Abuelo, abuela...

El Gobierno de Rajoy va a sacar 33.000 millones de euros en apenas nueve años con la "reordenación del sistema de pensiones"

Atención, viejo, anciano, jubilado, atención, abuelo. El Gobierno de Rajoy le va a sacar a usted 33.000 millones de euros en apenas nueve años. Con habilidad de carterista, denominando “reordenación del sistema” a lo que es un atraco anticonstitucional, le meterá mes a mes los dedos índice y corazón en la garganta para que vomite usted la parte alícuota. ¿Qué hará con ella luego? No sabemos, quizá regalársela a los bancos, como lo que se obtuvo de la anterior congelación de las pensiones, que no se iban a tocar al modo en que no se tocarían los impuestos, la sanidad o la educación. Tampoco, por cierto, se daría a los bancos a fondo perdido todo ese dinero que Bankia jamás devolverá.

Pero estábamos en el asunto de las pensiones, la línea roja a la que Rajoy se refería con una carga emocional que te partía el alma. Los ancianos, decía, son demasiado vulnerables para hacerlos objeto de nuestra codicia. Pensaba uno escuchándolo que aún en las organizaciones más crueles hay límites morales que nadie se atreve a traspasar. Pero no es así, viejo, anciano, jubilado, abuelo. Ahora, después de los enfermos crónicos, de los dependientes, de los estudiantes, de los parados, de los trabajadores en activo, vienen por fin ustedes. Y a ustedes se lo vamos a hacer en plan biopsia. Hoy un trocito de hígado para entregárselo encebollado a la Troika, y mañana un pedazo de criadilla para que las autoridades alemanas prueben el sabor de nuestra cocina política. Hay poca cultura gastronómico-visceral en esta Europa. Entreguémosles las suyas, viejo, vieja, anciano, anciana, abuelo, abuela, entreguémosles sus vísceras para levantar la marca España. Sírvanse ustedes mismos, 33.000 millones de auténticas delicias de octogenario español. Ya lo dijo Rajoy, son vulnerables, no pueden defenderse, a la oportunidad la pintan calva.

Nota: Os acordáis de las palabras de Pons y Rajoy sobre su padre jubilado y las pensiones antes de las elecciones?

“Rajoy: Mi prioridad: las pensiones. A partir de ahí, habrá que recortar en todo”

Javier Moreno

Mariano Rajoy, aspirante por tercera vez a la presidencia del Gobierno, evita detallar los recortes que piensa hacer si gana las elecciones

PROMESA ELECTORAL

González Pons asegura que el PP subirá la pensión mínima de viudedad y jubilación a los 700 euros al mes

Para las viudas que ya cobran más que la pensión mínima, propone cambiar el cálculo de la misma pasando del 52% de la base imponible al 70%

Con una pensión comen todos

Luis Doncel

La paga del abuelo se convierte para muchos hogares en la última barrera contra la exclusión.-Más de 300.000 familias con todos en paro conviven con un mayor

Me pongo en su piel

Cartas al Director

Ellos ven cómo la pensión de sus padres ha perdido poder adquisitivo, cómo sube desmesuradamente el recibo de la electricidad y el precio de la gasolina y de muchos artículos de primera necesidad.

Ver el vídeo siguiente.
http://www.youtube.com/watch?v=AivG0fn3lWo&feature=share&list=PLA55C16705182D10A

Rajoy elude responder a tres grupos que le acusan de mentir al Parlamento. El Gobierno reta a la oposición a presentar una moción de censura

• Los puntos negros de la versión del Gobierno sobre Bárcenas

No es habitual en el Congreso que tres grupos distintos acusen reiteradamente a un presidente del Gobierno de mentir sistemáticamente en el Parlamento. Ayer lo hicieron PSOE, UPyD e Izquierda Unida. El Gobierno respondió descalificando al principal grupo de la oposición y retándolo a presentar una moción de censura, reiterando el anuncio de una ambiciosa propuesta de reformas legales contra la corrupción, pidiendo que los demás se atengan a las decisiones judiciales y sacando pecho por la lucha contra la crisis económica.

Lo que no hicieron Mariano Rajoy ni la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, fue molestarse en rebatir lo que los portavoces presentaron como mentiras. El presidente, incluso, puso en manos de la vicepresidenta y del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la defensa de su palabra, porque renunció a responder a las dos interpelaciones.

Fue una sesión de control al Gobierno tensa, que volvió a poner sobre la mesa lo que según la oposición no aclaró el presidente en su comparecencia del 1 de agosto sobre el caso Bárcenas. Y Rajoy, directamente o a través de los dos miembros de su Gobierno, no hizo más que remitirse a aquella intervención, pero sin dar ninguna explicación más, aunque después se hayan conocido detalles sobre el contrato del extesorero, su militancia yla declaración ante el juez de Dolores de Cospedal...

Los puntos negros de la versión del Gobierno sobre Bárcenas

Nómina. “Desde hace cuatro años el señor Bárcenas ya no estaba de tesorero en el PP; desde hace más de tres años no ostenta ninguna representación política, ni siquiera es militante de este partido. Cuando yo fui elegido presidente, el señor Bárcenas ya no estaba allí”. (Rajoy en el Parlamento).

El 19 de abril de 2010 causó alta en la Seguridad Social del PP como trabajador por cuenta ajena. Esta alta se mantuvo hasta el 31 de enero de 2013, según su vida laboral. Mariano Rajoy llegó a la Presidencia del Gobierno el 21 de diciembre de 2011.

SMS de apoyo. “Creí en su inocencia, lo hice hasta el momento en que a los cuatro años de iniciadas las investigaciones llegaron datos que confirmaban la existencia de cuentas millonarias en Suiza, no declaradas a la Hacienda pública, a nombre del señor Bárcenas”. (Rajoy en el Congreso el 1 de agosto).

El 18 de enero de 2013 se conoció que Bárcenas tenía dinero negro en Suiza, 22 millones de euros, por una comisión rogatoria que pasó por el Ministerio de Justicia. Dos días después Rajoy le envío este SMS: “Luis. Lo entiendo. Se fuerte. Mañana te llamare. Un abrazo”.

Militancia. El presidente aseguró el 1 de agosto en el Congreso que desde hace tres años el extesorero ya no es militante del PP. La semana pasada Rajoy negó en el pleno que Cospedal hubiera dicho al juez que él pactó con Bárcenas un finiquito muy favorable.

Los listados de la Agencia Tributaria que constan en el sumario reflejan que Bárcenas pagó su cuota de militante en 2008, 2009 y 2011. Otras informaciones aseguran que también en 2012. Cospedal dijo en su declaración judicial que Rajoy y Javier Arenas pactaron en marzo de 2010 el finiquito con Bárcenas y su mujer.

Leer más en El País.

Contradicciones sobre el disco duro de Bárcenas.

Cospedal dijo que Bárcenas no trabajaba para el PP pero se le pagaba la Seguridad Social (aquello de la “simulación en diferido”, ¿recuerdan?).

Los secretarios generales del PP dicen ante el juez, primero, que pueden asegurar que no había contabilidad B y, después, que no tenían ni idea de lo que hacía el tesorero. La dirección del PP dijo que destruyó un disco duro de un ordenador de Bárcenas en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, y el abogado de Cospedal dice ahora que ese disco duro era “de una virginidad total que no contenía absolutamente nada”. Pero... si no tenía datos, ¿cómo lo destruyen en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos?

Por favor, ¡que dejen de tratarnos como imbéciles de una vez!— José Díez. Barcelona. Cartas al director. El País.

La Ley de Protección de Datos evidencia las mentiras del PP sobre el ordenador de Bárcenas

El PP ha mentido (para variar) afirmando que la Ley de Protección de Datos obliga a borrar y formatear los ordenadores una vez que el usuario los devuelve a la empresa. Y en base a ese pretexto destruyeron las pruebas obrantes en el ordenador del honrado Luis Bárcenas.

Sin embargo, esta ley “impide expresamente borrar cualquier información que pueda ser necesaria para una investigación policial en curso”. Y así lo ha destacado Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas (AI) y experta en protección de datos.

De hecho, como señala la misma fuente “en la ley de protección de Datos viene que ante una investigación criminal esa información tiene que quedar guardada en la empresa a disposición de las autoridades. La empresa está obligada por ley a guardar la información que pueda tener en ese ordenador, no se puede entregar a otro empleado”.

En esta línea “una cosa es destruir información y otra es bloquear información”. El bloqueo de la información implica que como empresario no la puedo utilizar, pero que debo tenerla ahí guardada, a efectos legales o administrativos”, continúa la letrada.

ESA INFORMACIÓN DEBE MANTENERSE A DISPOSICIÓN DE HACIENDA DURANTE CINCO AÑOS

Como bien señala la abogada: “la a actividad de Bárcenas no se ve sólo afectada por la Ley de Protección de Datos, sino que hay otras normas que exigen conservar esa información”. Así, el trabajo de Bárcenas como tesorero debe estar a disposición de Hacienda durante cinco años de igual modo que el PP debería guardar la información contenida en su ordenador a efectos del Tribunal de Cuentas.

En este sentido, la experta en protección de datos muestra que el argumento del PP “no tienen ningún sentido. Es una actividad demasiado específica como para permitirse el lujo de aplicar la Ley de Protección de Datos con esa libre interpretación. Una cosa es destrucción y otra es el bloqueo de la información”.

De igual modo, la especialista ha destacado que ni siquiera es el procedimiento que normalmente se lleva a cabo, pues en caso de despido “lo normal es que se elimine la información personal que este señor crea que le puede afectar y que quiera eliminar pero que se haga una copia de seguridad de la información como tal antes de resetear el ordenador”.

NI TAN SIQUIERA HAN SEGUIDO EL PROCEDIMIENTO NORMAL

Resulta de igual modo patéticamente sospechoso que la banda organizada de Rajoy y Cospedal ni tan siquiera han seguido el procedimiento habitual. “Si una empresa estuviera obligada a eliminar toda información del ordenador, se arriesgaría a perder información valiosa para la compañía, porque eliminarlo todo puede suponer terminar con proyectos en los que se haya estada trabajando y que tenga información importante para la empresa a efectos comerciales e industriales”, explica la abogada Tejerina.

Una vez más, las bocas embusteras de la derecha española vuelven a vomitar mentiras. De cualquier modo, la actuación del PP no debe extrañarnos. A fin de cuentas, borrar las pruebas es el procedimiento habitual de los criminales.
Gustavo Vidal Manzanares, es abogado y Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración

El 96% rechaza la participación española en un ataque a Siria sin la ONU

El Partido Socialista reclama la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso para que aclare la postura de su Gobierno

Según un estudio de Metroscopia, la inmensa mayoría de los españoles (96%) rechaza la participación de las Fuerzas Armadas en un ataque al régimen de Bachar el Asad sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Tras semanas de silencio y ambigüedad, el Gobierno español fijó su posición el pasado viernes, tras la cumbre del G-20 celebrada en San Petesburgo (Rusia). Entonces 11 países, encabezados por EE UU y entre los que se encuentra España, emitieron un comunicado en el que llaman a una “fuerte respuesta internacional” al ataque con armas químicas perpetrado en las afueras de Damasco el pasado 21 de agosto, y en el que Washington considera probado que el régimen de Bachar el Asad asesinó a 1.429 civiles. Desde el comienzo de la guerra civil siria, en marzo de 2011, han muerto más de 100.000 personas.

El Grupo Socialista quiere que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca este mismo jueves en el pleno del Congreso para explicar su posición ante la crisis siria. El secretario general del PSOE,Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer que Rajoy “tiene miedo a la verdad y eso es lo peor para un presidente del Gobierno”. Rubalcaba aseguró que le cuesta acostumbrarse a que Rajoy dé una rueda de prensa —como la que ofreció en San Peterbusgo al término del G-20— y no diga que “está firmando o cerrando un acuerdo de esa naturaleza” con EE UU. Si Zapatero hubiese actuado así, “no puede aterrizar en Madrid, se hubiera tenido que quedar en Lisboa”, ironizó.

El PSOE no apoyará un ataque contra Siria porque, a su juicio, es “un error que no resuelve los problemas”. Según Rubalcaba, el régimen de Asad es merecedor de un castigo, pero este debe ser “diplomático, comercial y político”, no militar.

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, José María Beneyto, reconoció a Europa Press que, en aplicación de la Ley de Defensa Nacional de 2005, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en el exterior “si no hay hay una autorización de los organismos internacionales”; en primer lugar de la ONU, pero también de la OTAN o la UE. “En este caso, no tenemos ninguno de los tres, por ello”, agregó, “mientras no exista esa autorización, el marco legal en el que se mueve el Gobierno está fijado”.

Más en El País.

¿Noticia?

Este sábado, intercalada entre la noticia sobre el conflicto con Gibraltar, su periódico publica una foto titulada Paisaje con gobernantes. En ella se puede ver a Mariano Rajoy junto al presidente de la Xunta, la ministra de Fomento y, según aseguran, una veintena de cargos del PP gallego. Por lo visto, fue el presidente quien convocó a los periodistas para que lo vieran pasear, medio paso por delante del resto, que quien manda, manda, por una ruta fluvial a la hora de comer, que ya son horas de convocar a la gente. Ninguno hizo declaraciones.

Y digo yo: ¿no va siendo hora que los periodistas le echen un par y se nieguen a publicar esta ¿noticia? Plántense, pongan un recuadro en blanco e informen a los lectores que, como yo, compramos EL PAÍS todos los días que para no decir nada, mejor callados.— Hortensia Fernández Lorenzo. El País. Cartas al director.

La intervención de Rajoy

“Me equivoqué, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué en mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía”. Si el señor Rajoy, en lugar de presidente del Gobierno de España, fuera el director general de una empresa privada y hubiera dicho esto ante su junta de accionistas debería haber presentado a continuación su dimisión porque, de no hacerlo, los accionistas le hubieran cesado de inmediato.

El señor Rajoy, respecto a las declaraciones del señor Bárcenas, dijo que son “una ingente colección de falsedades, como demostrará la justicia con el tiempo”. ¿Y si la justicia demuestra lo contrario? Hasta ahora, ya se han demostrado una serie de cosas que, no hace mucho, eran indemostrables según él: ¿recuerdan aquello de “nadie podrá probar que no son inocentes” refiriéndose a Bárcenas y Galeote?

En un determinado momento, el señor Rajoy recordó a los diputados socialistas que su partido había tenido también un caso similar, el de Luis Roldán. Quizá haya olvidado que, en aquella ocasión, dimitió Antoni Asunción, el ministro del Interior que había nombrado al señor Roldán; o quizá es que no quiere recordarlo.— Antonio Calvete. Getafe. Madrid. Cartas al director El País.

La oposición pide a Rajoy que dimita o asuma responsabilidades. PSOE, IU, UPyD, BNG y Esquerra exigen al presidente que se vaya. Duran, el más tibio, dice "que no es momento de dimisiones"

Rajoy a Rubalcaba: “Ni voy a dimitir ni voy a convocar elecciones generales”

Tras la intervención de Rubalcaba, toda la oposición en bloque ha considerado insuficientes las explicaciones ofrecidas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, esta mañana en un pleno extraordinario para responder por el caso Bárcenas. Pero la crítica ha ido de la más tibia del portavoz de CiU, Duran Lleida, a la más bronca de los grupos minoritarios.

Fuente: El País.

El FMI exige a la Unión Europea que limpie su banca. Lagarde carga contra la autocomplacencia del Eurogrupo y reclama al BCE medidas no convencionales. Los socios europeos acuerdan seguir con el rescate a Grecia

Los escépticos y los optimistas se miran de reojo en Europa. Bruselas y los 17 ministros de Finanzas del Eurogrupo mostraron este lunes, una vez más, su lado más positivo: acordaron dar luz verde a las ayudas a Grecia a pesar de los retrasos en las reformas, y en todo lo demás se congratularon de cómo van las cosas (con toda Europa en recesión; con más de 26 millones de parados) y metieron bajo la alfombra la media docena de problemas más acuciantes que se divisan en el horizonte, al menos hasta las elecciones alemanas del 22 de septiembre, convertidas ya en la madre de todas las elecciones. El escepticismo, en grado sumo, llegó por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI): su directora gerente, Christine Lagarde, exigió a Europa que limpie de una vez su sistema financiero, cinco años después del inicio de la crisis y tras haber comprometido más de un billón y medio de euros en la banca. Y reclamó al BCE que active de una vez medidas no convencionales: que vaya más allá de las meras palabras. En un sensacional revés a la autocomplacencia europea, Lagarde dejó un augurio venenoso: “El crecimiento brilla por su ausencia, el paro crece y la incertidumbre es elevada: la eurozona sigue siendo vulnerable y puede verse sometida a nuevos episodios de estrés”.

Tras esa declaración de intenciones, Lagarde se atrevió a mentar la bicha en presencia del presidente del Eurogrupo, Jeoren Dijsselbloem, y del comisario Olli Rehn: la banca es el problema. Nadie sabe exactamente cómo están los bancos, pero el FMI se teme lo peor: “Europa debe reparar de una vez los balances, evaluar la magnitud de los problemas con un examen creíble de los activos y tener listo un plan para satisfacer las potenciales necesidades de capital”. Ese examen llegará en 2014, pero no hay —ni por asomo— un plan convincente por si, como se teme, el BCE detecta un agujero considerable.

Nadie sabe cuánto dinero falta exactamente: los grandes bancos alemanes, franceses y holandeses se empacharon de activos tóxicos antes de la crisis, que aún no han salido a la superficie. España ha acometido una reestructuración formidable, pero el agravamiento de la recesión hace que los socios alberguen serias dudas todavía sobre qué hay bajo las alfombras. Y la gestión europea de la crisis no ayuda: “El reto exige una resupuesta política completa: limpiar el sistema bancario, pero también completar la unión bancaria de forma rápida, apoyar la demanda desde el punto de vista fiscal y poner en marcha las reformas estructurales necesarias”.

El Fondo pide al Eurobanco que baje los tipos e inyecte más liquidez

Europa ha hecho ya todo eso, y a la vez nada de eso. La unión bancaria está en marcha, pero ha ido rebajando su ambición por las imposiciones de Berlín. Bruselas ha cambiado la austeridad a ultranza por el nuevo mantra de las reformas, pero la sospecha es que pocas cosas han variado en realidad. Y lo más importante: el BCE tiene previsto realizar un examen exhaustivo de los activos de la banca el año próximo, pero los socios europeos no han creado un dique de contención suficiente (apenas hay 60.000 millones para la recapitalización directa), y han retrasado y jibarizado a conciencia el proyecto original.

También hubo un buen revés para el BCE, que la semana pasada anunció por enésima vez que hará todo lo necesario, pero que no acaba de pasar de las musas al teatro: ni activa medidas no convencionales ni ha conseguido atajar la fragmentación financiera. Lagarde les cantó las cuarenta a los ministros del Eurogrupo, a quienes presentó un informe demoledor que se hará público en unos días, pero también dejó un recado para el Eurobanco: pidió al BCE un papel mucho más activo. El FMI quiere que Fráncfort ponga en marcha un cambio de política que “ayude a anclar las expectativas sobre tipos de interés, lo que ahora resulta incluso más necesario por la incertidumbre del mercado acerca del abandono de las políticas monetarias no convencionales en EE UU”. El Fondo pide abiertamente más rebajas de tipos (desde el 0,50% actual) que incluyan tipos negativos para los depósitos de los bancos para combatir las presiones deflacionarias. Y reclama una nueva inyección de liquidez a largo plazo que admita incluso activos “específicamente vinculados a nuevos préstamos a pymes”. También pide al BCE que estudie la compra de activos financieros privados, como en EE UU y Japón.

Y además, Grecia. La eurozona y el FMI acordaron un desembolso total de 6.800 millones en nuevas ayudas a Atenas, dividido en varios tramos y sujetos al cumplimiento de los recortes y reformas pactados. Pese a las turbulencias políticas de las últimas semanas, Grecia salva así una nueva bola de partido. Pero habrá más. Eso es seguro.
Fuente: El País- Nota; ver la foto original publicxada en papel, no aparece en internet, en este es otra distinta. En papel aparecen tres personajes con una risas forzadas tremendas, ¿De que se ríen estos personajes? La sensación que dan es muy siniestra. La imagen, de risotadas en plena crisis, con millones de parados sin recibir ni un duro, con los bancos y banqueros llevandose el dinero a espuertas y sin responsabilidad ninguna,... es tremendo. A donde nos quieren llevar estos personajes?...

http://economia.elpais.com/economia/2013/07/08/actualidad/1373315415_694223.html

• LA RESPUESTA DEL PP
• 
  
• Dos comunicados idénticos
• PSOE e IU piden que Rajoy se marche si no puede decir la verdad
• El PP vuelve a negar el pago de sobresueldos a sus dirigentes
• Feijóo pide que se aclare si “son ciertos” los papeles

Carta con 10 puntos a Rajoy de Amnistía, Greenpeace e Intermón

Carta a Rajoy https://docs.google.com/file/d/0B6eEwzr3eLCbNmxDTWk1S1VJZzQ/edit?usp=sharing

Nuevo año, nuevo recorte de pensiones

Durante las pasadas elecciones generales Rajoy repitió incansablemente que no tocaría las pensiones. Y sin embargo lo ha hecho. El Gobierno cruza con ello la que era su última línea roja. Con su decisión de no cubrir la desviación respecto de la inflación en 2012, el ejecutivo hace retroceder un 2% la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Estos dejan de ingresar unos 220 euros de media en 2012, al tiempo que dicho recorte se consolida en años sucesivos al no incorporarse la actualización a la base de cálculo de las pensiones en 2013.

Se recortan de este modo los ingresos del sector más vulnerable de la sociedad, ingresos de los que hoy día dependen no sólo los propios pensionistas, sino millones de familias desempleadas. El Gobierno atiende así a las presiones de la patronal y la troika, que abogaban por congelar las pensiones para cumplir con el objetivo de déficit impuesto por Bruselas. Como elocuente señalaba el ministro Gallardón hace unos días: “Gobernar, a veces, es repartir dolor”.

No obstante, este recorte de las pensiones públicas no es el único que figura en la agenda del ejecutivo. El Gobierno del Partido Popular prepara para este año un endurecimiento de algunos de los recortes ya contenidos en la reforma que en 2011 acordaron el Gobierno de Zapatero, CCOO, UGT y la patronal.

Esta reforma, que entró en vigor el pasado 1 de enero, contempla como es sabido elementos muy lesivos para las y los trabajadores: de forma general, eleva la edad de jubilación desde los 65 años hasta los 67, aumenta el periodo de cotización exigido para jubilarse con el 100% de la base reguladora (hasta los 37 años en lugar de los 35 actuales), e incrementa los años para el cómputo de la pensión desde los 15 actuales hasta 25. Así, esta reforma establece un listón inalcanzable para millones de trabajadores (especialmente mujeres y jóvenes) que, con carreras laborales inestables y bajas cotizaciones, verán notablemente mermadas sus futuras pensiones.

El Gobierno de Rajoy ha anunciado su intención de retrasar la edad de las jubilaciones anticipadas, elevando las forzosas hasta los 63 años y las voluntarias hasta los 65. Además, el Gobierno quiere acelerar el ritmo al que se tiene previsto implantar la elevación de la edad de jubilación a los 67 años (transición que debería completarse en 2027).

Esta nueva agresión contra el sistema público de pensiones se prepara con los mismos argumentos que han dirigido las reformas anteriores: se cuestiona, una vez más, la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, los datos hablan por sí mismos.

En primer lugar, la jubilación anticipada no cuestiona la sostenibilidad del sistema de pensiones, puesto que quienes se acogen a ella sufren una reducción en su pensión –durante toda la duración de la prestación– del 7% por año de adelanto. Por otro lado, la pretensión de acercar la edad real de jubilación a la edad legal debiera tener en cuenta que la primera se sitúa en España en los 63 años, una de las más altas de la Unión Europea (cuya media está en los 61,5 años).

Según datos de Eurostat, el sistema de pensiones de España es uno de los más baratos de la UE. El gasto público español en pensiones fue en 2010 (último dato disponible) de 1.862 euros por habitante (equivalente al 10,7% del PIB). Esta cifra es muy inferior a los 2.769 euros de gasto medio en la UE (13% del PIB), los 3.421 euros de Alemania (12,8% del PIB), los 3.658 Francia (14,4% del PIB) o los 3.295 de Italia (16% del PIB). Es más, en España el 70% de las pensiones no superan los 1.000 euros mensuales, de modo que la pensión media contributiva es un 25% inferior a la media de la UE, y la no contributiva casi un 50%.

El hecho de que el porcentaje del PIB dedicado al gasto en pensiones haya aumentado en España entre 2007 y 2012 (incrementándose en un 2% aproximadamente) no se debe a la “insostenibilidad” del sistema, sino a la propia crisis económica y a la gestión que se ha hecho frente a ella. Así, son las medidas de recorte fiscal que imponen el Gobierno y Bruselas las que siguen expulsando cotizantes del mercado de trabajo, las que hunden la demanda agregada y las que con ello deterioran las cuentas de la Seguridad Social. De hecho, hasta la llegada de la crisis el sistema público de pensiones no presentaba problema alguno, e incluso acumuló importantes superávits que se trasladaron al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (que a fecha de hoy acumula aún 66.000 millones de euros, equivalente al 6,5% del PIB).

Además, no se puede hablar seriamente de la sostenibilidad del sistema de pensiones sin poner todas las cartas sobre la mesa: dicha sostenibilidad remite directamente al debate de qué modelo de distribución de la renta queremos tener.

A comienzos de la década de 1970 había en el Estado español dos millones de pensionistas y el gasto en pensiones apenas representaba el 3% del PIB. Hoy día el número de pensionistas alcanza los 8,1 millones y el gasto representa el 10,7% del PIB. Esta evolución ha sido perfectamente compatible –hasta la llegada de la crisis y las políticas de recortes– con los superávits anteriormente mencionados. ¿Cómo ha sido posible? Pues porque el incremento de la productividad permite que aumente también la ratio entre pensionistas y trabajadores ocupados sin poner en riesgo el sistema (esta ratio pasó del 15% en 1970 al 45% actual). No existe –en contra de las proyecciones generalmente interesadas– ninguna razón económica ni demográfica para que esta tendencia no pueda continuar en el tiempo. Ahora bien, para que esto sea posible es necesario socializar las ganancias derivadas del incremento de la productividad.

Es más, si hiciese falta reforzar la sostenibilidad del sistema siempre se podría acudir a otras medidas que no pasen por el recorte del gasto, sino por el aumento de los ingresos. Por ejemplo, la retirada de las políticas de recortes y el desarrollo de los servicios públicos ayudaría a sostener el empleo y con ello el número de cotizantes. Los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, y la universalización de la educación infantil desde los cero años, facilitarían que más mujeres pudieran incorporarse al mercado de trabajo y que la tasa de ocupación femenina alcanzase los estándares de la UE.

Por último, el sistema público de pensiones no necesariamente debe sostenerse a través de las cotizaciones sociales, sino que también puede ser financiado mediante impuestos generales. Es necesario resaltar en este sentido que la presión fiscal en nuestro país es una de las más bajas de Europa: el 32,6% según datos de Eurostat, muy alejada del 40% de la media de la UE, del 43,1% de Francia e Italia, del 46,8% de Suecia o del 48,9% de Dinamarca.

En resumen, la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones no es una cuestión técnica, sino política (¿Qué recursos queremos destinar a sostener a quienes ya han trabajado toda una vida?). ¿O es que acaso el Gobierno pretende hacernos creer que hay dinero suficiente para rescatar al sistema bancario, pero no para garantizar nuestra futura vejez? Las pensiones públicas no sólo garantizan la estabilidad del ciclo macroeconómico, impidiendo que las recesiones se agraven. Constituyen un derecho social conquistado después de toda una vida de trabajo, así como un bien público que garantiza la solidaridad, la cohesión y la justicia. Son, en definitiva, un enorme activo a defender.

Dicha defensa debería estar encabezada por las organizaciones sindicales. Por ello, nuestros dirigentes sindicales, que en su momento no quisieron ver el enorme error estratégico que significaba firmar la reforma que ahora entra en vigor, harían bien en no tratar de “poner en valor” acríticamente dicho pacto. Por el contrario, su papel debiera ser el de preparar y organizar la respuesta frente a cualquier nueva agresión que pueda sufrir el sistema público de pensiones. 
Fuente: http://blogs.publico.es/otrasmiradas/496/nuevo-ano-nuevo-recorte-de-pensiones/
Nacho Álvarez es Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid y Miembro del Consejo Asesor de la Fundación VientoSUR

Un año de mentiras, de paro y desahucios

No ha tenido que pasar mucho tiempo para que el gobierno de Mariano Rajoy muestre una vez más que el Partido Popular, como ya ocurriera con Aznar, no sabe llegar al poder o mantenerse en él sin mentir constantemente. Lo hizo cuando Rajoy propugnaba medidas en la oposición para criticar a Zapatero que sabía perfectamente que no podría cumplir cuando gobernase. Y no ha dejado de mentir desde que ha llegado a la Moncloa para ocultar los verdaderos motivos de lo que está haciendo.

Como demostramos Vicenç Navarro, Alberto Garzón y yo en nuestro libro Lo que España necesita. Una réplica con propuestas alternativas a la política de recortes del PP (Editorial Deusto, 2012), Rajoy se ha tragado todas sus antiguas propuestas y críticas. En lugar de hacer lo que decía que haría, ha subido impuestos, ha recortado pensiones y servicios públicos esenciales, y lejos de aplicar lo que él llamaba la política "que Dios manda", no ha hecho otra que la que le han mandado hacer los mismos de siempre.

Además, Rajoy y sus ministros han mentido constantemente cuando llamaban de una manera a lo que es otra, y cuando decían perseguir objetivos que es imposible alcanzar con las medidas que ponían en marcha. Han dejado escapar a los evasores fiscales diciendo que luchan contra el fraude y llamando gravamen de activos ocultos a una vergonzosa amnistía fiscal, han subido impuestos diciendo que lo que establecían era un "recargo temporal de la solidaridad", aumentaron el IVA diciendo que no se trataba de subirlo sino de "cambiar la ponderación de los impuestos para favorecer el crecimiento", o imponen copagos diciendo que se trata de aumentar la corresponsabilidad.

Al mismo tiempo, han seguido utilizando una retórica falsa para disimular ante la gente normal y corriente la naturaleza real de lo que vienen haciendo. Han seguido afirmando que eran solo las cajas de ahorros las que tenían problemas para así hundirlas definitivamente y poder entregarles en bandeja a los bancos el mercado que habían ocupado en los últimos años; han proyectado reformas financieras diciendo siempre que las hacían para que volviese a fluir el crédito, cuando era evidente que así no se iba a conseguir porque solo se estaba tratando de proteger aún más a las grandes entidades. Han creado un llamado banco malo pero no para regenerar el sector inmobiliario y poder impulsar otra política de vivienda, sino también para que los contribuyentes paguemos la irresponsable política crediticia de los bancos. Y, por supuesto, han hecho todo ello sin mostrarle claramente a la ciudadanía la factura tremenda que han supuesto todas esas ayudas a los privilegiados. Han hecho una reforma laboral solo para dar más poder al gran empresariado diciendo que se hacía porque así se crearía empleo, cuando era imposible que eso se pudiese conseguir de ese modo, como perfectamente han demostrado los hechos que tratan de silenciar.

El gobierno de Rajoy se empeña en sostener la gran mentira que supone afirmar que realiza una política de austeridad que puede llevar a resolver el problema de la deuda y generar más actividad cuando la realidad es que así solo se consigue debilitar los servicios públicos para facilitar más tarde su privatización. Nada se va a ahorrar con esos recortes. Sabemos a ciencia cierta que provocarán una subsiguiente caída de la actividad que disminuirá aún más los ingresos y que, cuando se privaticen, los servicios serán más caros no solo para los usuarios sino para las administraciones públicas, tal y como ya ha ocurrido en otros países. Ni tampoco se va a conseguir que disminuya la deuda desmantelando las fuentes de generación de ingresos, no ya a medio y largo plazo sino incluso a corto, porque la deuda sube como la espuma por la suma ingente de intereses que van a la banca privada y por la caída de ingresos, y no solo porque haya más gastos corrientes.

En este año de continuas políticas de recortes constantes no solo se han cercenando derechos sociales y personales. Con ellas, a Rajoy le cabe el triste mérito de haber llevado a España a ser la sociedad más desigual de la eurozona, demostrando así que el resultado efectivo de sus políticas no es otro que devolver a los grupos oligárquicos los pocos privilegios conseguidos en el franquismo que habían perdido en la etapa democrática.

Con el incremento tan extraordinario de la desigualdad que se viene produciendo va de la mano una caída en el ingreso y en el consumo de la inmensa mayoría de la sociedad que produce también el debilitamiento constante de la demanda y el mercado interno que alimentan a las pequeñas y medianas empresas que son las que crean la inmensa mayoría del empleo en España. La terrible tragedia es que el gobierno ayuda con docenas de miles de millones de euros a los bancos y grandes empresas que destruyen empleo mientras que destruye las bases para que lo puedan crear las más cercanas al terreno productivo. Ver para creer: el gobierno de extrema derecha de Rajoy y la gran patronal, de la mano a la hora de promover reformas y políticas de austeridad, se han convertido en los grandes destructores de empresas y de capacidad de crear empleo.

Si el gobierno de Rajoy no cambia urgentemente de políticas en la línea que hemos propuestos en otros textos, el paro llegará a niveles desorbitados en los próximos meses y la economía, lejos de recuperarse como dicen sus ministros sin el más mínimo fundamento, se hundirá cada vez más.

Es verdad que la táctica de meter la cabeza debajo del suelo y de engañar a tirios y troyanos de Rajoy al menos ha dado como resultado positivo que España no haya sido intervenida completamente y que solo se haya producido la menos mala vinculada al rescate de la banca. Pero es muy difícil creer que eso será suficiente y que bastará con que Rajoy se siga limitando a dar el esquinazo a Europa, sin enfrentarse decididamente a las imposiciones alemanas que crean más problemas que los que resuelven.

Hace falta más inteligencia y más patriotismo para resolver los problemas económicos que tenemos sobre la mesa. Y muchas menos mentiras, además de mucha más solidaridad y sensibilidad hacia los que sufren en mayor medida los daños de la crisis.

El Partido Popular y el gobierno de Rajoy lleva un año haciendo frente a la crisis con el grito de guerra que una diputada indiscreta proclamó sin disimulo: "¡que se jodan!". Y el momento en el que estamos es el de decidir si creemos que esta es una forma efectiva y ética de salir del agujero en donde estamos o si queremos acabar ya con la traición y la torpeza de nuestros gobernantes.

España tiene que plantearse otros asuntos de fondo de los que el gobierno de Rajoy no quiere oír ni hablar,. Es preciso poner sobre la mesa que no se puede seguir pagando una deuda que es un negocio ilegítimo de una minoría, que hay que acordar otro modo de repartir los costes y los beneficios que se han generado en nuestra economía, y que hay que tener una actitud muy diferente ante el drama que ha ocasionado la conducta irresponsable de los banqueros. Juan Torres. http://juantorreslopez.com/
Fuente: http://juantorreslopez.com/impertinencias/un-ano-de-mentiras-de-paro-y-desahucios/

Rajoy, entre el ¿optimismo? y la realidad

...El presidente dedica la mayor parte del tiempo a altas negociaciones con sus socios europeos. Vive encerrado en ese mundo, obsesionado con la prima de riesgo, y en ese campo las cosas están mejor a final de año que este verano, cuando España bordeó de nuevo el precipicio. Rajoy y los suyos no disimulan en privado el cambio de ánimo. Sin embargo, la realidad que perciben los ciudadanos, la realidad económica, está muy lejos de ese respiro que se vive en los despachos. Y los asesores del presidente son conscientes.

Rajoy sabe, e incluso ha admitido en público, que el arranque de 2013 va a ser de nuevo durísimo, sobre todo para el empleo. Su reforma laboral no ha conseguido frenar la sangría. La escasez de financiación sigue acorralando a empresas y ciudadanos. Y es muy posible que la primera encuesta de población activa de 2013 arroje los temidos seis millones de parados. Con esa espada de Damocles encima, Rajoy y los suyos tienen mucho miedo de lanzar un mensaje demasiado optimista.

El presidente tiene en la cartera algunos datos medianamente buenos. Pero afronta otro problema: las cosas que están mejorando lo están haciendo a fuerza de enormes sacrificios y con la construcción de una sociedad más desequilibrada. Todos los datos indican que la desigualdad está creciendo. Rajoy y su equipo económico, en privado y ante los socios de la UE y posibles inversores internacionales, presumen de una de las primeras consecuencias de la reforma laboral y del paro desbocado: los sueldos en España están bajando a toda velocidad. Ese era uno de los grandes objetivos de la reforma laboral. Los asesores de Rajoy insistían en que en 2010 y 2011, pese a la crisis, los sueldos no estaban bajando o lo hacían muy poco, y con esa idea plantearon la reforma laboral. Nadie se atrevía en público, salvo el expresidente de la patronal y hoy investigado por varios delitos Gerardo Díaz Ferrán, a pedir eso de “trabajar más y ganar menos”, pero en privado se hablaba mucho de esta cuestión en los despachos.

El término amable que utiliza el Gobierno es que el país “está ganando competitividad”. Pero lo cierto es que, políticamente, no es fácil presumir en un país con casi seis millones de parados de que las personas que sí tienen empleo están asumiendo grandes reducciones de salario. Los jóvenes que no están en el paro aceptan trabajar cada vez por menos dinero, en peores condiciones...
Fuente: El País.
Así lo han contado en El País.

Rajoy, tras 12 meses fracasados, pide comprensión

Abrumado por el insoportable aumento del paro, preocupado por la recesión y agobiado por el estallido social, el presidente pide comprensión y paciencia tras 12 meses fracasados

El lunes 3 de diciembre, el país despierta encogido por la crisis y zarandeado por una noticia inesperada. La policía ha detenido al expresidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, acusado de ocultar su patrimonio para evitar que 10.000 acreedores —la mayoría extrabajadores, pero también 19 bancos y 28 empresas de servicios— cobren los más de 400 millones de euros en deudas que han dejado sus empresas. El mismo día, los médicos de Madrid retoman su huelga por los recortes presupuestarios; los sindicatos y la oposición atizan al Gobierno por dejar sin paga de compensación a ocho millones depensionistas; los trabajadores de Iberia, avisados de una reducción mayúscula de plantilla (4.000 despidos), preparan seis días de huelga que amenazan con paralizar España…

En esta jornada deprimente, Rajoy ha citado a las siete de la tarde en La Moncloa a los líderes sindicales Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Toxo (CC OO). Han pasado dos semanas y media desde la última huelga general que sacó a las calles de toda España a más de un millón de personas contra la política del Gobierno del Partido Popular... Leer más en El País.

PROMESAS ROTAS

SUBIDA DE IMPUESTOS
 » Lo dicho.
En marzo de 2010: “La subida del IVA afecta fundamentalmente a pensionistas y parados, que dedican la totalidad de sus ingresos al consumo. Subir el IVA es un sablazo de mal gobernante. Es un disparate en tiempos de crisis subir los impuestos, y sobre todo subir los impuestos al consumo”. » Rajoy, en el discurso de investidura: “Mi intención es no subir impuestos, en un momento como este no me parece lo más razonable” (diciembre de 2011). »
Y lo hecho.
El Gobierno aprobó el 30 de diciembre de 2011 la subida del IRPF entre el 0,75% y el 7% y del Impuesto de Bienes Inmuebles. El Ejecutivo también dio el visto bueno en julio de 2012 a la subida del IVA (del 18% al 21% para la tasa general y del 8% al 10 % para la tasa reducida). Entró en vigor el 1 de septiembre de 2012.

SANIDAD Y EDUCACIÓN
» Lo dicho.
Rajoy (noviembre de 2011). “Yo le voy a meter la tijera a todo salvo a las pensiones públicas, y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos”. » Ruiz-Gallardón, en el debate de la campaña electoral (noviembre de 2011). “El Partido Popular se compromete a que ni Educación ni Sanidad jamás sean afectadas por la crisis económica”. »
Y lo hecho.
El Gobierno aprueba en abril de 2012 medidas para recortar 10.000 millones de euros en el gasto público educativo y sanitario.

PENSIONISTAS
» Lo dicho.
Rajoy (20 de diciembre de 2012, debate de investidura). “Nuestro objetivo es garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas”. »
Y lo hecho.
El Gobierno decide no actualizar las pensiones de acuerdo con la inflación; los pensionistas pierden 1,9 puntos de poder adquisitivo en 2012, más que en los siete años anteriores de Gobierno socialista.

VIVIENDA
» Lo dicho.
Rajoy, en el debate de investidura: “Se mantendrá el tipo superreducido en la adquisición de vivienda, pero únicamente si se trata de la vivienda habitual y con un límite en el precio de su adquisición”. »
Y lo hecho.
El Gobierno sube del 4% al 10% el IVA por la compra de una vivienda el 14 de julio de 2012.

Rajoy maneja varias alternativas para reducir el gasto en pensiones

Anular la revalorización por el desvío sobre el IPC ahorraría unos 4.000 millones
 El Gobierno puede echar mano del fondo de reserva si hay déficit estructural en el sistema
La reforma para condicionar los pagos a la esperanza de vida permitiría ahorros a medio plazo

El Gobierno tiene sobre la mesa desde hace semanas varias alternativas para reducir el gasto en pensiones, la única gran partida presupuestaria que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha salvaguardado de los recortes. La próxima semana será crucial para determinar si esto sigue siendo así. Aun en la fórmula de rescate más suave, la que propugna España, el Eurogrupo planteará negociar nuevas condiciones. Y la Comisión Europea quiere ir más allá de la reforma aprobada por el Gobierno socialista de Zapatero, en 2011, que eleva, de forma gradual, la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

 El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró a sus colegas en la última reunión del Eurogrupo que la próxima semana se anunciarán más reformas. En los mismos días, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentará el proyecto de Presupuestos para 2013, lo que incluye una revisión de cómo van las cuentas públicas este año. Ambas citas son esenciales para comprobar si el Gobierno se decanta ya por una rebaja a medio plazo del gasto en pensiones, vía reformas, por un ajuste inmediato o por ambas cosas a la vez.

 Para el problema más acuciante, cómo cubrir el desfase entre ingresos y gastos este año –un déficit tapado por los adelantos de la Administración central-, la Seguridad Social ha echado mano del dinero sobrante por las mutuas de accidentes laborales durante años (4.400 millones de euros). Y el Gobierno pone ya más de la mitad de los 7.000 millones que cuestan los complementos a las pensiones más bajas. Pero la mala evolución de las cotizaciones apunta a que hará falta más. A bote pronto, al Ejecutivo le queda la opción de no pagar la desviación de la subida de las pensiones (1%) sobre la inflación (que cerrará el año cerca del 3%). Sería un ahorro de 4.000 millones —la mitad se computaría en este ejercicio, el resto en 2013—. También una promesa incumplida a las puertas de nuevos comicios electorales (en Galicia, País Vasco, y presumiblemente, Cataluña)... más en El País.

Nos hunden la incompetencia y la mentira

España está en situación límite. Tal y como desean los grandes centros del poder oligárquico europeo, la subida de los tipos a los que se coloca nuestra deuda hará imposible su financiación y así se justificará la intervención global que vienen buscando. El Banco Central Europeo está haciendo el trabajo sucio desde hace meses, dejando que los especuladores se ensañen sin hacer nada para evitarlo, pero no se puede decir que sea el único responsable.
 La verdad es que nuestros gobernantes son igualmente culpables de la situación extrema en la que nos encontramos porque vienen tomando desde hace meses una serie de medidas erróneas que era inevitable que nos llevaran al desastre, como hemos ido anticipando con total precisión los economistas críticos.
 Venimos diciendo que permanecer en el euro sin unión fiscal (auténtica y no solo como un directorio que imponga disciplina presupuestaria), sin que exista un fondo europeo de rescate de los bancos (porque su situación patrimonial no puede resolverse con estrategias nacionales sino con una europea) y sin que el Banco Central Europeo actúe como un verdadero banco central que financie a los estados a bajo coste y que acabe con los especuladores para que la crisis de liquidez no se convierta artificial e innecesariamente en una de solvencia, era y es un suicidio económico, como ya estamos comprobando.
   Hemos dicho por activa y por pasiva que dedicar miles millones a la banca sin conocer exactamente su auténtica situación patrimonial no resolvería nada, como seguimos comprobando después de varias reformas e inyecciones de liquidez.
 También advertimos que optar por la política de fusiones de cajas, que era la estrategia que deseaban los bancos grandes para quedarse finalmente con su mercado, era una barbaridad que solo iba a dejar cadáveres muy costosos en el camino y solo más privilegios para quienes han provocado la situación financiera lamentable en la que nos encontramos, como también hemos podido comprobar ya. Hemos demostrado que la experiencia y la evidencia empírica indican que las políticas de recortes de gasto en fases de crisis son una aberración que ni sirven para salir de ella ni para financiar mejor la deuda, como también se ha comprobado ya.
 Y hemos puesto de manifiesto que, además de ser tremendamente injustos, los recortes de derechos sociales son innecesarios (porque hay otras vías para obtener los recursos que se necesitan) y que crean una situación de emergencia social y de insostenibilidad que solo va a traer conflictos y perturbaciones ciudadanas muy graves, como estamos empezando a vivir.
 Estamos, pues, donde estamos porque nuestros gobernantes han sido unos auténticos incompetentes. No tienen un plan de actuación previsto (como demuestra la improvisación constante), no saben lo que quieren o deben hacer (como indican las constantes idas y venidas), y no tienen la más mínima idea del efecto de las medidas que toman, como pone de manifiesto el que no acierten ni en una sola de sus previsiones.
 Pero, además, los gobernantes del PP son unos mentirosos compulsivos (como Vicenç Navarro, Alberto Garzón y yo hemos demostrado en nuestro libro Lo que España necesita), unos trileros que se creen que pueden engañar a los mercados y a las autoridades europeas a base de hacer las mismas trampas que hacen a su electorado y a todos los españoles. Lo que naturalmente tiene un efecto desastroso sobre las apuestas especulativas de los mercados que les ganan constantemente la partida, como muestra el alza acelerada de la prima de riesgo desde que gobierna Rajoy.
 El gobierno del PP no ha sabido defender los intereses de España en Europa y los ha traicionado al renunciar a enfrentarse a las imposiciones constantes de sus centros de poder. Sus dirigentes creyeron estúpidamente que su sola presencia en el Ejecutivo sería suficiente para dar la vuelta a la situación (“Que caiga España que ya la levantaremos nosotros”, decía Montoro en 2010) y en lugar de sincerarse con la ciudadanía se dedican a justificar su estrepitoso fracaso con el recurso a la herencia de Zapatero, un discurso que ya es sencillamente infame cuando día a día se comprueba que los ayuntamientos o comunidades autónomas en peor situación son las que el PP ha gobernado.
 No pasa un día sin que nos llevemos un sobresalto o contemplemos una señal más de su incompetencia: ayer, la prima de riesgo volvía a desbocarse (como Vicenç Navarro y yo habíamos advertido que iba a suceder después del rescate bancario de junio, que Rajoy y el Rey decían que arreglaba nuestro problema financiero). Y el mismo Ministro de Economía que está constantemente actuando para ganarse la confianza de los mercados denunciaba ayer su “irracionalidad”, como si fuera un extremista antisistema cualquiera.
Hay que exigir que no sigan mintiendo más. Es imprescindible poner fin al engaño electoral y a la incompetencia que nos lleva al desastre. España debe y puede hacerse fuerte. En ninguna ley natural está escrito que el destino de nuestro pueblo tenga que ser el doblegarse a las imposiciones de poderes financieros extranjeros o soportar en silencio los destrozos de un gobierno que traiciona los intereses nacionales. Como también venimos demostrando los economistas alternativos, los técnicos de Hacienda, los movimientos y organizaciones sociales…,
hay medidas de otro tipo y un horizonte diferente que nos permite resolver de otro modo nuestros problemas económicos, aunque es cierto que para ponerlos en marcha se necesita voluntad política y más fuerza social...
 Renunciando a ser libres (como ha reconocido Rajoy en el Congreso) y gobernando en contra de las preferencias de la mayoría de la población, en contra de lo prometido en su programa electoral y a base de decretos, el PP ha suspendido de facto la democracia en España. Y los españoles demócratas de todas las sensibilidades y tendencias tenemos el derecho y la obligación de recuperarla, por dignidad y para evitar la ruina que produce tanta mentira e incompetencia. Juan Torres López. Público, Fuente: http://blogs.publico.es/juantorres/2012/07/24/nos-hunden-la-incompetencia-y-la-mentira/

Noventa páginas de un plumazo y sin negociación. Impedir el debate sobre un conjunto de medidas de extrema gravedad o vetar cualquier posible cambio, por pequeño sea, es un error político garrafal

El decreto-ley de medidas urgentes que el Congreso de los Diputados validó este jueves ocupa 90 páginas en el Boletín Oficial del Estado. Noventa páginas de decisiones dramáticas que no se han podido debatir ni comentar. La validación se hizo en bloque, en el pleno de la Cámara, por voluntad del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de su partido.
... la realidad es que 90 páginas de recortes en aspectos fundamentales de la vida de los ciudadanos han sido aprobadas sin discusión, sin la más mínima posibilidad de negociación y sin que el presidente del Gobierno creyera necesario intervenir públicamente.
    Impedir el debate sobre un conjunto de medidas de extrema gravedad, cercenar cualquier posibilidad de mejorar esos textos, vetar cualquier posible cambio, por pequeño y seguramente aceptable que pueda ser, es un error político garrafal, de esos que suelen terminar pagando no solo los presidentes del Gobierno, sino hasta el último concejal de su partido. El error que está cometiendo Rajoy y su entorno más cercano es, para colmo, incomprensible políticamente porque el presidente dispone de mayoría absoluta y, en última instancia, puede hacer que el Congreso apruebe lo que considere más indicado.
Solo se puede explicar por una total y absoluta carencia de sentido democrático o por un bloqueo personal de Rajoy y de sus asesores, desbordados e incapaces de la mínima reacción. La atonía del presidente sería una situación extremadamente peligrosa para todo el país, en unas circunstancias en las que, casi por encima de cualquier otra cosa, hace falta un dirigente con ánimo, capaz de transmitir un puñado de ideas claras y con la suficiente fortaleza para defender sus criterios. Pero ¿cómo confiar en la capacidad de Mariano Rajoy para defender sus posiciones en Europa si se atrinchera en su despacho en el Congreso, solo sale a votar, y se niega a que la Cámara debata aspectos concretos de las 90 páginas de medidas restrictivas que ha puesto en marcha?
El presidente no intenta ni tan siquiera dar una explicación razonada a lo que ocurre. Ningún político experimentado de su partido puede creer que es posible gobernar una crisis tan prolongada como esta, impidiendo un debate parlamentario serio y legislando permanentemente por decreto ley. La crisis provoca un malestar que se va generalizando también en las propias bases políticas del PP y cada vez está más extendida la percepción de que es necesario corregir el rumbo, aunque solo sea en las maneras.
El hecho es que no parece existir en el Gobierno o el entorno del presidente nadie con autonomía y peso político suficiente como para sugerir a Rajoy ese cambio necesario.
El problema es que nadie parece estar en condiciones de calibrar la peligrosa decepción y furia que incuba una enorme cantidad de ciudadanos, a los que cada nueva intervención del ministro Hacienda, Cristóbal Montoro, sume en una mayor angustia. Y que la oposición tiene también muchas dificultades para canalizar ese malestar. La idea de un pacto que permita un consenso nacional, que empiezan a alentar algunas personalidades de distinta ideología, no halla su camino. ..
 Soledad Gallego-Díaz, en El País.

La doctrina Rajoy. (Ay qué pena, hacen lo que no les gusta)

La doctrina Rajoy para explicar y justificar la tercera oleada de austeridad es de una gran enjundia. Consta, como la Tierra, de cuatro elementos: carencia de criterio, manifestación de disgusto, reconocimiento de impotencia y fe utilitaria. Veamos con detalle el acierto de cada uno, según los explicitó su autor en la comparecencia parlamentaria.

Carencia de criterio: “No disponemos de más ley ni más criterio que el que la necesidad nos impone”, dijo. Es una manera automática de consagrar la abdicación de toda política, incluida la política económica. Esta debería consistir en desplegar criterios para adecuar o conducir las necesidades surgidas de la realidad a los objetivos programáticos propuestos. Hacer de la necesidad virtud es virtud insuficiente. Y reconocer que la realidad ha derrotado tu programa —como hizo el presidente por vez primera al declarar que “han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas”— es parca explicación: ¿en qué datos sustanciales desconocidos han cambiado tan radicalmente?, ¿acaso es que el programa era inadecuado, o fútil, o engañoso?, ¿se puede culpar del problema al mismo tiempo a la herencia y a la recesión más grave de cuantas hemos sufrido? La carencia de criterio es peligrosa en sí misma. Y más en tanto que pueda lindar con la ausencia de principios

Manifestación de disgusto. Ya se ha convertido en un clásico de este Ejecutivo la declaración de que le disgusta mucho lo que hace. ¡Al propio gobernante! “Yo soy el primero en estar haciendo lo que no le gusta”, rizó el rizo Rajoy, arriesgando la réplica de que mejor lo deje, o apuntando a una victimista inversión de quién es la víctima de los recortes: no ya los recortados, sino el recortante. E insiste, por activa y pasiva: “tanto si nos gusta como si no”, “no pregunto si me gusta”... El llanto por el disgusto íntimo del gobernante es irrelevante frente al nivel de desempleo y malestar social existente. Y la confesión de disgusto ante la imperiosidad de cumplir con el propio deber, huelga por completo

El reconocimiento de impotencia se plasma en variadas expresiones: “la necesidad nos impone”, “no nos queda más remedio que hacer”, “no podemos elegir”, “no tenemos esa libertad”... Vuelve a significar la negación de la política, que es alternativa, o al menos modos alternativos de conseguir un mismo fin. Y supone reconocer una situación de falta de capacidad de maniobra propia de un rescate total, muy lejos del ejercicio de “decisiones soberanas” como las que el presidente enarboló al inicio de la polémica con Bruselas sobre el déficit. Lo peor del asunto es que si es cierto que la soberanía nacional a la vieja usanza hace ya decenios que dejó de existir en Europa, al menos en lo económico —aunque algunos aún no se hayan enterado—, sigue existiendo siempre un margen practicable. Usar ese margen habría posibilitado, por ejemplo, evitar o modular la subida del IVA. ...

Y la apuesta por la utilidad de las medidas adoptadas (“¿Servirán de algo tanta estrechez y tantas apreturas?: La respuesta es un sí, con toda rotundidad”) se presenta como una fe ciega, en el sentido de que no se acompaña de argumentos económicos suficientes para ser sostenida. Por cuanto no se evalúa el impacto de las medidas, o se cuantifica con distintas cifras o de forma insuficiente, o clandestina. Por cuanto ninguno de los países que han aplicado programas del mismo formato han obtenido la reducción sustancial de su prima de riesgo. Por cuanto es dudoso que se logre aminorar de forma relevante el déficit, ya que la caída de ingresos provocada por la recesión podría superar fácilmente el recorte de gastos. A menos que empecemos a hablar también de crecimiento, de exportaciones, de relanzar la economía. Sin olvidar, por supuesto, la frugalidad.
Leer todo en, XAVIER VIDAL-FOLCH, El País, 19 JUL 2012

No es una decisión valiente

Resulta abyecta la imagen del grupo popular jaleando a su presidente cuando este anuncia una nueva vuelta de tuerca para seguir oprimiendo —y exprimiendo— a los mismos de siempre: las clases media y baja del país. La vicepresidenta justifica el aplauso: “fue por esa decisión valiente de asumir las dificultades y pedir un esfuerzo a los ciudadanos sin disimulos y sin demagogias”.

 ¿Atacar a los más débiles es ahora una muestra de valor? ¿No sería mucho más justo, valiente y, por supuesto, eficaz, actuar sobre ese 1% que defrauda casi el 75% del total? ¿El gravar las rentas de capital y las SICAV antes que las rentas del trabajo? ¿El potenciar la economía productiva y el frenar la economía especulativa que lo único que genera es el enriquecimiento injusto de unos pocos al precio de la miseria de muchos? ¿El actuar judicialmente y con prontitud contra los financieros trileros y obligarles a que nos devuelvan lo robado con intereses de mora? Por el contrario se recorta el subsidio de desempleo para "incentivar" a los parados a "la búsqueda activa de trabajo" -añade con desfachatez Rajoy. Un trabajo que —por cierto— ni está ni se lo espera.— Jaume Palau Banús. Tarragona.

 A las Sicavs, de los más ricos, que tributan el 1%, no se las toca; a la grandes empresas, que tributan el 5%, tampoco se las toca; a los defraudadores, que tienen enfadados a los propios inspectores de Hacienda, amnistía; a los políticos corruptos, que son legión, presunción de inocencia y a seguir cobrando. No se habla de cortar privilegios injustificables de políticos y banqueros fracasados, pero sí de recortes a los más débiles. ¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza?— José Mª Acosta Vera. Madrid.

 El gobierno afirma que se ha visto obligado a tomar unas duras y discutidas medidas económicas para disminuir el déficit. Pero ha incluido también una reducción de las cotizaciones sociales que no sirve para reducir los gastos, ni tampoco para aumentar los ingresos del Estado sino que por el contrario los disminuye.
 Esta reducción de cotizaciones sociales supondrá para las empresas que tienen beneficios una mejora de su cuenta de resultados, para aquellas que vayan ajustadas puede que una ayuda para mantenerse a flote, y para las que estén en números rojos no parece que les pueda ser de mucha utilidad.
 La recaudación de estas cotizaciones se dedica fundamentalmente al pago de las pensiones de jubilación, y conforme la suma disponible vaya reduciéndose, será un argumento más para demostrar que el sistema es insostenible y que se hace imprescindible reducir las prestaciones.
 Hay quien considera estas cotizaciones como impuestos, sin embargo dado que sirven para generar el derecho a percibir en el futuro una pensión, pueden considerarse también como salario diferido y la medida tomada como otra reducción más de derechos.— José A. Ambrosio Díaz. Madrid. De cartas al director de El País. (Foto, Atardecer en Puente Real, Badajoz.)

La irresponsabilidad del presidente. Rajoy dice que no tiene libertad para elegir. No es cierto. La tenía. Su colega Monti la ejerció

“Se trata de no llevar a los hombres por direcciones que los mutilen”. La frase es de Frantz Fanon y se refería a los años de la descolonización. Pero define perfectamente los límites de lo que es admisible en la acción de gobierno. Unas políticas que condenen a sectores de la ciudadanía a la exclusión, a la imposibilidad de vivir una vida digna, deberían ser consideradas ilegítimas. Y el Gobierno español, después de seis meses de arrastrar los pies, como dicen algunos, con las medidas anunciadas por el presidente Rajoy se está situando al borde de la ruptura del pacto social que está obligado a defender. La reducción del subsidio de paro, la limitación del acceso a la ayuda mínima de reinserción social, junto a los recortes de las prestaciones relacionadas con la dependencia y al copago de medicamentos, a la espera de lo que se puede implementar en materia de pensiones, agudiza la crisis social y aumenta el riesgo para millones de personas. Y corresponde a la oposición y a la opinión pública evitar que esta ruptura se produzca.

La historia se repite. Hace dos años, en mayo de 2010, Zapatero, bajo presión internacional, dio un giro total a su política, metió a España en el desasosiego y hundió su credibilidad de modo irreversible. El miércoles, 11 de julio de 2012 pasará a la historia como el día en que Mariano Rajoy dio un giro total a su política, se desdijo de sus promesas electorales y se amparó en las exigencias internacionales para eludir su responsabilidad. “Los españoles no podemos elegir si hacemos o no sacrificios. No tenemos esa libertad”, ha dicho el presidente. Unas frases así un gobernante solo debería pronunciarlas un minuto de antes de presentar su dimisión. Si no es capaz de hacerse responsable de las políticas que dicta, un jefe de gobierno no debe continuar.

Eludir las responsabilidades es un vicio crónico en la manera de hacer política de Rajoy. Quiso vivir del descrédito de los socialistas, echándoles a ellos la responsabilidad de la crisis, pensando que de este modo podía evitar la toma de decisiones impopulares. Pero la realidad corre a velocidad de vértigo y el presidente, con sus ritmos lentos, perdió pie. Cundió la desmoralización en su entorno político y en un mundo económico que, aunque parezca imposible, se había creído que con el PP todo cambiaría. Caducadas las promesas de su programa electoral, sin un proyecto propio que desarrollar, Rajoy trató de ganar tiempo, con una estrategia de negación de lo evidente: hablaba de reformas, que, por otra parte, casi nunca llegaban, para evitar palabras como recortes o ajustes; trataba de convertir en ayuda crediticia un rescate bancario con todas las de la ley; y rechazaba cualquier idea de imposición de medidas de obligado cumplimiento desde instancias externas a la política española. Hasta ayer. Rajoy cayó del caballo, empujado desde Europa, y pronunció la frase terrible: “No tenemos esa libertad”. No es verdad. La tenía. Su colega Monti la ejerció. Y se anticipó con unas medidas, acertadas o no, pero escogidas por su Gobierno conforme a criterios debidamente explicados y sin ampararse en fatalismos o catastrofismos.

Con su permanente elusión de responsabilidades, Mariano Rajoy ha conseguido que la gente se preguntara si había alguien al mando. La duda era fundada. El propio presidente dice que no tiene libertad para decidir. Es grave: un líder se distingue porque es capaz de hacer plenamente suyas las decisiones que toma, sin buscar subterfugios. Es la base de la credibilidad. Por eso resulta obsceno que el presidente utilice al Rey haciéndole presidir un Consejo de Ministros previo al que decidirá parte de los nuevos recortes. Rajoy quiere implicar al Monarca en responsabilidades que solo son de su Gobierno, para hacer creer a los españoles que “es lo que hay que hacer” y que “no se puede hacer otra cosa”. Para convertir su repentino giro en objetivo nacional compartido y así neutralizar cualquier discrepancia. Y camuflar de este modo que es una estrategia que de momento provocará más recesión y más paro.

Hay millones de ciudadanos que discrepan de ella. El Gobierno del PP es el único responsable de las decisiones que tome. Y de ellas tendrá que responder ante la ciudadanía. La pretensión de crear un clima de movilización nacional alrededor de unas medidas que el propio presidente negaba hace unos días, es otra vuelta de tuerca más en el juego de las manipulaciones y de los engaños. Es la cortina del miedo, tras la que se parapeta el presidente.

Ver en El País.