Recuerden sus principios Hace ya muchos años que las democracias más prestigiadas del mundo reaccionan ante cualquier ataque de manera completamente inconsistente con los principios con los que fueron creadas y con las libertades civiles que aseguran defender. Sucedió a raíz del gravísimo atentado con las Torres Gemelas, en Estados Unidos, o contra el metro en el Reino Unido. Y está sucediendo otra vez en el caso de las filtraciones de Wikileaks, que no tienen absolutamente nada que ver con atentados ni con violencias, sino con la libertad de expresión y de comunicación. Una vez más, conviene recordar la pregunta que se hicieron algunos intelectuales de las democracias emergentes a raíz del 11-S: "¿Está usando Occidente su dominio para preservar su poder o para preservar las reglas cívicas que él mismo estableció en el siglo XX?".
Difícil poder explicar qué principios defienden las democracias "clásicas" cuando el Gobierno de Estados Unidos intenta bloquear a Wikileaks asegurando que los documentos que ofrece, por ser, en teoría, clasificados, no pueden ser descargados ni por funcionarios, ni por empresas que tengan contratos con la Administración norteamericana, ni, lo que es todavía más asombroso, por "individuos privados", por ejemplo, estudiantes, que, al bajarse esa información en sus ordenadores, están "poniendo en peligro sus posibilidades de acceder en el futuro a un puesto de trabajo dentro de la Administración pública".
La Universidad de Columbia difundió esa advertencia del Departamento de Estado a través de su página de servicios y tuvo que ser su Escuela de Asuntos Públicos Internacionales la que diera la voz de alarma y defendiera que "los estudiantes tienen derecho a discutir cualquier información de la arena pública que consideren relevante para sus estudios o para su rol como ciudadanos globales, y de hacerlo sin temor a consecuencias adversas". Pero incluso la Escuela de Asuntos Públicos pasó por alto el aspecto más inquietante de la nota hecha pública por la Secretaría de Estado: con su advertencia, la Administración norteamericana está admitiendo que puede examinar y valorar las páginas web descargadas a lo largo de su vida por todos aquellos que aspiran a trabajar para ella.
Hasta la impecable Biblioteca del Congreso, el último lugar en el que uno pensaría que se puede ejercer la censura, emitió un comunicado explicando que se veía obligada a bloquear el acceso a Wikileaks, "debido a las leyes en vigor sobre protección de documentos clasificados". "Cobardes", replicó en su propia página web un usuario de este excepcional centro de documentación. "Revisen el Código de Ética de las Bibliotecas Norteamericanas, que ustedes prometieron respetar". El punto dos de ese Código (www.ala.org) compromete a los bibliotecarios a luchar contra cualquier intento de censura de sus contenidos.
Es posible que sea la reacción de la Administración norteamericana ante la revelación de los documentos, y no el contenido mismo de esos papeles, lo que termine realmente por minar la reputación de Estados Unidos. En el fondo, los documentos de la Secretaría de Estado no revelan secretos que le perjudiquen, sino las mentiras que han dicho en público, no ellos, sino buena parte de sus aliados, políticos españoles incluidos. Sea como sea, lo que es evidente es que los ciudadanos se sienten cada día menos seguros de la honestidad democrática de sus dirigentes. Basta con leer el último informe de la organización Transparencia Internacional sobre la percepción de corrupción en Estados Unidos y en la Unión Europea y su principal conclusión: los ciudadanos creen que ha crecido alarmantemente en los últimos años.
El 73% de los europeos cree que hay más corrupción ahora que en 2006. Lo creen los españoles, pero también los alemanes (70%) e incluso los finlandeses (50%). La crisis financiera y económica está sin duda en el corazón de esta fuerte desconfianza en políticos y altos funcionarios, pero no estaría mal que no se agreguen más elementos desmoralizadores a una situación que está produciendo tanto agotamiento.
(SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 12/12/2010 El Pais)
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