.
Estamos rompiendo el cerco de la desmemoria. Fundamentalmente por el compromiso de los militantes de la memoria, en España, apoyados por un fuerte movimiento memorial al otro lado del Pirineo, en Francia. En los dos países, las clases dominantes temen que esos movimientos “memorialistas” enlacen con, (o se vuelvan) los movimientos sociales. Frente al auge del “retorno republicano”, como lo escribí en el libro “Espagne, la République est de retour”[1], los dos grandes partidos, ex-pilares del sistema, los socialistas (PSOE) y la derecha neo-franquista (el Partido popular, apoyado por "Ciudadanos"), se niegan a cualquier referéndum sobre la monarquía y la autodeterminación de los pueblos de España. Rechazan la propuesta democrática, que va creciendo, de un proceso constituyente para institucionalizar lo que España es: una “nación de naciones”, y avanzar hacia una “federación” o “confederación” (para otros), acabar con la España al revés, “una”, uni-nacional, para derogar la constitución de 1978, bastante continuista y democrática solo en apariencia. El ejército es presentado como “garante de la unidad de España”, un país, según la constitución, “no confesional”, pero no definido como “laico”. Bajo el seudo-referéndum de 1978 sobre la constitución, iba pareja la transformación de España en una monarquía parlamentaria. Pero no fue eso -monarquía o república- lo que se le preguntó a los españoles. Para la mayoría del pueblo (y ahí radicaba el engaño), votar “sí” a la constitución no era asumir la monarquía.
La crisis, el fracaso del “modelo de la transición pactada”, de un proceso supervisado en la primavera de 1977 por Estados Unidos y la Internacional Socialista (Vernon Walters, H. Smith, W. Brandt, H. Kissinger) trastoca todos los papeles. En realidad, la “transición modélica” resulta pura leyenda, puro mito, pura falacia y montaje politiquero. El franquismo se recicló muy rápidamente en “monarquía parlamentaria”, en “democracia”. Como dicen algunos Españoles “rojos”: muchos franquistas se acostaron “fachas” y despertaron demócratas.
El golpe militar del 18 de julio del 1936 y la larguísima dictadura franquista no fueron ni un “pronunciamiento” de los habituales ni una “dictadura” como otras. El destacado historiador anglosajón Paul Preston habla de “holocausto” premeditado, planificado. Los vencedores lo querían irreversible para aplastar definitivamente a las clases populares. “Holocausto” según Preston para caracterizar el terror y la represión franquista, y ese miedo que no acaba nunca, que se trasmite de generación en generación. Desde el principio, Franco, como Mola, Queipo de Llano, planteaban la necesidad de "depurar", de "limpiar" a España del “gen” de la revolución, del marxismo, del anarquismo... Entrevistado el 27 de julio de 1936 en Tetuán, por el periodista Jay Allen, Franco declaraba querer “salvar a España del marxismo a cualquier precio”. No se trataba sólo de ganar la guerra sino de paralizar al pueblo por el terror. Los golpistas concebían la guerra como una guerra de exterminio. En agosto del 1936, en Badajoz, mataron a más de 10 000 personas; la plaza de toros se tiñó de sangre. La “columna de la muerte” arrasó a pueblos enteros. Un terror estimulado desde arriba, desde la dirigencia; llamamientos repetidos a violar (una terrible violencia de género), a matar, a “depurar”...
En septiembre de 2013 (“Cadena Ser”, 30 de septiembre), una vez más, la ONU exigió a España que acabase con la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977, en realidad ley de auto-amnistía, de impunidad, ley finalmente de “punto final” (la expresión es latinoamericana). El artículo 2 de la ley da la tónica: se amnistía al personal del régimen por los delitos cometidos, en el ejercicio de sus funciones, contra los derechos de las personas... Con la Ley de Responsabilidades políticas de 1939, a cada apresado, a cada condenado republicano, se le incauta los bienes; se los roban los terratenientes, los vecinos, los bancos... El artículo 10 de la ley dice: “En toda condena se impondrá, necesariamente, sanción económica”. Queda por escribir la historia de la espantosa represión económica contra las familias republicanas, el gran saqueo a cargo de las autoridades, así como de las familias afines al régimen... El incalculable botín franquista... Y ni una palabra acerca de una necesaria “reparación”, de la devolución de los bienes incautados (propiedades, cuentas bancarias...), como sería lo normal jurídica y moralmente. Ni se menciona tal posibilidad...
En Andalucía existen oficialmente 61 958 expedientes de incautación de bienes (cifra infravalorada por el miedo a denunciar) a los represaliados, despojados de lo poco que tenían. En esa misma Andalucía, entre 1936 y 1945, hubo 57 801 fusilados (49 718 republicanos y 8 083 franquistas). El tema del equiparamiento del terror, de “los dos campos” , el dogma mentiroso del “todos culpables”, tan querido y cacareado por los “demócratas naftalina”, se revela una verdadera farsa, una manipulación asquerosa. No se puede equiparar el terror republicano espontáneo, que duró las primeras semanas, y el terror fascista planificado, promovido por las autoridades, en forma de revancha de clase, y que se prolongó hasta los años setenta. Cuando se investiga, se profundiza la represión, como lo hicieron los historiadores Tuñón de Lara, Francisco Moreno, Francisco Espinosa, Ángel Viñas, Javier Tusel, Reig Tapia... uno se da cuenta de la falacia del tema del “equilibrio del terror y de la memoria”, de la falacia del concepto de “responsabilidad colectiva”.
Los socialistas lo han plasmado cuando, el 12 de octubre (¡día de la “raza”!) del 2004, hicieron desfilar juntos (el “Desfile de la Victoria”) a un nazi español de la División Azul, y a un héroe republicano español, que combatió con el general Leclerc, en la 2da DB, para liberar a Francia. Esta fue parte de “La Nueve” (160 hombres), compuesta principalmente por anarquistas y comunistas españoles, fue la que primero entró en París, participó en los últimos combates, unas horas antes de verse liberada la capital, por una insurrección popular.
Hoy día todavía, a la borbónica familia real, metida en muchos escándalos, se le protege en la medida de todo lo posible. El “caso Garzón”, la corrupción estructural, los muchísimos escándalos mayúsculos que afectan a unos y a otros, como el enorme “caso Gürtel”, que conciernen y comprometen sobre todo al Partido popular, no le impidieron ganar las elecciones, ni gobernar el país. “Forrarse” es considerado como algo normal. A la mayoría de los jueces, no les importa un pepino la supeditación de la justicia. La crisis catalana y del “pacto territorial”, reflejan con creces esa falta de independencia judicial. El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional son los que han acabado con el juez Garzón. Como en los “viejos tiempos”, hoy día, las cárceles catalanas se han vuelto a llenar de presos políticos “independentistas” (la mayor parte de ellos “ediles”). El “nuevo” rey Felipe VI se ha salido de su papel pronunciando un discurso anticatalán, de inspiración y contenido ultraconservador, brutal, represivo. ¡¡Se han caído las máscaras!! El supuesto “rey de todos los españoles” ha seguido à Rajoy y al PP.
España se ha puesto deliberadamente fuera de la normativa internacional de los derechos humanos, incluso tras adoptar, sin los votos del PP, en el 2007, la nueva ley (ni siquiera se le llama “de memoria” y no lleva una sola vez la palabra “república”). El texto descafeinado fue votado el 31 de diciembre del 2007. Los militantes de la memoria presionaron al gobierno socialista (de Zapatero) para conseguir por fin una verdadera ley de memoria... Tras meses de vacilaciones, de consultas (incluso con los grupos franquistas) el texto, basado en el “equilibrio de la memoria”, no satisfizo a nadie. Ni justicia, ni verdad, ni reparación. España no cumple con la legislación internacional en los casos de “desapariciones forzadas” (fosas comunes). 80 años después de la guerra, siguen sin anularse los tribunales militares sumarios, sus juicios sumarísimos y sentencias criminales. Quedan por rehabilitar, entre otros fusilados o “agarrotados”, Puig Antich, Julián Grimau, Miguel Hernández, Cristino García, militantes anarquistas torturados, del FRAP, el presidente catalán Companys...
El entonces jefe del gobierno, Mariano Rajoy, el 20 de febrero del 2008, barrió con todas las ayudas estatales a las asociaciones que abren fosas y hacen el trabajo que tuvieran que hacer las autoridades. Exclamó: “ni un euro para las fosas”. Al estado sin embargo le incumbe hacerse cargo de la localización, la exhumación y la identificación de los “desaparecidos” (un ejemplo: dos fosas de más de 2 000 víctimas en los cementerios de Córdoba). Socialistas y “pepistas” ni han cumplido ni cumplen. Los gobiernos sucesivos han evadido sus responsabilidades. Una periodista y novelista francesa, Renée Lafont, fusilada por los franquistas el primero de setiembre del 36, yace olvidada en la fosa común del cementerio cordobés de la Salud... Unos militantes franceses han lanzado, a principios del 2018, una campaña internacional para que el gobierno francés y el español exhuman sus restos, y los trasladen, con los debidos honores, a Francia. ¡¡Ningún gobierno “democrático” ha contestado!!
En la España “democrática”, todavía no se ha desfranquizado en profundidad. Quedan decenas de calles con nombres de fascistas... Y qué decir del único “parque temático fascista” en el mundo: ¡¡el faraónico Valle de los Caídos!! Un mausoleo a la gloria de los “vencedores”, un lugar de exaltación al fascismo, construido durante 20 años con el dinero de las arcas públicas; y utilizando el trabajo de 20 000 presos antifascistas, explotados, humillados, maltratados como esclavos. El Valle, mantenido con los recursos de los contribuyentes, fue y sigue siendo además un gran negocio. En la gigantesca basílica está la tumba del dictador Franco... Al acabar la guerra, España contaba con 400 000 presos republicanos. Una cifra récord. Se fusilaba sin parar pese a (oficialmente) haber “terminado la guerra” el uno de abril de 1939.
En las (post)dictaduras latinoamericanas, a las que España exportó su “modelo” de transición, se crearon Comisiones de la Verdad... En España, no ha habido comisión alguna, ningún rastro de Comisión Verdad-Justicia-Reparación. La ley de amnistía de 1977 no permite que se investiguen los crímenes franquistas. Cada intento se enfrenta al rechazo del PSOE, de Ciudadanos y del PP. El desamparo jurídico y político de las víctimas y de sus asociaciones, la falta de apoyo institucional, les obliga a acudir a jueces extranjeros como la jueza María Servini de Cubria, en Argentina.
A ese terrible balance de violaciones de los derechos humanos sin respuesta, cabe añadir el insoportable caso de los niños robados (más de 30 000) a sus familias republicanas, “subversivas”, diabolizadas, para entregarlos, en adopción plena, quitándoles nombre y apellido, a familias “cristianas” adictas al franquismo, que les “lavaban el cerebro”. Esa “depuración política”, promovida y organizada por el franquismo, la Falange y la Iglesia, estribando en decretos, leyes oficiales (entre otros un decreto de noviembre de 1949), se ha vuelto un negocio hasta entrados los años 1990 (una ley de 1987 pretende poner fin a ese crimen de Estado). El Estado español no ha hecho nada para enfocar, tratar de responder a ese crimen de lesa-humanidad, buscar y encontrar a esos muertos-vivos. En Argentina, las comisiones han “recuperado” adultos, que fueron “niños robados” por los militares.
Y ni que hablar de la represión económica y de su “reparación” como corresponde en esos casos.
Muchas empresas que ayudaron a Franco, en la construcción del insultante y gigantesco mausoleo del Valle de los Caídos, quedan hoy entre las más importantes del país.
Las que ayudaron a Franco se beneficiaron de concesiones estatales: mano de obra esclava, barata, batallones de presos republicanos ¡¡“rehabilitándose” por el trabajo!! Hoy día, los descendientes de esa oligarquía franquista campean siempre entre los más ricos de España. Es el caso de FECSA (absorbida por ENDESA), de los hermanos March, banqueros del franquismo, de los HUARTE, de los BOTIN, de la ingente constructora ACS, presidida por Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid...
Los Huarte han entrado en el gigante de la construcción “OBRASCON, HUARTE, LAIN”, JUAN BANUS ha sido el caudillo corrupto de Puerto Banus... 43 ministros de Franco fueron dirigentes en el sector bancario. El neo-franquista líder del PP, J-M Aznar, es nieto de Manuel Aznar Zubigaray, ex director de la agencia de prensa EFE, y después embajador en la ONU...” Son los mismos perros”, decía mi tía Pilar, “con collares diferentes”.
El 10 de enero de 1939, el ministro republicano de Exteriores, Álvaro del Bayo, en un discurso en la Sociedad de las Naciones, increpaba a las “democracias occidentales” culpables por la capituladora “no intervención”, exclamando : “El día vendrá en que se acuerden todos ustedes de nuestros muertos”. Las supuestas “democracias occidentales”, por intereses de clase, prefirieron, y no siempre solapadamente, el fascismo al Frente popular. Hoy día, el contexto internacional exige que reevaluemos el antifascismo.
Si España fuese una democracia, lo sería pues muy “incompleta”, con muchas carencias, con un montón de cuentas pendientes, con la ausencia de juicio político a la dictadura, con impunidad oficial de los torturadores... No puede haber democracia plena que no esté basada en Verdad-Justicia-Reparación. Un día, el rey Juan Carlos le gritó a Hugo Chávez: “¿Por qué no te callas”? Tras ese balance, poco democrático: ¿Quién debería callarse?
Nota:
[1] ORTIZ, Jean, Espagne: La république est de retour, Ed. Atlantica, Biarritz, 2014.
Jean Ortiz, hijo de un combatiente republicano de Albacete que luego pasó a ser guerrillero en Francia, es maestro de Conferencias y profesor en la Universidad de Pau (Francia). Especialista del siglo veinte español. Autor de varios libros y de documentales sobre la República, la guerra de España, la represión franquista, las fosas comunes, los guerrilleros españoles, el antifascismo...
jueves, 19 de julio de 2018
_- El Supremo condena al Estado español por no tramitar las 19.000 solicitudes de asilo asignadas por la UE en 2015
_- eldiario.es
Es la primera vez que un tribunal nacional europeo condena a un país por incumplir el cupo asignado, que en este caso fue de 19.449 personas
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha condenado al Estado español por incumplir parcialmente sus obligaciones administrativas de tramitación de solicitudes de asilo de refugiados procedentes de Grecia e Italia, establecidas por la Unión Europea y por las que se asignó a España un cupo de 19.449 personas durante dos años, aunque solo ofreció un 12,85% de las plazas que tenía la obligación de ofertar. Se trata de la primera vez que un tribunal nacional europeo condena a un estado de la UE por este asunto.
El alto tribunal considera que las decisiones comunitarias incumplidas --en este caso la Decisión 2015/1523 con vigencia desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2017-- sobre medidas provisionales para acoger los solicitantes de asilo procedentes de Italia y Grecia, eran de carácter vinculante y obligatorio, por lo que el incumplimiento de las mismas implica "la condena del Estado español a continuar la tramitación" en los términos previstos por el Consejo Europeo.
La Sala estima de forma parcial el recurso contencioso-administrativo planteado por la Associació de Suport a Stop Mare Mortum contra la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud formulada el 21 de abril de 2017 ante el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedían en su demanda que se declarase que España había incumplido las obligaciones sobre las ofertas de plazas de reubicados (ofrecerlas, aprobar las listas enviadas y acogerles) y que se ordenase al Ejecutivo a que cumpliese inmediatamente y con carácter urgente estas obligaciones.
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo reconoce la obligación de España de acoger a todas las personas "asignadas por las instituciones europeas" más allá de las 17.337 plazas comprometidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en septiembre de 2015 a través de los mecanismos de reasentamiento y reubicación.
De esta manera, el Supremo ha validado los argumentos de la organización, que defendía la obligatoriedad de España de recibir a 19.449 personas, la cuota total que le correspondía inicialmente de los 160.000 solicitantes de asilo a los que el Consejo Europeo se comprometió a redistribuir entre los diferentes Estados miembros, más allá de los compromisos específicos de los Gobiernos europeos.
"Una de los aspectos más importantes de esta sentencia es la obligación de España a recibir las cifras de refugiados que se desprendían de los acuerdos de las decisiones europeas, más allá de las cerca de 17.000 que incluía la Comisión Europea en sus informes. Son cerca de 2.000 personas", han apuntado fuentes de Mare Mortum.
El abogado del Estado había puesto de manifiesto que España estaba realizando las "gestiones necesarias" para reubicar a los asilados que le habían sido asignados, pero que el procedimiento, dice, era laborioso. El alto tribunal ha desmontado este argumento defendiendo que "la existencia de graves dificultades administrativas" para cumplir los compromisos no exime a España del cumplimiento de las obligaciones.
Así, asegura que "el escaso número de reubicaciones efectuadas puede explicarse por un conjunto de factores que el Consejo no podía prever en el momento en que adoptó dicha Decisión", en 2015. En particular, señala "la falta de cooperación de determinados Estados Miembros", pero apunta que esta incumplimiento "generalizado no constituye una justificación" para que España incumpliera los compromisos pactados hace dos años.
El pasado septiembre expiró el plazo de dos años que se dieron los países de la UE para asumir la acogida de las miles de personas que cada día arribaban a Europa durante la llamada "crisis de refugiados" de 2015. Había pasado una semana de la muerte del niño refugiado Aylan Kurdi, cuya imagen aceleró las reuniones comunitarias y derivó en un acuerdo vinculante.
Sin embargo, el plan presentado por la Comisión chocó con la oposición de los países del Este y el compromiso incumplido de quienes decían apoyar en ese momento la acogida de 160.000 personas desde Grecia e Italia. Pasado el plazo, apenas habían recibido a un 18% y España estuvo entre los países que más incumplió la cuota.
Según informa el Supremo, el abogado del Estado había solicitado que se planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar "si corresponde en exclusiva a la Comisión Europea realizar el control del cumplimiento" de las decisiones o también pueden hacerlo los tribunales nacionales.
La Sala ha rechazado plantear esta cuestión ante el TJUE y entiende que "tiene competencia para ejercitar el control de la actividad" de la Administración en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la normativa de la UE. Así, es la primera vez que un tribunal nacional condena a un país por incumplir el cupo comprometido.
Fuente:
https://www.eldiario.es/desalambre/Tribunal-Supremo-solicitudes-asignadas-UE_0_791621439.html
Es la primera vez que un tribunal nacional europeo condena a un país por incumplir el cupo asignado, que en este caso fue de 19.449 personas
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha condenado al Estado español por incumplir parcialmente sus obligaciones administrativas de tramitación de solicitudes de asilo de refugiados procedentes de Grecia e Italia, establecidas por la Unión Europea y por las que se asignó a España un cupo de 19.449 personas durante dos años, aunque solo ofreció un 12,85% de las plazas que tenía la obligación de ofertar. Se trata de la primera vez que un tribunal nacional europeo condena a un estado de la UE por este asunto.
El alto tribunal considera que las decisiones comunitarias incumplidas --en este caso la Decisión 2015/1523 con vigencia desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2017-- sobre medidas provisionales para acoger los solicitantes de asilo procedentes de Italia y Grecia, eran de carácter vinculante y obligatorio, por lo que el incumplimiento de las mismas implica "la condena del Estado español a continuar la tramitación" en los términos previstos por el Consejo Europeo.
La Sala estima de forma parcial el recurso contencioso-administrativo planteado por la Associació de Suport a Stop Mare Mortum contra la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud formulada el 21 de abril de 2017 ante el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedían en su demanda que se declarase que España había incumplido las obligaciones sobre las ofertas de plazas de reubicados (ofrecerlas, aprobar las listas enviadas y acogerles) y que se ordenase al Ejecutivo a que cumpliese inmediatamente y con carácter urgente estas obligaciones.
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo reconoce la obligación de España de acoger a todas las personas "asignadas por las instituciones europeas" más allá de las 17.337 plazas comprometidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en septiembre de 2015 a través de los mecanismos de reasentamiento y reubicación.
De esta manera, el Supremo ha validado los argumentos de la organización, que defendía la obligatoriedad de España de recibir a 19.449 personas, la cuota total que le correspondía inicialmente de los 160.000 solicitantes de asilo a los que el Consejo Europeo se comprometió a redistribuir entre los diferentes Estados miembros, más allá de los compromisos específicos de los Gobiernos europeos.
"Una de los aspectos más importantes de esta sentencia es la obligación de España a recibir las cifras de refugiados que se desprendían de los acuerdos de las decisiones europeas, más allá de las cerca de 17.000 que incluía la Comisión Europea en sus informes. Son cerca de 2.000 personas", han apuntado fuentes de Mare Mortum.
El abogado del Estado había puesto de manifiesto que España estaba realizando las "gestiones necesarias" para reubicar a los asilados que le habían sido asignados, pero que el procedimiento, dice, era laborioso. El alto tribunal ha desmontado este argumento defendiendo que "la existencia de graves dificultades administrativas" para cumplir los compromisos no exime a España del cumplimiento de las obligaciones.
Así, asegura que "el escaso número de reubicaciones efectuadas puede explicarse por un conjunto de factores que el Consejo no podía prever en el momento en que adoptó dicha Decisión", en 2015. En particular, señala "la falta de cooperación de determinados Estados Miembros", pero apunta que esta incumplimiento "generalizado no constituye una justificación" para que España incumpliera los compromisos pactados hace dos años.
El pasado septiembre expiró el plazo de dos años que se dieron los países de la UE para asumir la acogida de las miles de personas que cada día arribaban a Europa durante la llamada "crisis de refugiados" de 2015. Había pasado una semana de la muerte del niño refugiado Aylan Kurdi, cuya imagen aceleró las reuniones comunitarias y derivó en un acuerdo vinculante.
Sin embargo, el plan presentado por la Comisión chocó con la oposición de los países del Este y el compromiso incumplido de quienes decían apoyar en ese momento la acogida de 160.000 personas desde Grecia e Italia. Pasado el plazo, apenas habían recibido a un 18% y España estuvo entre los países que más incumplió la cuota.
Según informa el Supremo, el abogado del Estado había solicitado que se planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar "si corresponde en exclusiva a la Comisión Europea realizar el control del cumplimiento" de las decisiones o también pueden hacerlo los tribunales nacionales.
La Sala ha rechazado plantear esta cuestión ante el TJUE y entiende que "tiene competencia para ejercitar el control de la actividad" de la Administración en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la normativa de la UE. Así, es la primera vez que un tribunal nacional condena a un país por incumplir el cupo comprometido.
Fuente:
https://www.eldiario.es/desalambre/Tribunal-Supremo-solicitudes-asignadas-UE_0_791621439.html
domingo, 15 de julio de 2018
_- España no cumple ningún requisito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
_- InfoLibre
Según el 'Índice ODS 2018', España puntúa especialmente bajo en los Objetivos de innovación, consumo y producción, cambio climático y protección de la vida submarina
España no aprueba ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y puntúa especialmente bajo en los Objetivos 9 (innovación), 12 (consumo y producción), 13 (cambio climático) y 14 (vida submarina). Esto supone que el país se sitúe en el puesto número 25 en el clasificación mundial.
Así lo ha constatado el informe Índice ODS 2018 –publicado por SDG Index & Dashboards– que presenta, por primera vez, una evaluación de los esfuerzos gubernamentales para lograr los ODS y revela que ningún país está por el buen camino para alcanzar los Objetivos en 2030.
Junto al análisis global, el SDG Index ofrece unas fichas por cada país (por cada uno de los 193 Estados miembro de la ONU) en las que se detalla el grado de cumplimiento de cada uno de los indicadores que determinan los avances. Estas fichas demuestran que algunos países tienen grandes lagunas en los datos, algo que, según el informe, deberá subsanarse con mayores inversiones en datos para los ODS.
La media obtenida de los indicadores, así como su tendencia, permite calificar cada ODS con un código de colores. El grado de consecución de los Objetivos se valora con el verde, amarillo, naranja o rojo, según vaya de mejor a peor.
En el caso de España, el informe muestra que el país, además de no cumplir íntegramente con ninguno de los objetivos, está retrocediendo en los relativos a la lucha contra las desigualdades y en las alianzas para lograr los ODS.
Así, los datos muestran que el estancamiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo y de la inversión en investigación, la elevada tasa de desempleo o la falta de una estrategia activa para la protección del océano, afectan a los resultados de España en relación a la escena internacional y, en particular, con los países de la Unión Europea.
Suecia, Dinamarca y Finlandia encabezan la clasificación
En conjunto, el SDG Index está encabezado por Suecia, Dinamarca y Finlandia, países que según el informe están en el buen camino para lograr los ODS, pero aún les queda mucho trabajo para alcanzarlos en el 2030. Alemania y Francia son los únicos países del G7 en los diez primeros puestos, y Estados Unidos cae hasta la posición 35. La República Democrática de Congo, Chad y la República Centroafricana están en los últimos puestos de la lista.
Además, el estudio permite conocer los mecanismos de implementación puestos en marcha por los países del G20, de los cuales, Brasil, México e Italia son los que han dado los pasos más relevantes para avanzar los ODS, por ejemplo, con la definición de Estrategias ODS o la creación de unidades de coordinación en sus gobiernos.
No obstante, las carencias en los medios de implementación en el G20 son todavía enormes, ya que solo India y Alemania han desarrollado evaluaciones de las necesidades en inversión. Ningún país del G20 ha alineado aún sus presupuestos nacionales con los ODS y según los datos del estudio, Estados Unidos y Rusia son los países que menos acciones han desarrollado para implementar los Objetivos.
Por otro lado, con el fin de medir los progresos desde la aprobación de la Agenda de los ODS, el SDG Index introduce tendencias que muestran si un país está avanzando en la consecución de un determinado ODS. En general, la mayoría de países están realizando avances, pero estos son más lentos en los objetivos medioambientales.
En esta línea, y aunque muchos países de renta alta prácticamente han erradicado la pobreza extrema o el hambre, obtienen sin embargo bajas puntuaciones en objetivos como "consumo y producción responsable", "acción climática" o "protección de la vida submarina".
Por su parte, los países de renta baja han realizado avances considerables en la erradicación de la pobreza, el acceso a la salud o a la educación, pero todavía tienen retos en infraestructuras o en los mecanismos para gestionar las problemáticas ambientales. Por ello, su puntuación general se mantiene todavía muy por debajo de los países de renta alta.
"Una vez más, los países del norte de Europa encabezan la lista del SDG Index y los países más pobres quedan los últimos –ha señalado el director de SDSN, Jeffrey Sachs–. Las implicaciones son muy claras: la filosofía de la economía social de mercado que equilibra el mercado, la justicia social y la economía verde es el camino de los ODS. Los países atrapados en la pobreza extrema necesitan más ayuda del resto del mundo".
En esta línea se ha pronunciado el CEO de la Fundación Bertelsmann, Aart De Geus, quien ha subrayado el "papel fundamental" de los países del G20 para lograr los ODS. "Los países ricos tienen que actuar de manera ejemplar y reducir sus efectos secundarios sobre otros, a la vez que ponen en marcha medidas para integrar los Objetivos en sus políticas nacionales", ha añadido.
Por último, el presidente de REDS, Miguel Ángel Moratinos, ha apuntado los ámbitos de la universidad, las empresas, la sociedad civil y los distintos niveles de la administración en los que España "ha trabajado de manera satisfactoria". A su juicio, el reciente nombramiento de una alta comisionada para la Agenda 2030 por el Gobierno y la creación de un ministerio de Transición Ecológica son "buenas señales" para que España pueda mejorar el próximo año su posición.
Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/economia/2018/07/10/espana_no_cumple_ningun_requisito_los_objetivos_desarrollo_sostenible_84934_1011.html
Según el 'Índice ODS 2018', España puntúa especialmente bajo en los Objetivos de innovación, consumo y producción, cambio climático y protección de la vida submarina
España no aprueba ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y puntúa especialmente bajo en los Objetivos 9 (innovación), 12 (consumo y producción), 13 (cambio climático) y 14 (vida submarina). Esto supone que el país se sitúe en el puesto número 25 en el clasificación mundial.
Así lo ha constatado el informe Índice ODS 2018 –publicado por SDG Index & Dashboards– que presenta, por primera vez, una evaluación de los esfuerzos gubernamentales para lograr los ODS y revela que ningún país está por el buen camino para alcanzar los Objetivos en 2030.
Junto al análisis global, el SDG Index ofrece unas fichas por cada país (por cada uno de los 193 Estados miembro de la ONU) en las que se detalla el grado de cumplimiento de cada uno de los indicadores que determinan los avances. Estas fichas demuestran que algunos países tienen grandes lagunas en los datos, algo que, según el informe, deberá subsanarse con mayores inversiones en datos para los ODS.
La media obtenida de los indicadores, así como su tendencia, permite calificar cada ODS con un código de colores. El grado de consecución de los Objetivos se valora con el verde, amarillo, naranja o rojo, según vaya de mejor a peor.
En el caso de España, el informe muestra que el país, además de no cumplir íntegramente con ninguno de los objetivos, está retrocediendo en los relativos a la lucha contra las desigualdades y en las alianzas para lograr los ODS.
Así, los datos muestran que el estancamiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo y de la inversión en investigación, la elevada tasa de desempleo o la falta de una estrategia activa para la protección del océano, afectan a los resultados de España en relación a la escena internacional y, en particular, con los países de la Unión Europea.
Suecia, Dinamarca y Finlandia encabezan la clasificación
En conjunto, el SDG Index está encabezado por Suecia, Dinamarca y Finlandia, países que según el informe están en el buen camino para lograr los ODS, pero aún les queda mucho trabajo para alcanzarlos en el 2030. Alemania y Francia son los únicos países del G7 en los diez primeros puestos, y Estados Unidos cae hasta la posición 35. La República Democrática de Congo, Chad y la República Centroafricana están en los últimos puestos de la lista.
Además, el estudio permite conocer los mecanismos de implementación puestos en marcha por los países del G20, de los cuales, Brasil, México e Italia son los que han dado los pasos más relevantes para avanzar los ODS, por ejemplo, con la definición de Estrategias ODS o la creación de unidades de coordinación en sus gobiernos.
No obstante, las carencias en los medios de implementación en el G20 son todavía enormes, ya que solo India y Alemania han desarrollado evaluaciones de las necesidades en inversión. Ningún país del G20 ha alineado aún sus presupuestos nacionales con los ODS y según los datos del estudio, Estados Unidos y Rusia son los países que menos acciones han desarrollado para implementar los Objetivos.
Por otro lado, con el fin de medir los progresos desde la aprobación de la Agenda de los ODS, el SDG Index introduce tendencias que muestran si un país está avanzando en la consecución de un determinado ODS. En general, la mayoría de países están realizando avances, pero estos son más lentos en los objetivos medioambientales.
En esta línea, y aunque muchos países de renta alta prácticamente han erradicado la pobreza extrema o el hambre, obtienen sin embargo bajas puntuaciones en objetivos como "consumo y producción responsable", "acción climática" o "protección de la vida submarina".
Por su parte, los países de renta baja han realizado avances considerables en la erradicación de la pobreza, el acceso a la salud o a la educación, pero todavía tienen retos en infraestructuras o en los mecanismos para gestionar las problemáticas ambientales. Por ello, su puntuación general se mantiene todavía muy por debajo de los países de renta alta.
"Una vez más, los países del norte de Europa encabezan la lista del SDG Index y los países más pobres quedan los últimos –ha señalado el director de SDSN, Jeffrey Sachs–. Las implicaciones son muy claras: la filosofía de la economía social de mercado que equilibra el mercado, la justicia social y la economía verde es el camino de los ODS. Los países atrapados en la pobreza extrema necesitan más ayuda del resto del mundo".
En esta línea se ha pronunciado el CEO de la Fundación Bertelsmann, Aart De Geus, quien ha subrayado el "papel fundamental" de los países del G20 para lograr los ODS. "Los países ricos tienen que actuar de manera ejemplar y reducir sus efectos secundarios sobre otros, a la vez que ponen en marcha medidas para integrar los Objetivos en sus políticas nacionales", ha añadido.
Por último, el presidente de REDS, Miguel Ángel Moratinos, ha apuntado los ámbitos de la universidad, las empresas, la sociedad civil y los distintos niveles de la administración en los que España "ha trabajado de manera satisfactoria". A su juicio, el reciente nombramiento de una alta comisionada para la Agenda 2030 por el Gobierno y la creación de un ministerio de Transición Ecológica son "buenas señales" para que España pueda mejorar el próximo año su posición.
Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/economia/2018/07/10/espana_no_cumple_ningun_requisito_los_objetivos_desarrollo_sostenible_84934_1011.html
viernes, 15 de junio de 2018
El vino en el mundo: Italia el que más produce, España el que más vende y EE UU donde se lo beben. Un informe mundial describe diferencias notables entre países productores, exportadores y consumidores de la bebida.
Consumo y producción de vino en el mundo en 2017
Cuatro países producen la mitad de todo el vino del mundo y cinco países se beben la mayor parte. Italia, Francia, España y EE UU lideraron en 2017 la producción mundial. En la lista de los principales consumidores, además de Italia, Francia y EEUU se encuentran Alemania y China. España queda en el séptimo lugar. Los datos proceden de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), que presentó un informe este martes en París. Los datos del año pasado son estimaciones pendientes de confirmación.
En el mundo se produjeron 250 millones de hectolitros de vino en 2017, un 8,4% menos que el año anterior. La OIV atribuye la cifra a las condiciones meteorológicas desfavorables que afectaron a la producción especialmente en Europa. Italia se coloca como el principal productor de vino del mundo. Proporcionalmente, el mayor descenso entre los principales productores se dio en España (un 19,8% menos) y el mayor aumento, en Argentina (25,5% más).
España lidera la exportación, a costa del precio
Si lo que se mira es la exportación, aquí ganan los españoles. España es el líder mundial en ventas de vino, con 22,1 millones de hectolitros el año pasado (según el Observatorio Español de los Mercados del Vino fueron 22,8 millones de hectolitros). A España la siguen de cerca Italia (21,4 millones), Francia (15,4) y, a mayor distancia, Chile (9,8) y Australia (8).
Pero si en lugar del volumen se mide el importe de esas exportaciones, Francia e Italia ganan en ingresos. Porque el vino español se vende mucho, pero muy barato: España vende a 1,25 euros el litro; los franceses, a unos seis euros de media; los italianos, a 2,78 euros. Alemania, Reino Unido y Estados Unidos son los principales importadores en volumen de vino y gasto.
Por persona, los portugueses beben más
El consumo mundial (243 millones de hectolitros) se mantuvo prácticamente estable, con solo un millón más que el año anterior. Estados Unidos es el país que más vino consume en conjunto, con 32,6 millones de hectolitros. Los mayores incrementos entre los principales países consumidores se detectaron en Australia (5,4% más), España (4%) y China (3,5%). Descendió el consumo en Argentina (5,3%) y Rusia (2,2%).
Si en lugar del volumen total de vino consumido se tiene en cuenta el tamaño del país, Estados Unidos no es tan aficionado a los caldos como parece. Ahí hay un claro vencedor: en ingesta por habitante, Portugal ocupa el primer puesto mundial. Los portugueses, con sus más de 51 litros por persona y año doblan a los españoles, con 25.
Echando la vista atrás, la OIV constata una estabilización en el consumo mundial de vino después de la crisis económica, y una cierta recuperación en los últimos tres periodos. En 2007 y 2008 se consumieron 250 millones de hectolitros, el máximo en lo que va de siglo.
https://elpais.com/economia/2018/04/26/actualidad/1524755902_232432.html
Cuatro países producen la mitad de todo el vino del mundo y cinco países se beben la mayor parte. Italia, Francia, España y EE UU lideraron en 2017 la producción mundial. En la lista de los principales consumidores, además de Italia, Francia y EEUU se encuentran Alemania y China. España queda en el séptimo lugar. Los datos proceden de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), que presentó un informe este martes en París. Los datos del año pasado son estimaciones pendientes de confirmación.
En el mundo se produjeron 250 millones de hectolitros de vino en 2017, un 8,4% menos que el año anterior. La OIV atribuye la cifra a las condiciones meteorológicas desfavorables que afectaron a la producción especialmente en Europa. Italia se coloca como el principal productor de vino del mundo. Proporcionalmente, el mayor descenso entre los principales productores se dio en España (un 19,8% menos) y el mayor aumento, en Argentina (25,5% más).
España lidera la exportación, a costa del precio
Si lo que se mira es la exportación, aquí ganan los españoles. España es el líder mundial en ventas de vino, con 22,1 millones de hectolitros el año pasado (según el Observatorio Español de los Mercados del Vino fueron 22,8 millones de hectolitros). A España la siguen de cerca Italia (21,4 millones), Francia (15,4) y, a mayor distancia, Chile (9,8) y Australia (8).
Pero si en lugar del volumen se mide el importe de esas exportaciones, Francia e Italia ganan en ingresos. Porque el vino español se vende mucho, pero muy barato: España vende a 1,25 euros el litro; los franceses, a unos seis euros de media; los italianos, a 2,78 euros. Alemania, Reino Unido y Estados Unidos son los principales importadores en volumen de vino y gasto.
Por persona, los portugueses beben más
El consumo mundial (243 millones de hectolitros) se mantuvo prácticamente estable, con solo un millón más que el año anterior. Estados Unidos es el país que más vino consume en conjunto, con 32,6 millones de hectolitros. Los mayores incrementos entre los principales países consumidores se detectaron en Australia (5,4% más), España (4%) y China (3,5%). Descendió el consumo en Argentina (5,3%) y Rusia (2,2%).
Si en lugar del volumen total de vino consumido se tiene en cuenta el tamaño del país, Estados Unidos no es tan aficionado a los caldos como parece. Ahí hay un claro vencedor: en ingesta por habitante, Portugal ocupa el primer puesto mundial. Los portugueses, con sus más de 51 litros por persona y año doblan a los españoles, con 25.
Echando la vista atrás, la OIV constata una estabilización en el consumo mundial de vino después de la crisis económica, y una cierta recuperación en los últimos tres periodos. En 2007 y 2008 se consumieron 250 millones de hectolitros, el máximo en lo que va de siglo.
https://elpais.com/economia/2018/04/26/actualidad/1524755902_232432.html
lunes, 11 de junio de 2018
Haciendo lobby: así funcionan los grupos de presión en España. Lobbies españoles explican su actividad y cómo influencian al poder político. Expertos y exaltos cargos públicos piden mayor transparencia. Una docena de grupos aglutinan el mayor poder de presión.
Hasta hace poco, a los políticos españoles, no les interesaban los videojuegos. El sector no figuraba en sus agendas ni acudían a eventos o actos relacionados con videoconsolas. “Lo asociaban a algo de niños, no tenían información ni conocimiento”, explica José María Moreno, director general de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI). Ignoraban, en consecuencia, que la de los videojuegos es una industria que factura más dinero que el cine y la música juntas y que da empleo a 8.000 personas en España. ¿Cómo hacérselo saber? ¿Cómo conseguir la atención y el apoyo de la Administración? Haciendo lobby, claro.
AEVI, con el asesoramiento de la consultora Llorente y Cuenca, arrancó una estrategia de información, contactos, reuniones y comunicación que culminaron hace unos días con un encuentro entre el propio José María Moreno y el ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal. El sector logró, además, entrar en el Plan 2020 de Cultura, formar una Mesa Interministerial, figurar en los programas electorales de todos los partidos, contar en sus ferias y congresos con la presencia de altos cargos políticos y acudir al Parlament catalán y la Asamblea de Madrid.
El lobby sigue en marcha: ya se estudia cómo rebajar la presión fiscal sobre el sector y hay un plan de impulso por parte del Gobierno para alzar a la industria del videojuego al nivel de sus vecinos europeos. Del desconocimiento al poder.
Al ritmo del lobby
La palabra lobby, en España, genera una primera reacción de rechazo. Persiste la idea de algo turbio, ilícito. “Cuando se habla de lobby se tiende a asociar a algo oscuro, por la literatura que hay sobre este asunto. Pero en realidad se trata de colectivos que defienden sus intereses e intentan influenciar en la toma de decisiones. Grupos de empresas, de industrias, pero también ecologistas, cazadores, amas de casa… Las personas se organizan y tratan de lograr sus objetivos”. Lo explica un lobby. En concreto, un portavoz del gabinete de comunicación de UNESA, la Asociación Española de la Industria Eléctrica, uno de los grupos de influencia con mayor poder en España.
Lo que entendemos como lobby es una asociación o grupo que aúna a diversas empresas u organizaciones de un mismo sector. Esta unión hace la fuerza. Y la fuerza, hoy en día, tiene que ver con la capacidad de influir en las administraciones para que las leyes, normas o regulaciones beneficien al sector en cuestión.
Para lograrlo, los lobbies necesitan convencer al político de turno y a la opinión pública de que su beneficio coincide con el beneficio del conjunto de la economía y sociedad española. Aunque no siempre sea estrictamente verdad.
“Los lobbies intentan diluir regulaciones. Que las leyes sean más abiertas, más permisivas o más interpretables. Que no haya sanciones con respecto a algunas cosas”, explica Cristóbal Herrera, director de Lobby de Llorente y Cuenca.
Javier Rojo, exdiputado, exministro y expresidente del Senado, representa el otro lado de la negociación. “Los lobbies están por todas partes. Ellos suelen negar que son lobbies, pero están siempre en el entorno de las Administraciones y el poder. Muchas de las cosas que han pasado en nuestro país son consecuencia de la influencia, del lobby”.
Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política por la Universidad Rey Juan Carlos y fundador de Transparencia Internacional España va más allá: “La toma de decisiones políticas en nuestro país está absolutamente influenciada por los grandes grupos económicos, por los lobbies. Los lobbies marcan la agenda económica en España en gran medida”.
La vacuna de la varicela sirve como ejemplo reciente. El informe ‘Una evaluación del lobby en España’ explica que el Sistema Nacional de Salud decidió incorporar la vacuna en su calendario oficial para aplicarla en los adolescentes que no hubiesen padecido la enfermedad en la infancia. La vacuna fue aprobada por la Agencia Europea del Medicamento para niños y adultos, pero su uso en España está sujeto a la ficha técnica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que indica que se aplicará según las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La empresa productora no compartió la decisión de las autoridades sanitarias y se puso en marcha para lograr la mayor venta posible en farmacias y la promoción de su aplicación a niños pequeños. El resultado: la empresa consiguió un éxito de ventas. Mientras en Francia con 820.000 nacidos por año se utilizan 58.000 dosis y en Reino Unido con 805.000 nacidos, 17.000 dosis, en España, con 405.000 nacidos, se utilizan 360.000 dosis al año.
Falta de regulación y de transparencia
Uno de los factores que más desconfianza generan es que ni los lobbies ni su actividad están regulados en España. Sí lo están en lo que a la UE se refiere. También en Reino Unido y Estados Unidos. En estos casos las agendas de los políticos son públicas y accesibles: deben dar cuenta de con quién, cuándo y cuánto tiempo se han reunido.
“En Estados Unidos está regulado hasta el coste de una comida que un congresista puede emplear en una reunión, los regalos, el tiempo de la reunión…”, explica Antonio Camuñas presidente de Global Strategies.
“En España no nos enteramos de qué reuniones tiene un diputado. No hay registro de reuniones. No estamos haciendo nada anormal, pero si no hay transparencia, la gente duda. Sería bueno que hubiese un registro único”, explica el lobista Cristóbal Herrera. “Creo que entre nuestros políticos hay un miedo a que se publiquen las agendas y se haga un uso electoralista de sus reuniones”, añade. Ocurrió en 2014 cuando Arias Cañete fue investido comisario de Cambio Climático y Energía de la UE. Su agenda reveló muchas más reuniones con empresas que con ONG, algo que generó incomprensión y críticas.
En nuestro país hay un registro de lobbies enmarcado en Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), pero es voluntario. “Se apunta quien quiere. Hay unos 450, pero tenemos más lobbies en España. Solo hay que ver quién compone la CEOE”, dice Manuel Villoria.
Existen, además, dos iniciativas para regular la actividad. Una es la Reforma del Reglamento del Congreso, impulsada por el PP y la otra la Ley Ómnibus contra la corrupción de Ciudadanos. “¿Pero por qué las actividades de lobby tienen que ser controladas mediante una ley anticorrupción? ¿Qué imagen nos deja esto?”, se pregunta Cristóbal Herrera. Ambas, en cualquier caso, están paradas.
¿Quiénes son?
AEB (banca), ANFAC (automoción), UNESA (compañías eléctricas), Sedigas (sector del gas) o FEHR (hostelería) son algunos de los lobbies más influyentes y poderosos de España. Junto a ellos están los lobbies internacionales que tienen intereses en nuestro país, como puede ser Amazon, Facebook, Cabify o Airbnb.
Estos grandes grupos tratan de hacer ver que su beneficio es el beneficio de todos. “Lo hacen con estrategias y sutileza”, explica Manuel Villoria, de Transparencia Internacional. “Se financian estudios o investigaciones, se dan subvenciones, se celebran congresos…”. Adelta, la Asociación Española del Tabaco, organiza un premio periodístico dotado con 10.000 euros cuya convocatoria -rezan textualmente las bases- “tiene por objeto premiar a aquellos profesionales del periodismo que, a juicio del jurado, destaquen en dar a conocer la importancia del sector del tabaco para la economía española”.
Pero la imagen es solo una de las batallas. La decisiva tiene lugar en los pasillos y despachos de las administraciones. Lo que los lobbies necesitan son reuniones y encuentros con políticos que tomen decisiones para tratar de influenciarles.
“Se necesita elaborar rigurosamente la documentación que demuestre que los intereses del sector coinciden con intereses más amplios para la economía o la sociedad. Que suponen un beneficio común”, explica Cristóbal Herrera. Para ello, muchos sectores acuden a mediadores lobísticos, consultaras de comunicación o diplomáticos corporativos.
“Una asociación o lobby nos llama para contactar con un político”, explica Cristóbal Herrera, de la consultora Llorente y Cuenca. “Yo soy un traductor. Yo traduzco el ‘si se aprueba esa ley yo pierdo estos millones’ a ‘si se aprueba esta ley tenemos un problema de interés general’. Siempre respaldado por datos y un estudio serio y honesto”.
“Nosotros sabemos con quién hay que hablar, en qué momento, en qué orden, quién toma las decisiones y ayudamos a acceder a estas personas. Creamos los puentes hacia la Administración y logramos que se cambien las cosas”, añade Cristóbal.
Desde UNESA completan: “La administración en España no es discrecional, tienes que hacer valer tus argumentos. Explicar las consecuencias, los porqués, etcétera”.
Javier Rojo, exministro, protagonizó decenas de reuniones con lobbies. “He recibido presiones de muchos sectores. Todo es muy sutil, nadie llega avasallando. Tratan de convencerte, de hacerte ver que es bueno para la sociedad. También te comentan qué enmiendas habría que introducir o modificar. Pero el ciudadano no es consciente de nada de esto”.
Malas prácticas
Insiste Javier Rojo en que detrás de la actividad del lobby en España no hay nada que huela mal. “Hay transparencia casi al cien por cien”, afirma. Desde UNESA, el lobby de la electricidad, coinciden: “España tiene uno de los índices de transparencia más elevados del mundo. Hoy en día no hay campaña de influencia que no se haga con luz y taquígrafos. Cada vez más en un debate público. Hay más literatura y mística de lo que en realidad es. Tal vez antes sería así, pero hace años que España y la UE no funcionan como las películas”.
Manuel Villoria, de Transparencia Internacional, se muestra algo más cauto: “Aunque cada vez menos, todavía existen prácticas poco lícitas o ilegales: intercambio de favores, compensaciones y hasta sobornos indirectos, sutiles y puertas giratorias”, explica.
También Cristóbal Herrera admite que hay margen de mejora: “Hay sectores que presionan casi hasta la amenaza. O directamente amenazan con cerrar fábricas. Eso todavía existe. De todas formas, el escenario ha cambiado mucho. La política y la sociedad española han madurado mucho”. Y Manuel añade: “hace no muchos años una llamada de ANFAC implicaba cambios inmediatos. Ahora no es así”.
No solo se trata de transparencia. Los canales de comunicación y la visibilidad hoy en día son accesibles a casi todos. De esta forma, los grandes lobbies siempre tienen su contrapeso. “¿Quién tiene más acceso a la Administración?”, se preguntan en UNESA. “¿Las camareras de piso o la Asociación Hotelera de España? Cabría pensar que los hoteles, sin embargo, el otro día Rajoy se reunió con las camareras. Esto hace 25 años era impensable. Del mismo modo, las plataformas por las hipotecas les han ganado a los bancos. La transparencia y las tecnologías de hoy hacen que los políticos no puedan dar la espalda a los colectivos, aunque a priori no sean poderosos”.
Queda, sin embargo, camino por recorrer. A la necesidad de un registro y una regulación de la actividad, se añade la demanda por una mayor transparencia en las Fundaciones de los partidos, lobbies en sí mismos sobre los que sobrevuela la sombra de financiaciones a campañas electorales. Todavía, pese a los avances, la palabra lobby hace levantar una ceja a la mayoría de los españoles.
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/13/actualidad/1523634104_960623.html
AEVI, con el asesoramiento de la consultora Llorente y Cuenca, arrancó una estrategia de información, contactos, reuniones y comunicación que culminaron hace unos días con un encuentro entre el propio José María Moreno y el ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal. El sector logró, además, entrar en el Plan 2020 de Cultura, formar una Mesa Interministerial, figurar en los programas electorales de todos los partidos, contar en sus ferias y congresos con la presencia de altos cargos políticos y acudir al Parlament catalán y la Asamblea de Madrid.
El lobby sigue en marcha: ya se estudia cómo rebajar la presión fiscal sobre el sector y hay un plan de impulso por parte del Gobierno para alzar a la industria del videojuego al nivel de sus vecinos europeos. Del desconocimiento al poder.
Al ritmo del lobby
La palabra lobby, en España, genera una primera reacción de rechazo. Persiste la idea de algo turbio, ilícito. “Cuando se habla de lobby se tiende a asociar a algo oscuro, por la literatura que hay sobre este asunto. Pero en realidad se trata de colectivos que defienden sus intereses e intentan influenciar en la toma de decisiones. Grupos de empresas, de industrias, pero también ecologistas, cazadores, amas de casa… Las personas se organizan y tratan de lograr sus objetivos”. Lo explica un lobby. En concreto, un portavoz del gabinete de comunicación de UNESA, la Asociación Española de la Industria Eléctrica, uno de los grupos de influencia con mayor poder en España.
Lo que entendemos como lobby es una asociación o grupo que aúna a diversas empresas u organizaciones de un mismo sector. Esta unión hace la fuerza. Y la fuerza, hoy en día, tiene que ver con la capacidad de influir en las administraciones para que las leyes, normas o regulaciones beneficien al sector en cuestión.
Para lograrlo, los lobbies necesitan convencer al político de turno y a la opinión pública de que su beneficio coincide con el beneficio del conjunto de la economía y sociedad española. Aunque no siempre sea estrictamente verdad.
“Los lobbies intentan diluir regulaciones. Que las leyes sean más abiertas, más permisivas o más interpretables. Que no haya sanciones con respecto a algunas cosas”, explica Cristóbal Herrera, director de Lobby de Llorente y Cuenca.
Javier Rojo, exdiputado, exministro y expresidente del Senado, representa el otro lado de la negociación. “Los lobbies están por todas partes. Ellos suelen negar que son lobbies, pero están siempre en el entorno de las Administraciones y el poder. Muchas de las cosas que han pasado en nuestro país son consecuencia de la influencia, del lobby”.
Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política por la Universidad Rey Juan Carlos y fundador de Transparencia Internacional España va más allá: “La toma de decisiones políticas en nuestro país está absolutamente influenciada por los grandes grupos económicos, por los lobbies. Los lobbies marcan la agenda económica en España en gran medida”.
La vacuna de la varicela sirve como ejemplo reciente. El informe ‘Una evaluación del lobby en España’ explica que el Sistema Nacional de Salud decidió incorporar la vacuna en su calendario oficial para aplicarla en los adolescentes que no hubiesen padecido la enfermedad en la infancia. La vacuna fue aprobada por la Agencia Europea del Medicamento para niños y adultos, pero su uso en España está sujeto a la ficha técnica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que indica que se aplicará según las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La empresa productora no compartió la decisión de las autoridades sanitarias y se puso en marcha para lograr la mayor venta posible en farmacias y la promoción de su aplicación a niños pequeños. El resultado: la empresa consiguió un éxito de ventas. Mientras en Francia con 820.000 nacidos por año se utilizan 58.000 dosis y en Reino Unido con 805.000 nacidos, 17.000 dosis, en España, con 405.000 nacidos, se utilizan 360.000 dosis al año.
Falta de regulación y de transparencia
Uno de los factores que más desconfianza generan es que ni los lobbies ni su actividad están regulados en España. Sí lo están en lo que a la UE se refiere. También en Reino Unido y Estados Unidos. En estos casos las agendas de los políticos son públicas y accesibles: deben dar cuenta de con quién, cuándo y cuánto tiempo se han reunido.
“En Estados Unidos está regulado hasta el coste de una comida que un congresista puede emplear en una reunión, los regalos, el tiempo de la reunión…”, explica Antonio Camuñas presidente de Global Strategies.
“En España no nos enteramos de qué reuniones tiene un diputado. No hay registro de reuniones. No estamos haciendo nada anormal, pero si no hay transparencia, la gente duda. Sería bueno que hubiese un registro único”, explica el lobista Cristóbal Herrera. “Creo que entre nuestros políticos hay un miedo a que se publiquen las agendas y se haga un uso electoralista de sus reuniones”, añade. Ocurrió en 2014 cuando Arias Cañete fue investido comisario de Cambio Climático y Energía de la UE. Su agenda reveló muchas más reuniones con empresas que con ONG, algo que generó incomprensión y críticas.
En nuestro país hay un registro de lobbies enmarcado en Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), pero es voluntario. “Se apunta quien quiere. Hay unos 450, pero tenemos más lobbies en España. Solo hay que ver quién compone la CEOE”, dice Manuel Villoria.
Existen, además, dos iniciativas para regular la actividad. Una es la Reforma del Reglamento del Congreso, impulsada por el PP y la otra la Ley Ómnibus contra la corrupción de Ciudadanos. “¿Pero por qué las actividades de lobby tienen que ser controladas mediante una ley anticorrupción? ¿Qué imagen nos deja esto?”, se pregunta Cristóbal Herrera. Ambas, en cualquier caso, están paradas.
¿Quiénes son?
AEB (banca), ANFAC (automoción), UNESA (compañías eléctricas), Sedigas (sector del gas) o FEHR (hostelería) son algunos de los lobbies más influyentes y poderosos de España. Junto a ellos están los lobbies internacionales que tienen intereses en nuestro país, como puede ser Amazon, Facebook, Cabify o Airbnb.
Estos grandes grupos tratan de hacer ver que su beneficio es el beneficio de todos. “Lo hacen con estrategias y sutileza”, explica Manuel Villoria, de Transparencia Internacional. “Se financian estudios o investigaciones, se dan subvenciones, se celebran congresos…”. Adelta, la Asociación Española del Tabaco, organiza un premio periodístico dotado con 10.000 euros cuya convocatoria -rezan textualmente las bases- “tiene por objeto premiar a aquellos profesionales del periodismo que, a juicio del jurado, destaquen en dar a conocer la importancia del sector del tabaco para la economía española”.
Pero la imagen es solo una de las batallas. La decisiva tiene lugar en los pasillos y despachos de las administraciones. Lo que los lobbies necesitan son reuniones y encuentros con políticos que tomen decisiones para tratar de influenciarles.
“Se necesita elaborar rigurosamente la documentación que demuestre que los intereses del sector coinciden con intereses más amplios para la economía o la sociedad. Que suponen un beneficio común”, explica Cristóbal Herrera. Para ello, muchos sectores acuden a mediadores lobísticos, consultaras de comunicación o diplomáticos corporativos.
“Una asociación o lobby nos llama para contactar con un político”, explica Cristóbal Herrera, de la consultora Llorente y Cuenca. “Yo soy un traductor. Yo traduzco el ‘si se aprueba esa ley yo pierdo estos millones’ a ‘si se aprueba esta ley tenemos un problema de interés general’. Siempre respaldado por datos y un estudio serio y honesto”.
“Nosotros sabemos con quién hay que hablar, en qué momento, en qué orden, quién toma las decisiones y ayudamos a acceder a estas personas. Creamos los puentes hacia la Administración y logramos que se cambien las cosas”, añade Cristóbal.
Desde UNESA completan: “La administración en España no es discrecional, tienes que hacer valer tus argumentos. Explicar las consecuencias, los porqués, etcétera”.
Javier Rojo, exministro, protagonizó decenas de reuniones con lobbies. “He recibido presiones de muchos sectores. Todo es muy sutil, nadie llega avasallando. Tratan de convencerte, de hacerte ver que es bueno para la sociedad. También te comentan qué enmiendas habría que introducir o modificar. Pero el ciudadano no es consciente de nada de esto”.
Malas prácticas
Insiste Javier Rojo en que detrás de la actividad del lobby en España no hay nada que huela mal. “Hay transparencia casi al cien por cien”, afirma. Desde UNESA, el lobby de la electricidad, coinciden: “España tiene uno de los índices de transparencia más elevados del mundo. Hoy en día no hay campaña de influencia que no se haga con luz y taquígrafos. Cada vez más en un debate público. Hay más literatura y mística de lo que en realidad es. Tal vez antes sería así, pero hace años que España y la UE no funcionan como las películas”.
Manuel Villoria, de Transparencia Internacional, se muestra algo más cauto: “Aunque cada vez menos, todavía existen prácticas poco lícitas o ilegales: intercambio de favores, compensaciones y hasta sobornos indirectos, sutiles y puertas giratorias”, explica.
También Cristóbal Herrera admite que hay margen de mejora: “Hay sectores que presionan casi hasta la amenaza. O directamente amenazan con cerrar fábricas. Eso todavía existe. De todas formas, el escenario ha cambiado mucho. La política y la sociedad española han madurado mucho”. Y Manuel añade: “hace no muchos años una llamada de ANFAC implicaba cambios inmediatos. Ahora no es así”.
No solo se trata de transparencia. Los canales de comunicación y la visibilidad hoy en día son accesibles a casi todos. De esta forma, los grandes lobbies siempre tienen su contrapeso. “¿Quién tiene más acceso a la Administración?”, se preguntan en UNESA. “¿Las camareras de piso o la Asociación Hotelera de España? Cabría pensar que los hoteles, sin embargo, el otro día Rajoy se reunió con las camareras. Esto hace 25 años era impensable. Del mismo modo, las plataformas por las hipotecas les han ganado a los bancos. La transparencia y las tecnologías de hoy hacen que los políticos no puedan dar la espalda a los colectivos, aunque a priori no sean poderosos”.
Queda, sin embargo, camino por recorrer. A la necesidad de un registro y una regulación de la actividad, se añade la demanda por una mayor transparencia en las Fundaciones de los partidos, lobbies en sí mismos sobre los que sobrevuela la sombra de financiaciones a campañas electorales. Todavía, pese a los avances, la palabra lobby hace levantar una ceja a la mayoría de los españoles.
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/13/actualidad/1523634104_960623.html
viernes, 4 de mayo de 2018
Los sueldos en España crecen cinco veces menos que en la zona euro. En 2017 el salario por hora subió un 2% en la Eurozona y un 0,4% en España.
La divergencia entre la marcha de la economía española y sus salarios se agudiza cuando se compara con la situación en el resto de la Unión Europea y en la zona euro.
España destaca en el continente por su crecimiento y por la fuerte creación de empleo. Pero también lo hace por su anemia salarial. El año pasado el salario por hora subió un 2% en el conjunto de la Eurozona, cinco veces más que en España, donde el aumento apenas fue del 0,4%, según los cálculos de la oficina europea de estadísticas, Eurostat, para el conjunto de la economía, excluyendo el sector agrícola.
Este incremento es uno de los menores de toda Europa. Solo supera el saldo de 2017 de Finlandia, donde las retribuciones de los asalariados menguaron un 0,4% respecto al año anterior. Y empeora un poco sobre el comportamiento salarial registrado en Grecia e Italia, donde los sueldos subieron un 0,7%.
La misma tónica se mantiene una vez se añade al coste salarial de los trabajadores las cotizaciones y las remuneraciones no dinerarias. En ese caso España también experimentó un comportamiento débil respecto al conjunto de la Unión Europea y de la zona euro. Solo se anotó un aumento del 0,5% frente a ganancias del 2,3% y del 1,9%, respectivamente.
22,5 euros por hora
Si en lugar de las variaciones anuales se toman las retribuciones reales, en España el coste laboral se queda en el 75% del resto de la zona euro y en el 82% de la Unión Europea. Traducido en euros contantes y sonantes, esto es que por cada hora trabajada el coste laboral para un empresario en España asciende a 22,5 euros, mientras que en la zona euro es de 30,1 euros y en el conjunto de la Unión de 27,2 euros.
Dentro la UE, el país que tiene el mayor coste es Dinamarca, con 40,3 euros por hora, seguido de Luxemburgo (39,1 euros). En Alemania y Francia, por su parte, este coste es de 32,4 euros y de 34,2 euros, respectivamente. En el otro extremo de la tabla aparecen Bulgaria, con 4,9 euros, y Letonia (6,9).
https://elpais.com/economia/2018/04/09/actualidad/1523297941_113572.html
España destaca en el continente por su crecimiento y por la fuerte creación de empleo. Pero también lo hace por su anemia salarial. El año pasado el salario por hora subió un 2% en el conjunto de la Eurozona, cinco veces más que en España, donde el aumento apenas fue del 0,4%, según los cálculos de la oficina europea de estadísticas, Eurostat, para el conjunto de la economía, excluyendo el sector agrícola.
Este incremento es uno de los menores de toda Europa. Solo supera el saldo de 2017 de Finlandia, donde las retribuciones de los asalariados menguaron un 0,4% respecto al año anterior. Y empeora un poco sobre el comportamiento salarial registrado en Grecia e Italia, donde los sueldos subieron un 0,7%.
La misma tónica se mantiene una vez se añade al coste salarial de los trabajadores las cotizaciones y las remuneraciones no dinerarias. En ese caso España también experimentó un comportamiento débil respecto al conjunto de la Unión Europea y de la zona euro. Solo se anotó un aumento del 0,5% frente a ganancias del 2,3% y del 1,9%, respectivamente.
22,5 euros por hora
Si en lugar de las variaciones anuales se toman las retribuciones reales, en España el coste laboral se queda en el 75% del resto de la zona euro y en el 82% de la Unión Europea. Traducido en euros contantes y sonantes, esto es que por cada hora trabajada el coste laboral para un empresario en España asciende a 22,5 euros, mientras que en la zona euro es de 30,1 euros y en el conjunto de la Unión de 27,2 euros.
Dentro la UE, el país que tiene el mayor coste es Dinamarca, con 40,3 euros por hora, seguido de Luxemburgo (39,1 euros). En Alemania y Francia, por su parte, este coste es de 32,4 euros y de 34,2 euros, respectivamente. En el otro extremo de la tabla aparecen Bulgaria, con 4,9 euros, y Letonia (6,9).
https://elpais.com/economia/2018/04/09/actualidad/1523297941_113572.html
sábado, 7 de abril de 2018
¿Por qué me tengo que callar? EDUARD PUNSET
Por primera vez en mucho tiempo, recuerdo los primeros diez años de mis ya largos ochenta y uno, cuyo aniversario celebro justo hoy, 9 de noviembre. Lo celebraré en la Vilella Baixa, perdida y bella localidad catalana donde mi padre, médico rural, estrenaba el fragor de su juventud curando apoplejías olvidadas por toda la comarca del Priorat, mi patria chica: la Vilella Baixa, la Vilella Alta, Gratallops, La Figuera...
Sin embargo, la de mi padre, Eduard Punset Alegrí, fue una generación que luchó mucho para superar la guerra. La Vilella Baixa quedó destrozada. El país estaba arrasado y, sin embargo, ellos nunca hablaban de la guerra, nunca. La de mi padre fue una generación muda, silenciosa y muy, muy trabajadora. Cuando cumplí los diecisiete, me envió a estudiar a Madrid, para que aprendiera a hablar bien el castellano de una puñetera vez, según dijo. Mi padre lo hacía por una simple cuestión de conocimiento y cultura. Era su obsesión, que estudiara. Sin embargo, recuerdo que, en la universidad en Madrid, al comienzo, me avergonzaba hablar en castellano en público, por mi acento catalán, si bien el castellano lo aprendíamos en la escuela. Lógicamente, en el recreo hablábamos en catalán. Era mi lengua materna y esto se lleva muy adentro. Es imborrable. Estos días, una persona del pueblo me comentaba lo mucho que me parecía a mi madre. Me ha hecho reflexionar. No me lo habían dicho nunca. Mi madre, Maria Casals Roca, murió bastante joven. El recuerdo se fue difuminando con los años. Sin embargo, me doy cuenta de que la llevo muy adentro, tanto como la lengua y el acento en que me hablaba. ¿Aún me pregunto ahora de qué me avergonzaba en Madrid?, pero me hizo ilusión que me dijeran que me parecía tanto físicamente a ella. En realidad, me doy cuenta ahora de que fue en Madrid donde empecé a aceptar un montón de cosas, sin que me importaran las consecuencias ni el qué dirán. Contra el mutismo paterno, que tantos compartirían, la nuestra fue una generación, al menos unos pocos, que de repente empezamos a hablar. Discutíamos y luchábamos por nuestras ideas, clandestinamente, desde lenguas y acentos diferentes. Lo recuerdo bien por dos motivos: porque esto supuso mi exilio y porque desde entonces, desde el momento (1958) en que tuve que salir de España llevo siempre el pasaporte encima. Siempre. Aunque sólo sea para salir un momento a comprar un poco de pan, nunca olvido mi pasaporte. Cuando me lo preguntan, invariablemente, respondo lo mismo: “Por si de repente tengo que volver a salir del país”. Nadie piensa en eso, pero yo lo he vivido y por eso siempre llevo el pasaporte encima. Estos días vuelvo a pensar otra vez mucho en todo esto. Me tuve que ir porqué algunos, por aquel tiempo aprendimos a hablar sin complejos, sin avergonzarnos de nada y con todas sus consecuencias.
Me acuerdo especialmente del episodio que provocó mi exilio; se produjo por haber lanzado unas cuantas octavillas en un partido de fútbol -a favor de una supuesta huelga general pacífica-, o por haber intentado organizar un pequeño homenaje a un científico republicano exiliado. Probablemente me buscaban por las dos cosas. El recuerdo que sí mantengo intacto es la llamada telefónica que me salvó la vida, justo cuando cerraba la puerta de la habitación de la pensión donde vivía en Madrid: “No vayas a la reunión por qué la policía te está esperando en la tasca donde has quedado”. Tomé la decisión en un instante, cogí el pasaporte, compré un billete hasta Burdeos y me fui. Desde entonces, nunca más he salido de casa sin él. A Manolo López, abogado laboralista y dirigente de los cuatro estudiantes comunistas que estábamos en la universidad, le pillaron: ocho años de cárcel y torturas. Éramos miembros del Partido Comunista de España y la reunión formaba parte del comité de coordinación universitario. A partir de 1959 fui exiliado político en Ginebra, y luego en París un par de años. Después pasé ocho en Londres, donde me ofrecieron trabajo, estudios, afecto.
Durante mi exilio descubrí dos hechos importantes que no he querido olvidar nunca. El primero, el sabor de la libertad; adquirí conocimientos de multitud de personas y a partir de una gran diversidad de ideas y opiniones. Poder viajar, y sobre todo estudiar, es algo maravilloso. Te saca de la cueva. Definitivamente. El segundo hecho importante, sin el cual seguramente no hubiese podido saborear el primero, fue descubrir el enorme salto democrático que suponía la separación absoluta de poderes, tan sólidamente implantada en mis países de acogida, Francia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra... para entender en toda su magnitud las democracias modernas, Montesquieu (Del espíritu de las leyes, 1748), el inventor de la separación entre los poderos Judicial, Ejecutivo y Legislativo es sublime, simplemente ¡fantástico!
Por estas dos razones, cuando Adolfo Suárez me propuso formar parte de su gobierno no lo dudé. Yo era el primer comunista que ocupaba un ministerio después de la muerte de Franco. Acepté porque confiaba. Siempre pensé que España compartía con Alemania varias cosas, pero sobre todo que los dos países formaban parte de las grandes potencias europeas que habían cometido el error histórico de sucumbir la una, electoralmente, al nazismo y la otra, recurriendo a una guerra civil, al fascismo. ¡Qué inocencia la mía! Estaba convencido de que el recuerdo de la Guerra Civil perviviría, a pesar del paso de los años. Creía que tanto España como Alemania llevarían en su alma aquel recuerdo; en términos históricos, no hacía falta ser hijo de aquella Guerra Civil para estar condicionado por ella. Para tranquilidad de la gran mayoría, en teoría, se llevarían a cabo las reformas y revoluciones a favor de un nuevo estado de cosas. Ahora me doy cuenta de que nos quedamos a medio camino, en favor de una transición que algunos calificamos de “benevolente”.
Debo reconocer que estaba equivocado, aunque sea lícito haberlo condicionado todo para favorecer la búsqueda del equilibrio social entre la seguridad y la reforma, tratar de incluir y satisfacer toda la diversidad de este país... pero todo esto nunca llegó.
Ahora, me veo de nuevo cincuenta años atrás. Estos son días de reflexión, también de tristeza y movilización. Hay quién me ha dicho que para qué me meto, y que qué necesidad tengo de hablar. ¿Y, por qué me tengo que callar? Nosotros, que tuvimos que aprender a hablar de nuevo. Nosotros, que conseguimos salir de la jaula y formarnos en el exterior porque aquí ni tan siquiera nos dejaban opinar. Yo, que tuve la suerte inmensa de lanzarme al mundo para aprender de tanta gente increíble, de la mano de científicos de todo el planeta que precisamente se atrevían a hablar de temas que a nosotros nos avergonzaban, sexo, suicidio, primates, ¡El origen de la vida! ¡Cómo empezó todo! Con el programa Redes de Televisión Española, conseguimos llevar la ciencia a toda una generación. La mayor ilusión de mi vida fue el día en que una chica se me acercó en la calle y me dijo: “Quiero que sepa que decidí estudiar Física gracias a Redes”.
Y, a pesar de todo, no consigo separarme de mi pasaporte. No puedo parar de pensar en Montesquieu y en la dichosa separación de poderes. Desgraciadamente, la separación de poderes en España no existe. Debo admitir que la “transición benevolente”, de la que tanto nos llenamos la boca, aceptó también renunciar, al menos por el momento, a la famosa división de poderes en el Congreso como sistema de representación pública; esto fue así, entre otras cosas, porque entre los políticos de entonces ninguno aceptaba que el Poder Judicial no fuera elegido también por ellos mismos. Recuerdo conversaciones mantenidas con políticos de carácter benevolente a los que intenté convencer de que una cosa no podía ir sin la otra. Lo había aprendido en el exilio. Y así están la cosas: aún vivimos en un país donde alguien puede ir a parar a la cárcel por sus ideas políticas. ¿Y por qué me tengo que callar? Hoy, en Vilella Baixa, me acordaré de mis padres, de aquella generación muda que optó por el silencio y se obsesionó con nuestra formación; y beberé, en silencio, por la libertad, por los amigos Oriol, Jordis, Josep, Joaquim, Jordi, Raül, Dolors, Meritxell y Carles, que, de nuevo, están otra vez en la cárcel y que ¡quiero que saquen ya!
http://www.lavanguardia.com/politica/20171109/432721596226/eduardo-punset-presos-callar.html
Sin embargo, la de mi padre, Eduard Punset Alegrí, fue una generación que luchó mucho para superar la guerra. La Vilella Baixa quedó destrozada. El país estaba arrasado y, sin embargo, ellos nunca hablaban de la guerra, nunca. La de mi padre fue una generación muda, silenciosa y muy, muy trabajadora. Cuando cumplí los diecisiete, me envió a estudiar a Madrid, para que aprendiera a hablar bien el castellano de una puñetera vez, según dijo. Mi padre lo hacía por una simple cuestión de conocimiento y cultura. Era su obsesión, que estudiara. Sin embargo, recuerdo que, en la universidad en Madrid, al comienzo, me avergonzaba hablar en castellano en público, por mi acento catalán, si bien el castellano lo aprendíamos en la escuela. Lógicamente, en el recreo hablábamos en catalán. Era mi lengua materna y esto se lleva muy adentro. Es imborrable. Estos días, una persona del pueblo me comentaba lo mucho que me parecía a mi madre. Me ha hecho reflexionar. No me lo habían dicho nunca. Mi madre, Maria Casals Roca, murió bastante joven. El recuerdo se fue difuminando con los años. Sin embargo, me doy cuenta de que la llevo muy adentro, tanto como la lengua y el acento en que me hablaba. ¿Aún me pregunto ahora de qué me avergonzaba en Madrid?, pero me hizo ilusión que me dijeran que me parecía tanto físicamente a ella. En realidad, me doy cuenta ahora de que fue en Madrid donde empecé a aceptar un montón de cosas, sin que me importaran las consecuencias ni el qué dirán. Contra el mutismo paterno, que tantos compartirían, la nuestra fue una generación, al menos unos pocos, que de repente empezamos a hablar. Discutíamos y luchábamos por nuestras ideas, clandestinamente, desde lenguas y acentos diferentes. Lo recuerdo bien por dos motivos: porque esto supuso mi exilio y porque desde entonces, desde el momento (1958) en que tuve que salir de España llevo siempre el pasaporte encima. Siempre. Aunque sólo sea para salir un momento a comprar un poco de pan, nunca olvido mi pasaporte. Cuando me lo preguntan, invariablemente, respondo lo mismo: “Por si de repente tengo que volver a salir del país”. Nadie piensa en eso, pero yo lo he vivido y por eso siempre llevo el pasaporte encima. Estos días vuelvo a pensar otra vez mucho en todo esto. Me tuve que ir porqué algunos, por aquel tiempo aprendimos a hablar sin complejos, sin avergonzarnos de nada y con todas sus consecuencias.
Me acuerdo especialmente del episodio que provocó mi exilio; se produjo por haber lanzado unas cuantas octavillas en un partido de fútbol -a favor de una supuesta huelga general pacífica-, o por haber intentado organizar un pequeño homenaje a un científico republicano exiliado. Probablemente me buscaban por las dos cosas. El recuerdo que sí mantengo intacto es la llamada telefónica que me salvó la vida, justo cuando cerraba la puerta de la habitación de la pensión donde vivía en Madrid: “No vayas a la reunión por qué la policía te está esperando en la tasca donde has quedado”. Tomé la decisión en un instante, cogí el pasaporte, compré un billete hasta Burdeos y me fui. Desde entonces, nunca más he salido de casa sin él. A Manolo López, abogado laboralista y dirigente de los cuatro estudiantes comunistas que estábamos en la universidad, le pillaron: ocho años de cárcel y torturas. Éramos miembros del Partido Comunista de España y la reunión formaba parte del comité de coordinación universitario. A partir de 1959 fui exiliado político en Ginebra, y luego en París un par de años. Después pasé ocho en Londres, donde me ofrecieron trabajo, estudios, afecto.
Durante mi exilio descubrí dos hechos importantes que no he querido olvidar nunca. El primero, el sabor de la libertad; adquirí conocimientos de multitud de personas y a partir de una gran diversidad de ideas y opiniones. Poder viajar, y sobre todo estudiar, es algo maravilloso. Te saca de la cueva. Definitivamente. El segundo hecho importante, sin el cual seguramente no hubiese podido saborear el primero, fue descubrir el enorme salto democrático que suponía la separación absoluta de poderes, tan sólidamente implantada en mis países de acogida, Francia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra... para entender en toda su magnitud las democracias modernas, Montesquieu (Del espíritu de las leyes, 1748), el inventor de la separación entre los poderos Judicial, Ejecutivo y Legislativo es sublime, simplemente ¡fantástico!
Por estas dos razones, cuando Adolfo Suárez me propuso formar parte de su gobierno no lo dudé. Yo era el primer comunista que ocupaba un ministerio después de la muerte de Franco. Acepté porque confiaba. Siempre pensé que España compartía con Alemania varias cosas, pero sobre todo que los dos países formaban parte de las grandes potencias europeas que habían cometido el error histórico de sucumbir la una, electoralmente, al nazismo y la otra, recurriendo a una guerra civil, al fascismo. ¡Qué inocencia la mía! Estaba convencido de que el recuerdo de la Guerra Civil perviviría, a pesar del paso de los años. Creía que tanto España como Alemania llevarían en su alma aquel recuerdo; en términos históricos, no hacía falta ser hijo de aquella Guerra Civil para estar condicionado por ella. Para tranquilidad de la gran mayoría, en teoría, se llevarían a cabo las reformas y revoluciones a favor de un nuevo estado de cosas. Ahora me doy cuenta de que nos quedamos a medio camino, en favor de una transición que algunos calificamos de “benevolente”.
Debo reconocer que estaba equivocado, aunque sea lícito haberlo condicionado todo para favorecer la búsqueda del equilibrio social entre la seguridad y la reforma, tratar de incluir y satisfacer toda la diversidad de este país... pero todo esto nunca llegó.
Ahora, me veo de nuevo cincuenta años atrás. Estos son días de reflexión, también de tristeza y movilización. Hay quién me ha dicho que para qué me meto, y que qué necesidad tengo de hablar. ¿Y, por qué me tengo que callar? Nosotros, que tuvimos que aprender a hablar de nuevo. Nosotros, que conseguimos salir de la jaula y formarnos en el exterior porque aquí ni tan siquiera nos dejaban opinar. Yo, que tuve la suerte inmensa de lanzarme al mundo para aprender de tanta gente increíble, de la mano de científicos de todo el planeta que precisamente se atrevían a hablar de temas que a nosotros nos avergonzaban, sexo, suicidio, primates, ¡El origen de la vida! ¡Cómo empezó todo! Con el programa Redes de Televisión Española, conseguimos llevar la ciencia a toda una generación. La mayor ilusión de mi vida fue el día en que una chica se me acercó en la calle y me dijo: “Quiero que sepa que decidí estudiar Física gracias a Redes”.
Y, a pesar de todo, no consigo separarme de mi pasaporte. No puedo parar de pensar en Montesquieu y en la dichosa separación de poderes. Desgraciadamente, la separación de poderes en España no existe. Debo admitir que la “transición benevolente”, de la que tanto nos llenamos la boca, aceptó también renunciar, al menos por el momento, a la famosa división de poderes en el Congreso como sistema de representación pública; esto fue así, entre otras cosas, porque entre los políticos de entonces ninguno aceptaba que el Poder Judicial no fuera elegido también por ellos mismos. Recuerdo conversaciones mantenidas con políticos de carácter benevolente a los que intenté convencer de que una cosa no podía ir sin la otra. Lo había aprendido en el exilio. Y así están la cosas: aún vivimos en un país donde alguien puede ir a parar a la cárcel por sus ideas políticas. ¿Y por qué me tengo que callar? Hoy, en Vilella Baixa, me acordaré de mis padres, de aquella generación muda que optó por el silencio y se obsesionó con nuestra formación; y beberé, en silencio, por la libertad, por los amigos Oriol, Jordis, Josep, Joaquim, Jordi, Raül, Dolors, Meritxell y Carles, que, de nuevo, están otra vez en la cárcel y que ¡quiero que saquen ya!
http://www.lavanguardia.com/politica/20171109/432721596226/eduardo-punset-presos-callar.html
miércoles, 4 de abril de 2018
_- Juan Torres López. Vertebrar España.
_- Juan Torres López y Roberto Viciano Pastor.
Ctxt.
Es imprescindible que exista el compromiso inequívoco de la gran mayoría de los españoles con un proyecto común de España, de nuestra España diversa, sin matices ni evasiones
LUIS GRAÑENA I
No hace falta decir que la situación que se está viviendo en Cataluña desde hace tiempo y que ha empeorado en los últimos meses sigue siendo realmente grave y peligrosa para la convivencia pacífica, no sólo entre la población catalana sino para el conjunto de los españoles. A corto plazo no hay salidas claras y nos parece muy ingenuo creer que el conflicto se puede resolver imponiéndose una parte (aunque fuera mayoritaria o tenga la legitimidad que tiene el Estado de derecho) sobre la otra (por muy minoritaria que fuera, que ni lo es ni lo va a ser).
Ahora bien, que en Cataluña se haya podido extender en tan gran medida la convicción de que una parte de la población, ni siquiera mayoritaria, puede imponer a la otra nada más y nada menos que la independencia, es decir, que haya brotado (y en tan poco tiempo) una dinámica tan totalitaria y excluyente no puede ser el simple resultado de procesos internos. También han debido influir los modos en que se ha planteado la relación y la convivencia de Cataluña y los catalanes con el resto de los españoles y con el conjunto de España.
A nuestro juicio, lo que ha sucedido es que el modelo del Estado de las Autonomías diseñado en la Constitución de 1978 ha llegado a un nivel de degeneración próximo a la insostenibilidad. Eso ha ocurrido, para colmo, en una coyuntura muy compleja: cuando los grandes partidos sobre los que ha pivotado nuestra democracia en los últimos cuarenta años (PP, PSOE y nacionalistas catalanes) entraron en barrena al no poder seguir tapando la corrupción que ha generado su gestión ni las vergüenzas del modo en que han gobernado la reciente crisis económica (sobre todo, CiU en Cataluña), y porque los partidos que nacieron como respuesta (Podemos y Ciudadanos) no supieron aprovechar las últimas elecciones generales para convertirse en ejes de la regeneración institucional que reclama la sociedad española.
II
La existencia de tensiones territoriales, como las de ahora, ha sido una constante a lo largo de nuestra historia y las diferencias entre nuestros pueblos es un hecho innegable que ha generado siempre fuerzas disgregadoras. Pero las respuestas, como en los últimos tiempos, no siempre han ido, desgraciadamente, en la línea de integrar y unirnos solidariamente en la diversidad.
La mayoría de las derechas españolas contempla el nacionalismo periférico según el estereotipo que describió magistralmente José Ortega y Gasset en su España invertebrada,como “un movimiento artificioso, extraído de la nada, sin causa ni motivos profundo”. De modo, seguía diciendo el filósofo madrileño, que hablar de regiones, de pueblos diferentes, de Cataluña, de Euskadi, parecería entonces como “cortar con un cuchillo una masa homogénea y tajar cuerpos distintos en lo que era un compacto volumen”.
Las izquierdas españolas, por su parte, sirvieron de contrapeso de los nacionalismos, del centralista español y de los periféricos, pero solo hasta que los golpistas españoles de 1936 consiguieron, con una magnífica operación de marketing, identificarse con la idea de España.
A partir de entonces “lo español” se convirtió en rasgo de identidad de la dictadura franquista y, como estúpida reacción, las fuerzas de izquierda se situaron enfrente de todo lo que pudiera sonar a España. Asumieron entonces como propias las posiciones identitarias, nacionalistas periféricas e incluso, en algunos casos, independentistas, como si éstas fueran, por oposición, las auténticas expresiones de la libertad y la democracia que la dictadura había pisoteado.
III
La tensión entre dos nacionalismos, uno más fuerte y cargado de vestigios imperiales y otro más débil y en expansión, pero ambos igual de excluyentes entre sí, impidió el nacimiento en democracia de un auténtico proyecto nacional de todos los españoles.
Sin ese proyecto, temerosos todos ante los embates del terrorismo nacionalista, y confiandos en que el nacionalismo moderado de la periferia ayudaría a consolidar el Estado democrático, a lo largo de la Transición se articuló una organización territorial de España que podríamos calificar de vergonzante, que no era ni una cosa ni la otra, y que fue diseñándose a golpe de tirones, de negociaciones bilaterales y de remiendos. Desde que se aprobó la Constitución de 1978 se ha venido produciendo una carrera sin fin de peticiones e incluso de chantajes, y la cesión continua de competencias y prebendas financieras por parte del Estado y de los partidos de ámbito estatal para evitar la activación de la agenda independentista de los nacionalismos vasco y catalán.
Con ese método de diseño y desarrollo, nuestro proceso de organización territorial ha terminado produciendo una descentralización asimétrica o incluso deformada y en constante proceso de reconfiguración. No llega a lo federal pero tiene componentes de confederación (régimen foral); tiene una enorme descentralización de las competencias y el gasto pero es muy dependiente del centro en el ingreso; la autonomía es muy amplia pero hay una escasa capacidad de codecisión y los mecanismos de interrelación entre las diferentes instancias de gobierno son muy débiles o casi inexistentes. Y, lo que resulta más importante, el Estado de las Autonomías no ha permitido que se cumpla el primer precepto que señala la Constitución en relación con la organización territorial del Estado en su artículo 139.1, que “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.
Para llenarse de contenido, las Comunidades Autónomas han exagerado su actividad normativa (785.000 páginas de nuevas leyes y reglamentos solo en 2016), creando un marasmo legal que dificulta la actividad económica y la necesaria unidad del mercado, que ha multiplicado innecesariamente la burocracia e inducido a la corrupción. Sin suficientes mecanismos de control y rendición de cuentas y en un marco de competencias duplicadas y mal diseñadas, las autonomías han generado un gasto y una deuda excesivos que no siempre han redundado en la mejora de los niveles de vida. El sistema de financiación autonómico ha tenido un diseño inadecuado y muy imperfecto que se ha resuelto siempre a base de competencia entre territorios, no siempre leal ni corresponsable. Y las competencias educativas y de medios de comunicación autonómicos se han utilizado, en demasiadas ocasiones, para fomentar la ideología nacionalista y el resentimiento y enfrentamiento entre las comunidades, en lugar del respeto, la concordia y la fraternidad entre las personas y los pueblos.
La consecuencia de todo ello ha sido paradójica: no solo no se ha podido evitar la puesta en marcha de la agenda independentista, sino que ésta se alimenta del mal diseño de nuestra organización autonómica y termina activándose, en el marco de un aumento de la inequidad y la desigualdad entre los españoles y entre nuestros territorios, y cuando el desarme de medios y competencias que sufre la administración central deja al Estado en situación de extrema debilidad (el alojamiento de las fuerzas de seguridad desplazadas a Cataluña en estrambóticos cruceros es una expresiva muestra de ello).
IV
La respuesta a la situación de crisis que estamos viviendo no puede ser la de volver a reproducir la lógica extremista del péndulo, como está tratando de hacer el Partido Popular (“ahogarlos por directa estrangulación: persiguiendo sus ideas, sus organizaciones y sus hombres”, escribió Ortega y Gasset). Tampoco la de exacerbar el nacionalismo español más rancio e igualmente totalitario que vuelve a confundir a toda Cataluña y a los catalanes en su conjunto con el independentismo. Igual de inútil es tratar de moverse en tierra de nadie o querer contentar a todos sacando recursos de donde no los hay, como hacen las izquierdas que siguen teniendo miedo incluso a mencionar el nombre de España. Ni vale el más de lo mismo, estirando el modelo actual mal diseñado, o tratar de multiplicar el número de naciones como si fueran piñones en una especie de café para todos elevado a la enésima y más absurda de las potencias. Nada de eso puede resolver nuestros problemas de ahora.
Por el contrario, nos parece que ha llegado el momento de enfrentarnos democráticamente, con serenidad, con generosidad y con rigor al asunto central que los españoles no pudimos contemplar abiertamente en 1978, quizá porque era materialmente imposible hacerlo en la situación en la que estábamos entonces, con la correlación de fuerzas y con la natural desconfianza mutua de aquel momento.
Es la hora de invertir el orden de las cosas. Ni se puede creer que la solución de los problemas territoriales de España puede venir de la recentralización, por muy de nuevo cuño que fuera, ni podemos continuar haciendo concesiones ad infinitum y continuos remiendos en el diseño del Estado Autonómico. Hay que comenzar, en primer lugar, por analizar rigurosamente lo que ha fallado. En segundo lugar, habría que consensuar el proceso que puede permitir que se plantee y resuelva democráticamente el problema básico de la legitimidad, efectiva y no solo formal, del proyecto común de España. Para ello es imprescindible que exista lo que a nuestro juicio hay que reconocer que no se ha logrado de modo real a causa del mal diseño del Estado de las autonomías: el compromiso inequívoco de la gran mayoría de los españoles con un proyecto común de España, de nuestra España diversa, sin matices ni evasiones. Un compromiso que creemos que en estos momentos solo puede venir de una refundación basada en la libre voluntad de los pueblos que componen nuestra Patria, sustituyendo la remota fundación por vía de guerras y de matrimonios dinásticos por una democrática en la que todos los pueblos de España, en plano de igualdad, puedan decidir si mantienen el proyecto común o lo abandonan, pero eso sí, con todas sus consecuencias para todos.
Vascos y catalanes, pero también el resto de los españoles, deberíamos decidir si estamos dentro o fuera. Y si los pueblos de España, como es de esperar, deciden libremente integrarse en la soberanía nacional española lo tendrán que hacer en plano de igualdad con el resto de los ciudadanos y pueblos de España, sin más hechos diferenciales que los estrictamente culturales, entendiendo que cualquier ser humano, sea cual sea su peculiaridad cultural o lingüística, tiene unos mismos derechos y unas mismas obligaciones, dejando atrás mecanismos feudales de articulación política y afrontando los graves problemas de futuro que tiene la España del siglo XXI, no sólo en el interior sino en nuestro entorno geopolítico.
Solo así nos parece posible lograr el rediseño del Estado que garantice lo que hasta ahora no hemos conseguido: que todos los españoles, siendo tan diferentes, tengamos igual derecho de acceso a los bienes y servicios públicos y que contribuyamos a sufragarlos en condiciones de equidad. Por ejemplo, disponiendo de un sistema de salud y cuidados nacional que permita atender las necesidades de todos los españoles de manera igualitaria, inmediata y sin obstáculos en cualquier parte del territorio nacional, o de un sistema educativo estatal que, preservando la educación en lenguas y tradiciones de los diferentes pueblos de España, contenga un pensum detallado común a todos los españoles y asegure el perfecto conocimiento del idioma vehicular común. Que garantice algo tan esencial como la coordinación y subordinación de las policías autonómicas con las fuerzas de seguridad del Estado que permitan una mayor eficacia y seguridad a todos los españoles; o que dispongamos de instituciones y mecanismos que permitan la coordinación efectiva, la codecisión y la solidaridad en la práctica entre todas las instituciones de nuestros diferentes territorios.
Somos conscientes de lo irreal que puede parecer este planteamiento en la situación en la que estamos, en medio de una gran crisis de confianza en las instituciones, de enfrentamiento entre diferentes poderes del Estado, abochornados por la corrupción, sin habernos recuperado del todo de la crisis económica, y con los partidos políticos fuertemente enfrentados e incapaces de generar alianzas o consensos de amplio calado. Pero ¿quién puede creer de verdad que un problema tan grave se resuelve solo con reformas de tercer nivel, por inercia, escapando o ganando votaciones por los pelos para huir hacia adelante, sin consenso y sin el apoyo de una mayoría social amplísima y verdaderamente transversal?
Es imprescindible el impulso ético ciudadano que lleve al parlamento y al gobierno, como preferencia de la mayoría social más amplia posible, verdaderamente transversal, la demanda de un consenso nacional profundo y de unidad.
Como dijo el ya mencionado Ortega, lo que impulsa y nutre la creación de auténticas naciones no es la fuerza, ni obligar y ni siquiera el convencer, sino “un proyecto sugestivo de vida en común”. Esto es lo que de verdad tendríamos que poner en marcha todos los españoles sin distinción, quizá recordando la máxima del sabio Albert Einstein: si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo.
Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
Roberto Viciano Pastor es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.
Fuente: http://ctxt.es/es/20180314/Firmas/18463/Juan-Torres-VIciano-Pastor-Espa%C3%B1a-Politica.htm
Ctxt.
Es imprescindible que exista el compromiso inequívoco de la gran mayoría de los españoles con un proyecto común de España, de nuestra España diversa, sin matices ni evasiones
LUIS GRAÑENA I
No hace falta decir que la situación que se está viviendo en Cataluña desde hace tiempo y que ha empeorado en los últimos meses sigue siendo realmente grave y peligrosa para la convivencia pacífica, no sólo entre la población catalana sino para el conjunto de los españoles. A corto plazo no hay salidas claras y nos parece muy ingenuo creer que el conflicto se puede resolver imponiéndose una parte (aunque fuera mayoritaria o tenga la legitimidad que tiene el Estado de derecho) sobre la otra (por muy minoritaria que fuera, que ni lo es ni lo va a ser).
Ahora bien, que en Cataluña se haya podido extender en tan gran medida la convicción de que una parte de la población, ni siquiera mayoritaria, puede imponer a la otra nada más y nada menos que la independencia, es decir, que haya brotado (y en tan poco tiempo) una dinámica tan totalitaria y excluyente no puede ser el simple resultado de procesos internos. También han debido influir los modos en que se ha planteado la relación y la convivencia de Cataluña y los catalanes con el resto de los españoles y con el conjunto de España.
A nuestro juicio, lo que ha sucedido es que el modelo del Estado de las Autonomías diseñado en la Constitución de 1978 ha llegado a un nivel de degeneración próximo a la insostenibilidad. Eso ha ocurrido, para colmo, en una coyuntura muy compleja: cuando los grandes partidos sobre los que ha pivotado nuestra democracia en los últimos cuarenta años (PP, PSOE y nacionalistas catalanes) entraron en barrena al no poder seguir tapando la corrupción que ha generado su gestión ni las vergüenzas del modo en que han gobernado la reciente crisis económica (sobre todo, CiU en Cataluña), y porque los partidos que nacieron como respuesta (Podemos y Ciudadanos) no supieron aprovechar las últimas elecciones generales para convertirse en ejes de la regeneración institucional que reclama la sociedad española.
II
La existencia de tensiones territoriales, como las de ahora, ha sido una constante a lo largo de nuestra historia y las diferencias entre nuestros pueblos es un hecho innegable que ha generado siempre fuerzas disgregadoras. Pero las respuestas, como en los últimos tiempos, no siempre han ido, desgraciadamente, en la línea de integrar y unirnos solidariamente en la diversidad.
La mayoría de las derechas españolas contempla el nacionalismo periférico según el estereotipo que describió magistralmente José Ortega y Gasset en su España invertebrada,como “un movimiento artificioso, extraído de la nada, sin causa ni motivos profundo”. De modo, seguía diciendo el filósofo madrileño, que hablar de regiones, de pueblos diferentes, de Cataluña, de Euskadi, parecería entonces como “cortar con un cuchillo una masa homogénea y tajar cuerpos distintos en lo que era un compacto volumen”.
Las izquierdas españolas, por su parte, sirvieron de contrapeso de los nacionalismos, del centralista español y de los periféricos, pero solo hasta que los golpistas españoles de 1936 consiguieron, con una magnífica operación de marketing, identificarse con la idea de España.
A partir de entonces “lo español” se convirtió en rasgo de identidad de la dictadura franquista y, como estúpida reacción, las fuerzas de izquierda se situaron enfrente de todo lo que pudiera sonar a España. Asumieron entonces como propias las posiciones identitarias, nacionalistas periféricas e incluso, en algunos casos, independentistas, como si éstas fueran, por oposición, las auténticas expresiones de la libertad y la democracia que la dictadura había pisoteado.
III
La tensión entre dos nacionalismos, uno más fuerte y cargado de vestigios imperiales y otro más débil y en expansión, pero ambos igual de excluyentes entre sí, impidió el nacimiento en democracia de un auténtico proyecto nacional de todos los españoles.
Sin ese proyecto, temerosos todos ante los embates del terrorismo nacionalista, y confiandos en que el nacionalismo moderado de la periferia ayudaría a consolidar el Estado democrático, a lo largo de la Transición se articuló una organización territorial de España que podríamos calificar de vergonzante, que no era ni una cosa ni la otra, y que fue diseñándose a golpe de tirones, de negociaciones bilaterales y de remiendos. Desde que se aprobó la Constitución de 1978 se ha venido produciendo una carrera sin fin de peticiones e incluso de chantajes, y la cesión continua de competencias y prebendas financieras por parte del Estado y de los partidos de ámbito estatal para evitar la activación de la agenda independentista de los nacionalismos vasco y catalán.
Con ese método de diseño y desarrollo, nuestro proceso de organización territorial ha terminado produciendo una descentralización asimétrica o incluso deformada y en constante proceso de reconfiguración. No llega a lo federal pero tiene componentes de confederación (régimen foral); tiene una enorme descentralización de las competencias y el gasto pero es muy dependiente del centro en el ingreso; la autonomía es muy amplia pero hay una escasa capacidad de codecisión y los mecanismos de interrelación entre las diferentes instancias de gobierno son muy débiles o casi inexistentes. Y, lo que resulta más importante, el Estado de las Autonomías no ha permitido que se cumpla el primer precepto que señala la Constitución en relación con la organización territorial del Estado en su artículo 139.1, que “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.
Para llenarse de contenido, las Comunidades Autónomas han exagerado su actividad normativa (785.000 páginas de nuevas leyes y reglamentos solo en 2016), creando un marasmo legal que dificulta la actividad económica y la necesaria unidad del mercado, que ha multiplicado innecesariamente la burocracia e inducido a la corrupción. Sin suficientes mecanismos de control y rendición de cuentas y en un marco de competencias duplicadas y mal diseñadas, las autonomías han generado un gasto y una deuda excesivos que no siempre han redundado en la mejora de los niveles de vida. El sistema de financiación autonómico ha tenido un diseño inadecuado y muy imperfecto que se ha resuelto siempre a base de competencia entre territorios, no siempre leal ni corresponsable. Y las competencias educativas y de medios de comunicación autonómicos se han utilizado, en demasiadas ocasiones, para fomentar la ideología nacionalista y el resentimiento y enfrentamiento entre las comunidades, en lugar del respeto, la concordia y la fraternidad entre las personas y los pueblos.
La consecuencia de todo ello ha sido paradójica: no solo no se ha podido evitar la puesta en marcha de la agenda independentista, sino que ésta se alimenta del mal diseño de nuestra organización autonómica y termina activándose, en el marco de un aumento de la inequidad y la desigualdad entre los españoles y entre nuestros territorios, y cuando el desarme de medios y competencias que sufre la administración central deja al Estado en situación de extrema debilidad (el alojamiento de las fuerzas de seguridad desplazadas a Cataluña en estrambóticos cruceros es una expresiva muestra de ello).
IV
La respuesta a la situación de crisis que estamos viviendo no puede ser la de volver a reproducir la lógica extremista del péndulo, como está tratando de hacer el Partido Popular (“ahogarlos por directa estrangulación: persiguiendo sus ideas, sus organizaciones y sus hombres”, escribió Ortega y Gasset). Tampoco la de exacerbar el nacionalismo español más rancio e igualmente totalitario que vuelve a confundir a toda Cataluña y a los catalanes en su conjunto con el independentismo. Igual de inútil es tratar de moverse en tierra de nadie o querer contentar a todos sacando recursos de donde no los hay, como hacen las izquierdas que siguen teniendo miedo incluso a mencionar el nombre de España. Ni vale el más de lo mismo, estirando el modelo actual mal diseñado, o tratar de multiplicar el número de naciones como si fueran piñones en una especie de café para todos elevado a la enésima y más absurda de las potencias. Nada de eso puede resolver nuestros problemas de ahora.
Por el contrario, nos parece que ha llegado el momento de enfrentarnos democráticamente, con serenidad, con generosidad y con rigor al asunto central que los españoles no pudimos contemplar abiertamente en 1978, quizá porque era materialmente imposible hacerlo en la situación en la que estábamos entonces, con la correlación de fuerzas y con la natural desconfianza mutua de aquel momento.
Es la hora de invertir el orden de las cosas. Ni se puede creer que la solución de los problemas territoriales de España puede venir de la recentralización, por muy de nuevo cuño que fuera, ni podemos continuar haciendo concesiones ad infinitum y continuos remiendos en el diseño del Estado Autonómico. Hay que comenzar, en primer lugar, por analizar rigurosamente lo que ha fallado. En segundo lugar, habría que consensuar el proceso que puede permitir que se plantee y resuelva democráticamente el problema básico de la legitimidad, efectiva y no solo formal, del proyecto común de España. Para ello es imprescindible que exista lo que a nuestro juicio hay que reconocer que no se ha logrado de modo real a causa del mal diseño del Estado de las autonomías: el compromiso inequívoco de la gran mayoría de los españoles con un proyecto común de España, de nuestra España diversa, sin matices ni evasiones. Un compromiso que creemos que en estos momentos solo puede venir de una refundación basada en la libre voluntad de los pueblos que componen nuestra Patria, sustituyendo la remota fundación por vía de guerras y de matrimonios dinásticos por una democrática en la que todos los pueblos de España, en plano de igualdad, puedan decidir si mantienen el proyecto común o lo abandonan, pero eso sí, con todas sus consecuencias para todos.
Vascos y catalanes, pero también el resto de los españoles, deberíamos decidir si estamos dentro o fuera. Y si los pueblos de España, como es de esperar, deciden libremente integrarse en la soberanía nacional española lo tendrán que hacer en plano de igualdad con el resto de los ciudadanos y pueblos de España, sin más hechos diferenciales que los estrictamente culturales, entendiendo que cualquier ser humano, sea cual sea su peculiaridad cultural o lingüística, tiene unos mismos derechos y unas mismas obligaciones, dejando atrás mecanismos feudales de articulación política y afrontando los graves problemas de futuro que tiene la España del siglo XXI, no sólo en el interior sino en nuestro entorno geopolítico.
Solo así nos parece posible lograr el rediseño del Estado que garantice lo que hasta ahora no hemos conseguido: que todos los españoles, siendo tan diferentes, tengamos igual derecho de acceso a los bienes y servicios públicos y que contribuyamos a sufragarlos en condiciones de equidad. Por ejemplo, disponiendo de un sistema de salud y cuidados nacional que permita atender las necesidades de todos los españoles de manera igualitaria, inmediata y sin obstáculos en cualquier parte del territorio nacional, o de un sistema educativo estatal que, preservando la educación en lenguas y tradiciones de los diferentes pueblos de España, contenga un pensum detallado común a todos los españoles y asegure el perfecto conocimiento del idioma vehicular común. Que garantice algo tan esencial como la coordinación y subordinación de las policías autonómicas con las fuerzas de seguridad del Estado que permitan una mayor eficacia y seguridad a todos los españoles; o que dispongamos de instituciones y mecanismos que permitan la coordinación efectiva, la codecisión y la solidaridad en la práctica entre todas las instituciones de nuestros diferentes territorios.
Somos conscientes de lo irreal que puede parecer este planteamiento en la situación en la que estamos, en medio de una gran crisis de confianza en las instituciones, de enfrentamiento entre diferentes poderes del Estado, abochornados por la corrupción, sin habernos recuperado del todo de la crisis económica, y con los partidos políticos fuertemente enfrentados e incapaces de generar alianzas o consensos de amplio calado. Pero ¿quién puede creer de verdad que un problema tan grave se resuelve solo con reformas de tercer nivel, por inercia, escapando o ganando votaciones por los pelos para huir hacia adelante, sin consenso y sin el apoyo de una mayoría social amplísima y verdaderamente transversal?
Es imprescindible el impulso ético ciudadano que lleve al parlamento y al gobierno, como preferencia de la mayoría social más amplia posible, verdaderamente transversal, la demanda de un consenso nacional profundo y de unidad.
Como dijo el ya mencionado Ortega, lo que impulsa y nutre la creación de auténticas naciones no es la fuerza, ni obligar y ni siquiera el convencer, sino “un proyecto sugestivo de vida en común”. Esto es lo que de verdad tendríamos que poner en marcha todos los españoles sin distinción, quizá recordando la máxima del sabio Albert Einstein: si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo.
Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
Roberto Viciano Pastor es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.
Fuente: http://ctxt.es/es/20180314/Firmas/18463/Juan-Torres-VIciano-Pastor-Espa%C3%B1a-Politica.htm
viernes, 9 de marzo de 2018
Crimen y castigo. España tiene una de las tasas más altas de encarcelamiento de la Unión Europea y los tiempos de las condenas suelen triplicar la media de otros países de la región.
Diana Quer no murió. Ni siquiera la palabra asesinato parece decir lo suficiente. Fue arrancada a la vida. En principio, uno no elegiría a Franz Kafka para hablar del gozo de vivir, pero es difícil expresarlo mejor que como lo hizo el joven triste de Praga en este aforismo: “¿Cómo puede alguien alegrarse por el mundo excepto cuando se huye hacia él?”. Sentimos muchas veces las ganas de huir del mundo, la nostalgia de unas alas, pero no hay sensación comparable al impulso de huir hacia él. Abrir la puerta, no para escapar, sino para refugiarse en el mundo. Y eso es lo que vemos en la mirada de Diana, y en las fotos de tantas desaparecidas: alguien que corre hacia la vida. Y se la arrancan.
Veo al padre de Diana y al de Mari Luz Cortés (asesinada a los cinco años, en 2008) portando un cartel en el que anuncian el apoyo de dos millones de firmantes en una campaña a favor de mantener la llamada “prisión permanente revisable”. A efectos críticos, también denominada “cadena perpetua revisable”. Esta ley, muy cuestionada, entró en vigor en 2015, con el único apoyo conservador. Ahora, una mayoría parlamentaria plural estudia su derogación. Comprendo el activismo en este asunto de los padres de Diana y Mari Luz, como el de los familiares y personas cercanas a otras víctimas. Los sentimientos y las emociones no se pueden juzgar. Se respetan. Y se intenta compartir un dolor que se sabe oceánico.
Lo que no es tan comprensible es el aprovechamiento partidario de esas tragedias. Los líderes políticos, los gobernantes, tienen que escuchar siempre a la gente, y en especial tienen que “escuchar” el dolor. El dolor no aplaude. Y el liderazgo servicial tampoco cura. Pero esa presencia en el lugar del dolor, y en el momento necesario, contribuye a crear confianza. No es posible una democracia sin confianza básica. Pero la confianza, como la libertad, no es un arenque salado. Hay que ejercerla. Lo contrario, lo que crea desconfianza, es la explotación del dolor de las víctimas con fines sectarios. En este caso ha sido una maniobra demasiado obscena. La agitación del dolor para disputar unas décimas.
La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) guía a los políticos españoles como el calendario lunar a las plantas. La más reciente resultaba preocupante para la derecha gobernante. Por un lado, registraba una creciente inquietud por la corrupción, solo superada como problema por el paro. Por otro, apuntaba un alza espectacular de Ciudadanos. Los conservadores necesitaban un frame, un nuevo encuadre, un motivo para cambiar la conversación popular. Quizás alguien levantó la nariz hacia una estantería y se encontró con un título clásico: Crimen y castigo. ¡Ese era el framing, ese era el encuadre! Es un buen tocho, así que le cascaron con Dostoievski a Albert Rivera y compañía.
En los últimos años, los partidos que podríamos llamar tradicionales o más acomodados han situado, terrorismo aparte, como principal peligro de desestabilización al “populismo”. En España se utilizó de manera indiscriminada, con poco rigor, sobre todo para estigmatizar a Podemos, una fuerza que nunca fue xenófoba ni antieuropeísta. Al contrario, fue una de las organizaciones más activas en defender la acogida a los refugiados y en la lucha contra las desigualdades. El verdadero “populismo” es el que excita los instintos básicos de la gente. Por ejemplo, la cuestión del crimen y el castigo. La verdad es que España tiene una de las tasas más altas de encarcelamiento de la Unión Europea y los tiempos de las condenas y su cumplimiento suelen triplicar la media de los otros países de la región. Por eso algunos catedráticos en Derecho Penal han calificado esta operación política como un “populismo penitenciario”.
Cuando se detiene a un malo que parece el retrato del mal, cuando se nos representa como un monstruo, es fácil conseguir un clamor para que se endurezca el castigo hasta el límite. Pero hay otro dato que a mí me parece monstruoso: aunque ha aumentado la sensibilidad respecto de los estudios anteriores, solo un 4,6% de los encuestados considera una preocupación principal la violencia machista. Y eso no lo arregla solo la política penitenciaria.
https://elpais.com/elpais/2018/02/07/eps/1518020811_577679.html
Veo al padre de Diana y al de Mari Luz Cortés (asesinada a los cinco años, en 2008) portando un cartel en el que anuncian el apoyo de dos millones de firmantes en una campaña a favor de mantener la llamada “prisión permanente revisable”. A efectos críticos, también denominada “cadena perpetua revisable”. Esta ley, muy cuestionada, entró en vigor en 2015, con el único apoyo conservador. Ahora, una mayoría parlamentaria plural estudia su derogación. Comprendo el activismo en este asunto de los padres de Diana y Mari Luz, como el de los familiares y personas cercanas a otras víctimas. Los sentimientos y las emociones no se pueden juzgar. Se respetan. Y se intenta compartir un dolor que se sabe oceánico.
Lo que no es tan comprensible es el aprovechamiento partidario de esas tragedias. Los líderes políticos, los gobernantes, tienen que escuchar siempre a la gente, y en especial tienen que “escuchar” el dolor. El dolor no aplaude. Y el liderazgo servicial tampoco cura. Pero esa presencia en el lugar del dolor, y en el momento necesario, contribuye a crear confianza. No es posible una democracia sin confianza básica. Pero la confianza, como la libertad, no es un arenque salado. Hay que ejercerla. Lo contrario, lo que crea desconfianza, es la explotación del dolor de las víctimas con fines sectarios. En este caso ha sido una maniobra demasiado obscena. La agitación del dolor para disputar unas décimas.
La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) guía a los políticos españoles como el calendario lunar a las plantas. La más reciente resultaba preocupante para la derecha gobernante. Por un lado, registraba una creciente inquietud por la corrupción, solo superada como problema por el paro. Por otro, apuntaba un alza espectacular de Ciudadanos. Los conservadores necesitaban un frame, un nuevo encuadre, un motivo para cambiar la conversación popular. Quizás alguien levantó la nariz hacia una estantería y se encontró con un título clásico: Crimen y castigo. ¡Ese era el framing, ese era el encuadre! Es un buen tocho, así que le cascaron con Dostoievski a Albert Rivera y compañía.
En los últimos años, los partidos que podríamos llamar tradicionales o más acomodados han situado, terrorismo aparte, como principal peligro de desestabilización al “populismo”. En España se utilizó de manera indiscriminada, con poco rigor, sobre todo para estigmatizar a Podemos, una fuerza que nunca fue xenófoba ni antieuropeísta. Al contrario, fue una de las organizaciones más activas en defender la acogida a los refugiados y en la lucha contra las desigualdades. El verdadero “populismo” es el que excita los instintos básicos de la gente. Por ejemplo, la cuestión del crimen y el castigo. La verdad es que España tiene una de las tasas más altas de encarcelamiento de la Unión Europea y los tiempos de las condenas y su cumplimiento suelen triplicar la media de los otros países de la región. Por eso algunos catedráticos en Derecho Penal han calificado esta operación política como un “populismo penitenciario”.
Cuando se detiene a un malo que parece el retrato del mal, cuando se nos representa como un monstruo, es fácil conseguir un clamor para que se endurezca el castigo hasta el límite. Pero hay otro dato que a mí me parece monstruoso: aunque ha aumentado la sensibilidad respecto de los estudios anteriores, solo un 4,6% de los encuestados considera una preocupación principal la violencia machista. Y eso no lo arregla solo la política penitenciaria.
https://elpais.com/elpais/2018/02/07/eps/1518020811_577679.html
miércoles, 31 de enero de 2018
España, por debajo de la media UE en comprensión lectora.
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Esta capacidad de los estudiantes españoles ha experimentado una mejora de 15 puntos desde el anterior informe
La comprensión lectora continúa siendo una de las asignaturas pendientes del sistema educativo español. Así lo señala el informe Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), un estudio elaborado cada 5 años por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) con el objetivo de analizar las habilidades de comprensión lectora de los alumnos que estudian el cuarto curso de su educación obligatoria. Según recoge el documento, nuestro país obtuvo, en función de los criterios que establece la investigación para esta materia, una valoración de 528 puntos. Una puntuación que se sitúa por encima del punto de referencia central de 500 que contempla el informe –establecido en la primera edición del estudio de 1995–, aunque aun notablemente por debajo de los 539 puntos de media de los 19 países de la UE participantes en el estudio, así como de los 540 puntos de promedio de los 24 países de la OCDE que fueron incluidos.
A pesar de estos datos, aún insuficientes, el informe destaca la progresión positiva que ha seguido nuestro país en este aspecto durante el último ciclo de estudio. De esta forma, la comprensión lectora de los estudiantes españoles ha experimentado una mejora de hasta 15 puntos desde el anterior informe PIRLS, pasando de una puntuación de 513 a los 528 actuales. Una evolución que contrasta con el aumento de tan solo 2 puntos de media entre los países de la OCDE seleccionados para el estudio, y que supone el segundo progreso más alto registrado entre todos estos estados.
Esta mejora con respecto a los datos registrados en el anterior ciclo de estudio también se percibe en cuanto a la proporción de estudiantes cuyo nivel de comprensión lectora es considerado “muy bajo”, es decir, con niveles inferiores a los 400 puntos. En este sentido, el informe registra un 3% de estudiantes españoles que presentan este tipo de dificultades. Un porcentaje que se ha reducido a la mitad desde 2011, y que nos ubica un punto porcentual por debajo del promedio OCDE y de la media total UE (ambas del 4%).
Por otro lado, al margen de esta tendencia significativamente positiva en aspectos ligados la inclusión educativa de los niños y niñas con mayores dificultades, la evolución de los datos en cuanto a porcentaje de alumnos en niveles avanzados de comprensión lectora continúa siendo deficiente. Tan solo un 6% de los estudiantes españoles obtienen una puntuación por encima de los 625, un porcentaje que contrasta con el 11% del total UE y con el 12% del promedio OCDE.
El desglose de los datos según comunidades autónomas –contemplando tan solo a aquellas que aumentaron su muestra de estudio para obtener resultados representativos propios-, señala cuatro regiones como las más destacadas: Madrid (549), Asturias (548), La Rioja (546) y Castilla y León (546), todas ellas con una puntuación por encima de la media de la UE y OCDE. Por debajo de este promedio se encuentran Andalucía (525), Cataluña (522) o País Vasco (517). Los porcentajes de alumnos más rezagados reflejan una concentración de los peores datos en las regiones con menores puntuaciones, presentando en todo caso proporciones muy similares a los promedios internacionales –destaca el 1% de las cuatro con mayor puntuación-. Mientras que los datos de porcentaje de alumnos excelentes no supera en ningún caso la media de la UE ni la OCDE.
El estudio también subraya las grandes diferencias de puntuación entre las alumnas y sus compañeros varones en prácticamente todos los países analizados. La variación en esta materia alcanza los 13 puntos en el promedio de la OCDE y los 11 puntos para la UE. En España esa diferencia según el género se reduce hasta los 8 puntos, una de las más bajas del informe.
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Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.
Fuente: http://ctxt.es/es/20180103/Firmas/17094/compresion-lectora-espana-UE-educacion.htm
miércoles, 20 de diciembre de 2017
_- El testamento vivo de Azcárate. Al cumplirse el centenario de la muerte de una de las figuras claves de la modernización de la educación en la España del cambio de siglo se impulsa la recuperación de su legado.
_- Desterrado en Cáceres, el jurista Gumersindo de Azcárate (León, 1840- Madrid, 1917) emprendió la redacción de un peculiar testamento cuatro décadas antes de su fallecimiento. No había acatado la directriz gubernamental de 1875 que exigía a los profesores universitarios que sus enseñanzas defendieran la monarquía y la religión católica y apelaba a la libertad de cátedra. No era la primera vez que se calentaba la “cuestión universitaria”, pero esta vez, en plena batalla por borrar el legado liberal del Sexenio Democrático y reinstaurar la monarquía borbónica, el Gobierno de Cánovas impuso el destierro a tres catedráticos: Nicolás Salmerón, Francisco Giner de los Ríos y el propio Azcárate, seguidores de los principios progresistas del alemán Karl Krause.
El calor del verano extremeño de 1875 —explicaba Azcárate en una carta a su colega Giner —le hacía añorar León y plantearse si debían “aguantar” o marchar al exilio extranjero. No hizo falta. El castigo gubernamental acabó pronto y al año siguiente impulsarían, junto a otros catedráticos, el nacimiento de uno de los pilares de la España moderna: la Institución Libre de Enseñanza.
En las cuatro décadas transcurridas desde la redacción del testamento ficticio hasta su muerte, de la que el viernes se cumplen 100 años, Azcárate y sus compañeros se emplearon en el avance y el progreso de un país convulso y atrasado. Calificado de san Gumersindo en un semanario satírico, o de un “Don Quijote vuelto a la cordura”, como le definió José Ortega y Gasset, el idealismo social y político, la irrenunciable fe en un cambio posible, fueron señas del infatigable Azcárate.
Este mes arrancan los homenajes a su legado en Madrid y León con la celebración de un seminario en la Fundación Sierra-Pambley (del 12 al 15 de diciembre Gumersindo de Azcárate, un leonés universal); la reedición de su obra Minuta de un testamento a cargo de Gonzalo Capellán de Miguel; y la celebración de debates en la sede de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, de Madrid, en torno a uno de los principios básicos de Azcárate: la tolerancia. “En el legado de la Institución está hablar de tolerancia y también de intolerancia. La nueva edición del libro de Azcárate sitúa esta obra en su contexto europeo”, apuntó José García-Velasco, presidente del patronato de esta fundación, en la presentación de Minuta de un testamento. Le acompañó Gonzalo Aguilera, decano del Colegio de Registradores, quien recordó que Azcárate fue letrado de la Dirección General de Registros antes de volcarse en la docencia y explicó que el colegio se ha aliado con la Institución Libre de Enseñanza en el homenaje. “Este libro es el testimonio de un modo de pensar, de la preocupación constante por la reforma social de España”, apuntó Aguilera.
Las críticas que recibió en su momento se incluyen en esta quinta edición de Minuta de un testamento, a medio camino entre un ensayo político, una obra de ficción y un tratado de reformas sociales que Azcárate presentó disfrazado como un manuscrito encontrado en el que un médico anónimo trata de poner orden en sus ideas, bienes y pareceres, a la vez que ofrece una recapitulación de su vida y del contexto político. En él plantea una visión personal y razonada del credo que defendió. El jurista fue un firme defensor de la separación entre Iglesia y Estado; promotor de leyes para poner coto a la usura (la ley Azcárate, que aún sigue en vigor y a la que se han remitido los tribunales en los últimos años a propósito de las cláusulas suelo); agente del Instituto de Reformas Sociales, que trataba de mejorar las condiciones de las clases pobres; pieza angular en la organización y desarrollo de los programas de estudio en el extranjero coordinados desde la Junta para la Ampliación de Estudios. Como apuntaba la necrológica que le dedicó el diario El Sol en 1917 (y que la leyenda atribuye a Ortega) “seguir a Azcárate —como seguir a Giner— es seguir hacia delante”.
LA GIMNASIA DE TOLERAR
JUAN CRUZ
Tolerar es una gimnasia del espíritu extremadamente exigente, porque obliga también a no tolerar lo intolerable. Este tiempo en el que vivimos ha dejado entrar, en el concepto de tolerancia, la idea de que todo está permitido. Y lo que está surgiendo es la falta de respeto al verdadero concepto de la tolerancia. La tolerancia es “la paciencia por comprender lo que el otro dice”, lo que permite el diálogo que impida “la degeneración, el desgénero humano”.
Emilio Lledó, filósofo, 90 años, que ha hecho del estudio de la ética la gimnasia de su vida, dijo todo eso anoche, lunes, a partir de la figura de Gumersindo de Azcárate y de su realización principal en el siglo XX: la enseñanza como punto de partida para la educación y para la convivencia. Solo la educación, dijo Lledó en la sede de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), nos puede defender de una sociedad que ha hecho del insulto y de la malversación de la libertad de expresión un elemento que convierte al ser humano en una amenaza del otro.
Partió el filósofo del libro Minuta de un testamento, de Azcárate. Lo había leído ya, en la edición que hace 50 años hizo de la misma obra el profesor Elías Díaz, allí presente, como el pintor Eduardo Arroyo, que ha hecho la cubierta de esta nueva edición publicada por la ILE y la Fundación Francisco Giner de los Ríos. Fue convocado el académico para un debate con los profesores Fernando Vallespín y Maribel Fierro. El primero subrayó, como Lledó, que la tolerancia no es una puerta que permita que entre todo el aire viciado que la sociedad ha de filtrar. Y la profesora Fierro se refirió a épocas pretéritas en que las tres culturas que convivieron también en la Península aceptaban convivencias ahora imposibles. Para Lledó, los malentendidos que hay acerca de la tolerancia han convertido en “un problema terrible” la deriva social en que ahora nada la definición de este concepto. Tanto Vallespín como él se refirieron a la libertad de expresión como uno de esos malentendidos que permite la laxitud con que se tolera lo intolerable. “No sirve de nada la libertad de expresión”, dijo Lledó, “si tan solo es útil para decir imbecilidades”.
Fuente:
https://elpais.com/cultura/2017/12/11/actualidad/1513019980_262994.html?rel=lom
El calor del verano extremeño de 1875 —explicaba Azcárate en una carta a su colega Giner —le hacía añorar León y plantearse si debían “aguantar” o marchar al exilio extranjero. No hizo falta. El castigo gubernamental acabó pronto y al año siguiente impulsarían, junto a otros catedráticos, el nacimiento de uno de los pilares de la España moderna: la Institución Libre de Enseñanza.
En las cuatro décadas transcurridas desde la redacción del testamento ficticio hasta su muerte, de la que el viernes se cumplen 100 años, Azcárate y sus compañeros se emplearon en el avance y el progreso de un país convulso y atrasado. Calificado de san Gumersindo en un semanario satírico, o de un “Don Quijote vuelto a la cordura”, como le definió José Ortega y Gasset, el idealismo social y político, la irrenunciable fe en un cambio posible, fueron señas del infatigable Azcárate.
Este mes arrancan los homenajes a su legado en Madrid y León con la celebración de un seminario en la Fundación Sierra-Pambley (del 12 al 15 de diciembre Gumersindo de Azcárate, un leonés universal); la reedición de su obra Minuta de un testamento a cargo de Gonzalo Capellán de Miguel; y la celebración de debates en la sede de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, de Madrid, en torno a uno de los principios básicos de Azcárate: la tolerancia. “En el legado de la Institución está hablar de tolerancia y también de intolerancia. La nueva edición del libro de Azcárate sitúa esta obra en su contexto europeo”, apuntó José García-Velasco, presidente del patronato de esta fundación, en la presentación de Minuta de un testamento. Le acompañó Gonzalo Aguilera, decano del Colegio de Registradores, quien recordó que Azcárate fue letrado de la Dirección General de Registros antes de volcarse en la docencia y explicó que el colegio se ha aliado con la Institución Libre de Enseñanza en el homenaje. “Este libro es el testimonio de un modo de pensar, de la preocupación constante por la reforma social de España”, apuntó Aguilera.
Las críticas que recibió en su momento se incluyen en esta quinta edición de Minuta de un testamento, a medio camino entre un ensayo político, una obra de ficción y un tratado de reformas sociales que Azcárate presentó disfrazado como un manuscrito encontrado en el que un médico anónimo trata de poner orden en sus ideas, bienes y pareceres, a la vez que ofrece una recapitulación de su vida y del contexto político. En él plantea una visión personal y razonada del credo que defendió. El jurista fue un firme defensor de la separación entre Iglesia y Estado; promotor de leyes para poner coto a la usura (la ley Azcárate, que aún sigue en vigor y a la que se han remitido los tribunales en los últimos años a propósito de las cláusulas suelo); agente del Instituto de Reformas Sociales, que trataba de mejorar las condiciones de las clases pobres; pieza angular en la organización y desarrollo de los programas de estudio en el extranjero coordinados desde la Junta para la Ampliación de Estudios. Como apuntaba la necrológica que le dedicó el diario El Sol en 1917 (y que la leyenda atribuye a Ortega) “seguir a Azcárate —como seguir a Giner— es seguir hacia delante”.
LA GIMNASIA DE TOLERAR
JUAN CRUZ
Tolerar es una gimnasia del espíritu extremadamente exigente, porque obliga también a no tolerar lo intolerable. Este tiempo en el que vivimos ha dejado entrar, en el concepto de tolerancia, la idea de que todo está permitido. Y lo que está surgiendo es la falta de respeto al verdadero concepto de la tolerancia. La tolerancia es “la paciencia por comprender lo que el otro dice”, lo que permite el diálogo que impida “la degeneración, el desgénero humano”.
Emilio Lledó, filósofo, 90 años, que ha hecho del estudio de la ética la gimnasia de su vida, dijo todo eso anoche, lunes, a partir de la figura de Gumersindo de Azcárate y de su realización principal en el siglo XX: la enseñanza como punto de partida para la educación y para la convivencia. Solo la educación, dijo Lledó en la sede de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), nos puede defender de una sociedad que ha hecho del insulto y de la malversación de la libertad de expresión un elemento que convierte al ser humano en una amenaza del otro.
Partió el filósofo del libro Minuta de un testamento, de Azcárate. Lo había leído ya, en la edición que hace 50 años hizo de la misma obra el profesor Elías Díaz, allí presente, como el pintor Eduardo Arroyo, que ha hecho la cubierta de esta nueva edición publicada por la ILE y la Fundación Francisco Giner de los Ríos. Fue convocado el académico para un debate con los profesores Fernando Vallespín y Maribel Fierro. El primero subrayó, como Lledó, que la tolerancia no es una puerta que permita que entre todo el aire viciado que la sociedad ha de filtrar. Y la profesora Fierro se refirió a épocas pretéritas en que las tres culturas que convivieron también en la Península aceptaban convivencias ahora imposibles. Para Lledó, los malentendidos que hay acerca de la tolerancia han convertido en “un problema terrible” la deriva social en que ahora nada la definición de este concepto. Tanto Vallespín como él se refirieron a la libertad de expresión como uno de esos malentendidos que permite la laxitud con que se tolera lo intolerable. “No sirve de nada la libertad de expresión”, dijo Lledó, “si tan solo es útil para decir imbecilidades”.
Fuente:
https://elpais.com/cultura/2017/12/11/actualidad/1513019980_262994.html?rel=lom
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