Mostrando entradas con la etiqueta desigualdad. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta desigualdad. Mostrar todas las entradas
miércoles, 1 de agosto de 2018
Uno de cada cinco jóvenes con trabajo se encuentra en riesgo de pobreza. La proporción de trabajadores en riesgo de pobreza ha crecido en España 2,2 puntos en cinco años.
Ana Isabel Cordobés
Cuarto Poder
Los peor parados son los jóvenes entre 18 y 25 años: el riesgo de pobreza ha crecido en 6 puntos en solo un lustro
Tener trabajo ya no asegura unas condiciones de vida dignas. Eso es lo que se desprende de numerosos estudios sobre un fenómeno que cada vez es más conocido y menos ajeno: los trabajadores pobres o en riesgo de pobreza. El último estudio que lo corrobora es la encuesta de condiciones de vida publicada por Eurostat.
Casi uno de cada cinco jóvenes con trabajo se encuentra en riesgo de pobreza. Y es un dato mucho peor ahora que en el inicio de la crisis. Ahora, el 18,3% de los trabajadores entre 18 y 25 años tiene riesgo de caer en pobreza. En 2011, la proporción era del 13,1%. Más de 6 puntos de diferencia en tan solo cinco años (los datos de Eurostat recogen cifras de 2016). Estos datos completan el mapa mundial, en el que España es el séptimo país de la OCDE con mayor proporción de trabajadores pobres.
La proporción de trabajadores pobres jóvenes es la cuarta más alta de toda la Unión Europea, por detrás de Rumanía, con un 31,2%, Dinamarca, con un 21,3%, y Grecia, con un 19%. Entre el resto de trabajadores también aumenta el riesgo de pobreza, pero de una manera más sosegada y solo disminuye entre aquellos trabajadores en edad de jubilación o ya jubilados, los mayores de 65 años.
9 de cada 10 jóvenes viven aún con sus padres
Las consecuencias de la alta proporción de trabajadores jóvenes pobres se refleja en el aumento de jóvenes entre 18 y 24 que viven con sus padres. El 92,4% de ellos no han podido independizarse y tener su propio hogar. 4 de cada 10 jóvenes de 25 a 34 años también viven con sus padres. La proporción ha crecido respecto al inicio de la crisis. En 2011, eran un 36,6% de los jóvenes. Más del 25% de todos ellos están empleados a tiempo completo.
Uno de cada cuatro hogares sin hijos, en riesgo de pobreza
Tener a cargo niños o jóvenes en dependencia económica no exime a los hogares españoles de salir del riesgo de exclusión por pobreza. El 23,8% de los hogares sin hijos a su cargo se encuentra en riesgo de pobreza. Entre aquellos con hogares a su cargo, el porcentaje asciende al 32%.
La situación es crítica entre aquellos adultos solos con hijos a su cargo: el 53% de ellos se encuentra en riesgo de pobreza. La soledad en la crianza es un factor esencial en la posible carencia de medios económicos: existe una diferencia marcada entre aquellos hogares con un adulto e hijos a su cargo y aquellos con dos adultos. Las familias con dos adultos e hijos a su cargo en riesgo de pobreza baja a la mitad, el 25,4%.
Fuente:
http://www.cuartopoder.es/economia/2018/07/25/uno-de-cada-cinco-jovenes-con-trabajo-se-encuentra-en-riesgo-de-pobreza/
Cuarto Poder
Los peor parados son los jóvenes entre 18 y 25 años: el riesgo de pobreza ha crecido en 6 puntos en solo un lustro
Tener trabajo ya no asegura unas condiciones de vida dignas. Eso es lo que se desprende de numerosos estudios sobre un fenómeno que cada vez es más conocido y menos ajeno: los trabajadores pobres o en riesgo de pobreza. El último estudio que lo corrobora es la encuesta de condiciones de vida publicada por Eurostat.
Casi uno de cada cinco jóvenes con trabajo se encuentra en riesgo de pobreza. Y es un dato mucho peor ahora que en el inicio de la crisis. Ahora, el 18,3% de los trabajadores entre 18 y 25 años tiene riesgo de caer en pobreza. En 2011, la proporción era del 13,1%. Más de 6 puntos de diferencia en tan solo cinco años (los datos de Eurostat recogen cifras de 2016). Estos datos completan el mapa mundial, en el que España es el séptimo país de la OCDE con mayor proporción de trabajadores pobres.
La proporción de trabajadores pobres jóvenes es la cuarta más alta de toda la Unión Europea, por detrás de Rumanía, con un 31,2%, Dinamarca, con un 21,3%, y Grecia, con un 19%. Entre el resto de trabajadores también aumenta el riesgo de pobreza, pero de una manera más sosegada y solo disminuye entre aquellos trabajadores en edad de jubilación o ya jubilados, los mayores de 65 años.
9 de cada 10 jóvenes viven aún con sus padres
Las consecuencias de la alta proporción de trabajadores jóvenes pobres se refleja en el aumento de jóvenes entre 18 y 24 que viven con sus padres. El 92,4% de ellos no han podido independizarse y tener su propio hogar. 4 de cada 10 jóvenes de 25 a 34 años también viven con sus padres. La proporción ha crecido respecto al inicio de la crisis. En 2011, eran un 36,6% de los jóvenes. Más del 25% de todos ellos están empleados a tiempo completo.
Uno de cada cuatro hogares sin hijos, en riesgo de pobreza
Tener a cargo niños o jóvenes en dependencia económica no exime a los hogares españoles de salir del riesgo de exclusión por pobreza. El 23,8% de los hogares sin hijos a su cargo se encuentra en riesgo de pobreza. Entre aquellos con hogares a su cargo, el porcentaje asciende al 32%.
La situación es crítica entre aquellos adultos solos con hijos a su cargo: el 53% de ellos se encuentra en riesgo de pobreza. La soledad en la crianza es un factor esencial en la posible carencia de medios económicos: existe una diferencia marcada entre aquellos hogares con un adulto e hijos a su cargo y aquellos con dos adultos. Las familias con dos adultos e hijos a su cargo en riesgo de pobreza baja a la mitad, el 25,4%.
Fuente:
http://www.cuartopoder.es/economia/2018/07/25/uno-de-cada-cinco-jovenes-con-trabajo-se-encuentra-en-riesgo-de-pobreza/
sábado, 2 de junio de 2018
El Gobierno portugués pone freno al desalojo salvaje de viviendas. Las personas con más de 25 años en la misma casa tendrán alquiler vitalicio.
El precio de la vivienda ha subido un 18% en un año en la capital portuguesa, pero más aún en Alfama. Alfama no es que sea la Quinta Avenida, ni la playa de Ipanema. Las casitas de Alfama no tienen ni balcones ni suites, mucho menos ascensor o parking, pero a la bohemia europea, joven y con dinero, le gusta la incomodidad, lo auténtico, y están desalojando a los auténticos vecinos, sin edad ni dinero para mudanzas.
La situación alcanza tintes dramáticos en los barrios de Alfama, Morería, Chiado o Baixa. Hay miedo de abrir el buzón por si encuentran una fatídica carta en la que les anuncian la subida del alquiler o el precio de compra del inmueble. En un día, 16 familias de una calle de la Morería recibieron el fatídico aviso. Los fondos inmobiliarios compran no ya edificios, sino calles enteras, y esperan pacientemente al final de los contratos o a que las casas —o sus inquilinos— se caigan de viejas.
Según datos del distrito de Santa Maria Maior, estos barrios con 10.000 vecinos reciben diariamente 250.000 visitas. Su desnaturalización se agrava con la huida de sus habitantes. Hoy son 3.000 menos que hace cuatro años. Los permisos de alojamiento local han saltado de 43 a 1.676.
Si algo no se le puede achacar al primer ministro es falta de reflejos (con la excepción de los incendios). Ante la alarma creciente, en un santiamén ha aprobado una ley de vivienda que pone límites a la actual, aprobada por el anterior Gobierno. A partir de ahora, los mayores de 65 años no pueden ser desalojados de su casa, tampoco los que lleven en ella más de 25 años ni las personas con problemas de movilidad. La rehabilitación de la vivienda dejará de ser motivo de desalojo o renovación del alquiler. En 2017, la mitad de todos los contratos firmados tenían un año de vigencia.
https://elpais.com/elpais/2018/05/08/opinion/1525779078_547935.html
lunes, 28 de mayo de 2018
España es el país de la UE con más porcentaje de trabajadores pobres. El 14,8% de los hogares con trabajadores viven bajo el umbral de la pobreza.
Las estadísticas que destacan la pobreza laboral y la desigualdad en España se apilan. Esta misma semana ha sido un estudio de Fedea y Accenture, en colaboración con entidades como Caritas o Cruz Roja, el que resaltaba que en España hay casi cinco millones de personas que viven entre la precariedad, la pobreza laboral y el desempleo. En esa misma línea abunda la OCDE al cuantificar que en el 14,8% los hogares españoles en los que hay, al menos, una persona con trabajo se vive por debajo del umbral de la pobreza. La organización que dirige el mexicano Gurría sitúa ese nivel relativo en el 50% de la mediana de los ingresos disponibles en cada país.
Para hacer estos cálculos, la OCDE parte de la Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida para la mayor parte de países europeos, completada en algunos casos, como en el de España, con otras fuentes. En los países no europeos, recurre a las estadísticas propias de cada estado. Con ellos elabora una comparación, que ha difundido esta semana a través de sus redes, en la víspera de la celebración en Canadá de un encuentro de Ministros de Asuntos Sociales para analizar las políticas que llevan a la “prosperidad compartida”. En esa comparación se ve que en China sería el 25% de los hogares los que vivirían bajo el umbral de la pobreza, seguidos de India (18,5%) y Costa Rica (15,9%)
Ninguno de estos países forma parte del club de países industrializados. Entre los que sí forman parte de él, los primeros que aparecen en lista aparecen Turquía (15,3%), México (15,3%) y España (14,8%), que también sería el primero de los que, a la vez, integran la Unión Europea. En el otro extremo de la tabla, se encuentran países como Irlanda, Alemania o República Checa.
Para Florentino Felgueroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y autor del informe presentado esta semana, estos números de la OCDE, como los que él mismo ha elaborado, “muestran que España tiene un problema evidente de pobreza en el trabajo”. “Esto viene de antiguo”, destaca. Y añade: “No es suficiente con generar empleo”.
No obstante, Felgueroso también pone un pero a estas cifras ya que son de hace al menos tres años: “No son actuales. Estos resultados son de 2015, con datos de 2014. Y se publican después”. Esto puede provocar, señala el investigador, que la situación de los encuestados haya cambiado mucho cuando se publican.
Debido a esto, Felgueroso ha tratado de proyectar en su estudio cuántas de las personas que se encuentran entre la pobreza laboral, la precariedad, el paro o la inactividad pero con disposición al trabajo tienen una alta probabilidad de continuar en esa misma situación en los 12 meses siguientes. El resultado que ha obtenido es cuatro millones, algo menos de los 4,78 millones que sufrían en 2017 esta misma situación viviendo en hogares con ingresos bajos.
Las cifras de la OCDE también inciden en una tendencia que se ha dado durante la crisis. El porcentaje de hogares compuesto por personas jóvenes que viven bajo el umbral de la pobreza supera de largo al de los más mayores. Entre quienes tienen entre 18 y 25 años, los hogares que viven debajo de ese nivel llegan al 22,1%. Mientras que cuando se trata de mayores de 65 años, el porcentaje baja hasta el 5,9%.
La situación española destaca menos en las estadísticas de la OCDE cuando se observa la desigualdad, aunque también queda por encima de la media con nitidez. De acuerdo con el índice Gini, el medidor de desigualdad más aceptado en el que cero es la igualdad absoluta y uno 1o contrario, España se sitúa en el 0,3446, por detrás de países como Suráfrica, que lidera la lista con el 0,623, China (0,514) o India (0,495).
Cerca de la media de los países de la organización (0,317), o algo por debajo se sitúan países como Holanda (0,303), Francia (0,295), Polonia (0,292) o Alemania (0,289). Los estados menos desiguales, a tenor de estos datos, son Islandia, Eslovenia y la República Checa.
https://elpais.com/economia/2018/05/09/actualidad/1525891014_281592.html
Bruselas alerta del alto nivel de desigualdad y pobreza en España pese a la recuperación
sábado, 19 de mayo de 2018
El fin del dinero barato y el desmantelamiento del Estado social
Manuel Gabarre
El Salto
El fin de las políticas de estímulo promulgadas por el Banco Central Europeo amenaza con devolver a la población perjudicada por la crisis a una situación peor que la de 2012, cuando la institución de Draghi "ganó tiempo" y los poderes de la UE impusieron una política de reformas que el PP ha dirigido
Desde la crisis financiera desencadenada en el año 2007, la política de desmantelar los servicios públicos es una tendencia que parece imparable. En este artículo se trata el caso del Estado español. Primero se trata su origen, en segundo lugar se analiza la situación actual de calma chicha propiciada por el dinero prestado por el Banco Central Europeo y en tercer lugar las consecuencias que tendrá previsiblemente el enorme endeudamiento que está acumulando el estado español.
El origen: la crisis de 2007
Tras la introducción del euro en el año 2002, la banca europea apostó por el crecimiento infinito del sector residencial y turístico del Sur de Europa. Sin embargo, el estallido de la burbuja en 2007 provocó que la banca mediterránea se fuese desmoronando como un castillo de naipes. Debido a la magnitud de lo que los inversionistas europeos habían invertido en nuestro país, la quiebra del sistema financiero español les hubiese arrastrado hacia su propio hundimiento. Quizá este fue el motivo por el que las instituciones internacionales presionaron para que el Estado asumiese la deuda bancaria. De esta manera, la sociedad española ha asumido el coste de salvar el sistema financiero francés, alemán u holandés. Este salvamento se ha hecho mediante la subida de impuestos, los recortes en el gasto social y el incremento desmesurado de la deuda pública.
Tras la quiebra de Grecia, los mercados comenzaron a sembrar dudas sobre la capacidad del Estado español para devolver la deuda que este había ido acumulando por haber asumido una quiebra bancaria tras otra. Esta política de despilfarro, que todavía no ha tocado a su fin, generó los ataques especulativos del año 2012, en el que se hizo famosa la prima de riesgo, concepto usado como medida de presión política.
Los países más expuestos a los ataques especulativos, entre los que comenzaba a asomarse Francia, forzaron la bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo a prácticamente el 0% y otro tipo de medidas. Entre ellas, el rescate financiero y la intervención de la Unión Europea en el estado español que tuvieron lugar durante 2012.
Aunque tales medidas fueron efectivas para terminar con los ataques especulativos, no fueron eficaces para la sociedad en su conjunto: la economía seguía instalada en la deflación y las cifras de paro eran superiores al 20% en España o en Grecia. La inestabilidad política llegó a su punto álgido en la primavera de 2015 con el referéndum promovido por Syriza y con la victoria de las candidaturas populares en las principales ciudades españolas.
Se manifestó así una tendencia política capaz de acceder al gobierno del estado español si no se aliviaba la virulencia de la crisis. Por lo tanto, algo tenían que hacer los poderes de la Unión Europea para preservar el orden político. Con este fin la Unión intervino a través de una de sus principales instituciones: el Banco Central Europeo. Así la Unión Europea optó por una medida que beneficiase a las élites como la expansión cuantitativa o quantitative easing, en su traducción inglesa (QE), que es el motivo de la calma chicha actual.
La expansión cuantitativa o el aluvión de dinero barato para España
El interés de un préstamo depende del riesgo de que el deudor no lo devuelva. Por tanto, cuanto mayor sea el riesgo de que el deudor no devuelva el préstamo, mayor será el interés con el que el banco compensará este riesgo. Para rebajar el riesgo, y por tanto el interés, el Banco Central Europeo decidió comprar a la banca los préstamos concedidos a las administraciones públicas y también a determinadas entidades privadas mediante el programa de expansión cuantitativa (QE).
Estas decisiones de compra se han tomado con total opacidad por el Banco de España, en quien el BCE delegó la selección de los beneficiarios para su territorio. En este sentido, solo se publica la identidad del beneficiario pero no la cantidad, a pesar de que estas compras distorsionan el mercado, ya que alteran la competencia en favor de las entidades beneficiadas.
Entre las empresas beneficiadas hay dieciséis españolas, la mayoría provenientes de las privatizaciones de los noventa. Estos datos quizá se oculten porque revelarían asuntos turbios, por ejemplo las compras de deuda de Redexis Gas, S.A. empresa que era propiedad de Goldman Sachs, entidad plenipotenciaria de la que el propio Mario Draghi fue vicepresidente en Europa.
El objetivo de los QE era inundar el sistema financiero de dinero, ya que la banca al liberarse de los préstamos concedidos a las administraciones públicas y a otras compañías, supuestamente, concedería nuevos créditos al sector privado. Del mismo modo, ya no sería tan atractivo prestar dinero a las administraciones públicas porque los intereses fijados eran artificialmente bajos.
El crecimiento de los precios de la vivienda y la —endeble— recuperación de la economía española desde 2015 provienen de esta política monetaria, por la que el Banco Central Europeo a través del banco de España ha comprado 235.000 millones de euros de deuda pública española.
El fin del dinero barato
Una de las promesas de Trump era reflotar la industria de EE UU Para ello ha devaluado el dólar. Con un dólar más barato los productos made in USA resultan más económicos y por tanto, EE UU vende más fuera de sus fronteras al tiempo que reduce sus importaciones.
A su vez, el petróleo se comercializa en dólares, por lo que si baja el dólar, los países productores de petróleo deben subir el precio al que venden el petróleo para mantener sus ingresos. Ingresos que son necesarios para preservar la estabilidad política en sus países, muy dependientes de las importaciones. La subida de precios del petróleo conlleva un incremento generalizado de los precios en Europa, porque esta es su principal fuente de energía y tiene que importarla casi en su totalidad.
Por su parte, los QE también hacen que suban los precios, ya que la banca dispone de más dinero para conceder préstamos. Esto se produce porque al incrementarse los préstamos, se incrementan los precios ya que hay más compradores. Este fenómeno se plasma perfectamente en el sector de la vivienda, donde se puede constatar la aparición de una nueva burbuja.
La suma de estos factores provoca la subida general de los precios, es decir, la inflación. La inflación hace que la banca pierda capacidad adquisitiva porque si hay inflación resulta más barato para los deudores devolver los préstamos contraídos con interés fijo, afectando también a los préstamos con interés variable y, por tanto, perjudicando gravemente a la banca. Y la Unión Europea ha demostrado que puede tolerar cualquier cosa menos esa.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta por un lado que el principal acreedor europeo son las entidades financieras alemanas y, por el otro, que Europa poco puede hacer para bajar el precio del petróleo, podemos estar seguros de que nos encontramos cerca del fin del dinero barato proporcionado a la economía española a través de los QE.
¿Cómo nos afectará el fin de los QE?
Sabine Lautensläger representante de Alemania en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo manifestó acerca de los QE que “han servido para comprar tiempo, pero no han arreglado las causas estructurales de una recuperación económica endeble”. Y es que, durante este tiempo prestado por la Unión Europea con el fin de acometer reformas estructurales, el estado español se ha endeudado de manera masiva mientras la sociedad ha estado mirando hacia otro lado.
La deuda pública ha pasado de 440.000.000.000 de euros en 2007 a 1.158.379.000.000 en febrero de 2018. Es decir, casi se ha triplicado en una década. Para hacernos a la idea, hoy cada residente en España tocaría a una media de 25.000 euros de deuda pública, sea menor de edad, pensionista o directivo de Amazon.
Esto sin contar las enormes deudas de las empresas españolas, en particular, de las multinacionales (2,5 veces el PIB) ni los préstamos que haya contraído cada cual.
Les pido que hagan un ejercicio muy simple: cuando salgan a la calle, observen a las personas con las que se crucen y, tras ello, plantéense si esta deuda se puede devolver. A mí me parece que no, lamentablemente.
Por otro lado, la recuperación ficticia de la economía española depende del petróleo y del dinero barato. Por lo tanto, conforme vaya subiendo el precio del petróleo, cualquier subida de los tipos de interés del BCE, por nimia que pueda parecer, tendría unos efectos devastadores para la economía española.
Por esto, está previsto que la eliminación de los QE se haga teniendo en cuenta que la recuperación económica ha sido meramente artificial. Una subida brusca de los tipos de interés llevaría a los actores de la economía española a la posibilidad de no poder afrontar el pago de sus deudas y, por tanto, a otra crisis grave. En este sentido, Draghi ha manifestado que la eliminación de los QE se haría conforme se vaya incrementando la inflación hasta llegar el 2%. En otras palabras, que la eliminación de los QE será paulatina e irá acompasada a la subida de los precios del petróleo.
El futuro: las consecuencias del fin del dinero barato para el estado español
La subida de los intereses está al caer. Desde los centros de poder de la Unión Europea se considera que ya se ha concedido el tiempo suficiente para que las economías de los países mediterráneos hayan implantado las reformas que consideraban necesarias. Pero, a pesar de la propaganda oficial, la deuda de España no ha hecho sino aumentar irresponsablemente durante el gobierno de Rajoy. Este ha optado por hipotecar el futuro del país para consolidar la posición de un partido atenazado por la corrupción. Por otro lado, el marco legal europeo no deja lugar a dudas: en 2011 se consagró la primacía de los acreedores frente a la democracia mediante la reforma del artículo 135 de la Constitución. Son ellos quienes tienen la prioridad de cobrar por encima de las necesidades y de las decisiones de la ciudadanía.
Por lo tanto, cuando esta subida de tipos de interés se produzca, el gobierno tendrá que equilibrar sus cuentas bajo la presión de los fondos especulativos. Quienes con certeza desencadenarán otra tormenta en la que aumentarán los intereses de las deudas españolas.
En este punto aparece Ciudadanos, un partido aupado por las élites financieras a través de algunos medios de comunicación que manejan a su antojo. A este respecto, conviene tener en cuenta que el Partido Popular cuenta con una importante autonomía que proviene de la victoria de sus ancestros en la Guerra Civil, verdadero hecho constituyente del régimen español, lo que le permite controlar los poderes del estado.
Su autonomía puede llevarle a no adoptar medidas impopulares que demanden las élites financieras, cuando las consideren perjudiciales para sus intereses electorales. Un ejemplo de esto sería la rebaja de las pensiones de jubilación, a la que el Partido Popular es renuente. Sin embargo, en el caso de Ciudadanos su posición sería mucho más endeble, puesto que es evidente que las élites podrían defenestrar a este partido del mismo modo que lo han promovido.
Nos encontramos ante una encrucijada en la que se está jugando el desmantelamiento del estado del bienestar. Debido al endeudamiento que se ha alcanzado y a los límites en la política económica establecidos por la Unión Europea, la única alternativa para evitar la descomposición del sistema público es una subida importante de los ingresos fiscales cuya aportación debería provenir de quienes tengan más capacidad para ello.
Las instituciones neoliberales han fomentado la evasión fiscal, verdadera clave de la globalización. Por ejemplo, la Unión Europea, diga lo que diga, promueve esta evasión, pues de otra manera no se explicaría su connivencia con que algunos de sus miembros como Luxemburgo u Holanda hayan establecido regímenes fiscales mediante los que las multinacionales eluden sistemáticamente el pago de impuestos.
El resultado de esta política neoliberal en España es un sistema fiscal regresivo, basado en la recaudación sobre las rentas del trabajo y sobre el consumo. Esto es, el IVA, que paradójicamente no ha dejado de aumentar durante los últimos años, a pesar de la bajada del consumo y, por tanto, del incremento del paro. Sin un sistema fiscal progresivo, donde quienes más ganen o tengan sean quienes más aporten, el estado de bienestar no puede tener lugar.
Es así de simple. Pero, como dice el inspector de hacienda Raúl Burillo, la política la fiscal ha sido única en España durante el bipartidismo; daba lo mismo quien gobernara, y así, salvo ligeros matices, con todos los ejes de las estructuras económicas del país.
Dado que el principal partido de la izquierda, Podemos, parece irremediablemente instalado en la banalidad, sería más necesario que nunca que alguien enunciase un proyecto político solvente que sea capaz de preservar el estado social, dado que para su desmantelamiento ya han sido designados los ejecutores.
Fuente:
http://www.elsaltodiario.com/crisis-financiera/fin-dinero-barato-banco-central-europeo-expansion-cuantitativa
lunes, 7 de mayo de 2018
El blindaje constitucional de la educación concertada.
"No hay arma más peligrosa que el conocimiento en manos del pueblo al que hay que engañar para que no rompa sus cadenas”
En las últimas semanas se ha puesto el foco en las escuelas que segregan por sexo a raíz del reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que no solo avala la constitucionalidad de los colegios que segregan por sexo sino que apoya el blindaje de la LOMCE a los conciertos educativos de este tipo de escuelas y, por ende, a los conciertos educativos en general.
Antes de entrar a comentar el contenido de la sentencia es necesario entender de dónde venimos para darnos cuenta de que el fallo del TC es un retroceso sin precedentes en la garantía del derecho fundamental a la educación.
La razón de ser de las escuelas concertadas
Durante la década de los 80 los conciertos educativos se concibieron como una medida transitoria para dar cobertura a la escolarización universal, ya que la red de escuelas de titularidad pública era insuficiente para cubrir toda la demanda. Era una medida temporal que parecía ganar tiempo para, con el paso de los años, ir consolidando una oferta educativa enteramente pública. Por ejemplo, son muchas las cooperativas de educación que nacieron en la época franquista y que pasaron a ser de titularidad pública en los años posteriores.
Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. En determinadas comunidades autónomas -con Madrid y Cataluña a la cabeza- se fueron naturalizando e institucionalizando los conciertos educativos de las escuelas privadas, aumentando año a año su número a pesar de haber perdido su razón de ser. Dichos conciertos ya no se justificaban por las necesidades de escolarización. Desde 2009, la propia Ley de Educación de Catalunya ya no diferencia entre centros públicos y centros privados, pasando a hablar de sistema educativo sostenido con fondos públicos.
Actualmente nos encontramos ante la paradoja de que muchos centros privados con conciertos educativos no tienen demanda suficiente. Sin embargo, se siguen aumentando las dotaciones y las asignaciones presupuestarias. A la vez, se cierran líneas y colegios públicos, forzando un traspaso de alumnos hacia la escuela privada concertada que luego la administración justifica en la libertad de los padres de escolarizar a los hijos en centros privados (libertad que luego hay que pagar con dinero público).
Los presupuestos públicos están financiando a las escuelas privadas por dos vías: 1) mediante la dotación de conciertos; y 2) mediante las subvenciones públicas.
En Cataluña, los presupuestos confirman la prioridad del gobierno en la financiación de los centros privados. Mientras que el gasto por alumno en la escuela pública se ha reducido un 20,3% desde el curso 2010-2011, el gasto en conciertos educativos es la única partida que en este periodo de tiempo se ha visto incrementada. A lo que hay que añadir las modificaciones presupuestarias no sujetas al control parlamentario, o las subvenciones públicas que reciben los centros privados y que —dicho sea de paso— es imposible contabilizar por la falta de transparencia de la propia administración.
Qué son y cómo funcionan las escuelas concertadas
Las escuelas concertadas son empresas privadas cuyo negocio es la educación. Se basan en los criterios de la oferta y la demanda y, por supuesto, en su propio ideario. Como son centros de titularidad privada no les son aplicables las normas que desarrollan el derecho a la educación, tales como las que regulan el funcionamiento de los centros educativos, los consejos escolares de centro, la regulación y control del profesorado, los comedores escolares, la regulación sobre la escuela inclusiva, y un largo etcétera. De hecho, mientras que en la escuela pública (hasta ahora) las familias tienen derecho a participar con voz y voto en los Consejos Escolares, en la concertada esto no sucede. Mientras que los comedores escolares de las escuelas públicas se rigen por un decreto del gobierno y es la administración quien fija el precio máximo de los menús, en la concertada no sucede lo mismo. Mientras que en los colegios públicos el profesorado accede mediante oposiciones u otro tipo de concursos públicos, en los concertados son los propios centros privados los que escogen a su profesorado mediante sus mecanismos internos. Mientras que en la escuela pública al profesorado se le aplican los procedimientos públicos sancionadores, en la concertada el centro privado es quien se autorregula. Mientras que el acceso a la educación pública es gratuito y universal, en la privada (concertada) hay pago de cuotas mensuales de escolarización y reserva del derecho de admisión. Y estos son solo unos pocos ejemplos.
Lo peligroso de la sentencia que conocimos el pasado 10 de abril no es tanto el blindaje de los conciertos educativos con las escuelas que segregan por sexo como el blindaje de cierto modelo educativo empresarial, basado en la cultura de la organización, en la competencia y en la reproducción de las estructuras patriarcales.
Es la consolidación de la educación como un bien de mercado y no como un derecho fundamental que debe ser garantizado mediante una educación pública, gratuita y universal, con inversiones que, desde una política pública ajena a los vaivenes de los gobiernos, garantice el acceso en condiciones de igualdad de todos los niños y niñas.
El propio TC nos recuerda en la sentencia el derecho de las escuelas privadas a establecer un ideario propio como parte de la libertad de creación de centros, en cuanto equivale a la posibilidad de dotarlos de un determinado carácter o una determinada orientación. Esta especificidad, sigue la sentencia, explica la garantía constitucional de libertad de centros, que no es otra cosa que “una expresión concreta del principio de libertad de empresa que también consagra la Constitución”.
Parece que el TC, en esta última sentencia, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid nos quiere dejar claro el carácter empresarial de los centros privados y la necesidad de protegerlos hasta la última consecuencia. La libertad de empresa estaría por encima del principio de igualdad y no discriminación que consagra el artículo 14 CE.
En Madrid y en Cataluña son muy pocas las escuelas privadas que a día de hoy no estén sujetas a concierto educativo. La mayoría de escuelas privadas concertadas son religiosas, y no sorprende que todas ellas sean católicas.
En España, el 70% de escuelas que segregan por sexo son del Opus Dei y el resto se reparten entre las diferentes Órdenes.
La segregación por razón de sexo no es la única segregación que favorece la escuela concertada. También está la segregación por razones socioeconómicas y por creencias religiosas. En la escuela concertada parece que la única religión válida y digna de estar sometida a concierto económico sea la católica. El TC parece no haberse dado cuenta de la clara preferencia de los poderes públicos por la dotación de conciertos económicos a los centros privados de educación católica en el marco de un Estado aconfesional que, por otra parte, ampara el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con sus convicciones. Se omite que los centros educativos públicos ya ofrecen dicha formación religiosa, pero que a diferencia de los centros privados está abierta a todas aquellas confesiones aceptadas por el Estado. Los alumnos reciben la formación religiosa que los padres escogen.
Segregación por razones socioeconómicas
Hace pocas semanas, el Presidente de la Confederación de Escuelas Cristianas admitía en una entrevista la segregación por motivos económicos en la escuela concertada mediante el pago de cuotas. La solución que proponía era más módulos de conciertos y que el concierto cubriera el cien por cien del gasto para así estar en condiciones de igualdad con la escuela pública. Ahora bien, defendía férreamente la importancia de la titularidad privada y la importancia de mantener su funcionamiento. En pocas palabras, lo que reclamaba era que el gobierno pague los gastos y que ellos se queden con los beneficios.
Es sorprendente la disparidad de los precios de las cuotas entre escuelas concertadas según la población y el barrio donde se encuentren y según su perfil elitista. A las cuotas mensuales hay que añadir el coste del comedor escolar, los libros de texto, el material escolar, el transporte y otros costes que dependen del perfil y actividad del centro privado concertado.
Si bien el propio Tribunal Constitucional recupera la STC 86/85, de 10 de julio (FJ2) para afirmar la dimensión prestacional del derecho a la educación que corresponde a los poderes públicos en las condiciones de obligatoriedad y gratuidad que exige el artículo 27.4 CE, en su argumentación tendente a blindar los conciertos educativos olvida que las escuelas privadas concertadas no son gratuitas para los alumnos que acceden a ellas. Es imposible, desde un punto de vista económico, acceder en condiciones de igualdad, lo que determina una segregación por razones socioeconómicas en el modelo de educación concertada.
En este sentido la financiación de las escuelas privadas va en detrimento del artículo 14 y del artículo 9.2 CE, así como del artículo 27.2 CE. La igualdad real no se puede conseguir si existe desigualdad en el acceso a la educación por razones socioeconómicas, siendo imposible que la educación tenga por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en condiciones de igualdad.
Segregación por razón de sexo y de género
La gran expectativa de la comunidad educativa se concentraba en la valoración por el Tribunal Constitucional del artículo 84.3 LOE, que blinda el modelo de la educación diferenciada y los conciertos económicos con los centros que la imparten.
El TC ampara el artículo 84.3 LOE argumentando que la separación entre alumnos y alumnas en la admisión y organización de las enseñanzas responde a un modelo concreto para el mejor logro de los objetivos comunes a cualquier tipo de enseñanza. Por lo tanto, se trataría de un sistema meramente instrumental y de carácter pedagógico, fundado en la idea de optimizar las potencialidades propias de cada uno de los sexos.
Sorprende el argumento esgrimido porque más adelante explica la sentencia que la educación diferenciada no vulnera los artículos 9.2, 14 y 27.2 CE: la separación por razón de sexo no llevaría implícita una educación diferente por ser niño o niña, y de ser así el centro sí incurriría en la vulneración de los preceptos mencionados.
Salta a la vista la incongruencia del TC. Si partimos de la base de que la educación debe ser igual, independientemente de su sexo, ¿cómo se sustenta la necesidad de un instrumento pedagógico que persiga optimizar las potencialidades de cada uno de los sexos?
Del texto de la sentencia solo se pueden extraer dos cosas. Por un lado, que el TC entiende que los hombres y las mujeres no son iguales y por esto está justificada la educación diferenciada para educar de acuerdo a las diferentes concepciones de lo masculino y lo femenino —como así se muestra en la propaganda en espacios como el transporte público o la televisión—. Por otro, que sin atractivos sexuales próximos es más fácil que los alumnos no se despisten y puedan optimizar sus potencialidades, lo que justificaría el instrumento pedagógico segregacionista.
Esta ideología heteronormativa de fondo, negadora del impulso sexual entre personas del mismo sexo, vuelve inservible el propio instrumento pedagógico y lo hace susceptible de inconstitucionalidad por negar los derechos LGTBI.
Para justificar jurídicamente su argumento, el TC se hace eco de la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960). Según ésta, siempre que el Estado lo permita la creación o el mantenimiento de sistemas de enseñanza separados para los alumnos del sexo masculino y para los del sexo femenino no constituye discriminación.
El TC desecha la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer de 1979 (ratificada por España en 1983), que alude al compromiso de los Estados al estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr el objetivo de eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza. El TC entiende que no se trata de una norma prohibitiva y que en nuestro sistema ya se ha logrado el objetivo de estimular la educación mixta, por ser el modelo que predomina en España.
Hay que recordar que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos son normas de mínimos, pensadas para que puedan ser cumplidas por todos los Estados de la Comunidad Internacional. Es decir, los Estados tienen que garantizar como mínimo aquello que se establece en los mismos. Es más, los Estados están obligados a ampliar el contenido de los derechos fundamentales y no hacer retrocesos en su interpretación y garantía. El propio Tribunal Constitucional admite que “el Derecho internacional de los derechos humanos únicamente establece un mínimo que las normas constitucionales sobre derechos fundamentales y la entera Constitución pueden completar y ampliar”.
El TC concluye que el sistema de educación diferenciada es una opción pedagógica que no puede entenderse como discriminatoria y, por ello, puede formar parte del derecho del centro privado a establecer su carácter propio.
Pero esto no es todo. Lo importante de esta sentencia no era solamente dilucidar si los colegios privados que segregan por sexo eran o no constitucionales, sino determinar si los poderes públicos debían financiarlos por la vía de los conciertos educativos y/o las subvenciones públicas, que es lo que verdaderamente pretende blindar el artículo 84.3, último párrafo, de la LOE, cuando dice que “en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar (…) un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto”. Hasta ahora las Comunidades Autónomas podían decidir no dotar de conciertos económicos a este tipo de escuelas.
Pues bien, el Tribunal Constitucional tenía aquí una oportunidad histórica para obligar a los poderes públicos a no discriminar a las mujeres y al colectivo LGTBI desde la niñez y contribuir a una sociedad más igualitaria en un futuro cercano.
Distintamente, el TC señala que la gratuidad garantizada constitucionalmente no puede referirse exclusivamente a la escuela pública, ya que ello implicaría la obligatoriedad de tal enseñanza pública e impediría la posibilidad real de elegir la enseñanza básica en cualquier centro privado. Y añade que eso vulneraría tanto el derecho de los padres a elegir centro docente como el derecho de creación de centros. Concluye que los centros privados de educación diferenciada deben concurrir en condiciones de igualdad con el resto de los centros educativos, proclamando así la constitucionalidad del último párrafo del artículo 84.3 LOE.
Parece ser que el TC ha hecho una reinterpretación de su propia jurisprudencia. Hasta ahora la elección de centro de los padres no se traducía en un derecho de los mismos sobre un modelo pedagógico; la libertad de creación de centros docentes no conllevaba una obligación económica por parte de la administración; y la ayuda a los centros docentes privados no encerraba un derecho subjetivo a la prestación pública.
Esta sentencia era una oportunidad para adaptar la norma a la realidad social. Pero, una vez más, la educación no es una cuestión de Estado sino de gobiernos al servicio del poder económico y de la iglesia católica. Ningún partido político con opción a ganar unas elecciones negaría la igualdad de género y los derechos del colectivo LGTBI, pues se sabe de la impopularidad de eso. Pero en este caso, la doctrina del Tribunal Constitucional ha venido a amparar la idea de una legislación a conveniencia de poderes no nombrados. El blindaje del artículo 84.3 LOE, y de la segregación en las escuelas que éste permite por razón de sexo, es un claro retroceso del principio de igualdad en relación al derecho a la educación.
Lidón Gasull Figueras es la directora de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) y abogada
Fuente:
http://www.mientrastanto.org/boletin-168/notas/el-blindaje-constitucional-de-la-educacion-concertada
(Philippon de la Madeleine, (1734-1818).
Antes de entrar a comentar el contenido de la sentencia es necesario entender de dónde venimos para darnos cuenta de que el fallo del TC es un retroceso sin precedentes en la garantía del derecho fundamental a la educación.
La razón de ser de las escuelas concertadas
Durante la década de los 80 los conciertos educativos se concibieron como una medida transitoria para dar cobertura a la escolarización universal, ya que la red de escuelas de titularidad pública era insuficiente para cubrir toda la demanda. Era una medida temporal que parecía ganar tiempo para, con el paso de los años, ir consolidando una oferta educativa enteramente pública. Por ejemplo, son muchas las cooperativas de educación que nacieron en la época franquista y que pasaron a ser de titularidad pública en los años posteriores.
Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. En determinadas comunidades autónomas -con Madrid y Cataluña a la cabeza- se fueron naturalizando e institucionalizando los conciertos educativos de las escuelas privadas, aumentando año a año su número a pesar de haber perdido su razón de ser. Dichos conciertos ya no se justificaban por las necesidades de escolarización. Desde 2009, la propia Ley de Educación de Catalunya ya no diferencia entre centros públicos y centros privados, pasando a hablar de sistema educativo sostenido con fondos públicos.
Actualmente nos encontramos ante la paradoja de que muchos centros privados con conciertos educativos no tienen demanda suficiente. Sin embargo, se siguen aumentando las dotaciones y las asignaciones presupuestarias. A la vez, se cierran líneas y colegios públicos, forzando un traspaso de alumnos hacia la escuela privada concertada que luego la administración justifica en la libertad de los padres de escolarizar a los hijos en centros privados (libertad que luego hay que pagar con dinero público).
Los presupuestos públicos están financiando a las escuelas privadas por dos vías: 1) mediante la dotación de conciertos; y 2) mediante las subvenciones públicas.
En Cataluña, los presupuestos confirman la prioridad del gobierno en la financiación de los centros privados. Mientras que el gasto por alumno en la escuela pública se ha reducido un 20,3% desde el curso 2010-2011, el gasto en conciertos educativos es la única partida que en este periodo de tiempo se ha visto incrementada. A lo que hay que añadir las modificaciones presupuestarias no sujetas al control parlamentario, o las subvenciones públicas que reciben los centros privados y que —dicho sea de paso— es imposible contabilizar por la falta de transparencia de la propia administración.
Qué son y cómo funcionan las escuelas concertadas
Las escuelas concertadas son empresas privadas cuyo negocio es la educación. Se basan en los criterios de la oferta y la demanda y, por supuesto, en su propio ideario. Como son centros de titularidad privada no les son aplicables las normas que desarrollan el derecho a la educación, tales como las que regulan el funcionamiento de los centros educativos, los consejos escolares de centro, la regulación y control del profesorado, los comedores escolares, la regulación sobre la escuela inclusiva, y un largo etcétera. De hecho, mientras que en la escuela pública (hasta ahora) las familias tienen derecho a participar con voz y voto en los Consejos Escolares, en la concertada esto no sucede. Mientras que los comedores escolares de las escuelas públicas se rigen por un decreto del gobierno y es la administración quien fija el precio máximo de los menús, en la concertada no sucede lo mismo. Mientras que en los colegios públicos el profesorado accede mediante oposiciones u otro tipo de concursos públicos, en los concertados son los propios centros privados los que escogen a su profesorado mediante sus mecanismos internos. Mientras que en la escuela pública al profesorado se le aplican los procedimientos públicos sancionadores, en la concertada el centro privado es quien se autorregula. Mientras que el acceso a la educación pública es gratuito y universal, en la privada (concertada) hay pago de cuotas mensuales de escolarización y reserva del derecho de admisión. Y estos son solo unos pocos ejemplos.
Lo peligroso de la sentencia que conocimos el pasado 10 de abril no es tanto el blindaje de los conciertos educativos con las escuelas que segregan por sexo como el blindaje de cierto modelo educativo empresarial, basado en la cultura de la organización, en la competencia y en la reproducción de las estructuras patriarcales.
Es la consolidación de la educación como un bien de mercado y no como un derecho fundamental que debe ser garantizado mediante una educación pública, gratuita y universal, con inversiones que, desde una política pública ajena a los vaivenes de los gobiernos, garantice el acceso en condiciones de igualdad de todos los niños y niñas.
El propio TC nos recuerda en la sentencia el derecho de las escuelas privadas a establecer un ideario propio como parte de la libertad de creación de centros, en cuanto equivale a la posibilidad de dotarlos de un determinado carácter o una determinada orientación. Esta especificidad, sigue la sentencia, explica la garantía constitucional de libertad de centros, que no es otra cosa que “una expresión concreta del principio de libertad de empresa que también consagra la Constitución”.
Parece que el TC, en esta última sentencia, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid nos quiere dejar claro el carácter empresarial de los centros privados y la necesidad de protegerlos hasta la última consecuencia. La libertad de empresa estaría por encima del principio de igualdad y no discriminación que consagra el artículo 14 CE.
En Madrid y en Cataluña son muy pocas las escuelas privadas que a día de hoy no estén sujetas a concierto educativo. La mayoría de escuelas privadas concertadas son religiosas, y no sorprende que todas ellas sean católicas.
En España, el 70% de escuelas que segregan por sexo son del Opus Dei y el resto se reparten entre las diferentes Órdenes.
La segregación por razón de sexo no es la única segregación que favorece la escuela concertada. También está la segregación por razones socioeconómicas y por creencias religiosas. En la escuela concertada parece que la única religión válida y digna de estar sometida a concierto económico sea la católica. El TC parece no haberse dado cuenta de la clara preferencia de los poderes públicos por la dotación de conciertos económicos a los centros privados de educación católica en el marco de un Estado aconfesional que, por otra parte, ampara el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con sus convicciones. Se omite que los centros educativos públicos ya ofrecen dicha formación religiosa, pero que a diferencia de los centros privados está abierta a todas aquellas confesiones aceptadas por el Estado. Los alumnos reciben la formación religiosa que los padres escogen.
Segregación por razones socioeconómicas
Hace pocas semanas, el Presidente de la Confederación de Escuelas Cristianas admitía en una entrevista la segregación por motivos económicos en la escuela concertada mediante el pago de cuotas. La solución que proponía era más módulos de conciertos y que el concierto cubriera el cien por cien del gasto para así estar en condiciones de igualdad con la escuela pública. Ahora bien, defendía férreamente la importancia de la titularidad privada y la importancia de mantener su funcionamiento. En pocas palabras, lo que reclamaba era que el gobierno pague los gastos y que ellos se queden con los beneficios.
Es sorprendente la disparidad de los precios de las cuotas entre escuelas concertadas según la población y el barrio donde se encuentren y según su perfil elitista. A las cuotas mensuales hay que añadir el coste del comedor escolar, los libros de texto, el material escolar, el transporte y otros costes que dependen del perfil y actividad del centro privado concertado.
Si bien el propio Tribunal Constitucional recupera la STC 86/85, de 10 de julio (FJ2) para afirmar la dimensión prestacional del derecho a la educación que corresponde a los poderes públicos en las condiciones de obligatoriedad y gratuidad que exige el artículo 27.4 CE, en su argumentación tendente a blindar los conciertos educativos olvida que las escuelas privadas concertadas no son gratuitas para los alumnos que acceden a ellas. Es imposible, desde un punto de vista económico, acceder en condiciones de igualdad, lo que determina una segregación por razones socioeconómicas en el modelo de educación concertada.
En este sentido la financiación de las escuelas privadas va en detrimento del artículo 14 y del artículo 9.2 CE, así como del artículo 27.2 CE. La igualdad real no se puede conseguir si existe desigualdad en el acceso a la educación por razones socioeconómicas, siendo imposible que la educación tenga por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en condiciones de igualdad.
Segregación por razón de sexo y de género
La gran expectativa de la comunidad educativa se concentraba en la valoración por el Tribunal Constitucional del artículo 84.3 LOE, que blinda el modelo de la educación diferenciada y los conciertos económicos con los centros que la imparten.
El TC ampara el artículo 84.3 LOE argumentando que la separación entre alumnos y alumnas en la admisión y organización de las enseñanzas responde a un modelo concreto para el mejor logro de los objetivos comunes a cualquier tipo de enseñanza. Por lo tanto, se trataría de un sistema meramente instrumental y de carácter pedagógico, fundado en la idea de optimizar las potencialidades propias de cada uno de los sexos.
Sorprende el argumento esgrimido porque más adelante explica la sentencia que la educación diferenciada no vulnera los artículos 9.2, 14 y 27.2 CE: la separación por razón de sexo no llevaría implícita una educación diferente por ser niño o niña, y de ser así el centro sí incurriría en la vulneración de los preceptos mencionados.
Salta a la vista la incongruencia del TC. Si partimos de la base de que la educación debe ser igual, independientemente de su sexo, ¿cómo se sustenta la necesidad de un instrumento pedagógico que persiga optimizar las potencialidades de cada uno de los sexos?
Del texto de la sentencia solo se pueden extraer dos cosas. Por un lado, que el TC entiende que los hombres y las mujeres no son iguales y por esto está justificada la educación diferenciada para educar de acuerdo a las diferentes concepciones de lo masculino y lo femenino —como así se muestra en la propaganda en espacios como el transporte público o la televisión—. Por otro, que sin atractivos sexuales próximos es más fácil que los alumnos no se despisten y puedan optimizar sus potencialidades, lo que justificaría el instrumento pedagógico segregacionista.
Esta ideología heteronormativa de fondo, negadora del impulso sexual entre personas del mismo sexo, vuelve inservible el propio instrumento pedagógico y lo hace susceptible de inconstitucionalidad por negar los derechos LGTBI.
Para justificar jurídicamente su argumento, el TC se hace eco de la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960). Según ésta, siempre que el Estado lo permita la creación o el mantenimiento de sistemas de enseñanza separados para los alumnos del sexo masculino y para los del sexo femenino no constituye discriminación.
El TC desecha la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer de 1979 (ratificada por España en 1983), que alude al compromiso de los Estados al estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr el objetivo de eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza. El TC entiende que no se trata de una norma prohibitiva y que en nuestro sistema ya se ha logrado el objetivo de estimular la educación mixta, por ser el modelo que predomina en España.
Hay que recordar que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos son normas de mínimos, pensadas para que puedan ser cumplidas por todos los Estados de la Comunidad Internacional. Es decir, los Estados tienen que garantizar como mínimo aquello que se establece en los mismos. Es más, los Estados están obligados a ampliar el contenido de los derechos fundamentales y no hacer retrocesos en su interpretación y garantía. El propio Tribunal Constitucional admite que “el Derecho internacional de los derechos humanos únicamente establece un mínimo que las normas constitucionales sobre derechos fundamentales y la entera Constitución pueden completar y ampliar”.
El TC concluye que el sistema de educación diferenciada es una opción pedagógica que no puede entenderse como discriminatoria y, por ello, puede formar parte del derecho del centro privado a establecer su carácter propio.
Pero esto no es todo. Lo importante de esta sentencia no era solamente dilucidar si los colegios privados que segregan por sexo eran o no constitucionales, sino determinar si los poderes públicos debían financiarlos por la vía de los conciertos educativos y/o las subvenciones públicas, que es lo que verdaderamente pretende blindar el artículo 84.3, último párrafo, de la LOE, cuando dice que “en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar (…) un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto”. Hasta ahora las Comunidades Autónomas podían decidir no dotar de conciertos económicos a este tipo de escuelas.
Pues bien, el Tribunal Constitucional tenía aquí una oportunidad histórica para obligar a los poderes públicos a no discriminar a las mujeres y al colectivo LGTBI desde la niñez y contribuir a una sociedad más igualitaria en un futuro cercano.
Distintamente, el TC señala que la gratuidad garantizada constitucionalmente no puede referirse exclusivamente a la escuela pública, ya que ello implicaría la obligatoriedad de tal enseñanza pública e impediría la posibilidad real de elegir la enseñanza básica en cualquier centro privado. Y añade que eso vulneraría tanto el derecho de los padres a elegir centro docente como el derecho de creación de centros. Concluye que los centros privados de educación diferenciada deben concurrir en condiciones de igualdad con el resto de los centros educativos, proclamando así la constitucionalidad del último párrafo del artículo 84.3 LOE.
Parece ser que el TC ha hecho una reinterpretación de su propia jurisprudencia. Hasta ahora la elección de centro de los padres no se traducía en un derecho de los mismos sobre un modelo pedagógico; la libertad de creación de centros docentes no conllevaba una obligación económica por parte de la administración; y la ayuda a los centros docentes privados no encerraba un derecho subjetivo a la prestación pública.
Esta sentencia era una oportunidad para adaptar la norma a la realidad social. Pero, una vez más, la educación no es una cuestión de Estado sino de gobiernos al servicio del poder económico y de la iglesia católica. Ningún partido político con opción a ganar unas elecciones negaría la igualdad de género y los derechos del colectivo LGTBI, pues se sabe de la impopularidad de eso. Pero en este caso, la doctrina del Tribunal Constitucional ha venido a amparar la idea de una legislación a conveniencia de poderes no nombrados. El blindaje del artículo 84.3 LOE, y de la segregación en las escuelas que éste permite por razón de sexo, es un claro retroceso del principio de igualdad en relación al derecho a la educación.
Lidón Gasull Figueras es la directora de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) y abogada
Fuente:
http://www.mientrastanto.org/boletin-168/notas/el-blindaje-constitucional-de-la-educacion-concertada
viernes, 4 de mayo de 2018
Los sueldos en España crecen cinco veces menos que en la zona euro. En 2017 el salario por hora subió un 2% en la Eurozona y un 0,4% en España.
La divergencia entre la marcha de la economía española y sus salarios se agudiza cuando se compara con la situación en el resto de la Unión Europea y en la zona euro.
España destaca en el continente por su crecimiento y por la fuerte creación de empleo. Pero también lo hace por su anemia salarial. El año pasado el salario por hora subió un 2% en el conjunto de la Eurozona, cinco veces más que en España, donde el aumento apenas fue del 0,4%, según los cálculos de la oficina europea de estadísticas, Eurostat, para el conjunto de la economía, excluyendo el sector agrícola.
Este incremento es uno de los menores de toda Europa. Solo supera el saldo de 2017 de Finlandia, donde las retribuciones de los asalariados menguaron un 0,4% respecto al año anterior. Y empeora un poco sobre el comportamiento salarial registrado en Grecia e Italia, donde los sueldos subieron un 0,7%.
La misma tónica se mantiene una vez se añade al coste salarial de los trabajadores las cotizaciones y las remuneraciones no dinerarias. En ese caso España también experimentó un comportamiento débil respecto al conjunto de la Unión Europea y de la zona euro. Solo se anotó un aumento del 0,5% frente a ganancias del 2,3% y del 1,9%, respectivamente.
22,5 euros por hora
Si en lugar de las variaciones anuales se toman las retribuciones reales, en España el coste laboral se queda en el 75% del resto de la zona euro y en el 82% de la Unión Europea. Traducido en euros contantes y sonantes, esto es que por cada hora trabajada el coste laboral para un empresario en España asciende a 22,5 euros, mientras que en la zona euro es de 30,1 euros y en el conjunto de la Unión de 27,2 euros.
Dentro la UE, el país que tiene el mayor coste es Dinamarca, con 40,3 euros por hora, seguido de Luxemburgo (39,1 euros). En Alemania y Francia, por su parte, este coste es de 32,4 euros y de 34,2 euros, respectivamente. En el otro extremo de la tabla aparecen Bulgaria, con 4,9 euros, y Letonia (6,9).
https://elpais.com/economia/2018/04/09/actualidad/1523297941_113572.html
España destaca en el continente por su crecimiento y por la fuerte creación de empleo. Pero también lo hace por su anemia salarial. El año pasado el salario por hora subió un 2% en el conjunto de la Eurozona, cinco veces más que en España, donde el aumento apenas fue del 0,4%, según los cálculos de la oficina europea de estadísticas, Eurostat, para el conjunto de la economía, excluyendo el sector agrícola.
Este incremento es uno de los menores de toda Europa. Solo supera el saldo de 2017 de Finlandia, donde las retribuciones de los asalariados menguaron un 0,4% respecto al año anterior. Y empeora un poco sobre el comportamiento salarial registrado en Grecia e Italia, donde los sueldos subieron un 0,7%.
La misma tónica se mantiene una vez se añade al coste salarial de los trabajadores las cotizaciones y las remuneraciones no dinerarias. En ese caso España también experimentó un comportamiento débil respecto al conjunto de la Unión Europea y de la zona euro. Solo se anotó un aumento del 0,5% frente a ganancias del 2,3% y del 1,9%, respectivamente.
22,5 euros por hora
Si en lugar de las variaciones anuales se toman las retribuciones reales, en España el coste laboral se queda en el 75% del resto de la zona euro y en el 82% de la Unión Europea. Traducido en euros contantes y sonantes, esto es que por cada hora trabajada el coste laboral para un empresario en España asciende a 22,5 euros, mientras que en la zona euro es de 30,1 euros y en el conjunto de la Unión de 27,2 euros.
Dentro la UE, el país que tiene el mayor coste es Dinamarca, con 40,3 euros por hora, seguido de Luxemburgo (39,1 euros). En Alemania y Francia, por su parte, este coste es de 32,4 euros y de 34,2 euros, respectivamente. En el otro extremo de la tabla aparecen Bulgaria, con 4,9 euros, y Letonia (6,9).
https://elpais.com/economia/2018/04/09/actualidad/1523297941_113572.html
miércoles, 11 de abril de 2018
La tasa de repetidores es muy superior en la escuela pública que en la privada. Un estudio de Educación alerta de la horquilla de más del 15% entre alumnos de la ESO según su centro escolar.
El porcentaje de alumnos que pasa de curso, ya sea con todas las asignaturas aprobadas o con algunas suspensas, varía entre los centros públicos y privados, llegando las diferencias hasta a 17 puntos porcentuales a favor de los segundos. El 83,3% es el porcentaje medio del alumnado que pasa de curso o promociona para el conjunto de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en los centros públicos, porcentaje que se eleva al 91,5% en la enseñanza concertada y al 98,1% en la enseñanza privada no concertada.
Además, dentro del alumnado que promociona, el porcentaje medio del que lo hace con todas las materias superadas es del 68,2% para los centros públicos, del 78,5% para la enseñanza concertada y del 92,7% para la enseñanza privada no concertada. Por tanto, el alumnado de ESO de los concertados y privados repite menos que el de los públicos o pasa de curso con menos suspensos.
Son datos recogidos en un informe del Ministerio de Educación (con los resultados académicos del curso 2014-15), donde se especifica que en Segundo de la ESO las diferencias señaladas llegan a 17,2 puntos porcentuales. Esto ocurre en Segundo de la ESO; si la tasa media que pasa de curso es del 85% del alumnado, la cifra en los centros públicos es del 81,2%, en los concertados el 92% y en los privados no concertados del 98,4%.
Por otra parte, en el curso 2014-15 los alumnos promocionaron menos en Segundo de la ESO y Segundo de Bachillerato ya que sólo pasó de curso el 85% y el 78,2%, respectivamente. En Segundo de Bachillerato aprobó el curso el 73,8% del alumnado de los públicos y, en cambio, el 89,9% de los privados.
http://www.diariodesevilla.es/sociedad/repetidores-superior-escuela-publica-privada_0_1231677265.html
P.D.: Esta noticia unida a la que hoy aparece en varios diarios (entre ellos el Hoy y El País) donde "el Constitucional avala la educación segregada", cierra el círculo del injusto y desigual tratamiento de la educación en España; ¿eres pobre? pues te aguantas con una educación de tercera. ¿Eres rico? pues tú tienes libertad de elección de centro y además te subvencionamos la educación privilegiada de tus hijos. Con lo cual se le da la vuelta al hecho de que los impuestos están para compensar la desigualdad e integrar más y mejor a los desfavorecidos de la fortuna y disminuir las desigualdades y la pobreza. Aquí los impuestos de TODOS, están para conceder privilegios a los poderosos, subvenciones a los colegios privados, a los campos de golf, a los viajes en el AVE, a las universidades privadas, a los toros, a la organizaciones de exaltación fascista de la dictadura de 40 años, a determinadas religiones, etc, etc.
Por otra parte, el estudio que presenta el actual Ministerio del PP, que está claramente a favor de la enseñanza privada y concertada, sirve sutilmente para sesgar a favor de los suyos "el éxito escolar". Claramente muestra, sin más, que en "sus centros" imparten "mejor educación" pues tienen más éxito. Sin adentrarnos en las estrategias de los diferentes centros a favor de criterios "flexibles" para conseguir más o menos porcentajes de aprobado (cómo "el caso Cifuentes" ha mostrado que la manipulación de las notas para que "los suyos" aprueben incluso sin cumplir los criterios exigibles, llegan hasta los grados y maestrías de la Universidad). Sabemos por múltiples investigaciones y estudios, que el principal factor de éxito académico colectivo es el factor económico, dicho de forma más simple y sencilla, del dinero de los padres,... No es el centro educativo el más importante, aunque tenga su importancia. Pero este hecho se oculta deliberadamente, con lo cual, las notas parecen depender más del centro que del factor realmente más importante; el nivel adquisitivo. Y de alguna manera, al subvencionar aún más la enseñanza privada y concertada, aumentamos el nivel económico de las clases más pudiente, "defendamos a los nuestros" (como afirmó la ministra Cospedal, del PP) y por lo tanto mejoremos más las notas y aumentemos más la desigualdad, las diferencias y las injusticias, con nuestra acción de gobierno.
Además, dentro del alumnado que promociona, el porcentaje medio del que lo hace con todas las materias superadas es del 68,2% para los centros públicos, del 78,5% para la enseñanza concertada y del 92,7% para la enseñanza privada no concertada. Por tanto, el alumnado de ESO de los concertados y privados repite menos que el de los públicos o pasa de curso con menos suspensos.
Son datos recogidos en un informe del Ministerio de Educación (con los resultados académicos del curso 2014-15), donde se especifica que en Segundo de la ESO las diferencias señaladas llegan a 17,2 puntos porcentuales. Esto ocurre en Segundo de la ESO; si la tasa media que pasa de curso es del 85% del alumnado, la cifra en los centros públicos es del 81,2%, en los concertados el 92% y en los privados no concertados del 98,4%.
Por otra parte, en el curso 2014-15 los alumnos promocionaron menos en Segundo de la ESO y Segundo de Bachillerato ya que sólo pasó de curso el 85% y el 78,2%, respectivamente. En Segundo de Bachillerato aprobó el curso el 73,8% del alumnado de los públicos y, en cambio, el 89,9% de los privados.
http://www.diariodesevilla.es/sociedad/repetidores-superior-escuela-publica-privada_0_1231677265.html
P.D.: Esta noticia unida a la que hoy aparece en varios diarios (entre ellos el Hoy y El País) donde "el Constitucional avala la educación segregada", cierra el círculo del injusto y desigual tratamiento de la educación en España; ¿eres pobre? pues te aguantas con una educación de tercera. ¿Eres rico? pues tú tienes libertad de elección de centro y además te subvencionamos la educación privilegiada de tus hijos. Con lo cual se le da la vuelta al hecho de que los impuestos están para compensar la desigualdad e integrar más y mejor a los desfavorecidos de la fortuna y disminuir las desigualdades y la pobreza. Aquí los impuestos de TODOS, están para conceder privilegios a los poderosos, subvenciones a los colegios privados, a los campos de golf, a los viajes en el AVE, a las universidades privadas, a los toros, a la organizaciones de exaltación fascista de la dictadura de 40 años, a determinadas religiones, etc, etc.
Por otra parte, el estudio que presenta el actual Ministerio del PP, que está claramente a favor de la enseñanza privada y concertada, sirve sutilmente para sesgar a favor de los suyos "el éxito escolar". Claramente muestra, sin más, que en "sus centros" imparten "mejor educación" pues tienen más éxito. Sin adentrarnos en las estrategias de los diferentes centros a favor de criterios "flexibles" para conseguir más o menos porcentajes de aprobado (cómo "el caso Cifuentes" ha mostrado que la manipulación de las notas para que "los suyos" aprueben incluso sin cumplir los criterios exigibles, llegan hasta los grados y maestrías de la Universidad). Sabemos por múltiples investigaciones y estudios, que el principal factor de éxito académico colectivo es el factor económico, dicho de forma más simple y sencilla, del dinero de los padres,... No es el centro educativo el más importante, aunque tenga su importancia. Pero este hecho se oculta deliberadamente, con lo cual, las notas parecen depender más del centro que del factor realmente más importante; el nivel adquisitivo. Y de alguna manera, al subvencionar aún más la enseñanza privada y concertada, aumentamos el nivel económico de las clases más pudiente, "defendamos a los nuestros" (como afirmó la ministra Cospedal, del PP) y por lo tanto mejoremos más las notas y aumentemos más la desigualdad, las diferencias y las injusticias, con nuestra acción de gobierno.
sábado, 7 de abril de 2018
Cómo se persigue a los medios comunitarios en España. El Gobierno ha sido denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero los grandes medios comerciales lo han silenciado.
A raíz de la denuncia contra el Gobierno español ante Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por su incumplimiento de la ley que lo obliga a regular el otorgamiento de licencias de radio y televisión a medios comunitarios el periodista Pascual Serrano señala en su blog ‘otrasmiradas” que “Los diferentes gobiernos españoles han ido invirtiendo más o menos dinero en los medios estatales y concediendo más o menos licencias radioeléctricas para los medios privados (sobre todo en función de su afinidad ideológica), pero han ido conteniendo a los medios comunitarios, sabedores de que en ellos podía encontrarse la línea colectiva y periodística más crítica y más difícilmente manejable.
El desprecio es tal que, incluso en la ley audiovisual antes citada de 2010 donde se les da reconocimiento, se aclara que “salvo autorización expresa de la autoridad audiovisual sus gastos de explotación anuales no podrán ser superiores a 100.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónica”.
Es decir, los medios comunitarios deberán, por ley, ser precarios y humildes, con mínimo presupuesto y capacidad, para no crearle competencia a las empresas comerciales. Es debido a ese límite de facturación que no pueden generar empleo, de hecho, solo el 22% de estos medios tienen a alguna persona contratada.
Vale la pena contrastar esta situación con la legislada en esos países latinoamericanos a los que nuestros medios privados tanto han presentado como depredadores de la libertad de expresión. En países como Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia o Uruguay la legislación dividió las licencias de emisión en tres tercios: un tercio para los medios del Estado, un tercio para los medios privados comerciales y otro tercio para los colectivos comunitarios. Estos últimos, en un amplio espectro que incluye grupos indígenas, sindicales, vecinales… contaban, además, con gran cantidad de recursos públicos que iban desde locales a capacitación, apoyo tecnológico o publicidad institucional.
La gran mayoría de esos medios comunitarios, con una calidad técnica muy dispar, han proporcionado a la ciudadanía un lugar donde expresarse, una visión de los acontecimientos diferente a las líneas comerciales de los privados y una independencia del gobierno que ha sido reconocida por la sociedad.
Mientras tanto, en España, los medios comunitarios, quienes representan, con sus limitaciones pero también con su grandeza, la vitalidad de una sociedad organizada y preocupada por la información han sido en el mejor de los casos despreciados e ignorados y en otros muchos perseguidos y cerrados. La Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP) tiene registrados 200 medios comunitarios de radio y televisión en España. Una decena son televisiones. En ellos, unas 5.000 personas producen contenidos sin ánimo de lucro. Estos medios se encuentran hoy en una situación de alegalidad, bajo la amenaza de un cierre arbitrario por parte de la Administración, que sabe que es la única forma que tiene de intentar lograr su sumisión editorial.
Ahora el gobierno español tiene seis meses para responder a los requerimientos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estén tranquilos, la gran mayoría de los medios privados, especialmente las radios y televisiones que acaparan las licencias, no nos contaran lo que vaya sucediendo.
Leer:
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/13013/sabias-que-la-onu-investiga-a-espana-por-negar-la-legalizacion-a-200-medios-de-comunicacion/
El desprecio es tal que, incluso en la ley audiovisual antes citada de 2010 donde se les da reconocimiento, se aclara que “salvo autorización expresa de la autoridad audiovisual sus gastos de explotación anuales no podrán ser superiores a 100.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónica”.
Es decir, los medios comunitarios deberán, por ley, ser precarios y humildes, con mínimo presupuesto y capacidad, para no crearle competencia a las empresas comerciales. Es debido a ese límite de facturación que no pueden generar empleo, de hecho, solo el 22% de estos medios tienen a alguna persona contratada.
Vale la pena contrastar esta situación con la legislada en esos países latinoamericanos a los que nuestros medios privados tanto han presentado como depredadores de la libertad de expresión. En países como Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia o Uruguay la legislación dividió las licencias de emisión en tres tercios: un tercio para los medios del Estado, un tercio para los medios privados comerciales y otro tercio para los colectivos comunitarios. Estos últimos, en un amplio espectro que incluye grupos indígenas, sindicales, vecinales… contaban, además, con gran cantidad de recursos públicos que iban desde locales a capacitación, apoyo tecnológico o publicidad institucional.
La gran mayoría de esos medios comunitarios, con una calidad técnica muy dispar, han proporcionado a la ciudadanía un lugar donde expresarse, una visión de los acontecimientos diferente a las líneas comerciales de los privados y una independencia del gobierno que ha sido reconocida por la sociedad.
Mientras tanto, en España, los medios comunitarios, quienes representan, con sus limitaciones pero también con su grandeza, la vitalidad de una sociedad organizada y preocupada por la información han sido en el mejor de los casos despreciados e ignorados y en otros muchos perseguidos y cerrados. La Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP) tiene registrados 200 medios comunitarios de radio y televisión en España. Una decena son televisiones. En ellos, unas 5.000 personas producen contenidos sin ánimo de lucro. Estos medios se encuentran hoy en una situación de alegalidad, bajo la amenaza de un cierre arbitrario por parte de la Administración, que sabe que es la única forma que tiene de intentar lograr su sumisión editorial.
Ahora el gobierno español tiene seis meses para responder a los requerimientos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estén tranquilos, la gran mayoría de los medios privados, especialmente las radios y televisiones que acaparan las licencias, no nos contaran lo que vaya sucediendo.
Leer:
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/13013/sabias-que-la-onu-investiga-a-espana-por-negar-la-legalizacion-a-200-medios-de-comunicacion/
viernes, 16 de marzo de 2018
Gobierno y PSOE se culpan de dinamitar el pacto educativo.
Méndez de Vigo solo ve interés por evitar que el acuerdo llegue con el PP y los socialistas un engaño para prolongar la vida de la Lomce
Gobierno y PSOE utilizaron el pleno del Congreso para culparse mutuamente de ser los únicos responsables de haber dinamitado la posibilidad de que se lograse un pacto de Estado por la educación. El debate, a raíz de una interpelación de los socialistas, se produjo el día después de que se supiese que solo PP y Ciudadanos seguirán en la subcomisión parlamentaria en busca de un acuerdo tras el abandono de Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT a raíz de la marcha, hace una semana, del PSOE.
El ministro de Educación, tras subrayar más de media docena de veces que el PSOE es incapaz de explicar por qué la semana pasada dio «la espantada», considera que el ultimátum de la exigencia de una inversión educativa mínima del 5% del PIB es una mera excusa. Solo ve oportunismo político en el principal partido de la oposición, que rompió la posibilidad del pacto en la misma semana que Pedro Sánchez reclamó elecciones anticipadas.
«Usted no tiene el más mínimo interés en el pacto, ni en el 5% (del PIB) ni el 6%», le espetó Íñigo Méndez de Vigo a la portavoz socialista de educación, Mari Luz Martínez Seijo. «¡Dígalo! Yo no quiero que el Gobierno del PP obtenga un pacto de Estado por la educación», le reclamó desde la tribuna. Reiteró que el Ejecutivo está dispuesto a garantizar la financiación necesaria para implantar las medidas del pacto, pero al final, cuando se conozca cuáles son y cuánto cuestan, y le pidió que «reflexione», para no defraudar a la comunidad educativa, y que «sigamos trabajando juntos».
La portavoz socialista insistió en que la falta de compromiso del Gobierno sobre el 5% del PIB solo demuestra que «no tienen ninguna voluntad de superar la Lomce» y que solo han utilizado durante más de un año la subcomisión del pacto para prolongar la vida de la ley que aprobaron contra toda la comunidad educativa y la oposición. Calificó la propuesta popular de aumentar la inversión en 5.000 millones hasta 2025 de «ridícula», porque no llega ni a un tercio de lo necesario para revertir los recortes de la crisis e implantar las medidas para modernizar el sistema educativo, y aseguró que «no vamos a ser cómplices de un acuerdo insuficiente en financiación», porque estarían «condenando el futuro de la educación». En definitiva, no volverán a la negociación salvo que les prometan el suelo de gasto del 5%.
Con ambas partes pertrechadas tras sus acusaciones mutuas, Méndez de Vigo ironizó que la situación del PSOE le recuerda a una letra de Los Secretos, «estoy metido en un lío y no se cómo voy a salir», y Martínez Seijo le contestó con una cita de Mafalda: «De tanto ahorrar en educación nos vamos a convertir en millonarios en ignorancia».
http://www.hoy.es/sociedad/educacion/gobierno-psoe-culpan-20180315224430-ntrc.html
Gobierno y PSOE utilizaron el pleno del Congreso para culparse mutuamente de ser los únicos responsables de haber dinamitado la posibilidad de que se lograse un pacto de Estado por la educación. El debate, a raíz de una interpelación de los socialistas, se produjo el día después de que se supiese que solo PP y Ciudadanos seguirán en la subcomisión parlamentaria en busca de un acuerdo tras el abandono de Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT a raíz de la marcha, hace una semana, del PSOE.
El ministro de Educación, tras subrayar más de media docena de veces que el PSOE es incapaz de explicar por qué la semana pasada dio «la espantada», considera que el ultimátum de la exigencia de una inversión educativa mínima del 5% del PIB es una mera excusa. Solo ve oportunismo político en el principal partido de la oposición, que rompió la posibilidad del pacto en la misma semana que Pedro Sánchez reclamó elecciones anticipadas.
«Usted no tiene el más mínimo interés en el pacto, ni en el 5% (del PIB) ni el 6%», le espetó Íñigo Méndez de Vigo a la portavoz socialista de educación, Mari Luz Martínez Seijo. «¡Dígalo! Yo no quiero que el Gobierno del PP obtenga un pacto de Estado por la educación», le reclamó desde la tribuna. Reiteró que el Ejecutivo está dispuesto a garantizar la financiación necesaria para implantar las medidas del pacto, pero al final, cuando se conozca cuáles son y cuánto cuestan, y le pidió que «reflexione», para no defraudar a la comunidad educativa, y que «sigamos trabajando juntos».
La portavoz socialista insistió en que la falta de compromiso del Gobierno sobre el 5% del PIB solo demuestra que «no tienen ninguna voluntad de superar la Lomce» y que solo han utilizado durante más de un año la subcomisión del pacto para prolongar la vida de la ley que aprobaron contra toda la comunidad educativa y la oposición. Calificó la propuesta popular de aumentar la inversión en 5.000 millones hasta 2025 de «ridícula», porque no llega ni a un tercio de lo necesario para revertir los recortes de la crisis e implantar las medidas para modernizar el sistema educativo, y aseguró que «no vamos a ser cómplices de un acuerdo insuficiente en financiación», porque estarían «condenando el futuro de la educación». En definitiva, no volverán a la negociación salvo que les prometan el suelo de gasto del 5%.
Con ambas partes pertrechadas tras sus acusaciones mutuas, Méndez de Vigo ironizó que la situación del PSOE le recuerda a una letra de Los Secretos, «estoy metido en un lío y no se cómo voy a salir», y Martínez Seijo le contestó con una cita de Mafalda: «De tanto ahorrar en educación nos vamos a convertir en millonarios en ignorancia».
http://www.hoy.es/sociedad/educacion/gobierno-psoe-culpan-20180315224430-ntrc.html
martes, 13 de marzo de 2018
Las pensiones
¿Peligra el futuro de las pensiones? Miren Etxezarreta, miembro del seminari Taifa, asegura en ‘AR’ que se trata de una campaña mediática promovida desde las instituciones. “Esta campaña parte del capital financiero y está apoyada por el Banco Mundial”, comenta. Además, Miren asegura que el problema demográfico no es una excusa para que las pensiones suban menos que los precios. “El Estado español ha crecido mucho desde 1977 tenemos más que el doble de la riqueza que había, pero no hay más del doble de viejos”, afirma.
Entrevista | Juan Torres, catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla.
¿En qué consiste la reforma de las pensiones planteada ahora desde el gobierno del PP? ¿A quiénes afectará?
Esta reforma persigue exactamente lo mismo que todas las anteriores: disminuir su alcance y cuantía, hacer que la gente desconfíe cada día más en el sistema público a base de debilitarlo para que su ahorro (quienes tengan) se vaya yendo al sector privado e ir avanzando progresivamente hacia su privatización.
¿A qué objetivos crees que responde esta reforma? ¿Tiene alguna relación con los demás recortes del Gobierno central?
Reformas de este tipo se vienen haciendo en coyunturas de expansión. Por tanto, no están justificadas por la crisis. Es una mentira gigantesca afirmar que los gastos corrientes del estado ligados al bienestar social (educación, salud, pensiones, dependencia, etc.) son los que provocan la deuda. Los datos muestran que esos gastos corrientes han generado, por ejemplo desde 1989 una deuda que no llega ni al 15%. La diferencia hasta casi el 100% actual son los intereses financieros y la deuda suscrita para pagarlos.
¿Qué alternativas pueden plantearse para hacer más robusto el sistema público de pensiones?
Si se acepta que las pensiones públicas se financien con las cotizaciones sociales (también podrían financiarse mediante impuestos generales), para que el sistema tenga ingresos suficientes (como se ha demostrado en los años anteriores) basta con que haya un nivel de empleo aceptable y una distribución de la renta mínimamente equitativa. Otra mentira vergonzosa es hacer creer que la insostenibilidad del sistema de pensiones públicas deriva del aumento de nuestra esperanza de vida. Lo que de verdad lo puede hacer insostenible es el incremento continuado del paro y de la desigualdad entre salarios y rentas del capital.
¿Qué tipo de movimiento crees que necesitamos para frenar esta reforma e impulsar otras iniciativas alternativas?
La única posibilidad de frenar esta reforma y otras parecidas es que la población conozca sus razones y se enfrente decididamente a ellas, movilizándose en las calles y centros de trabajo y creando un sujeto político capaz de ganar elecciones y de poner en marcha otro tipo de políticas.
¿Hay una salida antineoliberal y anticapitalista a la crisis?
Para mí antineoliberal y anticapitalista es lo mismo porque creo que el neoliberalismo es simplemente el capitalismo de nuestra época. Y no es que haya una salida anticapitalista es que no puede haber otra. Las crisis son consustanciales al capitalismo. Basta conocer un poco la historia. Si se sale de esta (también la historia nos enseña que se sale de todas) vendrán otras. El capital le está dando salida a base de reforzar sus intereses y de dejar las cosas más o menos como estaban, salvo en cuanto a derechos laborales, lo que constituye la antesala de otras nuevas crisis. La alternativa es resolver esta crisis modificando las relaciones sociales, las formas de propiedad, el modo de producir y de consumir. Algo se ha avanzado en eso en algunos lugares pero a la vista está que no suficientemente. Ese es el reto.
Más sobre pensiones aquí:
http://www.juantorreslopez.com/?s=Pensiones&submit=Buscar+en+la+web
Entrevista | Juan Torres, catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla.
¿En qué consiste la reforma de las pensiones planteada ahora desde el gobierno del PP? ¿A quiénes afectará?
Esta reforma persigue exactamente lo mismo que todas las anteriores: disminuir su alcance y cuantía, hacer que la gente desconfíe cada día más en el sistema público a base de debilitarlo para que su ahorro (quienes tengan) se vaya yendo al sector privado e ir avanzando progresivamente hacia su privatización.
¿A qué objetivos crees que responde esta reforma? ¿Tiene alguna relación con los demás recortes del Gobierno central?
Reformas de este tipo se vienen haciendo en coyunturas de expansión. Por tanto, no están justificadas por la crisis. Es una mentira gigantesca afirmar que los gastos corrientes del estado ligados al bienestar social (educación, salud, pensiones, dependencia, etc.) son los que provocan la deuda. Los datos muestran que esos gastos corrientes han generado, por ejemplo desde 1989 una deuda que no llega ni al 15%. La diferencia hasta casi el 100% actual son los intereses financieros y la deuda suscrita para pagarlos.
¿Qué alternativas pueden plantearse para hacer más robusto el sistema público de pensiones?
Si se acepta que las pensiones públicas se financien con las cotizaciones sociales (también podrían financiarse mediante impuestos generales), para que el sistema tenga ingresos suficientes (como se ha demostrado en los años anteriores) basta con que haya un nivel de empleo aceptable y una distribución de la renta mínimamente equitativa. Otra mentira vergonzosa es hacer creer que la insostenibilidad del sistema de pensiones públicas deriva del aumento de nuestra esperanza de vida. Lo que de verdad lo puede hacer insostenible es el incremento continuado del paro y de la desigualdad entre salarios y rentas del capital.
¿Qué tipo de movimiento crees que necesitamos para frenar esta reforma e impulsar otras iniciativas alternativas?
La única posibilidad de frenar esta reforma y otras parecidas es que la población conozca sus razones y se enfrente decididamente a ellas, movilizándose en las calles y centros de trabajo y creando un sujeto político capaz de ganar elecciones y de poner en marcha otro tipo de políticas.
¿Hay una salida antineoliberal y anticapitalista a la crisis?
Para mí antineoliberal y anticapitalista es lo mismo porque creo que el neoliberalismo es simplemente el capitalismo de nuestra época. Y no es que haya una salida anticapitalista es que no puede haber otra. Las crisis son consustanciales al capitalismo. Basta conocer un poco la historia. Si se sale de esta (también la historia nos enseña que se sale de todas) vendrán otras. El capital le está dando salida a base de reforzar sus intereses y de dejar las cosas más o menos como estaban, salvo en cuanto a derechos laborales, lo que constituye la antesala de otras nuevas crisis. La alternativa es resolver esta crisis modificando las relaciones sociales, las formas de propiedad, el modo de producir y de consumir. Algo se ha avanzado en eso en algunos lugares pero a la vista está que no suficientemente. Ese es el reto.
Más sobre pensiones aquí:
http://www.juantorreslopez.com/?s=Pensiones&submit=Buscar+en+la+web
viernes, 16 de febrero de 2018
_- ¿Realidad o ficción? La recuperación económica en manos de una minoría.
Viento Sur
Al iniciarse el cuarto trimestre del año 2011, un grupo de ciudadanos americanos, en principio muy pequeño, inició el movimiento Occupy Wall Street, que seguía las coordenadas de los movimientos de indignados que habían crecido como setas en muchas partes del mundo. Seguramente fue el intelectual anarquista David Graever, presente allí, el que puso en circulación el afortunado lema “¡Somos el 99%!, aludiendo al inmenso porcentaje de la población que se sentía explotado por el 1 % restante. Una diferencia muy significativa entre esos movimientos protagonizados fundamentalmente por jóvenes (aunque no sólo) y otros que surgieron en el pasado, de raíz obrerista, es que para establecer la comparación, los de ahora no sólo se fijan en las condiciones de vida de la parte baja y media dela población, sino también en la de las clases altas: en las del 1 %.
La gente que está en la cúspide de la escala social es tan inmensamente rica (lo que gana y lo que posee) que se ha convertido en los “nuevos invisibles” de la actual situación: no quieren aparecer en público ni hacer ostentación de su riqueza para no ser objeto de la indignación de la gente.
Cuanto menos se los vea o se hable de ellos, mejor. En ocasiones se analizan las distancias entre lo que se gana, pero no tanto entre lo que se posee. Sin embargo, tener patrimonio es imprescindible para la calidad de la vida y el bienestar, ya que se puede acudir a él en estados de necesidad o para acceder a nuevas rentas; el patrimonio es, además, hereditario y contribuye a perpetuar la desigualdad a través de generaciones.
En los países occidentales -en los que tuvieron más presencia los movimientos de los indignados- tan significativo era el análisis de las situaciones de pobreza absoluta y pobreza relativa, como de la desigualdad: lo que separa crecientemente a unos ciudadanos de otros.
El informe de Oxfam aporta datos muy significativos de esta distinta realidad social en un país como España:
• Mientras el 10 % más pobre ha visto disminuir un 17 % su participación en la renta nacional durante la década de la Gran Recesión (años 2007 a 2016), el 10 % más rico la ha visto incrementada en un 5 %. Y el 1 % de la cima, en un 9 %.
> • El 10 % más rico concentra más de la mitad de la riqueza total del país (un 53,8 %); más que el 90 % restante. El 1 % de ricos entre los ricos posee la cuarta parte de la riqueza, casi el mismo porcentaje que el 70 %.
• En el último año contabilizado, de 2016 a 2017, el 1 % más rico capturó el 40 % de toda la riqueza creada mientras el 50 % más pobre apenas consiguió repartirse un 7 % de ese crecimiento.
Durante los últimos años, la mayor parte de los informes que Oxfam ha presentado en el Foro de Davos han estado sumergidos en los efectos de la Gran Recesión y sus consecuencias sobre el empobrecimiento, la desigualdad, la precarización estructural, la reducción de la protección social y el aumento de la desconfianza ciudadana frente a las respuestas políticas tradicionales.
Desde hace ya casi cuatro años, España ha salido de la Gran Recesión y está experimentando porcentajes de crecimiento muy notables. Y sin embargo, una parte amplia de la población no lo nota: con el crecimiento económico no ha revertido la redistribución negativa de la renta, la riqueza, el poder económico y el poder político (gobernar para las élites). La recuperación está siendo tan asimétrica como la propia crisis económica, seguramente porque la gestión de la recuperación está siendo tan desequilibrada como lo fue la Gran Recesión.
Nuestro país se ha de enfrentar a datos como los siguientes:
• Más de 10 millones de ciudadanos (el 22,3 % de la población total) tienen rentas que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza. Entre ellos, casi el 29 % de los menores de 16 años.
• España es el tercer país más desigual de la Unión Europea, sólo por detrás de Rumanía y Bulgaria y empatado con Lituania. Es el país en el que más ha crecido la desigualdad durante la década perdida (2007-2016).
• En la recuperación (desde 2013 a 2016), 29 de cada 100 euros provenientes del crecimiento han ido a parar al 10 % de los ciudadanos con las rentas más altas. Sólo ocho de cada 100 euros han quedado en manos del 10 % más pobre. La recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los más ricos que a los más pobres.
• Desde el primer trimestre del año 2012 la productividad por hora trabajada ha crecido 10 veces más que el salario por hora trabajada. Las mejoras de la productividad se han destinado en buena medida a privilegiar el crecimiento de las rentas del capital, mientras que la masa salarial se ha estancado desde el año 2008.
• Casi el 14 % de la población ocupada son personas que a pesar de tener un empleo no logran salir de la pobreza. El 58 % de ellas son mujeres.
Esta es la cara oculta de la prosperidad; aquella que es difícil encontrar en los discursos del poder. Los silencios sociales son una de las trampas del sistema y por ello conviene descorrer sus cerrojos como hace una vez más el informe de Oxfam. La desigualdad de oportunidades se está convirtiendo en estructural no sólo en la crisis sino también en la recuperación, de tal manera que los beneficios del crecimiento van a parar a las manos de quienes ya viven holgadamente; éstos multiplican sus oportunidades de acceso a servicios, educación y formación, herramientas y canales de elusión fiscal y acumulación de los espacios económicos y políticos. El bienestar de los jóvenes depende cada vez más de la renta y la riqueza de sus antecesores que de sus propios esfuerzos, peligroso, dice la historia.
En la España de 2018 se cumple a rajatabla en trilema de Stiglitz:
1) los mercados no son eficientes (y el desiderátum de mercado ineficiente es el laboral);
2) la política, como es su función, no logra corregir los fallos de los mercados;
3) el sistema económico (la economía de mercado) y el sistema político (la democracia) están sometidos a la tensión extraordinaria de una desafección ciudadana creciente.
De esto es de lo que hay que hablar. Lo demás es añadido.
Índice del dossier:
1. Una recuperación desigual
La desigualdad, la trastienda de la recuperación económica
La pobreza es la otra cara de la riqueza
La desigualdad en la riqueza
Percepción de la desigualdad
2. Fragilidad salarial en la recuperación económica
Salarios menguantes en una economía en expansión
Las ganancias de productividad van a parar a manos de unos pocos
3. Desigualdad salarial
El abanico salarial que no se corrige trabajadores y trabajadoras vulnerables
Externalizando la desigualdad
4. Un sistema fiscal que no redistribuye
5. Conclusiones y recomendaciones
Leer el informe completo: https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/recuperacion-economica-una-minoria.pdf
Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article13429
jueves, 25 de enero de 2018
_- Informe OXFAM enero 2018. Premiar el trabajo, no la riqueza
_- OXFAM
Para poner fin a la crisis de desigualdad, debemos construir una economía para los trabajadores, no para los ricos y poderosos.
El año pasado se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuyas fortunas superan los mil millones de dólares, con un nuevo milmillonario cada dos días. En 12 meses, la riqueza de esta élite ha aumentado en 762 000 millones de dólares. Este incremento podría haber terminado con la pobreza extrema en el mundo hasta siete veces. El 82% de la riqueza generada durante el último año fue a parar a manos del 1% más rico, mientras que la riqueza del 50% más pobre no aumentó lo más mínimo.
La riqueza extrema de unos pocos se erige sobre el trabajo peligroso y mal remunerado de una mayoría. Mientras las mujeres ocupan mayoritariamente los empleos más precarios, prácticamente todos los súper ricos son varones. Los Gobiernos deben favorecer la creación de una sociedad más igualitaria a base de dar prioridad a los trabajadores y a los pequeños productores agrarios en vez de a los más ricos y poderosos.
Informe:
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-reward-work-not-wealth-220118-es.pdf
Resumen: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-reward-work-not-wealth-220118-summ-es.pdf
Metodología: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/tb-reward-work-not-wealth-methodology-note-220118-es_0.pdf
Fuente: https://www.oxfam.org/es/informes/premiar-el-trabajo-no-la-riqueza
Para poner fin a la crisis de desigualdad, debemos construir una economía para los trabajadores, no para los ricos y poderosos.
El año pasado se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuyas fortunas superan los mil millones de dólares, con un nuevo milmillonario cada dos días. En 12 meses, la riqueza de esta élite ha aumentado en 762 000 millones de dólares. Este incremento podría haber terminado con la pobreza extrema en el mundo hasta siete veces. El 82% de la riqueza generada durante el último año fue a parar a manos del 1% más rico, mientras que la riqueza del 50% más pobre no aumentó lo más mínimo.
La riqueza extrema de unos pocos se erige sobre el trabajo peligroso y mal remunerado de una mayoría. Mientras las mujeres ocupan mayoritariamente los empleos más precarios, prácticamente todos los súper ricos son varones. Los Gobiernos deben favorecer la creación de una sociedad más igualitaria a base de dar prioridad a los trabajadores y a los pequeños productores agrarios en vez de a los más ricos y poderosos.
Informe:
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-reward-work-not-wealth-220118-es.pdf
Resumen: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-reward-work-not-wealth-220118-summ-es.pdf
Metodología: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/tb-reward-work-not-wealth-methodology-note-220118-es_0.pdf
Fuente: https://www.oxfam.org/es/informes/premiar-el-trabajo-no-la-riqueza
lunes, 11 de diciembre de 2017
Bruselas sitúa a España a la cabeza de la desigualdad por renta en la UE. "Las persistencia de desigualdades de ingresos genera preocupación por la inclusión social y crecimiento sostenible", apunta un informe de la Comisión.
La economía española mejora. El desempleo y el riesgo de pobreza descienden. Sin embargo, la Comisión Europea suspende a España por su elevado grado de desigualdad. En su informe sobre empleo en la UE divulgado esta semana, Bruselas sitúa a España en la peor posición de este parámetro, en un grupo junto a Bulgaria, Grecia y Lituania. Mientras que en la Unión Europea el 20% que más gana consigue cinco veces más que el 20% que menos, en España esa proporción está ligeramente por encima de seis veces y media. Pese a la recuperación, el Ejecutivo comunitario llama la atención sobre el hecho de que en España no se hayan restablecido los niveles de igualdad por rentas anteriores a la crisis. Entre los aspectos positivos, destaca la sanidad.
Un tercio de países de la UE no ha recuperado aún los índices de igualdad previos a la crisis. Esta es una de las conclusiones que resalta el borrador del informe de la Comisión sobre empleo, elaborado con datos de 2016 y con 14 indicadores sociales. “Las recientes ganancias en empleo no han sido distribuidas de forma uniforme entre los distintos grupos de población [...]. La diferencia en las tasas de empleo de los más y los menos cualificados resulta elevada”, afirma. Y añade que “la persistencia de relativamente grandes desigualdades de ingresos —a menudo ligadas a la desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación, la formación, la protección social y los pobres resultados del mercado laboral— genera preocupación en términos de equidad, inclusión social y crecimiento sostenible”.
Entre esos países con un camino por recorrer para volver a la situación precrisis, se encuentra en un lugar destacado España. Su economía ha logrado recuperar este año las cotas de actividad previas a la Gran Recesión. Pero no para todos igual. La desigualdad es un problema. En su tabla de 14 indicadores sociales, la Comisión coloca a España en este apartado concreto en una “situación crítica”. ¿Qué significa esta calificación para Bruselas? “Una situación mucho peor que la media europea y deteriorándose o no mejorando lo suficientemente rápido”, dice el informe.
En cuanto al riesgo de pobreza, España ha mejorado la posición de los últimos años, aunque sigue “bajo vigilancia”. Y en la tasa de empleo se encuentra todavía “débil pero mejorando”. Aun así, el número personas que viven en hogares que apenas tienen trabajo permanece elevado: un 14,9%. Una década de crisis de caballo ha dejado unas heridas muy difíciles de sanar.
El Ejecutivo comunitario recrimina, además, al Gobierno español el escaso impacto de sus políticas sociales a la hora de reducir la pobreza. En España apenas se rebaja un 25% de la pobreza monetaria tras la actuación de las transferencias sociales, sin contar en ellas las pensiones. Este porcentaje se sitúa demasiado cerca de países como Bulgaria o Grecia. Y dista mucho del 50% o más que se corrige la pobreza tras las transferencias en los países nórdicos. En este capítulo también se pone a España “bajo vigilancia”. A este respecto, el documento señala, para el conjunto de países, soluciones como “mejorar el diseño de los impuestos, los sistemas de prestaciones e impulsar la igualdad de oportunidades en educación y formación”.
Otro problema social subrayado es la alta tasa de abandono escolar. Esta se cifra en el entorno del 19%, lejos del 10,7% de media de la UE. De ahí que en esta rúbrica España también figure en “situación crítica”. Relacionado con este fenómeno, la ratio de jóvenes que ni estudian ni trabajan se halla cerca del 15%, casi cuatro puntos por encima de la media.
Por el contrario, España aparece mejor en competencias digitales y en retribución por hora trabajada, donde se sitúa en el promedio. Y se coloca por encima en el cuidado de los niños menores de tres años y en la sanidad.
UN CHOQUE GENERACIONAL POR LAS PENSIONES
El informe de la Comisión Europea advierte de que en la UE el envejecimiento “añade presión a las generaciones más jóvenes para garantizar los ingresos de los sistemas de pensiones y asegurar su sostenibilidad”. Y lo hace sobre “aquellas generaciones que tienen más dificultades para acceder a empleos estables y de calidad”, destaca. El envejecimiento, continúa el documento, “hace que las vidas laborales sean más largas y ejerce presión sobre las pensiones en el futuro” por el mayor periodo cotizado.
Todo esto lleva a Bruselas a lanzar una advertencia sobre el riesgo que supone la situación para la confianza entre generaciones. Este es el pilar básico de los sistemas públicos de pensiones de reparto: los trabajadores de hoy pagan las prestaciones presentes con sus cotizaciones porque confían recibirlas en el futuro. “En los términos más amplios, esto pone en riesgo el contrato social entre generaciones, creando una potencial división generacional y cuestionando la justicia entre generaciones”, apunta el informe.
Para amortiguar ese peligro, receta la fórmula: “Aumentar las tasas de empleo y productividad”. Además, se recomienda la aplicación de fondos complementarios privados. El informe destaca que las mujeres sufren un problema mayor por los menores sueldos y la interrupción de su carrera laboral para cuidar a los hijos.
https://elpais.com/economia/2017/11/23/actualidad/1511465471_017133.html
lunes, 4 de diciembre de 2017
400 millonarios piden a Trump que no les recorte los impuestos. Los más ricos alertan en una carta al Congreso de que la rebaja fiscal solo favorecerá la desigualdad y aumentará la deuda.
El dinero, a veces, no lo es todo. El gran proyecto fiscal del presidente Donald Trump se ha topado con un inesperado adversario: 400 millonarios y multimillonarios han firmado una carta en la que piden al Congreso que no recorte sus impuestos. La misiva, suscrita por nombres como George Soros y Steven Rockefeller, considera que la rebaja de impuestos solo favorecerá la desigualdad y aumentará la deuda. "Creemos firmemente que la forma de crear más trabajos de calidad y fortalecer la economía no es mediante reducciones de impuestos para los que más tenemos, sino invirtiendo en el pueblo americano", afirma el escrito.
“Este recorte es absurdo. Según los republicanos no nos podemos permitir gastar más dinero público, pero sí reducir los impuestos a los más ricos. Esto no tiene sentido”, afirmó Bob Crandall, antiguo presidente de American Airlines y uno de los firmantes de la carta. Promovida por la organización Riqueza Responsable, próxima a los demócratas y a la que también pertenecen los fundadores de la marca de helados Ben and Jerry’s, la diseñadora Eileen Fischer y otros millonarios, la misiva entronca con la gran tradición de la filantropía estadounidense. "Somos ricos a los que nos preocupa profundamente nuestra nación y su gente, y escribimos con una sola petición: no nos corten los impuestos", arranca el escrito.
Ya con otros presidentes, potentados como Bill Gates y Warren Buffet, considerados los dos hombres más ricos del planeta, se declararon en favor de pagar más. "Mientras las clases medias y bajas combaten por nosotros en Afganistán, mientras los norteamericanos luchan por ganarse la vida, nosotros los megarricos, continuamos teniendo exenciones fiscales extraordinarias”, escribió Buffet a Barack Obama en 2011. En aquel momento, el principal accionista de Berkshire Hathaway tributaba el 17%, cuando sus trabajadores pagaban por encima del 33%.
Ahora la batalla se repite, pero con un golpe añadido a la credibilidad de Trump. A diferencia de otras épocas, la Casa Blanca ha declarado que su proyecto mantiene intacta la presión fiscal sobre los más ricos. Pero una lectura atenta de los documentos enviados al Senado y a la Cámara de Representantes muestra que las rebajas son múltiples. No sólo se reduce el tope fiscal del 39,6% al 38,5% para las parejas que ganen más de un millón de dólares al año, sino que la iniciativa remitida a la Cámara Baja elimina el impuesto de sucesiones, que ahora mismo pagan unas 5.000 familias al año y que se circunscribe a herencias por encima de los 5,49 millones de dólares.
“Quitar este impuesto acarrearía unas pérdidas de 269.000 millones en un decenio, más de lo que se gasta en conjunto en la Agencia del Medicamento, el Centro de Control de Enfermedades y la Agencia de Protección Ambiental”, indica la carta. "Ni es justo ni sabio proporcionar una rebaja fiscal a los ricos a expensas de las familias trabajadoras, especialmente si se financia desmantelando programas que permiten cubrir necesidades fundamentales como la salud y la alimentación", añade.
La Casa Blanca no ha respondido aún al obús. Pero a nadie se le escapa que el asunto es altamente inflamable. El recorte de impuestos es unas de las grandes bazas electorales de Trump. Un presidente multimillonario que ha hecho de su pretendida habilidad para gestionar la economía su seña de identidad. Él mismo ha presentado su propuesta como “el mayor recorte fiscal de la historia de Estados Unidos” y un revulsivo para las clases medias y trabajadores. Pero detrás de las grandes palabras, los grietas son evidentes.
Los cálculos más conservadores establecen que la rebaja impositiva incrementará la deuda pública en 1,5 billones de dólares en 10 años. Una subida difícil de asimilar para unas arcas que ya deben 20 billones y que en el próximo decenio aumentarán la carga en otros 10 billones.
La respuesta oficial a este desequilibrio es el optimismo reaganiano. Los republicanos, con Trump a la cabeza, sostienen que el recorte desencadenará una ola de inversiones de tal magnitud que detonará el crecimiento y permitirá rápidamente compensar la pérdida fiscal. “Nuestro plan está diseñado para favorecer la inversión”, ha resumido el consejero económico de la Casa Blanca, Gary Cohn.
Los demócratas desconfían de esta previsión. Y los millonarios firmantes de la carta también. Para ellos, las empresas ya han alcanzado beneficios récord y viven días de enorme bonanza. Más importante es, a su juicio, dirigir los fondos públicos a la educación, la sanidad y la investigación. Áreas en las que Trump ha sacado la guillotina. “Yo gano mucho dinero. Si mi ingreso crece, no pienso invertir más, simplemente ahorraré más”, ha sentenciado Crandall. Y no es el único.
https://elpais.com/internacional/2017/11/13/estados_unidos/1510592448_478602.html
“Este recorte es absurdo. Según los republicanos no nos podemos permitir gastar más dinero público, pero sí reducir los impuestos a los más ricos. Esto no tiene sentido”, afirmó Bob Crandall, antiguo presidente de American Airlines y uno de los firmantes de la carta. Promovida por la organización Riqueza Responsable, próxima a los demócratas y a la que también pertenecen los fundadores de la marca de helados Ben and Jerry’s, la diseñadora Eileen Fischer y otros millonarios, la misiva entronca con la gran tradición de la filantropía estadounidense. "Somos ricos a los que nos preocupa profundamente nuestra nación y su gente, y escribimos con una sola petición: no nos corten los impuestos", arranca el escrito.
Ya con otros presidentes, potentados como Bill Gates y Warren Buffet, considerados los dos hombres más ricos del planeta, se declararon en favor de pagar más. "Mientras las clases medias y bajas combaten por nosotros en Afganistán, mientras los norteamericanos luchan por ganarse la vida, nosotros los megarricos, continuamos teniendo exenciones fiscales extraordinarias”, escribió Buffet a Barack Obama en 2011. En aquel momento, el principal accionista de Berkshire Hathaway tributaba el 17%, cuando sus trabajadores pagaban por encima del 33%.
Ahora la batalla se repite, pero con un golpe añadido a la credibilidad de Trump. A diferencia de otras épocas, la Casa Blanca ha declarado que su proyecto mantiene intacta la presión fiscal sobre los más ricos. Pero una lectura atenta de los documentos enviados al Senado y a la Cámara de Representantes muestra que las rebajas son múltiples. No sólo se reduce el tope fiscal del 39,6% al 38,5% para las parejas que ganen más de un millón de dólares al año, sino que la iniciativa remitida a la Cámara Baja elimina el impuesto de sucesiones, que ahora mismo pagan unas 5.000 familias al año y que se circunscribe a herencias por encima de los 5,49 millones de dólares.
“Quitar este impuesto acarrearía unas pérdidas de 269.000 millones en un decenio, más de lo que se gasta en conjunto en la Agencia del Medicamento, el Centro de Control de Enfermedades y la Agencia de Protección Ambiental”, indica la carta. "Ni es justo ni sabio proporcionar una rebaja fiscal a los ricos a expensas de las familias trabajadoras, especialmente si se financia desmantelando programas que permiten cubrir necesidades fundamentales como la salud y la alimentación", añade.
La Casa Blanca no ha respondido aún al obús. Pero a nadie se le escapa que el asunto es altamente inflamable. El recorte de impuestos es unas de las grandes bazas electorales de Trump. Un presidente multimillonario que ha hecho de su pretendida habilidad para gestionar la economía su seña de identidad. Él mismo ha presentado su propuesta como “el mayor recorte fiscal de la historia de Estados Unidos” y un revulsivo para las clases medias y trabajadores. Pero detrás de las grandes palabras, los grietas son evidentes.
Los cálculos más conservadores establecen que la rebaja impositiva incrementará la deuda pública en 1,5 billones de dólares en 10 años. Una subida difícil de asimilar para unas arcas que ya deben 20 billones y que en el próximo decenio aumentarán la carga en otros 10 billones.
La respuesta oficial a este desequilibrio es el optimismo reaganiano. Los republicanos, con Trump a la cabeza, sostienen que el recorte desencadenará una ola de inversiones de tal magnitud que detonará el crecimiento y permitirá rápidamente compensar la pérdida fiscal. “Nuestro plan está diseñado para favorecer la inversión”, ha resumido el consejero económico de la Casa Blanca, Gary Cohn.
Los demócratas desconfían de esta previsión. Y los millonarios firmantes de la carta también. Para ellos, las empresas ya han alcanzado beneficios récord y viven días de enorme bonanza. Más importante es, a su juicio, dirigir los fondos públicos a la educación, la sanidad y la investigación. Áreas en las que Trump ha sacado la guillotina. “Yo gano mucho dinero. Si mi ingreso crece, no pienso invertir más, simplemente ahorraré más”, ha sentenciado Crandall. Y no es el único.
https://elpais.com/internacional/2017/11/13/estados_unidos/1510592448_478602.html
jueves, 30 de noviembre de 2017
Queremos pagar impuestos. Los paraísos fiscales permiten a empresas y grandes fortunas evadir tributos
400 millonarios americanos le han pedido a Trump que no les baje los impuestos.
Argumentan, con razón, que eso provocará un aumento de la desigualdad.
No solo fascina saber que haya millonarios tan responsables sino que, además, provengan del país que situó la negativa a pagar impuestos en el origen de una revolución democrática admirada por el mundo entero.
El principio “no taxation without representation” estableció que no se puede imponer a los ciudadanos el pago de impuestos en cuya aprobación no han participado en asambleas democráticamente elegidas. Y como los colonos americanos no enviaban representantes al parlamento británico donde se aprobaban los tributos que luego tenían que pagar, éstos concluían, con razón, que no debían pagarlos.
El vínculo entre representación e impuestos, presente ya cien años antes en la revolución inglesa, se retrotrae al medioevo (como ha reconocido la Unesco al declarar la Carta Magna leonesa de 1188 como cuna del parlamentarismo). Y sin embargo, hoy está en entredicho. Las democracias atraviesan una crisis de representación muy compleja y que tiene muchos elementos, pero uno de ellos es, sin duda, la erosión de la capacidad de recaudación.
El problema ahora no es que los ciudadanos no elijan a los representantes que fijan sus impuestos, sino que estos representantes cada vez son menos capaces de recaudar los impuestos que se necesitan para llevar a cabo las costosas políticas que son necesarias para combatir la desigualdad y la desafección política.
El trabajo asalariado escasea y las rentas del trabajo están estancadas o en caída. Los Estados compiten entre sí para ofrecer bajos impuestos a los inversores. Los paraísos fiscales permiten a empresas y grandes fortunas evadir tributos. Y las nuevas empresas tecnológicas (Google, Apple, Facebook o Amazon) apenas pagan impuestos. Thatcher y Reagan declararon la guerra al Estado, es decir, a los impuestos. Y van ganando. Los representantes no nos representan, entre otras cosas, porque pueden hacer muy poco con nuestro voto. Así que la vieja afirmación se ha dado la vuelta: sin impuestos no puede haber representación. Por eso algunos quieren pagar. Quien paga exige.@jitorreblanca
https://elpais.com/elpais/2017/11/15/opinion/1510758355_636654.html
Argumentan, con razón, que eso provocará un aumento de la desigualdad.
No solo fascina saber que haya millonarios tan responsables sino que, además, provengan del país que situó la negativa a pagar impuestos en el origen de una revolución democrática admirada por el mundo entero.
El principio “no taxation without representation” estableció que no se puede imponer a los ciudadanos el pago de impuestos en cuya aprobación no han participado en asambleas democráticamente elegidas. Y como los colonos americanos no enviaban representantes al parlamento británico donde se aprobaban los tributos que luego tenían que pagar, éstos concluían, con razón, que no debían pagarlos.
El vínculo entre representación e impuestos, presente ya cien años antes en la revolución inglesa, se retrotrae al medioevo (como ha reconocido la Unesco al declarar la Carta Magna leonesa de 1188 como cuna del parlamentarismo). Y sin embargo, hoy está en entredicho. Las democracias atraviesan una crisis de representación muy compleja y que tiene muchos elementos, pero uno de ellos es, sin duda, la erosión de la capacidad de recaudación.
El problema ahora no es que los ciudadanos no elijan a los representantes que fijan sus impuestos, sino que estos representantes cada vez son menos capaces de recaudar los impuestos que se necesitan para llevar a cabo las costosas políticas que son necesarias para combatir la desigualdad y la desafección política.
El trabajo asalariado escasea y las rentas del trabajo están estancadas o en caída. Los Estados compiten entre sí para ofrecer bajos impuestos a los inversores. Los paraísos fiscales permiten a empresas y grandes fortunas evadir tributos. Y las nuevas empresas tecnológicas (Google, Apple, Facebook o Amazon) apenas pagan impuestos. Thatcher y Reagan declararon la guerra al Estado, es decir, a los impuestos. Y van ganando. Los representantes no nos representan, entre otras cosas, porque pueden hacer muy poco con nuestro voto. Así que la vieja afirmación se ha dado la vuelta: sin impuestos no puede haber representación. Por eso algunos quieren pagar. Quien paga exige.@jitorreblanca
https://elpais.com/elpais/2017/11/15/opinion/1510758355_636654.html
miércoles, 18 de octubre de 2017
17 de octubre Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Hablemos de la pobreza en el aula y pensemos cómo erradicarla.
El diario de la educación
La pobreza no tiene soluciones fáciles, hay que entender los diferentes elementos que tienen que ver. En todas partes tenemos que hablarlo, también en la escuela, en casa, en los medios de comunicación...
La Organización de las Naciones Unidas dedica el 17 de octubre a la erradicación de la pobreza. ¿Qué es la pobreza? Existen diferentes definiciones, pero hay que pensar en la pobreza como las condiciones vitales de privación que sufren muchas personas en el mundo fruto de su escasez de recursos económicos o de la falta de capacidades para vivir con la dignidad que se considera necesaria.
Este 2017 hace 30 años que el sacerdote francés Joseph Wresinski (1917-1988) hizo un llamamiento para luchar contra la pobreza y cinco años después la ONU declaró este día como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Wresinski quiso atraer la atención hacia la exclusión que sufren las personas en situación de pobreza extrema en nuestras sociedades e impulsó el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo (1957). Wresinski definía la pobreza desde la escucha de lo que le explicaban las personas que la padecían:
“Los más pobres nos lo dicen a menudo: no es sólo tener hambre o no saber leer, ni siquiera el no tener trabajo, que es la peor desgracia que le puede ocurrir al hombre; lo más terrible de todo es saber que uno no cuenta para nada, hasta el punto de que se ignora incluso nuestro sufrimiento. Lo peor es el desprecio de nuestros conciudadanos. Porque es ese desprecio el que nos deja al margen de todo derecho, lo que hace que la gente nos rechace, lo que nos impide ser reconocidos como dignos y capaces de responsabilidades. La mayor desgracia de la extrema pobreza es la de ser una especie de muertos vivientes durante toda nuestra existencia”
A veces pensamos que son pocas las personas que sufren pobreza, suele ser una realidad oculta. Pensamos en muchas ocasiones que la pobreza es propia de países lejanos. En el mundo hay millones de personas viviendo en situaciones de pobreza. Pero la pobreza también afecta a mucha gente en nuestra sociedad, está en nuestras aulas porque la sufren las familias, pero quizás no la tratamos en los espacios formativos. Quizás si atendemos a la pobreza cercana también nos empezará a preocupar más la lejana.
En España se crea riqueza, una clara evidencia es que aumenta la renta media (10.708 euros por persona en 2016; un 3 % más que en 2014), pero también es cierto que crece y se cronifica la pobreza. La pobreza se consolida. La población que vive en riesgo de pobreza después de transferencias sociales, después de haber recibido políticas públicas para evitarla, representa un 22, 3% de nuestra sociedad. La pobreza afecta a la infancia más que a otros colectivos. En España un 28,9 % de los menores de 16 años se encuentran en situación de pobreza, un porcentaje por encima del nivel de pobreza de la sociedad. Los datos aquí presentados proceden del Instituto Nacional de Estadística.
La pobreza que viven las personas tiene efectos directos sobre sus vidas.
1. Las personas que sufren la pobreza suelen vivir menos años y en peores condiciones,
2. Sufren más enfermedades,
3. Deben hacer más estancias hospitalarias,
4. Deben tomar más medicamentos…
En la escuela también se notan de diferente manera los efectos de la pobreza.
1. Los chicos y las chicas que sufren la pobreza tienen más dificultades educativas, van menos a la universidad…
2. Esto después tendrá efectos que podemos identificar, por ejemplo, en sus trayectorias laborales: tienen trabajos peor pagados y con peores condiciones laborales…
3. En el mercado laboral podemos encontrar una precarización de las condiciones de trabajo.
4. En España el 26,8 % de las personas contratadas tiene contratos temporales y esta modalidad afecta sobre todo a la juventud. La tasa crece hasta el 68 % en la franja de 16 a 24 años.
5. Es decir, lo tienen muy difícil para salir de la pobreza. Es especialmente difícil en esta época cuando tener trabajo no significa no sufrir pobreza.
6. Podemos ver cómo ha aumentado el porcentaje de personas que trabajan e incluso así continúan en riesgo de pobreza.
7. La tasa de pobreza entre las personas ocupadas ha pasado del 11,7 % en 2008 al 14,1 % en 2016.
La ONU hoy considera que la pobreza es un problema de derechos humanos urgente y la entiende como causa y consecuencia de vulneraciones de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Afirma que reducir la pobreza y erradicarla es una obligación de toda sociedad.
Wresinski el 17 de octubre de 1987 ya dijo: “Allí donde hay personas condenadas a vivir en la miseria, los derechos humanos son violados. Unirse para hacerlos respetar es un deber sagrado”.
¿Cómo contribuir desde las aulas? Cada edad tiene unas características y son varias las maneras de hacer frente a la pobreza. Quizás una manera de empezar siempre es hablando de la complejidad de la pobreza y su erradicación, no hay respuestas sencillas. Un cuento quizás nos puede ayudar.
Antonio Gramsci (1891-1937), desde una prisión del Gobierno fascista de Benito Mussolini, donde pasó una parte demasiado larga de su vida por sus ideas de libertad e igualdad, escribió una carta a su esposa Giulia para pedirle que contara un cuento a sus hijos. Era un cuento tradicional de su región que él conocía. Ahora lo ha recuperado la editorial Milrazones en El ratón y la montaña a partir de la carta de Gramsci e ilustraciones de Laia Domènech.
La historia nos habla de un ratón que se había bebido la leche que estaba preparada para que el niño pudiera tomar el desayuno. Al despertar el niño llora al no tener la leche y su madre también. No hay más leche. El ratón desesperado se da cabezazos contra la pared. Pero ve que eso no le sirve de nada y decide ir a buscar leche a la cabra. Pero la cabra necesita hierba y el campo agua para poder hacer los pastos… El ratón llega a entender las diferentes actuaciones que tiene que hacer para poder conseguir la leche.
Los problemas que tenemos pueden no tener soluciones sencillas, posiblemente tendremos que actuar en diferentes ámbitos. Y el ratón preparará un plan que desarrollar en los siguientes años para resolver los diferentes problemas de su sociedad. La pobreza no tiene soluciones fáciles, hay que entender los diferentes elementos que tienen que ver, lo que la origina, y pensar de qué maneras se puede remediar y erradicarla.
En todas partes tenemos que hablarlo, también en la escuela, en casa, en los medios de comunicación… Conviene no dejar de pensar cómo podemos hacerlo. La pobreza genera un dolor innecesario en una sociedad que dispone de recursos suficientes para que nadie tenga que sufrirla.
Fuente:
http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/10/17/hablemos-de-la-pobreza-en-el-aula-y-pensemos-como-erradicarla/
viernes, 15 de septiembre de 2017
Cuando crece la desigualdad. La participación del factor trabajo disminuye en la renta nacional desde hace tres décadas. Se asocia a un deterioro de los indicadores de igualdad y de distribución de la renta y viene explicado por el progreso tecnológico y la globalización.
La literatura económica se ocupa del análisis de la distribución de la renta desde, al menos, tres ópticas diferentes: la personal, la espacial y la factorial. Atendiendo a la dimensión personal, se puede estudiar cómo evoluciona la renta de hogares e individuos en función del nivel de formación, la edad, el sexo y la relación con la actividad (ocupados, parados, inactivos), entre otros aspectos económica y sociológicamente relevantes. En España, la encuesta de condiciones de vida (ECV-INE) proporciona información útil en este sentido, no sólo caracterizando los flujos de rentas que atienden a estos aspectos sino también estimando indicadores como el riesgo de pobreza y la carencia material.
Desde un punto de vista espacial, se analiza la distribución de la renta entre países o regiones, o entre categorías geográficas fundamentales como, por ejemplo, las zonas urbanas frente al medio rural. La orografía, la climatología, la facilidad de acceso a recursos naturales o la proximidad a rutas de comercio marítimo son, junto a aspectos históricos e institucionales, factores que explican no sólo por qué unas economías son más prósperas que otras sino cómo se distribuyen los flujos de renta en un mundo globalizado.
Finalmente, la dimensión factorial reviste singular importancia porque atañe a la distribución primaria de la renta entre los factores productivos, capital y trabajo. Permite analizar cómo el sistema productivo distribuye el valor añadido, previamente a la intervención de las Administraciones públicas que, en una amplia casuística de políticas fiscales, distorsiona las decisiones de los distintos agentes económicos con una finalidad a la vez regulatoria y redistributiva. En tanto que distribución primaria de la renta, la distribución factorial está ligada directamente al conflicto entre eficiencia y equidad, cuestión fundamental en la historia del pensamiento económico desde Smith en el siglo XVIII a Piketty en el siglo XXI, pasando por Ricardo, Veblen, Marx, Schumpeter y Keynes, entre otros muchos autores.
La disminución de la participación del factor trabajo en la renta nacional es un fenómeno que se viene observando en las economías desarrolladas desde hace tres décadas. Está asociado a un deterioro de los indicadores de igualdad, de distribución de la renta, y viene explicado, fundamentalmente, por el progreso tecnológico y la globalización. Si la remuneración del trabajo crece sistemáticamente menos que la productividad, la remuneración del capital incrementa su participación en la renta nacional. Puesto que el capital tiende a concentrarse en hogares con un mayor nivel de renta, la menor participación de los salarios en la renta nacional aumenta la desigualdad.
La remuneración de los asalariados ha disminuido su peso en los diez últimos años
La evolución de la economía española los últimos años se ha caracterizado por un incremento de la productividad por hora trabajada (derivado del ajuste de plantillas durante la fase más aguda de la crisis) y por una notable devaluación competitiva operada a través de la moderación salarial. La reducción de la masa salarial ha supuesto una reducción de la participación del factor trabajo en las empresas no financieras. En efecto, la distribución primaria de la renta aporta conclusiones relevantes: aproximadamente el 80% del incremento experimentado por el PIB de la economía española entre el primer trimestre de 2007 y el primero de 2017 ha remunerado el capital, frente al 20% al factor trabajo. Como resultado, el peso de los salarios en el conjunto de la economía ha disminuido aproximadamente un punto porcentual de PIB en los últimos diez años. Si nos circunscribimos al perímetro de las sociedades no financieras, como preconiza la literatura, la remuneración de los asalariados ha disminuido su peso en 6,9 puntos sobre el VAB empresarial en los diez últimos años. Este cambio sustancial en la distribución primaria de la renta ha facilitado el desapalancamiento empresarial, saneando parte del tejido productivo de la economía española, y ha proporcionado ganancias de competitividad que tienen su reflejo en la intensa corrección del desequilibrio en la balanza por cuenta corriente. No obstante, también está en el origen de un sustantivo deterioro de la distribución personal de la renta y en el retroceso en la convergencia real, en renta por habitante, con las economías más avanzadas de Europa.
Según la última encuesta de condiciones de vida (ECV-INE), el índice Gini para España ha pasado de 32,9 en 2008 a 34,5 en 2015 (a mayor valor, peor distribución de la renta). A pesar de que la crisis ha provocado un incremento en la desigualdad en otros países de nuestro entorno, España sigue figurando entre las economías europeas con mayor concentración de rentas, sólo superada por algunos países de la Europa del Este.
España sigue figurando entre las economías europeas con mayor concentración de rentas
La misma encuesta estima que la tasa de riesgo de pobreza, que no mide la pobreza en términos absolutos sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación con el conjunto de la población, ha pasado del 19,8% en 2008 al 22,3% en 2015. Por categoría de edad, el incremento de la desigualdad afecta de manera especialmente relevante a la población comprendida entre 16 y 29 años, cuyo riesgo de pobreza ha pasado del 18,3% en 2008 al 29,6% en 2015. Asimismo, la relación entre la renta disponible del 20% de la población con ingresos más elevados y la del 20% con ingresos más bajos ha pasado de una proporción de 5,9 en 2008 a 6,6 en 2015, poniendo de manifiesto el incremento de la concentración de rentas desde el inicio de la crisis.
Ese deterioro en los hogares de menor renta ha coexistido con un proceso de desendeudamiento que no será más costoso cuando el BCE inicie la retirada de sus estímulos excepcionales. No ha de extrañar, por tanto, la menor aportación del consumo de los hogares a la demanda agregada, unos 30.000 millones de euros por debajo del nivel observado a mediados de 2008, cuando la economía española alcanzó el PIB que ahora recupera. Conviene señalar a este respecto que, siendo la remuneración de asalariados la primera fuente de ingresos de los hogares (75% de la renta bruta disponible), el número de empleos equivalentes a tiempo completo en el primer trimestre de este año es 2,1 millones inferior al de entonces. El resto de partidas de la demanda interna, fundamentalmente la inversión en equipo y el gasto en consumo final de las Administraciones, vienen a representar casi diez años después aproximadamente la misma proporción que a mediados de 2008.
Conclusiones como las anteriores renuevan la vigencia de la tensión tradicional entre eficiencia y distribución, y con ella la necesidad de adopción de medidas de política económica e incentivos adecuados que permitan revertir una dinámica que se aleja del óptimo económico, pero también social y político.
https://elpais.com/elpais/2017/07/26/opinion/1501065051_471976.html
Desde un punto de vista espacial, se analiza la distribución de la renta entre países o regiones, o entre categorías geográficas fundamentales como, por ejemplo, las zonas urbanas frente al medio rural. La orografía, la climatología, la facilidad de acceso a recursos naturales o la proximidad a rutas de comercio marítimo son, junto a aspectos históricos e institucionales, factores que explican no sólo por qué unas economías son más prósperas que otras sino cómo se distribuyen los flujos de renta en un mundo globalizado.
Finalmente, la dimensión factorial reviste singular importancia porque atañe a la distribución primaria de la renta entre los factores productivos, capital y trabajo. Permite analizar cómo el sistema productivo distribuye el valor añadido, previamente a la intervención de las Administraciones públicas que, en una amplia casuística de políticas fiscales, distorsiona las decisiones de los distintos agentes económicos con una finalidad a la vez regulatoria y redistributiva. En tanto que distribución primaria de la renta, la distribución factorial está ligada directamente al conflicto entre eficiencia y equidad, cuestión fundamental en la historia del pensamiento económico desde Smith en el siglo XVIII a Piketty en el siglo XXI, pasando por Ricardo, Veblen, Marx, Schumpeter y Keynes, entre otros muchos autores.
La disminución de la participación del factor trabajo en la renta nacional es un fenómeno que se viene observando en las economías desarrolladas desde hace tres décadas. Está asociado a un deterioro de los indicadores de igualdad, de distribución de la renta, y viene explicado, fundamentalmente, por el progreso tecnológico y la globalización. Si la remuneración del trabajo crece sistemáticamente menos que la productividad, la remuneración del capital incrementa su participación en la renta nacional. Puesto que el capital tiende a concentrarse en hogares con un mayor nivel de renta, la menor participación de los salarios en la renta nacional aumenta la desigualdad.
La remuneración de los asalariados ha disminuido su peso en los diez últimos años
La evolución de la economía española los últimos años se ha caracterizado por un incremento de la productividad por hora trabajada (derivado del ajuste de plantillas durante la fase más aguda de la crisis) y por una notable devaluación competitiva operada a través de la moderación salarial. La reducción de la masa salarial ha supuesto una reducción de la participación del factor trabajo en las empresas no financieras. En efecto, la distribución primaria de la renta aporta conclusiones relevantes: aproximadamente el 80% del incremento experimentado por el PIB de la economía española entre el primer trimestre de 2007 y el primero de 2017 ha remunerado el capital, frente al 20% al factor trabajo. Como resultado, el peso de los salarios en el conjunto de la economía ha disminuido aproximadamente un punto porcentual de PIB en los últimos diez años. Si nos circunscribimos al perímetro de las sociedades no financieras, como preconiza la literatura, la remuneración de los asalariados ha disminuido su peso en 6,9 puntos sobre el VAB empresarial en los diez últimos años. Este cambio sustancial en la distribución primaria de la renta ha facilitado el desapalancamiento empresarial, saneando parte del tejido productivo de la economía española, y ha proporcionado ganancias de competitividad que tienen su reflejo en la intensa corrección del desequilibrio en la balanza por cuenta corriente. No obstante, también está en el origen de un sustantivo deterioro de la distribución personal de la renta y en el retroceso en la convergencia real, en renta por habitante, con las economías más avanzadas de Europa.
Según la última encuesta de condiciones de vida (ECV-INE), el índice Gini para España ha pasado de 32,9 en 2008 a 34,5 en 2015 (a mayor valor, peor distribución de la renta). A pesar de que la crisis ha provocado un incremento en la desigualdad en otros países de nuestro entorno, España sigue figurando entre las economías europeas con mayor concentración de rentas, sólo superada por algunos países de la Europa del Este.
España sigue figurando entre las economías europeas con mayor concentración de rentas
La misma encuesta estima que la tasa de riesgo de pobreza, que no mide la pobreza en términos absolutos sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación con el conjunto de la población, ha pasado del 19,8% en 2008 al 22,3% en 2015. Por categoría de edad, el incremento de la desigualdad afecta de manera especialmente relevante a la población comprendida entre 16 y 29 años, cuyo riesgo de pobreza ha pasado del 18,3% en 2008 al 29,6% en 2015. Asimismo, la relación entre la renta disponible del 20% de la población con ingresos más elevados y la del 20% con ingresos más bajos ha pasado de una proporción de 5,9 en 2008 a 6,6 en 2015, poniendo de manifiesto el incremento de la concentración de rentas desde el inicio de la crisis.
Ese deterioro en los hogares de menor renta ha coexistido con un proceso de desendeudamiento que no será más costoso cuando el BCE inicie la retirada de sus estímulos excepcionales. No ha de extrañar, por tanto, la menor aportación del consumo de los hogares a la demanda agregada, unos 30.000 millones de euros por debajo del nivel observado a mediados de 2008, cuando la economía española alcanzó el PIB que ahora recupera. Conviene señalar a este respecto que, siendo la remuneración de asalariados la primera fuente de ingresos de los hogares (75% de la renta bruta disponible), el número de empleos equivalentes a tiempo completo en el primer trimestre de este año es 2,1 millones inferior al de entonces. El resto de partidas de la demanda interna, fundamentalmente la inversión en equipo y el gasto en consumo final de las Administraciones, vienen a representar casi diez años después aproximadamente la misma proporción que a mediados de 2008.
Conclusiones como las anteriores renuevan la vigencia de la tensión tradicional entre eficiencia y distribución, y con ella la necesidad de adopción de medidas de política económica e incentivos adecuados que permitan revertir una dinámica que se aleja del óptimo económico, pero también social y político.
https://elpais.com/elpais/2017/07/26/opinion/1501065051_471976.html
martes, 8 de agosto de 2017
_- La escritora Siri Hustvedt recopila sus ensayos sobre feminismo, arte y ciencia en 'La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres'
_- Hace un tiempo que los neurocientíficos buscan las causas genéticas y bioquímicas del suicidio. ¿Es un avance o un retroceso? La escritora Siri Hustvedt tampoco lo tiene claro. Para dar una conferencia sobre el tema invirtió año y medio “y me leí absolutamente todo sobre el tema”, dice estirando sus brazos tan enjutos como el cuerpo y los ojos cerrados. Y es verdad: sólo hace falta contemplar el resultado en el libro La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres (Seix Barral; Edicions 62, en catalán), compilación de sus ensayos y charlas sobre el triángulo temático feminismo, arte y ciencia. Son más de 400 páginas donde caben desde las diferencias artísticas sobre sexo entre Mapplethorpe y Almodóvar a Kierkegaard y las verdades de la ficción, pasando por la representación de la mujer en De Kooning, Beckmann o Picasso, este último entre Enrique VIII y Jack el Destripador en su plasmación de las féminas.
“Es curioso que se busquen las raíces genéticas sobre un hecho del que se sabe que al final elige el ser humano, se olvidan la epistemología… Es como cuando en el XIX medían los cerebros para explicarse las diferencias raciales o sexuales; lo que te lleva a ser como eres es una combinación de la carga genética y la historia personal y la de la humanidad”, resume Hustvedt (Minnesota, 1955).
Entre las proteicas lecturas del libro, la esposa del escritor Paul Auster (etiqueta no muy de su agrado) intenta ser puente entre los que creen indiscriminadamente en la tecnología y los que están encerrados con el arte. “En los estudios de neurociencia afloran presupuestos filosóficos aún no cerrados, se hace la pregunta 357 cuando las 356 anteriores no se han resuelto, todos se suben a una escalera que tiembla”, dice. Por eso, defiende, la Inteligencia Artificial está en punto muerto: “Se toma la mente sólo como un ordenador y el problema de cuerpo y mente nos remite a Pitágoras y a Platón”.
Pertrechada de nombres y puntos de vista, Hustvedt encarna lo que defiende: “La única diferencia entre una intelectual mujer y un intelectual hombre es que aquella ha de estar preparada para ser atacada y castigada; lo que en el hombre es sensibilidad y brillantez, en la mujer es emotividad y pretenciosidad”, ilustra. “La clave está en alejarse y examinar los prejuicios que todos tenemos”.
Con esa voluntad aséptica llega a la conclusión, en el ámbito de la construcción del conocimiento, de que existe una especie de plaga en el mundo intelectual: “Es el consenso cultural, que en lo literario se traduce en ese dominio de la novela realista con familias disfuncionales y un uso gramatical y de léxico no demasiado alejado del periodismo… La literatura y el arte siempre han sido resultado de la necesidad de confirmar la visión del mundo de uno; lo que ha ocurrido es que la explosión tecnológica ha generado una masa de información brutal que, irónicamente, ha consolidado una extraña mediocridad e uniformidad”. Y en esa línea, el thriller y el best-seller fagocitan la alta literatura: ya nadie, dice, puede apreciar el suspense en Henry James. Hustvedt tiene explicación científico-artística, claro: “El ser humano integra códigos y convenciones y con la lectura generamos nuestra capacidad de entender y para eso se necesita tiempo y llevamos ya bastante con un determinado marco conceptual literario que al final no nos va a dejar comprender otros modelos; la literatura de best-seller está asfixiando otras formas de explicar, narrar el mundo”.
Iconoclasta, la autora de Todo lo que amé esquiva alguna respuesta del feminismo, como la petición de cuotas o ciertos estudios culturales. “Me interesa menos buscar paridades en empresas que las razones subyacentes en la discriminación”. Y lo ejemplifica con lo que ha bautizado como “la negación del origen”: “En toda la filosofía y el arte occidental está la muerte, pero se suprime el nacimiento, aquello que distingue al hombre de la mujer; ¿por qué?: es el miedo humano a la dependencia del nacido y eso lleva a suprimirlo… Pero eso tiene ramificaciones políticas: el hombre autónomo, racional, soltero, self-made man, que no nace, que no depende de nadie… Eso es una fantasía total, pero eso es Donald Trump”.
En 2008, Auster aseguró a este diario que EEUU vivía una guerra civil de las ideas; ¿acertó? “Paul suele expresarse con hipérboles, pero tenía razón: hay una guerra de ideas en EEUU con dos grandes principios disparados por Trump: el racismo y la misoginia; tiene una explicación demográfica: los blancos han perdido su estatus por ser blancos, y esa vergüenza, humillación y miedo por perder su hegemonía, azuzado por la brecha entre el mundo rural y el urbano, les ha llevado a votar a un Trump cuyos comentarios sobre las mujeres, en vez de desacreditarlo, le ayudaron; pero eso es el mismo discurso del populismo de derechas que ahora se ve en Europa y es lo que hay tras el Brexit”.
Hustvedt lo tiene claro:
“Hillary Clinton no habría podido ganar nunca, izquierda y derecha tuvieron un trato mezquino con ella, acusándola de demasiado fría, cerebral, intelectual; pagó la misoginia del país de los cowboys y las pistolas”
https://elpais.com/ccaa/2017/04/21/catalunya/1492809468_347071.html
“Es curioso que se busquen las raíces genéticas sobre un hecho del que se sabe que al final elige el ser humano, se olvidan la epistemología… Es como cuando en el XIX medían los cerebros para explicarse las diferencias raciales o sexuales; lo que te lleva a ser como eres es una combinación de la carga genética y la historia personal y la de la humanidad”, resume Hustvedt (Minnesota, 1955).
Entre las proteicas lecturas del libro, la esposa del escritor Paul Auster (etiqueta no muy de su agrado) intenta ser puente entre los que creen indiscriminadamente en la tecnología y los que están encerrados con el arte. “En los estudios de neurociencia afloran presupuestos filosóficos aún no cerrados, se hace la pregunta 357 cuando las 356 anteriores no se han resuelto, todos se suben a una escalera que tiembla”, dice. Por eso, defiende, la Inteligencia Artificial está en punto muerto: “Se toma la mente sólo como un ordenador y el problema de cuerpo y mente nos remite a Pitágoras y a Platón”.
Pertrechada de nombres y puntos de vista, Hustvedt encarna lo que defiende: “La única diferencia entre una intelectual mujer y un intelectual hombre es que aquella ha de estar preparada para ser atacada y castigada; lo que en el hombre es sensibilidad y brillantez, en la mujer es emotividad y pretenciosidad”, ilustra. “La clave está en alejarse y examinar los prejuicios que todos tenemos”.
Con esa voluntad aséptica llega a la conclusión, en el ámbito de la construcción del conocimiento, de que existe una especie de plaga en el mundo intelectual: “Es el consenso cultural, que en lo literario se traduce en ese dominio de la novela realista con familias disfuncionales y un uso gramatical y de léxico no demasiado alejado del periodismo… La literatura y el arte siempre han sido resultado de la necesidad de confirmar la visión del mundo de uno; lo que ha ocurrido es que la explosión tecnológica ha generado una masa de información brutal que, irónicamente, ha consolidado una extraña mediocridad e uniformidad”. Y en esa línea, el thriller y el best-seller fagocitan la alta literatura: ya nadie, dice, puede apreciar el suspense en Henry James. Hustvedt tiene explicación científico-artística, claro: “El ser humano integra códigos y convenciones y con la lectura generamos nuestra capacidad de entender y para eso se necesita tiempo y llevamos ya bastante con un determinado marco conceptual literario que al final no nos va a dejar comprender otros modelos; la literatura de best-seller está asfixiando otras formas de explicar, narrar el mundo”.
Iconoclasta, la autora de Todo lo que amé esquiva alguna respuesta del feminismo, como la petición de cuotas o ciertos estudios culturales. “Me interesa menos buscar paridades en empresas que las razones subyacentes en la discriminación”. Y lo ejemplifica con lo que ha bautizado como “la negación del origen”: “En toda la filosofía y el arte occidental está la muerte, pero se suprime el nacimiento, aquello que distingue al hombre de la mujer; ¿por qué?: es el miedo humano a la dependencia del nacido y eso lleva a suprimirlo… Pero eso tiene ramificaciones políticas: el hombre autónomo, racional, soltero, self-made man, que no nace, que no depende de nadie… Eso es una fantasía total, pero eso es Donald Trump”.
En 2008, Auster aseguró a este diario que EEUU vivía una guerra civil de las ideas; ¿acertó? “Paul suele expresarse con hipérboles, pero tenía razón: hay una guerra de ideas en EEUU con dos grandes principios disparados por Trump: el racismo y la misoginia; tiene una explicación demográfica: los blancos han perdido su estatus por ser blancos, y esa vergüenza, humillación y miedo por perder su hegemonía, azuzado por la brecha entre el mundo rural y el urbano, les ha llevado a votar a un Trump cuyos comentarios sobre las mujeres, en vez de desacreditarlo, le ayudaron; pero eso es el mismo discurso del populismo de derechas que ahora se ve en Europa y es lo que hay tras el Brexit”.
Hustvedt lo tiene claro:
“Hillary Clinton no habría podido ganar nunca, izquierda y derecha tuvieron un trato mezquino con ella, acusándola de demasiado fría, cerebral, intelectual; pagó la misoginia del país de los cowboys y las pistolas”
https://elpais.com/ccaa/2017/04/21/catalunya/1492809468_347071.html
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
