_- Poner en palabras el genocidio. Calle Este Oeste, relato del origen de la figura de derecho genocidio. “¿Es posible que el antónimo de ‘olvidar’ no sea ‘recordar’, sino justicia?”

_- Lisa Appignanesi

El 20 de noviembre de 1945, exactamente diez infernales años después de que las Leyes de Nuremberg de los nazis hubieran instituido la legalidad del antisemitismo – despojando a los judíos de su ciudadanía, derechos, propiedad y, finalmente, de su vida – la antigua ciudad bávara albergó los juicios por crímenes de guerra que dieron nacimiento al moderno sistema de justicia internacional.

Por primera vez en la historia, se procesó a líderes nacionales por sus hechos homicidas ante un tribunal internacional. Hermann Göring y otros destacados nazis como el “carnicero de Polonia”, Hans Frank, preeminente asesor legal de Hitler y cabeza del “Gobierno general” de la Polonia ocupada, afrontaron su último juicio. Allí fue también donde los conceptos de “crímenes contra la humanidad” y “genocidio”, tan centrales para la vida contemporánea, tuvieron su primera aparición en una sala de vistas.

Philippe Sands comienza en Nuremberg este libro importante y atractivo. El juicio de Frank le dota de su momento culminante. No resultará una sorpresa que Sands sea un destacado abogado de derechos humanos que participó en el juicio para la extradición de Pinochet, así como en muchos casos claves que llegaron hasta el Tribunal Penal Internacional. La sorpresa es que incluso rastreando las complejidades de la ley, la escritura de Sands mantiene la intriga, el ímpetu y la densidad material de una novela de suspense de primera.

Pero, al cabo, no se trata únicamente de la historia de los juicios de Nuremberg y de las leyes sobre derechos humanos inscritas en el mapa global. Un hilo del libro, y acaso el que lo provoca, es una memoria familiar que desentierra la vida del abuelo materno de Sands, bastante taciturno, Leon Buchholz, y de su esposa Rita. De niño, y luego ya de joven, Philippe visitaba a sus abuelos en París, donde vivían. Nunca supo mucho de su historia, salvo que se trataba de judíos que procedían, en el caso de Leon, de Lemberg, y en el de Rita, de Viena. Los lúgubres años de la guerra, la pérdida de progenitores y parientes en los campos de la muerte, o el penoso periodo anterior a la guerra, rara vez se mencionaban.

La madre de Sands nació también en Viena. Luego, misteriosamente, la trajeron a París, siendo una niña, en el verano de 1939 para reunirse con su padre, mientras su madre se quedaba en una ciudad que suponía ya un riesgo para los judíos. Las razones de esta separación no le quedaban claras a nadie cuando Philippe empezó a hacer preguntas. .

Su relato insinúa que su primera curiosidad acerca de estos asuntos del pasado cristalizó solo cuando le llegó una invitación pidiéndole que diera una conferencia sobre derechos humanos en la ciudad de Lviv. Dependiendo del punto de la historia y los desplazamientos de las regiones de precarias fronteras de Europa oriental, Lviv es una de esas ciudades cuyo nombre se metamorfosea fácilmente en Lwów o Lemberg. Avanzadilla oriental del imperio de los Habsburgo en la región de Galicia, esquina occidental de Rusia, orgullosa ciudad de la Ucrania de breve independencia, luego de Polonia, luego de Rusia, luego de Alemania y vuelta otra vez, la única constante de Lwów hasta los terrores de la II Guerra Mundial era su considerable población judía, de unas cien mil personas.

Entre ellos se contaban dos brillantes pensadores jurídicos cuyas vidas ofrecen otras hebras del relato entretejido por Sands. Hersch Lauterpacht, profesor de Derecho Internacional, y abogado ya de derechos humanos en la década de 1920 y 1930, creció en Lwów, no lejos de la misma familia Buchholz de Sands. Es esta la “Calle Este Oeste” de su título.

Ahuyentado por uno de los estallidos regulares de antisemitismo (el barrio hebreo fue incendiado en 1918) y la imposibilidad como judío de presentarse a los exámenes de Derecho, Lauterpacht se marchó a Viena en 1919. Esa ciudad era sólo ligeramente menos alérgica a los judíos en los años inmediatamente posteriores a la I Guerra Mundial, y pronto él y su nueva esposa viajaron a Inglaterra y a la London School of Economics. La tesis doctoral de Lauterpacht ya había puesto los cimientos de las obligaciones internacionales que refrenarían el poder que el Estado tenía sobre los individuos. Acabaría aceptando un puesto en Cambridge, donde su hijo, Sir Elihu Lauterpacht, sería un día profesor de Philippe Sands. Lauterpacht incluyó la acusación de “crímenes contra la humanidad” – es decir, actos homicidas contra individuos por parte del Estado, con bastante frecuencia contra sus propios ciudadanos – en los juicios de Nuremberg y preparó una parte substancial de las alocuciones de Sir Hartley Shawcross, el fiscal jefe británico.

Al igual que Lauterpacht, Raphael Lemkin estudió también en la Facultad de Derecho de Lwów. Se convirtió en un significado fiscal polaco antes de que los acontecimientos le obligaran a marcharse a los EE.UU. Fueron su pensamiento y sus presiones sobre el equipo legal norteamericano las que pusieron en movimiento el delito de genocidio – crímenes contra una raza o un grupo sobre la base de su identidad – en Nuremberg, y en 1948 vio cómo lo adoptaba la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Aunque el genocidio se ha convertido en nuestra época de derechos humanos en el crimen de los crímenes en los tribunales internacionales, Sands se mantiene un poco receloso frente Lemkin. Evoca una vida personal que es, si acaso, un poco turbia, sexualmente hablando. Entretanto, la conducta social de Lemkin resalta como un tanto decidida en exceso, hasta febril, en el previo de los juicios de Nuremberg, cuando apremia acerca de la necesidad de que se reconozca el genocidio como crimen dominante de los nazis, algo que precede a la guerra misma. En un pasaje fascinante, Sands confiesa que la sospecha de Lauterpacht respecto a ello ha aparecido como algo justificado en juicios más recientes por genocidio, cuando la necesidad de demostrar solidaridad con las víctimas y activar una identidad de grupo ha reforzado a veces los errores y ha convertido la reconciliación política en algo casi imposible.

Junto a su abuelo “de sangre”, Leon, los otros dos judíos de Lwów, Lauterpacht y Lemkin, se convierten para Sands en una suerte de manto profesional de abuelos. Escruta detenidamente lo que llama la “mugre de las evidencias” con tanta diligencia como en el caso de su familia. Sands demuestra celo de abogado en las pruebas, adentrándose en un trabajo de detective de largo alcance y cribando lo que encuentra con magistral inquisición forense. Puede conjurar mágicamente historias completas de heroísmo en tiempos de guerra sacadas de direcciones de ocho décadas atrás. O bien, persiguiendo la pista de una foto desvaída, puede desenterrar posibles abuelos alternativos y relaciones ilícitas solo verificables con una prueba de ADN.

A veces, la pura energía de su ojo inquisitivo sugiere que está dispuesto a juzgar de nuevo una vez más a los perpetradores del Holocausto, no tanto por rabia o rectitud sino porque la evidencia de sus crímenes resulta tan abrumadora. En Treblinka, el campo de la muerte que los nazis trataron de sepultar, ve la impronta del Gobierno general de Frank, que tenía jurisdicción sobre Lemberg, así como sobre Treblinka, junto al comandante del campo, Franz Stangl. Es “una señal negra, indeleble y definitiva respecto al asunto de la responsabilidad”.

El retrato que hace Sands de Frank, el abogado que siguió el mal camino, y su juicio en Nuremberg, ofrecen el potente hilo final de este relato. El hijo de Frank, Niklas, trabó amistad con Sands durante la investigación, y junto a Horst, hijo de Otto Von Wächter – gobernador de Galicia y por tanto el hombre inmediatamente a cargo de la solución final en Lemberg – fue tema de la película de Sands, My Nazi Legacy.

East West Street constituye un volumen memorial de excepción. De paso, subraya que fueron abogados judíos, hombres con experiencia directa de la persecución, los que pusieron los cimientos del Derecho humanitario. Acaso Sands se haya inspirado en ese gran erudito e historiador, Yosef Yerushalmi, que preguntaba conmovedoramente: “¿Es posible que el antónimo de ‘olvidar’ no sea ‘recordar’, sino justicia?”

The Guardian, 22 de mayo de 2016 
http://www.sinpermiso.info/textos/lemberg-fuente-del-derecho-internacional-la-ciudad-que-invento-la-verdad-dossier

Lisa Appignanesi (1946), escritora, novelista, profesora de Literatura, crítico y activista por la libertad de expresión, preside la Royal Society of Literature.

_- Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. España, entre los países con más víctimas de desapariciones forzadas.

_- Público.es

Más de 100.000 víctimas del franquismo y la Guerra Civil continúan en paradero desconocido. Amnistía Internacional recuerda que lejos de buscar mecanismos de reparación, el Gobierno español ni investiga ni deja investigar los crímenes.

"Una noche sacaron a mi madre de casa y se la llevaron mientras mi hermano y yo dormíamos. A mi padre le habían matado un mes antes; hoy sigue enterrado en una fosa común". Antonio Narváez tenía tres años cuando su madre desapareció. Ahora, a sus 83, sigue pidiendo justicia: "A ver si puedo juntarles y darles un entierro digno".

Los padres de Antonio forman parte de un registro fantasma, inexistente. No aparecen en ningún lado ni como víctimas ni como fallecidos. España tiene el dudoso honor de ser uno de los países con más víctimas de desapariciones forzadas. Según Amnistía Internacional, de los más de 114.000 crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y denunciados ante la Justicia, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas.

Cifras que, según el investigador de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha Miguel Ángel Rodríguez Arias, sitúan a España en segundo lugar en número de desaparecidos, sólo por detrás del régimen de Pol Pot en Camboya. Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este miércoles, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha convocado una protesta en Ponferrada a las 19.30 horas para denunciar que "no se puede llamar reconciliación a la decisión de abandonar los cadáveres de más de 100.000 personas asesinadas por los franquistas en las cunetas".

Por su parte, Amnistía presenta también este miércoles la campaña Nada es igual, si alguien desaparece con la que denuncia que en España se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. "En los últimos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo", destaca la ONG en un comunicado.

La organización recuerda que durante una visita a España en 2013, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas "se mostró especialmente preocupado por el cierre, archivo, paralización o mínima investigación de cualquier proceso para esclarecer y juzgar estos crímenes e instó al Estado español a investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas, así como a eliminar todos los obstáculos que pudieran impedir dichas investigaciones".

Con el Partido Popular en contra, el Congreso aprobó el pasado mes de mayo una Proposición No de Ley (PNL) con la que se instaba al Gobierno a “revitalizar” el contenido de la ley de la Memoria Histórica de 2007 y que, entre otros aspectos, asumiera las labores de localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres de víctimas de desaparición forzada. Como todas las PNL, esta tampoco tiene fuerza jurídica.

Amnistía también destaca la querella contra el franquismo interpuesta en 2010 en Argentina y cómo España ha evitado colaborar con la justicia argentina. "En dos oportunidades ha rechazado extraditar a los procesados a Argentina, ha negado información a la justicia de ese país y ha impedido que la jueza argentina María Servini a los 19 acusados, así como la toma de declaración de algunas víctimas y testigos", denuncia la ONG.

Para dar cuenta de los efectos en los familiares de los desaparecidos, la organización ha recurrido a series de ficción para preguntarse qué ocurriría si faltara alguno de sus personajes más emblemáticos, como Marge en Los Simpsons. Dentro sus acciones, Amnistía también ha puesto en marcha una recogida de firmas, que ya suma más de 189.000, para recordar al Gobierno y al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en particular que los casos de desaparición forzada siguen vigentes.

Con la campaña, la ONG también quiere poner el foco en otros países como Siria ─75.000 desaparecidos entre 2011 y 2016─ o México, donde, de acuerdo a datos del Gobierno, 32,096 personas se hallaban en paradero desconocido en junio de este mismo año. No son, ni mucho menos, los únicos con cifras alarmantes de desapariciones forzadas. Según datos de la ONU, desde 1980 siguen abiertos 44.159 casos en 91 estados. Sólo entre el 16 de mayo de 2015 y el 18 de mayo de 2016, se registraron 766 nuevos casos en 37 Estados.

Manifestación ante el Congreso
Coincidiendo con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las víctimas de bebés robados y adoptados ilegales han convocado una concentración a las 10.30 horas ante el Congreso para reivindicar que su causa se convierta en una "cuestión de Estado" con el propósito de que prime "la verdad, la justicia y la reparación".

En un comunicado, la plataforma "Camino de la Justicia", la asociación AVIDNA y el Observatorio Internacional para la defensa de los Derechos Humanos "Nuevo Ágora", explican que es la segunda concentración que convocan y destacan que la de este miércoles se celebrará tras "un año muy duro", en el que no han dejado de trabajar para lograr que se escuche su voz.

Denuncian que han tenido que "ejercer de detectives privados" para recopilar los documentos sobre sus causas y critican que no sea el Ministerio de Justicia y la Iglesia los que les entreguen documentos relativos a "nacimientos, historias clínicas u otros asuntos". Además, reiterarán su demanda de que se cree un banco de ADN y un censo de afectados y de víctimas, según las diferentes situaciones, entre las que figuran las de bebés robados, falsos biológicos o adopciones ilegales.

Fuente:
http://www.publico.es/espana/dia-internacional-victimas-desapariciones-forzadas-espana-paises-victimas-desapariciones-forzadas.html

Frente a la impunidad del mayor crimen de la historia. El descubrimiento de antiguos criminales nazis recuerda que miles de perpetradores del Holocausto no tuvieron castigo.

El Holocausto es el crimen por antonomasia de la historia de la humanidad. Lamentablemente, también es el crimen cuyos principales perpetradores y responsables, tanto inspiradores políticos como organizadores y asesinos directos, menos han pagado sus culpas ante un tribunal. Y si esa apreciación vale para los escalones más altos en la cadena de implicación, se multiplica casi exponencialmente cuando se piensa en los miles de implicados a pie de obra en el exterminio, imprescindibles para que el mecanismo funcionase.

Solo en los campos de concentración, unos 60.000 “si no más” hombres y mujeres sirvieron en algún momento, como recuerda Nikolaus Wachsmann en KL, su monumental historia del mundo concentracionario. Súmense los varios miles que pasaron por los cuatro Einsatzgruppen (unidades móviles de matanza) desplegados en el frente oriental y que arrancaron en 1941 con 2.990 miembros. Los miles de miembros de la Policía del Orden, las Totenkopfverbände y otras unidades de las SS que cometieron o ayudaron a cometer asesinatos, fundamentalmente en el Este. Los miles de soldados de la Wehrmacht o las Waffen SS que facilitaron el trabajo de los perpetradores. Los miles de burócratas —lo que nunca dejó de ser Eichmann—, de colaboradores.

Súmense a los alemanes o austriacos los ucranianos, lituanos, letones, croatas, bielorrusos… que se apuntaron de forma entusiasta a la hora estelar de los asesinos. Una cifra incalculable —en el sentido de que no existe ningún cálculo hecho—, pero no menos de "varios cientos de miles", como los cifra el historiador británico Max Hastings.

“La lista completa de perpetradores llenaría varias guías telefónicas (…) Pero no hay informe de posguerra sobre la gran mayoría. Algunos huyeron a Sudamérica, Australia o el Oriente Próximo árabe. Algunos se mantuvieron completamente en silencio y pasaron desapercibidos. A la mayoría simplemente los pasaron por alto. No habían vivido según la ley. No murieron por la ley”. La frase de Raul Hilberg en su imprescindible La destrucción de los judíos europeos simboliza bien lo que ocurrió ya en los primeros años, cuanto más a medida que iba pasando el tiempo. “La falta de voluntad política para llevar a los criminales de guerra nazis a los tribunales y/o castigarlos sigue siendo el principal obstáculo para lograr justicia, especialmente en la Europa del Este poscomunista”, enfatiza uno de los últimos informes del Centro Simon Wiesenthal.

Un cálculo del Centro Simon Wiesenthal apunta que desde los juicios de Nuremberg unos 106.000 nazis han sido acusados de crímenes de guerra, de los que cerca de 13.000 han sido hallados culpables, y más o menos la mitad, sentenciados. Sin salir, por ejemplo de las SS, la organización del aparato nazi más íntimamente implicada en el Holocausto, la mayoría de sus líderes “fueron tratados con una magnanimidad considerable”, en palabras del historiador y periodista Heinz Höhne. Dicha cifra puede parecer alta, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que solo en los primeros años cuarenta el número de miembros estimados de las SS ascendía a unos 800.000 y una cifra similar en sus unidades de combate (las Waffen SS).

¿Quedan grandes criminales nazis vivos que pudieran ser capturados y llevados ante un tribunal? No. Quizá los dos últimos casos más relevantes —y ninguno de ellos juzgado— hayan sido los de Alois Brunner, muerto en 2001 en un sótano de Damasco, según la investigación más reciente, y Aribert Heim, declarado en 2012 oficialmente muerto —muy probablemente falleció en Chile— por un tribunal alemán. ¿Y criminales nazis sin más? Sí, pero no solo cada vez menos por el paso del tiempo, sino —y hay que resignarse— en niveles más bajos —o muy bajos— que medios de la escala de responsabilidad, con dificultades para que se pueda armar en un tribunal un caso que lleve a su condena, con papeles auxiliares y, en ocasiones, ajenos a lo que específicamente sería la maquinaria del Holocausto. El más reciente episodio conocido, el del carpintero de Minneapolis, Michael Karkoc, lo muestra: la única causa de la que se tienen testigos presenciales en su contra es el asesinato de 44 personas en una localidad polaca (Claniow) en 1944 en una operación de represalia. ¿Criminal de guerra si se llega a demostrar su culpa? Sí, muy probablemente ¿Relacionado directamente con el Holocausto? No (en ese caso concreto al menos). Es importante la diferenciación. Muchos (y notables) criminales de guerra nazis, no tuvieron relación con el crimen específico que fue el Holocausto. Oradour-sur-Glane, Lidice, las Fosas Ardeatinas son tan infames como Treblinka o Auschwitz, pero etiológicamente —y numéricamente— diferentes.

Uno de los últimos —y más interesantes, léase o reléase a Gitta Sereny— casos llegados a los tribunales —y no una sola vez— fue el de John Demjanjuk y se le acusaba, primero en Israel, de ser uno de los operarios de las cámaras de gas de Treblinkay luego en Alemania de ser un guardia auxiliar en Sobibor, otro de los campos de exterminio de la Operación Reinhard.

El lugar en la cadena no resta relevancia a los nuevos casos que se puedan descubrir. Y no solo por recordar a las víctimas —cada nombre importa—, sino por recordar cuántos hombres corrientes —los “hombres grises”, los “ordinarymen” de Christopher R. Browning, de cuyo libro homónimo son estas palabras—“llevaron a cabo por voluntad propia el mayor genocidio de la historia de la humanidad”. Solo en el campo de exterminio de Treblinka, fueron asesinadas entre finales de julio de 1942 y mediados de octubre de 1943, el plazo en que estuvo en funcionamiento, entre 870.000 y 925.000 personas, según los dos principales museos del Holocausto. Ajustando las fechas, suponen entre 1.916 y 2.037 asesinatos diarios. Cada día. Uno tras otro. Sin parar. Es ocioso decir que no lo cometieron solos Eber, Stangl y Franz, sus sucesivos comandantes. La mayoría de los oficiales, suboficiales y clases de tropa de las SS y los auxiliares, en su mayoría ucranianos y polacos, que actuaron en campos de la Operación Reinhard (Belzec, Sobibor y Treblinka) nunca fueron llevados a juicio. Esos tres campos de exterminio son comparativamente los peores mataderos de la historia: en ellos fueron asesinados (fundamentalmente en las cámaras de gas) 1,7 millones de personas, en su inmensa mayoría judíos. Hubo solo alrededor de 120 sobrevivientes. Y además Auschwitz, Majdanek, los asesinatos en masa en el Este, las muertes en los guetos…

En virtud de ambos recuerdos, esta es la última relación de criminales de guerra nazis más relevantes elaborada, a fecha de 2016, por el Centro Simon Wiesenthal. Varios de ellos están localizados e incluso ha habido intentos de llevarlos ante la justicia:

1. Helma Kissner. De 92 años, y pendiente de proceso, sirvió como operadora de radio en Auschwitz. Acusada de complicidad en 260.000 asesinatos.

2. Helmut Oberlander, de 93. Sirvió en el Einsatzkommando 10A, parte del Einstazgruppe D, que asesinó a unos 23.000 judíos.

3. Hubert Zafke, de 94 años. Médico en Auschwitz durante 1943 y 1944. Complicidad en 3.681 asesinatos.

4. Alfred Stark, de 93. Participó en el asesinato masivo en septiembre de 1943 de 120 oficiales italianos en la isla griega de Cefalonia.

5. Helmut Rasbol, de 91 En 1942 y 1943 sirvió como guardia en el gueto de Bobruisk, en Bielorrusia. Casi todos internos del campo fueron ejecutados o murieron.

6. Aksel Andersen. El mismo caso del anterior.

7. Johann Robert Riss, de 93. Participó en el asesinato de 184 civiles en Padule di Fucecchio (Italia) el 23 de agosto de 1944.

8. Algimantas Dailide, de 96. Sirvió en la Saugumas (la policía de seguridad lituana) en Vilna. Arrestó a judíos y polacos ejecutados por los nazis y sus colaboradores en Lituania.

9. Jakob Palij, de 93. Fue guardia en el campo de Trawniki, de donde salieron muchos de los auxiliares que actuaron en los campos de la Operación Reinhard.

En diciembre pasado, el centro listó otros ocho casos: cinco miembros del Einsatzgruppe A, cuya zona de actuación fueron los Estados del Báltico, (identificados como Alfreds B., Anton K., Rudolf L, Andreas L. y Siegfried R.) y otros tres de Einsatzgruppe C, que actuó en Ucrania (Kurt. G., Karl o Wilhem H. y Herbert W.).

¿Merece la pena seguir persiguiendo a estos ancianos? Responde en el mismo texto el autor del informe, Efraim Zuroff, quien coordina las investigaciones del centro sobre criminales de guerra nazis en todo el mundo: "Durante los últimos 15 años, se han logrado al menos 103 condenas contra criminales de guerra nazis, se han presentado al menos 102 nuevas acusaciones y se han abierto más de 3.600 nuevas investigaciones. Pese a la premisa de que es demasiado tarde para llevar a los asesinos nazis a la justicia, las cifras demuestran claramente lo contrario”.

Fuente: El País

Reflexiones. El lenguaje es la manifestación más maravillosa del pensamiento humano, una fuente inagotable de alegrías y desafíos.

Miquel Roca, padre de la Constitución hace cuatro décadas, abogado de Cristina de Borbón en la actualidad, ha pedido a la ciudadanía que reflexione sobre la sentencia del caso Nóos.

Me he propuesto complacerle y reflexionar, aunque el primer objeto de mi análisis no es jurídico, sino semántico. Si un tribunal me impusiera una multa de más de 265.000 euros, ¿me consideraría yo absuelta? Me parece que no. Interpretaría que he sido condenada, puesto que si los jueces me hubieran hallado inocente, no me obligarían a pagar esa enorme, al menos para mí, cantidad de dinero.

Sigo reflexionando. El tribunal ha impuesto dicha multa a Cristina de Borbón por considerarla responsable a título lucrativo de los delitos cometidos por su marido. Es exactamente la misma calificación aplicada al PP por el tribunal que juzga el caso Gürtel.

A propósito de la igualdad de los españoles ante la ley, reflexiono sobre el revuelo jurídico, político y mediático que desencadenó la imputación del partido del Gobierno en un proceso de corrupción. Y, me pregunto, si los jueces condenaran al PP por esa responsabilidad, obligándole a devolver lo que obtuvo gracias a los delitos de Correa, ¿también resultaría absuelto?

El lenguaje es la manifestación más maravillosa del pensamiento humano, una fuente inagotable de alegrías y desafíos. A partir de ahí, cada uno es responsable de lo que dice. Por eso reflexiono sobre el júbilo expresado por el PP ante una sentencia que manda tres años a la cárcel a un dirigente de su partido, modelo de presidente autonómico hasta hace muy poco. Y me pregunto por el poder de la Monarquía, a la que sus súbditos aman más que a sí mismos.

No encuentro ninguna respuesta, excepto la que explica por qué soy republicana.

Almudena Grandes
http://elpais.com/elpais/2017/02/18/opinion/1487446327_201595.html

Criminales nazis: justicia tardía, pero justicia. La mayoría de los SS destinados en Auschwitz han logrado escapar a los tribunales

Puede parecer que no tiene mucho sentido que un anciano de 94 años sea condenado por crímenes ocurridos hace más de siete décadas. Sin embargo, lo tiene. Un antiguo SS de Auschwitz, Reinhold Hanning, fue sentenciado el viernes en Alemania a cinco años de prisión por su colaboración en la muerte de 170.000 personas durante su servicio como guardia en este campo de exterminio nazi. La condena pudo producirse gracias a un reciente cambio en la legislación alemana que permite perseguir a cualquier persona que haya trabajado en un campo de exterminio, sin necesidad de que sea necesario probar la comisión de algún crimen concreto. En otras palabras, la justicia considera algo que parece de sentido común: haber sido guardia en Auschwitz, donde fueron asesinadas 1,1 millones de personas, es un crimen en sí.

La historia de Hanning es muy representativa de lo que ocurrió después de la II Guerra Mundial en Alemania Occidental, donde solo fueron juzgados 29 de los aproximadamente 6.500 miembros de las SS que pasaron por Auschwitz (otros 20 fueron procesados en Alemania del Este), un olvido relatado en dos excelentes películas alemanas recientes, La conspiración del silencio y El caso Frizt Bauer, que relatan las enormes resistencias a las que se enfrentaron los fiscales que trataron perseguir los crímenes contra la humanidad cometidos por los nazis. Hanning fue detenido por los aliados al final del conflicto, recluido hasta 1948, cuando regresó a Alemania, donde no relató a nadie su pasado y vivió tranquilo hasta ahora.

Pese a los procesos de Núremberg contra algunos gerifaltes del Tercer Reich o a la captura y posterior juicio en Israel de Adolf Eichmann, o a las investigaciones que se llevaron a cabo en algunos países ocupados, tenemos que enfrentarnos a una incómoda verdad: la inmensa mayoría de los crímenes cometidos durante el horror nazi han quedado impunes, pese a que fue necesario inventar una nueva palabra para describirlos, genocidio.

Al final de su biografía de Hitler, el historiador Ian Kershaw, que acaba de publicar Descenso a los infiernos. Europa 1914-1949, escribió: "Muchos de los que tenían una mayor responsabilidad consiguieron escapar sin castigo y, en algunos casos, lograron prosperar y triunfar en la posguerra". En 2014, cuando comenzaron a activarse de nuevo los procesos contra guardias de Auschwitz, el semanario Der Spiegel publicó un largo reportaje en el que sus autores mantenían: "El castigo de los crímenes cometidos en Auschwitz fracasó no porque un puñado de jueces y políticos tratasen de frenar esos esfuerzos, sino porque muy poca gente estaba interesada en perseguir y condenar a los perpetradores. Muchos alemanes eran indiferentes a los crímenes cometidos en Auschwitz en 1945 y así siguió".

Los últimos testigos están desapareciendo. Los testimonios de las víctimas son esenciales, pero también los de los verdugos, porque tratar de comprender qué convirtió a seres humanos normales en monstruos es una pregunta que sigue sin respuesta. Es posible que este tipo de sentencias entorpezcan este proceso. Sin embargo, por muy importante que sea la memoria, la justicia lo es todavía más.

http://elpais.com/elpais/2016/06/20/opinion/1466445968_256932.html

Justicia social

El pasado 20 de febrero se celebró el Día Mundial de la Justicia Social proclamado por Naciones Unidas. No todo el mundo conoce el significado de la justicia social, principio fundamental para la convivencia dentro y entre las naciones. Defendemos sus principios cuando promovemos la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas. Pero a decir verdad, este día no es un día que merezca celebrarse puesto que actualmente son 22 los países que están en guerra y hay unos 300.000 niños implicados en ellas. Creo que todos deberíamos reflexionar sobre la cita de José Luis Sampedro (antiguo miembro de la Real Academia Española), que dice: “Es asombroso que la humanidad todavía no sepa vivir en paz, que palabras como competitividad sean las que mandan frente a palabras como convivencia”.— MANOLO CAMPOS. Sevilla 28 FEB 2016 

‘Hacienda somos todos’, entre el axioma y el eslogan. La precisión de la abogada del Estado resulta desdichada por dos razones: era innecesaria y transmite la idea de que decenios de pedagogía fiscal han sido una farsa

Extraño resulta este proceso por el caso Nóos. El fiscal actúa en la práctica como un abogado defensor, Hacienda produce informes sin parar para que quede claro que la infanta Cristina no ha cometido delito y la Abogacía del Estado se comporta como eficiente auxiliar de la defensa. Nadie entiende que la Unidad de Delitos contra la Hacienda Pública escriba otro informe para argüir que Cristina de Borbón no cometió delito fiscal, porque tal escrito repite los argumentos expuestos durante todo el proceso. El ministerio podía haberse ahorrado el papel y las horas de trabajo de la funcionaria (Caridad Gómez Mourelo). Y menos todavía se entiende que, en el curso de su encendida exposición exculpatoria, la abogada del Estado, Dolores Ripoll, asombrara a los presentes explicando que la frase Hacienda somos todos “es de ámbito publicitario y no aplicable a derecho”. Solo le faltó añadir “y los Reyes son los padres”, pero Cayetana Álvarez de Toledo no se lo hubiera perdonado.

No es que no se entienda lo que quería decir la señora Ripoll. Pretendía trasladar a la sala con la contundencia debida (o la requerida por sus superiores) que los delitos o infracciones fiscales del caso solo afectan a la Hacienda pública; no perjudican al conjunto de los ciudadanos. Por tanto, si el perjudicado único (Hacienda) no reclama, pues se aplica la doctrina Botín y asunto resuelto. Pero el caso es que, primero, es discutible que en este caso solo haya un damnificado (Hacienda); existe una obligación o principio de redistribución justa de las cargas tributarias (artículo 31 de la Constitución). Un delito o infracción fiscal lesiona los intereses de todos los ciudadanos; y, en virtud de ese daño social, Hacienda debería haberse presentado contra los autores de los presuntos delitos en el caso Nóos.

Segundo, la Abogacía del Estado podría haber recurrido sencillamente al “no hay delito; no acusamos a la Infanta”, más corto e igual de dudoso, aunque menos conflictivo. Pero la abogada se empeñó no solo en negar, sino en “defender a la defensa” de Cristina de Borbón y cayó en el despropósito. Cuando la señora Ripoll dice que el venerable (nació en 1977) eslogan Hacienda somos todos es mera publicidad y no es aplicable a derecho, ¿se refiere a la frase en sí o a los principios constitucionales en que está basada, que obligan a todos los españoles a contribuir a las cargas del Estado? Aunque el primero no sea aplicable, los segundos sí lo son. Y, por tanto, como queda dicho, no es solo Hacienda quien tiene que contabilizar su daño. La precisión de la señora Ripoll resulta desdichada por dos razones: era innecesaria y transmite a los ciudadanos la idea de que decenios de pedagogía fiscal han sido una farsa.

Y una farsa es lo que están representando algunas instituciones públicas en este caso. Hacienda va en cabeza de las extravagancias, porque, igual que sucedió con los pagos en negro del PP, ha invertido totalmente sus prácticas inquisitorias; si con los contribuyentes en general solo cree lo que está documentado y sellado en papel timbrado, en lo que se refiere a Nóos acepta cualquier cosa que se diga en defensa de Cristina de Borbón.

http://elpais.com/elpais/2016/01/12/opinion/1452625537_540670.html

La Universitat de València presenta el documental “The troublemaker”, de Roberto Salinas. Miguel d’Escoto, el sacerdote que quiso revolucionar la ONU.

Enric Llopis

El año 2008 fue el de la quiebra de Lehman Brothers y el del inicio de la crisis global. También el último en el que George W. Bush gobernó el mundo. Pero fue asimismo un año fundamental en la historia de Naciones Unidas, en el que un cura sandinista y suspendido en el sacerdocio por el Vaticano, Miguel d’Escoto Brockmann, que había ejercido durante más de una década como ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno revolucionario de Nicaragua, llegó a la ONU con la idea de transformarla. Miguel d’Escoto fue presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas durante un año, y su labor –una lucha denodada contra los elementos políticos, económicos y mediáticos- aparece resumida en el documental “The Troublemaker”, de 82 minutos, producido en 2014 por el director de cine italo-nicaragüense Roberto Salinas.

“El cargo de presidente de la Asamblea General de la ONU tiene rango de jefe de estado, pero le quieren cortar las alas; uno no recibe un sueldo ni una casa, y sólo tiene un año para realizar cosas significativas”, se lamenta el padre d’Escoto en el documental presentado en el Fórum de Debats de la Universitat de València. El audiovisual está basado en el libro “El año en que vivimos atrevidamente”, del periodista Enrique Yeves, quien fue en 2008 portavoz del sacerdote en la ONU y actualmente ejerce como director de comunicación de la FAO. Además, ha escrito libros como “La Contra. Una guerra sucia”.

La conclusión del cura que quiso revolucionar Naciones Unidas, después de un año en el cargo, fue que la ONU no podía reformarse, había que “reinventarla” y preguntarse por la función de este organismo en el siglo XXI. Pero sus planteamientos eran “radicales”, “utópicos”, para lo que se acostumbraba en la institución. “D’Escoto pensaba que había un problema serio con la diplomacia, pues se utilizaba un lenguaje vacío y oscuro para no molestar a los poderosos; estas declaraciones las hizo ya en la primera asamblea que presidió”, recuerda el director general de Le Monde Diplomatique, Ferran Montesa, quien ha participado en el acto de presentación del documental. Esta valoración sobre el uso de las palabras no la hacía cualquiera. La asamblea que presidía d’Escoto era un foro donde estaban representados 192 países, más democrático que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde cinco países todavía cuentan con derecho de veto para las grandes decisiones.

Explica Montesa que en la Asamblea General de la ONU los representantes de los países votaban, pero el problema era la falta de mecanismos para hacer cumplir las resoluciones. Se llega hasta el punto de que cada año todos los países representados en Naciones Unidas –salvo Estados Unidos e Israel- votan a favor de levantar el embargo estadounidense contra Cuba, pero la resolución no va más allá. Por eso en la Carta de Naciones Unidas que el religioso nicaragüense dejó como propuesta pedía una ampliación de los poderes de la Asamblea General. A todo esto se añadían dificultades como la de un presupuesto raquítico, “menor que el de la ONG de un país que no fuera rico”.

Enrique Yeves, que pasó un año muy cerca de Miguel d’Escoto en la ONU, coincide en que éste no quería que se plantearan los asuntos “de manera diplomática”. “Hay que llamar a las cosas por su nombre y utilizar el lenguaje como arma”, reiteraba el sacerdote. Esta idea tan sencilla y radical “ya supuso una pequeña revolución”, opina el periodista, en un contexto como el “palacio de cristal” que representaba la sede de Naciones Unidas en Nueva York. También coincide en señalar la precariedad de recursos en la que, deliberadamente, se dejaba a la Asamblea General de la ONU, sobre todo en comparación con el Consejo de Seguridad, que contaba con más trabajadores y medios económicos.

El año de mandato de d’Escoto, ese cura que se inspiraba en Tolstoi, Gandhi y Martin Luther King, fue también el del golpe de estado contra Mel Zelaya en Honduras. Por primera vez en la historia de Naciones Unidas se invitaba a parlamentar en esta institución internacional a un presidente derrocado, y se aprobó una resolución en la que se pedía la “inmediata e incondicional” restitución de Zelaya como presidente “legítimo y constitucional” de Honduras. Además, ante el estallido de la crisis económica y financiera global la ONU impulsó una Cumbre con la participación de economistas como Joseph Stiglitz, en la se planteaban medidas innovadoras, por ejemplo, la de una “cesta” de divisas para el comercio internacional que representara una alternativa al dólar. Los grandes medios de comunicación ridiculizaron la propuesta. También se decía que Naciones Unidas no contaba con recursos, medios ni experiencia y que esa idea habían de materializarla las grandes instituciones económicas internacionales. Pero d’Escoto insistió, pues no entendía cómo los responsables de la crisis iban a encontrar la respuesta adecuada. Era como “poner la zorra a cuidar de las gallinas”, afirmaba. Ante los ataques cruentos e indiscriminados del ejército de Israel sobre la franja de Gaza, en 2008, Miguel d’Escoto se esforzó por poner freno a la barbarie y abogó por la unidad entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina.

La gran cuestión es, si pasados los años, la ONU se ha convertido en una institución inane, sin facultades operativas, o por el contrario su existencia impide males mayores en el mundo. “Naciones Unidas es la única institución global que puede afrontar los retos del siglo XXI, como la paz o el hambre, y además es la única que tenemos”, explica Yeves. Por otra parte, si se analiza el entramado institucional de la ONU, “no realizan la misma función ACNUR (Agencia para los Refugiados) o la FAO que el Consejo de Seguridad”. Precisamente el gran problema de Naciones Unidas es hoy el Consejo de Seguridad, según muchos analistas, que representa la geopolítica de 1945 y mantiene con derecho de veto a cinco potencias, de manera que resultan excluidos los países africanos o de América Latina. “Habría que reformarlo y dotarlo de una representatividad mucho mayor”, opina el periodista. Una nota positiva, según el actual director de comunicación de la FAO, es que el pasado mes de septiembre los 193 países de la ONU llegaron a un acuerdo sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En un mundo que produce el doble de lo necesario para abastecer a su población total (7.000 millones de habitantes), mientras una de cada nueve personas (800 millones de habitantes) están subalimentadas y cada día mueren de hambre 40.000 personas en el planeta.

Después de dos décadas como profesional del periodismo, a Enrique Yeves le sorprendió la cobertura informativa que los grandes medios (Le Monde, The New York Times o El País) hacían de la presidencia de d’Escoto. Al corresponsal de The New York Times le dijo que donde él (Yeves) estudió Periodismo –en el Campus de Bellaterra en Barcelona- habría suspendido. “Ponían muchísimos adjetivos en las entradillas”, apunta. Las noticias comenzaban diciendo “El radical sandinista revolucionario sancionado por el Vaticano dada su condición de militante radical afirmó ayer…” y a continuación se ridiculizaban las propuestas del sacerdote. Aunque la respuesta de éste era adaptar una consigna de Gandhi: “Primero te ridiculizan, después se ríen de ti… y terminamos ganando”.

En el documental aparece Reagan profiriendo amenazas contra el gobierno sandinista, también asegurando que Nicaragua iba a convertirse en una base militar soviética en el “patio trasero” de Estados Unidos. Se señala asimismo el apoyo de la CIA en los años 80 a la “contra” nicaragüense. O las admoniciones de Juan Pablo II a Miguel d’Escotto, a quien suspendió en el ejercicio del sacerdocio en 1984, en plena “guerra fría”; el papa Francisco le levantó el veto en 2014 y al año siguiente d’Escoto ofició su primera misa en tres décadas. El religioso nicaragüense reivindicaba la palabra “economía” en su sentido etimológico, entendida como la administración de las cosas domésticas. El audiovisual muestra una simpática conversación entre Miguel d’Escoto y Fidel Castro, donde éste revela su fascinación por las nuevas tecnologías, que en cinco minutos permitían obtener la misma información que antiguamente en un mes. “Nuestro mundo está enfermo, hace más de un siglo Tolstoi ya habló del egoísmo demencial”, afirmaba d’Escoto. “Unos pocos estados toman las decisiones y los pobres pagan las consecuencias”. Estas aseveraciones las hacía a su manera, con autenticidad: “Yo voy a hablar de la manera en que yo lo hago, el formato rígido es el rigor mortis”, decía.

Admirables. La cultura anglosajona resalta las reglas básicas de toda actividad para no olvidarlas. Y eso vale también a la hora de gobernar

La cultura anglosajona tiene una tendencia muy sensata a recordar de vez en cuando los puntos más elementales de cualquier actividad, oficio o profesión. Un observador ajeno a esa cultura se puede quedar algo perplejo cuando en una reunión de expertos el ponente plantea inicialmente, con toda naturalidad, el abecé del tema a tratar, lo que se supone que se debió aprender en el primer día del primer mes del primer año de formación. Pero, si el observador no es demasiado arrogante, enseguida comprende la utilidad de repetir aquellas notas que permiten recordar de qué se trata todo el asunto, su sentido o razón de ser, es decir, aquello que se suele olvidar en cuanto se profundiza en complejidades.

Así que recurramos a la Guía del Buen Gobierno Local elaborada por la Asociación Municipal del Estado de Victoria, el más pequeño, pero el más densamente poblado de Australia. El abecé municipal australiano (muy útil, al margen de las competencias concretas de cada Ayuntamiento del mundo) empieza así: el Gobierno local tiene la obligación de informar, explicar y responder por las consecuencias de las decisiones que toma en nombre de la comunidad que representa. Las personas deben ser capaces de seguir y entender el proceso de toma de decisiones. Esto significa que tienen que ser capaces de ver con claridad cómo y por qué se tomó esa decisión —qué información, qué asesoramiento y qué consultas se efectuaron— y qué requisitos legislativos hubo que cumplimentar.

Parece que se empieza siempre por ahí: transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad del equipo municipal, con su alcalde a la cabeza, respecto a las decisiones que se adoptan y sobre sus consecuencias.

La segunda letra del abecé indica que el Gobierno local está obligado a atender las necesidades de la comunidad entera, guardando el equilibrio entre los distintos intereses en juego. Los distintos sectores de la comunidad deben sentir que han sido escuchados y que sus intereses fueron tomados en consideración, sean finalmente respetados totalmente, solo en parte o rechazados. Todos los grupos, y en particular los más vulnerables, deben tener la oportunidad de exponer sus razones. Es decir, el Gobierno local debe ser equitativo e inclusivo, de manera que ningún sector se sienta menospreciado o no escuchado.

Tercera letra: el Gobierno local debe hacer un seguimiento de las consecuencias de las decisiones que adopta a fin de poder evaluar si se alcanzan los objetivos planteados o en qué grado se cumplimentan.

Existe un cuarto elemento básico: el Gobierno municipal debe ser participativo. Cualquier persona afectada por o interesada en una decisión debe tener la oportunidad de participar en el proceso de toma de esa decisión. Se puede lograr de distintas maneras: asegurándose de que se les hace llegar la información necesaria, facilitando instrumentos para que se les pregunte su opinión o para que tengan la oportunidad de realizar sus recomendaciones o, incluso, incorporándoles a la toma de decisiones efectiva.

Finalmente, dice la guía australiana, conviene recordar que el alcalde, o alcaldesa, tiene una influencia considerable en el establecimiento de las normas de buena conducta y ética de los miembros del consejo. Como líder del gobierno municipal tienen un papel primordial en la vigilancia de su conducta.

¿A que resulta fácil ir hoy a votar y cumplir con el primer deber ciudadano?
El País. SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 24 MAY 2015 - 

Rechazar un soborno genera más estrés que aceptarlo. La amenaza del castigo basta para que la mayoría decline la oferta, según un estudio sobre la psicología de la corrupción

El nivel de sudoración y la excitación fisiológica es mayor cuando se rechaza un soborno que al aceptarlo. Es la conclusión de un estudio sobre la psicología de la corrupción desarrollado por la Universitat Jaume I del que se extrae que, en realidad, este estrés generado al actuar correctamente no tiene nada que ver con la ética, sino con un pensamiento más materialista. "Lo que desencadena la actividad emocional es la sensación de que se actúa contra el propio interés monetario", asegura Tarek Jaber-López, investigador del  grupo de Economía Experimental y Computacional, que ha desarrollado el experimento. Además, el rechazo al soborno pasa a ser mayoritario si se plantea la posibilidad de ser castigado, apunta el estudio.

"El ser humano es corrupto por naturaleza", asegura Aurora García-Gallego, coautora del trabajo y miembro del grupo de investigación. Por tanto, la investigadora apuesta por la creación de una agencia de control efectiva para conseguir minimizar este problema. "Los mecanismos que hay ahora no son contundentes", añade.

En el estudio se dividió a los sujetos en tres grupos: funcionarios y dos empresas que participaban en una hipotética subasta para conseguir la licencia de unas obras públicas. Las entidades hacían sus pujas basándose en los parámetros de calidad y transferencia (el pago que estaban dispuestos a darle al subastador). Si la transferencia era muy alta, la calidad del proyecto público se vería perjudicada porque ese dinero no estaba destinado a la obra, sino a sobornar al funcionario. El grupo medía entonces, a través de un polígrafo, el comportamiento y las reacciones emocionales de las personas  frente a una situación que podía conllevar decisiones corruptas, es decir, aceptar el proyecto que diera una cifra muy elevada, sin importar el resultado de la obra pública.

"Los resultados muestran que las personas parecen revelar valores intrínsecos que les frenan en contra de las tentaciones corruptas. Tanto empresas como funcionarios públicos se desvían de la estrategia que maximiza su beneficio monetario y optan por una estrategia más pro social", destaca García-Gallego. Sin embargo, en una segunda fase del estudio, los investigadores introdujeron la posibilidad de castigar al corrupto y el rechazo del soborno pasó a ser una decisión mayoritaria. "Esto da esperanza a la sociedad para frenar la corrupción ya que la amenaza de un castigo muestra ser lo suficientemente efectiva como para permitir que los costes de llevar a los corruptos a la cárcel no superen los costes de la ganancia", señala García-Gallego.

¿Responde entonces el corrupto a un perfil concreto? Para Alberto Soler, médico y escritor coautor del libro Golpe a la corrupción, suelen ser personas con necesidades muy concretas. "Narcisistas, con poca autoexigencia, con un código ético reprobable, pero totalmente conscientes de lo que está bien y lo que está mal", añade Soler.

Es habitual ver en la prensa todo tipo de excentricidades, como esconder el dinero en bolsas de basura o  a comprar una escobilla de más de 300 euros. Este tipo de comportamientos son propios de personas que no son capaces de alcanzar el éxito profesional gracias a su "potencial humano", explica Soler, y lo consiguen gracias a la corrupción. "Se les escapa el estrato social del que proceden. Que no es que sea humilde, sino de baja moral y ética", asegura el médico.

"En general, en la sociedad cuesta entender que los bienes públicos son de todos y esto es la base de  la corrupción Por otro lado, la población ya está acostumbrada y la acepta. Esto hace que se cree una apariencia de impunidad. Pero la corrupción es cosa de todos", concluye el escritor.

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http://politica.elpais.com/politica/2015/05/15/actualidad/1431701095_180492.html

Justicia al fin para Víctor Jara. El militar acusado del asesinato del cantautor chileno tendrá que responder por cargos de tortura y ejecución extrajudicial ante un juez en Estados Unidos

Cuentan los que acompañaron a Víctor Jara en sus últimas horas de vida en el estadio Chile, uno de los símbolos más siniestros de la dictadura de Augusto Pinochet, que los torturadores no lograron borrarle del todo la sonrisa al trovador del Gobierno de Salvador Allende ni cuando lo golpearon brutal y repetidamente, antes de acribillarlo a balazos. En su cuerpo se hallaron más de 40 disparos.

Pero el tiro que acabó con su vida fue el que recibió en la nuca, casi a quemarropa, después de que sus torturadores se divirtieran jugando con él a una mortal ruleta rusa. Fue el 16 de septiembre de 1973, cinco días después del golpe de Estado contra Allende y de la posterior detención de Jara junto con cientos de compañeros en la Universidad Técnica del Estado (UTE). El estadio Chile, hoy estadio Víctor Jara, sería todavía testigo mudo de muchos más horrores en los comienzos de la larga dictadura de Pinochet (1973-1990).

Cuatro décadas más tarde, la familia de Víctor Jara, que nunca dejó de buscar justicia, puede empezar a sonreír otra vez. Un juez de Florida ha ordenado esta semana que el hombre identificado como su asesino, Pedro Pablo Barrientos, responda ante la justicia por cargos de tortura y ejecución extrajudicial.

Hace años que Barrientos, un exoficial del Ejército chileno, fue señalado como el torturador de Jara que apretó el gatillo del tiro de gracia. Uno de sus subordinados, el soldado José Adolfo Paredes, lo identificó formalmente en un testimonio entregado a la justicia chilena en 2009. El juez que lleva el caso en Chile, Miguel Vázquez, no tuvo dudas de su culpabilidad y en diciembre de 2012 lo procesó como autor de homicidio calificado. Poco antes, un programa de la televisión había descubierto que Barrientos llevaba una vida tranquila y discreta en Deltona, Florida, donde desde los años noventa se dedicaba a la compraventa de coches.

Ahí entró en marcha el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), una organización internacional que busca llevar a los tribunales a responsables de violaciones de derechos humanos en todo el mundo.

Entre sus casos más famosos están, además del de Víctor Jara, el de monseñor Óscar Romero de El Salvador o la matanza de los jesuitas, cinco de ellos españoles, también en ese país centroamericano en 1989.

Junto con el bufete de abogados Chadbourne & Parke LLP, el CJA interpuso en septiembre de 2013 una demanda en nombre de la viuda de Jara, Joan, y de su hija Amanda, acusando a Barrientos de cargos por delitos de tortura, asesinato extrajudicial y crímenes de lesa humanidad. Tras conocer la decisión de este martes del juez de Orlando, Florida, Roy Dalton, la abogada del CJA Almudena Bernabéu celebró que se abra por fin la posibilidad de que uno de los principales responsables de la muerte del cantautor chileno vaya a tener que responder ante la justicia.

Cierto es, admitió, que resulta “decepcionante” que el juez desestimara los cargos por crímenes de lesa humanidad, porque “el asesinato de Víctor Jara, y los miles de crímenes cometidos durante el régimen de Pinochet, deberían ser llamados por lo que son: un crimen contra la humanidad”. No obstante, acotó en conversación con este diario, la decisión judicial es un vuelco en el caso. Y es que aunque la familia de Jara lleva décadas denunciando públicamente el asesinato del artista, recordó, “un ámbito formal, un juicio, una audiencia, una comisión de la verdad jamás ha habido en relación con este crimen. Entonces, después de 42 años, este es un paso gigante, para Chile sobre todo”.

Con las manos destrozadas por las palizas, Víctor Jara todavía logró escribir unos últimos versos a lápiz en una libreta que pudo entregarle a uno de sus compañeros y que hoy conserva la Fundación Jara. “¡Canto, qué mal me sales / cuando tengo que cantar espanto! / Espanto como el que vivo / como el que muero, espanto”. Las heridas de Víctor Jara y de su familia empiezan a curar con cuatro décadas de retraso.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/16/actualidad/1429213015_071741.html

14 de abril, día de la República. No pienses en una república

Peonia o rosa de Alejandría

No pienses en una república
Isaac Rosa eldiario.es

Tras cuatro décadas sacando la tricolor cada 14 de abril y cantando lo de “España, mañana, será republicana”, no parece que mañana España vaya a ser una república. Y menos una república tricolor, heredera del intento de hace 84 años. Tras desperdiciar el año pasado la mejor bala (o incluso la única bala) de que ha dispuesto el movimiento republicano en cuarenta años, hoy Felipe VI es un rey consolidado, que ha superado el momento más crítico de la monarquía.

Y sin embargo, hoy estamos más cerca de la república de lo que hemos estado nunca. El número de republicanos va en aumento, y las fuerzas republicanas pueden conseguir más poder institucional del que han disfrutado nunca. No, no me miréis así, no deliro. Como diría Lakoff, no pienses en una república, y ya verás como sí.

Obviamente si en las encuestas preguntamos por la república, el resultado es deprimente. No es una prioridad para la mayoría de ciudadanos. Pero si preguntamos por valores republicanos, la cosa cambia. Eso sí, sin llamarlos republicanos, el dichoso marco de referencia. ¡Ya te he dicho que no pienses en un elefante!.

Cada vez hay más ciudadanos partidarios de una democracia con derechos y libertades plenos, sin mordazas ni recortes, con una división de poderes digna de tal nombre, y controles democráticos. Cada vez más preocupados por la desigualdad social y la redistribución de la riqueza, y partidarios de un Estado que no abandone a los vulnerables. Cada vez es más hegemónica la exigencia de justicia y el rechazo a la corrupción. No deja de crecer el número de quienes exigen una educación de calidad, pública, y de quienes rechazan los privilegios de la iglesia católica. ¿Hace falta que siga enumerando valores republicanos que hoy defiende la mayoría?

En cuanto a las fuerzas políticas, los republicanos están más cerca que nunca de gobernar unos cuantos ayuntamientos y quizás alguna comunidad autónoma. La mayoría evita llamarse republicanos, pero nadie diría que las distintas confluencias municipales son monárquicas, ni por supuesto lo ha sido nunca Izquierda Unida. En cuanto a Podemos, claro que son republicanos, aunque eviten a conciencia pronunciar la palabra que activa en nuestros cerebros ese marco condenado al fracaso.

Tenemos más ciudadanos y fuerzas republicanas, pero no solo por eso la república está más cerca: lo está también porque el deterioro del sistema conduce irremediablemente a su reforma, que será más o menos intensa dependiendo de la correlación de fuerzas. Pero incluso en el peor de los casos, habrá reforma constitucional más temprano que tarde, y el resultado será más republicano que el actual.

Ah, y ¿qué pasa con el rey? ¿Es que vamos a aceptar ese oxímoron de quienes defienden una “monarquía republicana”? A mí el rey no me preocupa mucho. O al menos no tanto como los valores republicanos. Sin que ello suponga renunciar a democratizar la jefatura del Estado (ni dejar de acudir a las manifestaciones, que son además una forma de reparación y memoria a nuestros republicanos).

Llámenme ingenuo, pero pienso que si consiguiéramos avanzar hacia la república sin nombrarla y sin empezar por la corona, le haríamos una maniobra envolvente al rey que acabaría volviendo insostenible la jefatura de Estado hereditaria. Si pretendemos conseguir la república empezando la casa por el tejado, comiéndonos al rey sin antes tumbar el resto de piezas, podemos seguir otros cuarenta años manifestándonos cada abril. Igual hay que dejar la pieza más difícil (la que activa el marco a evitar) para el final, y construir la república sin esperar a que caiga el monarca. Es más: quizás lo estamos haciendo ya y ni nos hemos enterado.
Fuente original: http://www.eldiario.es/zonacritica/no_pienses_en_una_republica_6_376972340.html

El PP responde a Ruz. Las amenazas de quien tiene el poder nunca son gratuitas. Ejercer la independencia judicial parece un oficio de alto riesgo.

El pasado 23 de Marzo, un auto del juez Ruz afirmó que el PP tuvo una caja B en su contabilidad durante 18 años, imputó a Bárcenas, Lapuerta y Páez como presuntos autores de un delito contra la Hacienda Pública y, seguidamente, declaró al PP responsable civil subsidiario por el delito atribuido a sus empleados. Es decir, que el PP deberá pagar las responsabilidades civiles que se exijan a Bárcenas y demás acusados, si estos no pagan.

El auto describe meticulosamente que los imputados recibían dinero en efectivo, pese a que la ley exige que se ingrese en cuentas corrientes de entidades de crédito abiertas exclusivamente pare ese fin. Lo entregaban personalmente individuos vinculados con sociedades del sector de la construcción, en su mayoría adjudicatarias de contratos públicos. Este dinero se ingresaba fraccionando las entregas para no superar los límites legalmente establecidos. Con la misma meticulosa precisión, el auto describe el destino del dinero: retribuciones y sueldos complementarios del partido, campañas electorales y gastos de la formación política —incluidas las obras en la sede central y otras— y servicios especiales como el de una presentadora de TV por participar en un acto del PP o o del Instituto de Estudios Sociales de Pedro Arriola. Esos ingresos y gastos quedaban al margen de la contabilidad oficial del Partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas.

El juez, conforme con el criterio del fiscal y de la Audiencia, argumenta que esas donaciones y esos gastos, destinados a pagos fiscalmente opacos y ajenos a la contabilidad oficial, no cumplen con el requisito de transparencia legalmente establecido, por lo cual no están exentas de tributación.

El mismo día 23 de marzo, el PP hizo pública una nota de prensa en la que niega la existencia de la caja B, niega que exista obligación de tributar por lo que denomina “las supuestas donaciones que desconocía” y a continuación afirma que las donaciones a los partidos políticos siempre han estado exentas de tributación del impuesto de sociedades. La nota expresa una indisimulada irritación ante la osadía del juez, capaz de importunar al partido del gobierno, que, al parecer, se cree intangible e infalible. Y, en consecuencia, en el quinto y último apartado de la nota, el PP decía lo siguiente: “Con el debido respeto a las decisiones judiciales, el PP se reserva las acciones legales que le correspondan, en el ejercicio de su derecho de defensa, en el momento procesal oportuno”.

Como el mundo del derecho, de los procesos y de los leguleyos es tan endemoniadamente abstruso, críptico y ambiguo, conviene hacer un breve comentario sobre lo que el PP ha podido querer decir, o dejar dicho, con eso de “se reserva las acciones legales”.

Ejercer una acción legal es comparecer ante un juzgado o tribunal, con el correspondiente abogado, iniciando un proceso con la pretensión de obtener una condena, una declaración de derechos o cualquier otra tutela judicial. La acción legal es, necesariamente, contra alguien. La reserva de las acciones legales que anuncia el PP significa que se guarda para un momento posterior la posibilidad de acudir a un juzgado para actuar contra alguien. ¿Contra quien? Pues, lógicamente, si la nota quiere desautorizar al juez, será contra él contra quien ejercerá las acciones legales, en el momento procesal oportuno.

No era oportuno el momento en que el PP intentó colarse en el proceso fingiendo querer ser acusador, para defender sus propios intereses y ocultar sus irregularidades, ayudando subrepticiamente a Bárcenas en los primeros momentos. Su impostura quedó al descubierto y fue expulsado del proceso como acusador. Ahora su único derecho de defensa en este asunto consiste en defenderse como responsable civil, porque se le exigirá pagar lo que no paguen Bárcenas y compañía. Por lo tanto no será en este proceso, sino en otro, donde podrá ejercer las anunciadas acciones legales contra Ruz. Sin demasiados disimulos, está mandando un preocupante recado al juez. Parece estar diciéndole “Tu actuación contra el PP fracasará, y cuando acabe todo esto vamos a por ti”. Ante tan excesiva advertencia, expresiones de la nota tales como “con el debido respeto a las decisiones judiciales” y “en el ejercicio del derecho de defensa”, resultan hipócritas e inútiles.

Las acciones legales pueden ser acciones penales, en cuyo caso irían dirigidas a conseguir la condena de Ruz como prevaricador, con expulsión de la carrera judicial, y, posiblemente, además, pueden ser civiles para reclamarle una indemnización millonaria, insoportable con los ingresos de un funcionario público.

A primera vista esta amenaza debería parecer inviable, pero es escalofriante recordar recientes experiencias de otros jueces. Las veladas amenazas de quien tiene el poder nunca son gratuitas. Ejercer la independencia judicial en estos tiempos parece un oficio de alto riesgo.
Josep Maria Mena fue fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El País.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/03/catalunya/1428085451_353640.html

El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, según la ONU. Se reabre en Soria el único caso en marcha por desaparecidos en la Guerra Civil

Diso Press
El Juzgado número 1 de Almazán (Soria) ha reabierto el caso por los diez desaparecidos de Barcones durante la Guerra Civil española, y ha solicitado a la Guardia Civil que facilite las "órdenes puestas a disposición de Guardia Civil y Falange dadas por el comandante militar y se averigüe si fueron únicas, o bien si fueron sistemáticas". La reapertura de este caso por parte de la magistrada María Luisa García lo convierte en el único caso abierto en España por desaparecidos durante la Guerra Civil española. La asociación soriana Recuerdo y Dignidad hizo entrega el pasado día 16 de Marzo, en el juzgado de Almazán, un escrito que solicitaba la reapertura del caso, después de que el archivo de la causa se produjera por desconocerse los autores materiales, pese a estar demostrados los asesinatos. En dicha solicitud de reapertura del caso se adjuntaba la información procedente de la exhumación -realizada entre el 19 y 21 de Julio de 2013-, así como la obtenida de documentos de la época, incluyendo nombres de posibles cómplices o autores. En aquella exhumación, realizada por Recuerdo y Dignidad, se localizaron seis cuerpos, por lo que cuatro siguen todavía desaparecidos. Se trata de Arsenio Martínez, Tomás Cué, Antonio Lafuente y Fermín González, todos vecinos de Soria y miembros de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

Antes de llevar acabo aquellos trabajos, la citada asociación presentó la correspondiente denuncia en el juzgado de Almazán, solicitando la participación del juzgado en la exhumación, pero tras la apertura de diligencias, el 23 de octubre de 2013, se declaró el sobreseimiento provisional. La denuncia llegó hasta el Tribunal Constitucional, pero también fue desestimada.

España tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, según la ONU
Por otra parte, un grupo de expertos de la ONU pidieron este viernes en Ginebra que España "extradite a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos" durante el franquismo "mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia" española de las víctimas.

El 13 de marzo, el Gobierno denegó la extradición de 17 ciudadanos españoles acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los Derechos Humanos cometidas durante el régimen franquista.

"El Estado español está obligado a extraditar a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos, mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas", dijo el comunicado de los expertos. “La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad”, añadieron.

Los expertos estuvieron en contacto con el Gobierno en relación con las extradiciones ordenadas en octubre de 2014, en el marco de la llamada 'querella argentina', en la que se investigan fusilamientos, torturas, robos de bebés y otros delitos.

"Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esta solicitud de extradición", dijeron los expertos. "Pero si no extradita, el Estado tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los Derechos Humanos y el derecho a la verdad", agregaron.

El grupo está integrado por Ariel Dulitzky (Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias), Christof Heyns (Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales), Juan E. Méndez (Relator Especial sobre la tortura) y Pablo de Greiff (Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición).

Denunciar perjudica seriamente su salud

El caso de la comandante Zaida ha despertado los sentimientos de solidaridad de mucha gente frente al abuso y la injusticia. Pero una vez más nos hemos quedado en la superficie de los fenómenos que acontecen cada día, en la piel de las noticias. Como mucho, alguien nos deja con la inquietud de que aún ganando en sede judicial —si un Tribunal Militar lo fuera—, la demandante ha perdido. Sí, no puede reincorporarse porque se enfrentará a un infierno de vida laboral. Y santas pascuas, señores. ¿Cómo una sociedad de seres humanos civilizados puede aguantar, soportar, sin degradarse que los que denuncian con razón resulten los perdedores en término de realidades? ¿No deberían ser considerados, por el contrario, como prototipos y no como protomártires? Todos conocemos a muchas Zaidas en cuarteles, oficinas, prisiones y hospitales del mundo entero, pero no nos conmueven hasta que no alcanzan notoriedad en programas de televisión. Mientras, aplicamos la misma ley, “bueno, es lo que hay”, “ya sabes, el mundo es así” y otras muletillas de ocasión que nos sirven para quitarnos la responsabilidad de encima. Julian Assange denunció con el caso Wikileaks y ahí lo tienen, prisionero en una embajada; Snowden sacó a la luz los trapos sucios de la CIA, y por ahí anda escondido; Falciani se atrevió a denunciar cómo un banco suizo servía de burladero a una panda de malhechores y ahí le tienen, semioculto y protegido por la policía para que no lo atropelle un camión. Tenga cuidado, denunciar puede complicarle seriamente la vida.—JUAN CARLOS FRAILE PÉREZ Las Rozas, Madrid 23 MAR 2015 -

¿Quién dijo miedo? Los ocho condenados a tres años de cárcel no amenazaron a los diputados catalanes ni ejercieron fuerza física

El Tribunal Supremo anuló esta semana una sentencia de la Audiencia Nacional y condenó a tres años de cárcel a ocho personas por un delito contra las instituciones del Estado. Las ocho participaron en la manifestación del 15 de junio de 2011 ante el Parlamento de Cataluña, bajo el lema “Aturem el Parlament. No deixarem que aprovin retallades” (Paremos al Parlamento. No dejaremos que aprueben recortes), que finalizó con incidentes.

¿Qué hicieron exactamente estos ocho jóvenes? ¿Conspiraron para asaltar el Parlamento catalán? ¿Agredieron a los diputados? ¿Les amenazaron con piedras, palos o pistolas? ¿Les dijeron que iba a darles un puñetazo? ¿Ejercieron la fuerza física contra ellos? No. Absolutamente nada de todo eso. Eran jóvenes que no formaban parte de un grupo organizado; participaban en una manifestación y, según la sentencia ha dejado claramente establecido, “levantaron los brazos”, “agitaron las manos abiertas”, “gritaron”, “siguieron” “recriminaron”, “dijeron” y “corearon”. Uno de ellos desplegó una pancarta y otro manchó con un espray la chaqueta de una diputada. Olga Álvarez, Rubén Molina y Carlos Munter, por ejemplo, “recriminaron las políticas de recortes y dijeron a un parlamentario que no les representaba”. Ciro Morales fue “una de las personas que rodearon a otro parlamentario, coreando lemas”.

Esos son los únicos hechos probados. Y, sin embargo, merecen nada menos que tres años de cárcel, una pena que implica que los acusados, ciudadanos españoles sin antecedentes penales, trabajadores sociales, estudiantes, parados o empleados precarios, deben ingresar en prisión. Tres años de cárcel, según el mismo Tribunal Supremo que en 1982 condenó con esa misma pena a dos de los capitanes que participaron en el asalto armado al Congreso de los Diputados o que estimó que bastaba con un único año para los seis tenientes que les acompañaron.

Todo estriba en la interpretación del artículo 498 del Código Penal que dice que serán castigados con pena de prisión de tres a cinco años los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir que un parlamentario asista a sus reuniones (…).

La Audiencia y el voto particular formulado por el magistrado del Supremo Perfecto Andrés interpretan que agitar las manos abiertas, levantar los brazos o gritar no supone “fuerza, violencia, intimidación ni amenaza grave”. Es posible que en algunos momentos de la manifestación algunos parlamentarios se sintieran atemorizados, pero, en concreto, estos ocho procesados no hicieron nada que pudiera considerarse una amenaza, es decir, el anuncio de un mal o peligro grave. Por el contrario, la Audiencia aseguró que cuando algunos sectores de la población están en una situación de grave vulnerabilidad (los recortes supusieron un hachazo en las prestaciones sociales) y sufren un déficit material de representatividad, “porque no pueden hacer trascender su indignación y su explicable malestar en los medios de comunicación ni privados ni estatales”, no les queda otra posibilidad que el recurso al derecho constitucional de manifestación en la calle.

Perfecto Andrés, por su parte, afirma que no se trata de disculpar las acciones contempladas o privarles de significación. Pero no existe el requisito de ejercer “fuerza” sobre los parlamentarios. La intimidación, explica, supone inducir temor de una intensidad tal que obligue al afectado a modificar su comportamiento, algo que tampoco ocurrió. El Supremo, por el contrario, considera que “interponerse en el camino de dos diputados que solo pretendían acceder al órgano en el que habían de desplegar su función representativa, y hacerlo con los brazos en cruz, supone ejecutar un acto intimidatorio”.

¿Qué ha pasado en la sociedad española para que conductas como las que se describen se consideren tan graves que requieran un castigo tan severo? Quizás el miedo no sea lo que afligió a los diputados del Parlamento catalán, sino lo que está tomando al asalto en los últimos meses a todo el ordenamiento jurídico español. Quizás se tema que la desigualdad galopante termine por generar violencia (algo que no suele ocurrir con la pobreza). Quizás se pretenda desplegar todo un violento arsenal intimidatorio frente a los ciudadanos, a fin de advertirles y avisarles del mal o peligro grave que, al más mínimo gesto, les acecha. A ellos, no a los diputados.
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 22 MAR 2015 -
http://elpais.com/elpais/2015/03/20/opinion/1426869530_962946.html

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. Camino a la igualdad, en tres generaciones. Tres científicas de distintas épocas ilustran el avance social de la mujer y los retos pendientes

Del trabajo no remunerado de ama de casa a ejecutiva de banca, catedrática, ministra. La situación de la mujer en España ha experimentado un cambio trascendental. La sociedad de hace cinco décadas es, ahora, irreconocible. Hace poco más de 30 años la mujer no podía abrir una cuenta en solitario o salir del país sin autorización de su esposo. Tampoco entrar en algunos sectores, como en la judicatura, y varias profesiones —como algunos ámbitos de la enfermería— estaban vetadas, por ley, a las casadas. Hoy, son mayoría en las aulas —un 54%, según datos del Gobierno— y representan el 60% de los licenciados universitarios, según el Instituto Nacional de Estadística; datos segregados por sexos que empezaron a sistematizarse hace poco, ejemplo de la invisibilización de las mujeres.

Pero pese a la evolución, la igualdad dista mucho de ser real. La tasa de paro femenina es superior —dos puntos—, y ellas —incluso con una formación similar— ocupan puestos peor remunerados y reciben un salario un 17% menor por un trabajo de igual valor, según las últimas cifras de la Organización Internacional del Trabajo. Las mujeres con hijos, además, cobran un 5% menos que aquellas que no son madres. En casa también hay desequilibrios: el cuidado de los niños y ancianos, y el trabajo doméstico reposa aún en mayor medida sobre sus hombros; ellas dedican a esas tareas más del doble de tiempo que los hombres. Las barreras sociales que impiden la corresponsabilidad siguen en pie.

Las mujeres han ocupado ya puestos destacados en la política —ha habido una vicepresidenta del Gobierno— o en la judicatura. También en la academia o en la investigación, donde hay figuras punteras. Sin embargo, algunos sectores: están aún muy masculinizados: hay solo una catedrática por cada cinco catedráticos (por debajo de la media europea), ocupan solo el 17% de los sillones de los consejos de admnistración de las empresas del IBEX-35 y en las disciplinas científicas superan por poco margen el 38% de los investigadores; aunque solo el 24% se centra en las escalas superiores. En tres generaciones de mujeres, ese techo de cristal se ha agrietado un poco, pero no se ha roto. Tres científicas cuentan cómo lo han vivido.

Universidad y ciencia en femenino
 - Algunas fuentes, recogidas por Consuelo Flecha, hablan de mujeres en las aulas universitarias de Salamanca y Alcalá de Henares en los siglos XV-XVI, pero hasta la I República no se registra la primera alumna: María Elena Maseras, que se matriculó en Medicina en la Universidad de Barcelona en 1872-73.
- Las mujeres podían asistir a la universidad, pero hasta 1910 (el 8 de marzo) no se aprobó la Real Orden que daba validez a sus títulos y que permitía, por ejemplo, que se presentaran a oposiciones, explica Pilar López Sancho, física y presidenta de la comisión Mujeres y Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La primera licenciada en Ciencias fue María Sordé (1914).
- Las mujeres suponen el 23,9% del personal investigador en el CSIC. Según el Ministerio de Educación, las catedráticas universitarias son dos de cada 10. Solo hay una rectora.
Fuente: El País. http://politica.elpais.com/politica/2015/03/07/actualidad/1425764510_166454.html

Justicia politizada

Primero fue el borrado de los discos duros del caso Bárcenas requeridos por el juez, y después, la Audiencia Provincial de Madrid “extravió” la causa interpuesta por UPyD e IU sobre la eliminación de dichas pruebas. Ante el primer caso, cabe preguntarse por la tibieza del magistrado que pide los dispositivos en lugar de no requisarlos para evitar su formateo por parte de los investigados. El segundo hecho revela una vez más la inaplazable reforma de una justicia politizada hasta el tuétano, cómplice de prácticas que entorpecen el normal desarrollo de los procesos judiciales.— DANIEL GARCÍA DELICADO Albacete 24 FEB 2015 

La atractiva necesidad de refrescar la memoria. Las grandes transformaciones reales necesitan consenso entre grandes sectores de la sociedad

¿Se puede humanizar el análisis económico? ¿Es razonable pretender que se incluyan dentro de los elementos a tener en cuenta las consecuencias previsibles sobre la vida de las personas concernidas? Algunos piensan que pretender humanizar la relación coste-beneficio es muy encomiable, pero poco útil. Otros, que es imprescindible políticamente y que esa humanización debe fijar el objetivo de la actuación reguladora del Estado. Es lo que mantiene, por ejemplo, uno de los juristas más famosos de Estados Unidos, Cass Sunstein, catedrático de Harvard, 60 años, colaborador de Obama y, para algunos comentaristas conservadores, “el hombre más peligroso de América”, según el largo perfil que publica el último número de la revista de Leyes de esa universidad.

Sunstein cree que Franklin Delano Roosevelt pronunció el discurso más importante del siglo XX cuando propuso, en enero de 1944, quince meses antes de su muerte, una “segunda Carta de Derechos”, un texto que debería ser añadido a la Constitución de Estados Unidos, incorporando como derechos el acceso a un trabajo justamente remunerado, la sanidad, la educación, el techo, las pensiones...

Algo curiosamente parecido a lo que había significado el  Informe Beveridge  en Gran Bretaña y que allí daría origen, después de la II Guerra Mundial, al gobierno más extraordinariamente reformista de la historia, el que encabezó  Clement Atlee, con Aneurin Bevan como ministro de Salud y creador del sistema sanitario público más admirado del mundo: el National Health Service. Atención, todo aquel formidable cambio se produjo en los días en los que Gran Bretaña mantenía una deuda soberana equivalente al 250% de su PIB.

A Sunstein, que defiende la idea del “empujón del Estado”, le gusta “refrescar la memoria” y recordar a sus compatriotas que hubo épocas en las que se hablaba de asuntos como incorporar nuevos derechos sociales a la Constitución americana, sin que eso provocara ningún escándalo. Propuestas como las de Roosevelt, o el increíble plan que puso realmente en pie el atildado y tímido Atlee, serían calificadas ahora de locuras extravagantes.

Así que refrescar la memoria parece ser una recomendación sensata. Porque paralelamente parece que también se ha olvidado lo que significa la pobreza, no la miseria que lleva a la inanición e incapacita para pensar, sino la pobreza, la escasez e insuficiencia permanente de lo necesario. El estado en el que se encuentra, según Cáritas, uno de cada cinco españoles, por ejemplo, personas que o no encuentran trabajo o que trabajan, pero no ganan lo suficiente para vivir.

“Desengáñense, la pobreza no es soportable”, aseguraba la escritora norteamericana Barbara Ehrenreich, en su libro “Por cuatro duros”. La pobreza, explicaba en un famosísimo reportaje publicado en la revista Harper, produce angustia profunda, un considerable deterioro de la salud, privaciones crónicas, un estado permanente de emergencia que va creando un estilo de vida insoportable.

Bien, pero no queda más remedio. Ya se saldrá adelante. La cuestión es que eso lo dicen quienes están en otra situación y se creen con derecho a animar a quienes padecen esa angustia insoportable. Ehrenreich nos enseñó quiénes son esas personas que no vemos y a las que aconsejamos paciencia: el camarero de la hamburguesería de la esquina, la limpiadora de un hotel de segunda, el dependiente o el reponedor de un supermercado que visitamos casi diariamente. Los trabajos sin cualificar, los que se remuneran con salarios que no dan para vivir, suelen ser precisamente trabajos duros, que exigen un gran desgaste físico y provocan dolores crónicos. Ehrenreich se asombraba de cuántos trabajadores pobres necesitaban ibuprofeno para tirar día a día y de cuántos padecían una alimentación, no escasa, pero sí inadecuada, hecha de comida de sobre.

Las grandes transformaciones, las grandes transformaciones reales, requieren consenso. Acuerdo entre grandes sectores de la sociedad. Es innegable que la sociedad española necesita hoy una gran transformación y es absurdo exigir que todo vuelva a ser como era antes, porque antes, en realidad, la tasa de paro estructural rondaba en España el 17%. El problema, como dice Sunstein, es si esa trasformación se encara pensando que la humanización del análisis económico es una exigencia o, por el contrario, una debilidad. Si se cree que el otro puede resistir lo que, simplemente, no es soportable. solg@elpais.es
Fuente: SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 25 ENE 2015 -
http://elpais.com/elpais/2015/01/23/opinion/1422011932_798523.html
Más, http://economia.elpais.com/economia/2014/12/14/actualidad/1418584213_652493.html

Distinta justicia para todos

Las resoluciones judiciales de hoy sobre los casos Bárcenas y Aguirre, demuestran que a todos los ciudadanos sin distinción se nos aplica la misma ley: La del embudo.- ANTONIO SEGURA BAEZA Pozuelo de Alarcón, Madrid 22 ENE 2015. Cartas al director. El País.