La declaración del presidente del Gobierno (“El traslado de los restos de Franco queremos que sea inmediato”) obliga a plantearse una solución de mucho mayor alcance. Sobre todo, conociendo sus orígenes y su dimensión actual.
Cuando aún alguien duda de cuál debe ser el destino de ese monumento al criminal de guerra y genocida general Franco, es necesario, una vez más, tener presente cuáles fueron las consecuencias del golpe militar de 1936.
Una política de terror que se implantó a través de la aplicación brutal de bandos de guerra, asesinatos impunes, bombardeos sobre la población civil, desapariciones forzadas, sentencias radicalmente injustas de muerte o prisión, cárcel, campos de concentración, trabajos forzados, multas arbitrarias, incautación de bienes, torturas, exilio, persecución laboral y profesional y tantas consecuencias lesivas para los derechos humanos de los vencidos y los demócratas.
Ante esta enorme tragedia, el dictador, derrotada la República, ya decidió construir un gran monumento en su memoria —con “la grandeza de los monumentos antiguos”— y en la de los vencedores que habían fallecido durante la guerra. Pese a ello, los Gobiernos del PSOE y del PP han consentido la continuidad de ese infame monumento. Y la ley, llamada de la Memoria Histórica, de 2007, se limitó a prohibir en su sede “actos… exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”.
Pero veamos cuáles son sus orígenes.
El general Franco, por decreto del 1-4-1940, dispone la elección de “un lugar retirado donde se levante el templo grandioso de nuestros muertos que, por los siglos, se ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y de la Patria”. Y continuaba, “lugar perenne de peregrinación, en que lo grandioso de la naturaleza ponga un digno marco al campo en que reposan los héroes y mártires de la Cruzada”. Espacio, el de Cuelgamuros, para “perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra Gloriosa Cruzada”. ¿Cómo han podido olvidar nuestros Gobiernos democráticos esta terrible, por absolutamente sectaria e injusta, decisión?
A continuación, constan diversas disposiciones, como el decreto del 31-12-1941, en el que se hace referencia al “monumento a los que cayeron en nuestra Gloriosa Cruzada”. Y, muy especialmente, el decreto ley del 23-8-1957, en el que, concluidas las obras, se crea la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, con la colaboración activa de la Orden Benedictina, en el que reitera la “erección de un magno monumento destinado a perpetuar la memoria de los Caídos de la Cruzada de Liberación, para honra de los que dieron su vida por Dios y por la Patria”. Y, en su preámbulo, se reitera la “fe religiosa de nuestro pueblo”, “el sentido profundamente católico de la Cruzada”, “el signo social del nuevo Estado nacido de la Victoria” y, por todo ello, “la Cruz grandiosa que inspira el Monumento imprime a esta realización un carácter profundamente cristiano”. Pero lo que ya resultaba, desde hace mucho tiempo, absolutamente inaceptable para toda la sociedad española y, desde luego, para los Gobiernos de la democracia, es acatar pasivamente el siguiente texto de dicho decreto: “Los lustros de paz que han seguido a la victoria han visto el desarrollo de una política guiada por el más elevado sentido de la unidad y hermandad entre los españoles”. Lo que, como ya está completamente acreditado, es radicalmente falso. Era evidente, frente a lo que decía el decreto ley, que no estábamos en “los mejores tiempos españoles”.
Y aún rigen acuerdos, como el Convenio de la Citada Fundación con la abadía de Silos, del 29-5-1958, firmado por Carrero Blanco, en el que se dispone que: “El primero de abril, día en que terminó nuestra Cruzada… cantar una Misa solemne de acción de gracias y un Te Deum” o “celebrar una Misa solemne… el día primero de octubre por su Excelencia el Jefe del Estado”. Y, finalmente, el dictador, el 15-1-1959, aprueba el reglamento que desarrolla la disposición de 1957, que comienza así: “La finalidad de la Santa Cruz del Valle de los Caídos es la de rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada nacional…”.
El actual Gobierno de un Estado democrático, laico y moderno, no puede consentir que continúen vigentes una institución y unas normas dictadas por un Estado totalitario y confesional, que pueden resumirse en el decreto ley de 1957. Es inexcusable reconvertir dicha institución, secularizarla y que refleje, con plena objetividad, la memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil.
Carlos Jiménez Villarejo es miembro de Federalistes d‘Esquerres.
https://elpais.com/elpais/2018/06/29/opinion/1530299124_341877.html
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viernes, 6 de julio de 2018
jueves, 28 de junio de 2018
La causa de los 140.000 (desaparecidos). La dictadura franquista continúa impune
Carlos Jiménez Villarejo
Ctxt
Este texto se leyó originalmente en las Jornadas organizadas por la Asociación “Dejadme llorar”. El autor lo ha actualizado ahora para su publicación en CTXT.
El Gobierno tiene que revisar la Ley de Memoria Histórica para que las Administraciones Públicas asuman la responsabilidad de encontrar a los asesinados, y para dar plena rehabilitación moral, jurídica y económica a todas las víctimas de la dictadura.
“Es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía y a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales”.
Frente a la “aplicación de bandos de guerra, desapariciones forzadas, sentencias de muerte, cárcel, campos de concentración, multas e incautación de bienes, torturas, exilio y persecución laboral y profesional y grupos guerrilleros…”
(Exposición de Motivos de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía)
1. El estado actual de los “desaparecidos” durante la guerra civil y la dictadura
La cita anterior es obligada en unas Jornadas como éstas que afrontan, esta vez en Andalucía, el deber de la memoria y, una vez más, la denuncia de la impunidad. Ante una Ley que representa un compromiso más enérgico y amplio con aquellas víctimas que la Ley estatal 52/2007, además de su derogación de facto durante el último gobierno del Partido Popular (PP).
Es necesario resaltar y agradecer que la Ley andaluza incluya la referencia a la Resolución de la ONU de 1946 que calificaba el régimen de Franco como “de carácter fascista”, establecido en parte gracias a las ayudas de Hitler y Mussolini.
En 1986, con motivo del 50 aniversario de la sublevación militar de 1936, la Presidencia del Gobierno emitió un comunicado que concluía así: "Y recuerda además con respeto a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente, a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”. La “sociedad diferente” era el golpe militar, la dictadura franquista y la planificación del terror desde 1936 hasta 1975. Habrían de pasar más de treinta años para que un Gobierno se atreviera a llamar a la dictadura por su nombre, como lo había hecho la ONU en 1946. Así lo hizo, pese a todas sus insuficiencias, la Ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica, que, además, proclamó la “condena del franquismo”. Y, complementariamente, la Ley incluyó una Disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas represoras dictadas bajo la Dictadura por ser manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales, desde los primeros Bandos de Guerra hasta la Ley del Tribunal de Orden Público, “con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial”. Derogación que evidencia las carencias de la Constitución democrática de 1978 en cuanto no afrontó directamente la ruptura con el régimen totalitario anterior incorporando una norma como la que se aprobó veintinueve años después. Todo ello refleja las debilidades de nuestra democracia por razón de la pervivencia en su seno, ciudadanos e instituciones, de ciertos rasgos de una cultura autoritaria. Por ello, dicha Ley solo alcanzó unos objetivos moderados y dominados por una cultura privatizadora de la memoria.
Dice el Preámbulo que, entre otros, es cometido de la Ley proteger “el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática”. La consecuencia de este planteamiento ha sido un progresivo abandono de las reivindicaciones en orden a la plena rehabilitación moral, económica y jurídica de los vencidos y sus descendientes. El 9 de Febrero de 2011, en el CCCB de Barcelona, en el marco de una Exposición sobre “Desaparecidos”, el profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York) Andreas Huyssen mantenía: "¿Qué sería del movimiento internacional de los derechos humanos sin memoria de los campos de exterminio del siglo XX?”. Y reclamaba la necesidad de preservar “la dignidad de las víctimas, sus luchas y su destino”. Lo mismo puede decirse del genocidio franquista y de sus responsables. Sobre todo, cuando aún persisten entre nosotros consecuencias gravísimas, dolorosas y punibles del genocidio, como son los desaparecidos. Y continúan considerados como culpables los condenados por las jurisdicciones represivas franquistas por un delito que jamás cometieron, el de rebelión militar. Y siguen sin ser plenamente rehabilitados los guerrilleros contra la dictadura, como última expresión del Ejército de la República. Por el contrario, el dictador aprobó una Ley el 22/12/1949 para recompensar a militares y guardias civiles que reprimieron a los guerrilleros. Les reconoció como “abonos de tiempo de campaña”, por la persecución de “partidas de rebeldes” a finales de 1944 en los que se calificaban como “Hechos de Armas”. La democracia aún no ha hecho un reconocimiento similar a los guerrilleros que sufrieron dicha persecución. Las víctimas ya no pueden esperar más y el Gobierno, las administraciones públicas y los tribunales están obligados a la satisfacción inmediata de sus derechos.
En julio de 2016, se cumplieron 80 años desde que la II República fue asaltada por el golpe militar dirigido por el General Franco, implantando desde sus inicios un régimen totalitario regido por el terror y la represión. Entre muchas de las consecuencias de dicho terror, estuvieron las víctimas republicanas de asesinatos que fueron enterradas clandestinamente en fosas comunes. La gran mayoría de ellas no han sido localizadas ni identificadas y, lo que es más grave, nunca, salvo contadísimas excepciones, las Administraciones y el poder judicial asumieron la investigación y esclarecimiento de conductas que constituían crímenes contra la humanidad.
En este contexto, los familiares de aquellas víctimas quedaron en un absoluto desamparo, viéndose obligadas al silencio y, en limitados casos a recurrir a procedimientos civiles para lograr el reconocimiento de estos derechos: la recuperación de los restos de sus ascendientes asesinados, su identificación y darles una digna sepultura. Prácticamente nunca conocieron quiénes y cómo los asesinaron.
Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226
Hubo que esperar a que el Grupo de Trabajo de NNUU sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias, en el Informe sobre su visita a España en septiembre de 2013 (de 23 a 30 de este mes), exigiera al Gobierno español que “todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial…”. Recomendación abiertamente incumplida. Por cierto, dicho organismo de la ONU visitó “Las Murallas de la Macarena y la fosa común del Cementerio de Sevilla”.
Decía así: “En España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975)”. Este es el punto de partida de dicho Informe. Con un dato muy relevante. Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226.
La intervención de este Comité fue la primera respuesta internacional al desamparo que sufren a diario las víctimas –incluidos sus familiares– de los crímenes de la dictadura franquista.
El abandono institucional y, particularmente, el judicial lo acreditó el Informe elaborado por el forense Francisco Etxeberria, que ha intervenido en la exhumación de 300 fosas en las que se encontraron restos de 5.000 personas. Afirmó: “Las autoridades judiciales han estado ausentes en este proceso”.
El desamparo judicial es ya antiguo, pero se agudizó cuando, tras la denuncia formulada en 2006 ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5, el proceso fue cerrado, dividido y repartido entre más de 60 Juzgados de Instrucción por razón de la localización de las fosas. La inmensa mayoría de los Juzgados archivaron las actuaciones, sin personarse siquiera en la fosa donde pudieran hallarse los restos de los desaparecidos para practicar las diligencias a que les obligaba la Ley. Con razón, dicho Informe de la ONU exigía “Jueces en las fosas”: “Que los representantes de la administración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos”.
Y, cuando se aprueba la Ley de la Memoria Histórica (LMH) en 2007, el Estado renuncia a su deber de asumir “la indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas” para atribuírselas a los familiares y particulares. Privatizando una responsabilidad eminentemente pública, ya fuera judicial o administrativa. En efecto, el art. 11 de la misma se limita a afirmar que las Administraciones Públicas se limitarán a “facilitar” a los familiares y asociaciones la práctica de las exhumaciones. Lo que, evidentemente, contrasta con los términos del Art. 8.1 de la Ley andaluza, cualquiera que sea su posterior proceso de ejecución: “La Consejería competente en materia de memoria democrática llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas…”, con arreglo a los Protocolos a que se refiere.
Pero la desprotección llegó a ser más intensa cuando el Tribunal Supremo (TS), por sentencia 101/2012, que absuelve al juez Garzón, complementada por el Auto de 28/3/2012, clausura definitivamente las puertas de los tribunales para investigar los crímenes de la dictadura. Porque, con una completa vulneración del Derecho Internacional Humanitario, declara que no pueden ser perseguidos penalmente. Cuando ha sido una constante de este Derecho que ciertos delitos, por su gravedad y dimensiones cualitativas y cuantitativas, eran siempre perseguibles, con independencia de su codificación estatal, precisamente por atentar al género humano.
Además, los Pactos de Nueva York, vigentes en España desde el 30/4/1977, proclamaban que la irretroactividad de la ley penal no era aplicable a delitos que, por su gravedad, tenían aquel alcance. Los Pactos establecen que nada se opone a su persecución y condena si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”. Tratado vigente en España cuando se aprobó la Ley de Amnistía de 1977, lo que impedía que fuera aplicada al genocidio franquista.
El deber de investigar dichos crímenes está, además, respaldado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la sentencia de 16/4/2012 justificó la investigación judicial de los asesinatos masivos de Katyn.
Y el Tribunal Supremo de Italia autorizó la persecución judicial de Priebke, el dirigente nazi que ordenó los asesinatos de las Fosas Ardeatinas.
Y, ya en España, la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (Auto 22/1/2013) ordenó la investigación de los bombardeos fascistas sobre la población civil de Barcelona durante la guerra civil con centenares de víctimas. El tribunal, con fundamento en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, afirma que “el ejército italiano podía conocer la ilicitud de los bombardeos sistemáticos y de carácter exterminador sobre la población civil de Barcelona”. Y, desde luego, con fundamento en dichas Convenciones y en la Constitución de la República, declara que los ataques aéreos sobre Barcelona son perseguibles “como derecho penal no codificado”, pues los “principios” del Derecho consuetudinario internacional “están por encima de las leyes internas de cada país, y por tanto son directamente aplicables aunque la legislación interna del Estado donde se perpetraron no los tuviera formalmente tipificados”. Así se desprende expresamente de la Convención de La Haya de 1907, donde “constan expresamente las matanzas masivas de la población civil” y los “bombardeos de ciudades sin que existan objetivos militares” y, en particular, de la Cláusula Martens de 1899, que apelaba a los Estados en guerra a la vigencia de “los principios del derecho de gentes”. Como consecuencia de estos principios, el citado Informe de la ONU disponía que “la búsqueda de los desaparecidos no puede depender de los familiares, sino que debe de ser asumida como una obligación del Estado”.
Es especialmente significativa la Sentencia del TEDH en el caso Zdanoka c. Letonia (16/3/2006): “2. En derecho internacional, el proceso de Núremberg es una ilustración histórica de la manera en que el estado de derecho responde a la barbarie, de que el poder de la lógica jurídica prevalece ex post facto sobre la lógica hobbesiana del poder... El Tribunal aplica la doctrina fijada por la Sentencia de Núremberg, según la cual el concepto de crímenes contra la humanidad comprende los hechos de esta naturaleza cometidos desde el 23 de marzo de 1933. De la misma forma que el Convenio sobre el Genocidio, de 1948, no instituye ni crea este delito sino que “confirma” su existencia como “delito de derecho internacional”.
El Comité de NNUU expresó su “preocupación” por el criterio mantenido por el TS en la sentencia citada al invocar la “existencia de una ley de amnistía” y por rechazar en las desapariciones su carácter de delito permanente. Asimismo, “exhorta” al Estado a que “asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial...”.
El Comité, frente al criterio mantenido por la LMH, recuerda que “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado” y que “los familiares tienen el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos”.
Para estos fines, como ya se ha reclamado desde diversas instancias, el Comité plantea que el Estado español “debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada…”.
Finalmente, entre otras muchas recomendaciones, el Comité reitera lo que ya solicitó el Consejo de Europa en 2006, “la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas”.
Las víctimas de la dictadura ya no pueden esperar más. Llevan 40 años esperando saber, ser auténticamente reparados por el inmenso daño sufrido y, en la medida de lo posible, que se haga justicia como lo está haciendo la juez argentina.
El Estado, las Administraciones y, particularmente, los jueces no pueden continuar quebrantando el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas e incumpliendo el deber legal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada fijada en las leyes internacionales. Acabar con el “olvido de las víctimas de la represión franquista”. Las víctimas más “invisibilizadas”, según Reyes Mate.
Más recientemente, el pasado 15 de abril de 2015, la ONU ha vuelto a reiterar al Estado español que cumpla sus obligaciones morales y, sobre todo, legales con las víctimas de la represión de la dictadura franquista. Era la consecuencia del Examen Periódico Universal a que nuestro Estado fue sometido en enero de ese año en el extenso ámbito de los derechos humanos.
A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario
Las Recomendaciones fueron fundamentalmente tres: “Abordar la cuestión de las desapariciones forzadas en todos sus aspectos” y “promover cambios en el ordenamiento nacional que permitan la investigación exhaustiva e imparcial de las desapariciones forzadas”, ambas en el marco de “una estrategia amplia e incluyente para abordar los problemas del pasado…”.
A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario, el franquismo, de forma que se resuelvan a favor de las víctimas del mismo las deudas contraídas por un sistema, la dictadura, que aún no están completamente saldadas. La responsabilidad es compartida por los Gobiernos democráticos y los Tribunales de Justicia. Porque no habrá en España un sistema plenamente respetuoso de los derechos humanos mientras aquellas víctimas no hayan sido plenamente reparadas.
2. El concepto de “víctima” de violaciones graves de derechos humanos
Incorporado a la Ley andaluza en el art. 4 A. b). La utilización del término “víctimas” resulta necesario en cuanto genera un determinado estatuto jurídico, sobre todo a la hora de situarlo en relación con los instrumentos jurídicos de Derecho Internacional en la materia. A este respecto, es necesario hacer una especial mención de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 60/147 (16. 12. 2005, publicada 21. 04. 2006) relativa a los: “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.
El concepto de víctima se define así: “8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. 9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. "Desde esta perspectiva, el Estado español y, en consecuencia la magistratura, están obligados a actuar para la plena satisfacción de dichos derechos”.
3. La dictadura franquista continúa impune
La Fiscal General dictó el 30 de septiembre de 2016 una Instrucción ordenando a los fiscales que se opusieran a los requerimientos de la Justicia argentina solicitando auxilio judicial para la investigación de los crímenes de la dictadura fascista del General Franco.
En su escrito, se refería en varias ocasiones al “franquismo”, nunca en términos críticos. Y el modo habitual de aludir al objeto del requerimiento de la juez argentina es que se trata de “hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles” entre 1936 y 1977. O bien a “hechos acaecidos durante la guerra civil”. Nunca se refiere a la dictadura.
Fue un verdadero escándalo. Esa fiscal, ya cesada, representó la continuidad de esa contemporización de ciertos sectores judiciales con el franquismo.
La categoría de Crímenes contra la Humanidad de los cometidos por los sublevados desde el inicio de la guerra civil y durante la dictadura no permite ninguna duda. La naturaleza criminal de los mismos, su gravedad y el carácter de crímenes planificados desde el Estado y su alcance masivo exigen aún su investigación judicial penal y, cuando fuera posible, la persecución de sus responsables. Es lo que pretende hacer la Justicia argentina ante la gravísima pasividad de los Gobiernos democráticos y de las autoridades judiciales.
No puede olvidarse que hasta el 2000 –cuando se exhuman los restos de trece fusilados en octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León)– no se inició un auténtico movimiento reivindicativo de la memoria de los crímenes del franquismo. Y hasta 2007 no se aprueba una Ley, la de Memoria Histórica, que reconoció tibiamente la criminalidad de la dictadura. Ello sitúa en su justo lugar el valor limitado de la Ley de Amnistía y, desde luego, la enorme dificultad de que dichos crímenes fuesen perseguibles.
Son muchas más las consecuencias gravemente lesivas a los derechos humanos de los cuarenta años de dictadura. Pero que conste que no habrá un cambio político real en nuestro país sobre el olvido y el desamparo legal de las víctimas del franquismo.
Y el Estado y las Comunidades Autónomas tienen una gran responsabilidad. Pero, muy especialmente, el actual Gobierno, obligado a revisar la LMH para que las Administraciones Públicas asuman directamente la responsabilidad respecto a los desaparecidos; pero también para reconocer sin reserva alguna la competencia que les corresponde respecto a la plena rehabilitación -moral, jurídica y económica- de todas las víctimas de la dictadura y, particularmente, entre ellas, los miembros de la Unión Militar Democrática y de la guerrilla antifranquista. Además de impulsar y respetar la competencia judicial-siguiendo el ejemplo de la Audiencia de Barcelona-para investigar y perseguir los gravísimos Crímenes contra la Humanidad que se cometieron desde 1936 hasta 1975 por las autoridades y funcionarios del franquismo y la dictadura.
Concluimos:
“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio… Lo que obliga a todos los poderes públicos “a preservar del olvido la memoria colectiva”. Y, además, a evitar “la impunidad”. Creo que este llamamiento de NNUU debería haberse aplicado, especialmente en nuestro país, desde que entró en vigor en 2005. (“Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.8/2/2005).
Fuente: http://ctxt.es/es/20180613/Politica/20208/Memoria-historica-franquismo-desaparecidos-Carlos-Jimenez-Villarejo.htm
Ctxt
Este texto se leyó originalmente en las Jornadas organizadas por la Asociación “Dejadme llorar”. El autor lo ha actualizado ahora para su publicación en CTXT.
El Gobierno tiene que revisar la Ley de Memoria Histórica para que las Administraciones Públicas asuman la responsabilidad de encontrar a los asesinados, y para dar plena rehabilitación moral, jurídica y económica a todas las víctimas de la dictadura.
“Es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía y a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales”.
Frente a la “aplicación de bandos de guerra, desapariciones forzadas, sentencias de muerte, cárcel, campos de concentración, multas e incautación de bienes, torturas, exilio y persecución laboral y profesional y grupos guerrilleros…”
(Exposición de Motivos de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía)
1. El estado actual de los “desaparecidos” durante la guerra civil y la dictadura
La cita anterior es obligada en unas Jornadas como éstas que afrontan, esta vez en Andalucía, el deber de la memoria y, una vez más, la denuncia de la impunidad. Ante una Ley que representa un compromiso más enérgico y amplio con aquellas víctimas que la Ley estatal 52/2007, además de su derogación de facto durante el último gobierno del Partido Popular (PP).
Es necesario resaltar y agradecer que la Ley andaluza incluya la referencia a la Resolución de la ONU de 1946 que calificaba el régimen de Franco como “de carácter fascista”, establecido en parte gracias a las ayudas de Hitler y Mussolini.
En 1986, con motivo del 50 aniversario de la sublevación militar de 1936, la Presidencia del Gobierno emitió un comunicado que concluía así: "Y recuerda además con respeto a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente, a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”. La “sociedad diferente” era el golpe militar, la dictadura franquista y la planificación del terror desde 1936 hasta 1975. Habrían de pasar más de treinta años para que un Gobierno se atreviera a llamar a la dictadura por su nombre, como lo había hecho la ONU en 1946. Así lo hizo, pese a todas sus insuficiencias, la Ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica, que, además, proclamó la “condena del franquismo”. Y, complementariamente, la Ley incluyó una Disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas represoras dictadas bajo la Dictadura por ser manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales, desde los primeros Bandos de Guerra hasta la Ley del Tribunal de Orden Público, “con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial”. Derogación que evidencia las carencias de la Constitución democrática de 1978 en cuanto no afrontó directamente la ruptura con el régimen totalitario anterior incorporando una norma como la que se aprobó veintinueve años después. Todo ello refleja las debilidades de nuestra democracia por razón de la pervivencia en su seno, ciudadanos e instituciones, de ciertos rasgos de una cultura autoritaria. Por ello, dicha Ley solo alcanzó unos objetivos moderados y dominados por una cultura privatizadora de la memoria.
Dice el Preámbulo que, entre otros, es cometido de la Ley proteger “el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática”. La consecuencia de este planteamiento ha sido un progresivo abandono de las reivindicaciones en orden a la plena rehabilitación moral, económica y jurídica de los vencidos y sus descendientes. El 9 de Febrero de 2011, en el CCCB de Barcelona, en el marco de una Exposición sobre “Desaparecidos”, el profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York) Andreas Huyssen mantenía: "¿Qué sería del movimiento internacional de los derechos humanos sin memoria de los campos de exterminio del siglo XX?”. Y reclamaba la necesidad de preservar “la dignidad de las víctimas, sus luchas y su destino”. Lo mismo puede decirse del genocidio franquista y de sus responsables. Sobre todo, cuando aún persisten entre nosotros consecuencias gravísimas, dolorosas y punibles del genocidio, como son los desaparecidos. Y continúan considerados como culpables los condenados por las jurisdicciones represivas franquistas por un delito que jamás cometieron, el de rebelión militar. Y siguen sin ser plenamente rehabilitados los guerrilleros contra la dictadura, como última expresión del Ejército de la República. Por el contrario, el dictador aprobó una Ley el 22/12/1949 para recompensar a militares y guardias civiles que reprimieron a los guerrilleros. Les reconoció como “abonos de tiempo de campaña”, por la persecución de “partidas de rebeldes” a finales de 1944 en los que se calificaban como “Hechos de Armas”. La democracia aún no ha hecho un reconocimiento similar a los guerrilleros que sufrieron dicha persecución. Las víctimas ya no pueden esperar más y el Gobierno, las administraciones públicas y los tribunales están obligados a la satisfacción inmediata de sus derechos.
En julio de 2016, se cumplieron 80 años desde que la II República fue asaltada por el golpe militar dirigido por el General Franco, implantando desde sus inicios un régimen totalitario regido por el terror y la represión. Entre muchas de las consecuencias de dicho terror, estuvieron las víctimas republicanas de asesinatos que fueron enterradas clandestinamente en fosas comunes. La gran mayoría de ellas no han sido localizadas ni identificadas y, lo que es más grave, nunca, salvo contadísimas excepciones, las Administraciones y el poder judicial asumieron la investigación y esclarecimiento de conductas que constituían crímenes contra la humanidad.
En este contexto, los familiares de aquellas víctimas quedaron en un absoluto desamparo, viéndose obligadas al silencio y, en limitados casos a recurrir a procedimientos civiles para lograr el reconocimiento de estos derechos: la recuperación de los restos de sus ascendientes asesinados, su identificación y darles una digna sepultura. Prácticamente nunca conocieron quiénes y cómo los asesinaron.
Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226
Hubo que esperar a que el Grupo de Trabajo de NNUU sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias, en el Informe sobre su visita a España en septiembre de 2013 (de 23 a 30 de este mes), exigiera al Gobierno español que “todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial…”. Recomendación abiertamente incumplida. Por cierto, dicho organismo de la ONU visitó “Las Murallas de la Macarena y la fosa común del Cementerio de Sevilla”.
Decía así: “En España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975)”. Este es el punto de partida de dicho Informe. Con un dato muy relevante. Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226.
La intervención de este Comité fue la primera respuesta internacional al desamparo que sufren a diario las víctimas –incluidos sus familiares– de los crímenes de la dictadura franquista.
El abandono institucional y, particularmente, el judicial lo acreditó el Informe elaborado por el forense Francisco Etxeberria, que ha intervenido en la exhumación de 300 fosas en las que se encontraron restos de 5.000 personas. Afirmó: “Las autoridades judiciales han estado ausentes en este proceso”.
El desamparo judicial es ya antiguo, pero se agudizó cuando, tras la denuncia formulada en 2006 ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5, el proceso fue cerrado, dividido y repartido entre más de 60 Juzgados de Instrucción por razón de la localización de las fosas. La inmensa mayoría de los Juzgados archivaron las actuaciones, sin personarse siquiera en la fosa donde pudieran hallarse los restos de los desaparecidos para practicar las diligencias a que les obligaba la Ley. Con razón, dicho Informe de la ONU exigía “Jueces en las fosas”: “Que los representantes de la administración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos”.
Y, cuando se aprueba la Ley de la Memoria Histórica (LMH) en 2007, el Estado renuncia a su deber de asumir “la indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas” para atribuírselas a los familiares y particulares. Privatizando una responsabilidad eminentemente pública, ya fuera judicial o administrativa. En efecto, el art. 11 de la misma se limita a afirmar que las Administraciones Públicas se limitarán a “facilitar” a los familiares y asociaciones la práctica de las exhumaciones. Lo que, evidentemente, contrasta con los términos del Art. 8.1 de la Ley andaluza, cualquiera que sea su posterior proceso de ejecución: “La Consejería competente en materia de memoria democrática llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas…”, con arreglo a los Protocolos a que se refiere.
Pero la desprotección llegó a ser más intensa cuando el Tribunal Supremo (TS), por sentencia 101/2012, que absuelve al juez Garzón, complementada por el Auto de 28/3/2012, clausura definitivamente las puertas de los tribunales para investigar los crímenes de la dictadura. Porque, con una completa vulneración del Derecho Internacional Humanitario, declara que no pueden ser perseguidos penalmente. Cuando ha sido una constante de este Derecho que ciertos delitos, por su gravedad y dimensiones cualitativas y cuantitativas, eran siempre perseguibles, con independencia de su codificación estatal, precisamente por atentar al género humano.
Además, los Pactos de Nueva York, vigentes en España desde el 30/4/1977, proclamaban que la irretroactividad de la ley penal no era aplicable a delitos que, por su gravedad, tenían aquel alcance. Los Pactos establecen que nada se opone a su persecución y condena si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”. Tratado vigente en España cuando se aprobó la Ley de Amnistía de 1977, lo que impedía que fuera aplicada al genocidio franquista.
El deber de investigar dichos crímenes está, además, respaldado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la sentencia de 16/4/2012 justificó la investigación judicial de los asesinatos masivos de Katyn.
Y el Tribunal Supremo de Italia autorizó la persecución judicial de Priebke, el dirigente nazi que ordenó los asesinatos de las Fosas Ardeatinas.
Y, ya en España, la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (Auto 22/1/2013) ordenó la investigación de los bombardeos fascistas sobre la población civil de Barcelona durante la guerra civil con centenares de víctimas. El tribunal, con fundamento en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, afirma que “el ejército italiano podía conocer la ilicitud de los bombardeos sistemáticos y de carácter exterminador sobre la población civil de Barcelona”. Y, desde luego, con fundamento en dichas Convenciones y en la Constitución de la República, declara que los ataques aéreos sobre Barcelona son perseguibles “como derecho penal no codificado”, pues los “principios” del Derecho consuetudinario internacional “están por encima de las leyes internas de cada país, y por tanto son directamente aplicables aunque la legislación interna del Estado donde se perpetraron no los tuviera formalmente tipificados”. Así se desprende expresamente de la Convención de La Haya de 1907, donde “constan expresamente las matanzas masivas de la población civil” y los “bombardeos de ciudades sin que existan objetivos militares” y, en particular, de la Cláusula Martens de 1899, que apelaba a los Estados en guerra a la vigencia de “los principios del derecho de gentes”. Como consecuencia de estos principios, el citado Informe de la ONU disponía que “la búsqueda de los desaparecidos no puede depender de los familiares, sino que debe de ser asumida como una obligación del Estado”.
Es especialmente significativa la Sentencia del TEDH en el caso Zdanoka c. Letonia (16/3/2006): “2. En derecho internacional, el proceso de Núremberg es una ilustración histórica de la manera en que el estado de derecho responde a la barbarie, de que el poder de la lógica jurídica prevalece ex post facto sobre la lógica hobbesiana del poder... El Tribunal aplica la doctrina fijada por la Sentencia de Núremberg, según la cual el concepto de crímenes contra la humanidad comprende los hechos de esta naturaleza cometidos desde el 23 de marzo de 1933. De la misma forma que el Convenio sobre el Genocidio, de 1948, no instituye ni crea este delito sino que “confirma” su existencia como “delito de derecho internacional”.
El Comité de NNUU expresó su “preocupación” por el criterio mantenido por el TS en la sentencia citada al invocar la “existencia de una ley de amnistía” y por rechazar en las desapariciones su carácter de delito permanente. Asimismo, “exhorta” al Estado a que “asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial...”.
El Comité, frente al criterio mantenido por la LMH, recuerda que “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado” y que “los familiares tienen el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos”.
Para estos fines, como ya se ha reclamado desde diversas instancias, el Comité plantea que el Estado español “debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada…”.
Finalmente, entre otras muchas recomendaciones, el Comité reitera lo que ya solicitó el Consejo de Europa en 2006, “la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas”.
Las víctimas de la dictadura ya no pueden esperar más. Llevan 40 años esperando saber, ser auténticamente reparados por el inmenso daño sufrido y, en la medida de lo posible, que se haga justicia como lo está haciendo la juez argentina.
El Estado, las Administraciones y, particularmente, los jueces no pueden continuar quebrantando el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas e incumpliendo el deber legal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada fijada en las leyes internacionales. Acabar con el “olvido de las víctimas de la represión franquista”. Las víctimas más “invisibilizadas”, según Reyes Mate.
Más recientemente, el pasado 15 de abril de 2015, la ONU ha vuelto a reiterar al Estado español que cumpla sus obligaciones morales y, sobre todo, legales con las víctimas de la represión de la dictadura franquista. Era la consecuencia del Examen Periódico Universal a que nuestro Estado fue sometido en enero de ese año en el extenso ámbito de los derechos humanos.
A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario
Las Recomendaciones fueron fundamentalmente tres: “Abordar la cuestión de las desapariciones forzadas en todos sus aspectos” y “promover cambios en el ordenamiento nacional que permitan la investigación exhaustiva e imparcial de las desapariciones forzadas”, ambas en el marco de “una estrategia amplia e incluyente para abordar los problemas del pasado…”.
A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario, el franquismo, de forma que se resuelvan a favor de las víctimas del mismo las deudas contraídas por un sistema, la dictadura, que aún no están completamente saldadas. La responsabilidad es compartida por los Gobiernos democráticos y los Tribunales de Justicia. Porque no habrá en España un sistema plenamente respetuoso de los derechos humanos mientras aquellas víctimas no hayan sido plenamente reparadas.
2. El concepto de “víctima” de violaciones graves de derechos humanos
Incorporado a la Ley andaluza en el art. 4 A. b). La utilización del término “víctimas” resulta necesario en cuanto genera un determinado estatuto jurídico, sobre todo a la hora de situarlo en relación con los instrumentos jurídicos de Derecho Internacional en la materia. A este respecto, es necesario hacer una especial mención de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 60/147 (16. 12. 2005, publicada 21. 04. 2006) relativa a los: “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.
El concepto de víctima se define así: “8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. 9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. "Desde esta perspectiva, el Estado español y, en consecuencia la magistratura, están obligados a actuar para la plena satisfacción de dichos derechos”.
3. La dictadura franquista continúa impune
La Fiscal General dictó el 30 de septiembre de 2016 una Instrucción ordenando a los fiscales que se opusieran a los requerimientos de la Justicia argentina solicitando auxilio judicial para la investigación de los crímenes de la dictadura fascista del General Franco.
En su escrito, se refería en varias ocasiones al “franquismo”, nunca en términos críticos. Y el modo habitual de aludir al objeto del requerimiento de la juez argentina es que se trata de “hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles” entre 1936 y 1977. O bien a “hechos acaecidos durante la guerra civil”. Nunca se refiere a la dictadura.
Fue un verdadero escándalo. Esa fiscal, ya cesada, representó la continuidad de esa contemporización de ciertos sectores judiciales con el franquismo.
La categoría de Crímenes contra la Humanidad de los cometidos por los sublevados desde el inicio de la guerra civil y durante la dictadura no permite ninguna duda. La naturaleza criminal de los mismos, su gravedad y el carácter de crímenes planificados desde el Estado y su alcance masivo exigen aún su investigación judicial penal y, cuando fuera posible, la persecución de sus responsables. Es lo que pretende hacer la Justicia argentina ante la gravísima pasividad de los Gobiernos democráticos y de las autoridades judiciales.
No puede olvidarse que hasta el 2000 –cuando se exhuman los restos de trece fusilados en octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León)– no se inició un auténtico movimiento reivindicativo de la memoria de los crímenes del franquismo. Y hasta 2007 no se aprueba una Ley, la de Memoria Histórica, que reconoció tibiamente la criminalidad de la dictadura. Ello sitúa en su justo lugar el valor limitado de la Ley de Amnistía y, desde luego, la enorme dificultad de que dichos crímenes fuesen perseguibles.
Son muchas más las consecuencias gravemente lesivas a los derechos humanos de los cuarenta años de dictadura. Pero que conste que no habrá un cambio político real en nuestro país sobre el olvido y el desamparo legal de las víctimas del franquismo.
Y el Estado y las Comunidades Autónomas tienen una gran responsabilidad. Pero, muy especialmente, el actual Gobierno, obligado a revisar la LMH para que las Administraciones Públicas asuman directamente la responsabilidad respecto a los desaparecidos; pero también para reconocer sin reserva alguna la competencia que les corresponde respecto a la plena rehabilitación -moral, jurídica y económica- de todas las víctimas de la dictadura y, particularmente, entre ellas, los miembros de la Unión Militar Democrática y de la guerrilla antifranquista. Además de impulsar y respetar la competencia judicial-siguiendo el ejemplo de la Audiencia de Barcelona-para investigar y perseguir los gravísimos Crímenes contra la Humanidad que se cometieron desde 1936 hasta 1975 por las autoridades y funcionarios del franquismo y la dictadura.
Concluimos:
“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio… Lo que obliga a todos los poderes públicos “a preservar del olvido la memoria colectiva”. Y, además, a evitar “la impunidad”. Creo que este llamamiento de NNUU debería haberse aplicado, especialmente en nuestro país, desde que entró en vigor en 2005. (“Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.8/2/2005).
Fuente: http://ctxt.es/es/20180613/Politica/20208/Memoria-historica-franquismo-desaparecidos-Carlos-Jimenez-Villarejo.htm
miércoles, 16 de mayo de 2018
Los crímenes del franquismo y su impunidad
Daniel Campione
Intervención en Foro Debate “Los crímenes del franquismo: Impunes en España, denunciados en Argentina”. Realizado en Facultad de Filosofía y Letras-UBA, el 4 de mayo de 2018
En primer lugar, saludamos el trabajo de los querellantes argentinos, que se enfrentan a la búsqueda de clausurar la memoria de la República, de la revolución proletaria y campesina acaecida en la España de 1936, y la criminal represión que se encargó de segar todo el movimiento hacia las transformaciones sociales radicales. La política de supresión de la memoria tuvo inicio desde los comienzos de la dictadura de Franco, y después de su muerte continuó con los gobiernos de la transición española, que pergeñaron una supuesta reconciliación basada en el olvido, sin excluir en absoluto a los gobiernos socialistas.
Quizás, para comenzar a hablar de la represión bajo la dictadura franquista, convenga transcribir un fragmento escrito por José María Pemán, uno de sus ideólogos:
“La guerra, con su luz de fusilería, nos ha abierto los ojos a todos. La idea de turno o juego político, ha sido sustituida para siempre, por la idea de exterminio y expulsión, única salida válida frente a un enemigo que está haciendo de España un destrozo que jamás en la historia nos lo causó ninguna nación extranjera. 24 de julio de 1936.
Por su parte, el general Emilio Mola, durante la preparación del alzamiento llamó a “eliminar sin escrúpulos ni vacilación alguna a todos los que no piensen como nosotros.”
La acción represiva del franquismo responde a un plan sistemático que es puesto en obra desde el mismo alzamiento del 17 de julio de 1936. Escribe Paul Preston: “En el caso de los militares rebeldes, el programa de terror y aniquilación constituía el eje central de su plan y de los preparativos para llevarlo a cabo.” Tuvo un propósito de exterminio no circunscripto al campo militar, sino extendido al plano social e ideológico. Se buscó arrasar con los miembros más activos de las clases subalternas en primer lugar, pero también se actuó sobre los menos destacados, para sembrar el terror en la generalidad de la población. En muchos casos los considerados “marxistas convictos y confesos” fueron asesinados sin más trámite o después de parodias judiciales. Seguidores menos activos y hasta algunos indiferentes terminaron igual ejecutados o enviados a la cárcel o represaliados de diversas maneras. ¡A la cárcel con el neutral¡ escribió un periodista falangista. Los familiares eran asimismo represaliados, empezando por las mujeres, en muchos casos viudas de “rojos”, y los bebés y niños pequeños, que fueron robados por millares.
Se asesina en masa cuando hay una amenaza militar, una seria resistencia contra el avance golpista; pero también se lo hace cuando hay poca o ninguna lucha para imponer el alzamiento militar, como en Logroño, Jerez de la Frontera, Pamplona, Valladolid, amplias zonas de Galicia y decenas o centenares de pequeñas ciudades, pueblos y aldeas que cayeron inermes frente a los facciosos. Buena parte de los crímenes franquistas durante la guerra civil se produjeron con independencia de las acciones bélicas.
Un elemento para entender el carácter de la acción represiva es que en la primera etapa del conflicto todavía no se había configurado una guerra civil propiamente dicha. La resistencia obrera y campesina, junto con militares leales, había detenido el golpe en buena parte de España, pero el ejército de la República había dejado de existir. Así lo analiza Francisco Espinosa Maestre, un experto en las acciones represivas, sobre todo en el sur: “…salvo excepciones, a un lado hubo fuerzas militares y paramilitares fuera de la ley y al otro la población civil. …no estamos ante lo que habitualmente entendemos por una guerra sino simplemente ante un golpe militar, no estamos ante batallas sino ante vulgares matanzas.” Recién será un tiempo después, en particular cuando se logra configurar una defensa organizada y con armamento y equipo razonable ante el ataque a Madrid, cuando se den los presupuestos de una guerra civil en el sentido estricto del término.
A veces se tiende a asimilar la violencia ejercida por fuerzas republicanas con la producida por las fuerzas franquistas. No hay tal cosa, la violencia de los “nacionales” fue dirigida desde la cúspide, se extendió a lo largo de toda la guerra y aún después. Fue una política de venganza social, destinada al castigo de quienes habían osado cuestionar el orden social existente. Dios, la familia y la propiedad requerían una reparación. Desde su punto de vista, al impulso revolucionario de masas inficionadas por el marxismo, cabía oponer la espada vengadora de la reacción.
Una vez terminada la guerra, la política de la venganza continúa. Se ha estimado que hubo 50.000 ejecutados en la posguerra. La diferencia era que las ejecuciones “por bando de guerra” o “ley de fugas”, los “paseos” que terminaban en tiros en la nuca fueron progresivamente reemplazadas por consejos de guerra, que realizaban verdaderas parodias de juicios en las que la condena solía estar predeterminada, dando lugar a verdaderos asesinatos judiciales. Se aplicaba también la ley de “responsabilidades políticas”, que inculpaba a todos aquello que “con actos concretos o pasividad grave” se habían opuesto al triunfo del movimiento nacional. En las cárceles se hacinaban presos en número diez o veinte veces mayor que la capacidad de esas prisiones, muchos millares hacían trabajo esclavo como parte del sistema de “redención de penas por el trabajo”, que dio lugar a la versión española de los campos.
No hay que olvidar el papel de la Iglesia, a la vez legitimadora y beneficiaria de las políticas de exterminio. La institución eclesiástica vivió “una larga época de felicidad, con una dictadura que la protegió, la cubrió de privilegios, defendió sus doctrinas y machacó a sus enemigos.” (J. Casanova)
Se ha dicho que el conflicto español ha sido guerra de clases, de ideología, de religión, de nacionalidades. Fue todo eso, pero hay que prestar mucha atención al primero de los términos. Propietarios rurales y patrones de fábrica se vengaban de quienes habían puesto en duda su derecho de propiedad y sus privilegios, lo que constituía una falta imperdonable, de la que había que impedir la menor posibilidad de que se repitiera.
El triunfo franquista proyecta su sombra hasta el día de hoy. España ha vuelto a ser una monarquía, y no cualquiera: La que instauró el propio Caudillo poniendo al frente a un príncipe escogido por él y educado bajo su tutela. Son herederos de Franco los que hoy gobiernan España, por medio de un partido que fue conformado por dirigentes de la dictadura, convertidos por conveniencia a los ideales democráticos.
Desde Argentina hacemos votos por una España diferente, en la que el poder salga de una vez de manos de quiénes, en más de un sentido, son herederos de Franco y pueda constituirse un efectivo poder popular, al modo que soñaron los mejores luchadores de la República.
Intervención en Foro Debate “Los crímenes del franquismo: Impunes en España, denunciados en Argentina”. Realizado en Facultad de Filosofía y Letras-UBA, el 4 de mayo de 2018
En primer lugar, saludamos el trabajo de los querellantes argentinos, que se enfrentan a la búsqueda de clausurar la memoria de la República, de la revolución proletaria y campesina acaecida en la España de 1936, y la criminal represión que se encargó de segar todo el movimiento hacia las transformaciones sociales radicales. La política de supresión de la memoria tuvo inicio desde los comienzos de la dictadura de Franco, y después de su muerte continuó con los gobiernos de la transición española, que pergeñaron una supuesta reconciliación basada en el olvido, sin excluir en absoluto a los gobiernos socialistas.
Quizás, para comenzar a hablar de la represión bajo la dictadura franquista, convenga transcribir un fragmento escrito por José María Pemán, uno de sus ideólogos:
“La guerra, con su luz de fusilería, nos ha abierto los ojos a todos. La idea de turno o juego político, ha sido sustituida para siempre, por la idea de exterminio y expulsión, única salida válida frente a un enemigo que está haciendo de España un destrozo que jamás en la historia nos lo causó ninguna nación extranjera. 24 de julio de 1936.
Por su parte, el general Emilio Mola, durante la preparación del alzamiento llamó a “eliminar sin escrúpulos ni vacilación alguna a todos los que no piensen como nosotros.”
La acción represiva del franquismo responde a un plan sistemático que es puesto en obra desde el mismo alzamiento del 17 de julio de 1936. Escribe Paul Preston: “En el caso de los militares rebeldes, el programa de terror y aniquilación constituía el eje central de su plan y de los preparativos para llevarlo a cabo.” Tuvo un propósito de exterminio no circunscripto al campo militar, sino extendido al plano social e ideológico. Se buscó arrasar con los miembros más activos de las clases subalternas en primer lugar, pero también se actuó sobre los menos destacados, para sembrar el terror en la generalidad de la población. En muchos casos los considerados “marxistas convictos y confesos” fueron asesinados sin más trámite o después de parodias judiciales. Seguidores menos activos y hasta algunos indiferentes terminaron igual ejecutados o enviados a la cárcel o represaliados de diversas maneras. ¡A la cárcel con el neutral¡ escribió un periodista falangista. Los familiares eran asimismo represaliados, empezando por las mujeres, en muchos casos viudas de “rojos”, y los bebés y niños pequeños, que fueron robados por millares.
Se asesina en masa cuando hay una amenaza militar, una seria resistencia contra el avance golpista; pero también se lo hace cuando hay poca o ninguna lucha para imponer el alzamiento militar, como en Logroño, Jerez de la Frontera, Pamplona, Valladolid, amplias zonas de Galicia y decenas o centenares de pequeñas ciudades, pueblos y aldeas que cayeron inermes frente a los facciosos. Buena parte de los crímenes franquistas durante la guerra civil se produjeron con independencia de las acciones bélicas.
Un elemento para entender el carácter de la acción represiva es que en la primera etapa del conflicto todavía no se había configurado una guerra civil propiamente dicha. La resistencia obrera y campesina, junto con militares leales, había detenido el golpe en buena parte de España, pero el ejército de la República había dejado de existir. Así lo analiza Francisco Espinosa Maestre, un experto en las acciones represivas, sobre todo en el sur: “…salvo excepciones, a un lado hubo fuerzas militares y paramilitares fuera de la ley y al otro la población civil. …no estamos ante lo que habitualmente entendemos por una guerra sino simplemente ante un golpe militar, no estamos ante batallas sino ante vulgares matanzas.” Recién será un tiempo después, en particular cuando se logra configurar una defensa organizada y con armamento y equipo razonable ante el ataque a Madrid, cuando se den los presupuestos de una guerra civil en el sentido estricto del término.
A veces se tiende a asimilar la violencia ejercida por fuerzas republicanas con la producida por las fuerzas franquistas. No hay tal cosa, la violencia de los “nacionales” fue dirigida desde la cúspide, se extendió a lo largo de toda la guerra y aún después. Fue una política de venganza social, destinada al castigo de quienes habían osado cuestionar el orden social existente. Dios, la familia y la propiedad requerían una reparación. Desde su punto de vista, al impulso revolucionario de masas inficionadas por el marxismo, cabía oponer la espada vengadora de la reacción.
Una vez terminada la guerra, la política de la venganza continúa. Se ha estimado que hubo 50.000 ejecutados en la posguerra. La diferencia era que las ejecuciones “por bando de guerra” o “ley de fugas”, los “paseos” que terminaban en tiros en la nuca fueron progresivamente reemplazadas por consejos de guerra, que realizaban verdaderas parodias de juicios en las que la condena solía estar predeterminada, dando lugar a verdaderos asesinatos judiciales. Se aplicaba también la ley de “responsabilidades políticas”, que inculpaba a todos aquello que “con actos concretos o pasividad grave” se habían opuesto al triunfo del movimiento nacional. En las cárceles se hacinaban presos en número diez o veinte veces mayor que la capacidad de esas prisiones, muchos millares hacían trabajo esclavo como parte del sistema de “redención de penas por el trabajo”, que dio lugar a la versión española de los campos.
No hay que olvidar el papel de la Iglesia, a la vez legitimadora y beneficiaria de las políticas de exterminio. La institución eclesiástica vivió “una larga época de felicidad, con una dictadura que la protegió, la cubrió de privilegios, defendió sus doctrinas y machacó a sus enemigos.” (J. Casanova)
Se ha dicho que el conflicto español ha sido guerra de clases, de ideología, de religión, de nacionalidades. Fue todo eso, pero hay que prestar mucha atención al primero de los términos. Propietarios rurales y patrones de fábrica se vengaban de quienes habían puesto en duda su derecho de propiedad y sus privilegios, lo que constituía una falta imperdonable, de la que había que impedir la menor posibilidad de que se repitiera.
El triunfo franquista proyecta su sombra hasta el día de hoy. España ha vuelto a ser una monarquía, y no cualquiera: La que instauró el propio Caudillo poniendo al frente a un príncipe escogido por él y educado bajo su tutela. Son herederos de Franco los que hoy gobiernan España, por medio de un partido que fue conformado por dirigentes de la dictadura, convertidos por conveniencia a los ideales democráticos.
Desde Argentina hacemos votos por una España diferente, en la que el poder salga de una vez de manos de quiénes, en más de un sentido, son herederos de Franco y pueda constituirse un efectivo poder popular, al modo que soñaron los mejores luchadores de la República.
jueves, 10 de mayo de 2018
“Sentimos vergüenza y dolor”. Francotiradores veteranos del Ejército de Israel expresan su pesar por las órdenes militares que permiten disparar a manifestantes desarmados.
Nosotros, un grupo de excombatientes miembros del equipo de francotiradores del Ejército de Israel, queremos expresar nuestra aflicción por los recientes incidentes en la franja de Gaza.
Al escuchar que órdenes militares permiten a francotiradores disparar municiones reales a manifestantes desarmados, nos invadió la vergüenza y el dolor. Sentimos vergüenza por las órdenes que carecen de juicio moral y ético, y dolor por los jóvenes soldados que, como bien sabemos por nuestra propia experiencia, cargarán todas sus vidas con esas escenas de las que fueron testigos a través de la mirilla de sus rifles.
Instruir a francotiradores para disparar a manifestantes desarmados que no suponen peligro para la vida humana es otra consecuencia de la ocupación y de las reglas militares impuestas a millones de palestinos, al igual que el cruel liderazgo de nuestro país y su malogrado camino moral.
Herir a personas inocentes en Gaza forma parte de lo que es necesario para mantener el régimen de ocupación, y todos debemos oponernos a que esto perdure. Solo el cese del control militar sobre el pueblo palestino permitirá que esto termine.
Gil Fermon, 50ª Batallón de la Brigada Nahal
Amit Goldberg
Nadav Weiman, Unidad de reconocimiento de la Brigada Nahal
Avner Gvaryahu, Unidad antitanque de paracaidistas de la Brigada Nahal
Ron Zaidel, 931ª Batallón de la Brigada Nahal
https://elpais.com/elpais/2018/04/12/opinion/1523552224_037738.html
Israel investiga un vídeo en el que un francotirador dispara a un palestino desarmado entre vítores
Al escuchar que órdenes militares permiten a francotiradores disparar municiones reales a manifestantes desarmados, nos invadió la vergüenza y el dolor. Sentimos vergüenza por las órdenes que carecen de juicio moral y ético, y dolor por los jóvenes soldados que, como bien sabemos por nuestra propia experiencia, cargarán todas sus vidas con esas escenas de las que fueron testigos a través de la mirilla de sus rifles.
Instruir a francotiradores para disparar a manifestantes desarmados que no suponen peligro para la vida humana es otra consecuencia de la ocupación y de las reglas militares impuestas a millones de palestinos, al igual que el cruel liderazgo de nuestro país y su malogrado camino moral.
Herir a personas inocentes en Gaza forma parte de lo que es necesario para mantener el régimen de ocupación, y todos debemos oponernos a que esto perdure. Solo el cese del control militar sobre el pueblo palestino permitirá que esto termine.
Gil Fermon, 50ª Batallón de la Brigada Nahal
Amit Goldberg
Nadav Weiman, Unidad de reconocimiento de la Brigada Nahal
Avner Gvaryahu, Unidad antitanque de paracaidistas de la Brigada Nahal
Ron Zaidel, 931ª Batallón de la Brigada Nahal
https://elpais.com/elpais/2018/04/12/opinion/1523552224_037738.html
Israel investiga un vídeo en el que un francotirador dispara a un palestino desarmado entre vítores
martes, 12 de diciembre de 2017
Un halo de justicia en la matanza de los jesuitas españoles en El Salvador. Estados Unidos extraditará a España a uno de los militares que participaron en la masacre de seis sacerdotes, entre ellos Ignacio Ellacuría.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989 un grupo de militares salvadoreños irrumpió en la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador. Ordenaron a seis sacerdotes y dos mujeres que salieran al jardín. Que se acostaran boca abajo. Al día siguiente, aparecieron muertos. Ignacio Ellacuría, rector de la institución y firme opositor al Gobierno, era una de las víctimas. 28 años después, se abre un halo de esperanza para que se haga justicia.
El homenaje que cada año se realiza en honor de los fallecidos iba a pasar casi desapercibido, pero desde Estados Unidos llegó una de las noticias más esperadas: el Tribunal Supremo ha dado luz verde esta semana a la extradición a España del excoronel Inocente Orlando Montano, tras rechazar su petición de permanecer en Estados Unidos, donde llegó, con documentación fraudulenta, en 2001, y donde trató de vivir desapercibido. Montano, que cumplía condena por fraude migratorio, es uno de los 17 militares salvadoreños sobre los que pesa una orden de detención solicitada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
“Nos muestra que en Estados Unidos las cosas funcionan mejor que en nuestro país y son más respetuosos de sus propias leyes y acuerdos internacionales”, ha celebrado el actual rector de la UCA, Andreu Oliva, quien ha asegurado que la extradición es “cuestión de tiempo”. La institución prepara ahora una solicitud para reabrir la causa penal, después de que el Constitucional anulase una ley de amnistía el pasado año, que bloqueaba cualquier intento de reabrir el proceso. El juicio, celebrado en 2012, dejó solo dos condenados.
Montano era viceministro de Seguridad Pública [Defensa] en el momento de la matanza. A sus 74 años, es el primer militar salvadoreño que responderá en España por el asesinato de Ignacio Ellacuría y sus compañeros, los también sacerdotes españoles Armando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín. El cura salvadoreño asesinado era Joaquín López; las dos mujeres, Elba Julia Ramos y su hija Celina. Montano ha tratado en vano de frenar su extradición argumentando problemas de salud.
Según documentos judiciales de la época, Montano había participado en una reunión con el coronel René Ponce, quien encargó al batallón el asesinato de los curas, una versión que ha sido, no obstante, contradicha por algunos militares. De lo que no hay duda es que durante la Guerra Civil de El Salvador, Montano dirigió uno de los batallones más sanguinarios que combatió al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Montano salió de El Salvador en 2001. Viajó a Estados Unidos y se acogió al Estatus Temporal de Protección (TPS, en sus siglas en inglés). Para ello, utilizó documentación falsa, en tanto ocultó su pasado como militar para no levantar sospechas. Durante 10 años vivió cerca de Boston, hasta que fue detenido.
El aniversario de la matanza coincide con la visita a El Salvador del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, quien se refirió al crimen, casi tres décadas después. "Me he sentido conmovido por la historia de los jesuitas en El Salvador y la búsqueda de la verdad, la justicia, reparación y no repetición", aseguró Zeid Ra'ad.
https://elpais.com/internacional/2017/11/17/actualidad/1510911238_303442.html
El homenaje que cada año se realiza en honor de los fallecidos iba a pasar casi desapercibido, pero desde Estados Unidos llegó una de las noticias más esperadas: el Tribunal Supremo ha dado luz verde esta semana a la extradición a España del excoronel Inocente Orlando Montano, tras rechazar su petición de permanecer en Estados Unidos, donde llegó, con documentación fraudulenta, en 2001, y donde trató de vivir desapercibido. Montano, que cumplía condena por fraude migratorio, es uno de los 17 militares salvadoreños sobre los que pesa una orden de detención solicitada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
“Nos muestra que en Estados Unidos las cosas funcionan mejor que en nuestro país y son más respetuosos de sus propias leyes y acuerdos internacionales”, ha celebrado el actual rector de la UCA, Andreu Oliva, quien ha asegurado que la extradición es “cuestión de tiempo”. La institución prepara ahora una solicitud para reabrir la causa penal, después de que el Constitucional anulase una ley de amnistía el pasado año, que bloqueaba cualquier intento de reabrir el proceso. El juicio, celebrado en 2012, dejó solo dos condenados.
Montano era viceministro de Seguridad Pública [Defensa] en el momento de la matanza. A sus 74 años, es el primer militar salvadoreño que responderá en España por el asesinato de Ignacio Ellacuría y sus compañeros, los también sacerdotes españoles Armando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín. El cura salvadoreño asesinado era Joaquín López; las dos mujeres, Elba Julia Ramos y su hija Celina. Montano ha tratado en vano de frenar su extradición argumentando problemas de salud.
Según documentos judiciales de la época, Montano había participado en una reunión con el coronel René Ponce, quien encargó al batallón el asesinato de los curas, una versión que ha sido, no obstante, contradicha por algunos militares. De lo que no hay duda es que durante la Guerra Civil de El Salvador, Montano dirigió uno de los batallones más sanguinarios que combatió al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Montano salió de El Salvador en 2001. Viajó a Estados Unidos y se acogió al Estatus Temporal de Protección (TPS, en sus siglas en inglés). Para ello, utilizó documentación falsa, en tanto ocultó su pasado como militar para no levantar sospechas. Durante 10 años vivió cerca de Boston, hasta que fue detenido.
El aniversario de la matanza coincide con la visita a El Salvador del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, quien se refirió al crimen, casi tres décadas después. "Me he sentido conmovido por la historia de los jesuitas en El Salvador y la búsqueda de la verdad, la justicia, reparación y no repetición", aseguró Zeid Ra'ad.
https://elpais.com/internacional/2017/11/17/actualidad/1510911238_303442.html
sábado, 19 de agosto de 2017
Se cumplen cien años del nacimiento del arzobispo de San Salvador, asesinado en 1980 por “escuadrones de la muerte”. Monseñor Romero: cura de los pobres, víctima de los paramilitares.
Enric Llopis
El 24 de marzo de 1980 le abatió un francotirador, de un disparo en el corazón, mientras oficiaba misa en la capilla del Hospital Divina Providencia de San Salvador. El asesinato de Óscar Arnulfo Romero perpetrado por “escuadrones de la muerte” no sólo representó uno de los grandes ejemplos de la barbarie ultraderechista, sino que abrió el camino a la guerra sostenida en El Salvador entre 1980 y 1992, con decenas de miles de muertos y desaparecidos. El pasado 15 de agosto se cumplió el centenario del nacimiento de Monseñor Romero.
Las palabras de su última homilía dominical, un día antes del asesinato, se han repetido en infinitos medios: “En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, que cese la represión”. Pero no ocurrió así. Una semana después del magnicidio, durante los funerales de Romero estalló una bomba frente a la catedral de San Salvador, donde se congregaban entre 50.000 y 100.000 personas según las fuentes. A la explosión siguieron disparos, atropellamientos, heridos y muertos. El Informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, publicado en 1993, refiere entre 27 y 40 víctimas mortales y más de 200 heridos.
Nacido en Ciudad Barrios (departamento de San Miguel) el 15 de agosto de 1917, ordenado sacerdote en Roma y arzobispo de San Salvador desde febrero de 1977, este cura vinculado a los pobres denunciaba en las homilías las violaciones de los derechos humanos. En la misa del 23 de marzo hizo mención a un reciente paro laboral en el área metropolitana de San Salvador, organizado por la Coordinadora Revolucionaria de Masas; fundada en enero de 1980, en la Coordinadora se integraban organizaciones como el Frente de Acción Popular Unificada, el Bloque Popular Revolucionario o el Movimiento de Liberación Popular.
El paro contó con notable seguimiento en la ciudad y en el campo, pero el Gobierno respondió -entre otras medidas- con los patrullajes urbanos y el tiroteo de la Universidad de El Salvador; Monseñor Romero explicó al auditorio de feligreses que al menos diez obreros resultaron muertos en las fábricas por la protesta y tres trabajadores de la Alcaldía aparecieron sin vida, tras resultar detenidos por la Policía de Hacienda. El mismo día, agregó Óscar Arnulfo Romero, se produjeron otras muertes, entre 60 y 140 según las fuentes. “El paro representó un avance en la lucha popular y fue una demostración de que la izquierda puede paralizar la actividad económica del país”. Ciertamente la Coordinadora cometía errores, explicó el arzobispo, pero ello se debe a que son “perseguidos, masacrados y dificultados en sus labores de organización”.
El 17 de febrero de 1980 Romero dio cuenta de una carta que le dirigió a James Carter, presidente demócrata de los Estados Unidos entre 1977 y 1981. En la misiva señalaba su preocupación por el hecho de que la presidencia estadounidense pudiera apoyar la “carrera armamentista” en El Salvador con asesores y equipos militares; según informaciones periodísticas, se trataría de entrenar a tres batallones en logística, comunicaciones e inteligencia. El religioso afirmaba que las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad salvadoreños “en general sólo han recurrido a la violencia represiva, produciendo un saldo de muertos y heridos mucho mayor que los regímenes militares recién pasados”. Pero aclaró que no estaba en contra de la institución de las Fuerzas Armadas.
El nueve de marzo, en otra de las homilías, el discurso de Romero fue todavía más directo. Las víctimas, que aumentaban a diario, mostraban el objetivo de “extinción violenta de todos aquellos que no estén de acuerdo, desde la izquierda, con las reformas propuestas por el Gobierno y propiciadas por Estados Unidos”. Entre otros ejemplos, el estudiante Rogelio Álvarez, quien murió tras las torturas y ser detenido “ilegalmente” por civiles. O el profesor José Trinidad Canales, acribillado a balazos; o los cuatro campesinos muertos, tras un ataque militar, en Cinquera (departamento de Cabañas). Además de la nómina de represaliados, también Óscar Arnulfo Romero reprodujo sus palabras ante el pontífice Woktyla: “En mi país es muy peligroso hablar de anti-comunismo porque el anticomunismo lo proclama la derecha, no por amor a los sentimientos cristianos sino por el egoísmo de cuidar sus intereses egoístas”.
En mayo de 1980 el militar Roberto D’Aubuisson fue apresado en una finca, junto a un grupo de militares y civiles por la presunta responsabilidad en el crimen. El informe de la Comisión de la Verdad señala a D’Aubuisson, exmayor y fundador en 1981 del partido derechista ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), como sujeto que dio la orden de asesinar a Romero. Vinculado al paramilitarismo y a los “escuadrones de la muerte”, fue presidente de la Asamblea Constituyente de El Salvador en 1983 y diputado de la Asamblea Legislativa durante siete años. En el registro se hallaron armas y documentación que implicaban al grupo con la muerte de Óscar Romero y la financiación de los “escuadrones”.
Sin embargo, el informe resalta que ni D’Aubuisson ni sus cómplices fueron llevados ante el poder judicial. Que el intento de asesinato del juez Atilio Ramírez Amaya, asignado para la investigación judicial, tenía como fin que no se resolviera el caso. O que la Corte Suprema de El Salvador desempeñó un rol activo en impedir la extradición desde Estados Unidos del excapitán Saravia, otro de los militares implicados (en mayo de 2017 un tribunal de El Salvador reabrió el proceso contra Saravia, único acusado por el crimen del arzobispo; se anuló de este modo el sobreseimiento judicial ordenado en 1993). Tampoco los policías que en su día se personaron en la capilla, donde se produjo el magnicidio, mostraron diligencia alguna en la recopilación de pruebas.
El nueve de marzo de 1980 monseñor Romero dedicó el ritual a la evocación de Mario Zamora Rivas, Procurador General de Pobres asesinado el 22 de febrero. Al día siguiente se encontró tras el púlpito un maletín con una bomba, que no estalló. La derecha en todas sus variantes, gubernamental, civil y militar, tenía a Óscar Arnulfo Romero en el punto de mira. Era un “subversivo”. El informe de la Comisión de la Verdad recoge artículos de prensa que se hacen eco de estas acusaciones. Así, en un artículo del periódico derechista “El diario de Hoy” de El Salvador (febrero de 1980) se le califica como un arzobispo “demagogo y violento, que estimuló desde la catedral la adopción del terrorismo”; en otro texto del mismo periódico se dice que es conveniente “que la Fuerza Armada empiece a aceitar sus fusiles”.
Cuando se produjo el asesinato de Romero, regía los destinos del país la Segunda Junta de Gobierno, con el coronel Arnaldo Majano como presidente; le sucedió en la presidencia José Napoleón Duarte, a partir de diciembre de 1980, con quien empezó a caminar la Tercera Junta de Gobierno. A finales de 1980 se formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
¿En qué contexto se produjo el asesinato de Romero? La Comisión de la Verdad registró más de 22.000 denuncias de violencia “grave” entre enero de 1980 y julio de 1991, de las que más de un 60% correspondían a ejecuciones extrajudiciales, el 25% a desapariciones forzadas y en el 20% de los casos se denunciaron también torturas. El 85% de los testimonios imputaron las violaciones de derechos humanos a agentes del estado, “escuadrones de la muerte” y paramilitares. Socorro Jurídico Cristiano “Arzobispo Óscar Romero” contabilizó la muerte de 7.916 campesinos en 1981. La Comisión No-Gubernamental de Derechos Humanos de El Salvador informó en noviembre de 1981 de que en el lugar conocido como “El Playón”, podían visibilizarse las masacres, detenciones arbitrarias y desapariciones de los últimos meses: allí se habían arrojado los cadáveres de más de 400 personas. La Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES) dio cuenta de la ejecución de 136 maestros en el primer semestre de 1981.
Socorro Jurídico Cristiano “Arzobispo Óscar Romero” denunció el número de víctimas entre la población civil. 11.903, en 1980; otras 16.266 en el año 1981; y 5.962 víctimas, en 1982. Pero además de los balances estadísticos, es posible trazar un memorial de las masacres. En la de El Calabozo (agosto 1982), en el departamento de San Vicente, el ejército asesinó a más de 200 personas con el pretexto de “limpiar” la zona de guerrilleros. En el caserío El Mozote del departamento de Mozarán (diciembre de 1981) la cifra de campesinos asesinados podría alcanzar los 900; y en la masacre de Sumpul (Chalatenango), en mayo de 1980, el ejército de El Salvador y grupos paramilitares abatieron a no menos de 300 civiles desarmados (unos meses después el presidente José Napoleón Duarte afirmó que se trataba de “guerrillas comunistas”). Óscar Arnulfo Romero pensaba de otro modo: “Éste es el pensamiento fundamental de mi predicación: nada me importa tanto como la vida humana”.
La muerte de Romero no fue la única sufrida por religiosos. En diciembre de 1980 fueron violadas y asesinadas por agentes de la Guardia Nacional de El Salvador tres monjas norteamericanas y una misionera laica. En “El miedo a la democracia” (Crítica, 1991), el lingüista y politólogo Noam Chomsky afirma que los medios de comunicación en intelectuales “ignoraron en gran medida el asesinato del arzobispo Romero, que no mereció siquiera un editorial en The New York Times”. Chomsky reproduce las informaciones del sacerdote católico Daniel Santiago en la revista jesuita América, sobre las acciones de la Guardia Nacional salvadoreña y el efecto del adiestramiento militar por parte de Estados Unidos; por ejemplo, una mujer campesina que encontró, al retornar al hogar, a su madre, hermana y tres hijos decapitados. Úteros extirpados con los que se cubrían las caras de las víctimas o genitales mutilados e introducidos en la boca, se utilizaban como estrategia de intimidación.
El intelectual estadounidense recuerda el panorama siniestro de la época: fuerzas armadas que iniciaban la recluta a partir de los 13 años, y enseñaban rituales de las SS, incluidas las violaciones. Además, en ocasiones “el partido ARENA en el gobierno denominaba ‘ejército de salvación nacional’ a los escuadrones de la muerte; los miembros de este partido (incluyendo al presidente Cristiani) prestaban juramento de sangre al ‘líder vitalicio’, Roberto D’Aubuisson”, explica Chomsky. Casi una década después de la muerte de Óscar Romero, militares salvadoreños asesinaron en la sede de la Universidad Centroamericana en San Salvador a Ignacio Ellacuría y otros cinco jesuitas, además de una trabajadora del centro y su hija.
El 24 de marzo de 1980 le abatió un francotirador, de un disparo en el corazón, mientras oficiaba misa en la capilla del Hospital Divina Providencia de San Salvador. El asesinato de Óscar Arnulfo Romero perpetrado por “escuadrones de la muerte” no sólo representó uno de los grandes ejemplos de la barbarie ultraderechista, sino que abrió el camino a la guerra sostenida en El Salvador entre 1980 y 1992, con decenas de miles de muertos y desaparecidos. El pasado 15 de agosto se cumplió el centenario del nacimiento de Monseñor Romero.
Las palabras de su última homilía dominical, un día antes del asesinato, se han repetido en infinitos medios: “En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, que cese la represión”. Pero no ocurrió así. Una semana después del magnicidio, durante los funerales de Romero estalló una bomba frente a la catedral de San Salvador, donde se congregaban entre 50.000 y 100.000 personas según las fuentes. A la explosión siguieron disparos, atropellamientos, heridos y muertos. El Informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, publicado en 1993, refiere entre 27 y 40 víctimas mortales y más de 200 heridos.
Nacido en Ciudad Barrios (departamento de San Miguel) el 15 de agosto de 1917, ordenado sacerdote en Roma y arzobispo de San Salvador desde febrero de 1977, este cura vinculado a los pobres denunciaba en las homilías las violaciones de los derechos humanos. En la misa del 23 de marzo hizo mención a un reciente paro laboral en el área metropolitana de San Salvador, organizado por la Coordinadora Revolucionaria de Masas; fundada en enero de 1980, en la Coordinadora se integraban organizaciones como el Frente de Acción Popular Unificada, el Bloque Popular Revolucionario o el Movimiento de Liberación Popular.
El paro contó con notable seguimiento en la ciudad y en el campo, pero el Gobierno respondió -entre otras medidas- con los patrullajes urbanos y el tiroteo de la Universidad de El Salvador; Monseñor Romero explicó al auditorio de feligreses que al menos diez obreros resultaron muertos en las fábricas por la protesta y tres trabajadores de la Alcaldía aparecieron sin vida, tras resultar detenidos por la Policía de Hacienda. El mismo día, agregó Óscar Arnulfo Romero, se produjeron otras muertes, entre 60 y 140 según las fuentes. “El paro representó un avance en la lucha popular y fue una demostración de que la izquierda puede paralizar la actividad económica del país”. Ciertamente la Coordinadora cometía errores, explicó el arzobispo, pero ello se debe a que son “perseguidos, masacrados y dificultados en sus labores de organización”.
El 17 de febrero de 1980 Romero dio cuenta de una carta que le dirigió a James Carter, presidente demócrata de los Estados Unidos entre 1977 y 1981. En la misiva señalaba su preocupación por el hecho de que la presidencia estadounidense pudiera apoyar la “carrera armamentista” en El Salvador con asesores y equipos militares; según informaciones periodísticas, se trataría de entrenar a tres batallones en logística, comunicaciones e inteligencia. El religioso afirmaba que las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad salvadoreños “en general sólo han recurrido a la violencia represiva, produciendo un saldo de muertos y heridos mucho mayor que los regímenes militares recién pasados”. Pero aclaró que no estaba en contra de la institución de las Fuerzas Armadas.
El nueve de marzo, en otra de las homilías, el discurso de Romero fue todavía más directo. Las víctimas, que aumentaban a diario, mostraban el objetivo de “extinción violenta de todos aquellos que no estén de acuerdo, desde la izquierda, con las reformas propuestas por el Gobierno y propiciadas por Estados Unidos”. Entre otros ejemplos, el estudiante Rogelio Álvarez, quien murió tras las torturas y ser detenido “ilegalmente” por civiles. O el profesor José Trinidad Canales, acribillado a balazos; o los cuatro campesinos muertos, tras un ataque militar, en Cinquera (departamento de Cabañas). Además de la nómina de represaliados, también Óscar Arnulfo Romero reprodujo sus palabras ante el pontífice Woktyla: “En mi país es muy peligroso hablar de anti-comunismo porque el anticomunismo lo proclama la derecha, no por amor a los sentimientos cristianos sino por el egoísmo de cuidar sus intereses egoístas”.
En mayo de 1980 el militar Roberto D’Aubuisson fue apresado en una finca, junto a un grupo de militares y civiles por la presunta responsabilidad en el crimen. El informe de la Comisión de la Verdad señala a D’Aubuisson, exmayor y fundador en 1981 del partido derechista ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), como sujeto que dio la orden de asesinar a Romero. Vinculado al paramilitarismo y a los “escuadrones de la muerte”, fue presidente de la Asamblea Constituyente de El Salvador en 1983 y diputado de la Asamblea Legislativa durante siete años. En el registro se hallaron armas y documentación que implicaban al grupo con la muerte de Óscar Romero y la financiación de los “escuadrones”.
Sin embargo, el informe resalta que ni D’Aubuisson ni sus cómplices fueron llevados ante el poder judicial. Que el intento de asesinato del juez Atilio Ramírez Amaya, asignado para la investigación judicial, tenía como fin que no se resolviera el caso. O que la Corte Suprema de El Salvador desempeñó un rol activo en impedir la extradición desde Estados Unidos del excapitán Saravia, otro de los militares implicados (en mayo de 2017 un tribunal de El Salvador reabrió el proceso contra Saravia, único acusado por el crimen del arzobispo; se anuló de este modo el sobreseimiento judicial ordenado en 1993). Tampoco los policías que en su día se personaron en la capilla, donde se produjo el magnicidio, mostraron diligencia alguna en la recopilación de pruebas.
El nueve de marzo de 1980 monseñor Romero dedicó el ritual a la evocación de Mario Zamora Rivas, Procurador General de Pobres asesinado el 22 de febrero. Al día siguiente se encontró tras el púlpito un maletín con una bomba, que no estalló. La derecha en todas sus variantes, gubernamental, civil y militar, tenía a Óscar Arnulfo Romero en el punto de mira. Era un “subversivo”. El informe de la Comisión de la Verdad recoge artículos de prensa que se hacen eco de estas acusaciones. Así, en un artículo del periódico derechista “El diario de Hoy” de El Salvador (febrero de 1980) se le califica como un arzobispo “demagogo y violento, que estimuló desde la catedral la adopción del terrorismo”; en otro texto del mismo periódico se dice que es conveniente “que la Fuerza Armada empiece a aceitar sus fusiles”.
Cuando se produjo el asesinato de Romero, regía los destinos del país la Segunda Junta de Gobierno, con el coronel Arnaldo Majano como presidente; le sucedió en la presidencia José Napoleón Duarte, a partir de diciembre de 1980, con quien empezó a caminar la Tercera Junta de Gobierno. A finales de 1980 se formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
¿En qué contexto se produjo el asesinato de Romero? La Comisión de la Verdad registró más de 22.000 denuncias de violencia “grave” entre enero de 1980 y julio de 1991, de las que más de un 60% correspondían a ejecuciones extrajudiciales, el 25% a desapariciones forzadas y en el 20% de los casos se denunciaron también torturas. El 85% de los testimonios imputaron las violaciones de derechos humanos a agentes del estado, “escuadrones de la muerte” y paramilitares. Socorro Jurídico Cristiano “Arzobispo Óscar Romero” contabilizó la muerte de 7.916 campesinos en 1981. La Comisión No-Gubernamental de Derechos Humanos de El Salvador informó en noviembre de 1981 de que en el lugar conocido como “El Playón”, podían visibilizarse las masacres, detenciones arbitrarias y desapariciones de los últimos meses: allí se habían arrojado los cadáveres de más de 400 personas. La Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES) dio cuenta de la ejecución de 136 maestros en el primer semestre de 1981.
Socorro Jurídico Cristiano “Arzobispo Óscar Romero” denunció el número de víctimas entre la población civil. 11.903, en 1980; otras 16.266 en el año 1981; y 5.962 víctimas, en 1982. Pero además de los balances estadísticos, es posible trazar un memorial de las masacres. En la de El Calabozo (agosto 1982), en el departamento de San Vicente, el ejército asesinó a más de 200 personas con el pretexto de “limpiar” la zona de guerrilleros. En el caserío El Mozote del departamento de Mozarán (diciembre de 1981) la cifra de campesinos asesinados podría alcanzar los 900; y en la masacre de Sumpul (Chalatenango), en mayo de 1980, el ejército de El Salvador y grupos paramilitares abatieron a no menos de 300 civiles desarmados (unos meses después el presidente José Napoleón Duarte afirmó que se trataba de “guerrillas comunistas”). Óscar Arnulfo Romero pensaba de otro modo: “Éste es el pensamiento fundamental de mi predicación: nada me importa tanto como la vida humana”.
La muerte de Romero no fue la única sufrida por religiosos. En diciembre de 1980 fueron violadas y asesinadas por agentes de la Guardia Nacional de El Salvador tres monjas norteamericanas y una misionera laica. En “El miedo a la democracia” (Crítica, 1991), el lingüista y politólogo Noam Chomsky afirma que los medios de comunicación en intelectuales “ignoraron en gran medida el asesinato del arzobispo Romero, que no mereció siquiera un editorial en The New York Times”. Chomsky reproduce las informaciones del sacerdote católico Daniel Santiago en la revista jesuita América, sobre las acciones de la Guardia Nacional salvadoreña y el efecto del adiestramiento militar por parte de Estados Unidos; por ejemplo, una mujer campesina que encontró, al retornar al hogar, a su madre, hermana y tres hijos decapitados. Úteros extirpados con los que se cubrían las caras de las víctimas o genitales mutilados e introducidos en la boca, se utilizaban como estrategia de intimidación.
El intelectual estadounidense recuerda el panorama siniestro de la época: fuerzas armadas que iniciaban la recluta a partir de los 13 años, y enseñaban rituales de las SS, incluidas las violaciones. Además, en ocasiones “el partido ARENA en el gobierno denominaba ‘ejército de salvación nacional’ a los escuadrones de la muerte; los miembros de este partido (incluyendo al presidente Cristiani) prestaban juramento de sangre al ‘líder vitalicio’, Roberto D’Aubuisson”, explica Chomsky. Casi una década después de la muerte de Óscar Romero, militares salvadoreños asesinaron en la sede de la Universidad Centroamericana en San Salvador a Ignacio Ellacuría y otros cinco jesuitas, además de una trabajadora del centro y su hija.
sábado, 26 de noviembre de 2016
La empresa criminal. Por qué las corporaciones deben ser abolidas. Steve Tombs y David Whyte. Icaria Barcelona. 2016. 208 pag.
CAPITALISMO. Con rigor académico y sencillez divulgativa, los autores explican a lo largo de seis capítulos cómo y por qué las corporaciones definen y destruyen nuestra vida diaria. Fuentes diversas, pruebas empíricas, análisis históricos y argumentos teóricos demuestran más allá de toda duda razonable que las empresas privadas con ánimo de lucro son criminales habituales y rutinarios. La corporación tiene licencia para matar, mutilar y robar en beneficio propio. Su facultad para dañar a las personas y al medio ambiente se construye desde el derecho y la política. Los autores sostienen que la corporación no puede reformarse. "La tarea política más acuciante de nuestro tiempo es la abolición de la corporación y los fundamentos económicos, políticos y jurídicos que la sostienen. De no lograrlo, las corporaciones seguirán engañando, mintiendo, robando, mutilando, matando y envenenando hasta extinguirnos". Si no podemos imaginar un mundo sin empresas, Advierten Tombs y Whyte, no habitaremos jamás ese mundo; y la destrucción seguirá siendo un hecho natural. Para estos autores el pensamiento utópico no es lo contrario a la búsqueda de reformas. "Las segundas no solo coexisten sino que a menudo se apoyan en el primero. Se ahí que las reformas carentes de espíritu utópico tiendan a quedarse en el reformismo y, mejoras parciales aparte, puedan tener el efecto contraproducente de reforzar a las corporaciones mientras fingen domesticarlas."Steve Tombs es catedrático de Criminalogía de la Open University. Estudia la naturaleza, incidencia y regulación del crimen corporativo.
David Whyte es catedrático de estudios Sociológicos en la Universidad de Liverpool.
Julia García Lapuente.
Le Monde Diplomatique en español. Noviembre 2016.
En mayo de 2015, el mes en que fue publicada la edición en inglés de este libro, un regulador estadounidense, la Junta de Recursos del Aire de California (California Air Resources Board – carb), emprendió una serie de pruebas en respuesta a las inquietudes planteadas sobre la exactitud de las mediciones de emisiones contaminantes en los coches producidos por el fabricante alemán Volkswagen. La carb encontró incoherencias importantes y luego informó a Volkswagen y a la Agencia de Protección Medioambiental (Environmental Protection Agency – epa). De ahí acabó surgiendo un caso paradigmático de crimen corporativo.
Volkswagen había instalado un software que permitía manipular los datos de emisiones de sus coches. El software detectaba cuándo se encontraba el automóvil en un banco de pruebas y cambiaba de posición para reducir al mínimo las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx). Fuera del banco de pruebas, el coche volvía a la posición «normal» de mayor eficiencia para multiplicar hasta 40 veces el límite legal de emisiones. El 4 de noviembre, vw admitió que los dispositivos manipulados también fueron instalados en los motores de gasolina y enmascararon sus emisiones de CO2. La empresa también admitió haber instalado ese software en una lista de marcas propiedad de VW mucho mayor que la admitida previamente, incluidas Porsche, Audi, Seat y Skoda. El número de vehículos afectados aumentaba cada día, entre ellos 700.000 coches en España (McHugh, 2015). Los delitos de Volkswagen —y claramente eran delitos— incluían el fraude organizado para asegurar la dispersión incontrolada del que puede ser nuestro mayor asesino contaminante, el NOX, responsable de la mitad de las muertes relacionadas con la contaminación en el mundo desarrollado, así como del principal causante del cambio climático: el CO2.
Pese a esas devastadoras revelaciones, VW siguió vendiendo coches con sus emisiones medidas por dispositivos manipulados incluso después del «escándalo» conocido en septiembre de 2015, mientras negaba todo conocimiento de la dirección sobre el fraude perpetrado. En marzo de 2016, justo cuando estábamos a punto de terminar este texto, VW admitió que su exdirector general, Martin Winterkorn, recibió en mayo de 2014 un memorándum que detallaba cómo algunos coches VW producían hasta 35 veces más emisiones de óxido de nitrógeno de lo permitido. Antes de marzo de 2016, la compañía había dicho que Winterkorn —que renunció después del escándalo en septiembre de 2015— desconocía el tema. Por supuesto, nunca había resultado creíble que los directivos en VW no llevaran años al tanto. Los técnicos de VW habían advertido sobre prácticas ilegales de las emisiones en 2011, y Bosch había informado a VW en 2007 sobre los riesgos del uso ilegal de su tecnología de software. Además, no era la primera vez que VW usaba esa tecnología. El investigador André Spicer señaló que VW llevaba montando dispositivos defectuosos en sus coches desde 1973. Esta fue una historia arquetípica, pues ocurrió en una industria que ha sido acusada de utilizar métodos fraudulentos en las pruebas de emisión como práctica sistemática. Y también lo fue en la medida que Volkswagen no fue la única empresa automovilística envuelta en un gran escándalo por la seguridad o la integridad de sus vehículos.
Los motores de GM habían sido objeto de una importante demanda en 2014 a causa de unos interruptores de arranque defectuosos que causaban bloqueos y fallos de seguridad. La compañía pagó indemnizaciones por 124 muertes. También en 2014, BMW, Chrysler, Ford, Honda, Mazda, Nissan y Toyota anunciaron la retirada de vehículos por un problema con el inflado de sus airbags (que arrojaba fragmentos de metralla metálica a alta velocidad). La metralla había matado a un número indeterminado de personas. La demanda, que afectó a 40 millones de vehículos en todo el mundo, fue la más importante en la historia de la industria. Durante 2014 y 2015, Fiat Chrysler se vio envuelta en un caso similar porque los depósitos de su Jeep Cherokee explotaban al romperse por impacto trasero. Un informe del Centro para la Seguridad del Automóvil (Center for Auto Safety) ha documentado 185 accidentes fatales por explosiones del depósito del Jeep Cherokee, con un saldo de 270 muertes y numerosos heridos por quemaduras graves. El veterano activista Ralph Nader, autor del libro pionero en el tema Unsafe at Any Speed, describió en 2011 al Grand Cherokee como «el Pinto moderno para las mamás futboleras».
Hoy es habitual que los estudiantes de empresariales en el mundo angloparlante (y gran parte del resto) cursen una asignatura de «ética de los negocios» como parte de su grado. El caso más común que estudiarán en dicho módulo es el del «Ford Pinto» (Shaw, 2011; Birsch y Fielder, 1994). El caso salió a la luz en 1977, tras la publicación de un detallado artículo de prensa (Dowie, 1977). Tras la fase de pruebas, Ford estaba al corriente del grave riesgo de explosión de los depósitos de combustible de su nuevo modelo «Pinto» en caso de impacto trasero. La corporación empleó una serie de cálculos (para comparar el valor de los posibles daños y lesiones con el coste de retirarlos) La empresa optó por no retirarlos basándose en una estrategia de rentabilidad si únicamente morían 180 personas por colisiones traseras. El coche salió al mercado y allí siguió durante 10 años, mientras se amontonaban los cadáveres por los choques de impacto trasero.
Si el caso del «Ford Pinto» puede ser el más citado a propósito de la ética en los negocios, es en parte por el extraordinario nivel de profundidad con que el caso ha sido estudiado, pero también debido a que al tiempo transcurrido proporciona seguridad. Los libros de texto sobre los negocios no suelen recoger los casos en que la historia se repite trágicamente. De hecho, las estimaciones oficiales muestran que tres de los casos recién señalados se han cobrado más de 20 veces el número de vidas que el Ford Pinto. Pero el estudio de caso que se propone a los estudiantes de empresariales sucedió en 1977.
Una de las razones por las que hemos escrito este libro era mostrar que el crimen corporativo está en todas partes. En su carrera por la acumulación de ganancias, todas las grandes corporaciones de todos los sectores se ven obligadas a romper las reglas en algún momento. Todas acaban poniendo el beneficio por delante de la salud humana o el interés general. Queremos mostrar que esta dinámica no es solo un resultado desafortunado de las decisiones tomadas en una sala de juntas o del error de un inversor «codicioso». El impulso a delinquir y causar daño a expensas de la corporación está en el ADN de las estructuras políticas y jurídicas que dan vida a la corporación. Recorreremos la historia de esas estructuras para explicar que la corporación —esa forma de propiedad que fue ganando importancia social desde principios del siglo XIX—, nació como mecanismo para asegurar la impunidad ante cualquiera de los daños humanos que produzca.
La historia de la corporación es la historia de sus crímenes, una historia muy anterior a la industria del automóvil moderno. Es, de hecho, más antigua que cualquiera de las industrias modernas. La corporación fue concebida como una «persona» idealizada, con su propia identidad, con capacidad de poseer propiedades y reclamar «derechos» hasta entonces reservados a algunas personas físicas. Es este mismo proceso el que permite atribuirle también ciertas formas de falsa racionalidad —incluida la capacidad de comportarse de modo «responsable» y «ético».
Pero incluso los mayores entusiastas del capitalismo admiten que la persona corporativa con capacidad para pensar, actuar y comportarse con facultades humanas es poco más que una artimaña. El famoso gurú neoliberal Milton Friedman ya se burlaba en 1970 de que las corporaciones pudieran ser más responsables que un edificio o que un escritorio dentro de ese edificio.
A raíz del caso del Ford Pinto, Friedman pronunció otra asombrosa declaración en apoyo de Ford, esta vez en un coloquio televisado con estudiantes de economía. De acuerdo con su enfoque teórico sobre la regulación, Friedman defendió la decisión de Ford desde una lógica de mercado. Su argumento fue este: la decisión sobre el valor de la seguridad del coche no debe ser un asunto público, pues el público no participa en la transacción original. El valor de la seguridad del coche debe dejarse en manos de las partes directamente involucradas en la compra y uso del coche. Desde esta perspectiva, el consumidor es «libre» para decidir si prioriza la seguridad o el precio, y la injerencia del gobierno no es deseable —más allá de fijar los mecanismos legales básicos de aplicación y adjudicación.
Esta afirmación presume, a su vez, que los consumidores racionales son capaces de emplear su conocimiento sobre los productos para tomar decisiones informadas. En pocas palabras, esto significa que toda una lógica de mercado como la articulada por Milton Friedman se basa en esa presunción. De ahí que, llegado el momento, Friedman diga: «Sabemos que cuando compramos un Pinto, las probabilidades de ser asesinado son mayores que las de morir en un camión Mack. [...] Cada uno en esta sala podría, por cierto precio, reducir sus probabilidades de morir mañana».
Pero todos esos casos en la industria del automóvil muestran que la noción idealizada del consumidor racional es falsa. En todos esos casos, las corporaciones evitan activamente que los consumidores cuenten con información suficiente para tomar tal decisión. En todos los casos analizados se ocultó al público, a los consumidores y a los propietarios de vehículos una información que sin duda podría haber salvado muchas vidas. Para proteger su reputación y su posición en el mercado, los ejecutivos de las empresas decidieron guardar cada sucio secreto mientras pudieron.
En un sentido más amplio, este nivel de engaño corporativo no solo se activa en respuesta al descubrimiento de los crímenes de la corporación. Una forma de fraude estratégica (más que reactiva), se observa en las actuales previsiones de impacto social de la empresa. VW, por ejemplo, había presentado sus coches como contribuciones «verdes» a la protección medioambiental. Y los gobiernos, tragando esa mentira, pervirtieron el presunto «libre» mercado al apoyar el desarrollo de los coches diésel mediante subsidios y exenciones de impuestos.
Los neoliberales como Friedman aceptan que, cuanto más incompleto o «imperfecto» es el conocimiento de un producto, más se pervierte la transacción, pero no admiten la capacidad del poder para distorsionar las transacciones en el mercado. Las corporaciones no solo cometen delitos sino que mienten sobre esos delitos y luego encubren sus mentiras. Además, como sostenemos en este libro, nuestros supuestos representantes políticos —los gobiernos y reguladores— les otorgan la facultad de hacerlo en cada pequeño paso del proceso.
El gobierno español, por poner un ejemplo, concedió ayudas de 1.000 euros para la compra de cada «coche diesel limpio» (McHugh, 2015), transfiriendo una fortuna desde el estado a las empresas —en un contexto de austeridad severa para la mayoría de la población. Mientras tanto, el Banco Europeo de Inversiones venía concediendo préstamos por unos 4.600 millones de euros a Volkswagen desde 1990. Al mismo tiempo, muchos gobiernos europeos llevaban tiempo presionando a la Unión Europea para mantener ciertos «agujeros» legales en las pruebas de emisiones. Todo esto se aleja mucho del mundo friedmanista del libre mercado y sus empresas libres.
Pero también debemos tener claro qué lleva a VW a querer posicionarse como líder del mercado en tecnologías diésel verdes y cómo afecta esto a la «elección» del consumidor: ser «verde» era un requisito clave en su estrategia de dominio del mercado. VW buscaba ese dominio pese a ser el segundo fabricante de automóviles del mundo, después de Toyota, con casi 600.000 empleados, participando de un oligopolio mundial en que cinco fabricantes producen más de la mitad de los coches del mundo. Tales niveles de concentración del mercado son típicos de la era de capitalismo corporativo global.
Dada su posición dominante en un mercado oligopolístico, es probable que el perjuicio sobre el precio de las acciones y las ventas de VW sea relativamente leve y le suponga poco o ningún daño a largo plazo. Dicho esto, cualquier daño que pueda producirse no será asumido por los accionistas de la empresa —sus réditos se recuperarán porque la responsabilidad limitada les evitará toda repercusión legal o financiera en cualquier caso penal o civil. Los más altos directivos estarán igualmente protegidos —aunque pueda sacrificarse una o dos manzanas podridas. Por el contrario, los trabajadores pagarán el precio cuando la compañía reúna los fondos para recuperar el coste de cualquier reclamación, indemnización o multa— VW advirtió a sus trabajadores que la recuperación del escándalo «no será sin dolor» (Ruddick, 2015). Y, por supuesto, el incalculable daño a nuestra salud ya está hecho. Nunca se señalará como causantes de ese daño a los 11 millones de coches VW vendidos en el mundo por medios intencionalmente fraudulentos y que siguen emitiendo partículas mortales de diesel y NOX.
Como este libro pretende demostrar, el caso VW ilustra perfectamente que la corporación moderna puede ser entendida como un dispositivo criminógeno y externalizador. Criminógeno porque viola la ley de forma calculada y como parte de su modus operandi. Externalizador porque las corporaciones suelen socializar los costes reales de producción —hacia la pérdida de vidas humanas, las muertes prematuras, la transferencia de la riqueza del erario público al balance empresarial o una destrucción medioambiental que pone en peligro la existencia misma del planeta.
Por eso sostenemos que la corporación no puede reformarse. Todas las razones expuestas en este libro demuestran que no podremos alterar el curso de la historia y evitar la destrucción del planeta a menos que encontremos una forma de frenar el poder político y económico de la corporación. La tarea política más acuciante de nuestro tiempo es la abolición de la corporación y los fundamentos económicos, políticos y jurídicos que la sostienen. De no lograrlo, las corporaciones seguirán engañando, mintiendo, robando, mutilando, matando y envenenando hasta extinguirnos.
domingo, 10 de julio de 2016
La mentira. Aznar es el único que hasta el momento no ha pedido perdón a su país por llevarlo a una guerra injusta e injustificada.
Siempre recordaré el aplauso de los diputados de las bancadas del Partido Popular en el Congreso tras la aprobación de la decisión del Gobierno de Aznar de ir a la guerra de Irak, que apoyaron sin una sola excepción, contra la opinión de millones de españoles, que nos habíamos manifestado en contra. Nunca había visto a nadie tan contento de ir a una guerra; mejor dicho: tan contento de que fueran otros, pues ni los diputados ni los ministros ni el presidente del Gobierno iban a ir. Para eso están los profesionales.
El informe Chilcot, elaborado por un comité independiente de Reino Unido a petición del Gobierno de ese país, acaba de poner negro sobre blanco las cosas que ya se sabían o se sospechaban de aquella guerra: que la decisión de invadir Irak estaba tomada antes de su justificación, que ésta se hizo sobre una gran mentira: la posesión por Sadam Hussein de armas químicas y biológicas prohibidas (nunca he entendido por qué están prohibidas unas armas y otras no, será que soy un poco panoli), y que, en el triunvirato que se formó al frente de los belicistas, Aznar jugó el papel de becario, ni siquiera de George Bush, el jefe de la coalición, sino del británico Toni Blair, ante la retirada del resto de los países europeos, con Alemania y Francia a la cabeza. “No se puede pedir ayuda a un amigo y luego, cuando él te la pide a ti, negársela”, se justificaría tiempo después en el más puro estilo Benzema el héroe de Perejil, el único que hasta el momento no ha pedido perdón a su país por llevarlo a una guerra injusta e injustificada, como si en el cumplimiento de su deber de amistad pudiera disponer de la voluntad y las vidas de sus compatriotas.
Siete años les ha costado a los miembros del comité encabezado por John Chilcot, un alto funcionario británico de gran prestigio, y la consulta de miles de documentos, así como entrevistar a un centenar y medio de testigos, llegar a unas conclusiones que, pese a no suponer ninguna novedad, no dejan de estremecer de rabia y de consternación. Que tres hombres por su santa voluntad provocaran lo que han provocado: miles de muertos y heridos y la ruptura del frágil equilibrio en que vivía una región del mundo que ahora se desangra en guerras y actos de terrorismo que nos están afectando a todos (a España especialmente el 11-M) deberían provocar más que una crítica formal y abstracta. En el mundo han sido juzgados por crímenes de guerra o contra la humanidad muchos dirigentes con menos delito que el trío de las Azores.
http://elpais.com/elpais/2016/07/08/opinion/1467979566_242541.html
El informe Chilcot, elaborado por un comité independiente de Reino Unido a petición del Gobierno de ese país, acaba de poner negro sobre blanco las cosas que ya se sabían o se sospechaban de aquella guerra: que la decisión de invadir Irak estaba tomada antes de su justificación, que ésta se hizo sobre una gran mentira: la posesión por Sadam Hussein de armas químicas y biológicas prohibidas (nunca he entendido por qué están prohibidas unas armas y otras no, será que soy un poco panoli), y que, en el triunvirato que se formó al frente de los belicistas, Aznar jugó el papel de becario, ni siquiera de George Bush, el jefe de la coalición, sino del británico Toni Blair, ante la retirada del resto de los países europeos, con Alemania y Francia a la cabeza. “No se puede pedir ayuda a un amigo y luego, cuando él te la pide a ti, negársela”, se justificaría tiempo después en el más puro estilo Benzema el héroe de Perejil, el único que hasta el momento no ha pedido perdón a su país por llevarlo a una guerra injusta e injustificada, como si en el cumplimiento de su deber de amistad pudiera disponer de la voluntad y las vidas de sus compatriotas.
Siete años les ha costado a los miembros del comité encabezado por John Chilcot, un alto funcionario británico de gran prestigio, y la consulta de miles de documentos, así como entrevistar a un centenar y medio de testigos, llegar a unas conclusiones que, pese a no suponer ninguna novedad, no dejan de estremecer de rabia y de consternación. Que tres hombres por su santa voluntad provocaran lo que han provocado: miles de muertos y heridos y la ruptura del frágil equilibrio en que vivía una región del mundo que ahora se desangra en guerras y actos de terrorismo que nos están afectando a todos (a España especialmente el 11-M) deberían provocar más que una crítica formal y abstracta. En el mundo han sido juzgados por crímenes de guerra o contra la humanidad muchos dirigentes con menos delito que el trío de las Azores.
http://elpais.com/elpais/2016/07/08/opinion/1467979566_242541.html
domingo, 5 de junio de 2016
El FMI admite que el neoliberalismo es un fracaso. Después de haber dado poder al 1 por ciento y empobrecido a millones...
La semana pasada un departamento de investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo público un informe en el que admite que el neoliberalismo ha sido un fracaso. El informe, titulado Neoliberalism: Oversold? (¿se han exagerado los meritos del neoliberalismo?), es una esperanzadora señal de la muerte de esa ideología. El FMI está atrasado solo unos 40 años. En relación con el informe, Naomi Klein tuiteó: “Entonces, los multimillonarios creados [por la ideología] devolverán el dinero, ¿no es así?”. Muchos de los hallazgos del informe que sacude el centro mismo de la ideología neoliberal se hacen eco en lo que sus críticos y víctimas vienen diciendo desde hace varias décadas.
“En lugar de promover el crecimiento”, dice el informe, las políticas de austeridad propiciadas por el neoliberalismo han hecho que se reduzcan las regulaciones para limitar el movimiento de capitales y que, de hecho, “aumente la desigualdad”. Esta desigualdad “podría por sí misma debilitar el crecimiento...”. Por lo tanto, señala el informe, “los responsables políticos deberían estar mucho más abiertos a la redistribución [de la riqueza] de lo que lo están”.
Sin embargo, el informe omite mencionar algunos aspectos notables de la historia y el impacto del neoliberalismo.
El FMI sugiere que el neoliberalismo ha sido un fracaso, pero ha funcionado muy bien para el 1 por ciento de la población mundial, algo que ha sido siempre el propósito del FMI y el Banco Mundial. Tal como informó Oxfam a principios de este año, el 1 por ciento más rico del mundo posee tanta riqueza como el resto de la población del planeta (del mismo modo, la periodista de investigación Dawn Paley ha comprobado en su libro Drug War Capitalism (la guerra capitalista contra la droga) que la guerra contra la droga, lejos de ser un fracaso, ha sido un éxito enorme para Washington y las corporaciones multinacionales).
El informe del FMI ha elegido a Chile como caso de estudio del neoliberalismo, pero no menciona ni una sola vez que allí se aplicaron sus puntos de vista económicos durante la dictadura de Pinochet –respaldada por Estados Unidos–, una omisión muy importante de los investigadores, que no ha sido casual. Es un conocido tópico que en toda América latina, el neoliberalismo y el terrorismo de Estado han ido siempre de la mano.
En 1977, en su Carta abierta a la Junta Militar Argentina, el valiente periodista argentino Rodolfo Walsh denunció la represión de ese régimen, una dictadura que organizó el asesinato y la desaparición de más de 30.000 personas.
“No obstante, estos acontecimientos, que conmueven la conciencia del mundo civilizado, no constituyen el mayor sufrimiento infligido al pueblo argentino, tampoco la peor violación de los derechos humanos que ustedes han cometido”, escribió Walsh respecto de la tortura y los asesinatos. “Es en la política económica de este gobierno donde uno advierte no solo la explicación de los crímenes, sino una gigantesca atrocidad que castiga a millones de seres humanos: la miseria planificada... No tienen más que darse una vuelta de unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que esa política ha convertido la ciudad en una ‘Villa Miseria’ de 10 millones de personas.”
Tal como lo demuestra vívidamente Noami Klein en su Shock Doctrine, esta “miseria planificada”, formaba parte de la agenda que el Fondo Monetario Internacional ha impulsado durante décadas.
Un día después de que Walsh enviara por correo la carta a la Junta, fue capturado por el régimen, asesinado, quemado y su cadáver arrojado a un río, es decir, una víctima más de los millones de ellas que el neoliberalismo se llevó por delante.
Benjamin Dangl ha trabajado como periodista en América latina, ocupándose durante más de una década de los movimientos sociales y la política en el continente. Es autor de Dancing with Dynamite: Social Movements and States in Latin America y de The Price of Fire: Resource Wars and Social Movements in Bolivia. Hoy día, Dangl está cursando un doctorado en Historia de América latina en la McGill University; es editor de UpsideDownWorld.org, un sitio web sobre activismo y política en América latina, y hace el mismo trabajo en TowardFreedom.com, una mirada progresista de los acontecimientos mundiales.
Fuente: http://www.counterpunch.org/2016/06/01/after-empowering-the-1-and-impoverishing-millions-imf-admits-neoliberalism-a-failure/
Benjamin Dangl Counterpounch Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García.
“En lugar de promover el crecimiento”, dice el informe, las políticas de austeridad propiciadas por el neoliberalismo han hecho que se reduzcan las regulaciones para limitar el movimiento de capitales y que, de hecho, “aumente la desigualdad”. Esta desigualdad “podría por sí misma debilitar el crecimiento...”. Por lo tanto, señala el informe, “los responsables políticos deberían estar mucho más abiertos a la redistribución [de la riqueza] de lo que lo están”.
Sin embargo, el informe omite mencionar algunos aspectos notables de la historia y el impacto del neoliberalismo.
El FMI sugiere que el neoliberalismo ha sido un fracaso, pero ha funcionado muy bien para el 1 por ciento de la población mundial, algo que ha sido siempre el propósito del FMI y el Banco Mundial. Tal como informó Oxfam a principios de este año, el 1 por ciento más rico del mundo posee tanta riqueza como el resto de la población del planeta (del mismo modo, la periodista de investigación Dawn Paley ha comprobado en su libro Drug War Capitalism (la guerra capitalista contra la droga) que la guerra contra la droga, lejos de ser un fracaso, ha sido un éxito enorme para Washington y las corporaciones multinacionales).
El informe del FMI ha elegido a Chile como caso de estudio del neoliberalismo, pero no menciona ni una sola vez que allí se aplicaron sus puntos de vista económicos durante la dictadura de Pinochet –respaldada por Estados Unidos–, una omisión muy importante de los investigadores, que no ha sido casual. Es un conocido tópico que en toda América latina, el neoliberalismo y el terrorismo de Estado han ido siempre de la mano.
En 1977, en su Carta abierta a la Junta Militar Argentina, el valiente periodista argentino Rodolfo Walsh denunció la represión de ese régimen, una dictadura que organizó el asesinato y la desaparición de más de 30.000 personas.
“No obstante, estos acontecimientos, que conmueven la conciencia del mundo civilizado, no constituyen el mayor sufrimiento infligido al pueblo argentino, tampoco la peor violación de los derechos humanos que ustedes han cometido”, escribió Walsh respecto de la tortura y los asesinatos. “Es en la política económica de este gobierno donde uno advierte no solo la explicación de los crímenes, sino una gigantesca atrocidad que castiga a millones de seres humanos: la miseria planificada... No tienen más que darse una vuelta de unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que esa política ha convertido la ciudad en una ‘Villa Miseria’ de 10 millones de personas.”
Tal como lo demuestra vívidamente Noami Klein en su Shock Doctrine, esta “miseria planificada”, formaba parte de la agenda que el Fondo Monetario Internacional ha impulsado durante décadas.
Un día después de que Walsh enviara por correo la carta a la Junta, fue capturado por el régimen, asesinado, quemado y su cadáver arrojado a un río, es decir, una víctima más de los millones de ellas que el neoliberalismo se llevó por delante.
Benjamin Dangl ha trabajado como periodista en América latina, ocupándose durante más de una década de los movimientos sociales y la política en el continente. Es autor de Dancing with Dynamite: Social Movements and States in Latin America y de The Price of Fire: Resource Wars and Social Movements in Bolivia. Hoy día, Dangl está cursando un doctorado en Historia de América latina en la McGill University; es editor de UpsideDownWorld.org, un sitio web sobre activismo y política en América latina, y hace el mismo trabajo en TowardFreedom.com, una mirada progresista de los acontecimientos mundiales.
Fuente: http://www.counterpunch.org/2016/06/01/after-empowering-the-1-and-impoverishing-millions-imf-admits-neoliberalism-a-failure/
Benjamin Dangl Counterpounch Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García.
sábado, 2 de enero de 2016
¿Por qué Hitler bombardeó cuatro pacíficos pueblos de Castellón? La aviación nazi experimentó en 1938 su arma más mortífera en una zona alejada del frente. Tras la guerra, el franquismo ocultó la historia que un documental saca ahora a la luz.
El 26 de abril de 1937 Gernika sufrió un bombardeo que sirvió para que la aviación alemana experimentara su nuevo armamento aéreo. Murieron 126 personas y el hecho es recordado por la historia y el arte (El Guernica de Picasso) como un icono de la lucha por la libertad… Sin embargo pocos conocen que el mayo de 1938, hubo otro Gernika en El Maestrat de Castellón.
Un año antes de acabar la Guerra Civil española, la Legión Cóndor de la Alemania nazi bombardeó Benassal y otros pueblos del interior de Castellón causando 38 víctimas mortales y arrasando unas poblaciones pequeñas y tranquilas del Maestrat. Sus habitantes nunca entendieron por qué. Ahora, 75 años más tarde, saben que fueron víctimas de un experimento nazi.
En aquel momento nadie supo explicar por qué los alemanes dejaron caer bombas de 500 kilos sobre aquellas gentes que vivían tan lejos del frente y de cualquier enclave estratégico. Nadie hasta que un vecino de Benassal, Óscar Vives, visitó el archivo militar de Friburgo después de leer en un libro de un historiador británico una breve referencia a Benassal que llamó su atención.
En el Bundesarchiv-Militärarchiv, halló un informe de 50 páginas con mucha documentación gráfica sobre los bombardeos de su pueblo, pero también de Albocàsser, Ares del Maestrat y Vilar de Canes. En él se ponía de manifiesto que la incursión fue un experimento para probar los Junker 87 Stuka, los nuevos aparatos de la aviación nazi que se convertirían más tarde en los aviones más temidos durante la segunda guerra mundial.
Ahora una productora valenciana está haciendo un documental que ha recuperado el material gráfico que se guarda en Alemania, reconstruido el bombardeo y entrevistado a los supervivientes y a los familiares de las víctimas. Experimento Stuka proyecta revivir aquel macabro episodio de una historia sin memoria, rescatar del olvido ese Gernika valenciano, a quien nadie, todavía, ha hecho justicia.
“Hemos entrevistado a una veintena de supervivientes, testigos directos de los bombardeos. En aquel momento eran niños. Vieron morir hermanos, familiares y vecinos… Cuando acabó la guerra, la dictadura enterró el caso y nunca se buscaron responsables” cuenta Rafa Moles, director del documental. “Aquellos niños no habían visto un avión en su vida y prácticamente no sabían nada de la guerra. Cuando oyeron llegar los aviones salió todo el pueblo a verlos. Algunos creyeron que las bombas de 500 kilos que tiraban solo eran balas de paja”
Según Rafa Molés, lo que pasó en El Maestrat se puede comparar al bombardeo de Gernika. “En Gernika Hitler probó el poder destructor de su aviación de guerra. En Castellón experimentó un arma absolutamente secreta. Ni siquiera Franco lo sabía”(?) añade. “Después del escándalo de Gernika Franco pidió a la Legión Cóndor que no atacara objetivos civiles, por eso Hitler escogió cuatro pueblos pequeños de Castellón, objetivos sin defensa, ignorantes de lo que pasaba. La Legión Cóndor no informó nunca de lo que hizo allí”.
El documental, en fase de producción, ya ha sido seleccionado de entre 250 proyectos de todo el mundo, en el mercado del Festival Internacional de Cine Documental DocsBarcelona y cuenta con una propuesta de ayuda de la Generalitat Valenciana, además de con la colaboración de la Universitat Jaume I de Castellón.
El proyecto de largometraje, producido de SUICAfilms, está dirigido por el castellonense Rafa Molés, y el ilicitano Pepe Andreu. Además, en el guion participa Núria Tirado. La producción ejecutiva corre a cargo de Natalia Maestro y la fotografía es de José Luis González.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/23/valencia/1450889224_506301.html-
Un año antes de acabar la Guerra Civil española, la Legión Cóndor de la Alemania nazi bombardeó Benassal y otros pueblos del interior de Castellón causando 38 víctimas mortales y arrasando unas poblaciones pequeñas y tranquilas del Maestrat. Sus habitantes nunca entendieron por qué. Ahora, 75 años más tarde, saben que fueron víctimas de un experimento nazi.
En aquel momento nadie supo explicar por qué los alemanes dejaron caer bombas de 500 kilos sobre aquellas gentes que vivían tan lejos del frente y de cualquier enclave estratégico. Nadie hasta que un vecino de Benassal, Óscar Vives, visitó el archivo militar de Friburgo después de leer en un libro de un historiador británico una breve referencia a Benassal que llamó su atención.
En el Bundesarchiv-Militärarchiv, halló un informe de 50 páginas con mucha documentación gráfica sobre los bombardeos de su pueblo, pero también de Albocàsser, Ares del Maestrat y Vilar de Canes. En él se ponía de manifiesto que la incursión fue un experimento para probar los Junker 87 Stuka, los nuevos aparatos de la aviación nazi que se convertirían más tarde en los aviones más temidos durante la segunda guerra mundial.
Ahora una productora valenciana está haciendo un documental que ha recuperado el material gráfico que se guarda en Alemania, reconstruido el bombardeo y entrevistado a los supervivientes y a los familiares de las víctimas. Experimento Stuka proyecta revivir aquel macabro episodio de una historia sin memoria, rescatar del olvido ese Gernika valenciano, a quien nadie, todavía, ha hecho justicia.
“Hemos entrevistado a una veintena de supervivientes, testigos directos de los bombardeos. En aquel momento eran niños. Vieron morir hermanos, familiares y vecinos… Cuando acabó la guerra, la dictadura enterró el caso y nunca se buscaron responsables” cuenta Rafa Moles, director del documental. “Aquellos niños no habían visto un avión en su vida y prácticamente no sabían nada de la guerra. Cuando oyeron llegar los aviones salió todo el pueblo a verlos. Algunos creyeron que las bombas de 500 kilos que tiraban solo eran balas de paja”
Según Rafa Molés, lo que pasó en El Maestrat se puede comparar al bombardeo de Gernika. “En Gernika Hitler probó el poder destructor de su aviación de guerra. En Castellón experimentó un arma absolutamente secreta. Ni siquiera Franco lo sabía”(?) añade. “Después del escándalo de Gernika Franco pidió a la Legión Cóndor que no atacara objetivos civiles, por eso Hitler escogió cuatro pueblos pequeños de Castellón, objetivos sin defensa, ignorantes de lo que pasaba. La Legión Cóndor no informó nunca de lo que hizo allí”.
El documental, en fase de producción, ya ha sido seleccionado de entre 250 proyectos de todo el mundo, en el mercado del Festival Internacional de Cine Documental DocsBarcelona y cuenta con una propuesta de ayuda de la Generalitat Valenciana, además de con la colaboración de la Universitat Jaume I de Castellón.
El proyecto de largometraje, producido de SUICAfilms, está dirigido por el castellonense Rafa Molés, y el ilicitano Pepe Andreu. Además, en el guion participa Núria Tirado. La producción ejecutiva corre a cargo de Natalia Maestro y la fotografía es de José Luis González.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/23/valencia/1450889224_506301.html-
jueves, 29 de octubre de 2015
Blair pide perdón por la guerra de Irak y la vincula al ascenso del ISIS. El ex primer ministro británico no se disculpa sin embargo por la muerte de Sadam Husein
El ex primer ministro británico Tony Blair ha pedido disculpas por su papel en la guerra de Irak, a la que llevó al país hace 12 años. En una entrevista en la CNN, el último líder laborista en ganar unas elecciones ha pedido perdón por utilizar información de inteligencia errónea; ha reconocido que no supo prever el caos que se desataría tras el derrocamiento de Sadam Husein, y ha admitido que dicho caos puede haber contribuido a la aparición y crecimiento del grupo yihadista Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés). Blair, sin embargo, se ha negado a disculparse por eliminar del poder al fallecido dictador iraquí y ha defendido aquella intervención armada, señalando a la actual guerra civil en Siria para destacar los peligros de no actuar.
“Pido disculpas por el hecho de que la inteligencia que recibimos fue errónea”, dice en una entrevista que se emitirá a partir del próximo lunes en el especial Long Road to Hell, de la cadena estadounidense, presentado por Fareed Zakaria. “También pido disculpas por algunos de los fallos en la planificación y, ciertamente, por nuestro error en comprender lo que sucedería una vez que desalojáramos al régimen".
“Sin embargo, encuentro difícil pedir disculpas por desbancar a Sadam”, añade Blair, quien, a la pregunta de si la invasión de Irak ha sido uno de los factores principales de la aparición del ISIS, admite que “hay elementos de verdad en esa cuestión”, según extractos de la entrevista recogidos por el Daily Mail.
No es la primera vez que Blair admite errores en la guerra de Irak de 2003, que dañó enormemente su popularidad y que fue uno de los motivos de su salida del 10 de Downing Street en 2007. Pero sí es la vez que lo hace con mayor contundencia. Y lo hace cuando parece que están a punto de publicarse los esperados resultados de la investigación de John Chilcot sobre la guerra de Irak, encargada por el Gobierno de Gordon Brown hace seis años.
Muchos, incluida la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, han querido ver en la entrevista concedida a la CNN un intento de Blair de preparar el terreno ante las posibles críticas que suscite la publicación de las conclusiones de la investigación. No hay una fecha concreta de publicación del informe, que lleva gastados ya más de 14 millones de euros, pero el primer ministro, David Cameron, ha expresado recientemente su irritación por las demoras que arrastra y ha urgido a Chilcot a concluirla.
Aunque admite errores, según los extractos adelantados de la entrevista, Blair se declara preparado para “enfrentarse al juicio de la historia”. Y destaca que otras actuaciones internacionales posteriores tampoco han dado buenos resultados. “Hemos intentado la intervención con tropas en Irak, la intervención sin tropas en Libia y la no intervención, pero con llamamiento a un cambio de régimen, en Siria. No tengo claro que, incluso si nuestra política no funcionó, las siguientes hayan funcionado mejor”, explica.
(El País página 13, 26 de octubre)
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/25/actualidad/1445774504_154032.html
“Pido disculpas por el hecho de que la inteligencia que recibimos fue errónea”, dice en una entrevista que se emitirá a partir del próximo lunes en el especial Long Road to Hell, de la cadena estadounidense, presentado por Fareed Zakaria. “También pido disculpas por algunos de los fallos en la planificación y, ciertamente, por nuestro error en comprender lo que sucedería una vez que desalojáramos al régimen".
“Sin embargo, encuentro difícil pedir disculpas por desbancar a Sadam”, añade Blair, quien, a la pregunta de si la invasión de Irak ha sido uno de los factores principales de la aparición del ISIS, admite que “hay elementos de verdad en esa cuestión”, según extractos de la entrevista recogidos por el Daily Mail.
No es la primera vez que Blair admite errores en la guerra de Irak de 2003, que dañó enormemente su popularidad y que fue uno de los motivos de su salida del 10 de Downing Street en 2007. Pero sí es la vez que lo hace con mayor contundencia. Y lo hace cuando parece que están a punto de publicarse los esperados resultados de la investigación de John Chilcot sobre la guerra de Irak, encargada por el Gobierno de Gordon Brown hace seis años.
Muchos, incluida la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, han querido ver en la entrevista concedida a la CNN un intento de Blair de preparar el terreno ante las posibles críticas que suscite la publicación de las conclusiones de la investigación. No hay una fecha concreta de publicación del informe, que lleva gastados ya más de 14 millones de euros, pero el primer ministro, David Cameron, ha expresado recientemente su irritación por las demoras que arrastra y ha urgido a Chilcot a concluirla.
Aunque admite errores, según los extractos adelantados de la entrevista, Blair se declara preparado para “enfrentarse al juicio de la historia”. Y destaca que otras actuaciones internacionales posteriores tampoco han dado buenos resultados. “Hemos intentado la intervención con tropas en Irak, la intervención sin tropas en Libia y la no intervención, pero con llamamiento a un cambio de régimen, en Siria. No tengo claro que, incluso si nuestra política no funcionó, las siguientes hayan funcionado mejor”, explica.
(El País página 13, 26 de octubre)
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/25/actualidad/1445774504_154032.html
viernes, 7 de agosto de 2015
Científicos contra robots armados. Un millar de expertos critican las armas autónomas porque carecen de criterios éticos.
La inteligencia artificial está llegando a un desarrollo tan intenso que inquieta incluso a sus investigadores por el mal uso que se puede hacer de ella. Más de 1.000 científicos y expertos en inteligencia artificial y otras tecnologías han firmado una carta abierta contra el desarrollo de robots militares que sean autónomos y prescindan de la intervención humana para su funcionamiento. El físico Stephen Hawking, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y el de PayPal, Elon Musk, figuran entre los firmantes del texto, que se presentó ayer en Buenos Aires en la Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial, un congreso donde se presentan más de 500 trabajos de esta especialidad y a la que acuden varios de los firmantes del manifiesto.
El documento no se refiere a los drones ni misiles comandados por humanos, sino a armas autónomas que dentro de pocos años podrá desarrollar la tecnología de inteligencia artificial y que supondrían una “tercera revolución en las guerras, después de la pólvora y el armamento nuclear”.
Los expertos reconocen que existen argumentos a favor de los robots militares, como el hecho de que reducirían las bajas humanas en conflictos bélicos. A diferencia de las armas nucleares, las autónomas no requieren altos costes ni materias primas difíciles de obtener para su construcción, según los firmantes. Por eso advierten de que es “solo cuestión de tiempo” que esta tecnología aparezca en el “mercado negro y en manos de terroristas, dictadores y señores de la guerra”. “Son ideales para asesinatos, la desestabilización de naciones, el sometimiento de poblaciones y crímenes selectivos de determinadas etnias”, alertan los científicos, que proponen que la inteligencia artificial se use para proteger a los humanos, en especial a los civiles, en los campos de batalla. “Empezar una carrera militar de armas de inteligencia artificial es una mala idea”, advierten. Comparan esta tecnología con las bombas químicas o biológicas.
“No se trata de limitar la inteligencia artificial, sino de introducir límites éticos en los robots, lograr que sean capaces de vivir en sociedad y, eso sí, rechazar de forma clara las armas autónomas sin control humano”, explica Francesca Rossi, presidenta de la conferencia internacional y una de las firmantes del texto. “Con la carta queremos tranquilizar a la gente que desde fuera de este mundo mira la inteligencia artificial con una preocupación a veces exagerada. A nosotros también nos interesan los límites éticos. Queremos reunir no solo a expertos en este asunto, sino a filósofos y psicólogos para lograr límites éticos en los robots similares a los de los humanos”, señala.
El peligro de reprogramar
El argentino Guillermo Simari, de la Universidad Nacional del Sur, organizador del congreso, comparte la filosofía de la carta. “Las máquinas pueden tomar decisiones con las que el humano no está de acuerdo. Los hombres tenemos filtros éticos. Se puede programar un filtro ético a la máquina, pero es muy fácil quitarlo”. Simari cree que el gran problema es la facilidad con la que puede reprogramarse una máquina. “Para hacer una bomba atómica uno necesita uranio enriquecido, que es muy difícil de conseguir. Para reprogramar una máquina militar basta con alguien con un ordenador escribiendo software”.
En el congreso también hay quien se sitúa en contra de la filosofía de la carta. “Aquí estamos los que creemos que hay que seguir desarrollando la inteligencia artificial y que puede ser controlada”, explica Ricardo Rodríguez, profesor de la Universidad de Buenos Aires y organizador del encuentro. El debate entre los científicos está vivo y ahora pasará a toda la sociedad.
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/28/actualidad/1438078885_287962.html
El documento no se refiere a los drones ni misiles comandados por humanos, sino a armas autónomas que dentro de pocos años podrá desarrollar la tecnología de inteligencia artificial y que supondrían una “tercera revolución en las guerras, después de la pólvora y el armamento nuclear”.
Los expertos reconocen que existen argumentos a favor de los robots militares, como el hecho de que reducirían las bajas humanas en conflictos bélicos. A diferencia de las armas nucleares, las autónomas no requieren altos costes ni materias primas difíciles de obtener para su construcción, según los firmantes. Por eso advierten de que es “solo cuestión de tiempo” que esta tecnología aparezca en el “mercado negro y en manos de terroristas, dictadores y señores de la guerra”. “Son ideales para asesinatos, la desestabilización de naciones, el sometimiento de poblaciones y crímenes selectivos de determinadas etnias”, alertan los científicos, que proponen que la inteligencia artificial se use para proteger a los humanos, en especial a los civiles, en los campos de batalla. “Empezar una carrera militar de armas de inteligencia artificial es una mala idea”, advierten. Comparan esta tecnología con las bombas químicas o biológicas.
“No se trata de limitar la inteligencia artificial, sino de introducir límites éticos en los robots, lograr que sean capaces de vivir en sociedad y, eso sí, rechazar de forma clara las armas autónomas sin control humano”, explica Francesca Rossi, presidenta de la conferencia internacional y una de las firmantes del texto. “Con la carta queremos tranquilizar a la gente que desde fuera de este mundo mira la inteligencia artificial con una preocupación a veces exagerada. A nosotros también nos interesan los límites éticos. Queremos reunir no solo a expertos en este asunto, sino a filósofos y psicólogos para lograr límites éticos en los robots similares a los de los humanos”, señala.
El peligro de reprogramar
El argentino Guillermo Simari, de la Universidad Nacional del Sur, organizador del congreso, comparte la filosofía de la carta. “Las máquinas pueden tomar decisiones con las que el humano no está de acuerdo. Los hombres tenemos filtros éticos. Se puede programar un filtro ético a la máquina, pero es muy fácil quitarlo”. Simari cree que el gran problema es la facilidad con la que puede reprogramarse una máquina. “Para hacer una bomba atómica uno necesita uranio enriquecido, que es muy difícil de conseguir. Para reprogramar una máquina militar basta con alguien con un ordenador escribiendo software”.
En el congreso también hay quien se sitúa en contra de la filosofía de la carta. “Aquí estamos los que creemos que hay que seguir desarrollando la inteligencia artificial y que puede ser controlada”, explica Ricardo Rodríguez, profesor de la Universidad de Buenos Aires y organizador del encuentro. El debate entre los científicos está vivo y ahora pasará a toda la sociedad.
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/28/actualidad/1438078885_287962.html
lunes, 3 de agosto de 2015
Entrevista a Aitor Martínez, abogado de Derechos Humanos y autor del informe “Masacre de Curuguaty” “Paraguay es uno de los países de América Latina con más líderes campesinos asesinados”
Desde que finalizara la dictadura de Stroessner y comenzara el periodo democrático en Paraguay, en el año 1989, han resultado asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos, según el informe Chokokue. Paraguay registra una de las cotas más elevadas de América Latina, aunque el hecho no trascienda habitualmente fuera del país. Recuerda esta circunstancia el abogado en materia de Derechos Humanos, Aitor Martínez, autor del informe “Masacre de Curuguaty” (presentado en octubre de 2012) para la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC). El abogado e investigador trabajó en el equipo de defensa de los campesinos imputados por la masacre entre agosto de 2012 y enero de 2013. La causa fue elevada al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que decidió contra Paraguay, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde está pendiente de resolución.
Aitor Martínez es también abogado coordinador de la querella por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Stroessner (1954-1989), presentada en agosto de 2013 en Argentina. Actualmente trabaja en la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y en el despacho jurídico ILOCAD, dirigido asimismo por Garzón. “El caso Curuguaty no puede entenderse con independencia de la lucha por la tierra en Paraguay”, afirma Aitor Martínez, “el país más desigual de América Latina”. Un país que tiene como fuente económica principal el sector agrícola-ganadero, y que presenta tal concentración de tierras, “genera un conflicto social imposible de contener”. Algo más del 2% de los hacendados acumula la propiedad de la tierra en un país que, pese a ser uno de los principales productores de alimentos de la región, también es uno de los países con mayor malnutrición. “Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Stroessner”, remata el abogado.
P-El 15 de junio de 2012 se produjo la llamada “masacre de Curuguaty”, en la que murieron 17 personas (11 campesinos y 6 policías). Por los hechos, que terminaron en la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, hay actualmente procesados 13 campesinos (ningún miembro de las fuerzas policiales). ¿Por qué se ha postergado el juicio en diferentes ocasiones, hay algún interés en ello? ¿Hay alguna posibilidad de que se aplace de nuevo?
La investigación de los hechos está llena de irregularidades. Se presentaron numerosas nulidades en la audiencia preliminar que ni siquiera se evaluaron, por lo que el caso se elevó a juicio oral en situación precaria.
Todas estas irregularidades, nulidades y acusaciones sin fundamento fueron elevadas en queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2014 (se abrió la P-417/14 actualmente en curso).
Entre otras graves irregularidades, se alertó del hecho de que se estaba acusando a los campesinos por invasión de inmueble ajeno sin que se hubiera aportado el titulo de la tierra por parte del Fiscal. Evidentemente no puede aportarlo porque la tierra no pertenece a Blas N. Riquelme, terrateniente que había accionado el desalojo. Esto significa se ha realizado una acusación sin que exista la mínima y elemental prueba de cargo, la ajenidad del inmueble, lo que convierte la acusación en inquisitoria.
Es difícil para las autoridades paraguayas atreverse a celebrar un juicio que está siendo analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, de finalmente producirse, inapelablemente produciría la nulidad del mismo. No sé si se producirá un nuevo aplazamiento. Es probable que se vean forzados a hacerlo. Pero también puede suceder que no quieran seguir manteniendo esta situación y se celebre finalmente.
Me gustaría asimismo recordar que realmente murieron 18 personas. No debemos olvidar que Vidal Vega, el Presidente de la Comisión de Familiares Víctimas de Curuguaty, fue asesinado en la puerta de su casa por dos sicarios. Vidal Vega se encontraba colaborando con la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) en la defensa de los campesinos y el esclarecimiento de los hechos, sobre todo en lo relacionado a la situación de la tierra. Ha sido la víctima 18 de este luctuoso hecho.
P-Como autor del informe “Masacre de Curuguaty” y abogado de las víctimas, ¿observaste alguna relación entre la escabechina y la destitución del expresidente Fernando Lugo?
Desde que Lugo llegó al poder en 2008 comenzaron los movimientos de la oligarquía para expulsarlo del poder. Yo recuerdo haber llegado al país en esa fecha y ser raro el día que no había rumores de un golpe. Su promesa de una distribución más equitativa de la tierra era una amenaza que debía ser frenada a toda costa. De hecho, los cables, revelados por Wikileaks, de la embajadora norteamericana muestran abiertamente las conversaciones de políticos “colorados” que venían planeando de manera recurrente dar un golpe, duro o blando, contra Lugo. Finalmente ese golpe se materializó el 15 de junio de 2012.
Cuando ese día se produjo la masacre, los medios de comunicación “cerraron” inmediatamente una versión oficial: los campesinos, radicalizados por las políticas de la distribución de la tierra de Fernando Lugo, llegaron al punto de enfrentarse a la Policía. Sentenciaron ipso facto que un reducido grupo de campesinos había emboscado a la Policía y había producido la masacre. Los medios sentaban una versión oficial sin investigación alguna, como forma de coadyuvar con los partidos tradicionales, colorados y liberales, para poder destituir así a Fernando Lugo, un outsider de la política que había llegado al poder después de más de 60 años de monopolio político del Partido Colorado.
Lugo era una amenaza para el “statu quo” de Paraguay, con uno de los índices de desigualdad más altos del mundo, donde una pequeña oligarquía disfruta de una masiva concentración de la riqueza. Los principales medios de comunicación y la jerarquía política colorada son esa oligarquía que tenía como objetivo la destitución de Lugo para acabar con sus planes de distribución de la tierra a través de la recuperación de las tierras malhabidas.
Esto sentó las bases para que se planteara un juicio político de urgencia contra el Presidente de la República, en el que se le acusaba de haber sido el responsable de la masacre. El 22 de junio, sólo 7 días después de que sucedieran los hechos, y sin permitir ni una investigación (incluso se negó al Presidente crear una comisión de investigación), Lugo fue destituido. Se le dejaron unas pocas horas para su defensa, en una total violación del derecho a la defensa y el debido proceso.
P-¿Afectó la defenestración de Lugo a la investigación posterior de lo sucedido en Curuguaty? Por otra parte, ¿han observado la defensa y las organizaciones de derechos humanos irregularidades en el proceso de Curuguaty?
Lo peor es que con la destitución de Lugo, se sentó una verdad en sede legislativa que ya no podía ser alterada. Si posteriormente se demostraba que la masacre no era tal y como se había descrito por los medios, y como los parlamentarios colorados y liberales habían relatado, se caería toda una destitución presidencial; desde ese momento había que asegurar que la investigación posterior cuadrara con lo afirmado en sede parlamentaria.
Y es ahí donde empiezan todas las irregularidades de este proceso. Cuando yo llegué a Paraguay a investigar la masacre, la verdad “oficial” estaba asentada, pero a medida que investigábamos, descubríamos que nada era como se había afirmado. Fuimos desmontando la versión oficial y descubriendo las falsedades de la Fiscalía en el proceso que avanzaba, hasta el punto de que Paraguay fue condenado nada menos que por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2013, tras la presentación de nuestro informe.
Por ejemplo, encontramos un vídeo en el que se observa que no se había producido ninguna emboscada, sino que los campesinos estaban con sus mujeres y niños en medio del recibimiento a la comitiva policial. Además, pudimos observar la diferencia de fuerzas en el procedimiento, con 354 efectivos policiales especializados que, supuestamente, fueron emboscados por una treintena de campesinos.
Acreditamos que la tierra no era de Blas N. Riquelme, terrateniente de la zona y ex Presidente del Partido Colorado que había instado el desalojo, sino que efectivamente la tierra era pública y estaba destinada a la reforma agraria, tal y como argumentaban los campesinos. También pudimos determinar que la Fiscalía venía solicitando desalojos, mientras que el juez de zona le otorgaba permisos de allanamientos, afirmando constantemente ambas autoridades la existencia de título de propiedad de Riquelme, algo radicalmente falso.
Ni que decir tiene que cuando acudimos a la Carpeta Fiscal del proceso abierto descubrimos que ninguna prueba apuntaba a lo que se afirmaba. Por ejemplo, según las pruebas de hisopos las 6 escopetas incautadas no habían sido disparadas, es decir, no tenían resto de pólvora, excepto una de ellas, que aunque tenía restos precisamente estaba rota y no pudo accionarse. Además, las pruebas de parafina en las manos de los campesinos demostraron que no habían disparado armas.
Por otro parte, encontramos que se habían introducido pruebas falsas en la causa, como una escopeta Maverick calibre 15 cuya desaparición había sido denunciada una semana después. Además, se habían ocultado pruebas, como los cientos de casquillos 5,56 mm que se encontraban en la zona y que pudimos acreditar mediante un vídeo que fueron entregados al fiscal de la causa, habiendo desaparecido de la misma. Lo mismo que ocurrió con la cámara del helicóptero que sobrevolaba la zona, que también desapareció sin ninguna explicación. Y todo ello con un rigor probatorio que llega hasta el punto de que se haya incluso denegado pruebas tan elementales como la dactiloscopia (toma de huellas dactilares) de las armas.
P-¿Qué conclusiones pueden extraerse del accionar de la policía?
Desde un primer momento se afirmó que los policías habían accedido desarmados. Sin embargo, presentamos un vídeo en el que se identificaba una cadena de disparos de armamento automático que abría la balacera. El Fiscal siempre negó que ahí hubieran comenzado disparos automáticos, aunque posteriormente acreditamos que había escondido los casquillos de armamento automático que le entregaron (grabado en un vídeo que puede consultarse).
Tampoco se investigó el accionar policial en relación a las ejecuciones extrajudiciales que le denunciamos al Fiscal. Se estima que, entre 7 y 8 campesinos pudieron morir ejecutados a sangre fría. Algunos han muerto por disparos en la boca, otros con disparos que han hecho estallar el cráneo a cañón tocante, otros campesinos heridos llamaron a sus familiares mientras estos escuchaban su ejecución, entre otros muchos casos.
Un caso particularmente sangrante es el hecho de que el día siguiente, los familiares de los campesinos, junto con periodistas que ya se habían desplazado a la zona, se decidieran a entrar en el predio para buscar a familiares que estaban desparecidos. Los propios medios de comunicación registraron cómo encontraron cuerpos de campesinos que habían sido escondidos entre los maizales de la finca. Con disparos en la frente de trayectoria descendente los cuerpos de Luís Paredes y De los Santos Agüero habían sido deliberadamente escondidos. Denunciamos estos intentos de comisión de desaparición forzada por parte de agentes de la autoridad y nada se ha investigado hasta el momento.
P-¿Cómo se produjeron las detenciones?
Los propios campesinos denunciaron que se habían cometido detenciones arbitrarias. Algunos de los detenidos afirmaban que jamás habían estado en esa finca. La orden de detención se había librado contra toda persona que estuviera en la finca en el momento de los hechos, o contra cualquiera que se encontrara inscrita en una pequeña lista que los campesinos tenían dentro de la finca para los pequeños aportes de alimentación del asentamiento (aunque la defensa jamás la ha visto, ya que parece ser que un Policía se cayó al agua con ella y se destruyó, lo que no evitó que se memorizaran todos los nombres).
Con una orden de detención tan genérica era normal que se produjeran detenciones arbitrarias. Sin embargo, ante el reclamo de algunos campesinos de haber sido detenido por animadversiones con policías, el fiscal jamás procedió a investigar. Por ejemplo, conseguimos vídeos donde se grababa a policías deteniendo a uno de los campesinos, Marcelo Trinidad, en el hospital cuando iba a visitar a un familiar, lo que demostraba que el informe de detenciones estaba falseado. Pedimos que imputara a los policías que se veían en el vídeo y al Policía que había falseado ese informe de detención, negándose a ello.
A todo lo anterior se une que pudimos demostrar denegación de auxilio a campesinos gravemente heridos. Incorporamos a la investigación fotografías donde se observaba a Arnaldo Quintana, con un disparo de entrada y salida en el intestino, que iba a ser recogido por una ambulancia, cuando dos policías cerraron la puerta del vehículo sanitario y le obligaron a montarse en una camioneta policial. Arnaldo Quintana estuvo a punto de fallecer por falta de atención médica. Incluso el propio conductor de la ambulancia reconoció los hechos a los medios. Pedimos al fiscal que imputara a los policías que se veían en las imágenes e igualmente se negó.
P-Ante todas estas denuncias, ¿de qué modo ha obrado la Fiscalía?
Evidentemente la pregunta que todos se deben hacer es, ¿quién es el fiscal de la causa? Pues bien, lo más importante que hay que señalar es que el fiscal de la causa fue cambiado en el momento en se decidió que se iba a hacer juicio político a Lugo. En ese momento la fiscal Ninfa Aguilar fue apartada de la causa y se entregó unilateralmente la investigación a Jalili Rachid, hijo de Bader Rachid, ex Presidente del Partido Colorado y amigo íntimo de Blas N. Riquelme, el también ex Presidente del Partido Colorado que había usurpado esas tierras y había accionado el desalojo sin ser legítimo propietario. Por si fuera poco, además, encontramos fotos del Fiscal Jalil Rachid en una cena íntima con Patricia Riquelme, sobrina nieta de Blas N. Riquelme, con la que presumiblemente mantenía una relación sentimental, foto tomada sólo 4 meses antes de la masacre, el 15 de febrero de 2012.
Es decir, el padre del fiscal Rachid, íntimo amigo de Blas N. Riquelme, decidía en el máximo órgano de dirección del Partido Colorado llevar a Lugo a juicio político, mientras se colocaba a su hijo unilateralmente y sin explicación alguna al cargo de la investigación. Fiscal Rachid es incluso militante del Partido Colorado.
Ninguno de estos hechos ha facilitado que se separe al Fiscal Rachid de la causa. En dos ocasiones se le recusó y en dos ocasiones fue negada su separación de la causa por parte de la Fiscalía General del país. Evidentemente no se debería ni haber llegado a plantear la recusación, simplemente porque él se debería haber inhibido de actuar en una causa que vincula penalmente al amigo de su padre, en la que su partido tiene intereses políticos, y en la que su padre cerró una versión oficial de los hechos que a todas luces iba a condicionar la objetividad investigadora de su hijo.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó a Paraguay a apartar al Fiscal Rachid para garantizar la independencia de las actuaciones. Ni aun siendo solicitada por una de las principales autoridades internacionales se consiguió. Evidentemente, que el Fiscal Rachid siga al frente de las investigaciones es determinante.
P-¿Apunta directamente el “Caso Curuguaty” a la estructura de la propiedad de la tierra en Paraguay (el 2,6% de los propietarios concentra el 80% de las tierras cultivables) o además se señalan otros intereses?
El caso Curuguaty no puede ser entendido al margen del contexto de la lucha por la tierra que existe en Paraguay. Estamos ante el país con la mayor desigualdad de América Latina (según el índice Gini). Un país que se dedica básicamente a la exportación de producción agroganadera del sector primario, y que tiene esa concentración de tierras, genera un conflicto social imposible de contener.
Es decir, el único medio de producción del país está en manos de poco más del 2% del país, mientras el resto sólo puede, en el mejor de los casos, trabajar en condiciones infrahumanas para esa minoría oligárquica. Curiosamente, Paraguay es uno de los principales productores de alimentos de la región, pero el que mayor malnutrición registra. Una tierra en manos de unos pocos, destinada a producir para vender fuera, con mano de obra campesina que no tiene acceso a esa mínima alimentación. Un escenario insostenible para crear una sociedad que se quiere llamar justa.
P-¿Cuál es el origen de este modelo de distribución desigual?
Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El dictador que más duró en el poder en toda América Latina entregó unilateralmente y sin arreglo a ningún procedimiento las conocidas como tierras malhabidas a allegados del Partido Colorado y militares fieles al régimen. La Comisión de Verdad y Justicia, órgano encargado de investigar los crímenes de la dictadura, determinó que aproximadamente 8 millones de Hectáreas fueron repartidas discrecionalmente entre lo que hoy es la oligarquía terrateniente paraguaya, pagada por favores al régimen dictatorial.
Este injusto status quo social se mantuvo hasta que en 2008 un líder religioso, Fernando Lugo, llegó sorpresivamente al poder desbancando al Partido Colorado después de más de 60 años en el poder. Nucleando el voto de todas las fuerzas minoritarias de izquierdas y con el apoyo del Partido Liberal, Lugo ganó las elecciones y trató de implementar un programa reformista, cuyo principal objetivo era la distribución de la tierra, como única forma de conseguir una justa distribución de la riqueza del país.
P-¿Amenazó el ejecutivo de Lugo los intereses de la oligarquía terrateniente?
Desde el gobierno de Lugo comenzaron a abrirse procesos civiles para conseguir recuperar las tierras malhabidas, algo que fue visto por la oligarquía como una amenaza que ponía en peligro sus históricos privilegios. Los llamados a un golpe de Estado eran constantes. Los editoriales de los medios, en manos de esa misma oligarquía, lo tildaban de “radical” y “comunista” al que había que apartar del poder de cualquier forma posible.
Ese es el contexto en el que se produce la masacre de Curuguaty. Una finca, Marina Kue, que precisamente figura entre las conocidas como tierras malhabidas en el Informe de la Comisión Verdad y Justicia, por haber sido ilegítimamente usurpada por el ex Presidente del Partido Colorado, Blas N. Riquelme. Unos campesinos que se asentaron en una tierra que, efectivamente, estaba destinada a la reforma agraria y que contaban con el beneplácito del INDERT, órgano encargado de gestionar esa distribución. Y una fiscalía que de manera clientelar venía recurrentemente desalojando a los campesinos sin cotejar el título de propiedad de los registros públicos, simplemente como forma de complacer a Riquelme.
Finalmente, la historia de la tierra cierra si tenemos en cuenta que el padre del fiscal que investiga este entramado, el también ex Presidente del Partido Colorado, Bader Rachid, figura asimismo como propietario de tierras malhabidas en el informe de la Comisión Verdad y Justicia. Probablemente eso haga comprender por qué su hijo no quiere investigar la titularidad de Marina Kue.
P-¿Es receptiva la opinión pública urbana (de las capitales y ciudades de Paraguay) a la batalla de los campesinos por la tierra? ¿Qué idea ofrecen los medios de comunicación convencionales de las luchas campesinas y, en concreto, de la memoria de Curuguaty?
La división social entre el mundo urbano en Asunción y la realidad rural del interior del país es palpable. La verdadera conciencia campesina se encuentra concentrada en las zonas más desfavorecidas del país. Lo que no quiere decir que en Asunción no exista una sensibilidad al respecto, pero sigue siendo por parte de grupos minoritarios de la ciudad.
A ello no ayuda el hecho de que los medios de comunicación, vehículos privilegiados de transmisión de la información en la ciudad, deliberadamente desarrollen una campaña de criminalización de los campesinos. Es común vincularlos a terroristas, comunistas, vagos o cualquier otro apelativo que estigmatice cualquier movimiento que hagan las comunidades campesinas del interior.
P-¿Continúan hoy los asesinatos de dirigentes y militantes de las organizaciones campesinas, tal como sucedió en Curuguaty? ¿Existe alguna contabilización de las víctimas en los últimos años?
En Paraguay se registra uno de los números más elevados de asesinatos de líderes campesinos de toda América Latina. Curiosamente es un asunto silenciado que no trasciende fuera de sus fronteras.
Según el informe Chokokue, que es actualizado continuamente, han sido asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos desde la llegada de la democracia en 1989.
En la mayoría de los casos las sospechas de los asesinatos recaen en terratenientes de la zona que podrían entender que la forma más fácil de acabar con un reclamo campesino, es eliminar al líder y descabezar al movimiento contestatario. El modus operandi suele ser el mismo: sicarios profesionales con el uso de armamento sofisticado, son quienes cometen los hechos. La respuesta pública es en la práctica totalidad de las ocasiones la misma, garantizar la impunidad absoluta.
P-¿Es un reduccionismo afirmar que el país está controlado por una oligarquía de la soja? ¿Qué peso tienen las compañías transnacionales?
En absoluto es un reduccionismo. Si hacemos un análisis estructural del país, efectivamente estamos ante un país netamente exportador de productos agroganaderos, principalmente soja. Además, con un modelo de producción latifundista y mecanizado, las grandes plantaciones de soja ni siquiera requieren de una gran cantidad de mano de obra, por lo que es un modelo productivo que produce una enorme pobreza nacional en términos generales; en cambio, para unos pocos propietarios genera enormes bolsas de riqueza por la exportación.
A lo anterior se une el drama de los agrotóxicos. Para una eficiente producción de soja los productores recurren al bombardeo de glifosato, destinado a eliminar la maleza de la tierra. Este químico, que a largo plazo destruye esa tierra y la hace infértil, además tiene graves consecuencias para la salud de los asentamientos campesinos cercanos a las plantaciones, sobre todo cuando se lanzan desde las avionetas.
P-¿Y en cuanto al narcotráfico?
Si a este modelo latifundista sojero, de concentración de riqueza y graves problemas sanitarios por el uso de agrotóxicos, le unimos el negocio del narcotráfico, tendremos un escenario desolador en el interior del país. Las bandas organizadas normalmente aprovechan esos latifundios enormes para establecer sus plantaciones de marihuana. Un lucrativo negocio que ha creado nuevas fortunas vinculadas a esta actividad ilícita. Fortunas que están empezando a desplegar la peor cara de este negocio, la violencia, con el repetido asesinato de periodistas en el interior del país que vienen denunciando esta actividad, como sucedió recientemente con el periodista Pablo Medina.
P-Por otro lado, fuiste autor de la querella que se presentó en Argentina, en agosto de 2013, por los crímenes cometidos en la dictadura de Stroessner (1954-1989). ¿En qué consistieron estos crímenes?
Paraguay sufrió la dictadura más larga de toda Latinoamérica, 35 largos años entre 1954 y 1989. Un régimen totalitario, de corte personalista, centrado en la figura de Alfredo Stroessner, y soportado sobre la triada de la conocida como “unidad granítica”: Gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado.
El stronismo estableció un sistema político orweliano, de absoluto control de la ciudadanía, con un férreo sistema de vigilancia social a través de los conocidos como pyragues (del guaraní espías, chivatos o confidentes), allegados al régimen que se esparcían por todo el país alertando de cualquier persona que pudiera ser sospechosa de animadversión al dictador.
Esta estructura totalitaria estableció una maquina de represión jerárquica, sistemática y planificada que cometió masivamente ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas, exilios forzados y otras graves violaciones a los derechos humanos. Para justificar todo este tipo de abusos, el régimen dictó el Estado de sitio permanente, a través de continuadas prórrogas, lo que permitía el uso de la detención arbitraria para la posterior tortura, ejecución, desaparición o expulsión del país. Además, se aprobaron las conocidas como leyes liberticidas (Ley 294 de 1955 de Defensa de la Democracia y Ley 209 de 1970 de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas) que facultaban a las fuerzas de seguridad para detener a cualquier persona sospechosa de ser simpatizante de ideologías progresistas.
P-¿Hay cifras contrastadas sobre estos crímenes/violaciones de los derechos humanos?
Por dar algunos datos oficiales recogidos por la Comisión Verdad y Justicia, un subregistro de lo que se ha podido documentar por este organismo, durante la dictadura uno de cada 124 ciudadanos paraguayos sufrió una violación de los derechos humanos. Se han documentado 19.862 detenciones arbitrarias, de las cuales el 91% de ellas no fueron en dependencias penitenciarias, sino en zulos de comisarías policiales; Paraguay contaba con los presos políticos de más larga duración de Latinoamérica, hacinados por más de 20 años en calabozos sin luz ni dependencias sanitarias.
Por otro lado, se documentaron 59 ejecuciones extrajudiciales, básicamente porque el régimen practicó preferentemente la desaparición forzada de los opositores (se han documentado hasta el momento 395 casos). La tortura fue una práctica generalizada: recibieron este trato el 90% de los detenidos, en 18.772 casos, contando el país con centros especializados de tortura como la Dirección General de Asuntos Técnicos (conocida como “La Técnica”, hoy Museo de las Memorias). A lo anterior se une el destierro de 3.472 personas que fueron expulsadas del país a la fuerza. Y todo ello junto a otras graves violaciones a los derechos humanos, de entre las que destacan la práctica de secuestro de menores de aproximadamente 15 años en dependencias del régimen, para ser sistemáticamente violadas por los jerarcas del país, como salió a la luz durante los trabajos de la Comisión Verdad y Justicia.
P-¿Ha habido en Paraguay una batalla por la memoria histórica, son conocidas estas violaciones de los derechos humanos por la opinión pública?
Después de la caída del régimen de Stroessner en 1989 no hubo ninguna depuración política del país. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial siguieron en manos del Partido Colorado. Por lo tanto, los responsables de la represión anterior siguieron en la mayoría de los casos impunes. Exceptuando algunas pocas causas contra policías de rango inferior, la impunidad fue la norma en el país.
Sin embargo, las victimas seguían presentando querellas, señalando a sus victimarios y exigiendo justicia. Pero la respuesta judicial era el “cajoneo” de las causas, quedando olvidadas en una impunidad que afecta a querellas presentadas hace ya más de 25 años.
Esta situación conllevó condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegación de acceso a la justicia de algunas víctimas. Además, la Comisión Interamericana recomendó a Paraguay que abriera una Comisión de la Verdad que documentara los crímenes de la dictadura y diera traslado de sus investigaciones a la Fiscalía para que actuara contra los responsables.
De esta forma, y gracias a la presión de la sociedad civil y de las diversas instancias internacionales, Paraguay estableció en el año 2003 la Comisión Verdad y Justicia, que trabajó en la documentación de los crímenes de la dictadura hasta el año 2008. Recogió miles de testimonios, accedió a documentación clasificada (por ejemplo del Procedimiento 1503 que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU abrió contra la dictadura) e incluso investigó en profundidad el conocido como Archivo del Terror, toda la documentación de la represión que el régimen quería destruir pero que un activista, Martín Almada, descubrió en 1992 y hoy es material probatorio inmejorable para poder impulsar las causas penales.
La Comisión Verdad y Justicia terminó sus trabajos con la publicación de su Informe Final a mediados de 2008. En este informe se identificaban 448 responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos, dando traslado de todo el material a los poderes del Estado. Pero desde entonces no ha habido ninguna actuación penal contra estas personas. La Fiscalía sigue sin proceder contra ellos y las causas están paralizadas.
P-¿Algún organismo internacional ha señalado la responsabilidad del Estado de Paraguay?
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a Paraguay por falta de persecución de estos crímenes en 2013. El Comité contra las Desapariciones Forzadas condenó igualmente a Paraguay por no identificar los restos de personas que los familiares encuentraron en las dependencias policiales, para cerrar así su duelo y poner fin a un delito permanente como es la desaparición forzada.
P-¿Cómo surgió la idea de la “querella argentina”?
Ante esta situación de impunidad, se decidió acudir a la justicia argentina a través del principio de jurisdicción universal. Este mecanismo de derecho internacional habilita para que ante aquellos crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto (principalmente genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra), por la magnitud de los hechos, cualquier tribunal del mundo pueda conocer de ellos, en el caso de que el país donde se cometieron y que tiene la competencia territorial, no quiera investigarlos.
La querella fue presentada el 5 de agosto de 2013 en Argentina y correspondió por el turno de reparto al juez federal Norberto Oyarbide, a cargo del Juzgado nº5. Desde entonces se han estado remitiendo exhortos desde Argentina a Paraguay solicitándole información.
P-En la querella se incluye el genocidio contra el pueblo Aché. ¿Cuáles son las características básicas de este pueblo y en qué consistió su persecución?
Efectivamente, la querella fue ampliada con relación a los crímenes cometidos contra la etnia Aché.
Durante los años ´70 un proceso de expansión de carreteras del país hacia el norte cortó en dos los bosques de Canindeyú, donde vivían los Aché, una comunidad indígena no contactada. La principal característica de este grupo era su carácter nómada, es decir, vagaban por esos bosques en los que habían vivido desde tiempos ancestrales cazando, sin que tuvieran un asentamiento estable.
Al establecerse esta nueva carretera, la posibilidad de transportar producción agroganadera desde la zona trajo consigo el establecimiento de fincas en esos bosques. Los Aché, que seguían con su modus vivendi ancestral, en ocasiones entraban en las fincas, evidentemente ajenos al concepto de propiedad privada que jamás habían escuchado, y se llevaban algunos cultivos o mataban alguna pieza de ganado.
Los terratenientes de la zona protestaron enérgicamente y la solución dictada por el régimen dictatorial fue aprobar la “sedentarización forzada” de la etnia Aché, sacándolos a la fuerza del monte y concentrándolos en una reserva, la Colonia Nacional Guayakí, dependiente del Departamento de Asuntos Indígenas, organización militar encuadrada en el Ministerio de Defensa Nacional.
P-¿Cómo se produjo este proceso de sedentarización?
Fue traumático. Las cacerías humanas de Aché se sucedieron durante años, en ocasiones a través de Achés sedentarizados que se utilizaban como señuelos, otras veces con sicarios de la zona y en ocasiones con la participación del propio Ejército. Posteriormente eran trasladados a la Colonia Nacional Guayaquí, bajo el mando del temible Sargento Pereira. Una vez allí solían ser vendidos como mano de obra prácticamente esclava a los estancieros de la zona. Los menores, en muchas ocasiones, fueron vendidos a familias paraguayas, sin que a día de hoy se tenga noticia de muchos de esos niños, ya que sólo se han podido recuperar una pequeña parte de ellos. Finalmente, una epidemia de gripe afectó a la Colonia y devastó a gran parte de los Aché, ante una carencia absoluta de medicamentos y alimentación necesaria. Todo este traumático proceso ha sido documentado por diversos antropólogos, de entre los que destaca el alemán Marl Münzel, quien fue testigo presencial de los hechos y llevó a cabo diversas denuncias internacionales.
P-¿Puede hablarse de un genocidio silenciado contra el pueblo Aché?
Los hechos han sido calificados algunas ocasiones de genocidio y otras de crimen de lesa humanidad. La diferencia radica en que el genocidio exige un elemento subjetivo, la comisión de esos crímenes con la intención de hacer desaparecer en parte o en todo a un grupo racial, religioso, étnico o nacional. En la querella se aplica la fórmula genocidio y/o lesa humanidad, dejando abierta la posibilidad de que durante la instrucción se califiquen los hechos en uno u otro sentido.
En mi opinión, los crímenes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, traslado forzoso, limpieza étnica de una zona, además de ser constitutivos de un crimen de lesa humanidad incuestionable, lo serían también de genocidio. La intención del régimen no fue el exterminio de la comunidad Aché en términos físicos, ya que la finalidad era expulsarlos de sus tierras y concentrarlos en la Colonia. Sin embargo, el objetivo final era acabar con la cultura Aché, trasladando a sus niños a familias de culturas paraguayas, impidiéndoles sus prácticas dentro de la reserva, extirpando su lengua al “culturizarlos”, y en definitiva, con la finalidad de hacer desaparecer ese molesto grupo que impedía el desarrollo económico en términos occidentales de una región del país.
P-Por último, ¿en qué punto se encuentra querella? ¿Cuál está siendo la posición del estado de Paraguay ante la misma?
Desde que se presentó la querella en agosto de 2013, se abrió la Causa 7300/2013 y comenzó a exhortarse a Paraguay para que identificara si efectivamente allí se estaban investigando esos hechos.
En un primer momento Paraguay se negó a cooperar judicialmente con Argentina. De hecho, durante más de un año se negó a responder el exhorto del juez Oyarbide. Sin embargo, la presión internacional hizo que finalmente se respondiera, remitiéndose una simple comunicación donde se afirmaba que esos crímenes eran competencia territorial de Paraguay y que se estaban investigando allí, en un desconocimiento absoluto del mecanismo de jurisdicción universal.
Sin embargo, el juzgado argentino reiteró un segundo exhorto en el que solicitaba más información, al que todavía no se ha respondido, por lo que se demuestra nuevamente la falta de voluntad de cooperación judicial.
La idea es que una vez quede acreditada la impunidad existente en Paraguay, se comiencen a incorporar los testimonios de los víctimas, la documentación probatoria, y se dicte orden de detención internacional, para empezar, contra los 18 represores que están vivos y que han sido identificados por la Comisión Verdad y Justicia, así como las víctimas que son querellantes en Argentina.
Enric Llopis
Aitor Martínez es también abogado coordinador de la querella por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Stroessner (1954-1989), presentada en agosto de 2013 en Argentina. Actualmente trabaja en la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y en el despacho jurídico ILOCAD, dirigido asimismo por Garzón. “El caso Curuguaty no puede entenderse con independencia de la lucha por la tierra en Paraguay”, afirma Aitor Martínez, “el país más desigual de América Latina”. Un país que tiene como fuente económica principal el sector agrícola-ganadero, y que presenta tal concentración de tierras, “genera un conflicto social imposible de contener”. Algo más del 2% de los hacendados acumula la propiedad de la tierra en un país que, pese a ser uno de los principales productores de alimentos de la región, también es uno de los países con mayor malnutrición. “Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Stroessner”, remata el abogado.
P-El 15 de junio de 2012 se produjo la llamada “masacre de Curuguaty”, en la que murieron 17 personas (11 campesinos y 6 policías). Por los hechos, que terminaron en la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, hay actualmente procesados 13 campesinos (ningún miembro de las fuerzas policiales). ¿Por qué se ha postergado el juicio en diferentes ocasiones, hay algún interés en ello? ¿Hay alguna posibilidad de que se aplace de nuevo?
La investigación de los hechos está llena de irregularidades. Se presentaron numerosas nulidades en la audiencia preliminar que ni siquiera se evaluaron, por lo que el caso se elevó a juicio oral en situación precaria.
Todas estas irregularidades, nulidades y acusaciones sin fundamento fueron elevadas en queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2014 (se abrió la P-417/14 actualmente en curso).
Entre otras graves irregularidades, se alertó del hecho de que se estaba acusando a los campesinos por invasión de inmueble ajeno sin que se hubiera aportado el titulo de la tierra por parte del Fiscal. Evidentemente no puede aportarlo porque la tierra no pertenece a Blas N. Riquelme, terrateniente que había accionado el desalojo. Esto significa se ha realizado una acusación sin que exista la mínima y elemental prueba de cargo, la ajenidad del inmueble, lo que convierte la acusación en inquisitoria.
Es difícil para las autoridades paraguayas atreverse a celebrar un juicio que está siendo analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, de finalmente producirse, inapelablemente produciría la nulidad del mismo. No sé si se producirá un nuevo aplazamiento. Es probable que se vean forzados a hacerlo. Pero también puede suceder que no quieran seguir manteniendo esta situación y se celebre finalmente.
Me gustaría asimismo recordar que realmente murieron 18 personas. No debemos olvidar que Vidal Vega, el Presidente de la Comisión de Familiares Víctimas de Curuguaty, fue asesinado en la puerta de su casa por dos sicarios. Vidal Vega se encontraba colaborando con la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) en la defensa de los campesinos y el esclarecimiento de los hechos, sobre todo en lo relacionado a la situación de la tierra. Ha sido la víctima 18 de este luctuoso hecho.
P-Como autor del informe “Masacre de Curuguaty” y abogado de las víctimas, ¿observaste alguna relación entre la escabechina y la destitución del expresidente Fernando Lugo?
Desde que Lugo llegó al poder en 2008 comenzaron los movimientos de la oligarquía para expulsarlo del poder. Yo recuerdo haber llegado al país en esa fecha y ser raro el día que no había rumores de un golpe. Su promesa de una distribución más equitativa de la tierra era una amenaza que debía ser frenada a toda costa. De hecho, los cables, revelados por Wikileaks, de la embajadora norteamericana muestran abiertamente las conversaciones de políticos “colorados” que venían planeando de manera recurrente dar un golpe, duro o blando, contra Lugo. Finalmente ese golpe se materializó el 15 de junio de 2012.
Cuando ese día se produjo la masacre, los medios de comunicación “cerraron” inmediatamente una versión oficial: los campesinos, radicalizados por las políticas de la distribución de la tierra de Fernando Lugo, llegaron al punto de enfrentarse a la Policía. Sentenciaron ipso facto que un reducido grupo de campesinos había emboscado a la Policía y había producido la masacre. Los medios sentaban una versión oficial sin investigación alguna, como forma de coadyuvar con los partidos tradicionales, colorados y liberales, para poder destituir así a Fernando Lugo, un outsider de la política que había llegado al poder después de más de 60 años de monopolio político del Partido Colorado.
Lugo era una amenaza para el “statu quo” de Paraguay, con uno de los índices de desigualdad más altos del mundo, donde una pequeña oligarquía disfruta de una masiva concentración de la riqueza. Los principales medios de comunicación y la jerarquía política colorada son esa oligarquía que tenía como objetivo la destitución de Lugo para acabar con sus planes de distribución de la tierra a través de la recuperación de las tierras malhabidas.
Esto sentó las bases para que se planteara un juicio político de urgencia contra el Presidente de la República, en el que se le acusaba de haber sido el responsable de la masacre. El 22 de junio, sólo 7 días después de que sucedieran los hechos, y sin permitir ni una investigación (incluso se negó al Presidente crear una comisión de investigación), Lugo fue destituido. Se le dejaron unas pocas horas para su defensa, en una total violación del derecho a la defensa y el debido proceso.
P-¿Afectó la defenestración de Lugo a la investigación posterior de lo sucedido en Curuguaty? Por otra parte, ¿han observado la defensa y las organizaciones de derechos humanos irregularidades en el proceso de Curuguaty?
Lo peor es que con la destitución de Lugo, se sentó una verdad en sede legislativa que ya no podía ser alterada. Si posteriormente se demostraba que la masacre no era tal y como se había descrito por los medios, y como los parlamentarios colorados y liberales habían relatado, se caería toda una destitución presidencial; desde ese momento había que asegurar que la investigación posterior cuadrara con lo afirmado en sede parlamentaria.
Y es ahí donde empiezan todas las irregularidades de este proceso. Cuando yo llegué a Paraguay a investigar la masacre, la verdad “oficial” estaba asentada, pero a medida que investigábamos, descubríamos que nada era como se había afirmado. Fuimos desmontando la versión oficial y descubriendo las falsedades de la Fiscalía en el proceso que avanzaba, hasta el punto de que Paraguay fue condenado nada menos que por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2013, tras la presentación de nuestro informe.
Por ejemplo, encontramos un vídeo en el que se observa que no se había producido ninguna emboscada, sino que los campesinos estaban con sus mujeres y niños en medio del recibimiento a la comitiva policial. Además, pudimos observar la diferencia de fuerzas en el procedimiento, con 354 efectivos policiales especializados que, supuestamente, fueron emboscados por una treintena de campesinos.
Acreditamos que la tierra no era de Blas N. Riquelme, terrateniente de la zona y ex Presidente del Partido Colorado que había instado el desalojo, sino que efectivamente la tierra era pública y estaba destinada a la reforma agraria, tal y como argumentaban los campesinos. También pudimos determinar que la Fiscalía venía solicitando desalojos, mientras que el juez de zona le otorgaba permisos de allanamientos, afirmando constantemente ambas autoridades la existencia de título de propiedad de Riquelme, algo radicalmente falso.
Ni que decir tiene que cuando acudimos a la Carpeta Fiscal del proceso abierto descubrimos que ninguna prueba apuntaba a lo que se afirmaba. Por ejemplo, según las pruebas de hisopos las 6 escopetas incautadas no habían sido disparadas, es decir, no tenían resto de pólvora, excepto una de ellas, que aunque tenía restos precisamente estaba rota y no pudo accionarse. Además, las pruebas de parafina en las manos de los campesinos demostraron que no habían disparado armas.
Por otro parte, encontramos que se habían introducido pruebas falsas en la causa, como una escopeta Maverick calibre 15 cuya desaparición había sido denunciada una semana después. Además, se habían ocultado pruebas, como los cientos de casquillos 5,56 mm que se encontraban en la zona y que pudimos acreditar mediante un vídeo que fueron entregados al fiscal de la causa, habiendo desaparecido de la misma. Lo mismo que ocurrió con la cámara del helicóptero que sobrevolaba la zona, que también desapareció sin ninguna explicación. Y todo ello con un rigor probatorio que llega hasta el punto de que se haya incluso denegado pruebas tan elementales como la dactiloscopia (toma de huellas dactilares) de las armas.
P-¿Qué conclusiones pueden extraerse del accionar de la policía?
Desde un primer momento se afirmó que los policías habían accedido desarmados. Sin embargo, presentamos un vídeo en el que se identificaba una cadena de disparos de armamento automático que abría la balacera. El Fiscal siempre negó que ahí hubieran comenzado disparos automáticos, aunque posteriormente acreditamos que había escondido los casquillos de armamento automático que le entregaron (grabado en un vídeo que puede consultarse).
Tampoco se investigó el accionar policial en relación a las ejecuciones extrajudiciales que le denunciamos al Fiscal. Se estima que, entre 7 y 8 campesinos pudieron morir ejecutados a sangre fría. Algunos han muerto por disparos en la boca, otros con disparos que han hecho estallar el cráneo a cañón tocante, otros campesinos heridos llamaron a sus familiares mientras estos escuchaban su ejecución, entre otros muchos casos.
Un caso particularmente sangrante es el hecho de que el día siguiente, los familiares de los campesinos, junto con periodistas que ya se habían desplazado a la zona, se decidieran a entrar en el predio para buscar a familiares que estaban desparecidos. Los propios medios de comunicación registraron cómo encontraron cuerpos de campesinos que habían sido escondidos entre los maizales de la finca. Con disparos en la frente de trayectoria descendente los cuerpos de Luís Paredes y De los Santos Agüero habían sido deliberadamente escondidos. Denunciamos estos intentos de comisión de desaparición forzada por parte de agentes de la autoridad y nada se ha investigado hasta el momento.
P-¿Cómo se produjeron las detenciones?
Los propios campesinos denunciaron que se habían cometido detenciones arbitrarias. Algunos de los detenidos afirmaban que jamás habían estado en esa finca. La orden de detención se había librado contra toda persona que estuviera en la finca en el momento de los hechos, o contra cualquiera que se encontrara inscrita en una pequeña lista que los campesinos tenían dentro de la finca para los pequeños aportes de alimentación del asentamiento (aunque la defensa jamás la ha visto, ya que parece ser que un Policía se cayó al agua con ella y se destruyó, lo que no evitó que se memorizaran todos los nombres).
Con una orden de detención tan genérica era normal que se produjeran detenciones arbitrarias. Sin embargo, ante el reclamo de algunos campesinos de haber sido detenido por animadversiones con policías, el fiscal jamás procedió a investigar. Por ejemplo, conseguimos vídeos donde se grababa a policías deteniendo a uno de los campesinos, Marcelo Trinidad, en el hospital cuando iba a visitar a un familiar, lo que demostraba que el informe de detenciones estaba falseado. Pedimos que imputara a los policías que se veían en el vídeo y al Policía que había falseado ese informe de detención, negándose a ello.
A todo lo anterior se une que pudimos demostrar denegación de auxilio a campesinos gravemente heridos. Incorporamos a la investigación fotografías donde se observaba a Arnaldo Quintana, con un disparo de entrada y salida en el intestino, que iba a ser recogido por una ambulancia, cuando dos policías cerraron la puerta del vehículo sanitario y le obligaron a montarse en una camioneta policial. Arnaldo Quintana estuvo a punto de fallecer por falta de atención médica. Incluso el propio conductor de la ambulancia reconoció los hechos a los medios. Pedimos al fiscal que imputara a los policías que se veían en las imágenes e igualmente se negó.
P-Ante todas estas denuncias, ¿de qué modo ha obrado la Fiscalía?
Evidentemente la pregunta que todos se deben hacer es, ¿quién es el fiscal de la causa? Pues bien, lo más importante que hay que señalar es que el fiscal de la causa fue cambiado en el momento en se decidió que se iba a hacer juicio político a Lugo. En ese momento la fiscal Ninfa Aguilar fue apartada de la causa y se entregó unilateralmente la investigación a Jalili Rachid, hijo de Bader Rachid, ex Presidente del Partido Colorado y amigo íntimo de Blas N. Riquelme, el también ex Presidente del Partido Colorado que había usurpado esas tierras y había accionado el desalojo sin ser legítimo propietario. Por si fuera poco, además, encontramos fotos del Fiscal Jalil Rachid en una cena íntima con Patricia Riquelme, sobrina nieta de Blas N. Riquelme, con la que presumiblemente mantenía una relación sentimental, foto tomada sólo 4 meses antes de la masacre, el 15 de febrero de 2012.
Es decir, el padre del fiscal Rachid, íntimo amigo de Blas N. Riquelme, decidía en el máximo órgano de dirección del Partido Colorado llevar a Lugo a juicio político, mientras se colocaba a su hijo unilateralmente y sin explicación alguna al cargo de la investigación. Fiscal Rachid es incluso militante del Partido Colorado.
Ninguno de estos hechos ha facilitado que se separe al Fiscal Rachid de la causa. En dos ocasiones se le recusó y en dos ocasiones fue negada su separación de la causa por parte de la Fiscalía General del país. Evidentemente no se debería ni haber llegado a plantear la recusación, simplemente porque él se debería haber inhibido de actuar en una causa que vincula penalmente al amigo de su padre, en la que su partido tiene intereses políticos, y en la que su padre cerró una versión oficial de los hechos que a todas luces iba a condicionar la objetividad investigadora de su hijo.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó a Paraguay a apartar al Fiscal Rachid para garantizar la independencia de las actuaciones. Ni aun siendo solicitada por una de las principales autoridades internacionales se consiguió. Evidentemente, que el Fiscal Rachid siga al frente de las investigaciones es determinante.
P-¿Apunta directamente el “Caso Curuguaty” a la estructura de la propiedad de la tierra en Paraguay (el 2,6% de los propietarios concentra el 80% de las tierras cultivables) o además se señalan otros intereses?
El caso Curuguaty no puede ser entendido al margen del contexto de la lucha por la tierra que existe en Paraguay. Estamos ante el país con la mayor desigualdad de América Latina (según el índice Gini). Un país que se dedica básicamente a la exportación de producción agroganadera del sector primario, y que tiene esa concentración de tierras, genera un conflicto social imposible de contener.
Es decir, el único medio de producción del país está en manos de poco más del 2% del país, mientras el resto sólo puede, en el mejor de los casos, trabajar en condiciones infrahumanas para esa minoría oligárquica. Curiosamente, Paraguay es uno de los principales productores de alimentos de la región, pero el que mayor malnutrición registra. Una tierra en manos de unos pocos, destinada a producir para vender fuera, con mano de obra campesina que no tiene acceso a esa mínima alimentación. Un escenario insostenible para crear una sociedad que se quiere llamar justa.
P-¿Cuál es el origen de este modelo de distribución desigual?
Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El dictador que más duró en el poder en toda América Latina entregó unilateralmente y sin arreglo a ningún procedimiento las conocidas como tierras malhabidas a allegados del Partido Colorado y militares fieles al régimen. La Comisión de Verdad y Justicia, órgano encargado de investigar los crímenes de la dictadura, determinó que aproximadamente 8 millones de Hectáreas fueron repartidas discrecionalmente entre lo que hoy es la oligarquía terrateniente paraguaya, pagada por favores al régimen dictatorial.
Este injusto status quo social se mantuvo hasta que en 2008 un líder religioso, Fernando Lugo, llegó sorpresivamente al poder desbancando al Partido Colorado después de más de 60 años en el poder. Nucleando el voto de todas las fuerzas minoritarias de izquierdas y con el apoyo del Partido Liberal, Lugo ganó las elecciones y trató de implementar un programa reformista, cuyo principal objetivo era la distribución de la tierra, como única forma de conseguir una justa distribución de la riqueza del país.
P-¿Amenazó el ejecutivo de Lugo los intereses de la oligarquía terrateniente?
Desde el gobierno de Lugo comenzaron a abrirse procesos civiles para conseguir recuperar las tierras malhabidas, algo que fue visto por la oligarquía como una amenaza que ponía en peligro sus históricos privilegios. Los llamados a un golpe de Estado eran constantes. Los editoriales de los medios, en manos de esa misma oligarquía, lo tildaban de “radical” y “comunista” al que había que apartar del poder de cualquier forma posible.
Ese es el contexto en el que se produce la masacre de Curuguaty. Una finca, Marina Kue, que precisamente figura entre las conocidas como tierras malhabidas en el Informe de la Comisión Verdad y Justicia, por haber sido ilegítimamente usurpada por el ex Presidente del Partido Colorado, Blas N. Riquelme. Unos campesinos que se asentaron en una tierra que, efectivamente, estaba destinada a la reforma agraria y que contaban con el beneplácito del INDERT, órgano encargado de gestionar esa distribución. Y una fiscalía que de manera clientelar venía recurrentemente desalojando a los campesinos sin cotejar el título de propiedad de los registros públicos, simplemente como forma de complacer a Riquelme.
Finalmente, la historia de la tierra cierra si tenemos en cuenta que el padre del fiscal que investiga este entramado, el también ex Presidente del Partido Colorado, Bader Rachid, figura asimismo como propietario de tierras malhabidas en el informe de la Comisión Verdad y Justicia. Probablemente eso haga comprender por qué su hijo no quiere investigar la titularidad de Marina Kue.
P-¿Es receptiva la opinión pública urbana (de las capitales y ciudades de Paraguay) a la batalla de los campesinos por la tierra? ¿Qué idea ofrecen los medios de comunicación convencionales de las luchas campesinas y, en concreto, de la memoria de Curuguaty?
La división social entre el mundo urbano en Asunción y la realidad rural del interior del país es palpable. La verdadera conciencia campesina se encuentra concentrada en las zonas más desfavorecidas del país. Lo que no quiere decir que en Asunción no exista una sensibilidad al respecto, pero sigue siendo por parte de grupos minoritarios de la ciudad.
A ello no ayuda el hecho de que los medios de comunicación, vehículos privilegiados de transmisión de la información en la ciudad, deliberadamente desarrollen una campaña de criminalización de los campesinos. Es común vincularlos a terroristas, comunistas, vagos o cualquier otro apelativo que estigmatice cualquier movimiento que hagan las comunidades campesinas del interior.
P-¿Continúan hoy los asesinatos de dirigentes y militantes de las organizaciones campesinas, tal como sucedió en Curuguaty? ¿Existe alguna contabilización de las víctimas en los últimos años?
En Paraguay se registra uno de los números más elevados de asesinatos de líderes campesinos de toda América Latina. Curiosamente es un asunto silenciado que no trasciende fuera de sus fronteras.
Según el informe Chokokue, que es actualizado continuamente, han sido asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos desde la llegada de la democracia en 1989.
En la mayoría de los casos las sospechas de los asesinatos recaen en terratenientes de la zona que podrían entender que la forma más fácil de acabar con un reclamo campesino, es eliminar al líder y descabezar al movimiento contestatario. El modus operandi suele ser el mismo: sicarios profesionales con el uso de armamento sofisticado, son quienes cometen los hechos. La respuesta pública es en la práctica totalidad de las ocasiones la misma, garantizar la impunidad absoluta.
P-¿Es un reduccionismo afirmar que el país está controlado por una oligarquía de la soja? ¿Qué peso tienen las compañías transnacionales?
En absoluto es un reduccionismo. Si hacemos un análisis estructural del país, efectivamente estamos ante un país netamente exportador de productos agroganaderos, principalmente soja. Además, con un modelo de producción latifundista y mecanizado, las grandes plantaciones de soja ni siquiera requieren de una gran cantidad de mano de obra, por lo que es un modelo productivo que produce una enorme pobreza nacional en términos generales; en cambio, para unos pocos propietarios genera enormes bolsas de riqueza por la exportación.
A lo anterior se une el drama de los agrotóxicos. Para una eficiente producción de soja los productores recurren al bombardeo de glifosato, destinado a eliminar la maleza de la tierra. Este químico, que a largo plazo destruye esa tierra y la hace infértil, además tiene graves consecuencias para la salud de los asentamientos campesinos cercanos a las plantaciones, sobre todo cuando se lanzan desde las avionetas.
P-¿Y en cuanto al narcotráfico?
Si a este modelo latifundista sojero, de concentración de riqueza y graves problemas sanitarios por el uso de agrotóxicos, le unimos el negocio del narcotráfico, tendremos un escenario desolador en el interior del país. Las bandas organizadas normalmente aprovechan esos latifundios enormes para establecer sus plantaciones de marihuana. Un lucrativo negocio que ha creado nuevas fortunas vinculadas a esta actividad ilícita. Fortunas que están empezando a desplegar la peor cara de este negocio, la violencia, con el repetido asesinato de periodistas en el interior del país que vienen denunciando esta actividad, como sucedió recientemente con el periodista Pablo Medina.
P-Por otro lado, fuiste autor de la querella que se presentó en Argentina, en agosto de 2013, por los crímenes cometidos en la dictadura de Stroessner (1954-1989). ¿En qué consistieron estos crímenes?
Paraguay sufrió la dictadura más larga de toda Latinoamérica, 35 largos años entre 1954 y 1989. Un régimen totalitario, de corte personalista, centrado en la figura de Alfredo Stroessner, y soportado sobre la triada de la conocida como “unidad granítica”: Gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado.
El stronismo estableció un sistema político orweliano, de absoluto control de la ciudadanía, con un férreo sistema de vigilancia social a través de los conocidos como pyragues (del guaraní espías, chivatos o confidentes), allegados al régimen que se esparcían por todo el país alertando de cualquier persona que pudiera ser sospechosa de animadversión al dictador.
Esta estructura totalitaria estableció una maquina de represión jerárquica, sistemática y planificada que cometió masivamente ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas, exilios forzados y otras graves violaciones a los derechos humanos. Para justificar todo este tipo de abusos, el régimen dictó el Estado de sitio permanente, a través de continuadas prórrogas, lo que permitía el uso de la detención arbitraria para la posterior tortura, ejecución, desaparición o expulsión del país. Además, se aprobaron las conocidas como leyes liberticidas (Ley 294 de 1955 de Defensa de la Democracia y Ley 209 de 1970 de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas) que facultaban a las fuerzas de seguridad para detener a cualquier persona sospechosa de ser simpatizante de ideologías progresistas.
P-¿Hay cifras contrastadas sobre estos crímenes/violaciones de los derechos humanos?
Por dar algunos datos oficiales recogidos por la Comisión Verdad y Justicia, un subregistro de lo que se ha podido documentar por este organismo, durante la dictadura uno de cada 124 ciudadanos paraguayos sufrió una violación de los derechos humanos. Se han documentado 19.862 detenciones arbitrarias, de las cuales el 91% de ellas no fueron en dependencias penitenciarias, sino en zulos de comisarías policiales; Paraguay contaba con los presos políticos de más larga duración de Latinoamérica, hacinados por más de 20 años en calabozos sin luz ni dependencias sanitarias.
Por otro lado, se documentaron 59 ejecuciones extrajudiciales, básicamente porque el régimen practicó preferentemente la desaparición forzada de los opositores (se han documentado hasta el momento 395 casos). La tortura fue una práctica generalizada: recibieron este trato el 90% de los detenidos, en 18.772 casos, contando el país con centros especializados de tortura como la Dirección General de Asuntos Técnicos (conocida como “La Técnica”, hoy Museo de las Memorias). A lo anterior se une el destierro de 3.472 personas que fueron expulsadas del país a la fuerza. Y todo ello junto a otras graves violaciones a los derechos humanos, de entre las que destacan la práctica de secuestro de menores de aproximadamente 15 años en dependencias del régimen, para ser sistemáticamente violadas por los jerarcas del país, como salió a la luz durante los trabajos de la Comisión Verdad y Justicia.
P-¿Ha habido en Paraguay una batalla por la memoria histórica, son conocidas estas violaciones de los derechos humanos por la opinión pública?
Después de la caída del régimen de Stroessner en 1989 no hubo ninguna depuración política del país. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial siguieron en manos del Partido Colorado. Por lo tanto, los responsables de la represión anterior siguieron en la mayoría de los casos impunes. Exceptuando algunas pocas causas contra policías de rango inferior, la impunidad fue la norma en el país.
Sin embargo, las victimas seguían presentando querellas, señalando a sus victimarios y exigiendo justicia. Pero la respuesta judicial era el “cajoneo” de las causas, quedando olvidadas en una impunidad que afecta a querellas presentadas hace ya más de 25 años.
Esta situación conllevó condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegación de acceso a la justicia de algunas víctimas. Además, la Comisión Interamericana recomendó a Paraguay que abriera una Comisión de la Verdad que documentara los crímenes de la dictadura y diera traslado de sus investigaciones a la Fiscalía para que actuara contra los responsables.
De esta forma, y gracias a la presión de la sociedad civil y de las diversas instancias internacionales, Paraguay estableció en el año 2003 la Comisión Verdad y Justicia, que trabajó en la documentación de los crímenes de la dictadura hasta el año 2008. Recogió miles de testimonios, accedió a documentación clasificada (por ejemplo del Procedimiento 1503 que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU abrió contra la dictadura) e incluso investigó en profundidad el conocido como Archivo del Terror, toda la documentación de la represión que el régimen quería destruir pero que un activista, Martín Almada, descubrió en 1992 y hoy es material probatorio inmejorable para poder impulsar las causas penales.
La Comisión Verdad y Justicia terminó sus trabajos con la publicación de su Informe Final a mediados de 2008. En este informe se identificaban 448 responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos, dando traslado de todo el material a los poderes del Estado. Pero desde entonces no ha habido ninguna actuación penal contra estas personas. La Fiscalía sigue sin proceder contra ellos y las causas están paralizadas.
P-¿Algún organismo internacional ha señalado la responsabilidad del Estado de Paraguay?
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a Paraguay por falta de persecución de estos crímenes en 2013. El Comité contra las Desapariciones Forzadas condenó igualmente a Paraguay por no identificar los restos de personas que los familiares encuentraron en las dependencias policiales, para cerrar así su duelo y poner fin a un delito permanente como es la desaparición forzada.
P-¿Cómo surgió la idea de la “querella argentina”?
Ante esta situación de impunidad, se decidió acudir a la justicia argentina a través del principio de jurisdicción universal. Este mecanismo de derecho internacional habilita para que ante aquellos crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto (principalmente genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra), por la magnitud de los hechos, cualquier tribunal del mundo pueda conocer de ellos, en el caso de que el país donde se cometieron y que tiene la competencia territorial, no quiera investigarlos.
La querella fue presentada el 5 de agosto de 2013 en Argentina y correspondió por el turno de reparto al juez federal Norberto Oyarbide, a cargo del Juzgado nº5. Desde entonces se han estado remitiendo exhortos desde Argentina a Paraguay solicitándole información.
P-En la querella se incluye el genocidio contra el pueblo Aché. ¿Cuáles son las características básicas de este pueblo y en qué consistió su persecución?
Efectivamente, la querella fue ampliada con relación a los crímenes cometidos contra la etnia Aché.
Durante los años ´70 un proceso de expansión de carreteras del país hacia el norte cortó en dos los bosques de Canindeyú, donde vivían los Aché, una comunidad indígena no contactada. La principal característica de este grupo era su carácter nómada, es decir, vagaban por esos bosques en los que habían vivido desde tiempos ancestrales cazando, sin que tuvieran un asentamiento estable.
Al establecerse esta nueva carretera, la posibilidad de transportar producción agroganadera desde la zona trajo consigo el establecimiento de fincas en esos bosques. Los Aché, que seguían con su modus vivendi ancestral, en ocasiones entraban en las fincas, evidentemente ajenos al concepto de propiedad privada que jamás habían escuchado, y se llevaban algunos cultivos o mataban alguna pieza de ganado.
Los terratenientes de la zona protestaron enérgicamente y la solución dictada por el régimen dictatorial fue aprobar la “sedentarización forzada” de la etnia Aché, sacándolos a la fuerza del monte y concentrándolos en una reserva, la Colonia Nacional Guayakí, dependiente del Departamento de Asuntos Indígenas, organización militar encuadrada en el Ministerio de Defensa Nacional.
P-¿Cómo se produjo este proceso de sedentarización?
Fue traumático. Las cacerías humanas de Aché se sucedieron durante años, en ocasiones a través de Achés sedentarizados que se utilizaban como señuelos, otras veces con sicarios de la zona y en ocasiones con la participación del propio Ejército. Posteriormente eran trasladados a la Colonia Nacional Guayaquí, bajo el mando del temible Sargento Pereira. Una vez allí solían ser vendidos como mano de obra prácticamente esclava a los estancieros de la zona. Los menores, en muchas ocasiones, fueron vendidos a familias paraguayas, sin que a día de hoy se tenga noticia de muchos de esos niños, ya que sólo se han podido recuperar una pequeña parte de ellos. Finalmente, una epidemia de gripe afectó a la Colonia y devastó a gran parte de los Aché, ante una carencia absoluta de medicamentos y alimentación necesaria. Todo este traumático proceso ha sido documentado por diversos antropólogos, de entre los que destaca el alemán Marl Münzel, quien fue testigo presencial de los hechos y llevó a cabo diversas denuncias internacionales.
P-¿Puede hablarse de un genocidio silenciado contra el pueblo Aché?
Los hechos han sido calificados algunas ocasiones de genocidio y otras de crimen de lesa humanidad. La diferencia radica en que el genocidio exige un elemento subjetivo, la comisión de esos crímenes con la intención de hacer desaparecer en parte o en todo a un grupo racial, religioso, étnico o nacional. En la querella se aplica la fórmula genocidio y/o lesa humanidad, dejando abierta la posibilidad de que durante la instrucción se califiquen los hechos en uno u otro sentido.
En mi opinión, los crímenes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, traslado forzoso, limpieza étnica de una zona, además de ser constitutivos de un crimen de lesa humanidad incuestionable, lo serían también de genocidio. La intención del régimen no fue el exterminio de la comunidad Aché en términos físicos, ya que la finalidad era expulsarlos de sus tierras y concentrarlos en la Colonia. Sin embargo, el objetivo final era acabar con la cultura Aché, trasladando a sus niños a familias de culturas paraguayas, impidiéndoles sus prácticas dentro de la reserva, extirpando su lengua al “culturizarlos”, y en definitiva, con la finalidad de hacer desaparecer ese molesto grupo que impedía el desarrollo económico en términos occidentales de una región del país.
P-Por último, ¿en qué punto se encuentra querella? ¿Cuál está siendo la posición del estado de Paraguay ante la misma?
Desde que se presentó la querella en agosto de 2013, se abrió la Causa 7300/2013 y comenzó a exhortarse a Paraguay para que identificara si efectivamente allí se estaban investigando esos hechos.
En un primer momento Paraguay se negó a cooperar judicialmente con Argentina. De hecho, durante más de un año se negó a responder el exhorto del juez Oyarbide. Sin embargo, la presión internacional hizo que finalmente se respondiera, remitiéndose una simple comunicación donde se afirmaba que esos crímenes eran competencia territorial de Paraguay y que se estaban investigando allí, en un desconocimiento absoluto del mecanismo de jurisdicción universal.
Sin embargo, el juzgado argentino reiteró un segundo exhorto en el que solicitaba más información, al que todavía no se ha respondido, por lo que se demuestra nuevamente la falta de voluntad de cooperación judicial.
La idea es que una vez quede acreditada la impunidad existente en Paraguay, se comiencen a incorporar los testimonios de los víctimas, la documentación probatoria, y se dicte orden de detención internacional, para empezar, contra los 18 represores que están vivos y que han sido identificados por la Comisión Verdad y Justicia, así como las víctimas que son querellantes en Argentina.
Enric Llopis
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