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miércoles, 22 de mayo de 2013

¿Alguien se pregunta si una ley es justa?


Un buen pacto sobre la educación sería hoy tan importante como algunos acuerdos de la Transición.

“Ya no nos preguntamos nunca si una sentencia judicial o un acto legislativo es bueno. ¿Es imparcial?, ¿es justo?, ¿es correcto? ¿Ayudará a construir una sociedad mejor?”. No son preguntas ingenuas, impropias de ciudadanos de democracias maduras. Tony Judt, que realizó esa reflexión, no era un ingenuo, sino un intelectual valioso, a cuyos libros regresamos, agobiados y desconcertados, en busca de su análisis y de su inspiración. “Esas solían ser las auténticas preguntas de índole política, incluso aunque no invitaran a respuestas fáciles. Debemos aprender de nuevo a plantearlas”.

En ningún caso serían más oportunas esas preguntas que en materia de leyes sobre la educación. Un buen pacto sobre la educación, capaz de mejorar la calidad de la enseñanza, la formación de los profesores y la apreciación social de ese profesorado sería hoy tan importante como lo fueron algunos acuerdos de la Transición. De hecho, el mayor fracaso que puede haber para la generación que hizo aquella transición es el fracaso del pacto educativo. No puede existir una mayor decepción para esa generación, al margen de su raíz ideológica, que comprobar impotente cómo la organización educativa termina por acentuar las desigualdades. Qué mayor fracaso para todos que un joven o una muchacha que, estando capacitado, no continúa sus estudios por falta de recursos familiares y de apoyo social.

¿Es buena?, ¿es correcta?, ¿será justa la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa? ¿Ayudará a construir una sociedad mejor? De momento cabe decir que es una ley que puede nacer con el apoyo de un único partido, con mayoría absoluta parlamentaria, pero con el rechazo de la mayoría de profesores, padres y alumnos y de la oposición en pleno. Una vez más, la educación corre el riesgo de quedar regulada por las opiniones de un partido concreto y no por intereses generales.

No sería la primera vez, cierto, pero en esta ocasión el desacuerdo es todavía más amargo porque la sociedad atraviesa una crisis dramática que ha dejado en evidencia las carencias del sistema y porque la necesidad del acuerdo es más evidente que nunca. Tenemos la generación de jóvenes mejor preparada de nuestra historia, sin duda, pero también una generación con un porcentaje intolerable de jóvenes con formación claramente insuficiente o inadecuada. Son estos últimos quienes han sido enviados masivamente al paro, sin que tengan instrumentos para lograr su recuperación laboral.

La educación tiene una clara raíz política, pero esas tensiones ideológicas no impidieron en su día un primer consenso, en la difícil etapa de la Constitución. Los artículos relativos a la educación fueron uno de los principales escollos para alcanzar el pacto y exigieron un debate laborioso y difícil. Quizá no esté de más recordar que la defensa de los textos finalmente pactados se confió al entonces diputado de la Minoría Catalana Miquel Roca, y que fueron UCD y PSOE conjuntamente los que rechazaron cuarenta enmiendas en el Senado. Allí se pactó el elemento más intratable de un acuerdo para la educación ente socialistas y democristianos: la financiación de las escuelas religiosas. Entonces fue posible.

Las tensiones ideológicas no han impedido en otros países establecer pautas compartidas para el desarrollo de los acuerdos constitucionales. ¿Acaso no existe una derecha conservadora en Francia? ¿No hay liberales y socialistas en Finlandia? ¿No existen Estados federados con soberanía compartida? ¿Cuál es nuestro fallo? ¿Están implicados en España intereses más brutales que en esos otros países?

Quizá el pacto sobre el desarrollo constitucional de la educación no es posible porque no existe suficiente presión social al respecto, porque la sociedad española no tiene el mismo aprecio por la educación que en esas otras sociedades. Es posible, pero en ese caso la responsabilidad de los agentes políticos sería aún mayor, porque su primera obligación sería precisamente promover ese debate y cambiar esa apreciación social. ¿Se pregunta hoy algún gobernante si la nueva ley será justa? ¿Es eso incompatible con la ideología?, ¿o con los intereses?
solg@elpais.es




Ver aquí más sobre la Ley Wert, el propio proyecto, el vídeo de El País y más información.

(Foto, cumpleaños de Rosa, lo celebró con amigas en Nueva York)

domingo, 20 de enero de 2013

Dos propuestas simples y urgentes. Las ejecutivas en pleno de los partidos deberían ser responsables, a efecto penal, de las cuentas de su organización política

En lugar de limitarnos a expresar nuestro enfado, como trasuntos de Jeremías, los ciudadanos podríamos fijar una o dos exigencias urgentes y no cejar hasta conseguirlas. Son las cosas precisas las que se traducen antes en nuevas realidades y estamos muy necesitados de ellas.

Por ejemplo, una modificación urgente de la Ley Orgánica de Partidos, para dejar establecido que sus órganos ejecutivos son responsables, a todos los efectos, de las cuentas de sus organizaciones, como lo son los consejos de Administración de las empresas. Se lograría así acabar con la letanía de dirigentes políticos que no se dan por enterados de los escándalos de financiación de sus partidos y que no se hacen responsables ni de los dineros que entran y salen ni de las posibles ilegalidades que se cometan en ese camino.

Si el comité ejecutivo del PP hubiera tenido responsabilidad penal en las cuentas, la señora Cospedal y el señor Arenas no podrían escudarse detrás de ese “no me consta” con el que nos exasperan. Lo más probable es que los propios miembros de las ejecutivas, antes de estampar su firma bajo las cuentas, exigieran una auditoria externa exhaustiva. Esas auditorias pueden ser también incorrectas, pero aun así ofrecen mayor garantía que el Tribunal de Cuentas, tributario de los partidos e incapaz de destapar la financiación ilegal.

Recordemos, además, que la Ley Orgánica, que nació en 1978, fue modificada a toda velocidad en 2002, con el argumento de que había que recoger “la experiencia acumulada en estos años”. Entonces se trataba de ilegalizar a Batasuna. Ahora se trataría de recoger esa experiencia para atajar la descomposición de los propios partidos.

Habrá quien crea que confiar la lucha contra la corrupción a una futura ley es retrasarla sin fecha previsible. No tiene por qué ser así. Los ciudadanos están hoy profundamente irritados con los partidos, a los que reprochan su inoperancia a la hora de resolver los problemas que padecen. Esta vez los ciudadanos pueden ejercer suficiente presión para lograr, quizás, un “Pacto contra la Corrupción” que firmen todos los partidos y que se plasme en nuevas medidas generadoras de control.

Esa misma irritación política debería llevar también a aprobar una Ley de Transparencia, capaz de luchar, a su vez, contra la corrupción en las Administraciones y entidades públicas. Para eso haría falta modificar el texto propuesto por el PP, claramente insuficiente, adaptándolo a sus equivalentes de la UE. No hay razón para que estas dos propuestas no puedan llevarse a cabo con extrema rapidez.

Pero nada de todo esto puede tampoco ocultar otra realidad inmediata. La existencia de un entramado de corrupción tan grande como el que se está revelando en el PP, y en algunas Administraciones autonómicas, coloca a Rajoy en una situación delicada, de la que no puede escabullirse con un simple “no me constaba”.

Rajoy no es solo el presidente del PP, sino el del Gobierno, de un Gobierno, además, que se confiesa incapaz de encontrar soluciones rápidas para aliviar la situación que sufren sus ciudadanos. No está en posición de zafarse, porque, además, está corriendo un serio riesgo de desestabilización dentro del propio PP, algunos de cuyos dirigentes (aparentemente Esperanza Aguirre, entre ellos) creen que no puede llegar al final de su mandato y que no puede ser el próximo candidato.

Rajoy está obligado a hacer frente a la situación, ordenar a la secretaria general que dé todo tipo de explicaciones sobre las actividades de Bárcenas mientras fue su tesorero, es decir, sobre cómo financió la organización y qué dinero manejó. El responsable de la financiación del PP a efectos internos, no es Bárcenas, sino la Ejecutiva, porque, según sus propios estatutos, es ese órgano el encargado de “elaborar el presupuesto (...) así como de aprobar todas las acciones conducentes a la obtención de ingresos para el partido”.

Rajoy está obligado esta vez a defender su propio prestigio, si no quiere que se le coman de un bocado algunos de sus propios compañeros. Conste que este no es el principal problema de los españoles. Es una simple constatación de la situación en que se encuentra el presidente del Gobierno.
Fuente: Soledad Gallego-Díaz, El País.

domingo, 30 de diciembre de 2012

No es lo mismo: esto es una chapuza

La reforma del sistema británico de salud será controlada, paso a paso, por organismos independientes


En 2015, todos los ciudadanos deberían poder valorar cómo funciona el sistema de salud a su nivel local, cómo proporciona los cuidados que está obligado a dar y cómo cumple con los estándares o normas de calidad fijadas públicamente. “La transparencia es un elemento decisivo tanto para mejorar la calidad de los servicios de asistencia así como para informar a los ciudadanos sobre lo que pueden esperar y exigir del Servicio Nacional de Salud”. “Es fundamental que exista una expectativa mensurable [es decir datos, cifras y comparaciones que se puedan medir] para poder valorar si el Gobierno está cumpliendo con sus afirmaciones sobre el rendimiento del sistema de salud”.

Lo que acaban de leer es parte del “mandato” firmado en noviembre pasado entre el Gobierno de Reino Unido y el Consejo de Dirección del Sistema Nacional de Salud (NHS), un organismo independiente que ha sido creado para asumir la responsabilidad del nuevo modelo de gestión del NHS a partir del 1 de abril del año próximo. El “mandato” fue negociado durante tres meses con asociaciones de ciudadanos, de médicos y de personal sanitario, y con otras organizaciones independientes relacionadas con la sanidad pública.

El Gobierno conservador británico puso en marcha una complicada reforma del Sistema Nacional de Salud, mediante la ley denominada Health and Social Care Bill, que fue objeto de centenares de enmiendas, se discutió durante horas en el Parlamento e incluso se pospuso y ralentizó su aplicación como consecuencia de la presión que ejercieron los afectados y la oposición. Cameron aceptó esperar a que un grupo independiente elaborara un informe, y esos expertos propusieron que la reforma se realizara paso a paso y que se pudiera ir valorando sus resultados.

La nueva ley acepta que hay que introducir más competencia en la sanidad pública, sin que eso sea un objetivo en sí mismo, sino una manera de mejorar la calidad, y abrir el abanico de proveedores privados. El recurso a proveedores privados ya fue aceptado por el Gobierno laborista de Tony Blair, pero manteniendo la gratuidad y la idea de que se trata de un servicio público universal.

El nuevo informe confirma esa presencia del sector privado en la sanidad pública, pero de manera equilibrada y controlada, de forma que se monitoricen permanentemente los resultados, al igual que se debe hacer con los servicios prestados directamente por el sistema gestionado de forma pública.

El King’s Fund, una fundación independiente para la mejora de la sanidad pública, que tiene sus raíces nada menos que en un hospital londinense de 1897, y que ahora funciona como un famoso think tank, advirtió sobre las dificultades que se plantean para cumplir con la exigencia del Gobierno de que el NHS ahorre un 5% anual de presupuesto en los próximos años. Sus expertos han empezado a analizar trimestralmente los datos que están obligados a proporcionar los centros sanitarios, de gestión pública o privada, y ejercen una considerable presión para lograr un máximo de información en términos que sean comparables.

Toda esta información viene a cuento del debate que se plantea en España sobre la gestión privada de hospitales y centros de salud públicos. Es lo mismo que se está haciendo en Reino Unido, advierten sus partidarios. No, no es lo mismo, porque en España ni se ha debatido sobre el asunto en el Parlamento, ni se ha consultado previamente a los expertos y a los interesados, pacientes y personal sanitario, ni se han establecido previamente las normas de control, ni se han fijado de manera formal y transparente los objetivos que deben cumplir esos centros (de gestión pública o privada), ni se garantiza la transparencia del gasto, ni la posibilidad de comparar unos centros y otros, ni nada de nada.

Lo de aquí, al margen de que se favorezca o no la presencia de proveedores privados en la sanidad pública, es una simple chapuza. Un trabajo poco profesional de unos políticos poco habituados al control, la exigencia, y la demanda de responsabilidades. Soledad Gallego-Díaz, El País.

lunes, 17 de septiembre de 2012

La manía de identificar a España con el extremismo

El presidente de la Generalitat tiene la costumbre de presentar continuamente a España como si fuera una de las partes de un enfrentamiento entre dos principios absolutos opuestos entre sí

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, tiene la molesta costumbre de presentar continuamente a España como si fuera una de las partes de un enfrentamiento entre dos principios absolutos opuestos entre sí. Pero esa imagen maniquea es falsa porque España no es unánime ni uniforme, como tampoco lo es Cataluña.

 Resulta casi insultante esa voluntad de identificar a España con la posición política más extremista, como si no existieran voces que defienden cosas distintas, como si no existieran españoles federalistas igual que existen españoles centralistas, o como si Cataluña y España fueras asuntos de única naturaleza. Como si Andalucía fuera parte de la Castilla de Felipe II y la Comunidad Valenciana una excrecencia de Madrid.

Es Artur Mas quien se empeña en ver una España unánime, igual que ve una Cataluña unánime, donde existen sociedades complejas y múltiples.

 La manifestación celebrada en Barcelona es un síntoma importantísimo del estado de ánimo de una parte decisiva de la sociedad catalana. Pero es un síntoma y no sustituye ni se traduce automáticamente en procesos políticos institucionales. Quien da el paso en esa dirección es Mas poniendo a la Generalitat al frente de una estrategia muy complicada que arrastra a su partido y que, si no lo remedia pronto, puede arrollarle.

 El presidente necesita urgentemente encontrar estaciones intermedias si no quiere ser responsable de una dinámica insensata, que deje en manos de los más radicales la legitimidad, sin la posibilidad de acordar una paz intermedia que no sea la independencia. Afirmar que si no consigue el pacto fiscal (de imposible encaje en la actual Constitución) “se abre el camino a la libertad de Cataluña” es una metáfora desafortunada, primero porque implica que los catalanes no son libres (lo que puede ser una noticia inesperada para la mayoría de ellos) y segundo porque vincula “libertad” con financiación.

 Cuanto más huyan los políticos de las metáforas durante esos días, mejor para todos. De lo que algunos estamos fatigados no es de la relación entre Cataluña y España, por muy tensa que sea, sino de la afición a enmascarar un problema político en un lenguaje metafórico de afectos, en los que es imposible acordar nada porque tan legítimo sería el sentimiento del catalán independentista que quiere un Estado propio como el del español centralista que “siente” que España incluye a Cataluña. Tan legítima sería la falta de afecto de los catalanes por España como la inclinación de los españoles por Cataluña. Con eso no vamos a ningún lado... Soledad Gallego-Díaz. Leer más en El País.

jueves, 3 de marzo de 2011

Esto no es un circo

Esto no es un circo
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 27/02/2011

El periodismo no es un circo para exhibirse, sino un instrumento para ayudar a los hombres y mujeres a pensar y avanzar en su combate por una vida más digna y menos injusta. Lo dijo un gran periodista, Tomás Eloy Martínez, del que el escritor Juan Villoro asegura que hubiera ganado cualquier encuesta entre los profesionales de América Latina sobre quien hubieran querido que fuera su director.

"Al lector no se le sacia con golpes de efecto, sino con la narración de cada hecho dentro de su contexto y sus antecedentes". Tomás Eloy, muerto el año pasado, siempre exigió a sus redactores que fueran capaces de narrar una historia con fuerza y vocación de seducción, pero, con la misma exigencia, les impuso reglas estrictas sobre la veracidad de los personajes y los hechos, la comprobación, los antecedentes y el contexto de esos reportajes.

Todo esto no viene a cuento de la polémica entre Javier Cercas y Arcadi Espada, sino de las próximas elecciones municipales y autonómicas y más precisamente de la obligación profesional de ayudar a los hombres y mujeres a pensar, recurriendo a datos y contextos precisos.

En mayo se decidirán en España cosas importantes que afectan a la vida (que debería ser digna y que es injusta) de millones de ciudadanos. Las comunidades autónomas (se celebran elecciones en todas menos en Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía) y los municipios (nada menos que 8.112 en toda España) son, en estos momentos, los responsables de la educación, la sanidad, medio ambiente y una enorme lista de servicios sociales.

Faltan tres meses, muy poco tiempo, y está claro que las comunidades y Ayuntamientos sufren, y van a seguir sufriendo, gravísimos problemas de financiación y reducción de ingresos. Es decir, que los ciudadanos nos enfrentamos a seguros recortes en las cosas más básicas de nuestra vida: la calidad de la educación (sueldo y número de profesores) y de la sanidad, el trato a los ancianos, el apoyo a los minusválidos, la protección del medio en el que habitamos, el transporte, la vigilancia en las calles. Esto no es un circo, sino cosas muy serias.

Hablemos de estas cosas. Digamos, por ejemplo, que los políticos están ayudando a sepultar el debate económico y social con el escándalo de la corrupción, que se merece, evidentemente, la atención y el rechazo de los ciudadanos, pero que no es el único tema sobre el que deberían girar estas elecciones. La agenda, cada día más anémica y mezquina que se nos presenta, debe abrirse rápidamente y permitir un debate mucho más amplio sobre la asignación de esos recursos y, especialmente, sobre el modelo de financiación de los Ayuntamientos que va a defender cada candidato.

Ese es un tema fundamental. Los ciudadanos tienen que entender qué está en juego y por qué. Hay que estar advertidos sobre los trucos y engaños que encierran algunas de las propuestas, en el peor de los casos, o simplemente, en la mejor de las hipótesis, de las inevitables consecuencias que van a acarrear. Se ha renunciado a reformar la Ley de Gobierno Local, que hubiera ayudado a asociar, o unir, a Ayuntamientos que no tienen recursos para cuadrar sus cuentas y que quizás funcionarían mejor agrupando sus servicios. Todo el mundo es consciente que desde que, en los noventa, se decidió que los ayuntamientos tuvieran grandes competencias sobre ordenamientos urbanísticos, buena parte de los gastos corrientes se han venido financiando con ingresos procedentes del boom inmobiliario. El frenazo en seco de los dos últimos años les ha dejado con las arcas vacías y con una capacidad de endeudamientos casi nula. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cuántos cargos "de confianza" o cuántos maestros van a desaparecer? ¿Van a bajar las prestaciones sociales? ¿Qué pasará con las tasas locales para comercios pequeños? Eso son cosas claras que hay que preguntar y que los candidatos deben explicar.