La esclavitud moderna, también en España

El informe nos pone un cero en las actuaciones relativas a las cadenas de suministro que rodean estos crímenes, algo que es muy importante para combatir la esclavitud

"Las penas son de nosotros, las ganancias son ajenas"

Corea del Norte tiene el mayor problema de esclavitud moderna del mundo EFE

El pasado mes de julio se presentó un informe sobre la esclavitud en nuestro planeta que pasó prácticamente desapercibido en los medios de comunicación españoles. Lo ha realizado la Fundación Free Walk en colaboración con la Organización Internacional de Trabajo y, a pesar de las limitaciones de cálculo que el propio informe analiza, está considerado como la aproximación más certera a este crimen. Un crimen que muchos creerían extinguido y del que apenas se habla pero que se comete día a día casi a nuestro lado.

El informe lleva por título The 2018 Global Slavery Index (puede leerse completo aquí ) y en él se define la esclavitud moderna como un concepto amplio que incluye las situaciones en las que una persona, mediante amenazas, violencia, coacción, abuso de poder o engaño, le quita a otra su libertad para controlar su cuerpo, para elegir o rechazar un determinado empleo o para dejar de trabajar. Todo lo cual puede manifiestarse bajo formas diferentes: explotación sexual, trabajos forzados, tráfico laboral de adultos y de niños y niñas, niños soldados, matrimonios infantiles y de adultos obligados, esclavitud por deudas o la llamada esclavitud por descendencia, cuando una persona está condenada a permanecer en una de estas situaciones porque sus ancestros lo estuvieron.

El informe calcula que en todo el planeta hay 40,3 millones de personas en estas situaciones, de las cuales el 71% del total son mujeres y niñas, 10 millones son niños y niñas, 24,9 millones empleadas en trabajos forzados, 15,4 millones son esposas forzadas, y 4,8 millones son personas explotadas sexualmente.

No obstante, el informe advierte de que esas cifras están subestimadas con toda probabilidad porque es prácticamente imposible registrar todos los casos de esclavitud que se producen en el mundo (téngase en cuenta que sólo en la prostitución hay entre 40 y 43 millones en el mundo, según la prestigiosa Fondation Scelles ). Eso sucede, por ejemplo, con los que están relacionados con el tráfico o secuestro de personas para quitarles sus órganos y venderlos después para trasplantes (la Organización Mundial de la Salud calcula que se vende ilegalmente un órgano humano a la hora o que el 8% de los que se trasplantan en todo el mundo son de origen ilegal). También es casi imposible determinar el número exacto de niños alistados en ejércitos o la esclavitud laboral y familiar en algunos países de Oriente Medio, en donde se sabe que se concentran millones de trabajadores en condiciones de esclavitud, pero de muy difícil estudio por la falta de transparencia y de libertades que suele darse en esos países. Y también son especialmente difíciles de registrar los matrimonios forzados.

Según el informe, los países donde hay mayor prevalencia de estos tipos de moderna esclavitud son Corea del Norte, Eritrea, Burundi, República Centroafricana, Afganistán, Mauritania, Sudán, Pakistán, Camboya e Irán. Y los que tienen el mayor número de personas esclavas (el 60% del total) son India (7,9 millones), China (3,8 millones), Pakistán (3,2 millones), Corea del Norte (2,6 millones), Nigeria (1,38 millones), Irán (1,28 millones), Indonesia (1,2 millones), República Democrática del Congo (1 millón), Rusia (0,79 millones) y Filipinas (0,78 millones).

Pero el descubrimiento más relevante del informe quizá sea que la esclavitud no se registra solamente en los países de menor desarrollo, sino que se produce también en los más ricos. En Estados Unidos hay 403.000 personas esclavas, 167.000 en Alemania, 136.000 en Reino Unido y 1,3 millones en el conjunto de los 28 países de la Unión Europea.

Es cierto que la mayoría de estos países ricos son los que están adoptando medidas más eficaces para combatir las distintas formas de la esclavitud moderna pero también que aún presentan muchas lagunas en cuanto a protección y que en los últimos años han establecido políticas migratorias más duras y menos proteccionistas que se pueden reflejar pronto en el aumento de la esclavitud en su seno. En todo caso, el informe denuncia que algunos países con alta renta per capita (Qatar, Singapur, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos) han tomado medidas muy limitadas para hacerle frente. Y resulta especialmente terrible que en muchos casos sean los propios Estados quienes recurren al trabajo forzoso en centros públicos. Algo que no sólo ocurre en países "malditos", como Corea, sino también en Estados Unidos, Rusia o China.

Y también es muy relevante que sean los países más ricos los que en mayor medida se benefician de la esclavitud, no sólo por la que hay dentro de sus fronteras, sino porque cada año importan los bienes y servicios para cuya producción se esclaviza a millones de personas por valor de unos 354.000 millones dólares.

El informe sitúa a España en el lugar 124 de los 167 países estudiados, lo que significa que está entre los mejores en cuanto al número de personas esclavas, pero peor de lo que nos correspondería si se exigiera correlación entre nivel de riqueza y ausencia de esclavitud. Entre nosotros hay 105.000 personas esclavas, sólo el 2,27% del total de la población, pero un número absoluto muy elevado que nos debería avergonzar y obligarnos a actuar. Sobre todo, sabiendo que nuestra tasa de vulnerabilidad o peligro de caer en esclavitud es mucho mayor, el 12,8% según el informe.

Es cierto, por un lado, que somos el séptimo país en cuanto a mejores y más eficaces medidas contra este crimen y ejemplares en algunas industrias en donde se concentra un gran número de personas esclavas, como la pesca: de los 20 principales países pesqueros España es el único en donde no se han reportado casos de abuso o tráfico laboral en los últimos cinco años. Y también que obtenemos buena nota en la ayuda que prestamos a los afectados, en la persecución judicial de estos crímenes y en las medidas que adoptamos para abordar el riesgo, pero el informe nos pone un cero en las actuaciones relativas a las cadenas de suministro que rodean estos crímenes, algo que es muy importante para combatir la esclavitud. El gobierno central y los autonómicos deberían hacer frente con más eficacia a estos problemas, sobre todo ahora que se agravan los problemas migratorios que tan vinculados están con las mafias criminales que hay detrás de la esclavitud. Un drama terrible que, como demuestra este informe, no ha desparecido ni mucho menos en nuestros días y ni siquiera en países como el nuestro o en los más ricos aún del resto de Europa.

Juan Torres López es economista, miembro del Consejo Científico de Attac España y catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla.

@JUANTORRESLOPEZ 

Fuente:
https://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/esclavitud-moderna-Espana_6_810228972.html

Michael Hudson: “La economía está rota para el 99% de la gente” El contestatario profesor de economía vaticina la llegada de otra crisis financiera

Michael Hudson, Chicago, (1939) es un arqueólogo de la economía. Lleva décadas desgranando el pasado para entender el presente.

Retrocede en el tiempo y explica, por ejemplo, que Jesucristo fue crucificado para castigarle porque representaba una amenaza para los ricos. Explica que hay sermones en la Biblia que se refieren a la cancelación de la deuda, uno de los grandes argumentos de confrontación en el Imperio Romano.

Hudson nunca se acostumbró a la vida en el centro de Nueva York, así que reside en Forest Hills, en el barrio de Queens. Es lo que más se parece a Mineápolis, el lugar en que creció en el seno de una familia marxista. Por aquel entonces era la única ciudad trotskista del país. El profesor de la Universidad de Kansas City, la facultad más progresista en política monetaria de EE UU, recuerda los días en que todo lo que el país consumía se producía en el Medio Oeste.

Ahora todo es distinto. El sector financiero, dice, ha tomado el control de la economía y la exprime hasta asfixiarla. Su último libro, Matar al huésped (Capitán Swing), que se ha publicado este año en España, explica que la estrategia de los acreedores es similar a la de un parásito: hacen creer al huésped (el receptor) que son parte de su cuerpo, que lo cuidan y protegen. Pero, en realidad, desangran la economía, extrayendo los ingresos necesarios para producir.

Hudson fue uno de los ocho economistas que advirtieron del estallido de la crisis financiera en 2008. También fue una de las figuras detrás del movimiento Occupy Wall Street. El 1% más rico, explica, capturó la casi totalidad del crecimiento de la renta desde la Gran Recesión. Hoy, vuelve a advertir de que se acerca otro crash, y que puede ser incluso peor.

Hace medio siglo trabajó como economista en Wall Street. ¿Qué aprendió?
Vi cómo el dinero de los ahorros se recicla en el mercado hipotecario y cómo eso infla el precio de la vivienda y eleva el coste de vida. Esos créditos representan el 80% de los préstamos bancarios. No se puede competir teniendo un coste de la renta tan alto.

Ese fue el origen de la crisis.
Sí, nadie hizo caso hasta que fue demasiado tarde. El sistema estaba podrido, por eso hablaban de hipotecas basura. Los grandes bancos sabían lo que hacían y que eso los enriquecería. Se fijaban en el corto plazo. Al principio de una burbuja se hace mucho dinero. El crash siempre es resultado de una quiebra o de que se destapa un fraude.

¿Dónde estamos 10 años después?
El punto débil hoy es la deuda corporativa. Las empresas están muy endeudadas. Se recurrió a la deuda para pagar dividendos y recomprar acciones. Porque a los gestores se les premia según cuanto suban sus títulos, no en función de las ventas o porque contraten a más personal para generar negocio más. Pura ingeniería financiera.

Los organismos internacionales advierten de los efectos en los países emergentes del alza de tipos en EE UU.

De hecho, la próxima crisis la causará principalmente la deuda acumulada en moneda extranjera. Si el coste en dólares sube, van a tener que pagar más en su moneda nacional para poder cubrir la deuda. Se está creando un verdadero problema. Basta con mirar la situación en Argentina.

¿Esto no lo ve la Reserva Federal de EE UU?
Creo que un requisito para trabajar ahí es no entender cómo funciona realmente la economía. Es ciencia-ficción, viven en un universo paralelo en el que todo el mundo paga sus deudas.

¿La teoría está equivocada?
Suspendí un curso en la Universidad de Nueva York porque indiqué al profesor que las asunciones no eran correctas. Yo no repetía lo que decían los libros de texto, esos que escriben los lobbistas de bancos.

Pero el crédito es necesario.
Nadie a los 20 o 30 años tiene dinero para pagarse la universidad o comprar una vivienda, salvo que su familia sea rica. Los bancos determinan el precio de la educación y de la vivienda en función de lo que te prestan. Ahora, hay que pedir prestado para llegar a final de mes.

Y aumenta la desigualdad.
Se están creando dos niveles: uno que no necesita crédito, y otro que debe pedir prestado. El sector financiero proclama que forma parte de la economía, pero no es verdad. Es algo externo, un parásito. El crecimiento de los últimos 10 años se debe a servicios financieros, pero el crédito no produce nada. La economía está rota para el 99%, mientras el crédito eleva el precio de los activos del 1%.

Su libro salió en EE UU hace tres años. Han pasado muchas cosas. ¿Donald Trump es parte del legado de Barack Obama?
Sí, y a Obama no le tengo ninguna simpatía. En Chicago se puso del lado del sector inmobiliario para destruir vecindarios pobres y gentrificarlos. En la Casa Blanca hizo lo mismo. La gente votó contra su Administración en 2016 y porque no querían a Hilary Clinton. Sentían que era corrupta.

¿Qué le parecía Bernie Sanders?
Me gustaba su mensaje, pero era monótono y se parecía mucho, en algunos puntos, al de Trump, que no es tonto. Es corrupto, pero lo suficientemente listo para no estar en la cárcel. Los republicanos van a ganar otra vez porque los demócratas han declarado la guerra a los seguidores de Sanders y se están centrando en la gente que votó a Trump.

¿Cómo se define políticamente?
Cuando llegué a Wall Street, los principales economistas eran marxistas. El gran reto político hoy es el exceso de deuda. La derecha lo entiende mejor que la izquierda.

Y no resuelve el problema.

Cierto, pero entienden lo grave que es.

¿Qué solución vislumbra?
La deuda no se puede pagar, y no se va a pagar.

Pero el sistema no acepta que se condone.

Por eso va a quebrar. O se produce un embargo masivo de bienes, como en 2008, o se tendrá que reducir la deuda a los estudiantes y condonar.

¿Qué pasa con el ahorrador?
 Al cancelar la deuda, cancelas los ahorros de alguien, sí. El problema es que tres cuartas partes de los ahorros están en manos del 1%. Habrá también gente honesta que perderá porque el sistema es corrupto.

¿Hay espacio para una opción pública?
El crédito debe ser como la luz o el agua. Un banco público no ofrecería bonos basura, y podría reducir la deuda.

¿Se puede restaurar el orden?
Solo con una crisis.

Pero seguimos tratando de salir de una.

No fue lo suficientemente grande. Se necesita algo que conciencie a la gente de que el sistema no funciona. Muchos pensaron que, al rescatar a la banca, la economía se recuperaría. Pero no. Wall Street está inflado gracias a la Reserva Federal, el mercado de bonos ha tenido el mayor boom de su historia y el mercado inmobiliario está boyante. Pero la producción y el consumo no se han recuperado.

Pour lire Piketty, el retorno de la economía política.

Jose Candela
Economistas frente a la crisis

Por lo tanto, la ficción de la mercancía provee un principio de organización vital en lo referente al conjunto de la sociedad, afectando casi todas sus instituciones en la forma más variada, a saber: el principio según el cual no debiera permitirse ningún arreglo o comportamiento que pudiera impedir el funcionamiento efectivo del mecanismo de mercado según los lineamientos de la ficción de las mercancías (Karl Polanyi, 1942. La Gran Transformación)

Casi setenta y cinco años después de la publicación del último gran clásico de la Economía Política, el estadístico y economista francés Thomas Piketty recupera la tradición crítica perdida por el pensamiento económico en el siglo XX, para ofrecernos una nueva obra clásica. Con él, la economía vuelve a ser una forma de exponer las limitaciones del hogar humano, en el seno de unas concretas relaciones sociales, regidas por unas instituciones políticas claramente idiosincrásicas a esa sociedad.

Piketty no se cansa de repetirnos, desde los primeros capítulos de la obra, que la economía necesita recabar y difundir información, siempre en renovación por el cambio de las tecnologías que la procesan, sobre esas relaciones sociales y esas instituciones. Y nos advierte sobre los cambios que, en una larga elipse, nos devuelven al inicio de la gran crisis de la sociedad capitalista, provocada por el propio desarrollo de la acumulación del capital en el cambio de siglo de la Belle Èpoque a la Gran Guerra. Pero ni las relaciones sociales son las mismas, ni los actores sociales, ni las ficciones nacionalistas que sustentan las estructuras políticas son equiparables. En ese nuevo escenario, la economía de mercado que explosionó en la gran crisis de inicios del siglo XX, generando una guerra civil europea de 30 años, que fue la mayor matanza en la historia humana; esa ficción del mercado autorregulado pretende volver a imponerse desde finales del siglo XX, a caballo de la globalización y de la incapacidad de la organización política entre las naciones, surgida de la II Guerra mundial y el hundimiento soviético de 1989.

El autor, siguiendo la escuela clásica, recurre al relato histórico para mostrar cómo todo cambia durante el siglo XX, mientras las relaciones sociales en Europa y los principales países capitalistas intentan mantener sus rasgos oligárquicos, productos del propio mecanismo de la acumulación de capital. Nuevos actores, irrumpidos en el cataclismo de las matanzas bélicas y el hundimiento de los imperios coloniales, marcan de forma clara los nuevos rasgos de la desigualdad pos-neoliberal, desde la clase media creada por las políticas para embridar a la economía de mercado, a las nuevas potencias industriales asiáticas, emergidas de una nueva forma de nacionalismo no liberal. Obra indudable de la acción del estado, en apoyo, según las naciones concretas, de grupos sociales culturalmente muy diversos, pero, en general, antiliberales. Nuevas configuraciones sociales lideradas en los àíses del viejo capitalismo por una oligarquía, en cuyo centro ya no están los rentistas del Mundo de ayer, sino los altos ejecutivos, que además influyen directamente en los gobiernos, como ha sido el papel jugado por Goldman Sachs en el enfoque de la gestión de la crisis de 2008, y en las políticas económicas, y sobre todo monetaria y bancaria europea desde esa fecha.

En ese mundo, que el autor consigue describir gracias a la estadística, destaca un fenómeno asociado al proceso de globalización: la pérdida de una gran cantidad (entre un 6 y un 10 %) de información sobre la riqueza mundial. Es la misma alerta que el antiguo director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet lanzaba en la última década del siglo XX. Más concreto, gracias al soporte de las estadísticas elaboradas por los equipos con los que ha trabajado veinte años, Pikettty nos dice que la integración de las cifras financieras globales, dan el resultado de que la humanidad debe a Marte, u otro planeta del sistema solar, una cifra significativa de su riqueza; desarrolla la idea con el funcionamiento de los “paraísos fiscales”, para sostener una de sus aportaciones políticas más importantes: solo la construcción de instituciones de política económica democráticas y de escala suficiente (el autor huye de las utopías, aunque la Unión Europea nos lo parezca también, estando en manos de quien está) permitirá acometer las acciones tributarias que, sin necesidad de las grandes matanzas del siglo XX, permitan revertir las consecuencias de la vuelta de la acumulación de capital no regulada, ni sometida a tributación. Su apuesta central es un impuesto progresivo sobre el capital.

Piketty no solo postula la necesidad de más Europa; es plenamente consciente de que sus instituciones tienen que responder a una cultura política democrática, en clara divergencia con el liberalismo neoclásico. Esta premisa implica la compañía de un control de la información financiera. En la época de la revolución informática, y de los robots de inversión y gestión financiera, los procesos de gestión son informáticos, y la difusión y control de los contenidos definen la trasparencia como base de la democracia. En ese criterio democrático, más aún que en el recaudatorio, es donde reside la virtualidad del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Una vieja idea de la democracia radical que, como tantas ideas de los últimos años, se pierde porque la izquierda sabe mucho de lo que hay que hacer, pero no se imagina hacia donde quiere ir. En eso, también el Capital del Sigl XXI es un ejemplo de Economía Política, Piketty quiere gobernar democráticamente la globalización, desde una Europa que aún, no se sabe por cuanto tiempo, conserva los valores que la tragedia de 1914-1945 movilizó en Europa, y crearon ese paréntesis en la historia que es la democracia del bienestar. Solo desde el tamaño demográfico y económico que supone la Unión, canalizado a través de un gobierno democrático, pueden cambiarse las tendencias a la desigualdad extrema, que dominan la acumulación de capital dejada a la autorregulación del mercado. Por eso, el autor termina su libro con esta advertencia a los economistas: “Todos los ciudadanos deberían interesarse seriamente por el dinero, su comportamiento, los hechos y las evoluciones que lo rodean: Quienes tienen mucho nunca se olvidan de defender sus intereses. Negarse a usar cifras rara vez favorece a los más pobres”.

Fuente:
https://economistasfrentealacrisis.com/pour-lire-piketty-el-retorno-de-la-economia-politica/

Acabar con las pensiones públicas y, de paso, con la democracia

Juan Torres López

 CTXT

El autor responde a los argumentos de César Molinas en El País

Hace unos días se publicó uno de esos artículos que tanto abundan en las últimas décadas en los que, para tratar de combatir al sistema de pensiones públicas, se recurre a trampas del pensamiento y al engaño.

Nadie puede poner en duda que es legítimo criticar que una sociedad se gaste buena parte de sus recursos en proporcionar ingresos a las personas que ya no pueden obtenerlos por sí mismas, pero creo que igualmente se puede acordar que no lo es tanto mentir para defender esa preferencia.

Esto último es lo que ocurre con el artículo reciente de César Molinas en El País (Los ‘baby boomers’ desestabilizan España), en el que se falsean argumentos para criticar al sistema público de pensiones y se quiere hacer creer que su supuesta insostenibilidad se debe al egoísmo de un grupo social compuesto por millones de personas acostumbradas, para colmo, a imponer sus preferencias a los demás mediante la violencia.

Los argumentos que utiliza Molinas son endebles y tramposos y voy a comentarlos rápidamente.

1. En primer lugar, afirma que la idea extendida de que las pensiones en España son bajas “es una opinión desinformada, equivocada e interesada”. Podríamos entrar a comparar la cuantía de las nuestras con las de otros países y veríamos que esa afirmación es efectivamente discutible porque depende de con quién nos comparemos y, sobre todo, porque hay un abanico tan amplio de casos que los niveles medios no son del todo homologables. Pero lo curioso es que el propio Molinas pone en cuestión su afirmación cuando unas líneas más abajo dice que “si son más bajas que en otros países, es porque los salarios en España son más bajos que en otros países”. ¿En qué quedamos? Molinas asegura primero que decir que las pensiones españolas son más bajas que en otros países es una opinión desinformada, equivocada e interesada, pero luego proporciona la razón de por qué aquí son más bajas.

2. En segundo lugar, Molina afirma (y lleva razón) que “los pensionistas españoles recuperan todas las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social a los 12 años de jubilarse, cuando aún les queda una esperanza de vida de 10 años más”. Lo que significa, dice, que la financiación de estos últimos años “es un regalo añadido que también corre a cargo del Estado”.

Se trata de una afirmación cierta pero tramposa porque critica que un sistema de pensiones de reparto, basado en la solidaridad, haga lo que debe hacer un sistema de reparto basado en la solidaridad: proporcionar la pensión sin dependencia estricta de lo cotizado por quien la recibe. Esto sólo se podría plantear como un problema indeseable si el sistema se basara en el ahorro privado de cada persona, de modo que se disfrutara de la pensión en proporción exacta a lo que cada cual hubiera ahorrado. Pero este no es el caso de nuestro sistema público de pensiones. Mencionar esa realidad para poner en solfa el sistema público de pensiones basado en la solidaridad, como hace Molinas, es tan demagógico y absurdo como decir que una persona gasta lo que ha cotizado a la Seguridad Social o a través de impuestos cuando la sanidad pública lo opera por segunda vez, cuando acude cuatro veces a la administración de justicia o cuando es atendido diez veces por la policía… y que, a partir de ahí, lo que recibe es un regalo del Estado. Se puede estar a favor o en contra de un sistema basado en el reparto y en la solidaridad, es decir, en el acceso universal a los bienes públicos con independencia de lo cotizado, pero, si se acepta, no se puede criticar que el sistema funcione como debe funcionar.

3. El tercer argumento de Molinas es que lo anterior “sólo es sostenible en la medida en que la base de la pirámide de población sea mucho más amplia que su parte superior”. Una afirmación que es completamente falsa, una mentira más, porque la sostenibilidad financiera de un sistema público de pensiones no depende sólo de ese factor demográfico. El propio Molinas dijo antes que las pensiones dependían de la cuantía de los salarios y lo cierto es que la sostenibilidad o equilibrio financiero de un sistema de reparto como el español depende, además, de la productividad, de la distribución de la renta, o de la tasa de crecimientos económico, entre otros factores.

Se puede estar de acuerdo con la cuarta tesis de Molinas, cuando dice que “la situación de las finanzas públicas españolas, con una deuda que no para de crecer, es dramática”. Pero también es materialmente falso que el enorme crecimiento de la deuda se haya debido al gasto en pensiones. De 1995 a 2017, la deuda española ha aumentado la escalofriante cifra de 848.694 millones de euros. Pero el 64% de esa cantidad (539.908 millones de euros) corresponde a intereses. Por tanto, antes que culpar a las pensiones públicas del incremento dramático de la deuda se debe apuntar a su causa real: la existencia de un modelo de crecimiento cuyo motor es el crédito como consecuencia de haber concedido a un grupo social tan poderoso políticamente como la banca privada el privilegio de financiar al Estado creando dinero de la nada.

Afirma Molinas que el déficit de nuestro sistema contributivo de pensiones es “una enormidad”. No puedo criticar que tenga esa opinión sobre la cuantía, pero sí que hace trampa cuando utiliza la expresión “déficit”. ¿Hablaría Molinas del déficit de la administración de justicia, del déficit de la Policía, del déficit de la casa Real o del déficit del ejército español o de nuestra diplomacia? Seguro que no. Podría hablar de suficiente o insuficiente financiación para mantener el nivel de provisión deseado de cada uno de esos bienes públicos. ¿Por qué lo hace entonces cuando habla de pensiones públicas? Sencillamente, porque las palabras tienen poder performativo, es decir, capacidad para conformar la realidad, y Molinas sabe perfectamente que si habla de déficit de las pensiones públicas lo que inmediatamente crea es una “realidad”: que se gasta en ellas más de la cuenta y, por tanto, que hay que gastar menos. Si se hablara de financiación insuficiente del sistema de pensiones, por el contrario, la conclusión sería diferente: hay que buscar más recursos si deseamos mantenerlo. No es que Molinas mienta con este argumento es que actúa como un auténtico trilero del lenguaje.

4. El último argumento –si es que se puede llamar así a lo que sostiene Molinas– es ya la guinda. En su opinión, la culpa de todo esto que pasa con las pensiones públicas es que hay un grupo social muy amplio en España, los baby boomers, que no sólo es la generación más numerosa de nuestra historia sino también la más egoísta y que, además, tiene “gran destreza en el lanzamiento de bolas de rodamiento con potentes tirachinas” o para abollar “los cascos de los policías”.

Decir que toda esta generación española ha logrado los derechos de los que disfruta mediante la violencia es algo tan exagerado y ruin (sabiendo, por ejemplo, que protagonizó una Transición tan pacífica como la española) que ofende a la inteligencia y es muy difícil de poner cuestión sin ofender, a su vez, a quien lo afirma. Por eso prefiero centrarme en algo que desliza entre líneas (o, mejor dicho, sostiene expresamente) Molinas y que es lo que me parece más peligroso de sus afirmaciones. Dice literalmente que esa generación ha impuesto sus preferencias al resto de los demás porque controla las urnas y que eso es algo que “España no puede permitírselo”.

El círculo se cierra: como las pensiones públicas son deseadas por una gran mayoría social que expresa esta preferencia en las urnas, lo que España no puede permitirse, en opinión de quienes no quieren pensiones públicas, es la democracia.

Este es el único momento del artículo en que Molina dice la verdad. La mayoría de la población expresa democráticamente en las urnas que desea el mantenimiento de las pensiones públicas y el Estado de Bienestar, y para ello es imprescindible un reparto más igualitario de la renta y la riqueza y políticas económicas diferentes. Es por eso que la democracia, para quienes no quieren asumir esa mayor equidad y el sacrificio que les supone reducir la desigualdad, es un estorbo que, como dice con total sinceridad Molinas, no se pueden permitir.

Es innegable que las pensiones públicas se encuentran hoy día en una situación de financiación insuficiente si su única fuente de ingresos son los salarios. Pero eso no ocurre porque se esté produciendo el cambio demográfico al que alude Molinas. Las pensiones públicas y el Estado de Bienestar están en peligro porque las políticas económicas que se vienen aplicando en las últimas décadas generan menos actividad económica, productividad más baja e ingresos más reducidos y peor repartidos. Si se cambian esas políticas (a costa, eso sí, de quienes ahora se benefician muy privilegiadamente de ellas), no habrá problemas en el futuro para financiar más y mejores pensiones.

Juan Torres López es economista. Miembro del Consejo Científico de Attac España y catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla.

Fuente:
http://ctxt.es/es/20180627/Firmas/20463/Juan-Torres-Lopez-Cesar-Molinas-pensiones-Espa%C3%B1a-Estado-de-Bienestar.htm

La cultura del privilegio. El triángulo formado por el Estado, los ciudadanos y el mercado precisa de otro contrato social.

Muchos bienes públicos (la educación, la sanidad, el medio ambiente, la seguridad, la habitabilidad del lugar en que se vive, etcétera) y distintos derechos civiles y sociales (el conjunto del sistema de reglas que garantiza la igualdad de oportunidades)  no llegan de igual manera a todos los ciudadanos. A este hecho es a lo que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), organismo de las Naciones Unidas, ha denominado “la cultura del privilegio”. Un ejemplo sería el sistema fiscal de muchos países, tan desigual en la aplicación de exenciones, elusiones, la evasión, o el diferente trato que dan a las rentas del trabajo y del capital. Ello se ha agravado en la última década.

Esta “cultura del privilegio” está desarrollada en uno de los últimos estudios de la institución que preside la mexicana Alicia Bárcenas, titulado La ineficiencia de la desigualdad, que ha sido presentado en Cuba hace unos días con el propósito de alinearse con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en especial con la intención de no dejar a nadie atrás. Una reflexión oportuna es la de si sus conclusiones y sus tendencias (desde luego no sus datos concretos) valen para el resto del mundo. Entre aquellas se pueden destacar las siguientes:

-Que la desigualdad (de medios, de oportunidades, de capacidades y de procedimientos) no sólo es injusta, sino que genera límites al crecimiento, como desde hace algún tiempo muestran algunos economistas y el propio Fondo Monetario Internacional en alguno de sus informes, en contra de la “gran disyuntiva” que defendió en la década de los setenta el economista Arthur Okun (un menor crecimiento es el coste que la sociedad debe pagar para reducir las desigualdades que surgen de los mercados).

-Que hay una creciente desconexión entre los ciudadanos y las instituciones públicas por mor de esa desigualdad creciente, que se manifiesta en la caída de los niveles de confianza en esas instituciones, en la falta de empleos de calidad (trabajo decente) y en una menor satisfacción en el funcionamiento de los principales servicios públicos del Estado de Bienestar como la salud y la educación.

Según el estudio citado, la desigualdad de renta y de riqueza potencia la desigualdad de oportunidades y limita la sostenibilidad del crecimiento. Nuevos datos sugieren que, en general, la concentración de la riqueza (lo que se posee) es superior a la de la renta (lo que se gana). Según el Informe de la Desigualdad 2018, en todos los años entre 1980 y 2016, el 1% más rico concentra entre el 16% y el 22% de la riqueza total, cuando el 75% más pobre nunca llega al 10%. En España, durante el mismo periodo, el 10% de los hogares más ricos concentran entre el 50% y el 60% de la riqueza nacional, mientras que la riqueza en manos del 50% no llega al 9% del total.

Esta desconexión debilita el contrato social existente desde el final de la Segunda Guerra Mundial y apremia a crear uno nuevo entre el triángulo compuesto por el Estado, los ciudadanos y el mercado. La extrema polarización conduce al desastre.

 https://elpais.com/economia/2018/05/20/actualidad/1526834057_589469.html

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La guerra de Trump contra los pobres. Está claro que el dolor que infligen las políticas republicanas es un objetivo, no una consecuencia.

  Estados Unidos no ha estado siempre, ni siquiera habitualmente, gobernado por los mejores ni por los más brillantes; a lo largo de los años, los presidentes han dado empleo a muchos sinvergüenzas e imbéciles.
Pero no creo haber visto nunca semejante colección de estafadores y malhechores de poca monta como la que rodea a Donald Trump. Price, Pruitt, Zinke, Carson y ahora Ronny Jackson: a estas alturas, nuestra suposición por defecto debería ser que algo malo debe de tener cualquier persona a la que el presidente quiera en su equipo. Aun así, no debemos bajar la guardia. Las gratificaciones que muchos de los miembros del Gobierno de Trump exigen —viajes gratuitos en primera clase, dobles cabinas telefónicas supersecretas e insonorizadas y otras cosas por el estilo— son indignantes, y nos dicen mucho sobre la clase de gente que son. Pero lo que realmente importa son sus decisiones políticas. La insistencia de Ben Carson en gastarse 31.000 dólares de los contribuyentes en unos muebles de comedor es ridícula; pero su propuesta de aumentar el gasto en vivienda a centenares de miles de familias estadounidenses necesitadas, triplicándoles el precio del alquiler social a algunas de las más pobres, es atroz.

Y esta atrocidad forma parte de un patrón más amplio.
El año pasado, Trump y sus aliados en el Congreso dedicaron la mayor parte de sus esfuerzos a mimar a los ricos; eso es algo que queda de manifiesto en la Ley sobre la Rebaja de Impuestos y Creación de Empleo, pero hasta el ataque al Obamacare tenía por objetivo el asegurar a los ricos una rebaja de miles de millones de dólares en sus impuestos. Este año, sin embargo, la principal prioridad de los conservadores parece ser la de declarar la guerra a los pobres.
Esa guerra se está librando en múltiples frentes. La medida para reducir las ayudas a la vivienda sigue a otras que han aumentado los requisitos para quienes solicitan cupones de alimentos. Por otra parte, el Gobierno ha concedido a los Estados controlados por los republicanos exenciones que les permiten imponer duros requisitos laborales a los perceptores del Medicaid, requisitos cuya principal consecuencia no será la de aumentar el número de trabajadores, sino la de reducir el número de personas que reciben asistencia sanitaria básica. Hasta la liberalización financiera de facto —la eliminación de la protección financiera del consumidor— llevada a cabo por el Gobierno debería considerarse un ataque a los menos adinerados, ya que las familias pobres y los trabajadores con menos formación académica son las víctimas más probables de banqueros explotadores.

La cuestión interesante no es si Trump y sus amigos están intentando hacer la vida de los pobres más desagradable, brutal y breve. Porque lo están haciendo. La pregunta es más bien por qué. ¿Se trata de ahorrar dinero? Los conservadores se quejan del coste del colchón de seguridad, pero es difícil tomarse en serio unas quejas que proceden de gente que acaba de aprobar unas rebajas de impuestos enormes que dispararán el déficit presupuestario. Es más, hay pruebas de que algunos de los programas que están siendo objeto de ataques hacen lo que no hacen las rebajas fiscales: acabar devolviendo una parte importante de sus costes iniciales al promover un mejor rendimiento económico. Por ejemplo, la creación del programa de cupones de alimentos no solo facilitó un poco la vida a sus perceptores. También tuvo grandes efectos positivos en la salud a largo plazo de los niños de las familias más pobres, y eso los convirtió en adultos más productivos, con más probabilidades de pagar impuestos, y menos de seguir necesitando ayuda pública. Lo mismo puede decirse de Medicaid; nuevos estudios indican que más de la mitad de cada dólar gastado en atención sanitaria a niños acaba recuperándose en forma de aportaciones tributarias más elevadas de unos adultos más sanos.

¿Y qué decir de la idea de que los programas para combatir la pobreza crean una 'trampa de pobreza' al reducir el incentivo para que las personas se abran camino hacia una vida mejor mediante el trabajo? Es una idea popular en la derecha.
Pero lo cierto es que hay muy pocos estadounidenses perceptores de cupones de alimentos o de Medicaid que podrían y deberían seguir trabajando pero no lo hacen. Es verdad que, según algunos cálculos, los planes de ayuda basados en la donación de recursos —programas disponibles solo para aquellas personas con rentas bajas— pueden desincentivar la búsqueda de trabajo remunerado. Pero las pruebas indican que si bien los programas sociales tienen cierto efecto adverso sobre los incentivos, dicho efecto es mucho menor de lo que los políticos creen. Además, se podrían reducir esos desincentivos creando programas más generosos, no menos, es decir, proporcionando más ayuda a los casi pobres en vez de menos ayuda a los pobres. Por alguna razón, los conservadores no parecen plantearse nunca esa opción.

¿Qué hay realmente tras la guerra contra los pobres? Está bastante claro que el dolor que esta guerra infligirá es un objetivo, no una consecuencia.
Trump y sus amigos no están castigando a los pobres a regañadientes, porque crean que deben ser crueles para ser benévolos. Quieren ser crueles sin más. Glenn Thrush, de The New York Times, informaba de lo siguiente: "Según sus asesores, Trump se refiere a casi todos los programas que proporcionan ayudas a los pobres como 'asistencia social', una expresión que él considera despectiva". Y supongo que cualquiera ve de dónde viene eso. Al fin y al cabo, él es un hombre hecho a sí mismo que no puede atribuir nada de su propio éxito a, digamos, la riqueza heredada. Ah, que no es eso. En serio, muchos miembros de este Gobierno y del Congreso no sienten ninguna empatía por los pobres. Parte de esa falta de empatía refleja animosidad racista. Pero aunque la guerra contra los pobres perjudicará de manera desproporcionada a grupos minoritarios, también perjudicará a muchos blancos con rentas bajas; de hecho, acabará perjudicando a muchos de los que votaron a Trump. ¿Se darán cuenta?

Paul Krugman es premio Nobel de Economía.  The New York Times.

 https://elpais.com/economia/2018/04/27/actualidad/1524839396_187470.html

Corrupción de medio pelo. Las tonterías por las que los ministros trumpistas están dispuestos a sacrificar su reputación demuestran lo malos políticos que son.

Por supuesto que Donald Trump es corrupto. Cualquiera con sentido sabía que lo sería, aunque la escala de su lucro personal y la fuerte probabilidad de que los intereses económicos de su familia hayan distorsionado los intereses de la política exterior y de la seguridad nacional estadounidenses han asustado incluso a los cínicos. Y, naturalmente, el ejemplo dado por el estafador en jefe ha infectado todo su Gobierno.

Pero lo que realmente me asombra no es tanto el grado de corrupción entre los miembros del gobierno de Trump como su mezquindad. Y esa mezquindad dice mucho acerca del tipo de personas que gobiernan Estados Unidos.

Los políticos corruptos solían parecerse al secretario del Interior de Warren Harding, Albert Fall, situado en el centro del escándalo Teapot Dome. Fall utilizó su cargo para conseguir sustanciosas operaciones a dos empresas petrolíferas y, a cambio, recibió más de 400.000 dólares en mordidas (muy por encima de 5 millones de dólares en precios actuales). Ese es el tipo de corrupción que uno logra entender y, en cierta manera, respetar.

Los políticos corruptos de Trump, por el contrario, se parecen a Tom Price, que consiguió perder su cargo de secretario de Salud y Servicios Humanos por pagarse demasiados vuelos en aviones privados a costa de la Hacienda pública; Ryan Zinke, que ocupa la antigua cartera de Fall, Interior, y tiene un problema similar al de Price, pero con los helicópteros y la costumbre general de utilizar fondos públicos para financiar viajes privados; Ben Carson, de Vivienda y Desarrollo Urbano, con sus muebles de comedor de 31.000 dólares; y Steve Mnuchin, secretario del Tesoro, al que le gusta viajar en reactores militares para lo que parecen a veces vacaciones privadas.

Y después está el rey de los extras: Scott Pruitt, director de la Agencia de Protección Medioambiental, cuya lista de pequeñas estafas incluye de todo, desde plumas personalizadas hasta decirle a un asistente que le busque un colchón usado, pasando por el intento de utilizar su cargo para conseguirle una franquicia de una conocida cadena de restaurantes especializados en bocadillos de pollo a su esposa.

Algo que me llama inmediatamente la atención de estas historias es que ninguno de estos altos cargos pasa la prueba de las nubes de caramelo, el famoso aunque controvertido experimento psicológico en el que a los niños se les dice que pueden conseguir dos nubes si logran esperar unos minutos antes de comerse la que tienen delante.

Piénsenlo: si ocupasen ustedes un alto cargo en el Gobierno y estuviesen dispuestos a hacer la voluntad de los intereses especiales —permitir que las multinacionales saquen beneficios a costa de terrenos públicos, dejar que los contaminadores envenenen el aire y el agua— dos años de conducta circunspecta le labrarían un futuro extremadamente brillante como miembro de un grupo de presión. Consideren lo débil que debe de ser el autocontrol de alguien dispuesto a poner esta enorme recompensa en juego por un colchón usado.

Pero la curva descendente de la corrupción desde el asunto Teapot Dome hasta el de los sándwiches de pollo no solo nos habla de la inmadurez de los altos cargos de Trump, sino que también nos permite ver la vacuidad de su alma.

Hace mucho tiempo Tom Wolfe escribió un memorable ensayo sobre qué mueve realmente a muchos poderosos. No es tanto el gusto por las cosas buenas; la verdad es que los aviones privados no son tan cómodos, y supongo que muchos de los que se beben botellas de vino de 400 dólares no notarían la diferencia si les sirvieran otro de 20.

Es más bien el placer de “verlos saltar”, de ver a la gente rebajarse, pasar por el aro, satisfacer los caprichos de uno. Se trata de sentirse más grande consiguiendo que los demás se comporten como si fuesen más pequeños.

¿No explica esto todo lo que hace Pruitt? Lo absurdo de sus exigencias es una característica, no un antojo: tengo mis dudas de que use su cabina telefónica insonorizada de 43.000 dólares, pero seguramente le complació ver a su personal correr para proporcionársela.

¿Por qué está el Gobierno de Trump lleno de estafadores de medio pelo? Claramente, siguen el ejemplo de su jefe, que como es bien sabido disfruta con la adulación y humillando a sus subordinados, incluidos los altos cargos. De hecho, sospecho que muchos de los miembros de su Gobierno practican lo que en una ocasión vi descrito como “hacer la bicicleta”: inclinarse ante el que tienen por encima y al mismo tiempo pisotear a los de debajo.

Y es llamativo el apoyo que ha dado Trump a altos cargos como Pruitt, descubiertos en abusos de autoridad mezquinos, a pesar de la mala prensa. Está claro que no ve nada malo en lo que hacen; es lo que él haría y, de hecho, hace.

En consecuencia, como he dicho, estamos gobernados por hombres con almas mediocres y vacías. ¿Importa eso?

En un sentido directo, la verdad es que no. Hay buenas razones para pensar que la especulación de Trump está haciendo un enorme daño, pero las pequeñas estafas de sus subordinados a las arcas públicas son triviales en comparación con las grandes cosas que están haciendo para que Estados Unidos sea un lugar peor: socavar la atención sanitaria, la protección medioambiental, la regulación financiera, y más.

Sin embargo, en un sentido más profundo, la corrupción mezquina y la política destructiva y cruel están de hecho relacionadas. No es muy probable que hombres que en gran medida ven un alto cargo como una licencia para vivir a lo grande, actuar como peces gordos y obligar a los funcionarios públicos a comportarse como criados, se preocupen demasiado por el interés público.

No necesitamos un gobierno de santos; la gente puede ser imperfecta (¿quién no lo es?) y aun así hacer el bien. Pero un gobierno compuesto casi enteramente por mala gente —que es lo que tenemos ahora— va, de hecho, a gobernar mal.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía. Fuente: The New York Times

https://elpais.com/economia/2018/06/08/actualidad/1528453654_824703.html

El dominio tecnológico de China pasa por los semiconductores. Pekín invierte fortunas para limitar la actual dependencia exterior y convertirse en el gran productor de chips del planeta.

En su afán de convertirse en la próxima potencia tecnológica mundial, China tiene un punto débil: los semiconductores. Estos circuitos integrados son clave para la producción de teléfonos móviles, ordenadores, automóviles, trenes de alta velocidad y en general cualquier producto que pueda considerarse un dispositivo inteligente. Pero las capacidades tecnológicas del país están aún por detrás de las de los grandes del sector como Estados Unidos, Taiwán, Corea del Sur o Japón. Esta dependencia exterior disgusta a Pekín, que en un contexto de guerra tecnológico-comercial con Washington ha emprendido una difícil carrera para liderar el diseño y fabricación de chips.

China es el principal consumidor de semiconductores del planeta. Las fábricas del país producen gran parte de la electrónica de consumo que después se exporta al resto del mundo. Pero el principal elemento de la cadena de valor de estos productos, los semiconductores, no está ni diseñado ni fabricado en su territorio. De hecho, estos circuitos integrados fueron, con 227.000 millones de dólares, la principal mercancía importada por China en 2016. Más incluso que el petróleo.

Conscientes de la importancia de la industria, las autoridades han incluido los semiconductores en su plan “Made in China 2025”, un ambicioso programa de modernización industrial centrado en los sectores de alta tecnología. Pekín se propone que sus empresas fabriquen el 70% de chips utilizados en equipos producidos en su país en el año 2025, es decir, convertirse prácticamente en autosuficiente. El problema es que actualmente esta tasa apenas alcanza el 10% del total.

Las consignas a favor de que China pase a ser un país técnológicamente autosuficiente se han redoblado en las últimas semanas en boca del mismo presidente, Xi Jinping, ante el endurecimiento de las relaciones con Estados Unidos en materia comercial y sobre todo tras el caso de ZTE, fabricante de teléfonos móviles al que Washington ha prohibido comprar componentes de empresas americanas. Estos episodios aumentan la urgencia de Pekín, pero la premisa no es nueva: ya en 2014, China creó el Fondo Nacional de Inversión en Circuitos Integrados con 19.000 millones de euros en una primera fase -que ahora podría ampliarse con hasta los 28.000 millones más-, para fomentar el desarrollo de esta industria. El capital procede de forma directa o indirecta de las arcas públicas.

Son cifras desorbitadas para gastar tanto en investigación y desarrollo como en capacidad de producción. “Con el apoyo de enormes fondos de inversión respaldados por el Gobierno a nivel central, provincial y local, China corre el riesgo de crear un exceso de capacidad que podría reducir los márgenes de beneficio y el desarrollo tecnológico de la industria global”, alertan al respecto desde la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China. En otras palabras, se teme que con esta lluvia de millones los semiconductores chinos inunden el mercado como ya ocurrió con los paneles solares o las bombillas LED, llevándose por delante a competidores de otros países.

Este escenario, según los expertos, solamente podría suceder por ahora en el caso de los circuitos integrados situados en el extremo más bajo de la cadena tecnológica, donde China sí está haciéndose un hueco entre los grandes productores. Pero alcanzar a medio plazo la tecnología punta que cuentan empresas líderes como Intel (Estados Unidos), Samsung (Corea del Sur) o TSMC (Taiwán) es otra historia.

Según los cálculos de Christopher Thomas, socio de la consultora McKinsey en China, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) de las empresas chinas es de unos 5.000 millones de dólares anuales, una cifra que no casa con la grandilocuencia del discurso oficial. “No es muchísimo dinero. Los proveedores líderes en el mercado mundial gastan individualmente tanto en I+D como toda la industria china de semiconductores”, ilustra.

Además, China tiene tiene una barrera muy díficil –algunos dicen que imposible- de superar a corto y medio plazo. Ninguna de sus empresas cuenta actualmente con la tecnología necesaria para fabricar los chips más avanzados, los de mayor rendimiento, y los productos locales están como mínimo dos generaciones por detrás de los que diseñan los actores que están a la vanguardia del sector. “No es que de repente uno pueda acelerar sus inversiones en I+D y se ponga al día. Se trata de tecnologías integradas, muy complejas y con una cadena de valor completa. Todo el proceso tiene que ser replicado, lo cual es increíblemente difícil de hacer”, asegura Thomas. Dos de las principales compañías chinas del sector, SMIC y Huali, rechazaron hablar con este periódico sobre sus planes de expansión y las ayudas gubernamentales.

La vía lenta para conseguir ganar posiciones es seguir invirtiendo en I+D y atraer talento extranjero. Esto último se antoja muy complicado a pesar de las generosas remuneraciones que se ofrecen en China porque hay pocos ingenieros que estén a la altura y estos están blindados en sus respectivas empresas. Un estudio del Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información estimaba en 2017 que el déficit de personal cualificado en este sector asciende a 400.000 personas.

Otra opción, mucho más rápida, es lograr tecnología extranjera mediante la adquisición de empresas de otros países. La estrategia fue ampliamente usada por Pekín entre 2014 y 2016, pero según datos del banco francés Natixis estas operaciones cayeron un 87% el año pasado. No ocurrió por falta de apetito, sino por el cada vez mayor escrutinio de otros países sobre las inversiones chinas. Ya no se trata de que Donald Trump quiera poner díficiles las cosas a China, sino que nadie en Japón, Corea del Sur o Europa está dispuesto a ceder al gigante asiático una tecnología que se antoja clave en el futuro.

https://elpais.com/economia/2018/05/04/actualidad/1525435563_840300.html

España es el país de la UE con más porcentaje de trabajadores pobres. El 14,8% de los hogares con trabajadores viven bajo el umbral de la pobreza.

En España casi el 15% de los hogares en los que hay al menos uno de sus miembros trabajando viven bajo el umbral de la pobreza, según la OCDE, partiendo de datos de 2015. Este es el porcentaje más alto en el club de los países industrializados, excepto Turquía. Otros estados como Brasil, Costa Rica, India y China también superan el porcentaje español. Muy por debajo de estas cifras están Irlanda o Alemania, con menos del 5%. España también supera la media de desigualdad medida con el índice Gini, según el organismo que dirige Ángel Gurría.

Las estadísticas que destacan la pobreza laboral y la desigualdad en España se apilan. Esta misma semana ha sido un estudio de Fedea y Accenture, en colaboración con entidades como Caritas o Cruz Roja, el que resaltaba que en España hay casi cinco millones de personas que viven entre la precariedad, la pobreza laboral y el desempleo. En esa misma línea abunda la OCDE al cuantificar que en el 14,8% los hogares españoles en los que hay, al menos, una persona con trabajo se vive por debajo del umbral de la pobreza. La organización que dirige el mexicano Gurría sitúa ese nivel relativo en el 50% de la mediana de los ingresos disponibles en cada país.

Para hacer estos cálculos, la OCDE parte de la Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida para la mayor parte de países europeos, completada en algunos casos, como en el de España, con otras fuentes. En los países no europeos, recurre a las estadísticas propias de cada estado. Con ellos elabora una comparación, que ha difundido esta semana a través de sus redes, en la víspera de la celebración en Canadá de un encuentro de Ministros de Asuntos Sociales para analizar las políticas que llevan a la “prosperidad compartida”. En esa comparación se ve que en China sería el 25% de los hogares los que vivirían bajo el umbral de la pobreza, seguidos de India (18,5%) y Costa Rica (15,9%)

Ninguno de estos países forma parte del club de países industrializados. Entre los que sí forman parte de él, los primeros que aparecen en lista aparecen Turquía (15,3%), México (15,3%) y España (14,8%), que también sería el primero de los que, a la vez, integran la Unión Europea. En el otro extremo de la tabla, se encuentran países como Irlanda, Alemania o República Checa.

Para Florentino Felgueroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y autor del informe presentado esta semana, estos números de la OCDE, como los que él mismo ha elaborado, “muestran que España tiene un problema evidente de pobreza en el trabajo”. “Esto viene de antiguo”, destaca. Y añade: “No es suficiente con generar empleo”.

No obstante, Felgueroso también pone un pero a estas cifras ya que son de hace al menos tres años: “No son actuales. Estos resultados son de 2015, con datos de 2014. Y se publican después”. Esto puede provocar, señala el investigador, que la situación de los encuestados haya cambiado mucho cuando se publican.

Debido a esto, Felgueroso ha tratado de proyectar en su estudio cuántas de las personas que se encuentran entre la pobreza laboral, la precariedad, el paro o la inactividad pero con disposición al trabajo tienen una alta probabilidad de continuar en esa misma situación en los 12 meses siguientes. El resultado que ha obtenido es cuatro millones, algo menos de los 4,78 millones que sufrían en 2017 esta misma situación viviendo en hogares con ingresos bajos.

Las cifras de la OCDE también inciden en una tendencia que se ha dado durante la crisis. El porcentaje de hogares compuesto por personas jóvenes que viven bajo el umbral de la pobreza supera de largo al de los más mayores. Entre quienes tienen entre 18 y 25 años, los hogares que viven debajo de ese nivel llegan al 22,1%. Mientras que cuando se trata de mayores de 65 años, el porcentaje baja hasta el 5,9%.

La situación española destaca menos en las estadísticas de la OCDE cuando se observa la desigualdad, aunque también queda por encima de la media con nitidez. De acuerdo con el índice Gini, el medidor de desigualdad más aceptado en el que cero es la igualdad absoluta y uno 1o contrario, España se sitúa en el 0,3446, por detrás de países como Suráfrica, que lidera la lista con el 0,623, China (0,514) o India (0,495).

Cerca de la media de los países de la organización (0,317), o algo por debajo se sitúan países como Holanda (0,303), Francia (0,295), Polonia (0,292) o Alemania (0,289). Los estados menos desiguales, a tenor de estos datos, son Islandia, Eslovenia y la República Checa.

https://elpais.com/economia/2018/05/09/actualidad/1525891014_281592.html

Bruselas alerta del alto nivel de desigualdad y pobreza en España pese a la recuperación

O se suben los recursos o se baja la deuda. La comisión de expertos verificó que las autonomías tienen menos suficiencia que el Estado.

La caída de la recaudación que conllevó la Gran Recesión afectó especialmente a las autonomías por el desplome de las figuras asociadas al sector inmobiliario.

La reacción fue triple. Uno, reducir gastos, con el inconveniente de que se perjudicaban los sociales (sanidad, educación y dependencia), que pasaron de representar el 69% del total (2007) al 75% (2015), lo que reducía margen de actuación. Dos, crear nuevas tasas territoriales, con la desventaja de su menor capacidad recaudatoria y el riesgo de conflicto competencial con la Administración central. Y tres, el endeudamiento.

Este llegó a ser tan notorio que —junto a la crisis fiscal desde 2009, simultánea a la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación, por lo que lo contaminó— que las comunidades quedaron excluidas de la apelación a los mercados internacionales.

El Fondo de pago a proveedores o el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA, que ha suministrado más de 170.000 millones) —sustitutivo de la posible emisión de hispabonos, una suerte de eurobonos domésticos— compensaron en parte, desde 2012, esa carencia.

La Comisión de expertos, en su informe de julio 2017, no acordó una fórmula para descrestar esa deuda, pero apuntó propuestas. Los miembros más sensibles a la problemática de las autonomías sobrefinanciadas, menos endeudas o que más habían recortado recelaban de cualquier reestructuración o quita, al considerar el "riesgo moral" que supondría aliviar a los más endeudados.

Aún así, el equipo concluyó que para acompañar la vuelta a los mercados, era "aconsejable" un nuevo trato favorable, ampliando carencias y fijando tipos de interés blandos. Como se hizo con los programas de rescate a socios de la UE, siempre bajo una "condicionalidad" que las comprometiese a cumplir objetivos de reequilibrio presupuestario.

Una minoría postuló una idea más radical, una reducción directa de la deuda. A condición de no cubrir de ninguna manera "la parte del endeudamiento diferencial" de las autonomías "derivada de una mayor propensión relativa al gasto", el posible origen de un riesgo moral discriminatorio.

La reestructuración cubriría dos tramos; uno, para todas, por su "insuficiencia de recursos padecida para financiar los servicios en el período 2009-2016"; el otro beneficiaría a las que tuvieron que endeudarse más por razones objetivas, no por capricho gastador.

Ante el desequilibrio financiero de las autonomías se puede actuar de dos maneras: inyectando más recursos al sistema, para lo que el Estado encuentra dificultades; o actuando sobre la deuda (o una mezcla). Pero uno de los aspectos sugerentes de aquel documento es que proporcionó la base para hacerlo al reconocer que las autonomías padecieron mayor insuficiencia que la Administración central.

Eso se explicitaba, más que en cuantías relativas, en términos de un "desequilibrio de instrumentos a favor del Estado", mucho mejor dotado que aquellas para aumentar sus recursos tributarios en las vacas flacas: las comunidades solo pueden modular al alza o a la baja la mitad de sus ingresos ordinarios.

https://elpais.com/economia/2018/05/09/actualidad/1525881732_086481.html

La historia de Paul Ryan: de farsante a fascista. El diputado republicano se labró su reputación únicamente por lo bien que aparentaba ser sensato en TV.

PAUL KRUGMAN


¿Por qué ha decidido Paul Ryan no presentarse a la reelección? ¿Cuáles serán las consecuencias? Vayan ustedes a saber, literalmente. Puedo hacer conjeturas basándome en lo que leo en los periódicos, pero todos pueden.

Por otra parte, sí tengo alguna idea de cómo llegó Ryan —que siempre ha sido un embaucador, y eso estaba a la vista de quien quisiera verlo— a presidente de la Cámara de Representantes. Y esa es una historia que dice muy poco a favor no solo del propio Ryan, ni siquiera solo de su partido, sino también a los autoproclamados centristas y a los medios informativos, que con su conducta impropia impulsaron su trayectoria. Es más, las fuerzas que llevaron a Ryan a una posición de poder son las mismas que han llevado Estados Unidos al borde de una crisis constitucional.

Respecto a Ryan: increíblemente, estoy viendo algunas noticias acerca de su salida que lo retratan como un gran experto político y un defensor de la austeridad fiscal que, por desgracia, fue incapaz de cumplir con su misión en la era Trump. Inconcebible.

Miren, el único principio rector de todo lo dicho y propuesto por Ryan era el de acomodar a los cómodos y afligir a los afligidos. ¿Puede alguien mencionar un solo ejemplo en el que su supuesta preocupación por el déficit lo llevase a imponer alguna carga a los ricos, en el que su supuesta compasión lo llevase a mejorar la vida de los pobres? Recuerden que votó contra la propuesta presentada por la comisión Simpson-Bowles sobre la deuda no por sus verdaderos fallos, sino porque supondría una subida de los impuestos y no lograría revocar la reforma sanitaria de Barack Obama.

Y sus propuestas de "reducción del déficit" siempre han sido fraudulentas. La pérdida de ingresos debida a los recortes fiscales siempre ha excedido a cualquier reducción de gasto explícita, de modo que la supuesta responsabilidad fiscal procedía por completo de los "asteriscos mágicos": ingresos adicionales a costa de tapar lagunas jurídicas no especificadas, y reducciones del gasto derivadas de recortar programas no especificados. Ya en 2010 dije que era un embustero, y nada de lo que ha hecho desde entonces ha puesto en duda ese juicio.

¿Y cómo consiguió entonces este notorio artista de la estafa una reputación de seriedad y de probidad fiscal? Básicamente, fue el beneficiario de la discriminación positiva ideológica. Incluso ahora, en esta era de Trump, hay un número considerable de líderes de opinión —en especial, aunque no únicamente, en los medios informativos— cuyas carreras y marcas profesionales se basan en la idea de que están por encima de las refriegas políticas. El afirmar que ambas partes tienen cierto grado de razón, que hay personas serias y honradas en la izquierda y la derecha, prácticamente define la identidad de esta gente.

Pero la realidad de la política estadounidense del siglo XXI es de polarización asimétrica en múltiples aspectos. Uno de ellos es el intelectual: si bien hay algunos pensadores conservadores que son serios y honrados, no tienen influencia en el Partido Republicano actual. ¿Qué puede hacer un centrista?

Con demasiada frecuencia, la respuesta ha implicado lo que podríamos denominar credulidad motivada. Los centristas que no lograban encontrar verdaderos ejemplos de conservadores honrados y serios prodigaban elogios a políticos que interpretaban ese papel en la televisión. Lo cierto es que a Paul Ryan no se le daba demasiado bien fingir; los verdaderos expertos fiscales ridiculizaban sus presupuestos de "carne misteriosa". Pero da igual: el relato exigía que el personaje interpretado por Ryan existiese, de modo que todos fingían que él era el ejemplo por excelencia.

Y permítanme decir que la misma falsa equidistancia que convirtió a Ryan en héroe fiscal influyó de manera crucial en la elección de Donald Trump. ¿Cómo pudo el candidato presidencial más corrupto de la historia estadounidense conseguir una victoria en el Colegio Electoral? Hubo muchos factores, cualquiera de los cuales podría haber cambiado las tornas en unas elecciones ajustadas. Pero las elecciones no habrían sido ajustadas si buena parte de los medios de comunicación no se hubiesen sumergido en una orgía de falsa equivalencia.

Lo que nos lleva a los congresistas republicanos, y a Ryan en concreto, en la era de Trump.

A algunos analistas parece sorprenderles que hombres que hablaban sin parar de probidad fiscal durante el mandato de Barack Obama apoyasen sin remordimientos en la era de Trump unas rebajas fiscales que dispararán el déficit. También parecen asombrados ante la aparente indiferencia de Ryan y sus acólitos por la corrupción de Trump y su desprecio por el Estado de derecho. ¿Qué les ha pasado a sus principios?

Naturalmente, la respuesta es que los principios que afirmaban defender nunca tuvieron nada que ver con sus verdaderos objetivos. En concreto, los republicanos no han abandonado sus preocupaciones por los déficits presupuestarios, porque los déficits nunca les han importado; solo fingían preocupación como una excusa para recortar los programas sociales.

Y a quienes se preguntan por qué Ryan nunca se ha posicionado contra la corrupción trumpiana, por qué nunca se ha mostrado preocupado por las tendencias autoritarias de Trump, ¿qué les hizo pensar que se posicionaría? Insisto, si nos fijamos en las acciones de Ryan, no el personaje que interpretaba ante públicos crédulos, veremos que nunca se ha mostrado dispuesto a sacrificar nada de lo que quiere —ni un ápice— en nombre de sus supuestos principios. ¿Por qué iba a esperar nadie que arriesgase el pescuezo por defender el estado de derecho?

Y ahora Ryan se va. Que tanta gloria lleve como paz deja. Pero guárdense las celebraciones: aunque no era mejor que el resto de su partido, tampoco era peor. Es posible que su sucesor como presidente muestre más categoría que él, pero solo si dicho sucesor es, bueno, demócrata.

https://elpais.com/economia/2018/04/13/actualidad/1523626617_507047.html#comentarios

El Financial Times descubre a los accionistas militantes posmarxistas.

El Financial Times esta preocupado por las evocaciones al marxismo, bien sea en libros, bien en aniversarios y, a fin de cuentas, decidió poner manos a la obra.

Decidió recuperar las ideas utilizables del Manifiesto Comunista y tirar el resto a la basura y encargó a dos expertos presentar el mapa del tesoro: Rupert Younger, director del centro de investigación de la Universidad de Oxford sobre "reputación empresarial" y Frank Partnoy, profesor de derecho que acaba de llegar a la Universidad de Berkeley. Se explican: "somos verdaderos creyentes en el capitalismo de libre mercado, difícilmente seríamos comunista tardíos, mucho menos discípulos de Marx y Engels". Estemos tranquilos. "Pero," siempre hay un pero, "creemos que ha llegado el momento de volver a escribir el Manifiesto" porque vivimos hoy en "la ola de una crisis financiera calamitosa y en medio de una tormenta de cambio social, con un rechazo popular de los capitalistas financieros y una actividad revolucionaria generalizada". Las razones de esta "actividad revolucionaria" no son triviales: "la desigualdad económica está creciendo, los salarios se estancan, y los propietarios de capital productivo son los que van a rentabilizar los beneficios de los avances tecnológicos". Tal vez haya una constatación factual que conduzca a una cierta exageración de la "actividad revolucionaria", pero el Financial Times es, por lo general, un buen augurio de los tiempos modernos.

Un espacio para la basura

Vamos a reescribir el Manifiesto Comunista, dicen los dos académicos. A partir de la terminología. Hay 193 referencias a la "burguesía" y 93 al "proletariado", todo para reciclar. Pero no se preocupe el lector fiel a la letra del texto, el 74% sigue igual y añaden los experimentadores que sólo se desprenden de un cuarto de texto. La cuestión es hacer un cambio fundamental, que es designar una nueva clase transformadora, los accionistas de las sociedades, el accionariado, y el lugar de su emancipación, la junta general que reúne el capital de la compañía y elige su administración.

Estos nuevos "activistas" tendrán un programa radical de cambio de la "estructura de capital", esperan los dos profetas. Cuentan con la filantropía. Bill Gates, Waren Buffett y Mark Zuckerberg pueden desear seguir lavando su alma con donaciones, todo estupendo. El problema, según un estudio de la Universidad de Stanford, es que la caridad no altera la desigualdad, que crece con la acumulación de capital y de poder de una parte muy pequeña de la población. En los Estados Unidos, alrededor de 160.000 familias, que son el 0,1% más rico del país, que tenían el 7% del total del ingreso nacional en 1978, ahora absorben tres veces esa cantidad. Nunca en la historia moderna ha habido una concentración de poder tal, y lo mismo ocurre en las otras economías más poderosas, como ha estudiado Piketty.

Al mismo tiempo, la OCDE revela que la participación del trabajo en la renta nacional disminuyó en las principales economías entre un 5 y un 10% en los últimos 45 años. Es un shock. La relación social se deterioro por la ofensiva neoliberal durante este período. El economista Michael Roberts señala que estas dos características, la acumulación de la riqueza y el empobrecimiento relativo del trabajo, están implícitos en el proceso de globalización. Es así y lo seguirá siendo, en tanto las finanzas puedan y lo han logrado todo.

¿Y el accionariado?

¿Podrán los accionistas convertirse en esta nueva clase, tan poderosa, que controle los impulsos de los administradores, qué cambie los mandatos de las juntas generales? ¿Habrá una nueva "primavera de los pueblos" cuando las empresas reúnan a sus órganos estatutarios y el poder emergente de los pequeños ponga coto a la codicia de los grandes? Estrictamente hablando, es más probable que este penoso invierno nuestro se prolongue más allá de abril que surja tal rebeldía refundadora.

El caso portugués tal vez escape al Financial Times, pero es sólo un ejemplo entre muchos otros. Véase a sí mismo la CTT, una compañía que está siendo desmantelada ante nuestros ojos. En este caso, los accionistas están contentos: reciben en dividendos dos veces el rendimiento de las empresas, se benefician de un saqueo sistemático que ha recuperado, a primera vista, un tercio de lo invertido en la privatización. La dividendocracia es lo mismo, pero parece contradecir la aspiración de nuestros dos académicos: el accionariado se contenta con el cebo, acepta dividendos generosos que amenazan su inversión, ponen a la empresa al borde de la quiebra, lo que reduce las inversiones futuras y la capacidad de reajuse tecnológico. Lo fácil es desmantelar una empresa y repartirse sus escombros, lo difícil es asegurar su capacidad futura. ¿Qué prefiere el accionariado? La bolsa.

Francisco Louça catedrático de economía de la Universidad de Lisboa, ex parlamentario y miembro del Bloco de Esquerda, actualmente es Consejero de Estado.

Fuente: https://www.esquerda.net/opiniao/o-financial-times-descobre-os-acionistas-militantes-pos-marxistas/54191

http://www.sinpermiso.info/textos/el-financial-times-descubre-a-los-accionistas-militantes-posmarxistas

Charlot y la escena de la bandera. España es el país que más ha retrocedido en la evolución de los ingresos de los jóvenes.

Se constata “como un hecho lo que era una creencia común: que los jóvenes españoles —como muchos europeos— tienen peores expectativas de futuro que las generaciones precedentes”. Los jóvenes actuales, a pesar de haber crecido en un país más próspero, más abierto, más libre y con muchas más comodidades que sus padres, se han topado en su transición a la vida adulta con una triple crisis (económica, social e institucional), que les ha convertido en los grandes perdedores del cambio en la estructura social.

Esta es la principal conclusión del informe ¿Vivimos peor que nuestros padres?, hecho público por la Fundación Felipe González, en colaboración con otras fundaciones y think tanks europeos y españoles (Resolution Foundation, Foundation for European Progressive Studies, Fundación La Caixa o AgendaPública). En él se analiza la situación relativa de la generación de los millennials (nacidos entre 1981 y 1996) en relación con las generaciones anteriores (generación X, nacidos entre 1965 y 1980; y la generación del baby boom, entre 1946 y 1965). Estos millennials son más de 100 millones de ciudadanos en Europa y han crecido al albur de la globalización y la crisis financiera, al tiempo que veían nacer Internet y todo lo que deriva de una revolución digital de la que son nativos.

Han existido tres factores causantes de la brecha generacional: las tensiones fiscales generadas por el aumento de la esperanza de vida y del mantenimiento del Estado de Bienestar; los efectos negativos de la Gran Recesión en las generaciones más jóvenes, y la presión que sobre ellos están ejerciendo los precios de la vivienda (propiedad y alquiler).

Según el informe, hay una diferencia clara entre los jóvenes de los países de renta alta (Francia, Bélgica, Reino Unido, España, Italia, Alemania,…) y los de los países de rápido desarrollo (China, India,…): la evolución intergeneracional del nivel de vida de los primeros ha sufrido un retroceso y ya no se cumple esa aspiración social de que las generaciones venideras vivirán mejor que sus padres; los segundos sí tendrán una vida mejor que la de sus progenitores. La segunda conclusión es tanto o más significativa: España es el país en que más ha retrocedido la evolución de los ingresos intergeneracionales de los nueve países analizados (Noruega, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca, EE UU, Alemania, Italia, Grecia y España): los jóvenes españoles han padecido una notable involución de renta, no sólo comparable con el grupo de edad anterior (generación X) sino incluso dentro de su propio grupo: la renta media de los millennials que han llegado a la treintena es un 8% mayor de la de los que están en el inicio de la veintena. Prosigue el retroceso.

No debería extrañar que mañana, Primero de Mayo, ocurriese lo que en la película Tiempos Modernos: Charlot agarra una bandera roja que se cae de un camión y que tan solo señaliza la carga, la agita para advertir a los conductores de que la han perdido, y una legión de obreros se pone detrás de él como si se tratase de un líder sindical. Lo raro sería que los jóvenes hicieran lo contrario y continuase la anomalía histórica.

https://elpais.com/economia/2018/04/29/actualidad/1525017857_622005.html

La globalización. Juan Torres López.

"ciegos, que viendo, no ven"

José Saramago,

Ensayo sobre la ceguera.

Como es bien sabido, en los últimos dos o tres decenios se han producido cambios muy profundos en nuestras sociedades que han propiciado una nueva y quizá más profunda fase de internacionalización de las relaciones económicas y sociales.

No es la primera vez en la historia en que la dimensión internacional alcanza un protagonismo tan relevante y, de hecho, lo que muchos historiadores afirman es que, en realidad, vivimos una segunda globalización. Pero sí es verdad que el vertiginoso y revolucionario avance de las nuevas tecnologías de la información ha creado un nuevo tipo de sociedad, la sociedad en red o de redes, en la que muchos de sus aspectos más determinantes del bienestar humano (para bien o para mal) se desenvuelven a escala global o planetaria.

Casi al mismo tiempo que se ha gestado esto último se ha ido produciendo también una crisis evidente (si no la práctica desaparición) de lo que hemos conocido como Estado de Bienestar.

Es muy pertinente, por lo tanto, preguntarse sobre la interrelación entre ambos fenómenos sociales, si pueden reforzarse uno con otro, en qué condiciones, o si, por el contrario, son verdaderamente incompatibles.

Pero para entender los efectos que la fase globalizadora en la que estamos ha tenido sobre el Estado del Bienestar es imprescindible ponerse de acuerdo sobre su naturaleza respectiva porque no todos estamos entendiendo lo mismo cuando hablamos de las mismas cosas.

Creo que es fácil aceptar que cuando hablamos del Estado de Bienestar nos referimos al sistema social que se consolidó, principalmente en Europa, a partir de la II Guerra Mundial y que comúnmente se asocia con los años gloriosos del capitalismo de los años cincuenta y sesenta.

Pero hay que tener muy en cuenta que el Estado de Bienestar fue el resultado concreto de unas circunstancias sociales, políticas y económicas muy singulares y de una correlación de fuerzas entre las clases sociales muy especial.

Por un lado, el Estado del Bienestar fue posible gracias al crecimiento intensivo que favorecía grandes incrementos de la productividad y una expansión continuada de la demanda, a la constante y amplia intervención del sector público en la economía, al pleno empleo y a una división internacional del trabajo y de las tareas productivas que garantizaba el predominio de las economías del norte desarrollado, principalmente, sobre sus antiguos territorios coloniales.

Y a todo eso coadyuvó, al mismo tiempo, la enorme capacidad de creación de consenso que proporcionaba la llamada cultura del más y la aparición, desde el principio muy ligada a los grandes poderes económicos, de las grandes industrias culturales y de manipulación de las conciencias.

Por otro lado, el Estado del Bienestar fue (para muchos, de modo principal) el resultado de un pulso entre clases sociales que en aquellos momentos históricos no tenía un ganador claro.

Ese pulso sin ganador seguro se tradujo inicialmente en un pacto (en muchas ocasiones explícito) sobre la distribución de la renta que expresaba, al mismo tiempo, el equilibrio de clases existente entonces (que impedía que se produjese un claro predominio del capital sobre el trabajo, o viceversa) y la necesidad de ofrecer un modelo relativamente aceptable para las clases trabajadoras frente al referente alternativo que en aquel momento representaban la Unión Soviética y sus países afines.

En esas condiciones, teniendo en cuenta que se orientaba sobre todo a lograr un cierto equilibrio de clases sociales, y aunque la economía tendiese constantemente, como ha sucedido siempre en el capitalismo, a su internacionalización, el Estado del Bienestar no podía ser fundamentalmente sino una experiencia nacional, es decir, fraguada en el interior de los respectivos ámbitos estatales.

La globalización neoliberal
Por otra parte, la globalización en la que nos encontramos no es simplemente un cambio de escala, que lo es, ni el resultado de un gran revolución tecnológica, que lo es, ni un cambio de proyecto civilizatorio, que lo es, ni siquiera el resultado de una transformación radical en el modo de funcionar, organizar o regular la vida económica y social, que lo es.

La fase globalizatoria que vivimos en la actualidad es todo ello pero también, y sobre todo, es la consecuencia de un cambio radical en la correlación de fuerzas, es el resultado del pulso al que hice referencia anteriormente ganado ahora resueltamente por el capital frente a los trabajadores de todo el mundo. Y esto es lo que de verdad explica que, a medida que la globalización se ha ido consolidando, el Estado del Bienestar haya ido entrando en una crisis profunda y definitiva.

Veamos esto con algo más de detalle.
Las razones que se pueden argumentan para explicar, justificar o racionalizar el declive del Estado del Bienestar en la globalización de nuestra época son muy diversas y todas seguramente cargadas de razón… si no se contextualizan adecuadamente.

Se trata, por ejemplo, de argumentos como los siguientes:
– La falta de capacidad de maniobra de los gobiernos para llevar a cabo las políticas redistributivas que permitieran los pactos o equilibrios de rentas que son intrínsecos y consustanciales al Estado del Bienestar. Entre otras razones, porque si las llevan a cabo, estableciendo cargas impositivas que no privilegien al capital, éste se deslocaliza, desplazándose a territorios más favorables desde este punto de vista gracias a las nuevas condiciones de movilidad que proporciona el no-orden institucional del actual marco de relaciones económicas internacionales.

– La ausencia de esos mecanismos o instrumentos redistributivos (principalmente fiscales) a escala global que permitieran compensar o complementar la acción de los gobiernos nacionales en este campo.

– El predominio de políticas deflacionistas que deprimen la actividad económica, y que necesariamente implican reducir el potencial de crecimiento de las economías limitando, en consecuencia, las posibilidades de creación de empleos.

– La generalización de mercados de trabajo que, en lugar de ser la fuente de la socialización en el bienestar (garantizado salarios de suficiencia, acceso a los derechos sociales universales, la creación de amplias redes familiares y sociales,… como en la etapa fordista) son precarios, origen de grandes desigualdades e incluso de un nuevo tipo de grave exclusión social.

– La imposibilidad, en las anteriores condiciones, de originar o generar el consenso en el espacio de la mercancía (del empleo y del consumo) para pasar a convertir en mercancía la generación del consenso en el espacio del ocio o no trabajo.

– Una renuncia efectiva al Estado, a la política y a la consideración del espacio colectivo (que es el propio del bienestar cuando las personas se reconocen como seres sociales más que como simples individuos) como ejes de la acción social, para convertir al mercado en su centro omnipresente.

Por otro lado, la regulación socioeconómica desde la ética y la lógica del mercado que sostiene la globalización en la que nos encontramos ha producido una economía global que es imagen vicaria del mercado: imperfecta, asimétrica, desigualadora, útil solamente para optimizar la rentabilización de los intercambios pero completamente ajena a la equidad o simplemente a la problemática distributiva.

Finalmente, el orden institucional que finalmente acompaña a este estado de cosas que caracterizan a la globalización de nuestras días es la negación estricta de sí mismo porque no es un auténtico orden global (como ocurre paradigmáticamente en el campo financiero) sino una arquitectura que no se rige sino por la búsqueda constante del beneficio con independencia de su precio o de las condiciones en que se produzca (lo que explica, por ejemplo, los acusado problemas de sostenibilidad que la acompañan).

En todas estas condiciones, lo que viene creando la globalización son sociedades fragmentadas, desiguales y compuestas de individuos ensimismados que renuncian implícita o explícitamente, consciente o inconscientemente, a su pertenencia al grupos o a la clase, es decir, al otro como puente hacia su socialización. Unas sociedades en las que, efectivamente (y como suele ser opinión mayoritaria) es materialmente imposible que sobreviva el Estado del Bienestar.

Ahora bien, lo que sucede es que esta incompatibilidad no se da entre globalización y bienestar de modo genérico sino entre proyectos históricos concretos de ambos.

Es fundamental tener en cuenta que la globalización en la que nos encontramos, como ocurriera con otras fases globalizadoras, no es la globalización. En realidad, es su modalidad neoliberal, tan inevitablemente caduca como históricamente lo es cualquier otra.

Y lo está ocurriendo, y afectando gravemente al bienestar, es que la globalización neoliberal es radicalmente imperfecta.

No es verdad que esté implicando una globalización de todas las relaciones sociales, como falsamente se quiere hacer creer. Por el contrario, son demasiados los ámbitos que expresamente están quedando fuera de la dimensión global que podrían alcanzar para lograr mejores condiciones de vida y bienestar para el conjunto de la humanidad.

De hecho, son muy pocos los ámbitos socioeconómicos que en nuestros días se encuentran globalizados perfecta y literalmente hablando. Quizá solamente el dinero y las finanzas. Ni siquiera el comercio, porque los países ricos imponen costosísimas y barreras a los más pobres. Tampoco el trabajo, pues se mantienen fronteras obviamente contrarias a la liturgia liberalizadora con la que se nos adoctrina día a día. Y la globalización de la cultura, de los valores o las pautas de consumo o estilos de vida son, una clara expresión uniformadora más que la del mosaico en que debiera reflejarse la diversidad global de nuestro planeta.

En definitiva, el Estado del Bienestar es incompatible con la globalización pero solo en la versión neoliberal de ésta última y lo que eso indica no es que haya que renunciar a la globalización o mucho menos al bienestar sino que hay que hacer que éste sea su eje. En lugar de renunciar y dejar de hablar de bienestar lo tendríamos que erigir en el centro de la globalización para así avanzar hacia lo que me parece que satisface mejor que la agenda actual a las aspiraciones humanas más auténticas: la sociedad mundial del Bienestar Global.

http://www.juantorreslopez.com/globalizacion-y-estado-de-bienestar/