Un país para ricos

Adolfo Muñoz, Txiki

Alfonso Basagoiti, ex-Consejero de Hacienda del Gobierno Vasco, ex-presidente del Círculo de Empresarios y ahora consejero de Euskaltel ha dicho que las vacaciones fiscales “se hicieron rematadamente mal” porque la rebaja de impuestos “se aplicó a pocas empresas” y debió hacerse a todas. Si se hubiera hecho así –dice- “no hubiera habido ningún problema con la UE”. No quiere que las empresas paguen impuestos y no dice la verdad cuando afirma que las empresas vascas pagan más impuestos que las españolas.

La realidad es que en base a subvenciones, bonificaciones y exenciones establecidas en el Impuesto de Sociedades, las empresas o pagan muy poco o no pagan nada.

ELA ha celebrado un Seminario sobre fiscalidad en Donostia los días 18 y 19 de Junio. En él se ha analizado el trato fiscal privilegiado para las rentas que no son de trabajo. Estas son las conclusiones del Seminario.

1.- Los gobiernos favorecen la acumulación de capital a la vez que las Haciendas desfiscalizan esas rentas para que no paguen impuestos. Esos mismos Gobiernos con la patronal atacan a los salarios y las Haciendas deciden que los impuestos recaigan, fundamentalmente, sobre las rentas de trabajo. Por eso aumentan las desigualdades. La competencia fiscal entre países basada en la bajada de impuestos al capital y a las empresas destroza un modelo de sociedad justo y solidario. No es casualidad que los países que mejor están respondiendo a la crisis sean los que más presión fiscal y gasto público tienen.

2.- El poder político y económico no tienen ningún interés en materia fiscal en favorecer la información y la participación social. Hacen creer a la ciudadanía que bajando los impuestos a los ricos ganamos todos. Nos tratan como si fuéramos idiotas. Las Haciendas Vascas son un reino de opacidad; una “caja negra” en la que una pequeña élite, muy cercana al mundo empresarial, decide los impuestos.

3.- La capacidad normativa de las Haciendas Vascas (Concierto y Convenio) se concreta en que tengamos 7 puntos de presión fiscal menos que la media europea (incluso menos que en España). De establecer la presión fiscal media europea se recaudarían 6.600 millones de euros más. Los beneficiados son las rentas altas, empresariales y de capital. En realidad, desde hace muchos años, no ha existido una política fiscal propia en el ámbito vasco. Las Haciendas de los cuatro territorios se han limitado a copiar y pegar lo que hacia Madrid estableciendo, eso sí, más ventajas fiscales a empresas y capital. Rajoy, para tratar de evitar una debacle electoral, anuncia que bajará los impuestos -a sus amigos- en el IRPF y en Sociedades. ¿Alguien duda sobre qué harán las Haciendas Vascas?

4.- Es un contrasentido que la decisión sobre los ingresos esté en manos de las Administraciones que menos gasto tienen a su cargo, las Diputaciones. Este sistema, en la CAPV, deja la política fiscal en manos de un órgano sin control democrático, el Órgano de Coordinación Tributaria. Hay que acabar con los reinos de Taifas en que se han convertido las Haciendas, garantizar la participación social y establecer la decisión y el control democrático en el Parlamento vasco.

5.- Contrariamente a lo que dicen CONFEBASK y la CEN, la fiscalidad vasca es, de todas las del Estado, la que más privilegios recoge para las empresas. Es un grave error, que también comete la izquierda política, prestar atención al tipo nominal (porcentaje) del Impuesto. El tipo nominal no dice nada sobre lo que en realidad pagan las empresas ya que ha sido pervertido con un sinfín de exenciones, bonificaciones y subvenciones -innumerables e inútiles- pensadas para que las empresas o paguen poco o no paguen nada en el Impuesto de Sociedades.

6.- ELA llama la atención sobre la influencia de la patronal en la decisión de los impuestos. Sufrimos situaciones que debieran estar prohibidas, como que un Secretario General de una patronal pase a ser Diputado de Hacienda. Un ejemplo de esa connivencia han sido las vacaciones fiscales. Una decisión, la de incumplir el mandato de Europa, que fue adoptada de común acuerdo entre las Haciendas y Confebask y por la que hemos tenido que pagar 30 millones de € de multa. La fiscalía, en esa “desobediencia contumaz” que duro muchos años, no ha visto voluntariedad para apreciar delito.

7.- Las normas fiscales vascas regulan sistemas de elusión fiscal para usar sociedades interpuestas con el único objeto de no pagar impuestos. Además, las Haciendas Vascas, no han adoptado ninguna medida efectiva para impedir la evasión de capitales a paraísos fiscales. Al contrario, cuando Madrid ofrece una amnistía fiscal para regularizar los capitales evadidos, nos enteramos por los medios de comunicación que en las Haciendas Vascas existe un trato más favorable para el evasor que el que ofrece el Estado. Los paraísos fiscales existen porque los Gobiernos quieren. Más allá de la hipocresía, los gobiernos no tienen interés en acabar con los ellos; al contrario, los usan como escusa en su cruzada para dar privilegios al capital.

8.- La lucha contra el fraude no es una prioridad de la Haciendas. No hay voluntad y, como consecuencia, tampoco medios humanos suficientes para proceder a inspeccionar las rentas y actividades en las que se concentra el fraude. Si a la pasividad de las Haciendas se le suma la inexistencia de una policía judicial especializada y que los jueces que tramitan los delitos fiscales carecen de una formación específica, es fácil entender por que los delitos fiscales son tan excepcionales. ELA exige reforzar las medidas coercitivas para obligar a las rentas que se refugian en el fraude, la elusión y la evasión a cumplir con sus obligaciones.

9.- ELA exige, además, que la política de distribución de renta se haga por la vía del gasto social y no con ventajas fiscales. La mayor parte de las ventajas fiscales establecidas en los diferentes impuestos (subvenciones, deducciones, exenciones…) tienen un componente netamente regresivo, beneficiando a quien más renta obtiene.

10.- ELA constata -y lamenta- la inmensa fuerza que tiene el sistema para integrar, también en fiscalidad, a las fuerzas políticas que alcanzan responsabilidades institucionales. El resultado no puede ser, en nuestra opinión, que la disputa institucional se haga a costa de relativizar la política social. Sin cambio en la política fiscal es imposible el cambio en la política social. Sin pedagogía fiscal alternativa la derecha seguirá imponiendo políticas antisociales.

El sistema fiscal vasco permite al capital la elusión, la evasión y el fraude. El problema no termina ahí porque, además, ese capital -que no paga impuestos- tiene un gran control sobre el poder político para condicionar que el gasto público se dirija a satisfacer sus intereses destruyendo el gasto social.
Adolfo Muñoz, "Txiki", Secretario General del sindicato ELA

Bajar los impuestos o reducir la pobreza. España vive una situación que se puede calificar de emergencia social

La recuperación de la economía española sigue ofreciendo datos esperanzadores. Cada día es más claro que no estamos ante el efímero efecto rebote que siempre se produce cuando una economía toca fondo, sino ante una recuperación con fundamentos.

Hay buenas razones para alegrarse por esta vuelta al crecimiento. Que pueda favorecer al Gobierno en sus expectativas electorales no es motivo para negar la realidad. Ahora, se trata de que sus beneficios rebosen y lleguen al conjunto de la sociedad.

¿Cómo se deberían utilizar los mayores ingresos que trae la recuperación para las arcas públicas? Hay tres opciones: 1) Acelerar la reducción del déficit público y la deuda. 2) Reducir impuestos a ciudadanos y empresas. Y, 3) Combatir la desigualdad y la pobreza instauradas por la crisis.

Las tres opciones tienen sus partidarios. La primera permitiría la reducción de los desequilibrios fiscales y financieros fortaleciendo la confianza de los inversores. La segunda aliviaría la presión fiscal sobre ciertos grupos, especialmente los de ingresos medios y altos, y podría estimular la demanda. Es la opción que más probabilidades tiene dado el tiempo electoral. Pero la más benéfica para la sociedad y para un crecimiento sano es la tercera. Veamos porque.

España vive una situación que se puede calificar de emergencia social. Una emergencia con riesgo de abocar a una fractura social prolongada, cuando no permanente. De acuerdo con los datos publicados por la OCDE en su trabajo "Society at a Glance 2014. The crisis and its aftermath"(www.oecd.org/social/societyataglance.htm) la caída de los ingresos de los hogares españoles durante la crisis es la más fuerte entre los países de la eurozona.

Siendo esta caída muy intensa, el problema se agudiza porque se ha concentrado en los hogares de menores ingresos. El 10 % más pobre ha visto disminuir sus ingresos en un 14 % anual. Es también, con gran diferencia, la mayor caída entre todos los países de la OCDE, en los que la media ha sido un 2%.

Este desplome de ingresos en la parte baja de la sociedad ha provocado dos graves efectos. Por un lado, un fuerte aumento de la desigualdad. Por otro, la aparición de pobreza de jóvenes y la pobreza infantil. La pobreza de niños surge de hogares formados por jóvenes sin ingresos o con empleos de bajos salarios.

La pobreza de las generaciones jóvenes es el riesgo más grave al que nos enfrentamos como sociedad. Un riesgo que se agudiza porque se puede cronificar, provocando una fractura social duradera.

¿Por qué ha aparecido esta pobreza en España? Por dos razones. Una evidente y previsible; la otra sorprendente e inesperada.

La mayor intensidad del paro en España y su concentración en personas de salarios bajos explica parte de la caída de ingresos de los hogares pobres, tanto de los pobres sin ingresos como de los pobres con empleos de bajos salarios. Este efecto de la recesión era algo previsible.

Lo que no era es el efecto perverso que ha tenido el sistema español de prestaciones sociales y ayudas públicas. Los datos de la OCDE muestran que del total de transferencias a los hogares, el 30 por ciento más rico recibe más que el 30 por ciento más pobre. El mundo al revés, se redistribuye hacia arriba. Los pensionistas y las personas mayores están mejor protegidos que los más jóvenes frente al riesgo de caída de ingresos.

¿Podrá la recuperación económica reducir esta pobreza y curar la herida social? No. La recuperación por si sola no sacará a los parados de larga duración de la cuneta del paro. La evidencia la tenemos en lo ocurrido en la salida a las crisis de los ochenta y noventa. Como recordarán, las recuperaciones de esos años dejaron un elevado paro estructural. Ahora puede ocurrir lo mismo, pero con el agravante de la pobreza y la pérdida de emancipación de los jóvenes.

Esta crisis social no es sólo un problema para los afectados. Lo es para la sostenibilidad de la propia recuperación económica. La investigación económica reciente, entre ella la del FMI, muestra que la desigualdad y la pobreza perjudican el crecimiento, al hacerlo más volátil y de menor calidad.

Volvamos a la pregunta inicial, ¿cómo utilizar los mayores ingresos fiscales de la recuperación económica? La prioridad absoluta debería ser ayudar a estos grupos más desfavorecidos. Es una cuestión moral para una sociedad decente; pero es también una cuestión de buena economía.

Para lograrlo la mejor opción no es la rebaja de impuestos. Los grupos de bajos ingresos se benefician poco, si lo hacen, de las rebajas de IRPF y de IVA.Hay formulas más eficaces para lograrlo. Algunas han comenzado a ser discutidas en nuestro país. Habrá ocasiones para comentarlas.

Pero, hoy por hoy, lo más urgente es tomar conciencia del problema. De momento la pobreza de niños y jóvenes es una enfermedad oculta, asintomática. No está en el debate público ni en la agenda política. Para curarla, lo primero es hacerla visible.
ANTÓN COSTAS 24 MAY 2015 - El País 

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El engañabobos fiscal del PP

La reforma es pura injusticia y tampoco ayudará al crecimiento


El presidente del PP andaluz disparata cuando pide al Gobierno andaluz que “rebaje la presión fiscal a los ciudadanos” poniendo como ejemplo a Rajoy.

Sin haber tocado el conjunto del sistema impositivo, no se puede asegurar que sus reformas en el IRPF o en el impuesto sobre sociedades del viernes pasado vayan a disminuirla. Y tampoco se puede afirmar que Rajoy haya bajado los impuestos porque, como han señalado los técnicos del Ministerio de Hacienda, los contribuyentes que ganan menos de 11.200 euros al año (el 47%) no gozarán de ninguna rebaja fiscal en el IRPF, que solo será sustancial para el 0,3% que percibe más de 150.000 euros anuales. Y la del impuesto sobre sociedades solo beneficiará a las grandes empresas que ya de por sí pagan poco: en 2011 recibían el 60% de los beneficios empresariales y solo aportaron el 24% de la recaudación de ese impuesto, según un reciente informe de Oxfam Intermón.

La reforma de Rajoy es pura injusticia que tampoco ayudará mucho al crecimiento porque incentiva más el ahorro que el consumo.

Las palabras de Moreno Bonilla escandalizan cuando millones de familias españolas se disponen a presentar su declaración de la renta para aportar al Estado 46 veces más que las grandes empresas españolas. Según ese último informe, el esfuerzo fiscal en 2012 de una persona con dos hijos a su cargo e ingresos medios de 16.500 euros fue del 15,6% de su renta y de cerca del 28% si era soltera, sin hijos y con ingresos medios de 41.300 euros anuales. Mientras, las diez mayores empresas del Ibex 35 solo pagaron el 18% de su beneficio, los grupos consolidados de grandes empresas una media del 3,5%, los grandes bancos españoles solo el 5% en 2013 y los grandes patrimonios que operan a través de Sicav un 1%.

El Gobierno busca generar ilusión fiscal en algunos contribuyentes de rentas más bajas ante las próximas elecciones. Pero la estrategia se le volverá en su contra porque, con tan baja carga fiscal para los más ricos, la reforma irá acompañada de una provisión de servicios públicos cada vez menor o de coste más elevado. ¿A quién se cree el PP que va a engañar concediendo ahora 100 euros mensuales a las familias con grandes dependientes por un coste total de unos 435 millones de euros cuando ya ha recortado casi 2.280 millones en dependencia? La gente ya no es tan tonta como creen sus dirigentes.

Lo que hace falta no es recurrir al engañabobos de la bajada de impuestos, como hace el PP para disimular los efectos reales de sus reformas, sino hacer que haya más justicia fiscal y que los más ricos y los grandes propietarios y banqueros también los paguen.
Fuente: Juan Torres. El País.

Los mitos neoliberales que alimentan las políticas fiscales del gobierno Rajoy

Uno de los mitos que se reproduce con mayor frecuencia en el conocimiento económico neoliberal (y que los gobiernos conservadores y neoliberales –como el gobierno Rajoy- aplican constantemente en sus políticas públicas) es que la bajada de impuestos a las personas más pudientes de la sociedad (lo que a nivel popular se conoce como los ricos y super-ricos) beneficia a toda la población, pues dicho acto discriminatorio a favor de las rentas superiores estimula la economía y facilita el crecimiento económico y la producción de empleo. Se supone que el dinero que se ahorran los ricos y super-ricos (al pagar menos impuestos) lo invierten, y, como resultado, crecen la producción y el empleo.

Tal mito (en realidad, dogma) del pensamiento neoliberal se repite constantemente en los medios de información y persuasión económicos, a pesar de que la evidencia científica no avala ese supuesto. En realidad, la evidencia publicada en las revistas científicas más creíbles muestra los datos que desmerecen dicho mito. Así, en EEUU, el tipo impositivo marginal (marginal tax rate) máximo del impuesto sobre la renta fue, hasta los años 70, del 70% de los ingresos por encima de 250.000 dólares de la época. A partir de la segunda mitad de la Administración Carter (el Presidente demócrata más conservador que EEUU haya tenido desde la II Guerra Mundial) y de la Administración republicana presidida por Ronald Reagan, dicho tipo marginal máximo se redujo espectacularmente, de manera que alcanzó la tasa más baja en 1990, durante la Administración republicana del Presidente Bush padre. Subió algo más tarde bajo la Administración Clinton, pero nunca lo hizo por encima del 40%. Tal reducción, sin embargo, no se tradujo en ningún aceleramiento del crecimiento económico, en un aumento de las inversiones, o en un crecimiento de la productividad.

Algo parecido ocurre cuando se consideran no solo cambios en el tipo impositivo marginal del impuesto sobre la renta, sino en el total de impuestos que pagan los ricos y super-ricos por su renta total. Estos impuestos, incluidos los aplicados a las rentas derivadas del capital, han ido bajando desde la II Guerra Mundial, de tal manera que hoy los ricos y super-ricos pagan porcentajes menores de los que paga el contribuyente normal y corriente (ver Gerald Friedman “The Great Tax-Cut Experiment” Dollar and Sense, Jan./Feb. 2013). Este descenso de los impuestos a las rentas superiores y a las rentas del capital ha ido acompañado de un aumento de los impuestos sobre las rentas del trabajo y, muy en particular, de las contribuciones a la Seguridad Social, habiendo sido el Presidente Reagan, el gurú de los economistas neoliberales, el que subió más dichos impuestos. En realidad, este Presidente fue uno de los que, junto con el Presidente Bush hijo, más bajó la carga impositiva de las rentas superiores y fue el que (desde la II Guerra Mundial) subió más la carga impositiva de las rentas del trabajo.

¿Qué impacto tuvieron las reducciones de impuestos a los super-ricos?
En realidad, la economía estadounidense creció más durante los periodos en los que la totalidad de los impuestos a los ricos y super-ricos crecieron más. Y al revés, la economía creció mucho menos (como durante los grandes recortes de los impuestos a las rentas superiores realizadas por el Presidente republicano Bush hijo) cuando tales impuestos se redujeron, manteniéndose muy bajos. En realidad, se ha calculado que cada incremento de un 10% de los impuestos a las rentas superiores determinaría un incremento de la tasa de crecimiento económico de un 1% (ver el artículo antes citado de Friedman).

Tampoco es cierto que una reducción de los impuestos a los ricos y super-ricos conduzca a un incremento en las inversiones... Fuente: Vicenç Navarro, Público.es, Aquí

Charlatanes, cascarrabias y Kansas

Hace dos años, Kansas se embarcó en un extraordinario experimento fiscal: rebajó drásticamente el impuesto sobre la renta sin tener ninguna idea clara de con qué sustituiría los ingresos perdidos. Sam Brownback, el gobernador, propuso la norma —en términos porcentuales, la mayor rebaja tributaria en un año aprobada nunca por un Estado— en estrecha colaboración con el economista Arthur Laffer. Y Brownback predijo que la bajada impulsaría un auge económico; “Fíjense en Texas”, proclamó.

Pero Kansas no va muy bien; de hecho, su economía se está quedando a la zaga tanto de los Estados vecinos como de Estados Unidos en general. Mientras tanto, el presupuesto del Estado se ha hundido en las profundidades del déficit, lo que ha hecho que Moody’s rebaje la calificación de su deuda. Hay en esto una lección importante, pero no es la que creen. Sí, el desastre de Kansas demuestra que las bajadas de impuestos no tienen poderes mágicos, pero eso ya lo sabíamos. La verdadera lección es el poder imperecedero que tienen las malas ideas, siempre que dichas ideas beneficien a la gente adecuada.

¿Por qué, después de todo, iba nadie a creer a estas alturas en la economía de la oferta, que afirma que las rebajas tributarias impulsan tanto la economía que se financian por sí solas, en gran medida o del todo? Esta doctrina se estrelló y ardió hace dos décadas, cuando casi toda la derecha —tras afirmar, engañosamente, que el rendimiento económico durante el mandato de Ronald Reagan validaba su doctrina— empezó a predecir que la subida de impuestos a los ricos por parte de Bill Clinton provocaría una recesión o incluso una depresión pura y dura. Lo que en realidad se produjo fue una expansión económica espectacular.

Y los liberales que han aceptado durante mucho tiempo la economía de la oferta y quienes la defienden no han sido los únicos que se han visto desacreditados por la experiencia. En 1998, en la primera edición de su muy vendido libro de texto sobre economía, el profesor de Harvard N. Gregory Mankiw —todo un republicano, y más tarde presidente del Consejo de Asesores Económicos de George W. Bush— escribía un párrafo muy famoso sobre el daño causado por los “charlatanes y cascarrabias”. En concreto, subrayaba la función desempeñada por “un pequeño grupo de economistas” que “aconsejaron al candidato presidencial Ronald Reagan que bajase de forma generalizada el impuesto sobre la renta para aumentar los ingresos tributarios”. Encabezando ese “pequeño grupo” se encontraba ni más ni menos que Art Laffer.

Y los defensores de la economía de la oferta, lejos de haber reparado su error después, han seguido equivocándose en los últimos años de forma tan grotesca como en la década de 1990. Por ejemplo, han pasado cinco años desde que Laffer nos avisó a los estadounidenses de que “podíamos esperar una rápida subida de los precios y unos tipos de interés muchísimo más altos en los próximos cuatro o cinco años”. Casi todos los de su bando le dieron la razón. Pero lo que hemos visto ha sido más bien poca inflación y unos tipos de interés más bajos que nunca.

De modo que ¿cómo han terminado los charlatanes y cascarrabias dictando las políticas de Kansas y, en menor medida, las de otros Estados? Sigamos el rastro del dinero.

La bajada de impuestos de Brownback no ha salido de la nada. Ha llegado tras un programa presentado por el Consejo Estadounidense de Intercambio Legislativo, o ALEC, que también ha respaldado una serie de estudios económicos cuyo propósito era demostrar que las rebajas de impuestos a las corporaciones y los ricos fomentan un crecimiento económico rápido. Los estudios son tan malos que dan vergüenza ajena, y la Junta de Especialistas del consejo —a la que pertenecen Laffer y Stephen Moore, de la Fundación Heritage— no se ha mostrado muy entusiasta a la hora de darles credibilidad. Pero es lo bastante bueno para los que trabajan contra el Gobierno.

¿Y qué es el ALEC? Es un grupo secreto, financiado por grandes corporaciones, que elabora borradores de modelos de leyes para políticos conservadores de nivel estatal. Ed Pilkington, de The Guardian, que ha conseguido algunos documentos filtrados del ALEC, lo describe como “casi un servicio de citas entre políticos estatales, políticos elegidos para cargos locales y muchas de las mayores empresas de Estados Unidos”. Y, cómo no, la mayoría de los esfuerzos del ALEC van encaminados a la privatización, la liberalización y las rebajas de impuestos a las corporaciones y los ricos.

Y me refiero exactamente a los ricos. El ALEC, a la vez que apoya las grandes rebajas del impuesto sobre la renta, pide que se aumenten los impuestos al consumo —cuyo peso recae especialmente en las familias con pocos ingresos— y que se reduzcan las ayudas basadas en la renta destinadas a las familias de clase trabajadora. De modo que su programa contempla bajarles los impuestos a los de arriba y subírselos a los de abajo, al tiempo que se recortan los servicios sociales...
Fuente:PAUL KRUGMAN 6 JUL 2014 - El País.

La desigualdad de ingresos entre pobres y ricos se dispara en España

Los ingresos del 10% de la población más pobre caen 7,5 veces más que la renta del 10% más rico de 2007 a 2011

Estadística a estadística, el retrato de la crisis económica perfila una conclusión cada vez más nítida para España: entre los países avanzados, es el que paga una factura más desigual.  El último informe, publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ofrece otro argumento, más contundente conforme va ampliando el periodo analizado. En los cuatro primeros años de la crisis, el ingreso medio del 10% más pobre de la población española retrocedió 7,5 veces más que lo que cayó la renta del 10% más rico, apenas erosionada entre 2007 y 2011. En la treintena de países industrializados que aglutina la OCDE no existe, ni de lejos, un impacto tan desequilibrado en este periodo... Más en El País.

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La negación de la desigualdad

Hace algún tiempo publiqué un artículo titulado Los ricos, la derecha y los hechos en el que describía los esfuerzos por negar, obedeciendo a motivos políticos, lo evidente: el fuerte aumento de la desigualdad en Estados Unidos, sobre todo en lo más alto de la escala de ingresos. Probablemente no les sorprenderá oír que he descubierto un montón de malas prácticas estadísticas en las altas esferas.

Tampoco les sorprenderá saber que casi nada ha cambiado. Los sospechosos de rigor no solo siguen negando la evidencia, sino que insisten en desplegar los mismos argumentos desprestigiados: la desigualdad no está aumentado realmente; bueno, vale, sí está aumentando, pero da igual porque tenemos mucha movilidad social; en cualquier caso, es buena, y cualquiera que insinúe que es un problema es un marxista.

Lo que quizá les sorprenda es en qué año publiqué el artículo: 1992.

Lo cual me lleva a la última escaramuza intelectual, provocada por un artículo de Chris Giles, redactor jefe de economía de The Financial Times, arremetiendo contra la credibilidad del libro éxito de ventas de Thomas Piketty, titulado El capital en el siglo XXI. Giles afirma que el trabajo de Piketty comete “una serie de errores que distorsionan sus descubrimientos”, y que, de hecho, no hay pruebas claras de que la concentración de la riqueza esté aumentando. Y como casi todos los que hemos seguido estas controversias durante años, me dije: “Ya estamos otra vez”.

Como era de esperar, Giles no ha salido bien parado del debate subsiguiente. Los supuestos errores eran en realidad la clase de ajustes de datos normal en cualquier investigación basada en diferentes fuentes. Y la afirmación crucial de que no hay ninguna tendencia clara a una mayor concentración de la riqueza descansaba en una falacia conocida, una comparación de peras con manzanas de la cual los expertos han advertido hace tiempo, y que yo identifiqué en el mencionado artículo de 1992.

Con todo, la negación de la desigualdad persiste, prácticamente por las mismas razones por las que persiste la negación del cambio climático: hay grupos poderosos muy interesados en negar los hechos, o cuando menos en crear una sombra de duda. De hecho, pueden estar seguros de que la afirmación de que “todos los números de Piketty están equivocados” se repetirá hasta el infinito aunque se derrumbe rápidamente al ser sometida a escrutinio.

Dicho sea de paso, no estoy acusando a Giles de ser un sicario de la plutocracia, a pesar de que haya algunos autoproclamados expertos que se ajusten a esa definición. Y no hay nadie cuyo trabajo esté más allá de toda crítica. Pero cuando se trata de asuntos con carga política, los detractores del consenso tienen que ser conscientes de sí mismos; tienen que preguntarse si de verdad buscan la honestidad intelectual o si lo que están haciendo en realidad es actuar como duendes de la preocupación, desacreditadores profesionales de los credos liberales. (Por extraño que parezca, en la derecha no hay duendes que desacrediten los credos conservadores. Es curioso cómo funciona la cosa).
Fuente Paul Krugman, El País.
Thomas Piketty. Página Web oficial de Piketty

Oxfam afirma que las familias tributan 50 veces más que las grandes empresas. La ONG pide al Gobierno que cambie las leyes tributarias, cuyo peso recae sobre el consumidor

Los responsables de Oxfam Intermón han pedido este miércoles al Gobierno que acometa una reforma fiscal que permita financiar adecuadamente las políticas sociales tras los ajustes sufridos, ya que, con el actual sistema, las familias aportan casi 50 veces más a las arcas públicas que las grandes empresas. Se trata de una de las conclusiones del informe sobre el sistema tributario español denominado Tanto tienes, ¿tanto ganas? Fiscalidad justa para una sociedad más equitativa, que han presentado en rueda de prensa el director general de la ONG, José María Vera, y la responsable de investigación, Teresa Cavero.

Cavero ha incidido en que el sistema tributario en España recauda poco, siete puntos por debajo de la media europea, y que el grueso de la recaudación proviene del trabajo y el consumo de los ciudadanos y no de las rentas del capital ni de los beneficios de las empresas. Las familias aportan alrededor del 90% de la recaudación y las empresas el resto, el 10%, y de ese porcentaje menos del 2% corresponde a las grandes compañías, según el informe.

Por ello, y ante una futura reforma fiscal, Oxfam Intermón ha pedido al Gobierno, a través de una campaña, que corrija las "ineficacias" del sistema y los "desequilibrios" causados por las medidas de austeridad aplicadas desde 2010, "que han mermado la capacidad adquisitiva de las familias españolas con subidas de impuestos, bajadas de salarios y recortes en servicios sociales". Para lograr "una fiscalidad justa para una sociedad equitativa", aconsejan recaudar más, pero con un mayor esfuerzo de las personas más ricas y de las grandes empresas, pero también "poner coto" al fraude fiscal y garantizar la progresividad de forma que se tribute en función de la capacidad y de la actividad económica.

El informe destaca los beneficios fiscales concedidos a las empresas en 2011 (28.210 millones), que el 80% de esta cantidad correspondió a las grandes empresas y que estas, sin embargo, abonaron 3.012 millones en impuestos de sociedades.

El 72% del fraude fiscal (43.0000 millones) en España corresponde a grandes fortunas y empresas, con lo que según Cavero es "mucho más eficiente" atajar el fraude por esta vía que por otras con menor repercusión. La economía sumergida, estimada en un 25%, y el fraude fiscal está haciendo, según Cruzado, que España pierda con respecto a otros países de la UE una media de 40.000 millones.
Fuente: El País.

Las cinco estrategias favoritas de los ricos para evadir impuestos

Empresarios, deportistas, músicos, actores, financistas forman parte de esta élite mundial que elude por todos los medios posibles el cumplimiento de sus obligaciones impositivas.

El impacto económico-social de estas maniobras no es marginal. Se estima que el monto total de la evasión fiscal equivale a cinco veces el tamaño de la economía global y es un factor de peso en la creciente desigualdad mundial.

Segun un informe, las 91.000 personas más ricas del planeta controlan una tercera parte de la riqueza mundial (y dan cuenta de la mitad de los depósitos en paraísos o guaridas fiscales) y unas 8,4 millones de personas –un 0,14% de la población mundial– tiene el 51% de la riqueza. Estas son las cinco vías favoritas de los multimillonarios para pagar menos y acumular más:

1. Subdeclaración impositiva

El monto a pagar al fisco depende de la declaración impositiva.
El primer paso de toda evasión es subdeclarar las ganancias obtenidas.

...Para hacerlo tienen una red profesional muy aceitada que, según críticos como James Henry, de la Universidad de Columbia, se han convertido en una parte estructural del actual sistema financiero...

2. Registrar empresas en "guaridas" o paraísos fiscales

En su estudio "The price of offshore revisited" (El precio real de las Guaridas Fiscales") James Henry calcula que hay cuando menos unos US$21 millones de millones en estas "guaridas fiscales" (traducción literal del término original en ingles "Tax Haven"), suma aproximadamente semejante al PIB de Estados Unidos y Japón, es decir, de la primera y tercera economías mundiales. Uno de las guaridas favoritas de este dinero son las Islas Caimán, que tienen 85 mil compañías registradas: más compañías que población...

El portal de análisis financiero Fútbol Finanzas publicó recientemente una lista de lujo de jugadores que usaron técnicas similares en los últimos 20 años.

Desde el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, hasta leyendas del deporte como el brasileño Roberto Carlos, el portugués Luis Figo y el búlgaro Hristo Stoichkov formaban parte de la lista.

3. Testaferros

Una manera de invisibilizar el rastro de la persona en cuestión es nombrar a un testaferro que actúa como presunto propietario del bien o compañía.

"Se puede nombrar a un testaferro por razones legítimas, por ejemplo, para no atraer publicidad sobre la inversión en cuestión en el caso de alguien que está en la mira público. Mientras se informe a las autoridades impositivas no hay evasión. El problema empieza cuando no se informa, porque entonces lo que se está haciendo es pagar impuestos por una masa menor de dinero", señala Stevens...

4. Fijar residencia en otro país

Los países con bajos impuestos suelen ser los favoritos de músicos, artistas y deportistas. En los 70 fue el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, quien fijó residencia primero en Francia y luego en Estados Unidos para huir de los entonces altos impuestos británicos. Mick Jagger

En los años 70, Mick Jagger se mudó primero a Francia y luego a EE.UU. para huir de los altos impuestos en su país natal.

En diciembre de 2012, el actor francés Gerard Depardieu renunció a la ciudadanía francesa en protesta por los altos impuestos que proponía el gobierno de Francois Hollande, se mudó a Bélgica y obtuvo un pasaporte ruso, donde hay un impuesto único del 13%...

5. Aprovechar vacíos legales

La red de asesores y especialistas que rodean a los millonarios son expertos en encontrar vacíos legales de los sistemas impositivos.

En muchos casos no se trata de evasión fiscal sino de elisión fiscal, un mecanismo perfectamente legal: todos tenemos derecho a pagar menos impuestos siempre que lo hagamos dentro de la ley...

El futuro

Los problemas fiscales que tienen todos los países desarrollados y la fragilidad del sistema financiero internacional han colocado a la evasión impositiva en el ojo público, centro de un debate global...
Fuente: BBC.

Confidentes. Los asalariados pagan más del 90% de la recaudación anual siendo, como son, receptores de menos del 50% de la renta

Formo parte de una generación rara. No me refiero a que escuchara a los Beatles o a que participara en la lucha contra el franquismo, sino a algo aparentemente más zafio: desde 1977 entré a formar parte de un amplio círculo social que se mostraba partidario de pagar a Hacienda. Aquello lo pusieron de moda algunos políticos, como Francisco Fernández Ordóñez, que fue ministro de la cosa con UCD.

No era raro en aquellos años que, en una cena de amigos ..., alguien exclamara con alborozo: “a mí, la declaración me ha salido a pagar”...

 ... no hace falta ser muy listo para saber, por ejemplo, que los asalariados pagan más del 90% de la recaudación anual siendo, como son, receptores de menos del 50% de la renta. Esos datos se conocen, a pesar de que el ministro Montoro tiene prohibido que se difundan. No es exagerado: está prohibido darlos a conocer a la ciudadanía. Y se sabe también que las grandes multinacionales (y no es demagogia, es verdad) consiguen escapar del pago del impuesto de sociedades con trucos eficaces. Y se sabe también que los fontaneros, los grandes abogados, los médicos privados, facturan sin IVA.

Flaquea el patriotismo fiscal. Pero viene algún rayo de esperanza, que se basa en las peticiones de los inspectores para que haya más transparencia y medios contra el fraude. Incluso, la posibilidad de pagar a confidentes. Pregunta: ¿a los confidentes se les pagaría con o sin IVA?
Fuente: Jorge M. Reverte, El País.

Grandes empresas españolas pasaron de tributar 12.673 millones en 2006 a 3.012 millones en 2011

Agencias

El informe anual de recaudación de 2011, publicado esta semana, completa el retrato del descalabro en el impuesto de sociedades en España, que grava los beneficios de las empresas. Los gigantes empresariales, los grupos consolidados, aprovecharon a fondo durante cinco años la reforma del impuesto, que bajó tipos, y su generoso sistema de deducciones. Pasaron de pagar a las arcas públicas 12.673 millones en 2006 a 3.012 millones en 2011, menos de la cuarta parte. Una cantidad que supone apenas el 3,5% de los 85.984 millones de beneficios declarados ese año. Y un boquete descomunal en los ingresos públicos.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) aprobó en 2007 una reforma del impuesto de sociedades para bajar por primera vez en democracia el gravamen teórico sobre los beneficios empresariales: del 35% al 30% (del 30% al 25% para las pymes). Lo que se había planteado como una reforma gradual, tuvo una aplicación casi inmediata por la presión de la derecha catalana (CiU); la anunciada “poda” de las generosas deducciones que disfrutaban las grandes empresas quedó en casi nada. El entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes, defendió que el impacto en la recaudación sería manejable, porque la bajada de impuestos mejoraría la competitividad y los resultados de las empresas, lo que acabaría repercutiendo en las arcas públicas.

Cuando la crisis irrumpió en 2009, y pese al desplome de los ingresos, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero aún abrió la mano a más beneficios fiscales —permitió acelerar la amortización de activos, lo que, en la contabilidad, rebaja los beneficios sobre los que se tributa—. Un tímido intento de cambio de rumbo al final de la legislatura no evitó el desastre: muchas grandes empresas aprovecharon a fondo las ventajas dadas para reducir a la mínima expresión sus pagos a Hacienda.

La crisis ha penalizado con dureza los beneficios de las compañías, grandes y pequeñas. Pero el impacto en la recaudación, por esas facilidades legales, fue mucho mayor. Los resultados empresariales sujetos al impuesto pasaron de 209.642 millones en 2006 a 143.890 millones en 2011, una caída del 31%. La cuota líquida, lo que pagaron todas las empresas a Hacienda por los resultados, bajó en el mismo periodo de 40.529 a 12.665 millones, un 68%. En el caso de los grupos consolidados, ese descenso fue del 76%.

Según la Agencia Tributaria, en 2011 había casi 4.000 grupos consolidados, que integraban en sus cuentas unas 32.000 empresas. Las normas fiscales permiten a estos conglomerados, que copan el Ibex 35, compensar los resultados de compañías del grupo (restar las pérdidas de unas a los beneficios de otras) para rebajar la factura fiscal.

Pero además de esa ventaja genérica, los grupos consolidados son los que mejor aprovechaban el generoso régimen de exenciones, deducciones y beneficios que regía hasta 2011. Las 32.000 sociedades integradas en estos 4.000 gigantes cosecharon ese año un resultado positivo de 85.948 millones, frente a los 57.941 millones que lograron el resto de empresas, más de un millón. Pero tras la aplicación de los diversos ajustes en la base imponible y la cuota del impuesto, la factura fiscal de los grupos consolidados adelgaza hasta un tercio de lo que pagan el resto de las empresas españolas al fisco por este tributo.

Si se incluye a todas las empresas, la aportación a Hacienda asciende al 8,8% de los beneficios declarados en 2011, cuando un lustro antes pagaban más del 19%. De nuevo, es bastante menos que lo que pagan las familias en el IRPF, un 11,9% de su renta bruta.

Si la comparación de lo que las empresas ingresan al fisco es con la base imponible, los grupos consolidados, que parten de un tipo teórico del 30%, pagan solo un 17,7%. El resto de empresas, con un tipo teórico del 25% para las pymes y del 30% para las compañías que no consolidan, apenas llegan al 19%.

Las promesas rotas del PP o eran mentiras para que les votaran y después, una vez con el gobierno en el bolsillo, hacer lo que tenían planeado?

«El trabajo es anterior a, e independiente del capital. El capital es sólo el fruto del trabajo, y nunca hubiera existido si el trabajo no hubiera existido primero. El trabajo es superior al capital, y merece una más alta consideración» Abraham Lincoln. (12-02-1809/15-04-1865) Decimosexto Presidente de los EE.UU. y primero por el partido republicano

Enlaces a Lincoln en este blog.

Aunque parezca mentira, estas palabras han sido pronunciadas por Rajoy hace un rato y no por ningún economista de izquierdas: "Quisiera acabar con un mito muy extendido sobre el tamaño de la administración pública: España se sitúa entre los países de la eurozona con menor gasto público, un 43%, seis puntos menos que nuestro entorno". "Nuestro mayor problema es el desplome brutal de los ingresos".

La subida de impuestos; el bueno, el feo y el malo. España recauda el 90 % de los trabajadores.

La subida de impuestos
El problema de la economía española no es fundamentalmente de exceso de gasto público —que es cinco puntos inferior a la media europea—, sino de bajos ingresos, de escasa recaudación. No es que el Estado gaste mucho, es que muchos ciudadanos y empresas no pagan impuestos o no pagan lo que deberían y les corresponde. Los impuestos en nuestro país los pagan fundamentalmente las clases medias y no las altas.

El argumento anterior está contenido en el documento Bases para la reforma fiscal, que el PSOE ha presentado y que se incorpora, lo quiera o no el Gobierno, al debate sobre los impuestos en España después de las contradictorias declaraciones hechas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, y que son previas al paquete de reformas que va a presentar el Ejecutivo en el Consejo de Ministros del próximo día 26. Con este pretenden convencer a Bruselas para que relaje el ritmo de reducción del déficit de nuestro país (al menos un año y medio más para obtener un déficit del 3% del PIB, lo que nos llevaría al ejercicio 2016). Mientras Jiménez Latorre, en una intervención muy balbuceante, decía que habría cambios en el diseño de la estructura fiscal para atenerse a las recomendaciones de la UE (subida de impuestos, en el neolenguaje que ha inventado el Gobierno del PP desde que llegó a La Moncloa), Montoro era tajante: no va a haber subida de impuestos en España, aunque se está en fase de reestructuración de nuestra carga tributaria (otra versión de la subida de impuestos en el mismo neolenguaje, dado los precedentes conocidos).

Si al PP le falta credibilidad cuando habla de impuestos (los sube cuando promete bajarlos), al PSOE le ocurre algo parecido cuando presenta unas bases para el cambio de la estructura impositiva tan rotundas como estas últimas, pendientes de concretar, pero bien elaboradas y argumentadas. ¿Por qué no lo hizo en la larga etapa de su Gobierno, cuando una reforma fiscal para que el sistema español sea más eficaz y justo hubiera tenido prioridad respecto a otras de las llamadas reformas estructurales? ¿Por qué coquetearon con las tesis, tan poco socialdemócratas, de quienes defendían el tipo único o afirmaban que la distribución solo se consigue vía gastos y no vía ingresos? ¿Por qué movieron la cabeza de arriba abajo frente a aquella tontería que tanto daño les ha hecho de que bajar impuestos también es de izquierdas en una sociedad con tantas necesidades como la española, que pretendía llegar a la convergencia real con los países de nuestro entorno? Y también, ¿por qué no se la exige Bruselas al Gobierno con la misma vehemencia que la reforma laboral, la energética, la de las pensiones, la financiera…?

Los datos son apabullantes: la presión fiscal es ocho puntos inferior a la media europea (del 32,4% al 40,1%); de todo lo que se recauda en España el 90% procede de las rentas del trabajo medias y bajas (9 de cada 10 euros recaudados vienen de este tipo de rentas, vía IRPF, cotizaciones sociales, IVA e impuestos especiales), siendo el 10% restante (uno de cada 10 euros recaudados) lo que aportan los contribuyentes más ricos, las rentas de capital y las empresas.

En España, el 10% de los ciudadanos más ricos acumula un patrimonio 135 veces más elevado que el 20% más pobre de la sociedad española.

Hay dos formas de defraudar y no cumplir con Hacienda: una legal, no pagando impuestos gracias a los mecanismos de ingeniería fiscal que existen; y otra ilegal, no pagando, haciendo fraude fiscal. Según el PSOE, para aumentar los ingresos en España no es necesario subir los impuestos a las rentas de trabajo, sino tapar los agujeros del sistema fiscal por los que se escapan sin pagar, o pagando menos de lo que deben, ese 10% de contribuyentes que acumulan la mayor riqueza del país. La propuesta socialista sobre un sistema fiscal más eficaz y justo, dedicando (al revés de lo que se ha hecho en los últimos Presupuestos Generales) más recursos a la administración fiscal, es una idea fuerza que no debe abandonar la plaza pública.

''ES COMO LA VENECIA DEL SIGLO XVI'' La rebelión de los ricos y su 'teoría de la fuente del poder'

A principios del siglo XIX Estados Unidos presumía de ser una de las sociedades más igualitarias del planeta. En una carta fechada en 1814 Thomas Jefferson aseguraba que en su país no había pobres: “La mayor parte de nuestra población es trabajadora; nuestros ricos, que pueden vivir sin trabajar, son pocos, y tienen una riqueza moderada. La mayoría de la clase trabajadora tiene propiedades, cultiva su propia tierra, tiene una familia, y puede establecer precios competitivos que les permiten alimentarse abundantemente, vestir muy por encima de la mera decencia, trabajar moderadamente y criar a sus familias”. Para Jefferson esta equidad era la esencia misma del recién independizado país: “¿Puede ser cualquier estado de la sociedad más deseable?”

El tercer presidente de los Estados Unidos estaba obviando la situación de toda la población afroamericana que vivía en la esclavitud pero, al margen de esto, tenía razón en una cosa: pese a lo que podría parecer, la sociedad estadounidense del siglo XIX era relativamente igualitaria en términos económicos. Mucho más que hoy en día.

Tras el revulsivo que supuso la revolución industrial, donde una gran oligarquía controlaba toda la producción, y la desigualdad alcanzó una de sus cotas más altas, la situación fue estabilizándose hasta los años ochenta del siglo XX. Desde entonces, la brecha entre ricos y pobres no ha dejado de crecer: entre 1980 y 2007 la desigualdad ha aumentado en un escandaloso 135%. Hoy en día, en EE.UU., el 1% de la población controla el 23,5% de la riqueza. Y las cifras son similares en el resto de los países industrializados. En España, en 2008, el 1% más rico de la población controlaba el 18,3% de la riqueza del país (Davies, J., Sandström, S., Shorrocks, A., y Wolff, E., 2008).

Este auge de la desigualdad es el que trata de analizar un nuevo estudio, «The Rise of the Super-Rich» ('el auge de los super-ricos') publicado en la revista American Sociological Review, que, centrándose en el caso estadounidense, asegura que, a partir 1980, los ricos supieron imponer sus criterios en el Congreso, los sindicatos perdieron fuelle, disminuyeron los impuestos a las rentas altas y, en definitiva, el 1% más adinerado no dejó de acumular riqueza, mientras el resto de la sociedad la perdía. Una tendencia que no ha disminuido ni un ápice desde entonces, y que es similar a la que están viviendo las sociedades europeas. La desigualdad vuelve a niveles de la era industrial La situación no es nueva.

Con la llegada de la industrialización se vivió una situación parecida en todo el mundo occidental: la brecha de la desigualdad creció enormemente, auspiciada por gobiernos y élites. Entre 1913 y hasta que finalizó la II Guerra Mundial, el 1% de la población acumuló entre el 11,3% y el 23,9% de la riqueza de Estados Unidos. Tal como el propio Franklin D. Roosevelt argumentó en un discurso en 1932, durante una reunión de la Commonwealth, la revolución industrial había sido posible “gracias a un grupo de titanes financieros cuyos métodos no habían sido examinados con demasiado cuidado”. El presidente justificó esto tirando de pragmatismo, en su opinión Estados Unidos tenía el derecho de aceptar esta realidad “agridulce”. El resultado, tal como reconocía el propio presidente, era que la igualdad de oportunidades había desaparecido.

En 1928 la diferencia entre ricos y pobres de Estados Unidos alcanzó su cenit: el 1% de la población controlaba cerca del 25% de la riqueza. Desde entonces, pese a la “agridulce” visión de Roosevelt, la brecha empezó a disminuir. La lucha por los derechos civiles, los sindicatos –que pese la represión de la Guerra Fría tuvieron una gran fuerza en los Estados Unidos– y, en definitiva, la extensión de cierto estado del bienestar, lograron que en 1975 la diferencia entre ricos y pobres disminuyera notablemente: en 1975 el 1% más rico “solo” acumulaba el 8,9%. La brecha había disminuido en un 63%.

La situación ha dado un vuelco desde entonces, al menos a nivel estadístico: ¿Qué ha ocurrido en los últimos 30 años para que la brecha de la desigualdad sea similar a la de la revolución industrial?

El ejemplo veneciano Para la experiodista del Financial Times y actual redactora jefe de Reuters, Chrystia Freeland, el hecho de que la brecha entre ricos y pobres sea la mayor desde la época dorada de la industrialización no es accidental: “Ahora, como entonces, los titanes están buscando tener una mayor presencia en la política, que coincida con su poder económico. Ahora, como entonces, el peligro inevitable reside en que van a confundir su propio interés con el del bien común”. Esta es la teoría que traza en su último libro, Plutocrats: The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else (‘Plutócatras: el auge de los nuevos super-ricos globales y la caída del resto del mundo’, Pinguin Press).

Para Freeland la situación que estamos viviendo se parece en gran medida a la que se dio en la República de Venecia en el siglo XVI, y que acabó para siempre con la prosperidad de la ciudad de los canales. Una lección histórica que utiliza para ilustrar el peligro al que nos enfrentamos si no se trata de atajar rápidamente esta desigualdad.

A principios del siglo XIV Venecia era una de las ciudades más ricas de Europa. Su sistema económico se regía por la colleganza, una forma básica de sociedad anónima, creada para financiar una expedición comercial. Estas primeras empresas tenían una particularidad esencial, estaban abiertas a todo el mundo, lo que permitía a cualquier emprendedor participar en las finanzas junto a hombres de negocios ya establecidos, que financiaban sus viajes comerciales. Este sistema llevó a la prosperidad a la República Veneciana, que se convirtió en el centro neurálgico del comercio mundial.

En 1315, justo cuando Venecia se encontraba en el punto más alto de su poder económico, las personas más adineradas de la República presionaron para que se legislara a su favor. Se creó un veto oficial a la movilidad social, El libro de oro, un registro de la nobleza, que dejaba fuera del sistema a todo aquel que no estuviera inscrito en el mismo.

Bajo el control de los oligarcas Venecia empezó a recortar las oportunidades económicas de la población general y la prosperidad de la República entró en barrena. La ciudad se estancó: en 1500 la población de la ciudad era menor que la que tenía en 1330.

Nunca volvió a recuperar su esplendor. La desigualdad proviene de decisiones políticas El caso de Venecia sirve para ilustrar una idea clara: si (sólo) las élites económicas toman partido en las decisiones políticas estas irán encaminadas (sólo) a su propio beneficio, que no es el del conjunto de la sociedad. “La ironía del auge político de los plutócratas”, cuenta Freeman, “es que, como los oligarcas de Venecia, están amenazando el sistema que han creado”.

Para Thomas W. Volcho y Nathan J. Kelly, autores del estudio de la American Sociological Review, cuya tesis es similar a la de Freeman, el aumento de la desigualdad no es casual, y no tiene que ver con la crisis (aunque ésta ha aumentado la brecha), sino con unas determinadas decisiones políticas, fruto de la presión del 1% más rico.

El fundamento teórico de su trabajo se basa en la Power Resource Theory (“la teoría de la fuente del poder”), según la cual la distribución de la riqueza y el poder se debe al éxito o fracaso de las distintas ideologías políticas.

En su opinión, los trabajadores y la clase media solo tienen dos formas de lograr una distribución progresiva de la riqueza: a través de la política y el mercado. Esta desigualdad iría de la mano, por tanto, del declive de los partidos de izquierda (que empujaban a favor de la redistribución de la riqueza en la esfera política) y los sindicatos (que empujaban en el mercado).

En EE.UU, desde 1978, los tipos impositivos máximos han bajado del 39% al 15%, lo que en su opinión es decisivo para entender el aumento de la brecha entre ricos y pobres.

En definitiva, lo que Kelly y Volcho quieren dejar claro es que, pese a lo que muchos piensan, la desigualdad no es fruto de los vaivenes del mercado, que se escapan del control, sino de unas determinadas decisiones políticas. Es cierto que el mercado influye en las decisiones gubernamentales (algo que se ha hecho evidente en los últimos tiempos), pero esas decisiones repercuten a su vez en la economía. Un círculo vicioso destinado a crear mayor desigualdad, si no se toman medidas para atajar la tendencia. 

Fuente: http://www.elconfidencial.com/

El “expolio” social del que no se habla

Un argumento utilizado por los independentistas catalanes para defender la tesis de que Catalunya tendría más recursos si se independizara de España es que España está “expoliando” a Catalunya. No voy a entrar en este artículo en este tema, sobre el cual he escrito extensamente en varios artículos mostrando que el escaso desarrollo social de Catalunya no se debe al supuesto expolio nacional sino al enorme poder que las derechas catalanas y españolas han tenido y continúan teniendo a los dos lados del Ebro, situación responsable del subdesarrollo social de Catalunya y de otras partes de España, como documento en mi libro El Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, Anagrama. 2006.

En este artículo quiero centrarme en la existencia de un expolio del cual ni los nacionalistas de los dos lados del Ebro ni nadie más están hoy hablando, ni en Catalunya ni en España. Es el expolio de una minoría -lo que solía llamarse la burguesía financiera e industrial- al resto de la población, y que está ocurriendo a lo largo de todo el territorio español, incluyendo Catalunya. Tal minoría no está contribuyendo al Estado (tanto central como autonómico) lo que contribuyen todos los demás. Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás, la cifra resultante para toda España sería de más de 30.000 millones de euros al año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los recortes de gasto público y social que están dañando de una manera muy acentuada el bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población en general y de las clases populares en particular, tanto en Catalunya como en el resto de España. (Ver el informe del Observatorio Social de España, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia. Ariel. 2012).

Para entender la naturaleza de este expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de ingreso más importantes al Estado que incluye, como he señalado en el párrafo anterior, no sólo el Estado central, sino los Estados autonómicos. Pues bien, cuatro son las fuentes más importantes:

1. Una son los ingresos derivados de los impuestos sobre las rentas, primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que paga la mayoría de la población trabajadora);

2. La otra fuente son los impuestos sobre el capital que afectan a un grupo muy minoritario de la población (predominantemente los burgueses y los grandes empresarios);

3. La tercera fuente son los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la población, independientemente de sus ingresos, paga cuando compra algo, y que es sumamente regresivo;

4. Una cuarta fuente son los impuestos especiales que, como su nombre indica, son impuestos para fines concretos; y, finalmente, otra categoría que se define como “otros impuestos”.

Pues bien, según el excelente informe de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras (uno de los centros de estudios más rigurosos que publica periódicamente informes que cuestionan la credibilidad del conocimiento producido por los centros de estudios financiados por la Banca y la Gran Patronal, como FEDEA), escrito por el economista Manuel Lago (y del cual extraigo la mayoría de los datos que presento en este artículo), los ingresos derivados del IRPF en España, desde el último año antes de que se iniciara la crisis, 2006, hasta el año 2011, crecieron un 6%, pasando el Estado de ingresar 64.638 millones de euros a 68.557 millones. Los fondos públicos procedentes del impuesto sobre el consumo bajaron sólo ligeramente (-2%), pasando de 52.817 millones de euros a 51.580 millones. Los fondos que el Estado recogía vía los impuestos especiales crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699 millones de euros a 19.025 millones, y la categoría de “otros impuestos” subió más (5%), pasando de 5.696 millones de euros a 5.971 millones. Estos fondos procedentes de tales impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de la gente que trabaja y consume (lo que la literatura sociológica definiría como clase trabajadora y clases medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han mantenido o han aumentado.

Ahora bien, si analizamos qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus diferentes componentes, tales como capital financiero (bancos, compañías de seguros y compañías de alto riesgo, entre otros), capital industrial (grandes corporaciones multinacionales) o capital de servicios (empresas de marketing y asesorías, entre otras) vemos que los ingresos al Estado derivados de la carga impositiva sobre el capital han bajado de una manera muy acentuada, casi espectacular (-68%), pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. Es decir, en otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de euros. En realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando de 183.525 millones de euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente de gravar menos las rentas del capital, hecho que es el mayor responsable de la bajada de ingresos al Estado durante este periodo (14%). En total el Estado ha pasado a ingresar 25.009 millones de euros menos, que es una cifra muy cercana a los 28.292 millones que el Estado no ingresó como consecuencia del descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es decir, del capital. Manuel Lago documenta con gran detalle los cambios que han ido ocurriendo en cada uno de estos impuestos y sus consecuencias en cuanto a los ingresos al Estado. Lo que les acabo de escribir es el resumen de cómo han evolucionado los ingresos. Y lo más llamativo es que los ingresos procedentes del impuesto de sociedades (que es el impuesto al capital), que representaban el 23% de todos los impuestos en el año 2006, han pasado a ser sólo un 8%. Sí, lo ha leído bien, sólo un 8%. El mundo empresarial contribuye mucho, mucho menos que la mayoría de la población, incluyéndole a usted, lector, y a mí.

Ni que decir tiene que los centros de estudios financiados por la banca y por la gran patronal han intentado explicar tal descenso de su contribución al Estado atribuyéndolo a la reducción de sus beneficios, resultado de la crisis económica. Manuel Lago muestra contundentemente que ello no es del todo cierto. La reducción de beneficios es sólo una pequeña parte de la causa del descenso de los ingresos al Estado procedente de las empresas. Tal descenso es mucho mayor que el descenso de beneficios, una situación que es particularmente acentuada entre las grandes empresas, llamadas multinacionales. En realidad, el descenso de su aportación al Estado es consecuencia de la gran cantidad de lo que llaman incentivos fiscales, incluyendo las enormes deducciones, y nuevos sistemas de ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan las rentas del capital (35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en la realidad a un 5%. Sí, repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras empresas (que no son grandes empresas multinacionales y facturan menos de diez millones de euros) pagan menos que su tipo nominal, siendo el real 15,3%, más de tres veces más que las multinacionales.

El significado de estos datos y otros aportados por el informe es que, durante el periodo de la crisis 2007-2011, las empresas financieras, industriales y de servicios (es decir, el capital) declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales tributaron 101.421 millones, es decir, un 11,9%. Si hubieran pagado el 28,5%, que es lo que la Agencia Tributaria considera como el tipo nominal medio, el Estado hubiera ingresado 242.801 millones de euros, es decir, 141.380 millones de euros más, unos 35.000 millones de euros más anuales (tomando las cifras de 2009), que es, por cierto, la cifra de recortes de gasto público que los sucesivos gobiernos han estado exigiendo a la población española, recortes que se están haciendo para compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho a las rentas del capital. Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio social, muchas veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en cambio, el gran debate es sobre este último (entre aquellos que sustentan que hay un expolio nacional y los que señalan que no lo hay), y no sobre el anterior, que está perjudicando a las clases populares de toda España, incluida Catalunya. El hecho de que los establishments políticos y mediáticos españoles y catalanes se centren en el debate nacional y no en el debate social, se explica por el enorme poder que el capital tiene sobre tales establishments a los dos lados del Ebro. Así de claro. Incluso, descontando deducciones justificables y otras medidas, tal como Hace Manuel Lago, la cantidad continúa siendo respetable. Es más, si las rentas del capital se gravaran como las rentas del trabajo a la mayoría de la clase trabajadora que está en nómina (como algunos partidos han sugerido), la cantidad de 35.000 millones ascendería a muchos millones más.

¿No creen que hay algo injusto en ello? A las clases populares se les está imponiendo toda una serie de sacrificios, a fin de mantener enormes beneficios y privilegios fiscales al gran empresariado financiero y multinacional del país. Créanme que en España, incluyendo Catalunya, el que no está indignado es que no sabe lo que está pasando en su entorno. Así de claro. Vicenç Navarro.

Californians Say Yes to Taxes. Los californianos dicen sí a los Impuestos.

A la vez que se votaba Presidente en EE.UU., se votaban otras muchas propuestas, desde subidas de impuestos como la expuesta, a aprobación de matrimonios gays.

De todos los resultados electorales en los estados de todo el país, pocos pueden superar la sensación tan chocante de los votantes de California (1) con la aprobación de los aumentos temporales de impuestos para recaudar $ 6 mil millones al año a fin de mejorar el estado de las escuelas públicas y los agujeros del sistema universitario. Así es: en estos tiempos difíciles hubo votantes que acordaron someterse a esas subidas de impuestos a pesar del mantra simplista de los políticos conservadores de "no más impuestos".

La medida electoral, la llamada Proposición de ley 30, fue una apuesta audaz del gobernador Jerry Brown. A causa de ello fue ridiculizado a fondo por una oposición bien financiada, dirigida por grupos conservadores contra los impuestos, con donantes no revelados. Al vencer la votación se aumenta el impuesto estatal sobre las ventas en una cuarta parte del 1 por ciento durante cuatro años y esos impuestos aumentarán los ingresos durante siete años en lo que supondrá más de 250.000 dólares al año.

La crisis presupuestaria, que ya dura muchos años, en California ha dado como resultado el aumento de tamaño de las clases en las escuelas, la reducción en el tiempo de instrucción y los despidos de miles de maestros de todo el estado.

Mientras tanto, los estudiantes de las universidades públicas del estado y los Colleges se han enfrentado a aumentos de las matrículas, menos recursos de los campus y la disminución de nuevas plazas para la inscripción. Las autoridades dicen que la aprobación de la propuesta electoral significará que el sistema público de escuelas no tendrá que reducir la duración del año escolar y los Colleges no tendrán que aumentar los precios de las matrículas. También permitirá a los Colleges comunitarios -públicos- restaurar miles de clases y aumentar sus plazas en 20.000 estudiantes.

El caso de California, donde la revuelta contra el aumento de impuestos sobre la propiedad fiscal en 1978 dirigido por Howard Jarvis (la número 13), se convirtió en material del folklore político, un capítulo nuevo e impredecible puede haber sido abierto. Esta semana, los votantes también dieron a los demócratas, encabezados por el gobernador Brown, una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Parlamento del Estado. Esto significa que van a tener "súper mayoría" y con ella el control y la capacidad de recaudar impuestos y aprobar otras medidas sin necesidad de la colaboración en su aprobación por los republicanos.

El Sr. Brown, consciente de que el control absoluto de un solo partido puede dar lugar a problemas, de forma rápida prometió que no habría nuevos dispendios ni se "gastaría mucho". Mantener la promesa requerirá vigilancia de los votantes. Será interesante ver si con la aprobación por mayoría popular del aumento de los impuestos para la educación, California iniciará otro movimiento nacional.
Fuente, noticia en el NYT Californians "Say Yes to Taxes", 8 de noviembre de 2012.

(1)El estado de California, el más rico de los EE.UU., estaba en bancarrota debido a que sus ingresos eran menores que sus gastos, y ello les llevó a una situación de bloqueo. Al no tener mayoría cualificada ninguno de los dos partidos, necesario por ley para poder cambiar las normas sobre impuestos, no se  podía avanzar, ya que los republicanos proponían recortes en gastos sociales y los demócratas subidas de impuestos y no llegaban a acuerdos. Por otra parte en 1978 se había votado una ley -la Jarvis- para bloquear toda posible subida de impuestos sobre propiedades -lo que evidentemente beneficiaba a los propietarios, a los más pudientes.
Con esta última votación se ha entrado en una nueva situación. La mayoría de ciudadanos está de acuerdo en pagar más impuestos, en contra de la tendencia general, hasta ahora dominante, para mejorar la educación pública. La situación es compleja, aquí no se refleja toda la realidad, por ejemplo, hace unos años el sistema de prisiones costaba la mitad que el sistema educativo, ahora es al contrario. California se gasta en prisiones y correccionales el doble que en educación. Ha aumentado por seis el número de encarcelados o vigilados y no dejan de aumentar, siendo su número de los mayores del mundo en proporción por habitantes. ¿Podría tener relación ambas cifras? A menos educación, más pobreza y delitos y más ciudadanos en prisiones, en un círculo infernal que va en aumento y, sobre todo, entre las minorías étnicas como los afroamericanos.
Foto del autor, playa de la Barrosa, Chiclana, Cádiz. agosto de 2012.

¿Deben los ricos cargar con el peso de la crisis?

Lo que está claro es que deben colaborar solidariamente ¿o no son ciudadanos de este mundo?

El polémico impuesto establece el 75% a los ingresos por encima del millón de euros. En Francia no se habla de otra cosa, pero el debate no es una mera debilidad gala. En tiempos de recesión y austeridad, el tema es central en atribulados países como Grecia, Portugal, España e Irlanda, en el utilitarista Reino Unido o en la aparentemente eficiente Alemania. El doble peso de la deuda soberana y el déficit fiscal europeo exige sacrificios. El problema es quién paga los platos rotos del tema de fondo: el estallido financiero de 2008. Con el polémico impuesto del 75% a los ingresos por encima del millón de euros, el presidente de Francia Francois Hollande ha dado un mensaje claro... 

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¿Crisis? "No hay otra opción, hacemos lo único que hay que hacer". Sí que había y hay alternativas

El Estado español (tanto a nivel central como autonómico) se ha caracterizado por su pobreza, pobreza que también ha caracterizado a los otros Estados intervenidos (Grecia, Portugal e Irlanda). Los ingresos al Estado en España, al final del periodo de expansión económica, en el año 2007, representaban el 41% del PIB, un porcentaje menor que el promedio de la UE-15 (45% del PIB), el grupo de países más desarrollados económicamente de la UE. Es importante contrastar este bajo porcentaje con los porcentajes en los países escandinavos: Noruega 58%, Dinamarca 56%, Suecia 55% y Finlandia 53%, porcentajes mucho más elevados que los de España y los otros países intervenidos, hecho que se debe al contexto político que ha determinado históricamente la evolución de tales Estados. En aquellos países escandinavos los partidos progresistas han gobernado la mayoría de años desde el fin de la II Guerra Mundial. En los países intervenidos, sin embargo, han sido las fuerzas conservadoras las que han gobernado la mayoría de años durante tal periodo, reflejando un gran poder e influencia sobre sus Estados. Los escasos ingresos al Estado es un indicador de ello. Estos países, con la excepción de Irlanda, estuvieron gobernados durante muchos años por dictaduras de ultraderecha caracterizadas por su escasa sensibilidad social, junto con un gran desarrollo de su aparato represivo. Irlanda no tuvo una dictadura pero sí que estuvo gobernada durante la mayoría del citado periodo por gobiernos profundamente conservadores. Y aunque en todo ellos, los periodos democráticos que siguieron sus regímenes dictatoriales o autoritarios consiguieron corregir parte de sus déficits de ingresos al Estado, su heredado retraso todavía lastra y explica sus escasos recursos públicos. Esta realidad es raramente citada en los análisis económicos de tales Estados, poco conscientes de la importancia del contexto político para explicar el fenómeno económico.

 La situación en España
 Los ingresos al Estado incrementaron sustancialmente durante el periodo democrático alcanzando su máximo nivel al final de su último periodo expansivo. En 2007, los ingresos al Estado per cápita fueron de 9.654 euros. Ahora bien, a partir de entonces, tales ingresos descendieron, de manera que en el año 2011, habían bajado a 8.175 euros, siendo tal cifra el 62% del promedio de la UE-15, que era 13.126 euros. Esta bajada se ha interpretado como resultado del descenso de la actividad económica, lo cual, es cierto solo en parte (y una parte relativamente menor). Veamos los datos, provenientes en su mayoría del Informe Anual de Recaudación Tributaria del Estado Español y que han sido analizados en detalle en el informe Cambio en las políticas fiscales en el periodo 2007-2011 de Pilar Castellà, publicado por el Observatorio Social de España.
 En el año 2007 los ingresos al Estado alcanzaron la cifra de 200.676 millones de euros. En el año 2008 tales ingresos bajaron de una manera muy marcada, recaudándose 173.453 millones de euros, descenso que se ha atribuido al descenso de la actividad económica, lo cual no es del todo cierto. En realidad, aquel año 2008 fue el año de la aplicación de la Ley 35/2006 que conllevó una bajada generalizada de impuestos, con el consiguiente descenso de los ingresos al Estado (un 14% en 2008 y un 17% en 2009). En solo tres años se pasó de ingresar más de 200.000 millones de euros en 2007 a 144.023 millones en 2009, una reducción del 28%, un descenso muy considerable. Ello respondía a aquella actitud generaliza en la primera década del siglo XXI, época de plena hegemonía del pensamiento liberal en los círculos económicos, incluidos en los del partido socialdemócrata gobernante en España, en los que se asumía que la reducción de impuestos era una medida positiva y deseable, postura descrita claramente en el famoso eslogan del entonces presidente del gobierno, el Sr. Zapatero, que afirmaba “que bajar los impuestos es de izquierdas”. En realidad voces discordantes con este pensamiento fuimos ignoradas, cuando no insultadas, definiéndonos como “anticuados” (o la manera amable de decirlo, “socialdemócratas tradicionales”) tal como apareció en la respuesta de Jordi Sevilla a mi crítica a su libro De nuevo socialismo, donde se proponía tal bajada de impuestos, siendo tal libro el punto de referencia del pensamiento de la Nueva Vía que gobernó España durante la mayoría del periodo de gobierno Zapatero (ver este debate en mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias).
Según el informe de recaudación tributaria del año 2008 elaborado por el Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas del Ministerio de Economía y Hacienda, tal rebaja generalizada de impuestos significó la pérdida de recaudación en 2008 de nada menos que 19.540 millones, que era el 72% de la pérdida total de ingresos al Estado. Solo un 28% (7.683 millones) se debía al impacto de la crisis. Este dato, de una enorme importancia, apenas ha aparecido en los medios de información, incluidos los económicos.
Otro ejemplo del impacto de los cambios fiscales en los ingresos al Estado es que, en 2010, los ingresos al Estado subieron (pasando de 144.023 millones en 2009 a 159.536 en 2010), una subida de un 11%, a pesar de que la economía continuaba en crisis y en recesión. Ello fue consecuencia de la reforma tributaria de aquel año, que aumentó los impuestos generando más ingresos.

La bajada de impuestos como causa del descenso de ingresos públicos
Cuando se analiza donde hubo una mayor disminución de los ingresos al Estado durante el periodo 2007-2010 resultado de estos recortes de impuestos se observa que el mayor descenso procedió de la rebaja del impuesto de sociedades que bajó un 63,9%. El segundo fue el impuesto sobre el consumo, el IVA, que bajó un 12,1%, seguido del IRPF que descendió un 7,8%. Repito de nuevo, una causa importante de estos descensos correspondió a las reformas fiscales, y no solo a la disminución de la actividad económica. Según el Ministerio de Economía y Hacienda los ingresos derivados del impuesto de sociedades disminuyeron en 17.521 millones de euros en solo un año, lo cual supuso un descenso de ingresos del 39,1%. Pues bien, según el mismo informe, el 46% de este descenso de debió a las reformas fiscales del 2007 (un descenso de 5 puntos en tal impuesto) y un 54% al descenso de la actividad económica. En otras palabras, las rebajas de impuestos de sociedades significaron un recorte de 8.120 millones de euros... Vicenç Navarro. Público.es, leer más aquí.

Consecuencias de la subida del IVA

Rajoy ha incumplido todas sus promesas económicas pese a que el esfuerzo en la reducción del déficit es menor a lo previsto

El mito de que bastaría que se fuese Zapatero y llegase al Gobierno el Partido Popular para que se recuperase la confianza no ha durado ni un suspiro. El hada de la confianza, usando la expresión de Krugman, no se ha aparecido en España. El Gobierno de Rajoy ha reincidido, para sorpresa general, en los errores de diagnóstico y gestión de la crisis de Zapatero y ha acabado adoptando las mismas medidas que tanto le criticó desde la oposición (como la subida del IVA y la rebaja de sueldos de los funcionarios). Su programa electoral y su discurso de investidura de hace seis meses eran, efectivamente de cuento de hadas. Tanto, que hoy ha tenido que enmendarlo en su totalidad, cuando la situación es mucho más grave.

No hay duda de que le herencia económica que dejó Zapatero es la peor que ha recibido un Gobierno en la historia reciente española, con una alta tasa de paro, un elevado déficit público, un fuerte endeudamiento externo y un sector financiero muy débil, por citar solo los problemas más graves y acuciantes. Pero Rajoy ha mezclado sin rigor herencias con falacias para justificar sus recortes y exculparse del incumplimiento sistemático del programa electoral y las promesas con que llegó al Gobierno.

Desde que Rajoy gobierna, todos los indicadores de confianza en España se han deteriorado gravemente. La prima de riesgo española no solo ha batido todos los récords, sino que era 200 puntos inferior a la italiana a comienzos de año y ahora es sustancialmente superior. Los seguros sobre impago de deuda del Tesoro se han disparado. La Bolsa española se ha convertido este año en la peor del mundo. La fuga de capitales (tras un aumento de los impuestos sobre las rentas del capital) no tiene precedentes. Los inversores, los mercados, han dado la espalda a España mientras los retrasados presupuestos se quedan viejos en una semana y el Gobierno provoca un incendio al tratar de hacer el papel de bombero del Banco de España. Rajoy dijo que no tenía intención de subir los impuestos y a la semana siguiente subió el IRPF y el IBI. Rajoy dijo que no abarataría el coste del despido y aprobó una reforma laboral que lo pone a precio de saldo, al facilitar el despido procedente con 20 días de indemnización por cada año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Rajoy dijo que no bajaría el sueldo de los funcionarios como Zapatero, pero primero aprobó un aumento de jornada que en la práctica suponía una rebaja del 6% por hora trabajada y ahora suprime la paga extra de navidad en lo que implica un recorte del 7% de la retribución en términos anuales y del 14% en lo que queda de año. Rajoy dijo que no subiría el IVA como Zapatero, y ha aplicado la mayor subida desde que existe el impuesto (de tres puntos en el tipo general, hasta el 21% y de dos en el reducido, hasta el 10%). Rajoy dijo que no recortaría las prestaciones por desempleo y hoy lo ha hecho. Rajoy dijo que no recortaría en Sanidad y Educación y ha promovido los mayores recortes en ese terreno desde que existe el Estado del Bienestar en España. Denigró la idea de una amnistía fiscal y no solo ha aprobado una, sino que cada vez da más facilidades a los defraudadores para beneficiarse de ella. Dijo que no habría copago, y ya está en vigor. En su discurso de investidura, Rajoy dijo que la restructuración financiera estaría culminada en el primer semestre de este año y al empezar el segundo, tras dos reformas fallidas en tiempo récord, el sector financiero está abierto en canal y España ha pedido el rescate a Europa para recapitalizar la banca.

Desde el principio, el Gobierno ha culpado de sus incumplimientos al Gobierno anterior. “Es mi deber liberar a España del peso de esa herencia”, ha dicho hoy Rajoy. Pero las cifras le desmienten. La desviación sobre el objetivo de 2011 de la Administración central fue mínima y debida en buena parte a que el nuevo Gobierno de Rajoy cargó hábilmente al ejercicio 2011 unos 600 millones en expropiaciones que van a pagar este año y otros 600 millones de la intervención de Unnim que se apuntaron como gasto de 2011 y como ingreso de 2012. La Seguridad Social cerró con un pequeño déficit, sobre todo por la caída de ingresos en el cuarto trimestre. Pero el grueso de la desviación de 2011 procede sobre todo de las comunidades autónomas, entre ellas las regidas por Esperanza Aguirre, Francisco Camps y otros gobernantes de su partido. “No entro en quién es el responsable o deja de serlo”, ha señalado Rajoy...

el recorte del déficit es menor que el planteado antes de las elecciones, pero buena parte de las medidas de Rajoy (IRPF, IVA, paga extra de funcionarios, amnistía fiscal…) van sobre todo destinadas a reducir el déficit de la Administración central. ¿Cuáles eran sus planes reales? La excusa de la herencia es una falacia. Quedan dos opciones: o Rajoy engañó a los votantes o no tenía ni idea de lo que le tocaba hacer. A estas alturas, uno no sabe cuál es peor de las dos.

El País.