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lunes, 1 de enero de 2018

Un documental repasa los crímenes franquistas y pide justicia. En 'Lesa humanitat', una sucesión de afectados por los perjuicios del franquismo echan en falta que las autoridades hayan tomado cartas en el asunto.

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, se preguntaba el pasado 30 de noviembre por qué se le había cambiado el nombre a la calle de Pontevedra dedicada al almirante Salvador Moreno, participante en el golpe de Estado de 1936 y ministro de Marina durante los primeros años del franquismo.

De esta supuesta falta de conocimiento o del querer ignorar la ley de la memoria histórica, del silencio que lleva más de 80 años acompañando a buena parte de los crímenes del franquismo y de la necesidad de difundir esa realidad surge Lesa humanitat, el documental dirigido por Héctor Faver y narrado por el actor Eduard Fernández, que se puede ver en dos salas de cine a partir de hoy en Barcelona y del viernes, en Madrid.

Es una película coral con las voces de Soledad Luque, presidenta de la Asociación Todos los Niños Robados son También mis Niños; Carlos Slepoy, abogado impulsor de una jurisdicción universal que instruyó en Argentina la querella de las víctimas del franquismo; Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica; el jurista Baltasar Garzón y José María Chato Galante, preso y torturado durante la dictadura, entre otros. Todos ellas hilan un discurso común sobre las asignaturas pendientes que dejó el paso de la dictadura a la democracia, como los crímenes franquistas. “La Transición fue como si el aparato de Estado franquista pasase por un cristal como un rayo de sol, sin romperlo, sin manchar”, dice Chato Galante, que cifra en unos 140.000 los desaparecidos del franquismo.

Las mismas torturas
Este represaliado del franquismo recuerda que cuando estuvo en Argentina, en la tristemente famosa ESMA (Escuela Mecánica de la Armada), y alguno de los allí torturados le contaba sus experiencias, no podía más que rememorar las palizas y castigos que él recibía en España. Eran muy similares. Una razón más para sostener que la justicia debe ser universal, apunta.

La película repasa conocidos crímenes de lesa humanidad en el mundo, como los cometidos por los comunistas de los Jemeres Rojos en Camboya, y vincula, por ejemplo, el nazismo con el franquismo y las dictaduras latinoamericanas. Además, Soledad Luque sitúa el precedente del robo de recién nacidos en España a la práctica franquista de quitar los hijos a las madres republicanas encarceladas.

https://elpais.com/cultura/2017/12/18/actualidad/1513627148_355524.html

_- Reino de España: Diez años de fracaso de la ley de Memoria Histórica

_- Si hay un hecho que demuestra el fracaso de la llamada Ley de Memoria Histórica es que hoy, cuando se cumplen diez años de su entrada en vigor, el único partido que se niega a modificarla es el que manifestó una oposición frontal y beligerante a su aprobación. El PP, que acusaba en 2007 al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de reabrir heridas y de enfrentar a los españoles con esta iniciativa legislativa, se siente ahora tan cómodo con la Ley que no ha necesitado ni derogarla.

El propio presidente Rajoy se vanagloria públicamente de la estrategia que le ha permitido convertir en papel mojado sus 22 artículos y 11 disposiciones: "Para la Ley de Memoria Histórica la asignación presupuestaria en todos nuestros presupuestos ha sido cero. La media es cero. Fue cero todos los años. Cero".

Los juristas coinciden, no obstante, en que el problema de esta ley va más allá de la falta de voluntad política del gobierno de turno. El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explica a eldiario.es que "la redacción era ambigua y poco clara, pero sobre todo no resolvía el problema de fondo. Ya en el preámbulo se hablaba de reconciliación, de la utilización de métodos violentos para implantar regímenes totalitarios… pero no se culminaba la argumentación. Se hablaba de reconciliación sin querer admitir que lo que se produjo en nuestro país fue un asesinato masivo. Franco, Mola y Queipo de Llano, los tres principales cabecillas de la rebelión, dijeron, hasta por escrito, que su objetivo era exterminar a los disidentes, exterminar a quienes no pensaban como ellos. Hasta que no se admita eso, hasta que no se condene firmemente lo ocurrido y no se recuperen los valores constitucionales republicanos, este país tiene un problema".

Al analizar los datos de estos diez años se comprueba que el principal logro de la Ley ha sido conceder la nacionalidad española a los hijos y nietos del exilio. Gracias a esta medida, cerca de 340.000 descendientes de exiliados republicanos y combatientes de las Brigadas Internacionales han pasado a disponer de un pasaporte español, sin tener por ello que renunciar a la nacionalidad que ostentaran en ese momento. A partir de este único éxito, el resto de medidas se cuentan por fracasos o por tareas inconclusas.

Entre las segundas debemos incluir, en primer lugar, la erradicación de los símbolos franquistas. En los primeros años de aplicación de la Ley, todavía bajo Gobierno socialista, se retiraron más de 3.000 vestigios de la dictadura. El ritmo se ralentizó con la llegada de Rajoy a la Moncloa y pasó a depender, en buena medida, de la voluntad y el color político de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Calles, colegios, escudos...
A día de hoy la ley no ha impedido que decenas de ciudades y pueblos conserven calles, escudos y otros monumentos dedicados a destacados miembros de la dictadura. Si nos fijamos únicamente en los nombres de los colegios públicos, según el recuento realizado por eldiario.es, todavía hay más de 80 centros educativos que homenajean a figuras destacadas, y muchas veces sanguinarias, del franquismo.

La ley es tan interpretable que se han dado en estos años situaciones tan kafkianas como que dos juzgados dicten sentencias absolutamente contradictorias: mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León permitió al pueblo de San Leonardo de Yagüe conservar su denominación en recuerdo del tristemente célebre Carnicero de Badajoz, un juzgado de Badajoz obligó al municipio de Guadiana del Caudillo a retirar de su nombre la referencia al dictador (aunque el Ayuntamiento sigue sin dar cumplimiento a la sentencia).

La bienintencionada creación del Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca también se ha quedado a medio camino. El archivo que debía reunir todos los fondos documentales relacionados con la Guerra de España y la posterior dictadura carece de los mínimos medios materiales y humanos para realizar eficazmente su trabajo. Diez años después de su creación, los investigadores no solo deben esperar más de seis meses para recibir las copias de los documentos que solicitan en Salamanca, sino que tienen que seguir peregrinando por decenas de archivos militares y civiles en los que se encuentra desperdigada la documentación relacionada con la represión franquista.

Lleno de fracasos
Martín Pallín cree que uno de los grandes puntos negros de la Ley es que haya permitido que las sentencias dictadas por los tribunales franquistas no hayan sido anuladas: "La Ley habla de ilegitimidad, no de nulidad. Es cierto que cualquier chico en la Facultad de Derecho interpretaría que una sentencia dictada por un tribunal ilegítimo es radicalmente nula, pero este país… digamos que es un poco extraño en cuanto a la interpretación de la ley".

El magistrado emérito se extiende: "Por eso el Tribunal Supremo interpretó que no son nulas de pleno derecho. Eso choca con todo lo ocurrido en Alemania e Italia donde no se discute que las sentencias dictadas bajo los regímenes de Mussolini y de Hitler son radicalmente nulas".

Pallín cree que, además de a Italia y Alemania, España debería mirar hacia Argentina: "Allí derogaron parlamentariamente las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida que amparaban a los golpistas y a los asesinos. En estos momentos ya hay más de 300 represores en la cárcel. Aquí no propugno unas condenas como esas porque los responsables no viven y no tendría sentido, pero sí es necesaria una ruptura clara y rotunda con la dictadura como la que se ha hecho en Argentina".

En el debe de la ley también hay que anotar con tinta roja su absoluta ineficacia para avanzar en la apertura de las fosas comunes en que siguen yaciendo más de 100.000 demócratas asesinados por el franquismo. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), explica la raíz del problema en un artículo publicado en este diario: "La Ley hablaba de que las instituciones tenían que facilitar la búsqueda de desaparecidos, algo contrario a los derechos humanos porque en una democracia no deben facilitarse, sino que deben garantizarse".

Este importante matiz ha hecho que la búsqueda, exhumación e identificación de las víctimas dependa principalmente de los propios familiares y de las asociaciones memorialistas. Miles de hijos de los asesinados se han ido muriendo de viejos, en estos diez años, sin ver cumplido el deseo de recuperar los restos de sus seres queridos.

"Otro de los fracasos –añade Martín Pallín– es la situación del Valle de los Caídos. No saben qué hacer con él". Este problema, según las asociaciones memorialistas, lo creó el propio Gobierno socialista de Zapatero: "Ellos fueron los primeros en incumplir la ley –mantiene Emilio Silva–. Solo al final de la legislatura encargaron un informe sobre el Valle que presentaron poco antes de las elecciones.Estaba diseñado para dejarle la patata caliente al PP y luego poder echarle en cara que no lo llevaba a cabo".

Sea como fuere, la realidad es que 42 años después de la muerte del dictador, su cuerpo y el del fundador del partido fascista español siguen ocupando el lugar de honor en un monumento de diseño y arquitectura fascista en el que se exalta la dictadura. Junto a Franco y a José Antonio yacen miles de combatientes franquistas y un número indeterminado de republicanos que fueron trasladados desde fosas comunes sin el conocimiento ni, obviamente, el consentimiento de sus familiares. Unos familiares a los que se les sigue negando la posibilidad de recuperar los restos de sus seres queridos.

Otro de los puntos que marcaba la Ley y que ha sido incumplido es el de crear un censo de edificaciones y obras realizadas por los prisioneros políticos. En este punto, como en otros, solo el empuje de algunas comunidades autónomas ha permitido avanzar en el reconocimiento de los cientos de miles de esclavos esclavos que explotó el franquismo. La ARMH también recuerda que el texto, en vigor desde hace diez años, ignora otros aspectos fundamentales de la dictadura como fue el papel de la Iglesia, la represión de las mujeres, el robo de bebés, el expolio de los bienes de familias republicanas o la persecución de gais y lesbianas.

Un futuro incierto
El propio PSOE, que lideró la aprobación de la ley, cree que ha llegado el momento de la autocrítica y de la reforma. Odón Elorza reconoce a eldiario.es que "el texto tenía lagunas importantes, cuestiones sin abordar. Vamos con mucho retraso y asumimos nuestra parte de responsabilidad". Los socialistas han presentado una proposición de ley en el Congreso que va mucho más allá del texto aprobado en su día por Zapatero.

En ella sí contemplan, entre otras medidas, la nulidad de las sentencias franquistas, que sea el Estado el que asuma las exhumaciones o la creación de una Comisión de la Verdad. "Nosotros vamos en serio y no nos va a temblar el pulso a la hora de aprobar estas medidas. Otras direcciones políticas del PSOE no creyeron en la conveniencia de pisar el acelerador a fondo, nosotros sí. Ya no hay marcha atrás", afirma Elorza.

El propio diputado socialista es consciente de que su partido tiene en este tema un importante problema de credibilidad. Unidos Podemos y ERC recuerdan que el PSOE tuvo tiempo de aplicar todas estas iniciativas cuando gobernaba y temen que el equipo que lidera Pedro Sánchez acabe reculando como ya hizo Zapatero. Lo mismo creen las asociaciones memorialistas. Emilio Silva recuerda que "poco antes de que Zapatero ganara las elecciones, su número dos, Jesús Caldera, pidió una partida de un millón de euros para hacer pruebas de ADN y así identificar a los desaparecidos de las fosas. Cuando llegaron al Gobierno se olvidaron del tema. El PSOE dice una cosa cuando está en la oposición y la contraria cuando gobierna. Preferimos que se garanticen los derechos humanos cuando se tiene el poder de firma en el Boletín Oficial del Estado".

Como jurista, Martín Pallín no entra en esta disputa y prefiere centrarse en la filosofía que, a su juicio, debe impregnar una futura ley que pretenda paliar los defectos y cubrir las enormes lagunas de la actual: "La ley tiene que partir de una idea clara: el golpe de Estado no puede pervivir, ni ser justificado, ni comprendido, ni alabado por nadie, especialmente por ningún grupo político, sin que ello suponga caer en la ilegalidad".

Carlos Hernández Periodista, escritor y experto en comunicación empresarial y política; autor del libro "Los últimos españoles de Mauthausen". Comenzó su andadura profesional en Antena 3 TV como cronista parlamentario y, posteriormente, como corresponsal de guerra en Kosovo, Palestina, Afganistán e Iraq. Premio Víctor de la Serna al mejor periodista de 2003, concedido por la APM y el Ortega y Gasset de periodismo otorgado a los enviados especiales a Irak.

Fuente:
http://www.eldiario.es/sociedad/simbolos-financiacion-acabado-desmemoria-historica_0_723028328.html

miércoles, 30 de agosto de 2017

_- Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. España, entre los países con más víctimas de desapariciones forzadas.

_- Público.es

Más de 100.000 víctimas del franquismo y la Guerra Civil continúan en paradero desconocido. Amnistía Internacional recuerda que lejos de buscar mecanismos de reparación, el Gobierno español ni investiga ni deja investigar los crímenes.

"Una noche sacaron a mi madre de casa y se la llevaron mientras mi hermano y yo dormíamos. A mi padre le habían matado un mes antes; hoy sigue enterrado en una fosa común". Antonio Narváez tenía tres años cuando su madre desapareció. Ahora, a sus 83, sigue pidiendo justicia: "A ver si puedo juntarles y darles un entierro digno".

Los padres de Antonio forman parte de un registro fantasma, inexistente. No aparecen en ningún lado ni como víctimas ni como fallecidos. España tiene el dudoso honor de ser uno de los países con más víctimas de desapariciones forzadas. Según Amnistía Internacional, de los más de 114.000 crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y denunciados ante la Justicia, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas.

Cifras que, según el investigador de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha Miguel Ángel Rodríguez Arias, sitúan a España en segundo lugar en número de desaparecidos, sólo por detrás del régimen de Pol Pot en Camboya. Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este miércoles, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha convocado una protesta en Ponferrada a las 19.30 horas para denunciar que "no se puede llamar reconciliación a la decisión de abandonar los cadáveres de más de 100.000 personas asesinadas por los franquistas en las cunetas".

Por su parte, Amnistía presenta también este miércoles la campaña Nada es igual, si alguien desaparece con la que denuncia que en España se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. "En los últimos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo", destaca la ONG en un comunicado.

La organización recuerda que durante una visita a España en 2013, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas "se mostró especialmente preocupado por el cierre, archivo, paralización o mínima investigación de cualquier proceso para esclarecer y juzgar estos crímenes e instó al Estado español a investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas, así como a eliminar todos los obstáculos que pudieran impedir dichas investigaciones".

Con el Partido Popular en contra, el Congreso aprobó el pasado mes de mayo una Proposición No de Ley (PNL) con la que se instaba al Gobierno a “revitalizar” el contenido de la ley de la Memoria Histórica de 2007 y que, entre otros aspectos, asumiera las labores de localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres de víctimas de desaparición forzada. Como todas las PNL, esta tampoco tiene fuerza jurídica.

Amnistía también destaca la querella contra el franquismo interpuesta en 2010 en Argentina y cómo España ha evitado colaborar con la justicia argentina. "En dos oportunidades ha rechazado extraditar a los procesados a Argentina, ha negado información a la justicia de ese país y ha impedido que la jueza argentina María Servini a los 19 acusados, así como la toma de declaración de algunas víctimas y testigos", denuncia la ONG.

Para dar cuenta de los efectos en los familiares de los desaparecidos, la organización ha recurrido a series de ficción para preguntarse qué ocurriría si faltara alguno de sus personajes más emblemáticos, como Marge en Los Simpsons. Dentro sus acciones, Amnistía también ha puesto en marcha una recogida de firmas, que ya suma más de 189.000, para recordar al Gobierno y al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en particular que los casos de desaparición forzada siguen vigentes.

Con la campaña, la ONG también quiere poner el foco en otros países como Siria ─75.000 desaparecidos entre 2011 y 2016─ o México, donde, de acuerdo a datos del Gobierno, 32,096 personas se hallaban en paradero desconocido en junio de este mismo año. No son, ni mucho menos, los únicos con cifras alarmantes de desapariciones forzadas. Según datos de la ONU, desde 1980 siguen abiertos 44.159 casos en 91 estados. Sólo entre el 16 de mayo de 2015 y el 18 de mayo de 2016, se registraron 766 nuevos casos en 37 Estados.

Manifestación ante el Congreso
Coincidiendo con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las víctimas de bebés robados y adoptados ilegales han convocado una concentración a las 10.30 horas ante el Congreso para reivindicar que su causa se convierta en una "cuestión de Estado" con el propósito de que prime "la verdad, la justicia y la reparación".

En un comunicado, la plataforma "Camino de la Justicia", la asociación AVIDNA y el Observatorio Internacional para la defensa de los Derechos Humanos "Nuevo Ágora", explican que es la segunda concentración que convocan y destacan que la de este miércoles se celebrará tras "un año muy duro", en el que no han dejado de trabajar para lograr que se escuche su voz.

Denuncian que han tenido que "ejercer de detectives privados" para recopilar los documentos sobre sus causas y critican que no sea el Ministerio de Justicia y la Iglesia los que les entreguen documentos relativos a "nacimientos, historias clínicas u otros asuntos". Además, reiterarán su demanda de que se cree un banco de ADN y un censo de afectados y de víctimas, según las diferentes situaciones, entre las que figuran las de bebés robados, falsos biológicos o adopciones ilegales.

Fuente:
http://www.publico.es/espana/dia-internacional-victimas-desapariciones-forzadas-espana-paises-victimas-desapariciones-forzadas.html

sábado, 3 de junio de 2017

Pablo de Greiff, recuerda que el Estado debe atender “de forma urgente” las reclamaciones de las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista. La ONU respalda la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.

Cuarto Poder

“No puede justificarse hoy la falta de acción en este ámbito en un Estado de derecho”, ha subrayado Greiff tras pedir al Gobierno español que de cuenta de las medidas adoptadas para dar cumplimiento al informe presentado en 2014


El experto en Justicia Transicional de la ONU, el colombiano Pablo Greiff, ha recordado a España que el Estado debe atender “de forma urgente” los reclamos de las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y del posterior régimen franquista. “El Estado tiene una obligación de atender los derechos de las víctimas y sus familiares y poner fin al sufrimiento de miles de ellas quienes aún hoy (…) siguen sin saber dónde se encuentran los restos de sus seres queridos”, recalcó ayer Greiff en un comunicado.

Las declaraciones del relator especial de la ONU se producen tras la aprobación el pasado 10 de mayo por el Congreso de los Diputados de España de una proposición no de ley (no vinculante) que pide al Gobierno que impulse la aplicación de Ley de Memoria Histórica (2007) para resarcir a las víctimas del franquismo.

También aboga por que se proceda a exhumar los restos del dictador Francisco Franco y a trasladarlos fuera del monumento del Valle de los Caídos, cerca de Madrid. El relator especial de la ONU indicó que la proposición no de ley hace referencia a varias de las recomendaciones pendientes que le había presentado al Gobierno de España en su informe de 2014.

“Las exhumaciones y la identificación de los restos son medidas urgentes necesarias para el esclarecimiento de los hechos y actos importantes que contribuyen a la reparación de las víctimas y sus familiares”, explicó el experto.

Para Greiff, el Valle de los Caídos, por ejemplo, “sigue simbolizado la asimetría de antaño en la memoria colectiva de la guerra y las víctimas, y la más reciente falta de acción del Estado en favor de una memoria más objetiva e incluyente”, censuró.

El experto en derechos humanos señaló que, en su estado actual, el Valle de los Caídos “no proporciona ningún tipo de información para explicar la simbología franquista y fascista”, ni se explica quién fue José Antonio Primo de Rivera, “ni por qué Franco fue inhumado ahí sin ser víctima de la Guerra Civil”, sostuvo.

“Tampoco se explica que el Valle de los Caídos fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos bajo condiciones inhumanas, sobre los cuerpos de las casi 34.000 personas que ahí están inhumadas, ni que muchos restos fueron trasladados allí sin consentimiento o conocimiento de sus familiares”, expresó.

Greiff también recordó que la nulidad de las sentencias -incluyendo sentencias de muerte- adoptadas en violación de los principios fundamentales del derecho y del debido proceso durante la Guerra Civil y el franquismo (1939-1975) es otra de las medidas de reparación “pendientes y urgentes”.

“No puede justificarse hoy la falta de acción en este ámbito en un Estado de derecho,” resaltó el experto, quien pidió al Gobierno español que informe sobre las medidas tomadas para dar cumplimiento a las recomendaciones del informe presentado en 2014.

Fuente:
https://www.cuartopoder.es/espana/2017/05/20/la-onu-respalda-la-exhumacion-de-los-restos-de-franco-del-valle-de-los-caidos/

miércoles, 24 de mayo de 2017

Reflexiones para la memoria histórica. El cuidador de huesos.

La otra versión (Interviú)


Santiago Carcas Cuartero, zaragozano de 55 años, es de esas personas que impresionan a primera vista: recio, de blanca cabellera, conversación pausada y marcado acento aragonés; de esas personas que parecen francas desde el principio, que no hablan de lo que ignoran y que brindan una solución para los desastres. Lo suyo es la memoria histórica y una de sus máximas es que las exhumaciones de las víctimas de la represión franquista (las pocas que se siguen haciendo en España) se hagan bien, en condiciones óptimas, con el objetivo único de devolver a las familias los restos de sus fusilados. Es decir, debe primar la identificación, si no no merece la pena exhumar, salvo muy contadas excepciones.

Dice Santiago Carcas, presidente de la Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo (ARDF), que muchas veces los trabajos de recuperación de los restos se hacen rematadamente mal, algo que no trasciende, por lo general, a la opinión pública ni siquiera a los familiares de los fusilados.

Al hablar de los desastres de las exhumaciones, no puedo dejar pasar la oportunidad para referirme una vez más a la chapuza de las exhumaciones masivas llevadas a cabo en el cementerio de San Rafael de Málaga, entre 2006 y 2009, un asunto feo y doloroso para miles de familias que no se pudieron llevar a los suyos para enterrarlos en condiciones porque nunca se llegaron a identificar los restos. Con el apoyo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y la Universidad de Málaga, se sacaron de las fosas del cementerio los restos de casi 3.000 represaliados de los cerca de 5.000 que constan inhumados en fosas comunes en el camposanto malagueño. Esos restos fueron depositados en una gran urna, sobre la que se erigió una pirámide a modo de monumento. Según iban sacando los huesos, los fueron acumulando en casetas sin ventilación; muchos quedaron al aire libre, a merced de la lluvia y de los perros. Lo han denunciado personas que estuvieron allí, familiares y voluntarios en los trabajos de exhumación.

Pero volvamos a Santiago Carcas y a su asociación, creada en 2010, y con sede en Castellón, A Coruña y Zaragoza. La ARDF DESAPARECIDOS ha publicado el primer manual con directrices para proceder con garantías en las exhumaciones de restos de fusilados. “Me preparé a conciencia para mejorar el trato que se le daba a los restos mortales de las víctimas del franquismo, que todavía siguen siendo tratados como huesos, sin dignidad. La técnica científica de la que se presume deja mucho que desear. Ver en directo las exhumaciones es para las víctimas del franquismo vivas algo importantísimo, pero ellos desconocen las consecuencias que tiene el que envuelvan a sus familiares con papel de periódico y en plásticos; eso es algo que perjudica por entero el hallazgo de ADN viable para la identificación, que queda contaminado”, me cuenta el presidente de ARDF.

Cuando en 2015 se intentó localizar los restos de Miguel de Cervantes en la Iglesia de las Trinitarias de Madrid, Santiago me hizo una confesión: “Me muero de envidia. Cómo me gustaría que para intervenir en fosas comunes se siguiera el mismo protocolo”. Este experto tiene claro que las cosas se pueden hacer mejor. “No puede haber muertos de primera y muertos de segunda categoría. Para la localización de algunos ilustres españoles, como Cervantes –y a sabiendas de que no se sabía dónde se hallaba–, se usaron todas las protecciones posibles, como no puede ser de otra manera: guantes quirúrgicos, mascarillas, etc. Sin embargo, para las víctimas del franquismo no importa en qué condiciones se extraen los restos, incluso se dejan a la intemperie antes de extraer muestras para las analíticas de ADN”.

El dilema es este: ¿Es preferible exhumar a los fusilados pese a no identificarlos después con tal de sacarlos de las vergonzosas fosas franquistas? Los miembros de ARDF DESAPARECIDOS tienen claro que no, que el objetivo de la exhumación debe ser siempre intentar identificar a quién pertenecen esos restos y devolverlos a los familiares. “Ese es el espíritu de la Memoria Histórica, el de la reposición ­–dice Carcas –. Se ha desvirtuado ese espíritu. Existen algunas asociaciones que exhuman a troche y moche, ofertando cursillos que pagan los voluntarios, recibiendo subvenciones europeas. Son una especie de cazadores de huesos, que no respetan la dignidad de las restos. Estas entidades han llegado a publicar incluso fotos donde se detecta la mala praxis. Eso nos avergüenza y entristece a los que nos dedicamos en serio a esto, a los que llevamos buena parte de nuestra vida luchando por la reparación”.

En 1987 fue abierta la fosa común del cementerio del pueblo zaragozano de Mallén, donde se hallaban tres hermanos de la familia Pérez Matute. Dos años después, en otra exhumación en Pedrola, una localidad cercana, apareció Emilia, hermana de los anteriores. La familia estaba casi al completo. Todos ellos eran hermanos de la abuela de Santiago Carcas, Felisa, esposa del alcalde socialista de Boquiñeni (Zaragoza). “Es una historia muy triste, como la de millones de represaliados, que durante décadas se negaron a hablar, a contar a sus descendientes el horror vivido, perpetuando, a su pesar, el relato de los vencedores. Yo estuve grabando en vídeo a mi tía Mercedes y a mi madre y otros parientes, y así fui recuperando un relato, nuestra historia familiar y un retazo de la historia de España”, dice Carcas.

El otro día Santiago me dejó un mensaje: “No te lo vas a creer, Ana, pero ayer mismo hallé a otro hermano de mi abuela, también fusilado en Mallén: Máximo Pérez Matute. Pero no sé dónde está enterrado, no aparece en ningún papel”. Estaba ilusionado Santiago. Lleva mucho tiempo intentando recomponer esa historia familiar a través de archivos, partidas de nacimiento, de defunción, de bautismo, etc. “Mis tías mayores, las hermanas de mi madre, estuvieron en la cárcel de Torrero (Zaragoza), tendrían 14 y 15 años, les cortaron el pelo al uno. Las hijas pequeñas de mi abuela Felisa, mi madre incluida, han crecido sin poder contar la totalidad de aquella barbarie. Nadie quería hablar, nadie quería preguntar”.

Santiago Carcas es técnico en exhumaciones; ha estudiado, sin llegar a licenciarse, antropología y arqueología y un máster en Genética en la Universidad Complutense de Madrid. Su colaboradora Ángela Piñeiro, secretaria general de la asociación, es además médica genetista. “El secreto del éxito de nuestra asociación es que somos un grupo de técnicos, sabemos lo que hacemos. Hay especialistas con cargos dentro de la asociación, como son Begoña Hermida en Galicia, Mariví Pastor en Aragón, Laura Gil en Castellón, Nuria Martínez en Valencia. Hemos participado, y seguimos haciéndolo, en el asesoramiento de los distintos anteproyectos de Ley autonómicos referentes a Memoria Democrática, ya creados o que lo serán próximamente, como son los casos de Valencia, Castilla la Mancha, Aragón, Gran Canaria y Galicia”.

Desde 2012, la Asociación para la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo ha participado en una docena de trabajos en fosas comunes en Aragón, La Rioja, Castilla la Mancha y Teruel. Eran los tiempos en los que había dotación presupuestaria para la Ley de la Memoria Histórica. Pese a que el gobierno no pone un euro para exhumaciones, a la ARDF DESAPARECIDOS no le falta el trabajo: “Hemos asesorado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Cabildo, y tenemos pendiente una solicitud de exhumación en el cementerio de la ciudad. También hemos localizado posibles fosas comunes, como la del municipio de El Toro en Castellón; estamos prospectando la zona de los Barrancos de Castellón en busca de evidencias del genocidio franquista. Tenemos investigadas y preparadas para su exhumación tres fosas comunes en Guitiriz (Lugo) y en San Vicente de Fervenzas y Vilarraso en A Coruña, a la espera de que los políticos de turno se dignen a colaborar para poder recuperar a las víctimas del franquismo”.

Queda mucho por hacer. Sirva este pequeño homenaje a los que, como Santiago Carcas, se empeñan en remover la tierra para rescatar del olvido a los que un día desaparecieron por sus ideas democráticas.

Fuente:

http://blogs.interviu.es/laotraversion/2017/05/04/el-cuidador-de-huesos-reflexiones-para-la-memoria-historica/

martes, 24 de enero de 2017

La incómoda memoria de Atocha

Agustín Moreno
Cuarto Poder


Si el eco de su voz se debilita, pereceremos.



Aún era de noche a las 7 de la mañana del 25 de enero de 1977. Varios militantes de las aún ilegales comisiones obreras de la construcción habían quedado frente al hospital Gómez Ulla, cerca del metro de Carabanchel, para repartir panfletos en las obras de la zona. La noticia, que ya recogían las primeras ediciones de los periódicos, fue un mazazo: “Matanza en un despacho de abogados de la calle Atocha”. Los cuatro compañeros conocían bien aquel despacho. En él y en otros de laboralistas les llevaban pleitos por despidos o reclamaciones salariales y les defendían en procesos por actividades antifranquistas ante el Tribunal de Orden Público.

Tras el aturdimiento por la información, la decisión fue rápida, como una manera de conjurar la rabia. Se dirigieron a las obras que pensaban recorrer en el barrio a medio construir de Aluche. En vez de ir dando los boletines de CCOO de la construcción sobre el convenio y las próximas huelgas, fueron informando del crimen. Yo era uno de ellos y nunca olvidaré la respuesta de los trabajadores: se quedaban paralizados ante la información, iban dejando caer las herramientas al suelo y las obras, una tras otra, quedaban paradas. Estas huelgas espontáneas, a iniciativa de un grupo de militantes, ponían de manifiesto el prestigio social de los abogados laboralistas, el nivel de conciencia obrera existente al final del franquismo y las ansias de libertad.

Las consecuencias políticas de aquel atentado realizado por un grupo fascista de la ultraderecha que seguía empeñada en asegurar el franquismo fueron varias. La respuesta de masas que dieron el PCE y CCOO ayudó a dinamizar el proceso democratizador hasta el punto de que, si bien Franco murió en la cama, se podría afirmar que el franquismo murió en la calle en aquella impresionante manifestación de duelo, serenidad y determinación obrera y ciudadana [vídeo, abajo]. En Semana Santa se legalizó el PCE, los sindicatos obreros en vísperas del 1 de Mayo y, en junio, se celebraron elecciones democráticas.

Pero el atentado también cuestiona el modelo canónico de transición idealizada por el supuesto consenso, hasta el punto de poder pensar que fue una transición acordada con una pistola en la sien, en la que hubo casi 600 muertos por la violencia política e institucional. Lo cierto es que las fuerzas democráticas se vieron sometidas al chantaje de la violencia y a tener que decidir entre una democracia de baja intensidad o el alargamiento del proceso de conquista de las libertades.

Atocha ha sido un espejo que quemaba a muchos políticos. Alejandro Ruiz-Huerta, sobreviviente de los atentados de Atocha, tituló su libro, escrito 25 años después de los hechos,  La memoria incómodaSeñalaba que era “un título acaso inquietante, pero que es referencia de todo lo que significaron aquellos hechos en el umbral de la transición”. En el epílogo señalaba: “25 años después podemos decir que hemos pasado de la memoria silenciada a la memoria germinada”. Parece que así ha sido, pero hay que seguir regando estos brotes que van germinando para que no vuelvan a quedar relegados al silencio y al olvido.

La memoria es un compromiso ético.
Hay que reivindicar el uso público de la historia, que diría Jürgen Habermas, para devolver la memoria histórica a los escenarios de la vida social, y uno de ellos es la escuela. Por ello nos metimos con el tema de Atocha en las aulas. Junto con mi amigo Javier Soria, realizamos una experiencia con motivo del 30 aniversario con el alumnado de 4º de ESO del instituto Salvador Allende de Fuenlabrada. Investigamos lo sucedido, proyectamos “Siete días de enero”, de Juan Antonio Bardem, recorrimos los lugares de los hechos (Atocha 55, El abrazo de Juan Genovés en Antón Martín, Sindicato vertical, Salesas, Fundación Abogados de Atocha). El colofón fue un encuentro con Alejandro Ruiz-Huerta y la elaboración un vídeo de 50 minutos, que aún sigo usando para tratar nuestra Historia reciente. Abordamos la transición acercándonos a los hechos con objetividad, que no con neutralidad, para formar ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos con la mejora de su sociedad, no mera mano de obra para el mercado. También organizamos un curso de formación sobre memoria histórica con otros institutos de Fuenlabrada en el que íbamos a presentar la experiencia. Pero fue prohibido por el gobierno de Esperanza Aguirre.

Esta prohibición fue una auténtica vergüenza que nos obligó a realizar el curso al margen de la administración educativa. Y un ejemplo más de las resistencias de la derecha a esta cuestión. Son numerosos los incumplimientos de la Ley de Memoria Histórica e incluso la burla a los familiares de las víctimas, como hizo el desvergonzado Rafael Hernando. Lo más reciente es  la negativa del alcalde del PP de Casasimarro (Cuenca) a colocar una placa en un parque con el nombre de una de las víctimas de Atocha, Ángel Rodríguez Leal, natural del pueblo. Su argumento no puede ser más peregrino: “No herir sensibilidades”. Es lo que he dado en llamar el negacionismo del Partido Popular.

Estas resistencias reflejan la textura moral de la derecha.
Lo que dijo Juan Gelman al recibir el premio Cervantes sintetiza lo que significa su actitud:

“Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la justicia. Sólo así es posible el olvido ciudadano (…) Y sospecho que no pocos de quienes preconizan la destitución del pasado en general, en realidad quieren la destitución de su pasado en particular”.

Gelman sabía bien de lo que hablaba, pues su hija, su hijo y su nuera fueron secuestrados y asesinados por la dictadura argentina, y tuvo la suerte de recuperar una nieta robada. De ahí su empeño, como el de muchos, en defender que la memoria es una forma inevitable de justicia.

Fuente:
http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2017/01/18/1796/1796

Más: Salce Elvira ¡Hace ya 40 años del asesinato de los abogados de Atocha!
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/hace-40-anos-asesinato-abogados-atocha/20170119152619135792.html

domingo, 27 de noviembre de 2016

Juan Diego Botto: “Marcos Ana era lo que este país debería haber sido”. Cientos de personas despiden al poeta que pasó 23 años en las cárceles franquistas

Fueron tantos, que no cabían todos. Muchos aguardaron bajo la lluvia su turno para poder despedirse. El auditorio madrileño Marcelino Camacho se ha llenado esta tarde de gente que quería o admiraba a Marcos Ana, el preso político que más tiempo pasó en las cárceles franquistas, 23 años. Falleció el pasado jueves, ya cumplidos los 96, y pese a su avanzada edad, uno de los comentarios más repetidos en el homenaje de esta tarde ha sido la sorpresa que les había causado su muerte. El líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, ha recordado que el poeta era el último en irse de todas las manifestaciones. "Pensábamos que era eterno", ha dicho el secretario general del Partido Comunista, José Luis Centella. En el centro del escenario, cubrían el ataúd de Marcos Ana dos banderas: la republicana y la roja.

Juan Diego Botto ha recitado, muy emocionado, el poema que da título a la autobiografía de Marcos Ana, Decidme cómo es un árbol. "Es un hombre que permitió que este país pudiera mirarse a la cara y sostenerse la mirada. Porque él es lo que este país debería haber sido", ha añadido el actor de origen argentino.

Marcos Ana se hizo poeta en la cárcel. Escribía en el revés del plato de la comida y se apañaba para sacar sus poemas de prisión con la ayuda de un guardia o haciendo que otro preso que iba a salir en libertad memorizara los versos. Poetas en el exilio, como Rafael Alberti, y el comité de ayuda a los presos ayudaron a difundir su obra. Cuando salió de la cárcel, en 1961, dedicó todos sus años de libertad a homenajear a sus compañeros presos, especialmente, a los que no lograron salir de la cárcel porque murieron antes de hambre, de frío o fueron ejecutados por el Régimen.

La cantautora Lucía Sócam ha intepretado durante el homenaje un poema que Blas de Otero compuso para Marcos Ana cuando el poeta cumplió 22 años entre rejas.

El ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha leído sobre el escenario fragmentos de este discurso del poeta: "Conocí, como tantos compañeros, la pérdida de la libertad. Sufrí la tortura, viví al borde de la muerte... podía haberme convertido en una bestia, pero al contrario, mi experiencia personal me llevó a la conclusión de que nunca sería capaz de ejercer la violencia contra nadie precisamente porque la he sufrido. La única venganza a la que yo aspiro es ver triunfando algún día los nobles ideales por los que yo he luchado y por los que miles de demócratas antifranquistas perdieron su vida o su libertad".

Uno de los momentos más emotivos ha sido cuando el hijo del poeta ha recitado, junto al ataúd de su padre, sus versos. "El mejor homenaje que le puedo hacer es leer un poema suyo. Los he leído muchas veces, pero creo que él nunca me oyó". Durante una entrevista con este diario, Marcos Ana explicaba que el peor momento de su vida en prisión eran los días de visita, cuando veía a sus compañeros presos abrazar a sus niños. "A mí se me caían las lágrimas pensando que yo nunca iba a tener eso. Mi hijo ha sido, sin ninguna duda, el amor de mi vida", decía. Fue Vida Sender, hija de unos anarquistas aragoneses, la mujer que le permitió cumplir el sueño de ser padre tras salir en libertad, en 1961. Hoy, en el auditorio Marcelino Camacho, apretaba emocionada la mano de su hijo, que también se llama Marcos, y es documentalista.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se acercaron durante el día al auditorio para despedir al poeta. Durante el homenaje, esta tarde, dirigentes del Partido Comunista han incluido referencias a Fidel Castro, fallecido este viernes. Entre el público había militantes del Partido Comunista, de Izquierda Unida y representantes del mundo de la cultura, como Luis García Montero o Almudena Grandes. La actriz Pilar Bardem, también muy emocionada, recordaba así al poeta: "Su corazón era su casa y la tenía abierta a todos. Marcos no ha muerto, sois todos vosotros, todos los jóvenes que tenéis que seguir luchando contra las injusticias, para que ningún viejecito muera de frío".

Alberto Garzón, de Izquierda Unida, ha alabado la poesía militante de Marcos Ana, y ha lamentado que haya jóvenes que no conozcan su vida y obra. El poeta dedicó precisamente su último libro, escrito en 2013, en el contexto de la crisis económica, "a la juventud". Su título: Vale la pena luchar.

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/11/26/actualidad/1480185432_869998.html

“A Marcos Ana”

¡Ah de la vida! ¿Nadie me responde?
Quevedo

No hablo por hablar. Escribo
hablando sencillamente:
como en un cantar de amigo.

Nãzim, Marcos, Lina Odena,
Nina van Zandt, compañeros,
en la libertad más bella.

La libertad del que forja
un pueblo libre: Miguel
Hernández cavó la aurora.

¡Ah de la vida! Preguntas
a tientas: «el mar», «el campo»…
Las olas se han vuelto mudas.

Veintidós años… Decidme
cómo es un árbol. Quién silba
arriba en el aire libre.

Quién me recuerda. Quién llama
desde el fondo de una mina.
Espaciosa y triste España.

La libertad por el suelo.
Tú la levantas, la apoyas
en el hombro del obrero.

El olivo y las espigas
te dan la mano, se pasan,
brisa a brisa, la consigna.

Como en un cantar de amigo,
escribo lo que me dictan
la fábrica y el olivo.

Blas de Otero

De: “Que trata de España” – 1960-1964 Recogido en “Blas de Otero – Obra Completa” – 1935 – 1977 Ed. Galaxia Gutenberg – 2013©

Blas de Otero Muñoz nació en Bilbao, el 15 de marzo de 1916.
Miembro de la llamada Generación de los 50′, fue uno de los principales representantes de la poesía social o la conocida como poesía desarraigada, fruto de los tiempos duros que le tocó vivir, la guerra civil española y la terrible dictadura franquista.
Fue un duro opositor de la dictadura franquista, que vio nacer, crecer y morir, lucha que fue constante hasta el final de su vida. Anheló y cantó la democracia durante 40 años, aunque no llegó a ver completamente realizado su sueño, murió en Majadahonda, Madrid el 29 de junio de 1979.

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Marcos Ana, comentó que estando en prisión, le llegó desde fuera el sonido de una melodía que le gustó especialmente, cuando salió la buscó y al fin un día díó con ella; resultó ser Candilejas de Charles Chaplin. Aquí la tenéis.

martes, 23 de agosto de 2016

El genocidio franquista según el profesor Daniel Feierstein. "Parte del objetivo de la Transición fue que no se transformara el orden que levantó el genocidio franquista"

Daniel Feierstein es uno de los mayores expertos en el estudio y análisis de las prácticas genocidas que asolaron al mundo en el siglo XX.

Daniel Feierstein es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesor titular de la cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos A., y como director del Centro de Estudios sobre Genocidio y de la Maestría en Diversidad Cultural, ambos en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Es experto independiente por las Naciones Unidas para la elaboración de las Bases de un Plan Nacional de Derechos Humanos argentino.- CHRISTIAN GONZÁLEZ

MADRID.- Describir la trayectoria profesional de Daniel Feierstein (Buenos Aires, Argentina, 1967) ocuparía más líneas que paciencia tiene el lector para leer cargos, títulos y publicaciones varias. Una manera breve de resumir la importancia del personaje pasa por señalar que Feierstein es uno de los mayores expertos en el estudio y explicación de las prácticas genocidas que asolaron al mundo durante el siglo XX.

Recibe a Público antes de participar en una mesa redonda en la librería Traficantes de Sueños de Madrid sobre los crímenes de la dictadura franquista. Antes de llegar a la capital de España ha ofrecido conferencias en Londres, Atenas y Barcelona, entre otros lugares. La conversación con Fierstein, no obstante, corre el riesgo de derivar en complejos conceptos y referencias a tratados internacionales y/o convenciones de las Naciones Unidas. Es un riesgo.

El objetivo de la entrevista, sin embargo, pasa por aclarar conceptos básicos y fundamentales para conocer más y mejor la historia reciente de España.

¿Qué es un genocidio? ¿Cometió el franquismo un genocidio en España? ¿Repercute en la actualidad española aquel genocidio?
Sin duda. En los dos sentidos: en el sociológico y en el jurídico. En el sociológico, el eje del genocidio es la destrucción de la identidad de un pueblo y creo que está muy claro que en el caso español se buscó destruir la identidad del pueblo español. Y en el sentido jurídico del término también se puede decir que existió un genocidio porque la Convención sobre Genocidio de la ONU incluye la intención de la destrucción parcial de un grupo nacional. Y aún cuando no deja claro si el grupo nacional puede ser el mismo entre los perpetradores y las víctimas, y está abierto a interpretación, creo que en el caso español es absolutamente interpretable que el objetivo del franquismo fue destruir parcialmente el grupo nacional español. Querían transformar España a través del terror.

La Convención sobre el genocidio señala que se trata de la destrucción total o parcial de un "grupo nacional, étnico, racial o religioso". Hay quien interpreta que en España no hubo genocidio porque se trata de una lucha fratricida entre miembros de un mismo grupo nacional.

Exacto. Esa es la discusión. Pero la idea de que hay dos grupos es la idea del genocida. Todos los genocidios siempre se implementaron para transformar al propio grupo. El nazismo pretendió transformar Alemania y después transformar a Europa. Y convencer a la población de que había determinados grupos que no formaban parte del grupo nacional. Y esto fue lo que sucedió en España. Los genocidas planteaban que los rojos no formaban parte del grupo y por eso tenían que ser expulsados, erradicados. Todos los genocidios son intentos de transformar al propio grupo.

El Gobierno español y la Justicia han dicho que en España no hubo genocidio. Y ante esta posición parece que estamos ante el eterno debate de dos posturas enfrentadas y sin una verdad.

¿Cómo explicar que sí hubo un genocidio?
El Gobierno español impide la discusión. Para decir que sí o que no hubo un genocidio hay que abrir las causas y un Tribunal tiene que analizar las evidencias, escuchar a los testigos, que pueda tomar pruebas históricas del caso y luego, analizando la Convención sobre Genocidio, dirimir si lo hubo o si no lo hubo. Cuando alguien impide la discusión no está diciendo que no hubo genocidio sino que lo que está diciendo es que no se puede discutir el asunto.

¿El genocidio es sólo el asesinato de miles de personas?
"Los genocidas planteaban que los rojos no formaban parte del grupo y, por eso tenían que ser expulsados, erradicados". El genocidio es principalmente la matanza de miembros del grupo pero tiene cinco acciones:

1. La matanza;

2. El sometimiento del grupo a condiciones que provoquen su destrucción;

3. Las lesiones al grupo tanto físicas como psíquicas;

4. Impedir los nacimientos dentro del grupo; y

5. Transferir los hijos del grupo que sufre la represión al otro grupo que la aplica.

En España se han dado las cinco acciones. Hay genocidios, condenados, que sólo han implementado dos o tres de estas acciones. España implementó los cinco ejes de la Convención de la ONU. Por eso, la decisión de la Audiencia Nacional contraviene toda la normativa internacional. Habría que revisarla y ponerlo a discusión con juristas internacionales.

Un argumento habitual es que la izquierda también cometió asesinatos y que, por tanto, también habría cometido un genocidio. La gran diferencia es el control del monopolio de la violencia. Esto es: quién tiene la capacidad de llevar a cabo determinadas acciones organizadas sistemáticamente. En estos casos, hay dos cuestiones a analizar.

1. La primera es si había un aparato de poder con la capacidad de monopolio de la violencia para implementar esas acciones genocidas.

2. En segundo término, tener en cuenta el riesgo que implica equiparar las acciones de quienes llevan a cabo un plan sistemático de destrucción de quienes resisten ese plan sistemático de destrucción.

Esta equivalencia es muy dañina para la sociedad porque pone en un plano de igualdad lo que de ninguna manera puede ser igual.

En España lo que había era un gobierno democrático elegido por la población con su determinado porcentaje de votos y una oposición, que disentía de este Gobierno y apostaba por otra opción política con un determinado porcentaje de voto. En esta situación, hubo un golpe de Estado militar que a través de la violencia y el terror intenta destruir esa experiencia política. Estas dos situaciones no son equivalentes. Lo que no quiere decir que no tenga que ser revisado políticamente, moralmente, las acciones de la República española o de determinados grupos de izquierdas que defendían a la República. Creo que sí merece ser revisado, pero que la Justicia no es el lugar, pero sí un debate político que puede ser enriquecedor.

¿Se puede afirmar, sin ninguna duda, de que las élites militares y políticas que prepararon el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 tenían un "plan sistemático de destrucción" del adversario?
Sin duda. Está muy claro. Es un trabajo de la Justicia el comenzar a revisar documentos militares del franquismo y comenzar a abrirlos a la discusión para ver el papel que tuvo el terror en esta transformación social que acometieron. Dice que el objetivo de un genocidio es eliminar la identidad de un pueblo e imponerle la identidad de las élites.

¿España sufre aún los efectos de ese genocidio de hace 80 años y de la imposición de la identidad de la élite al pueblo?
España es uno de los casos paradigmático donde se siente el efecto en la actualidad. Todo genocidio tiene sus niveles de efectividad y de logros, pero me parece que el caso español destaca por la imposibilidad de abrir la discusión. España y Turquía son los dos casos donde fue más difícil abrir una discusión colectiva. No sólo jurídica. Sino incluso una discusión social y política sobre lo que ocurrió. Esto tiene que ver con varios efectos: lo extensa de la dictadura franquista, que atravesó a varias generaciones. El otro elemento que no se tomó en cuenta suficientemente es la importancia de la apropiación sistemática de menores que se calcula en no menos de 30.000 casos. Es inconcebible. En Argentina hubo alrededor de 500 y se considera una barbaridad. Esto es importante porque atraviesa con el terror a toda la segunda generación. De tener siempre la duda con el origen. Es un elemento fundamental para entender el silencio de la Transición. La mayoría de los casos históricos logran determinados efectos pero cuando termina el régimen que lo implementó comienzan a abrirse discusiones a veces con la posibilidad de plantear acciones jurídicas.

"España tiene una gran oportunidad ante sí para poner en cuestión todo ese proceso de la Transición"

En España hasta los 90 no se abrieron con cierta fuerza los debates sobre el pasado. Tenemos 20 años de Transición con una especie de pacto de silencio particularmente emblemático. Es algo para revisar en el presente y plantearse cuáles fueron los elementos del caso español que generaron tanto nivel de silencio y aún hoy tanta insistencia en que no hay que mirar para atrás, en que la Transición debe ser rescatada, que fue el modo de pacificar el país... Estas peticiones consisten en asumir los objetivos de los genocidas muchos años después y dentro de un un régimen muy distinto de lo que fue el régimen genocida.

¿Una de las consecuencias es que esas mismas élites pueden seguir en una situación de poder privilegiada que se ganó con las armas durante la Guerra Civil?
Sí. Pero el poder no es sólo seguir gobernando. Se trata de que la transformación de la sociedad no se toca. En ningún nivel. En general, podríamos decir que ha sido difícil tocar las transformaciones de la sociedad después de un proceso genocida. Parte del objetivo de la Transición fue que no fuera transformado el orden económico, que no fuera transformada la Justicia, el orden político... que los cimientos que levantó el genocidio a través del terror no se puedan discutir.
Y eso está en la base de la idea de la reconciliación.

Siempre plantean la reconciliación en los términos del genocida, que no se pueda tocar o cuestionar nada de lo que el genocidio construyó. Este es el desafío fundamental para la sociedad española: el revisar toda la estructura concebida por las autoridades genocidas.

Un ejemplo: cuando finaliza la dictadura de Argentina los organismos de derechos humanos señalaron que había que dar de baja a todos los jueces, a todos los funcionarios que habían trabajado en relaciones exteriores avalando al gobierno militar. A toda la estructura del Estado que habían participado en el genocidio. Esto implicaba poner en cuestión el aparato y el presidente, que era Alfonsín, dijo que no había suficientes jueces para nombrar si había que sustituir a los jueces que habían colaborado. La respuesta de los organismos de derechos humanos fue muy sólida. Les dijo que cualquier estudiante, cualquier abogado joven sería infinitamente mejor que un juez que había desarrollado su acción durante un genocidio. Este es el gran desafío para cualquier sociedad tras un proceso genocida.

Ahora se habla mucho de cambio político, ¿es necesario revisar nuestro pasado para poder cambiar España?
España tiene una gran oportunidad ante sí para poner en cuestión todo ese proceso de Transición. La pregunta es si esa oportunidad va a ser aprovechada o no. Si este nuevo proceso lo que va a hacer es simplemente cambiar algunos discursos y sostener esa estructura de impunidad y esa estructura política construida por el terror o si se va a animar a abrir la discusión y a ponerlo en cuestión. Ese es el gran desafío de España en el presente. Puede ser una oportunidad. La estructura política española ha comenzado a estar en jaque y la pregunta es si habrá fuerza política para ponerla realmente en cuestión. Ese es el desafío del presente. "Apelan a ese terror. La pregunta es si ese terror seguirá siendo efectivo o no cuarenta años después del fin del régimen de terror"

Desde el Partido Popular están lanzando el mensaje de que cuidado que vienen los rojos, los comunistas, los radicales, en definitiva. ¿Esto tiene que ver con aquel genocidio fundacional del que habla?
Claro. Es apelar a ese terror. La pregunta es si ese terror seguirá siendo efectivo o no cuarenta años después del fin del régimen de terror. Hay dos generaciones, como mínimo, actuando más. Este es el gran desafío.

Apelan al terror de hace 80 años, pero, ¿será efectivo aún?
La trampa sería si esos sectores políticos que reciben los ataques quisieran desprenderse de esa actuación y tratar de pactar con los autores ideológicos de ese proceso genocida para demostrar que no son disruptivos y que no van a llevar a cabo ninguna transformación ni a poner en cuestión el orden político de la Transición.

En España, para las víctimas de la dictadura y las asociaciones memorialistas, Argentina es una referencia. No sólo porque ha abierto la única causa judicial que investiga a la dictadura de Franco sino porque están revisando y juzgando su propio pasado.

¿Qué está pasando ahora con este proceso con el Gobierno de Macri?
 El Gobierno de Macri es un retroceso en Argentina e implica un intento de destruir algunas conquistas de la última década. No obstante, en este campo precisamente, las conquistas no han sido realizadas por un gobierno y sí por una lucha social. Por tanto, les resulta más difícil revertirlo. Ha habido un desmantelamiento de algunas áreas específicas o el intento de reponer a algunos represores en puestos públicos, pero no ha sido Macri el único. El jefe del Ejército del gobierno anterior tenía vínculos con el régimen genocida también. Me resulta llamativo, en el buen sentido, pese al retroceso que implica el gobierno de Macri, que no se ha puesto en cuestión el proceso de juzgamiento porque tiene un nivel de apoyo popular que implicaría un desgaste importante. "El Gobierno de Macri es un retroceso en Argentina e implica un intento de destruir algunas conquistas de la última década"

¿Macri tiene vínculos con la élite golpista?
Macri tiene relaciones con sectores vinculados, más que con los golpistas, con los sectores económicos que estuvieron detrás del proceso genocida sosteniéndolo, participando en algunos casos directamente y beneficiándose de ese proceso. No sólo tiene vínculos sino que él mismo es el hijo de un empresario que se hace millonario en los negocios estatales con la dictadura militar.

A largo plazo, ¿está planteando el macrismo una batalla por la memoria?
Sí. Justo. Y es una estrategia más inteligente. En lugar de avalar la impunidad y asumir la defensa directo de los represores, lo cual implicaría un costo político altísimo, lo que está haciendo es retrotraer la discusión a comienzos de los años 80 e intentar reinstalar la teoría de los dos demonios. Es lo mismo que sucede en España: plantean que la memoria debe ser completa y que es cierto que hubo hechos muy graves de los represores pero que también habría que revisar los hechos cometidos por los grupos de izquierdas. La política del macrismo tiende a eso. A la igualación de las víctimas y los victimarios. Esto es algo que tiene mucha fuerza en España y que era absolutamente marginal en Argentina y que ahora comienza a cobrar fuerza gracias al apoyo gubernamental.

Entiendo que es una estrategia que busca captar a los más jóvenes. A los que no vivieron la dictadura. Absolutamente. Lo que buscan es esta igualación con mucho trabajo 'periodístico', sin sustento histórico, que busca distorsionar la historia con esta igualación. Esto ha sido bastante fuerte durante los últimos tres o cuatro años en Argentina. Es decir, antes del triunfo del Gobierno de Macri. Hay una verdadera campaña de bombardeo a la población con el intento de equiparar.

http://www.publico.es/politica/genocidio-espanol-transicion-franquista.html

viernes, 3 de junio de 2016

La teoría de la equidistancia --fragmento de La Guerra Civil como moda literaria

[…] en numerosos casos se aplica en las novelas sobre la Guerra Civil la teoría de la equidistancia, entendida esta como la proyección de «la imagen de los dos bandos enfrentados, repetida con buenas o malas intenciones a lo largo de los años, [que] alude al odioso postulado de la simetría entre las dos caras de una moneda o entre las dos bordas –las dos bandas– de un barco»[1]. Pero, en efecto, y como sugería Carmen Negrín en las IX Jornadas sobre la cultura de la República, celebradas durante el mes de abril de 2011 en la Universidad Autónoma de Madrid y dirigidas por el profesor Julio Rodríguez Puértolas, «Bando: ¿dos bandos? Un gobierno no es un bando»[2]. La novela española actual, sin embargo, contribuye a reforzar la idea de que el Gobierno legítimo republicano sea considerado un bando, situándolo en una posición de simetría con respecto al bando –ahora sí es de rigor el uso del sustantivo– franquista. No es casualidad encontrar en las novelas afirmaciones encaminadas a apuntalar la idea de que en ambos lados y por igual se cometieron todo tipo de atrocidades.

La teoría de la equidistancia está muy presente en la narrativa española actual y se pone en práctica, por ejemplo, en Soldados de Salamina de Javier Cercas (Tusquets, 2001), cuando sitúa en posición simétrica la muerte de Antonio Machado y el frustrado fusilamiento del escritor y falangista Rafael Sánchez Mazas desde el principio mismo de la novela:

Un día de principios de febrero de 1999, el año del sesenta aniversario del final de la guerra civil, alguien del periódico sugirió la idea de escribir un artículo conmemorativo del final tristísimo del poeta Antonio Machado, que en enero de 1939, en compañía de su madre, de su hermano José y de otros cientos de miles de españoles despavoridos, empujado por el avance de las tropas franquistas huyó desde Barcelona hasta Collioure, al otro lado de la frontera francesa, donde murió poco después. El episodio era muy conocido, y pensé con razón que no habría periódico catalán (o no catalán) que por esas fechas no acabara evocándolo, así que ya me disponía a escribir el consabido artículo rutinario cuando me acordé de Sánchez Mazas y de que su frustrado fusilamiento había ocurrido más o menos al mismo tiempo que la muerte de Machado, solo que del lado español de la frontera. Imaginé entonces que la simetría y el contraste entre esos dos hechos terribles –casi un quiasmo de la historia– quizá no era casual y que, si conseguía contarlos sin pérdida en un mismo artículo, su extraño paralelismo acaso podía dotarlos de un significado inédito [...]. El resultado fue un artículo titulado «Un secreto esencial»[3].

Obsérvese el modo en que Cercas utiliza, de buen seguro de forma intencionada, la palabra «simetría» para establecer un paralelismo entre la muerte de Antonio Machado y el fusilamiento fallido del poeta falangista.

La teoría de la equidistancia coloca en simétrica posición a las víctimas y a sus verdugos, como si a ambas partes del conflicto hubiera que atribuirle la misma responsabilidad. No resulta difícil localizar en las novelas que sobre la Guerra Civil se escriben en la actualidad sentencias del tipo «en esta guerra y posguerra se han cometido muchas atrocidades por ambos bandos. Repito: por ambos bandos», extraída de la novela Donde nadie te encuentre de Alicia Giménez Bartlett[4]; o en Dime quién soy de Julia Navarro: «¿Asesinos? Sí, en este país hay y ha habido muchos asesinos, pero no solo los nacionales, no, también los otros han matado a muchos inocentes»[5]. También Javier Marías habla en Tu rostro mañana de que el terror era el «mismo en ambas zonas, en siniestra simetría demente»[6]. Pero igualar a los verdugos con las víctimas supone falsear la historia por medio de su descripción equidistante, como, contrariamente, el propio Marías afirma en otro lugar de su novela, cuando el protagonista le pregunta a su padre los motivos por los cuales nunca pensó en vengarse de la persona que le delató y que, por culpa de la misma, no solo sufrió años de cárcel, sino que también fue privado del ejercicio de la docencia durante el periodo que duró la dictadura franquista:

…le habría dado una especie de justificación a posteriori, un falso asidero, un motivo anacrónico para su acción. Ten en cuenta que en el conjunto de una vida lo cronológico va perdiendo importancia, no se distingue tanto lo que vino antes de lo que vino luego, ni los actos de sus consecuencias, ni las decisiones de lo que desencadenan. Él habría podido pensar que al fin y al cabo yo le había hecho algo, qué más daba cuándo, y haberse ido a la tumba más conforme consigo mismo[7].

El paso del tiempo en efecto termina borrando las huellas de la Historia, difumina las diferencias, altera la cronología y acaso contribuye a la confusión de las causas y los efectos, como imprime la metáfora de las tres casas distintas pero igualadas con los años en Soldados de Salamina de Javier Cercas:

Sesenta años atrás habrían sido sin duda tres casas muy distintas, pero el tiempo las había igualado, y su aire común de desamparo, de esqueletos en piedra entre cuyos costillares descarnados gime el viento en las tardes de otoño, no contenía una sola sugestión de que alguien, alguna vez, hubiera vivido en ellas[8].

El tiempo borra las huellas y dificulta la tarea de discernir entre las causas y los efectos, entre las víctimas y sus verdugos. Parece que la novela española actual que convierte la Guerra Civil en materia novelable participa de dicha confusión equidistante. La inculpación y la exigencia de responsabilidad a «los unos y los otros» por la tragedia desatada es un tema recurrente en nuestra literatura guerracivilista. El historiador Francisco Espinosa Maestre, en su ensayo El fenómeno revisionista o los fantasmas de la derecha, donde desmonta las teorías construidas por la historiografía revisionista actual sobre la Guerra Civil, saca a colación el modo en que la teoría de la equidistancia es empleada por Lorenzo Silva, autor de Carta blanca (Espasa, Calpe, 2004), cuando el novelista dice, en relación con la ocupación de Badajoz, que su novela «refleja el heroísmo y la infamia de los dos bandos. Los republicanos fusilaron, por ejemplo, a jubilados; y la represión nacional fue inhumana; pero entre sus filas hubo quien se jugó el tipo». Ante una proposición de este tipo, Espinosa Maestre no puede sino apuntar:

Ahora resulta que los republicanos fusilaron a jubilados y que los fascistas se jugaron el tipo [...]. Y ya como colofón, y tras decir que en el palacio de congresos que se ha construido en lo que fue la plaza de toros de Badajoz, convendría que «haya un recuerdo de lo que significó aquello», Silva el ecuánime repite: «También vi que en el baluarte de Trinidad hay un monumento a los héroes de la Legión. Esto está bien porque fue gente que se dejó el pellejo; pero cabría colocar otro monumento a los carabineros que lucharon por la República en la ciudad». Parece que no importa nada que unos se dejaran el pellejo defendiendo la democracia y otros el fascismo. Por lo visto el tiempo todo lo iguala. Por esta regla de tres Europa estaría cuajada de monumentos a los nazis que se dejaron el pellejo... [9]

Ante reconstrucciones del pasado de este tipo, es de rigor esgrimir que situar en el mismo plano de responsabilidad a un gobierno legítimo y a los golpistas que atentan contra su legalidad responde, como afirma Serge Salaün, a una insidiosa maniobra revisionista:

Desde hace algunos años se propaga una nueva manera de enfocar la literatura y la cultura de la guerra de España, alrededor del dogma de la «equidistancia». El punto de partida se sitúa a mediados de los años ochenta cuando, después de la Transición y asentada la democracia, se pretende enfocar la historia de la guerra hacia perspectivas menos partidarias, menos doctrinarias y, sobre todo, menos maniqueas. Como si el fantasma de la guerra o de la dictadura fuera ya inofensivo, como si la visión supuestamente primitiva y drástica entre «buenos» y «malos» necesitara matizarse o suavizarse, hacia unas posiciones más humanas de perdón, reconciliación u olvido de un pasado que se quiere superado[10].

Más adelante señala Salaün que la teoría de la equidistancia no solamente produce y legitima «cierta reescritura sesgada de la Historia, o ciertas omisiones»[11] debido a que «la doctrina del “justo medio” encaja mal con la realidad social, ideológica y política»[12]; pero además, advierte sobre la peligrosidad política que conllevan este tipo de lecturas (o de reescrituras) de la Historia al señalar que «suele ser el terreno abonado para empresas ideológicas solapadas de rehabilitación de este pasado dictatorial, presentado como ominoso durante más de una década»[13]. […]

Resulta innegable la existencia de una violencia desmesurada y descontrolada en la zona republicana –producida sobre todo durante los primeros meses de la contienda– que la literatura fascista se apresuró en calificar de «terror rojo». Y acaso es de rigor no mirar hacia otro lado. Pero para comprender en su completa dimensión histórica este episodio dramático de nuestra guerra, tiene que entenderse, en primer lugar, que la violencia fue desencadenada por –o mejor: fue una reacción lógica de– la violencia que se inició tras el golpe de Estado. Y, como apunta José Luis Ledesma, «el atronador y dramático contexto en el que las matanzas tuvieron lugar no disculpa, pero sin él nada resulta inteligible»[14]. En segundo lugar, también es de rigor señalar que, si bien es incuestionable la veracidad de este episodio histórico perteneciente a la Guerra Civil española, también es cierto que la violencia registrada en la zona republicana fue inmediatamente atajada por las instituciones gubernamentales republicanas en un intento de enderezar el rumbo y recuperar el mando de la situación. El papel que asume el Estado republicano frente a la violencia cometida en su zona, en su intento de limitar la violencia espontánea, constituye el rasgo distintivo que hace que medie un abismo entre el denominado «terror rojo» y el «terror blanco» producido en las zonas conquistas por los rebeldes. De esta opinión es Paul Preston:

Naturalmente, las atrocidades no se limitaron a la zona rebelde. Especialmente a principios de la guerra, hubo oleadas de asesinatos de curas y sospechosos de ser simpatizantes fascistas [...]. Sin embargo, si hubo una diferencia en los asesinatos en las dos zonas, esta yace en el hecho de que las atrocidades republicanas solían ser obra de elementos incontrolables, en unos días en que se habían sublevado las fuerzas del orden[15].

Del mismo modo, Herbert R. Southworth afirma:

Sabemos que los líderes de la República condenaron la violencia de sus partidarios, y en algunos casos lograron limitarla. También sabemos [...] que, al revés que en el campo republicano, la matanza se convirtió en la España de Franco en una forma de vida durante toda la guerra y muchos años después [...]. Contra estas matanzas, ningún falangista levantó la voz de protesta, ni un requeté, ni un general franquista, ni un sacerdote, ningún abad mitrado, obispo, cardenal o nuncio se indignaron[16].

Y más adelante sostiene el historiador norteamericano lo que sigue:
Los asesinatos se perpetraron en la España republicana cuando los hombres que había jurado defender la ley y el orden renegaron de su palabra, abandonaron al Estado y se alzaron para fomentar una rebelión, dejando las calles a una multitud vengativa y furiosa cargada de razón [...]. Por el contrario, las matanzas en la zona rebelde [...], fueron organizadas con método, firmadas por los militares y bendecidas por la Iglesia, y fueron mucho más numerosas[17].

En definitiva, y como afirma Ángel Viñas en su libro:
Si en la zona republicana el Estado apenas si existió de facto en los primeros meses de la guerra, aunque nunca se desplomó totalmente, una de las claves sobre las que se asentó el proceso de recuperación paulatina de su autoridad fue, con el ejército y la economía, el «orden público». Esto se reflejó en la voluntad de retirar la administración de la violencia a los micropoderes y grupos armados que la aplicaban a su aire [...]. La correspondencia entre la progresiva reconstrucción del Estado y el descenso de las atrocidades es, a mi entender, incuestionable por más que se manifestara con distinta velocidad[18].

Dicho lo cual, no es de recibo seguir sosteniendo una visión de la Guerra Civil española desde una perspectiva equidistante. Tratar de igualar y de situar en el mismo nivel de responsabilidad a quienes atacaron a un sistema legítimo y democrático y a quienes, por el contrario, sufrieron la agresión de un golpe militar fascista no puede sino tildarse de tergiversación –consciente o inconsciente– de la Historia. En este sentido, hacemos nuestras las palabras de Alberto Reig Tapia:

Una violencia era de signo defensivo ante el asalto al poder legítimamente establecido y, la otra, era de carácter ofensivo empezando por poner en peligro uno de los principios esenciales de toda sociedad civilizada: la seguridad jurídica. Conviene, además, recordar que todo código penal admite eximentes en caso de legítima defensa y agravantes en caso de agresión indiscriminada. Se trata de una cuestión cualitativa fundamental en torno a la cual giran todas las demás, pero de la que no puede prescindirse[19].

David Becerra Mayor // "La teoría de la equidistancia", La Guerra Civil como moda literaria, Madrid, Clave Intelectual, 2015, págs. 203-229.
[1] Andrea GREPPI, «Los límites de la memoria y las limitaciones de la Ley. Antifascismo y equidistancia», en José Antonio Martín Pallín y Rafael Escudero Alday, Derecho y memoria histórica, Madrid, Trotta, 2008, p. 107.
[2] Carmen NEGRÍN, «La memoria revisitada», en Julio Rodríguez Puértolas (coord.), La República y la cultura, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2012, p. 124.
[3] Javier CERCAS, Soldados de Salamina, Barcelona, Tusquets, 2001, p. 23.
[4] Alicia GIMÉNEZ BARTLETT, Donde nadie te encuentre, Barcelona, Destino, 2011, p. 96.
[5] Julia NAVARRO, Dime quién soy, Barcelona, Plaza & Janés, 2010, p. 418.
[6] Javier MARÍAS, Tu rostro mañana. Fiebre y lanza, Madrid, Alfaguara, 2002, p. 175.
[7] Ibid., p. 186.
[8] Javier CERCAS, Op. cit., 2001, p. 71.
[9] Francisco ESPINOSA MAESTRE, El fenómeno revisionista o los fantasmas de la derecha, Cáceres, Del Oeste, 2005, p. 60. Los fragmentos de Lorenzo Silva están extraídos de El Periódico de Extremadura (2 de junio de 2004).
[10] Serge SALAÜN, «Romances y romanceros de la guerra», en Manuel Aznar Soler et al. (eds.), València, Capital cultural de la República (1936-1937). Congrès Internacional, Universitat de València, 2008, p. 304.
[11] Ibid., p. 304.
[12] Ibid., p. 305.
[13] Ibid., p. 304.
[14] José Luis LEDESMA, «Una retaguardia al rojo. Las violencias en la zona republicana», en Francisco ESPINOSA MAESTRE (ed.), Violencia roja y azul, Barcelona, Crítica, 2010, p. 231.
[15] Paul PRESTON, La Guerra Civil española, Barcelona, Random House Mondadori, 2000, pp. 91-92.
[16] Herbert R. SOUTHWORTH, El mito de la cruzada de Franco, Madrid, Debolsillo, 2008, pp. 232-233.
[17] Ibid., p. 310.
[18] Ángel VIÑAS, La soledad de la República, Barcelona, Crítica, 2006, p. 183.
[19] Alberto REIG TAPIA, Violencia y terror, Madrid, Akal, 1990, pp. 14-15.

viernes, 15 de abril de 2016

El Consejo de Europa critica que España deje la búsqueda de las víctimas del franquismo en manos de los familiares

El comisario de Derechos Humanos advierte de la dificultad de acceder a los archivos militares
Agencias

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha reprochado a España que deje los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en manos de las propias familias, quienes se enfrentan a “obstáculos” como el hecho de que sea “prácticamente imposible” acceder a los archivos, especialmente los militares.

En un informe el comisario Nils Muižnieks lamenta que el alcance de la Ley de Memoria Histórica siga siendo “limitado” y su aplicación deficiente, debido a la “falta de presupuesto” que se destina para cumplir los objetivos de reparar a las víctimas y sus familiares, así como a luchar contra la exaltación de la represión, en particular, a través de la retirada de símbolos y monumentos franquistas.

“En cuando a la investigación y la sanción de los responsables, muy poco se ha hecho, debido, entre otros factores, a la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977“, prosigue el documento, que pone de relieve la ausencia de una “cifra oficial” sobre el número de desaparecidos y víctimas de la desaparición forzada a falta de una “base de datos centralizada”.

Por ello, el comisario de Derechos Humanos se remite a la investigación que llevó a cabo el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que calculó que fueron 114.226 personas entre el 17 de julio 1936 y diciembre 1951, una cifra que “no pudo ser confirmada de forma fiable porque se bloqueó la investigación”.

Apunta que cerca de 30.960 hijos de detenidos republicanos fueron “presuntamente” entregados a familias que apoyaban al régimen y otros fueron enviados a centros del Auxilio Social. “Muchos de estos niños fueron adoptados sin el conocimiento o consentimiento de sus familias biológicas que, hasta la fecha, no saben de su suerte y paradero”, añade.

“LEY DE MEMORIA HISTÓRICA SIGUE EL MODELO DE FRANCO”
El jurista Miguel Ángel Rodríguez Arias, que denunció por primera vez ante la ONU la pasividad de España en la búsqueda de los desaparecidos, ha subrayado que Naciones Unidas, el tribunal de Estrasburgo o la Corte Interamericana de Derechos Humanos han coincidido en que el “Estado en ningún caso puede cargar sobre los hombros de los familiares la iniciativa de buscar a los afectados”.

Rodríguez Arias, autor del libro ‘El caso de los niños perdidos del franquismo. Crimen contra la humanidad’, ha denunciado además que la Ley de Memoria Histórica de 2007 “siguió el modelo de la orden de Franco del 1 de mayo de 1940, que establecía que los familiares debían pedir permiso al gobernador civil para ser ellos quienes buscaran a los ejecutados a cambio de desgravarse fiscalmente”.

“El Gobierno de Zapatero estableció que las familias pidieran permiso administrativo, emprendieran las búsquedas y a cambio se daban subvenciones, en lugar de seguir el modelo internacional de que el Estado busque a los desaparecidos”, ha proseguido el jurista, para entender que su norma vulnera los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

domingo, 3 de abril de 2016

MEMORIA HISTÓRICA La justicia argentina pide interrogar en España a 19 cargos franquistas. La magistrada Servini de Cubría quiere tomar declaración, entre otros, a Utrera Molina, Martín Villa y Billy el Niño

La juez argentina María Servini de Cubría, que admitió en 2010 la querella contra los crímenes del franquismo presentada en Buenos Aires, ha enviado un exhorto a la Audiencia Nacional para interrogar a 19 imputados en la causa, entre ellos, los ministros de Franco José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa o el expolicía Antonio González Pacheco, Billy el Niño. Servini pretende tomarles declaración en España entre 4 y el 22 de abril.

La juez ya dictó orden de detención con fines de extradición a Argentina de los 19 imputados en octubre de 2014, pero el Gobierno español rechazó su solicitud alegando que España era la competente para enjuiciar a sus propios ciudadanos, que los hechos investigados habían prescrito y que algunos de ellos no eran delito en aquellos momentos [la dictadura]. La decisión motivó una reprimenda de cuatro expertos de Naciones Unidas (el presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas; el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales; el relator especial sobre la tortura, y el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación).

Billy el Niño
Servini imputó a Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, por “haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich”, ejecutado a garrote vil en 1974, a los 23 años; A Martín Villa por “la represión de la concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976”; a Antonio Carro, ministro de la presidencia entre 1974 y 1975 por haber convalidado con su firma los últimos fusilamientos del régimen franquista, en septiembre de 1975; a Billy El Niño, el ex guardia civil Jesús Muñecas y los expolicías Félix Criado, Jesús González Reglero, Ricardo Algar, Benjamín Solsona, Jesús Martínez y Jesús Quintana por presuntas torturas. Al médico Abelardo García Balaguer le imputó el posible robo de un bebé en 1967.

La magistrada apoya su petición en el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre Argentina y España promulgado en 1989. El pasado enero, fue una orden suya la que permitió que se abriera la fosa de Guadalajara donde yacía el padre de Ascensión Mendieta, una anciana de 90 años que había viajado a Argentina dos años antes para pedir ayuda a Servini de Cubría.

http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458675633_054451.html

jueves, 31 de marzo de 2016

Gilbert Grellet: “No ayudar a la República en 1936 fue un error”. El periodista y escritor francés sostiene que París y Londres podrían haber cambiado el curso de la historia de haber actuado contra la sublevación militar en España

París y Londres podrían haber cambiado el curso de la historia de haber apoyado en el verano de 1936 a la República Española contra la sublevación militar. ¿Por qué no lo hicieron? Es la cuestión que el periodista y escritor francés Gilbert Grellet plantea en su libro, de reciente aparición,  Un été impardonnable (un verano imperdonable; editorial Albin Michel). “Fue una enorme injusticia”dice Grellet en un café de París. “El Gobierno español democrático tenía todo el derecho a comprar armas para defenderse”. Mientras los golpistas contaron de manera inmediata con la ayuda de Adolf Hitler y Benito Mussolini, los Gobiernos de Francia y Reino Unido se entregaban a una política de no intervención para evitar la guerra en Europa y el avance de Moscú. Es la razón por la cual Grellet considera no solo que París y Londres (además, de Washington) obraron injustamente, sino que se equivocaron de estrategia.

“Algunos dirán: ‘imperdonable’ es una palabra fuerte”, ha escrito el primer ministro francés Manuel Valls prologando este libro. “Sí. Es fuerte. Pero justa”. Valls ocupa hoy el palacio de Matignon y utiliza la misma mesa de Léon Blum, un hombre clave de esta historia, que abandonó a su suerte al Gobierno español a pesar de sus firmes convicciones socialistas y democráticas. “Blum perdió parte de su alma”, dice Grellet sobre su posición acerca de la guerra civil española.

PREGUNTA. Dice usted que Li­se London es la persona que le animó a escribir este libro.
RESPUESTA. Sí. Lise London es una francesa de origen español (su apellido era Ricol) a la que conocí hace 10 años, cuando asistía a una reunión de las Brigadas Internacionales en Madrid con motivo del 70º aniversario del inicio de la Guerra Civil. Hablamos de su historia [luchó en la Resistencia y fue capturada por los nazis] y de las Brigadas Internacionales, pero me dijo que a ella lo que le interesaba era el asunto “imperdonable” de la no intervención de las democracias occidentales. Como ve, ella misma me dio el título. Es un asunto que retomé ya de vuelta en París, en 2012, cuando Lise London murió.

P. Usted destaca en su libro la brutalidad de los primeros meses de la guerra.
R. En su momento me interesó especialmente el libro del historiador Francisco Espinosa sobre la columna de la muerte, la de los legionarios y moros que salieron de Sevilla en los primeros días de agosto para subir a Madrid pasando por Extremadura y Toledo. Fue terrible.

P. Hace usted un muy duro retrato de Léon Blum, un político tan apreciado en Francia.
R. Es verdad. Blum es un hombre interesante que ocupa un importante lugar en la historia de Francia. Fue el presidente del Consejo del Gobierno del Frente Popular e hizo muchas cosas desde el punto de vista social, como la limitación de la jornada laboral a 40 horas semanales o el derecho a las vacaciones pagadas. Con respecto a España, sin embargo, fue un desastre. Estaba muy influido por el Quai d’Orsay [el Ministerio de Exteriores] y ahí estaba Alexis Leger, secretario general del Ministerio, que consideraba que no se podía hacer nada sin el acuerdo de los ingleses, que defendían la política de distensión. En Londres influyeron mucho Stanley Baldwin [primer ministro], Anthony Eden [secretario de Estado de Asuntos Extranjeros] y también Winston Churchill, que no estaba entonces en el Gobierno, pero ejercía una gran influencia en los círculos conservadores. Publicaba un artículo semanal en el Evening Standard en el que criticaba de una manera sistemática al Gobierno republicano español, al que tachaba de comunista y bolchevique, lo que no era cierto. Churchill creía al principio que era más fácil entenderse con Hitler que con Stalin y era muy amigo de Blum. Le visitaba siempre que venía a Francia. Fue en una de esas reuniones cuando le aconsejó: “Keep out of Spain”.

P. Llega usted a decir que Blum perdió su alma por no ayudar a la República Española.
R. Sí, porque finalmente fue una enorme injusticia no ayudar a un Gobierno amigo, socialista, que tenía todo el derecho a comprar armas para defenderse de los militares. Perdió su alma y al mismo tiempo se equivocó, porque, si se hubiera aliado con los ingleses para oponerse a Hitler, quizá habría evitado la Segunda Guerra Mundial. Fue el mismo error que se cometió con la ocupación de Renania en marzo de 1936.

P. En descargo de Blum cuenta usted que era judío y que la presión de la prensa de la derecha era enorme. Dice incluso que ningún político del siglo XX ha sido tan calumniado como él.
R. No creo que ser judío fuera un factor importante en este caso. Fue más bien la presión de la prensa de la derecha, como Acción Francesa, un periódico que fue muy agresivo contra él. Hay que tener en cuenta que la derecha y la extrema derecha francesas flirteaban con Hitler y Mussolini y preferían que Franco ganara la guerra.

P. A finales de la Guerra Civil, tanto Churchill como el presidente americano Roosevelt reconocieron haberse equivocado. ¿Nunca hizo Blum lo mismo?
R. Nunca admitió su error. Siempre dijo que gracias a la no intervención se había evitado la guerra, lo que no fue cierto.

P. Usted fue el jefe de France Presse en España durante cinco años, de 2005 a 2010. Supongo que durante ese tiempo también comprendió que la Guerra Civil y la división social seguían muy presentes en la sociedad española.
R. Exacto. En aquellos años se debatía la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, que quedó descafeinada, y se produjo la caída de Garzón, que a mí me pareció un disparate. Un juez que había sido tan importante en la persecución de Pinochet, expulsado de la magistratura por querer investigar los crímenes del franquismo. ¿Cómo era posible?

P. ¿Cree que España sigue sin tener superada esa etapa de su historia?
R. Adoro España y no quiero criticar a ese país, pero tuve esa impresión hace 10 años y ahora recuerdo aquello cuando veo que la alcaldesa de Madrid quiere aplicar la Ley de Memoria Histórica y, por tanto, desechar los símbolos franquistas. La pregunta es por qué los anteriores alcaldes, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, no hicieron nada entre 2007 y 2015.

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/03/11/babelia/1457720199_544614.html?rel=lom