La traición de los intelectuales

La reescritura que de la historia hacen las élites en el poder se hizo penosamente evidente cuando la nación marcó el décimo aniversario del comienzo de la Guerra de Iraq. Algunos afirmaron que se habían opuesto a la guerra cuando en realidad no había sido así. Otros, los “idiotas útiles de Bush”, sostuvieron que simplemente habían actuado de buena fe en función de la información de que disponían; que si hubieran sabido entonces lo que saben hoy, nos aseguraron, habrían actuado de forma muy diferente. Esto, por supuesto, es falso. Los promotores de la guerra, especialmente los “halcones liberales” –que incluían a Hillary Clinton, Chuck Schumer, Al Franken y John Kerry, además de académicos, escritores y periodistas como Bill Keller, Michael Ignatieff, Nicholas Kristof, David Remnick, Fareed Zakaria, Michael Walzer, Paul Berman, Thomas Friedman, George Packer, Anne-Marie Slaughter, Kanan Makiya y el difunto Christopher Hitchens- hicieron lo que siempre habían hecho: embarcarse en actos de supervivencia. Oponerse a la guerra hubiera sido un suicidio político. Y ellos lo sabían.

Sin embargo, estos apologistas actuaron no sólo como animadores de la guerra; en la mayoría de los casos ridiculizaron e intentaron desacreditar a todo aquel que cuestionó el llamamiento a invadir a Iraq. Kristof, en The New York Times, atacó al cineasta Michael Moore tildándole de teórico de la conspiración y escribió que las voces contra la guerra estaban sirviendo para polarizar lo que denominó como “cloaca política”. Hitchens dijo que aquellos que se oponían a atacar a Iraq “no creen en absoluto que Sadam Husein sea un chico malo”. Llamó “antiguo hippy descerebrado o vociferante neo-estalinista” al típico manifestante antibelicista. Una década después, los desganados mea culpa de muchos de estos cortesanos evitan siempre mencionar el papel más pernicioso y fundamental que jugaron en la preparación de la guerra: acallar el debate público. Aquellos de nosotros que nos manifestamos contra la guerra, enfrentados a la embestida de los “patriotas” de derechas y sus apologistas liberales, nos convertimos en parias. En mi caso, no importó que yo hablara árabe, no importó que hubiera pasado siete años en Oriente Medio, incluyendo varios meses en Iraq, como corresponsal en el extranjero. No importó que conociera cuáles eran los objetivos de esa guerra. Las críticas de que fuimos objeto tanto yo como otros opositores a la guerra, nos convirtió en sujetos despreciables por parte de una elite liberal que quería cobardemente demostrar su propio “patriotismo” y “realismo” respecto a la seguridad nacional. La clase liberal fomentó un odio rabioso e irracional hacia todos los críticos con la guerra. Muchos de nosotros recibimos amenazas de muerte y perdimos nuestros empleos, en mi caso en The New York Times. Diez años después, esos liberales belicistas siguen ignorando tanto su bancarrota moral como su mojigatería empalagosa. Pero tienen en sus manos la sangre de cientos de miles de seres inocentes.

Las elites en el poder, especialmente la elite liberal, han estado siempre dispuestas a sacrificar la integridad y la verdad a cambio de poder, ascenso personal, becas de fundaciones, premios, titularidades de cátedras, columnas, contratos de libros, apariciones en televisión, conferencias dotadas de generosos honorarios y estatus social. Saben lo que tienen que decir. Saben a qué ideología tienen que servir. Saben qué mentiras hay que contar: la mayor de las cuales es que asumen posturas morales sobre temas que no son precisamente inocuos o anodinos. Llevan mucho tiempo auspiciando esos juegos. Y, si sus carreras lo requirieran, nos venderían alegremente de nuevo. Leslie Gelb, en la revista Foreign Affairs, explicaba después de la invasión de Iraq: “Mi apoyo inicial a la guerra fue sintomático de las desafortunadas tendencias dentro de la comunidad de la política exterior, es decir, de la disposición e incentivos para apoyar las guerras a fin de conservar su credibilidad política y profesional”, escribió. “Nosotros, ‘los expertos’, tenemos mucho que reflexionar sobre nosotros mismos, aunque ‘pulamos’ a los medios de comunicación. Debemos redoblar nuestro compromiso con el pensamiento independiente, y acoger, en vez de desechar, opiniones y hechos que atacan la sabiduría popular, a menudo equivocada. Eso es al menos lo que nuestra democracia necesita”. La cobardía moral de las elites en el poder es especialmente evidente en lo que se refiere a la trágica situación de los palestinos. De hecho, se utiliza a la clase liberal para marginar y desacreditar a quienes, como Noam Chomsky y Norman Finkelstein, tienen la honestidad, integridad y coraje de denunciar los crímenes de guerra israelíes. Y la clase liberal se ve recompensada por ese sucio papel de ahogar el debate.

“Para mí, nada hay más censurable que esos hábitos mentales de los intelectuales que inducen a evadirse, a ese alejamiento característico de la postura difícil y con principios, que sabes que es correcta pero que decides no asumir”, escribió el difunto Edward Said. “No quieres parecer demasiado político; tienes miedo de parecer polémico; quieres mantener una reputación de ser equilibrado, objetivo y moderado; estás esperando que vuelvan a invitarte, a consultarte, a pertenecer a una junta o comité prestigioso, y por eso permaneces dentro de la corriente dominante establecida; porque esperas conseguir algún día un grado honorario, un gran premio, quizá incluso una embajada”.

Para un intelectual, esos hábitos mentales son corruptos por excelencia”, seguía Said. “Si algo hay que puede desnaturalizar, neutralizar y finalmente acabar con una apasionada vida intelectual, ese algo es la internalización de esos hábitos. A nivel personal, me he topado con ellos en una de las más complicadas de todas las cuestiones contemporáneas: la cuestión palestina, donde el temor a hablar claro sobre una de las mayores injusticias de la historia moderna ha coartado, ofuscado y amordazado a muchos que conocen la verdad y están en posición de servirla. Porque, a pesar del maltrato y denigración sufridos por cualquier claro defensor o defensora de los derechos y autodeterminación palestinos, merece la pena decir la verdad y que un intelectual compasivo y valiente la represente”.

Julien Benda sostenía en su libro publicado en 1927 “La Trahison des Clercs” [La traición de los intelectuales], que esto sólo se produce cuando no nos implicamos en la búsqueda de objetivos prácticos o ventajas materiales que nos puedan servir de conciencia y correctivo. Aquellos que trasladan sus lealtades a los objetivos prácticos del poder y a las ventajas materiales se castran a sí mismos intelectual y moralmente. Benda escribió que en otro tiempo se suponía que los intelectuales eran indiferentes a las pasiones populares. “Que eran un ejemplo de compromiso puramente desinteresado con las actividades de la mente y que generaron la creencia en el valor supremo de esta forma de existencia”. Se les veía “como unos moralistas que estaban por encima del conflicto de los egoísmos humanos”. “Predicaban, en nombre de la humanidad o de la justicia, la adopción de un principio abstracto superior y directamente opuesto a esas pasiones”. Esos intelectuales, reconocía Benda, no eran capaces, con demasiada frecuencia, de impedir que los poderosos “anegaran toda la historia con el ruido de sus odios y sus matanzas”. Pero, al menos, “impidieron que los legos establecieran sus acciones como religión, les impidieron que pensaran de ellos mismos que eran grandes hombres cuando perpetraban esas actividades”. En resumen, afirmaba Benda, “la humanidad hizo el mal durante dos mil años, pero honró a los buenos. Esta contradicción era un honor para la especie humana y creó la grieta por donde la civilización se deslizó en el mundo”. Pero una vez que los intelectuales empezaron a “jugar el juego de las pasiones políticas”, aquellos que habían “actuado como freno sobre el realismo de la gente empezaron a actuar como sus estimuladores”. Y es por esta razón por la que Michael Moore tiene razón cuando culpa a The New York Times y al establishment liberal, incluso más que a George W. Bush y Dick Cheney, por la guerra de Iraq”.

“El deseo de decir la verdad”, escribió Paul Baran, el brillante economista marxista y autor de “The Political Economy of Growth” [La economía política del crecimiento], es “sólo una de las condiciones para ser intelectual. La otra es el coraje, la disposición para emprender investigaciones racionales te lleven donde te lleven… resistiéndote… ante la cómoda y lucrativa conformidad”.

Aquellos que desafían tenazmente la ortodoxia de las creencias, que cuestionan las pasiones políticas dominantes, que se niegan a sacrificar su integridad para servir al culto del poder, son empujados a los márgenes. Son denunciados por las mismas gentes que, años después, afirmarán a menudo que estas batallas morales son las suyas. Pero son sólo los marginados y los rebeldes los que mantienen vivas la verdad y la investigación intelectual. Los que ponen nombre a los crímenes del Estado. Los que dan su voz a las víctimas de la opresión. Los que formulan las preguntas difíciles. Y más importante, los que exponen a los poderosos, junto a sus apologistas liberales, por lo que son.

Chris Hedges, pasó casi dos décadas como corresponsal extranjero en Centroamérica, Oriente Medio, África y los Balcanes. Ha informado desde más de cincuenta países y ha trabajado para The Christian Science Monitor, National Public Radio, The Dallas Morning News y The New York Times, para el que estuvo escribiendo durante quince años.
Chris Hedges. Truthdig. Traducido por Sinfo Fernández.
Fuente: http://www.truthdig.com/report/item/the_treason_of_the_intellectuals_20130331/

Tal vez te interesa recordar a un ciudadano valiente y leal a la causa de la justicia: Olof Palmer, el primer ministro sueco asesinado y cuya muerte -el móvil, las causas, los objetivos y los organizadores de la trama- dista mucho de haber sido aclarada.

Caritas española y el informe sobre la pobreza y las desigualdades

La pobreza nos asusta pero la desigualdad nos indigna

Caritas española acaba de publicar un nuevo informe FOESSA con los datos de 2012. El panorama es desolador y debe de marcar un punto de inflexión para que todos hagamos algo para acabar con esta catástrofe social, que están originando estas políticas neoliberales impuestas por la Unión Europea y que aquí son ejecutadas ciegamente y con fervor y saña por el Partido Popular y anteriormente por el PSOE.

Hace unos meses, el New York Times publicó un reportaje fotográfico sobre la realidad social de la crisis en España. Inmediatamente la prensa española y en particular la de derechas, Abc, la Razón, el Mundo, atacaron este reportaje, acusándolo de irreal.

Sin embargo, es esta misma prensa, que un día sí y otro también, quien jalea la política de recortes sociales, económicos, educativos, sanitarios, en pensiones….., en esto también debe añadirse a El País. Luego se niegan a reconocer las consecuencias sociales que provocan y nos hablan de un país irreal ¿Qué podemos decir de los políticos del PP, PSOE y CIU? Alejados totalmente de la realidad, llenos de corrupción, viviendo en sus cenáculos y no entendiendo o no queriendo ver las consecuencias que sus políticas causan en la gente. Después nos llamarán a que los votemos, ¡Pobres necios! Como dice mi amigo Víctor Moreno “idiotas morales”.

¿Qué dice el informe FOESSA 2013?

Nos habla de una pobreza muy extendida, intensa y que se va cronificando en la sociedad. Esto nos lleva a un gran incremento de la desigualdad social, cada día más profunda, que nos muestra una sociedad totalmente fracturada. Comprobemos datos:

. La pobreza severa, que la sufren aquellas personas que tiene menos de 3.650 euros anuales por persona. En el año 2008, el 4% de la población española estaba en esa situación. Sin embargo, a finales de 2012 ya se estaba en el 6,4%, es decir unos tres millones de españoles. Algunos economistas calculamos que estos datos llegarán a finales del 2013 al 7,5%, sumándose a esta nueva situación 750.000 españoles más.

Como dice José Manuel Ramírez, de la Asociación de Directores Gerentes de Servicios Sociales “la pobreza extrema es el peldaño anterior a la exclusión social, y esto supone un enorme coste humano y de recursos”.

. La pobreza relativa, serían aquellos que viven con una renta inferior a los 7.300 euros anuales, o por ejemplo una pareja con dos hijos que cuenten con una renta inferior a los 15.330 euros anuales. En el año 2008, estaban en esta situación el 19,6% de la población. Los datos de 2012 dan un salto cuantitativo llegando ya al 21,8% y representan a más de diez millones de personas. Pero los datos de finales de 2013 darán un salto cuantitativo muy importante, como consecuencia de los recortes sociales, el nivel de desempleo creciente y la reforma laboral, llegaremos al 23% siendo ya más de once millones las personas que sufrirán este tipo de pobreza.

¿Es soportable esta situación social? ¿Hasta cuándo vamos aguantar estas políticas y sus consecuencias?

El informe también nos da otros tipos de datos, analizando que a finales de 2012, la caída de la renta de los españoles era de 18.500 euros anuales, devolviéndonos a la que teníamos en el año 2001, es decir un retroceso de once años y seguimos cayendo en renta muy rápidamente como consecuencia de las políticas del Partido Popular. Podemos decir que a finales de este año, estaremos en una renta per cápita de 17.000 euros anuales.

Estos datos son consecuencia del descenso en los ingresos familiares en un 4% y la subida del IPC en un 10%. Como dice Carlos Susías de la Red Contra la Pobreza y la exclusión Social en España “es una verdadera barbaridad la evolución de los últimos años”.

¿Sufrimos igual todos la crisis?

La respuesta es NO, y esto indigna. España es un país tremendamente desigual socialmente, siendo junto a Bulgaria y Rumania el país más desigual de la Unión Europea, por encima de Portugal y Grecia. A esta situación hemos llegado gracias a las políticas desarrolladas por el tándem PP-PSOE, con su cacareadas rebajas fiscales, que consistían en bajar los impuestos a los ricos y mantener o aumentarla al mundo laboral (España es un paraíso fiscal para los ricos y encima nuestro ricos no quieren pagar, como mucho practican de vez en cuando la caridad como Amancio Ortega).

En este sentido, los datos que nos da el informe FOESSA son esclarecedores. Los ingresos medios de las personas más ricas del país son siete veces superiores al nivel medio de ingresos de quienes tienen menos rentas. Y desde comienzos de la crisis está diferencia se ha incrementado en un 30%.

La desigualdad en la distribución de rentas ha ido en aumento a partir de 2006, con una disminución del 5% en términos reales cada año en los hogares más pobres, mientras que el crecimiento correspondiente a los hogares más ricos ha sido en estos años de un 30%.

¿Qué efectos provoca n las políticas del PP?

. La destrucción de empleo y la moderación salarial han sido determinantes en la reducción del nivel de renta de los hogares del país.

. Los cambios en las prestaciones sociales con la reducción de las cuantías de dichas prestaciones contributivas de desempleo y a las mayores exigencias para percibir el subsidio, ahondan en las desigualdades sociales.

. El aumento de impuestos como el IRPF y el IVA, haciendo más pobres a gran parte del país

Nos encontramos con que los servicios sociales han decrecido enormemente y las políticas de austeridad han hecho mucho más vulnerables a la población pobre. Los recortes en los servicios públicos del bienestar suponen la ruptura definitiva para los más desfavorecidos. La austeridad vulnera los derechos sociales y se está abandonando a los más pobres. Como dice Sebastián Mora “si es verdad que siempre la pobreza y la exclusión hieren al corazón, la desigualdad es un escándalo ético y político” y sigue diciendo “se está dando una especie de invisibilidad de la pobreza y de la exclusión por saturación y extensión de la pobreza. La pobreza severa se ha incrementado de forma importante y esto nos habla de personas más allá de las fronteras de la dignidad”.

¿Qué podemos hacer?

Salir a la calle para que se nos vea y se nos oiga que no estamos conformes con lo que pasa en el país y lo que hacen los políticos. Echar a esta cuadrilla de “idiotas morales” que nos gobiernan y hacer una sociedad más justa y solidaria. Juntos podemos.
Video de Youtube con antología de declaraciones de dirigentes del PP.
Fuente: Edmundo Fayanás Escuer

Comiendo tierra

Stéphane Hessel, dicen, era un republicano español

Saliendo esta mañana de un hospital público de gestión privada, me encuentro a un viejito vestido con ropa de enfermo. Es extraño. Está nevando. Mira los copos como si estuviera contando estrellas. Silba, sentado en un banco, luego deja de narrar la melodía y fuma de un cigarro como si le fuera en ello la suerte a los 300 de las Termópilas. Bebe, sin culpa de herido, de una lata de cerveza. Otras dos vacías reposan derrotadas entre los travesaños del asiento. Un periódico hecho un amasijo inútil de hojas arrugadas cuida el sueño de las cervezas. Sonríe con cara pícara. Le miro, devolviéndole la sonrisa, alegre por su irreverencia y me sorprende diciéndome: “-Espero que no le hayan dado cita para dentro de seis meses. Dentro de seis meses, todos muertos-”. Me paro divertido y le digo: -la frases del economista inglés que intranquilizo al padre de los neocon. -”Tranquilo abuelo, que venía solo de visita. ¿Y usted? ¿No hace mucho frío para estar aquí afuera?-”.

El viejito, pega un sorbo a la cerveza y me dice: “-Qué más da. Frío, calor… Los telediarios nos dicen lo que quieren que creamos. Y yo me he cansado de las mentiras. Los viejos les sobramos a estos fascistas. Ya no visten de azul pero son los mismos. Los hijos, los nietos, las queridas. La familia de los del 36. Así que prefiero morirme de frío aquí afuera que de abandono ahí dentro. ¡Dita Que los parió!- luego se queda pensando como suyo no estuviera ahí, como si algo poderoso lo convocara. Pasado un minuto, sigue: “-Además, hoy se ha muerto Manuel. Me voy con él. Con Manuel. Maldita sea… ¡Cuántos tiros pegamos en el frente del Ebro! Éramos unos críos, ¡Pero teníamos lo que hay que tener! Luego… Bah, luego todo se jodió. Si pierdes una guerra, estás jodido. A Manuel le traicionaron todos. Bueno, a todos nosotros nos traicionaron todos. Yo me tuve que aguantar, pero él dijo que no le iban a torcer el brazo. Era muy suyo. Y quería olvidar de este país de mierda. Se cambió el nombre. Fíjate cómo es la vida. Luego se hizo famoso. Y hoy, que he decidido morirme, sale en los periódicos. Stéphane Hessel. Manuel, mi amigo, mi hermano-“.

Mi sorpresa empieza a crecer. -¿Stéphane Hessel era español?-. Y el viejito, escupiendo sobre el césped, con la cabeza doblada, dice: “-Más que el gazpacho cargado de ajo, más que Picasso tocándole el culo a su novia francesa, más que el Quijote, más que Max Estrella muriéndose de frío. Pero este sigue siendo un país de cabreros. Tan ingrato… ¿Tú crees que lo habrían celebrado así si supieran que era de Albacete? En Francia, bueno. O no. Pero aquí… Stéphane era muy listo. No puedes ser de un país que ha perdido una guerra. Manuel era de La Nueve. Liberamos París. Allí nos respetan. Liberar París de los franceses colaboracionistas te hacía un héroe en Francia. En España te hacía una mierda”.

Mi perplejidad enfriaba la nieve. Muchas cosas encajaban. Eran republicanos españoles los que entraron con “La Nueve” en los primeros tanques que liberaron París con el general Lecrec. ¡Hessel uno de ellos! ¡Ahí estaba su gloria! Habían perdido la guerra contra el fascismo en España y entendieron que la pelea continuaba en Francia. Hitler, Franco, Mussolini. Caimanes del mismo pozo. Aún recuerdo cuando los indignados, que escogieron el libro de Hessel como referencia, hicieron quitar banderas republicanas de la Puerta del Sol en los comienzos del 15M. Esos jóvenes, con la memoria hurtada, adoraban a Stéphane y despreciaban a Manuel. Quién los había engañado… ¿Modélica una Transición que había mentido sobre esas cosas?

De regreso a casa, escucho la radio. Todas las emisoras coinciden: bendito Stéphane Hessel. Un antifascista. Suena bien. Como en Casablanca. Manuel. Un antifascista. Primero contra Franco. Luego, contra Hitler y Mussolini. ¿Un antifranquista? Stéphane hoy es mencionado en todos los telediarios. Manuel… Los Manuel, las Rosa, los Miguel, los Pedro, las Fuencisla siguen muriéndose todos los días en silencio. Muere hoy también una artista del teatro. Su pasado enmudece cualquier recuerdo. ¿Para qué mencionar que el mundo de los versos luchó contra la dictadura? Luego, el Ministro Wert diría que los artistas faltan al respeto a las instituciones. Los cómicos, pasados por las armas por el dictador desde el primer momento.

Quiero saber si el abuelo me está diciendo la verdad. Quiero seguir hablando con él. Pero han llegado dos tipos de una contrata de seguridad y se lo llevan adentro a la fuerza. Uno de ellos le espeta: “¡no joda viejo, que si se muere aquí afuera mete en un jaleo a la contrata!”.

Me mira el abuelo y me grita mientras lo llevan flaquito en volandas: -”¡si te vas a tener que ir de España tú también llévate a los malos por delante! ¡Siempre les sobramos medio país! ¡Acuérdate de Manuel! ¡Que no os roben a vosotros también el nombre!”-. Paralizado bajo la nieve un destello me pregunta: “¿Por qué la II República sigue floreciendo en cualquier parte menos dentro de su casa?”. Meten al abuelo dentro del hospital privatizado. Le arrancan de un manotazo la lata de cerveza. Noto hervir la nieve. El aire frío me agarra por los hombros: ¿los de la Gürtel nos van a volver a robar la memoria? Y entiendo que da lo mismo que Hessel sea o no Manuel. Que Manuel sea o no sea Hessel. La herida está en los miles de Manueles silenciados, en las miles de Manuelas silenciadas. El legado que los gobiernos de la “democracia” nos entrega. Hombres y mujeres que adelantaron nuestra rabia. Olvidados. Sin homenaje. Transición inmaculada.
Fuente: http://blogs.publico.es/juan-carlos-monedero/2013/02/28/stephane-hessel-dicen-era-un-republicano-espanol/

''ES COMO LA VENECIA DEL SIGLO XVI'' La rebelión de los ricos y su 'teoría de la fuente del poder'

A principios del siglo XIX Estados Unidos presumía de ser una de las sociedades más igualitarias del planeta. En una carta fechada en 1814 Thomas Jefferson aseguraba que en su país no había pobres: “La mayor parte de nuestra población es trabajadora; nuestros ricos, que pueden vivir sin trabajar, son pocos, y tienen una riqueza moderada. La mayoría de la clase trabajadora tiene propiedades, cultiva su propia tierra, tiene una familia, y puede establecer precios competitivos que les permiten alimentarse abundantemente, vestir muy por encima de la mera decencia, trabajar moderadamente y criar a sus familias”. Para Jefferson esta equidad era la esencia misma del recién independizado país: “¿Puede ser cualquier estado de la sociedad más deseable?”

El tercer presidente de los Estados Unidos estaba obviando la situación de toda la población afroamericana que vivía en la esclavitud pero, al margen de esto, tenía razón en una cosa: pese a lo que podría parecer, la sociedad estadounidense del siglo XIX era relativamente igualitaria en términos económicos. Mucho más que hoy en día.

Tras el revulsivo que supuso la revolución industrial, donde una gran oligarquía controlaba toda la producción, y la desigualdad alcanzó una de sus cotas más altas, la situación fue estabilizándose hasta los años ochenta del siglo XX. Desde entonces, la brecha entre ricos y pobres no ha dejado de crecer: entre 1980 y 2007 la desigualdad ha aumentado en un escandaloso 135%. Hoy en día, en EE.UU., el 1% de la población controla el 23,5% de la riqueza. Y las cifras son similares en el resto de los países industrializados. En España, en 2008, el 1% más rico de la población controlaba el 18,3% de la riqueza del país (Davies, J., Sandström, S., Shorrocks, A., y Wolff, E., 2008).

Este auge de la desigualdad es el que trata de analizar un nuevo estudio, «The Rise of the Super-Rich» ('el auge de los super-ricos') publicado en la revista American Sociological Review, que, centrándose en el caso estadounidense, asegura que, a partir 1980, los ricos supieron imponer sus criterios en el Congreso, los sindicatos perdieron fuelle, disminuyeron los impuestos a las rentas altas y, en definitiva, el 1% más adinerado no dejó de acumular riqueza, mientras el resto de la sociedad la perdía. Una tendencia que no ha disminuido ni un ápice desde entonces, y que es similar a la que están viviendo las sociedades europeas. La desigualdad vuelve a niveles de la era industrial La situación no es nueva.

Con la llegada de la industrialización se vivió una situación parecida en todo el mundo occidental: la brecha de la desigualdad creció enormemente, auspiciada por gobiernos y élites. Entre 1913 y hasta que finalizó la II Guerra Mundial, el 1% de la población acumuló entre el 11,3% y el 23,9% de la riqueza de Estados Unidos. Tal como el propio Franklin D. Roosevelt argumentó en un discurso en 1932, durante una reunión de la Commonwealth, la revolución industrial había sido posible “gracias a un grupo de titanes financieros cuyos métodos no habían sido examinados con demasiado cuidado”. El presidente justificó esto tirando de pragmatismo, en su opinión Estados Unidos tenía el derecho de aceptar esta realidad “agridulce”. El resultado, tal como reconocía el propio presidente, era que la igualdad de oportunidades había desaparecido.

En 1928 la diferencia entre ricos y pobres de Estados Unidos alcanzó su cenit: el 1% de la población controlaba cerca del 25% de la riqueza. Desde entonces, pese a la “agridulce” visión de Roosevelt, la brecha empezó a disminuir. La lucha por los derechos civiles, los sindicatos –que pese la represión de la Guerra Fría tuvieron una gran fuerza en los Estados Unidos– y, en definitiva, la extensión de cierto estado del bienestar, lograron que en 1975 la diferencia entre ricos y pobres disminuyera notablemente: en 1975 el 1% más rico “solo” acumulaba el 8,9%. La brecha había disminuido en un 63%.

La situación ha dado un vuelco desde entonces, al menos a nivel estadístico: ¿Qué ha ocurrido en los últimos 30 años para que la brecha de la desigualdad sea similar a la de la revolución industrial?

El ejemplo veneciano Para la experiodista del Financial Times y actual redactora jefe de Reuters, Chrystia Freeland, el hecho de que la brecha entre ricos y pobres sea la mayor desde la época dorada de la industrialización no es accidental: “Ahora, como entonces, los titanes están buscando tener una mayor presencia en la política, que coincida con su poder económico. Ahora, como entonces, el peligro inevitable reside en que van a confundir su propio interés con el del bien común”. Esta es la teoría que traza en su último libro, Plutocrats: The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else (‘Plutócatras: el auge de los nuevos super-ricos globales y la caída del resto del mundo’, Pinguin Press).

Para Freeland la situación que estamos viviendo se parece en gran medida a la que se dio en la República de Venecia en el siglo XVI, y que acabó para siempre con la prosperidad de la ciudad de los canales. Una lección histórica que utiliza para ilustrar el peligro al que nos enfrentamos si no se trata de atajar rápidamente esta desigualdad.

A principios del siglo XIV Venecia era una de las ciudades más ricas de Europa. Su sistema económico se regía por la colleganza, una forma básica de sociedad anónima, creada para financiar una expedición comercial. Estas primeras empresas tenían una particularidad esencial, estaban abiertas a todo el mundo, lo que permitía a cualquier emprendedor participar en las finanzas junto a hombres de negocios ya establecidos, que financiaban sus viajes comerciales. Este sistema llevó a la prosperidad a la República Veneciana, que se convirtió en el centro neurálgico del comercio mundial.

En 1315, justo cuando Venecia se encontraba en el punto más alto de su poder económico, las personas más adineradas de la República presionaron para que se legislara a su favor. Se creó un veto oficial a la movilidad social, El libro de oro, un registro de la nobleza, que dejaba fuera del sistema a todo aquel que no estuviera inscrito en el mismo.

Bajo el control de los oligarcas Venecia empezó a recortar las oportunidades económicas de la población general y la prosperidad de la República entró en barrena. La ciudad se estancó: en 1500 la población de la ciudad era menor que la que tenía en 1330.

Nunca volvió a recuperar su esplendor. La desigualdad proviene de decisiones políticas El caso de Venecia sirve para ilustrar una idea clara: si (sólo) las élites económicas toman partido en las decisiones políticas estas irán encaminadas (sólo) a su propio beneficio, que no es el del conjunto de la sociedad. “La ironía del auge político de los plutócratas”, cuenta Freeman, “es que, como los oligarcas de Venecia, están amenazando el sistema que han creado”.

Para Thomas W. Volcho y Nathan J. Kelly, autores del estudio de la American Sociological Review, cuya tesis es similar a la de Freeman, el aumento de la desigualdad no es casual, y no tiene que ver con la crisis (aunque ésta ha aumentado la brecha), sino con unas determinadas decisiones políticas, fruto de la presión del 1% más rico.

El fundamento teórico de su trabajo se basa en la Power Resource Theory (“la teoría de la fuente del poder”), según la cual la distribución de la riqueza y el poder se debe al éxito o fracaso de las distintas ideologías políticas.

En su opinión, los trabajadores y la clase media solo tienen dos formas de lograr una distribución progresiva de la riqueza: a través de la política y el mercado. Esta desigualdad iría de la mano, por tanto, del declive de los partidos de izquierda (que empujaban a favor de la redistribución de la riqueza en la esfera política) y los sindicatos (que empujaban en el mercado).

En EE.UU, desde 1978, los tipos impositivos máximos han bajado del 39% al 15%, lo que en su opinión es decisivo para entender el aumento de la brecha entre ricos y pobres.

En definitiva, lo que Kelly y Volcho quieren dejar claro es que, pese a lo que muchos piensan, la desigualdad no es fruto de los vaivenes del mercado, que se escapan del control, sino de unas determinadas decisiones políticas. Es cierto que el mercado influye en las decisiones gubernamentales (algo que se ha hecho evidente en los últimos tiempos), pero esas decisiones repercuten a su vez en la economía. Un círculo vicioso destinado a crear mayor desigualdad, si no se toman medidas para atajar la tendencia. 

Fuente: http://www.elconfidencial.com/

¿Cómo se gesta y a quién beneficia la privatización de la sanidad?

Mucha gente piensa que la privatización de la sanidad es un fenómeno reciente producto de las políticas del PP. Este es un grave error, un mal diagnóstico, que impide un tratamiento adecuado de las causas, porque al igual en una enfermedad, si tratamos sólo los síntomas no estamos actuando eficazmente y el proceso se agrava.

Las privatizaciones de empresas y servicios públicos forman parte medular de la respuesta del gran capital a la gran crisis económica que vivimos ahora, que se inicia en la década de los setenta y que se conoce como políticas neoliberales. Se trata de una estrategia general dirigida a intentar reducir la caída de la tasa de ganancia. De ella forman parte la drástica reducción de la fiscalidad de las rentas del capital, la instauración de políticas de reducción del déficit –con la correspondiente disminución de presupuestos sociales-, la liquidación de derechos laborales y sociales y las privatizaciones. Son políticas de largo alcance, implementadas por gobiernos de todo color político, en un marco de lucha de clases marcado por la cooptación de las cúpulas sindicales y el correspondiente retroceso del poder de la clase trabajadora.

El primer asalto de las privatizaciones tiene lugar sobre las empresas públicas. El negocio privado está asegurado, no sólo porque se venden a precio de saldo y prácticamente en régimen de monopolio, sino porque en la medida en que producen bienes de primera necesidad (luz, combustibles, transportes, comunicaciones, agua, etc) la clientela está asegurada.

En el Estado español este proceso se inicia a mediados de los ochenta, por el PSOE, coincidiendo con la entrada en la CEE, y es continuado por los gobiernos del PP.

El segundo asalto son los servicios públicos, y sobre todo la sanidad, que consume un % considerable del PIB (el 7% en 2013). Ya con el gobierno de UCD tuvieron lugar reuniones en el Ministerio de Sanidad en las que participaron aseguradoras privadas, la industria farmacéutica, representantes de bancos y grandes empresas, junto a dirigentes de los grandes medios de comunicación. El objetivo era planificar, y financiar, campañas de desprestigio de la sanidad pública.

El argumentario es bien conocido: es burocrática, despilfarradora, poco ágil y su personal rinde poco porque tiene sus puestos asegurados, frente a la competitividad y la eficacia de la empresa privada. En el año 1991 se pretendió dar un salto cualitativo.

A semejanza de Gran Bretaña donde se publicó un informe, “Working for Patients”, que sirvió como hoja de ruta para la privatización y el desmantelamiento del mejor servicio sanitario de Europa Occidental, el Pleno del Congreso aprobó la elaboración de un Informe para la “Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud”.

El PSOE, gobernando con mayoría absoluta, encargó su elaboración a Fernando Abril Martorell, antiguo Procurador de las Cortes de Franco y vicepresidente del Banco Central Hispano.

El Informe era todo un programa de preparación de la sanidad para su privatización, incluyendo la introducción de copagos por el uso de servicios sanitarios y de los medicamentos para los pensionistas. La presentación pública del Informe fue abortada porque como Diputada, entonces, de IU, tuve acceso a sus conclusiones y pude hacerlas públicas, convenientemente explicadas, antes de que fueran presentadas oficialmente. Ante el enorme rechazo suscitado el Informe nunca fue votado en el Parlamento pero sus propuestas básicas fueron ejecutadas.

Se procedió a la privatización -“externalización”- de servicios hospitalarios tales como limpiezas, lavanderías, cocinas, ambulancias, etc, y se ampliaron progresivamente los conciertos con la sanidad privada de la cirugía de baja complejidad (la más rentable), radiodiagnóstico, etc.

Destaco por su trascendencia la privatización de los servicios de limpieza hospitalaria, que fueron a parar en gran parte a empresas constructoras tales como Ferrovial, FCC o Dragados y que tuvo como resultado un drástico recorte de plantillas y precariedad en el empleo.

Estos hechos son directamente responsables del espectacular aumento de las infecciones hospitalarias, con el correspondiente incremento de la mortalidad y del gasto hospitalario [1].

En el año 1997, gobernando el PP en minoría, se aprobó la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que ampara la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de todo tipo de centros sanitarios. Esta Ley fue votada por PP, PSOE, PNV, CiU y CC.

Al día siguiente de su votación, CC.OO. emitió un comunicado congratulándose del gran apoyo parlamentario recibido “por una Ley clave para la modernización del SNS” [2]. La empresa privada tenía abierto el camino y los diferentes gobiernos autonómicos (del PP, del PSOE, o del PSOE con IU y otros partidos de izquierda como el tripartito catalán o el pentapartito balear) lo ejecutaron. Era el negocio más seguro que podían soñar, máxime en tiempos de crisis: financiación y clientela públicas y beneficio privado.

Las empresas constructoras, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, han entrado con fuerza en la gestión de los hospitales de gestión privada: Sacyr, Dragados, FCC, Acciona, .. una parte ellas implicadas en la trama Gürtel como BEGAR, Ploder, Hispanica, otras “donantes” del PP como OHL, o el Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández.

Estas empresas aparecen formando parte de UTEs junto a Cajas de Ahorros “nacionalizadas” tras el correspondiente saqueo como la CAM o receptoras de ingentes fondos públicos como BANKIA, y al lado de aseguradoras privadas como Sanitas o Adeslas.

Mención especial merece la empresa CAPIO, propiedad de CVC Capital Partners. Este grupo, de capital riesgo y dedicado a la especulación, tiene una oficina central en Londres y su sede se encuentra en Luxemburgo.

Esta empresa tiene todos los visos de llegar a ser en el gran monopolio de la gestión privada de la sanidad pública, con sus negocios principales en Madrid (Hospitales Jimenez Díaz, Móstoles, Valdemoro y Collado Villalba [3], además de dos centros de especialidades) en Castilla la Mancha (hospitales de Villarrobledo, Tomelloso, Manzanares y Almansa) y en Cataluña, con importantes conciertos, y con el Hospital Universitari Sagrat Cor, integrado en la red de utilización pública.

La vinculación entre decisiones políticas e intereses empresariales es evidente. Ex Consejeros de Sanidad como Manuel Lamela, con intereses en Capio, o Güemes, que tuvo que dimitir como consejero de Unilabs, propiedad de Capio, empresa a la que él adjudicó la gestión de análisis clínicos de seis hospitales, lo ilustran.

Otro caso es el Antonio Burgueño, actual Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, quien fue director médico de Adeslas, empresa integrada en Ribera Salud y principal impulsor del primer hospital de gestión privada, el de Alzira, y cuyo hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja como jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad en Ribera Salud, empresa adjudicataria del Hospital de Torrejón.

Pero el fichaje de “conseguidores” no sólo se circunscribe a las filas del PP. Nicolás Redondo Terreros es Consejero de FCC, empresa que gestiona le Hospital de Arganda, al que hay que añadir la larga lista de ex Ministros y ex Ministras de Sanidad de PSOE que son Consejeros de grandes multinacionales, incluidas las de la industria farmacéutica [4].

El robo de la sanidad por las empresas privadas, con la connivencia necesaria de los gobiernos, no es solamente un expolio de recursos públicos, es además un crimen. El negocio en la sanidad, imposible si se presta una atención universal y de calidad, se consigue atentando contra la vida y la seguridad de las y los pacientes, además de incrementando el coste.

La explicación de los mecanismos para conseguirlo sobrepasan los límites de este artículo.
Enumero algunos de ellos:
- Disminución de la cantidad de personal (en torno al 30%) y de la cualificación del mismo.
- Selección de pacientes, dejando los no rentables para la sanidad pública.
- Sobreindicación de intervenciones quirúrgicas rentables.
- Priorización de pacientes en función de los ingresos que su atención reporta a la empresa.
- Presión sobre las administraciones sanitarias, a través de la connivencia de políticos, para elevar las cuantías que les paga la sanidad pública.
- La ejecución de los mecanismos de ahorro (altas precoces, baja utilización de recursos caros de diagnóstico y tratamiento), vitales para conseguir el negocio, requieren de la “colaboración” sobre todo del personal médico, que es quien indica el gasto.
Para lograrlo son determinantes los contratos temporales, la inseguridad en el trabajo y que una parte importante del salario esté vinculada al cumplimiento de objetivos de disminución del gasto.

La realidad descarnada es que todo este engranaje tiene una cobertura legal incuestionable, refrendada por sentencias de los tribunales ante los que se ha denunciado: la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión.
Dejo para la reflexión de quienes lean estas líneas la valoración de lo que para sus propias vidas supone la privatización de la sanidad y la consecuente decisión acerca de la actuación necesaria para impedir que tamaña salvajada culmine. Es preciso, a mi juicio, que en este momento nos centremos, no tanto en manifestaciones masivas, como en la creación y extensión de colectivos locales, suficientemente coordinados, capaces de pasar a la ofensiva y bloquear la ejecución de los planes de privatización,

Es decir, que el poder popular se manifieste y actúe con tres grandes objetivos:
-Ni una privatización más
- Derogación de la Ley 15/97
- Devolución a manos públicas todo lo privatizado.

Notas:
[1] Entre los numerosos estudios realizados puede verse: Rampling, A., Wiseman, S., Davis, L., Hyett, P., Walbridge, A. N., Payne, G. C., & Cornaby, A. J. (2001). Evidence that hospital hygiene is important in the control of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of Hospital Infection, 49: 109-116. 50.
[2] http://www.casmadrid.org/docStatic/APOYO_CCOO_RD_10_96.jpg
[3] Capio recibe por este hospital construido y cerrado, para ahorrar según la Consejería de Sanidad de Madrid, más de 900.000 euros mensuales. 
[4] http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=3758&titulo=NOTICIAS 

Ángeles Maestro. Médica y Técnica Superior de Salud Pública. Militante de Red Roja

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/6576/como-se-gesta-y-a-quien-beneficia-la-privatizacion-de-la-sanidad/

El “expolio” social del que no se habla

Un argumento utilizado por los independentistas catalanes para defender la tesis de que Catalunya tendría más recursos si se independizara de España es que España está “expoliando” a Catalunya. No voy a entrar en este artículo en este tema, sobre el cual he escrito extensamente en varios artículos mostrando que el escaso desarrollo social de Catalunya no se debe al supuesto expolio nacional sino al enorme poder que las derechas catalanas y españolas han tenido y continúan teniendo a los dos lados del Ebro, situación responsable del subdesarrollo social de Catalunya y de otras partes de España, como documento en mi libro El Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, Anagrama. 2006.

En este artículo quiero centrarme en la existencia de un expolio del cual ni los nacionalistas de los dos lados del Ebro ni nadie más están hoy hablando, ni en Catalunya ni en España. Es el expolio de una minoría -lo que solía llamarse la burguesía financiera e industrial- al resto de la población, y que está ocurriendo a lo largo de todo el territorio español, incluyendo Catalunya. Tal minoría no está contribuyendo al Estado (tanto central como autonómico) lo que contribuyen todos los demás. Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás, la cifra resultante para toda España sería de más de 30.000 millones de euros al año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los recortes de gasto público y social que están dañando de una manera muy acentuada el bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población en general y de las clases populares en particular, tanto en Catalunya como en el resto de España. (Ver el informe del Observatorio Social de España, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia. Ariel. 2012).

Para entender la naturaleza de este expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de ingreso más importantes al Estado que incluye, como he señalado en el párrafo anterior, no sólo el Estado central, sino los Estados autonómicos. Pues bien, cuatro son las fuentes más importantes:

1. Una son los ingresos derivados de los impuestos sobre las rentas, primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que paga la mayoría de la población trabajadora);

2. La otra fuente son los impuestos sobre el capital que afectan a un grupo muy minoritario de la población (predominantemente los burgueses y los grandes empresarios);

3. La tercera fuente son los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la población, independientemente de sus ingresos, paga cuando compra algo, y que es sumamente regresivo;

4. Una cuarta fuente son los impuestos especiales que, como su nombre indica, son impuestos para fines concretos; y, finalmente, otra categoría que se define como “otros impuestos”.

Pues bien, según el excelente informe de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras (uno de los centros de estudios más rigurosos que publica periódicamente informes que cuestionan la credibilidad del conocimiento producido por los centros de estudios financiados por la Banca y la Gran Patronal, como FEDEA), escrito por el economista Manuel Lago (y del cual extraigo la mayoría de los datos que presento en este artículo), los ingresos derivados del IRPF en España, desde el último año antes de que se iniciara la crisis, 2006, hasta el año 2011, crecieron un 6%, pasando el Estado de ingresar 64.638 millones de euros a 68.557 millones. Los fondos públicos procedentes del impuesto sobre el consumo bajaron sólo ligeramente (-2%), pasando de 52.817 millones de euros a 51.580 millones. Los fondos que el Estado recogía vía los impuestos especiales crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699 millones de euros a 19.025 millones, y la categoría de “otros impuestos” subió más (5%), pasando de 5.696 millones de euros a 5.971 millones. Estos fondos procedentes de tales impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de la gente que trabaja y consume (lo que la literatura sociológica definiría como clase trabajadora y clases medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han mantenido o han aumentado.

Ahora bien, si analizamos qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus diferentes componentes, tales como capital financiero (bancos, compañías de seguros y compañías de alto riesgo, entre otros), capital industrial (grandes corporaciones multinacionales) o capital de servicios (empresas de marketing y asesorías, entre otras) vemos que los ingresos al Estado derivados de la carga impositiva sobre el capital han bajado de una manera muy acentuada, casi espectacular (-68%), pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. Es decir, en otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de euros. En realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando de 183.525 millones de euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente de gravar menos las rentas del capital, hecho que es el mayor responsable de la bajada de ingresos al Estado durante este periodo (14%). En total el Estado ha pasado a ingresar 25.009 millones de euros menos, que es una cifra muy cercana a los 28.292 millones que el Estado no ingresó como consecuencia del descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es decir, del capital. Manuel Lago documenta con gran detalle los cambios que han ido ocurriendo en cada uno de estos impuestos y sus consecuencias en cuanto a los ingresos al Estado. Lo que les acabo de escribir es el resumen de cómo han evolucionado los ingresos. Y lo más llamativo es que los ingresos procedentes del impuesto de sociedades (que es el impuesto al capital), que representaban el 23% de todos los impuestos en el año 2006, han pasado a ser sólo un 8%. Sí, lo ha leído bien, sólo un 8%. El mundo empresarial contribuye mucho, mucho menos que la mayoría de la población, incluyéndole a usted, lector, y a mí.

Ni que decir tiene que los centros de estudios financiados por la banca y por la gran patronal han intentado explicar tal descenso de su contribución al Estado atribuyéndolo a la reducción de sus beneficios, resultado de la crisis económica. Manuel Lago muestra contundentemente que ello no es del todo cierto. La reducción de beneficios es sólo una pequeña parte de la causa del descenso de los ingresos al Estado procedente de las empresas. Tal descenso es mucho mayor que el descenso de beneficios, una situación que es particularmente acentuada entre las grandes empresas, llamadas multinacionales. En realidad, el descenso de su aportación al Estado es consecuencia de la gran cantidad de lo que llaman incentivos fiscales, incluyendo las enormes deducciones, y nuevos sistemas de ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan las rentas del capital (35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en la realidad a un 5%. Sí, repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras empresas (que no son grandes empresas multinacionales y facturan menos de diez millones de euros) pagan menos que su tipo nominal, siendo el real 15,3%, más de tres veces más que las multinacionales.

El significado de estos datos y otros aportados por el informe es que, durante el periodo de la crisis 2007-2011, las empresas financieras, industriales y de servicios (es decir, el capital) declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales tributaron 101.421 millones, es decir, un 11,9%. Si hubieran pagado el 28,5%, que es lo que la Agencia Tributaria considera como el tipo nominal medio, el Estado hubiera ingresado 242.801 millones de euros, es decir, 141.380 millones de euros más, unos 35.000 millones de euros más anuales (tomando las cifras de 2009), que es, por cierto, la cifra de recortes de gasto público que los sucesivos gobiernos han estado exigiendo a la población española, recortes que se están haciendo para compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho a las rentas del capital. Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio social, muchas veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en cambio, el gran debate es sobre este último (entre aquellos que sustentan que hay un expolio nacional y los que señalan que no lo hay), y no sobre el anterior, que está perjudicando a las clases populares de toda España, incluida Catalunya. El hecho de que los establishments políticos y mediáticos españoles y catalanes se centren en el debate nacional y no en el debate social, se explica por el enorme poder que el capital tiene sobre tales establishments a los dos lados del Ebro. Así de claro. Incluso, descontando deducciones justificables y otras medidas, tal como Hace Manuel Lago, la cantidad continúa siendo respetable. Es más, si las rentas del capital se gravaran como las rentas del trabajo a la mayoría de la clase trabajadora que está en nómina (como algunos partidos han sugerido), la cantidad de 35.000 millones ascendería a muchos millones más.

¿No creen que hay algo injusto en ello? A las clases populares se les está imponiendo toda una serie de sacrificios, a fin de mantener enormes beneficios y privilegios fiscales al gran empresariado financiero y multinacional del país. Créanme que en España, incluyendo Catalunya, el que no está indignado es que no sabe lo que está pasando en su entorno. Así de claro. Vicenç Navarro.

EL DRAMA DE LAS HIPOTECAS ABUSIVAS » Miles de personas exigen en Bilbao el final definitivo de todos los desahucios

Ocho días después de que el suicidio de la exconcejal socialista Amaya Egaña actuase como espoleta de la indignación social, varios miles de personas se han manifiestado esta tarde en Bilbao en contra de los desahucios, de los que han exigido su paralización definitiva, y los recortes sociales y por el derecho a una vivienda digna en una marcha convocada y apoyada por numerosas organizaciones sociales y sindicales.

 La manifestación, que ha durado una hora, ha permitido, por ejemplo, ver juntos tras una pancarta a los cuatro principales sindicatos vascos, algo que no han conseguido ni siquiera las huelgas generales contra Mariano Rajoy. "Es la primera vez que ante esta crisis coincidimos todos los sindicatos ante una reivindicación", han reconocido dirigentes de LAB.

La marcha ha partido a las 17.30 del Sagrado Corazón y ha recorrido prácticamente en silencio y sin ningún incidente el centro de la capital vizcaína tras una pancarta en la que se leía "Ni desahucios ni recortes sociales" y "Etxebizitza duina gure eskubidea" ("Vivienda digna, nuestro derecho"). Había sido convocada por seis sindicatos nacionalistas encabezados por ELA y LAB, además de CGT y CNT, junto con más de medio centenar de organizaciones y colectivos sociales. A la convocatoria se habían sumado UGT y CC OO a través de la llamada Cumbre Social Vasca, plataforma de la que forman parte estas centrales y otras organizaciones, como Jueces para la Democracia o la Unión Progresista de Fiscales. También se adhirieron distintas formaciones políticas.

Entre los participantes se encontraban la dirigente de EH Bildu, Laura Mintegi; la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide; el secretario general de UGT-Euskadi, Dámaso Casado; el dirigente de ELA Mikel Noval, y otros representantes políticos como Maribi Ugarteburu, de la izquierda abertzale, Unai Ziarreta (EA) y Oskar Matute (Alternatiba).

Tras la llegada de la marcha al Ayuntamiento bilbaíno, representantes de los colectivos organizadores han leído un comunicado en euskera y castellano. En el mismo, han recalcado que "los poderes públicos han beneficiado a quienes han hecho negocio con la vivienda, los constructores y la banca", lo que ha convertido el derecho a una vivienda en un bien especulativo. "Éste es el resultado de permitir que bancos y cajas se conviertan en agentes centrales de lo que debería ser un derecho garantizado por el sector público", han destacado.

Los manifestantes critican que "los poderes públicos han beneficiado a quienes han hecho negocio con la vivienda"

Igualmente han acusado a las instituciones de haber aplicado una política de recortes en materia de vivienda y no haber impulsado el alquiler público y la reutilización de viviendas vacías. Por ello, han exigido el reconocimento del derecho de todas las personas a acceder a una vivienda. Del mismo modo, han exigido la paralización de todos los desahucios de manera definitiva. Creación de un instituto público de vivienda y dedicar dinero público a la promoción directa de pisos en alquiler social, han sido otras de las peticiones realizadas.

Etxaide ha recalcado que el Gobierno central ha demostrado su falta de voluntad a la hora poner "barras rojas" a la crisis, ya que el decreto aprobado el pasado jueves "no pone límites a los intereses del capital". La responsable de ELA ha pedido una ley que garantice el derecho a una vivienda digna a todos los ciudadanos.

Un dictamen europeo considera abusiva la ley española de desahucios. Cree que no se protege al ciudadano ante la inclusión de cláusulas abusivas en las hipotecas

La norma europea exige "que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz.
 Consulta toda la información sobre los desahucios.

La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado este jueves que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.

El dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona en julio de 2011, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra Catalunya Caixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca. El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.

Conflicto con la normativa europea
La ley española no permite paralizar el desahucio invocando una cláusula abusiva, sino que esta cuestión debe solucionarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.En este contexto, algunos jueces bucean en la legislación para evitar desahucios mientras denuncian usura, abusos y un enriquecimiento injusto de los bancos.

En sus conclusiones presentadas este jueves, la abogada general recuerda en primer lugar que, al no existir en e derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales.

No obstante, el dictamen precisa que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas. En este sentido, la abogada general estima que "la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue".

"No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios", resalta Kokott.

Al contrario, la norma europea exige "que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa".

La abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación que posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación.

El dictamen de la abogada general no tiene carácter vinculante, pero el Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento posterior. Ver más en El País.
Foto del autor; floresta, alrededores de la Nava de Santiago. Badajoz.

La estafa de la deuda pública

Según el pensamiento dominante en los establishments financieros, políticos y mediáticos que configuran la sabiduría convencional en el conocimiento económico, la deuda del Estado español (aproximad amente un 90% del PIB) se debe al excesivo gasto público realizado en el país durante los años de bonanza en los que se despilfarró el dinero público. Y para confirmar tal aseveración se citan casos como el del AVE, que en muchas partes de España apenas tiene pasajeros, o las carreteras que no llevan a ninguna parte y muchos otros ejemplos de derroche de dinero público que –según la sabiduría convencional- nos han llevado a la crisis actual. Un indicador de tal crisis es la elevada prima de riesgo que el Estado español tiene que pagar para poder conseguir dinero de la banca, pues ésta (conocida como los mercados financieros) está dejando de tener la confianza en la capacidad del Estado en poder pagar los intereses de su deuda pública. De ahí la necesidad de recortar gasto público a fin de disminuir el déficit y la deuda pública y recuperar así la famosa “confianza de los mercados”, la frase más utilizada en la narrativa oficial de los gobiernos español y catalán para justificar sus recortes presupuestarios.

La gran estafa
El crecimiento de la deuda pública, sin embargo, tiene muy poco que ver con la supuesta exuberancia del gasto público. En realidad, el gasto y empleo público español, incluyendo el catalán, son los más bajos de la UE-15. Sólo un adulto de ca da diez trabaja en el sector público en España (en Catalunya no se llega ni a este ratio). En Suecia, es uno de cada cuatro. La hipertrofia del sector público, que según el dogma neoliberal dominante está ahogando la economía española, es una de las falsedades más notorias que se transmite con mayor frecuencia en los mayores medios de información. Los datos, fácilmente accesibles, muestran precisamente lo contrario. El Estado en España (y en Catalunya) es uno de los más pobres de la Unión Europea de los Quince, UE-15. Ahora bien, los economistas de FEDEA, los gurús mediáticos –como Xavier Sala i Martín y otros- continuarán, contra toda la evidencia existente, subrayando que la raíz del problema que tiene España, incluyendo Catalunya, es su excesivo gasto público, que –según ellos- ha generado el gran crecimiento de su deuda pública.

La causa real del crecimiento de la deuda
La causa más importante (y más silenciada por los medios) de la elevada deuda pública en España ha sido el dominio de la banca –y muy en especial de la banca alemana- y de las fuerzas neoliberales que ésta promueve en el diseño del euro y su sistema de gobierno. Veamos los datos. Tales fuerzas establecieron un Banco Central que no era un Banco Central, sino que era un enorme lobby de la banca. Lo que hace un Banco Central en un país es imprimir dinero y con este dinero compra deuda pública a su Estado, de manera que si los intereses de sus bonos se disparan porque el Estado tiene dificultad para venderlos, el Banco Central entra y compra muchos bonos, con lo cual los intereses bajan. El Banco Central está ahí para defender a su Estado frente a la especulación de los mercados financieros. En contra de lo que se dice y de lo que se escribe, los intereses de la deuda los decide un Banco Central, no los mercados financieros.

Ahora bien, cuando se estableció el euro, el Estado español perdió tal capacidad de imprimir dinero y comprar deuda pública. Se delegó tal autoridad al Banco Central Europeo, que sigue imprimiendo dinero pero no para prestarlo al Estado español (la compra de deuda pública, en la práctica, es un préstamo al Estado), sino para prestarlo a la banca privada a unos intereses bajísimos (menos de un 1%). Y es esta banca privada la que compra deuda pública a unos intereses elevadísimos (un 6% o un 7% en el caso español o italiano). Es un negocio redondo para la banca. El chanchullo del año. La banca, incluyendo la banca alemana, se ha forrado de dinero durante todos estos años. Nunca les había ido tan bien. Chupaban la sangre (los altos intereses de la deuda pública) al Estado, y cuando éste parecía que iba a desmayarse o morir, entonces (y sólo entonces), el Banco Central Europeo le prestaba dinero al Estado, es decir, le compraba deuda pública para que continuara viviendo, a fin de que la banca privada, como sanguijuela, pudiera continuar chupándole la sangre (es decir, su dinero).

Este entramado, en el que el BCE da dinero a la banca privada a unos intereses bajísimos, se justifica con el argumento de que así se garantiza el crédito necesario para las familias y para las empresas medianas y pequeñas (que crean la mayoría de puestos de trabajo). Pero el crédito ni está ni se le espera. En realidad, a pesar de que el BCE ha dado desde diciembre de 2011 más de un billón de euros (sí, un billón de euros) a la banca privada (la mitad de este billón fue a la banca privada española e italiana), el crédito continúa escaso, pues la banca tenía otras inversiones (como comprar deuda pública) mucho más rentables que la de ofrecer crédito.

Cualquier persona normal y corriente se preguntará, ¿por qué el BCE no prestó este dinero a los Estados de la Eurozona en lugar de prestarlo a la banca para poder financiarse sin necesidad de pagar unos intereses tan elevados a la banca privada? Por extraño que parezca, nadie en la estructura de poder que gobierna la Eurozona se planteó, hasta hace muy poco, esta pregunta. Y ello, como resultado de estar imbuidos en el dogma neoliberal, que es la ideología promovida por el capital financiero, es decir, por la banca (además de las compañías de seguro, fondos de alto riesgo y un largo etcétera).

Si el BCE hubiera prestado el dinero al Estado español, en lugar de éste tener que pedirlo a la banca privada, el Estado hubiera ahorrado muchísimo dinero. El Estado, en lugar de pagar unos intereses al 6%, hubiera pagado al 1% (como pagan los bancos para obtener dinero del BCE), ahorrándose muchísimo, pero muchísimo dinero, sin que hubiera aparecido el problema de la deuda pública, y sin que se hubiera necesitado hacer ningún recorte de gasto público. Hoy, uno de cada cuatro euros que el Estado se gasta va para pagar su deuda pública, predominantemente a los bancos. Si hubiera recibido dinero directamente del BCE no habría habido ninguna necesidad de hacer recortes.

El economista Eduardo Garzón ha calculado (en su artículo “Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública”) lo que el Estado español tendría como deuda pública (desde 1989 a 2011) si hubiera tenido un Banco Central que le hubiera prestado dinero al 1% de interés, sin tener que recurrir a la banca privada pagando los elevadísimos intereses que ha pagado. Pues bien, la deuda pública sería hoy un 14% del PIB (sí, ha leído bien, un 14%) en lugar de un 90%. Este es el enorme coste al Estado español de haber tenido el sistema de gobernanza del euro tal como ahora existe, sistema de gobernanza que se diseñó para optimizar los intereses de la banca a costa de los intereses de la población y de su Estado. Hoy España, incluyendo Catalunya, no tendría los problemas que tiene si hubiera tenido un Banco Central propio digno de su nombre, o hubiera tenido un Banco Central Europeo que hubiera sido un Banco Central.

Las injusticias del sistema actual
El sistema de gobierno del euro es, además de sumamente ineficiente, profundamente injusto, pues está originando un proceso redistributivo enormemente regresivo en el que la gran mayoría de la población está pagando con impuestos el pago de los intereses de la deuda pública del Estado, y con ello está transfiriendo a los súper ricos (que compran los bonos a través de los bancos) dinero para pagarles lo que el Estado les debe al haber comprado deuda pública. Esta transferencia de dinero se realiza también a nivel de la Eurozona, de manera que los países que tienen que pagar intereses de la deuda más altos (los países del Sur) los pagan a los bancos del Norte (que han invertido cantidades muy significativas de su capital en comprar deuda pública de tales países que generan unos intereses exuberantes, alcanzando unos beneficios estratosféricos). Alemania tiene 200.000 millones de euros en tal tipo de inversiones en España. En realidad, los famosos 100.000 millones de euros que la Unión Europea puso al alcance de España para “salvar sus bancos” era, en realidad, dinero (aprobado por el Parlamento Alemán) para salvar a los bancos alemanes (tal como han reconocido varios economistas asesores del gobierno alemán) que estaban con el agua al cuello debido a la deuda pública y privada española, ya que tenían pánico a que no les pudieran pagar. Será el pueblo español el que pagará los 40.000 millones que el Estado ha pedido para pagar tal deuda, situación que es profundamente injusta. Si después de leer este artículo usted, lector, no está indignado, es señal de que, o bien es usted parte del problema o es que no me he explicado bien. En este caso, le aconsejo lea el libro de Juan Torres y yo, Los Amos del Mundo. Las armas del terrorismo financiero donde expandimos lo que brevemente presento en este artículo. Pero créame que hay causas para estar más que indignado. Hoy se está desmantelando el escasamente financiado Estado del bienestar en España, incluyendo en Catalunya, para que los bancos puedan comprar su deuda pública, la cual consiguieron diseñando un sistema en que sus beneficios, que afectan a un sector superminoritario (lo que los indignados estadounidenses Occupy Wall Street movement llaman el 1%) se realice a costa de la miseria de todos los demás. Así de claro. Léase el libro y lo verá.

Vicenç Navarro. Público.es
Fuente: http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2012/10/30/la-estafa-de-la-deuda-publica/
Foto del autor, alrededores de la Nava de Santiago. Badajoz.

Cien años después, la Amazonía recuerda uno de sus episodios más trágicos

Los indígenas de la región amazónica han recordado en silencio durante cien años la humillación, el dolor y la muerte ocasionados a inicios del siglo XX por la explotación del caucho.

Pero este 12 de octubre uitotos, boras, okainas y muinanes conmemoraron públicamente la tragedia, convencidos de que un mejor futuro no puede prescindir de las enseñanzas del pasado.

"El objetivo es revisar lo que pasó hace cien años y convertir toda esa mala historia en cosas buenas para el beneficio de la nueva generación", le dijo a BBC Mundo Jesús Teteye, taita (médico tradicional) del pueblo bora, una de las tribus que estuvieron a punto de ser diezmadas por los empresarios del caucho.

"Tenemos una historia tan grande, tan fuerte, tan dolorosa… Pero los ancianos ya están cerrando parte de esa historia para, como decimos por aquí, "abrir el nuevo canasto'", explicó por su parte Raúl Teteye, rector del colegio indígena que ahora opera en la infame "Casa Arana", en La Chorrera, en el departamento colombiano de Amazonas.

La "Casa Arana" es el centro de la conmemoración, que reune a indígenas llegados de Perú y Brasil, así como representantes de la comunidad internacional y del gobierno colombiano.

La edificación era, hace cien años, el principal centro de acopio de caucho de la zona. Y su propietaria, la peruano-británica Peruvian Amazon Company, hizo su fortuna explotando brutalmente a los pueblos indígenas amazónicos, mediante la amenaza, la tortura, la esclavitud y el asesinato.

Genocidio
Los abusos de la cauchería fueron documentados en su momento por el cónsul británico en Manaos, Roger Casement, el protagonista de la novela de Mario Vargas Llosa "El sueño del celta".

Según su "Libro azul del Putumayo", publicado en 1912, para esa fecha más de 40.000 indígenas habían fallecido durante la primera fiebre del caucho. Y como resultado de las denuncias de Casement, la Peruvian Amazon Company se desintegraría un año más tarde.

La "Casa Arana", sin embargo, continuaría operando hasta 1932. Y los indígenas de la zona estiman en 100.000 el total de las vidas perdidas por causa de los abusos de los empresarios del caucho.

"Fue un genocidio. Es algo que casi no se conoce en el mundo afuera de Colombia, pero tiene una importancia tremenda y mucha relevancia en asuntos de derechos humanos, medio ambiente, derechos indígenas, inversión", le dijo a BBC Mundo el embajador del Reino Unido en Colombia, John Dew, uno de los invitados al acto.

"Y es importante mostrar con mi presencia que los tiempos han cambiado y que tenemos el mismo compromiso con los derechos humanos hoy día que teníamos en la época de Casement", agregó el diplomático británico.

Para Raúl Teteye, por su parte, la actividad también es una oportunidad para que los gobiernos de Colombia, Perú, Brasil "y sobre todo la Gran Bretaña, que fue la que financió parte del dinero con el que se hizo la empresa acá, puedan hacer hacia el futuro enseñanza a sus jóvenes de como se degrada una persona humana, de como un ser humano puede ser tan horrible para el ser humano como lo fue en esa época de la Casa Arana".

"Estamos trabajando para tener esa esperanza hacia el futuro", le dijo además a BBC Mundo. "Pero sin desconocer nuestra historia tan dolorosa.

Sabiendo que, en cualquier momento, en otras partes o en este mismo lugar, puede volver a suceder" agregó. Fuente: BBC.

Entrevista con Danilo Zolo, profesor de filosofía del derecho y de filosofía del derecho internacional en la Universidad de Florencia

...Se necesitan muy pocos datos para confirmar dramáticamente que el sol se pone sobre la “Era de los derechos” en la era de la globalización. La Organización Internacional del Trabajo calcula que 3.000 millones de personas viven ahora bajo la línea de pobreza, fijada en 2 dólares diarios. John Galbraith, en el prefacio al Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas en 1998, documentó que un 20% de la población del mundo se apodera de 86% de todos los bienes y servicios producidos a escala mundial, mientras el 20% de los más pobres solo consume 1,3%. Hoy en día, después de casi 15 años, esas cifras han cambiado para peor: El 20% más rico de la población consume un 90% de los bienes producidos, mientras el 20% más pobre consume 1%. También se calcula que un 40% de la riqueza del mundo es de propiedad del 1% de la población mundial, mientras las 20 personas más ricas del mundo poseen recursos iguales a los de los mil millones de gente más pobre...

CG: Su próximo libro, que está a punto de ser publicado por Laterza en Italia llevará el título Democracy without a Future. ¿Piensa que nuestro futuro será verdaderamente muy sombrío?

 DZ: No cabe duda, a mi juicio, de que en Occidente las instituciones que llamamos “democráticas” están en serio peligro, especialmente en Europa e Italia. La soberanía política y legal de las naciones Estado ha sido considerablemente debilitada, mientras la función de los parlamentos es limitada por el poder de burocracias públicas y privadas, incluyendo la burocracia judicial y los tribunales constitucionales. Al mismo tiempo, el poder ejecutivo tiende a asumir una función hegemónica sin tomar en cuenta la división de poderes que ha sido el sello distintivo del Estado constitucional europeo continental y del Estado de derecho anglo-estadounidense.

La democracia parlamentaria cede el paso a la “telecracia”. Los canales de televisión públicos y privados son instrumentos muy efectivos de propaganda política. Como señaló Norberto Bobbio, el enorme poder de la televisión ha causado un cambio de rumbo de la relación entre ciudadanos que controlan y ciudadanos que son controlados. La minoría limitada de representantes elegidos controla a las masas de votantes y no viceversa. Por ello estamos en un régimen al que no es retórico calificar de “tele-oligarquía post democrática”, en el cual la vasta mayoría de la gente no “escoge” y no “elige” sino ignora y obedece.

Cientos de miles de jóvenes, mujeres y ancianos no tienen trabajo, ni siquiera los más insignificantes, y viven en la pobreza. ¿Significa que nos espera un mañana “muy sombrío”? No es fácil responder esa pregunta. Lo que parece absolutamente seguro es el progresivo debilitamiento de las funciones políticas y económicas de Estados individuales y la dominación de algunas elites económicas y políticas que sirven intereses privados intocables. Es la así llamada “nueva clase capitalista transnacional” que domina los procesos de globalización desde la punta de torres de vidrio en ciudades como Nueva York, Washington, Londres, Frankfurt, Nueva Delhi, Shanghái.
Fuente: http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/NI26Dj01.html Foto: Salinas de Bonanza vistas desde Bajo Guía, en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.

Joseph Stiglitz: “Un dólar un voto expresa el fracaso de la democracia”

Joseph Stiglitz: “Un dólar un voto expresa el fracaso de la democracia”

 El escritorio de Joseph Stiglitz es caótico, con papeles en todas direcciones. Es imposible ver el fondo. Sobre ellos, dos latas de Coca-Cola Light. No quedaba otra que poner la grabadora sobre tan frondoso forraje, de casi cuatro dedos de espesor. Su despacho en la Universidad de Columbia mira a la biblioteca. Está en la octava planta, altura suficiente para ver el perfil de Manhattan, corazón del capitalismo. Pero el calor pegajoso del verano se ocupó de poner una capa blanca de humedad para evitar distracciones.

 Stiglitz, economista jefe del Banco Mundial hasta 2000 y Nobel de Economía en 2001, publica en España su último libro, en el que explica las causas por las que la desigualdad crece tan rápido en EE UU y trata de anticipar su impacto económico. Una obra que nace de un artículo que escribió en Vanity Fair, un vehículo poco usual para los académicos, y cuyo título se convirtió hace un año en el lema del movimiento social de protesta Ocupemos Wall Street. “El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita”, señala el autor. De alguna manera, este trabajo es una vuelta a su origen, ya que la desigualdad en un contexto de crecimiento económico fue el tema de su tesis doctoral. Ahora explica que los mercados no son ni eficientes ni estables y tienden a acumular la riqueza en las manos de unos pocos. Trata de lanzar un debate en torno a El precio de la desigualdad. Cómo la división social pone en peligro nuestro futuro (Editorial Taurus).

 Como si tratara de inyectar moralidad al capitalismo. El día de la entrevista, la revista New York lanzaba en su portada una pregunta que, por un lado, revela la nostalgia que los estadounidenses tienen sobre su pasado y, por otro, evidencia en su respuesta la polarización actual del debate en una sociedad inmersa en una batalla ideológica constante.

 ¿Está América muerta?
[Se ríe] Eso es una hipérbole, una exageración.

 Pero ¿incita a la reflexión?
Cierto, porque claramente algo no funciona.

¿No cree que hay cierta obsesión de los estadounidenses con su propio declive?
Hay un consenso amplio y muchas obras escritas sobre la cuestión. Resaltan que el concepto que tiene América de sí misma –ser número uno en todo– ya no está tan claro como antes. Seguimos siendo la economía más grande del mundo, pero China lo será en breve y no hay nada que se pueda hacer contra eso. Ya no somos la economía que crece más rápido, ni tenemos la renta por habitante más alta. Somos la mayor potencia militar, pero no somos capaces de resolver ningún problema. Mi libro aborda esa preocupación general. Además del sentimiento de ser número uno, EE UU se veía como un país con igualdad de oportunidades, como una sociedad justa. Esos eran los principios básicos sobre los que pensábamos que nos distinguíamos de los demás.

 La igualdad de oportunidades, la idea de llegar a lo más alto, es una de las bases del sueño americano. Es una noción muy fuerte de una sociedad justa. Fue lo que hizo que la gente emigrara hacia EE UU, buscando sus sueños. Ya no es cierto y es devastador para el concepto que los americanos tienen de sí mismos.

¿Pero el sueño americano es diferente para cada persona? ¿No significa necesariamente llegar a lo más alto?
Hay varios aspectos. El esencial es que cada generación va a ser mejor que la que le precedió, que cada persona va a mejorar cada año. Y eso tampoco es válido ahora. El sueldo de un asalariado adulto en EE UU es hoy inferior al que existía en 1968. El hijo de un empleado que entonces trabajaba en una planta de ensamblaje en Detroit gana menos que su padre.

 Ese problema lo tiene también España. Es cierto que otros países están en una situación similar. Pero el problema para EE UU es que esto formaba parte de su identidad. Éramos una sociedad dinámica. Pero ahora EE UU es la sociedad con menos igualdad de oportunidades entre todas las naciones avanzadas.

¿Cuándo se produjo ese cambio?
El punto de inflexión, el principio del fin, fue 1989. Cuando se marchó Ronald Reagan y llegó George Bush. En lugar de una comunidad que luchó junta contra Hitler, se convirtió en cada persona luchando por sí misma. Empezaron a romperse los sindicatos. Se quitó de en medio a gente como Paul Volcker [expresidente de la Reserva Federal], que entendía las finanzas, y se puso en su lugar a Alan Greenspan, favorable a la desregulación. Se rebajaron los impuestos a los ricos. No pasó de la noche a la mañana, fue un proceso que dura hasta hoy...
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Si el poder sirve a la avaricia, ¿cómo puede romperse ese círculo vicioso del que habla?
En EE UU hemos puesto el logro de ganar dinero por encima de cualquier otra cosa. En una sociedad que destaca la retribución monetaria, tenemos un mal equilibrio. En mi libro hablo de los planes de incentivos y su efecto destructivo. Mucha gente que trabaja no lo hace para ganar dinero, sino para vivir. Pero si eres el presidente de una compañía, ¿por qué no haces lo mismo? El argumento de que es porque tienen un trabajo más duro es absurdo. El trabajo hay que hacerlo bien. Los incentivos son importantes, pero no son la vía.

El ejemplo podría ser Wall Street, donde parece que se premia más el fracaso que el buen trabajo. Por eso hay que tener reglas que permitan poner freno a los abusos. Siempre habrá gente que solo piense en enriquecerse. Y en una industria que se dedica a ganar dinero, entonces esperas que esos abusos sean aún mayores. Nadie lo espera de un profesor que se dedica a educar a niños. Pero si trabajas para un banco, vas a hacer dinero, por eso hay que ser más cauto en el sector financiero.

Su Premio Nobel fue por la teoría de la información asimétrica. ¿Se puede aplicar al escándalo de Barclays por la manipulación del tipo interbancario?
Totalmente.  En Barclays sabían lo que hacían, manipulando el tipo de interés y ganando dinero con ello. Transparencia en el sector bancario es un sinónimo del concepto de información asimétrica. En el caso del Libor, no había transparencia, porque con transparencia hay más competencia y con competencia se reducen los beneficios. Es la avaricia.

Pero en este caso de nuevo fallaron los reguladores. Incluso el Tesoro de EE UU sabía lo que pasaba, pero se limitó a mandar una carta como respuesta en lugar de actuar. Se sabía lo que ocurría, pero no lo fácil que era manipularlo.
Por eso el aspecto realmente preocupante de este caso es que el regulador tenía la competencia de investigar lo que estaba pasando más en profundidad y no lo hizo. Ni siquiera Geithner volvió a preguntar si se había corregido el problema. La admisión del secretario del Tesoro de que sabía lo que pasaba y no hizo nada, más allá de mandar un e-mail, es consistente con la visión que tiene el público de que están todos en la misma cama. Y esta es otra fuente de desigualdad: coger dinero de otro de una manera que destruye riqueza. Por eso es importante, muy importante, tener un sistema bancario del que te puedas fiar.

Usted considera que la solución a la crisis en Europa no es adecuada porque retira la demanda del sistema y no restaura la confianza.
La austeridad es uno de los temas de debate también en la campaña electoral en EE UU. La austeridad va a tumbar la economía. Se está viendo en España, en Grecia, en Reino Unido. Tratar de reducir el Gobierno va a empujar a EE UU hacia el mismo experimento que está haciendo Europa, y eso será desastroso. Hasta el Fondo Monetario Internacional se dio cuenta de eso y dice que la desigualdad es mala para la economía, porque eleva la inestabilidad. Esto no se escucha decir de los líderes europeos ni de los estadounidenses, y eso que la ciencia es muy clara al respecto. Obama lo dice poco. Se ignora la cuestión públicamente. La austeridad en periodos económicos como el actual es mala por varios motivos. La gente que no tiene trabajo se empobrece. Y con un alto nivel de desigualdad, los salarios bajan. Y la austeridad lleva a cortar gasto en cosas importantes, como la educación y la salud. Por eso estos planes de austeridad acrecientan los problemas de la desigualdad, lo que a su vez es una de las razones de la debilidad económica actual.
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LA VOZ ECONÓMICA QUE ALERTA A AMÉRICA

Joe Stiglitz fue miembro del consejo que propone la estrategia económica del presidente de EE UU durante la Administración de Bill Clinton, entre 1993 y 1997. En la actualidad, además de ser profesor en la Universidad de Columbia, preside la International Economic ­Association, vinculada a la Unesco.

En 2001 ganó el Premio Nobel de Economía junto a George A. Akerlof y A. Michael Spence “por sus análisis de los mercados con información asimétrica”. Stiglitz nació en Gary (Indiana) en 1943, curiosamente también el lugar de nacimiento del primer Nobel de Economía, Paul Samuelson. En su nuevo libro denuncia que EE UU tiene el mayor nivel de desigualdad de las economías avanzadas y repite que en Europa hay más movilidad social.


Seguir leyendo aquí en El País.
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El BCE oxigena los mercados

La injusticia social mata

Sí, tu salud es cuestión de clase
La desigualdad también mata en países de Occidente - Los estudios desvelan graves contrastes en esperanza de vida en una misma ciudad
Esta declaración sin paliativos no procede de una organización marxista ortodoxa, sino de un estudio detallado sobre los determinantes sociales de la salud en el mundo. Publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 28 de agosto de 2008, el informe titulado «Cerrar la brecha en una generación» (1), resume los resultados de tres años de investigación. El informe señala las desigualdades sanitarias entre los países y además entre los ricos y los pobres de un mismo país. Por ejemplo, si la esperanza de vida de un neonato estadounidense es de diecisiete años más que la de un indio, la esperanza de vida de un recién nacido en un suburbio marginal de Glasgow es de veintiocho años menos que la de otro nacido en un barrio lujoso de la misma ciudad. «La injusticia socia mata masivamente», señalan los autores agrupados en la «Comisión de los determinantes sociales de la salud», creada por la OMS en 2005 y que cuenta entre sus miembros con investigadores en Ciencias Sociales, médicos, políticos, etcétera (2).

 «La distribución desigual de los factores que perjudican la salud no es un fenómeno natural», explican, «sino que resulta de la combinación de los efectos de políticas y programas sociales insuficientes, modalidades económicas injustas y estrategias políticas mal concebidas». Reducir esas desigualdades pasa, obviamente, por el acceso universal a los bienes básicos (agua, alimentos, alojamiento, sanidad, energía), y además por la educación, la cultura, un urbanismo armonioso y buenas condiciones laborales. Además, el abismo sanitario no se cerrará «si no se mejora la vida de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Los poderes públicos deben comprometerse firmemente para poner fin a las discriminaciones que afectan a estas últimas»

 El informe, de 256 páginas, viene a ser una acusación contra las políticas económicas promovidas por las instituciones financieras internacionales, que se practican en muchos países. El documento recomienda especialmente «Luchar contra las desigualdades en la distribución del poder, el dinero y los recursos, es decir, los factores estructurales de los cuales dependen las condiciones de la vida cotidiana a nivel mundial, nacional y local».

 Estableciendo la relación entre la salud y el trabajo, los miembros de la Comisión rechazan con claridad las recomendaciones liberales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) «El pleno empleo, la igualdad en materia de empleo y las condiciones de trabajo dignas deben ser los objetivos comunes de las instituciones internacionales y situarse en el centro de las políticas y estrategias nacionales del desarrollo; los trabajadores deben estar mejor representados en la elaboración de las políticas, la legislación y los programas relacionadas con el empleo». Efectivamente, «un trabajo seguro, sin peligro y debidamente remunerado» reduce los factores de riesgo. Lo mismo que un empleo estable ya que, a la vista de los resultados, «la mortalidad es significativamente más elevada entre los trabajadores temporales que entre los trabajadores permanentes».

 Para remediar las desigualdades sanitarias y las diferencias de las condiciones de vida cotidianas, el informe de la OMS recomienda la creación «de una amplia protección social universal» que funcione preferentemente «por distribución», así como importantes inversiones en el sector de la salud. Esta tarea «requiere un sector público poderoso, decidido, capacitado y suficientemente financiado»

 En un momento en el que los gobiernos de los países capitalistas avanzados delegan en el mercado una parte, cada vez más grande, de las actividades de la salud y transfieren a las aseguradoras privadas sectores enteros de la cobertura sanitaria, los autores del informe recuerdan «que la salud no es un bien negociable». El abastecimiento de los bienes sociales básicos como el acceso al agua y la atención sanitaria «debe regirse por el sector público y no por las leyes del mercado». Los miembros de la Comisión de la OMS insisten en este punto: «Como los mercados no pueden proporcionar los bienes y servicios imprescindibles de manera justa, la financiación por el Estado exige que el sector público asegure un marco sólido y un gasto público suficiente». Antes de concluir plantan cara a los partidarios de una fiscalidad cada vez más reducida. «Eso implica un impuesto progresivo ya que está demostrado que una redistribución, incluso modesta, contribuye más a disminuir la pobreza que el crecimiento económico por sí mismo».

 A la vista de estos resultados habría que plantearse imprimir en las cajas de los medicamentos las indicaciones: «Bajar los impuestos es perjudicial para la salud» y «La injusticia social mata»
Notas:
(1) http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf
(2) http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr29/fr/index.html
Original en francés: http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2008-09-02-inegalites
Pierre Rimbert, sociólogo, escritor y periodista francés, trabaja en Le Monde Diplomatique como especialista en la cuestión de los medios de comunicación de Francia y está elaborando una tesis titulada «Le torunant néo-liberal dans la France des années 80» en el Centro de Sociología Europea, bajo la dirección de Patrick Champagne. Es miembro de la Asociación de análisis y crítica de los medios de comunicación «Acrimed» y del periódico irónico Le Plan B, heredero del periódico PLPL del cual fue uno de los fundadores. Ha escrito el libro Libération, de Sartre à Rothschild, Raisons d'agir édition, 2005. « L’injustice sociale tue » Par PIERRE RIMBERT
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