Entrevista a Aitor Martínez, abogado de Derechos Humanos y autor del informe “Masacre de Curuguaty” “Paraguay es uno de los países de América Latina con más líderes campesinos asesinados”

Desde que finalizara la dictadura de Stroessner y comenzara el periodo democrático en Paraguay, en el año 1989, han resultado asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos, según el informe Chokokue. Paraguay registra una de las cotas más elevadas de América Latina, aunque el hecho no trascienda habitualmente fuera del país. Recuerda esta circunstancia el abogado en materia de Derechos Humanos, Aitor Martínez, autor del informe “Masacre de Curuguaty” (presentado en octubre de 2012) para la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC). El abogado e investigador trabajó en el equipo de defensa de los campesinos imputados por la masacre entre agosto de 2012 y enero de 2013. La causa fue elevada al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que decidió contra Paraguay, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde está pendiente de resolución.

Aitor Martínez es también abogado coordinador de la querella por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Stroessner (1954-1989), presentada en agosto de 2013 en Argentina. Actualmente trabaja en la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y en el despacho jurídico ILOCAD, dirigido asimismo por Garzón. “El caso Curuguaty no puede entenderse con independencia de la lucha por la tierra en Paraguay”, afirma Aitor Martínez, “el país más desigual de América Latina”. Un país que tiene como fuente económica principal el sector agrícola-ganadero, y que presenta tal concentración de tierras, “genera un conflicto social imposible de contener”. Algo más del 2% de los hacendados acumula la propiedad de la tierra en un país que, pese a ser uno de los principales productores de alimentos de la región, también es uno de los países con mayor malnutrición. “Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Stroessner”, remata el abogado.

P-El 15 de junio de 2012 se produjo la llamada “masacre de Curuguaty”, en la que murieron 17 personas (11 campesinos y 6 policías). Por los hechos, que terminaron en la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, hay actualmente procesados 13 campesinos (ningún miembro de las fuerzas policiales). ¿Por qué se ha postergado el juicio en diferentes ocasiones, hay algún interés en ello? ¿Hay alguna posibilidad de que se aplace de nuevo?

La investigación de los hechos está llena de irregularidades. Se presentaron numerosas nulidades en la audiencia preliminar que ni siquiera se evaluaron, por lo que el caso se elevó a juicio oral en situación precaria.

Todas estas irregularidades, nulidades y acusaciones sin fundamento fueron elevadas en queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2014 (se abrió la P-417/14 actualmente en curso).

Entre otras graves irregularidades, se alertó del hecho de que se estaba acusando a los campesinos por invasión de inmueble ajeno sin que se hubiera aportado el titulo de la tierra por parte del Fiscal. Evidentemente no puede aportarlo porque la tierra no pertenece a Blas N. Riquelme, terrateniente que había accionado el desalojo. Esto significa se ha realizado una acusación sin que exista la mínima y elemental prueba de cargo, la ajenidad del inmueble, lo que convierte la acusación en inquisitoria.

Es difícil para las autoridades paraguayas atreverse a celebrar un juicio que está siendo analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, de finalmente producirse, inapelablemente produciría la nulidad del mismo. No sé si se producirá un nuevo aplazamiento. Es probable que se vean forzados a hacerlo. Pero también puede suceder que no quieran seguir manteniendo esta situación y se celebre finalmente.

Me gustaría asimismo recordar que realmente murieron 18 personas. No debemos olvidar que Vidal Vega, el Presidente de la Comisión de Familiares Víctimas de Curuguaty, fue asesinado en la puerta de su casa por dos sicarios. Vidal Vega se encontraba colaborando con la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) en la defensa de los campesinos y el esclarecimiento de los hechos, sobre todo en lo relacionado a la situación de la tierra. Ha sido la víctima 18 de este luctuoso hecho.

P-Como autor del informe “Masacre de Curuguaty” y abogado de las víctimas, ¿observaste alguna relación entre la escabechina y la destitución del expresidente Fernando Lugo?
Desde que Lugo llegó al poder en 2008 comenzaron los movimientos de la oligarquía para expulsarlo del poder. Yo recuerdo haber llegado al país en esa fecha y ser raro el día que no había rumores de un golpe. Su promesa de una distribución más equitativa de la tierra era una amenaza que debía ser frenada a toda costa. De hecho, los cables, revelados por Wikileaks, de la embajadora norteamericana muestran abiertamente las conversaciones de políticos “colorados” que venían planeando de manera recurrente dar un golpe, duro o blando, contra Lugo. Finalmente ese golpe se materializó el 15 de junio de 2012.

Cuando ese día se produjo la masacre, los medios de comunicación “cerraron” inmediatamente una versión oficial: los campesinos, radicalizados por las políticas de la distribución de la tierra de Fernando Lugo, llegaron al punto de enfrentarse a la Policía. Sentenciaron ipso facto que un reducido grupo de campesinos había emboscado a la Policía y había producido la masacre. Los medios sentaban una versión oficial sin investigación alguna, como forma de coadyuvar con los partidos tradicionales, colorados y liberales, para poder destituir así a Fernando Lugo, un outsider de la política que había llegado al poder después de más de 60 años de monopolio político del Partido Colorado.

Lugo era una amenaza para el “statu quo” de Paraguay, con uno de los índices de desigualdad más altos del mundo, donde una pequeña oligarquía disfruta de una masiva concentración de la riqueza. Los principales medios de comunicación y la jerarquía política colorada son esa oligarquía que tenía como objetivo la destitución de Lugo para acabar con sus planes de distribución de la tierra a través de la recuperación de las tierras malhabidas.

Esto sentó las bases para que se planteara un juicio político de urgencia contra el Presidente de la República, en el que se le acusaba de haber sido el responsable de la masacre. El 22 de junio, sólo 7 días después de que sucedieran los hechos, y sin permitir ni una investigación (incluso se negó al Presidente crear una comisión de investigación), Lugo fue destituido. Se le dejaron unas pocas horas para su defensa, en una total violación del derecho a la defensa y el debido proceso.

P-¿Afectó la defenestración de Lugo a la investigación posterior de lo sucedido en Curuguaty? Por otra parte, ¿han observado la defensa y las organizaciones de derechos humanos irregularidades en el proceso de Curuguaty?
Lo peor es que con la destitución de Lugo, se sentó una verdad en sede legislativa que ya no podía ser alterada. Si posteriormente se demostraba que la masacre no era tal y como se había descrito por los medios, y como los parlamentarios colorados y liberales habían relatado, se caería toda una destitución presidencial; desde ese momento había que asegurar que la investigación posterior cuadrara con lo afirmado en sede parlamentaria.

Y es ahí donde empiezan todas las irregularidades de este proceso. Cuando yo llegué a Paraguay a investigar la masacre, la verdad “oficial” estaba asentada, pero a medida que investigábamos, descubríamos que nada era como se había afirmado. Fuimos desmontando la versión oficial y descubriendo las falsedades de la Fiscalía en el proceso que avanzaba, hasta el punto de que Paraguay fue condenado nada menos que por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2013, tras la presentación de nuestro informe.

Por ejemplo, encontramos un vídeo en el que se observa que no se había producido ninguna emboscada, sino que los campesinos estaban con sus mujeres y niños en medio del recibimiento a la comitiva policial. Además, pudimos observar la diferencia de fuerzas en el procedimiento, con 354 efectivos policiales especializados que, supuestamente, fueron emboscados por una treintena de campesinos.

Acreditamos que la tierra no era de Blas N. Riquelme, terrateniente de la zona y ex Presidente del Partido Colorado que había instado el desalojo, sino que efectivamente la tierra era pública y estaba destinada a la reforma agraria, tal y como argumentaban los campesinos. También pudimos determinar que la Fiscalía venía solicitando desalojos, mientras que el juez de zona le otorgaba permisos de allanamientos, afirmando constantemente ambas autoridades la existencia de título de propiedad de Riquelme, algo radicalmente falso.

Ni que decir tiene que cuando acudimos a la Carpeta Fiscal del proceso abierto descubrimos que ninguna prueba apuntaba a lo que se afirmaba. Por ejemplo, según las pruebas de hisopos las 6 escopetas incautadas no habían sido disparadas, es decir, no tenían resto de pólvora, excepto una de ellas, que aunque tenía restos precisamente estaba rota y no pudo accionarse. Además, las pruebas de parafina en las manos de los campesinos demostraron que no habían disparado armas.

Por otro parte, encontramos que se habían introducido pruebas falsas en la causa, como una escopeta Maverick calibre 15 cuya desaparición había sido denunciada una semana después. Además, se habían ocultado pruebas, como los cientos de casquillos 5,56 mm que se encontraban en la zona y que pudimos acreditar mediante un vídeo que fueron entregados al fiscal de la causa, habiendo desaparecido de la misma. Lo mismo que ocurrió con la cámara del helicóptero que sobrevolaba la zona, que también desapareció sin ninguna explicación. Y todo ello con un rigor probatorio que llega hasta el punto de que se haya incluso denegado pruebas tan elementales como la dactiloscopia (toma de huellas dactilares) de las armas.

P-¿Qué conclusiones pueden extraerse del accionar de la policía?
Desde un primer momento se afirmó que los policías habían accedido desarmados. Sin embargo, presentamos un vídeo en el que se identificaba una cadena de disparos de armamento automático que abría la balacera. El Fiscal siempre negó que ahí hubieran comenzado disparos automáticos, aunque posteriormente acreditamos que había escondido los casquillos de armamento automático que le entregaron (grabado en un vídeo que puede consultarse).

Tampoco se investigó el accionar policial en relación a las ejecuciones extrajudiciales que le denunciamos al Fiscal. Se estima que, entre 7 y 8 campesinos pudieron morir ejecutados a sangre fría. Algunos han muerto por disparos en la boca, otros con disparos que han hecho estallar el cráneo a cañón tocante, otros campesinos heridos llamaron a sus familiares mientras estos escuchaban su ejecución, entre otros muchos casos.

Un caso particularmente sangrante es el hecho de que el día siguiente, los familiares de los campesinos, junto con periodistas que ya se habían desplazado a la zona, se decidieran a entrar en el predio para buscar a familiares que estaban desparecidos. Los propios medios de comunicación registraron cómo encontraron cuerpos de campesinos que habían sido escondidos entre los maizales de la finca. Con disparos en la frente de trayectoria descendente los cuerpos de Luís Paredes y De los Santos Agüero habían sido deliberadamente escondidos. Denunciamos estos intentos de comisión de desaparición forzada por parte de agentes de la autoridad y nada se ha investigado hasta el momento.

P-¿Cómo se produjeron las detenciones?
Los propios campesinos denunciaron que se habían cometido detenciones arbitrarias. Algunos de los detenidos afirmaban que jamás habían estado en esa finca. La orden de detención se había librado contra toda persona que estuviera en la finca en el momento de los hechos, o contra cualquiera que se encontrara inscrita en una pequeña lista que los campesinos tenían dentro de la finca para los pequeños aportes de alimentación del asentamiento (aunque la defensa jamás la ha visto, ya que parece ser que un Policía se cayó al agua con ella y se destruyó, lo que no evitó que se memorizaran todos los nombres).

Con una orden de detención tan genérica era normal que se produjeran detenciones arbitrarias. Sin embargo, ante el reclamo de algunos campesinos de haber sido detenido por animadversiones con policías, el fiscal jamás procedió a investigar. Por ejemplo, conseguimos vídeos donde se grababa a policías deteniendo a uno de los campesinos, Marcelo Trinidad, en el hospital cuando iba a visitar a un familiar, lo que demostraba que el informe de detenciones estaba falseado. Pedimos que imputara a los policías que se veían en el vídeo y al Policía que había falseado ese informe de detención, negándose a ello.

A todo lo anterior se une que pudimos demostrar denegación de auxilio a campesinos gravemente heridos. Incorporamos a la investigación fotografías donde se observaba a Arnaldo Quintana, con un disparo de entrada y salida en el intestino, que iba a ser recogido por una ambulancia, cuando dos policías cerraron la puerta del vehículo sanitario y le obligaron a montarse en una camioneta policial. Arnaldo Quintana estuvo a punto de fallecer por falta de atención médica. Incluso el propio conductor de la ambulancia reconoció los hechos a los medios. Pedimos al fiscal que imputara a los policías que se veían en las imágenes e igualmente se negó.

P-Ante todas estas denuncias, ¿de qué modo ha obrado la Fiscalía?
Evidentemente la pregunta que todos se deben hacer es, ¿quién es el fiscal de la causa? Pues bien, lo más importante que hay que señalar es que el fiscal de la causa fue cambiado en el momento en se decidió que se iba a hacer juicio político a Lugo. En ese momento la fiscal Ninfa Aguilar fue apartada de la causa y se entregó unilateralmente la investigación a Jalili Rachid, hijo de Bader Rachid, ex Presidente del Partido Colorado y amigo íntimo de Blas N. Riquelme, el también ex Presidente del Partido Colorado que había usurpado esas tierras y había accionado el desalojo sin ser legítimo propietario. Por si fuera poco, además, encontramos fotos del Fiscal Jalil Rachid en una cena íntima con Patricia Riquelme, sobrina nieta de Blas N. Riquelme, con la que presumiblemente mantenía una relación sentimental, foto tomada sólo 4 meses antes de la masacre, el 15 de febrero de 2012.

Es decir, el padre del fiscal Rachid, íntimo amigo de Blas N. Riquelme, decidía en el máximo órgano de dirección del Partido Colorado llevar a Lugo a juicio político, mientras se colocaba a su hijo unilateralmente y sin explicación alguna al cargo de la investigación. Fiscal Rachid es incluso militante del Partido Colorado.

Ninguno de estos hechos ha facilitado que se separe al Fiscal Rachid de la causa. En dos ocasiones se le recusó y en dos ocasiones fue negada su separación de la causa por parte de la Fiscalía General del país. Evidentemente no se debería ni haber llegado a plantear la recusación, simplemente porque él se debería haber inhibido de actuar en una causa que vincula penalmente al amigo de su padre, en la que su partido tiene intereses políticos, y en la que su padre cerró una versión oficial de los hechos que a todas luces iba a condicionar la objetividad investigadora de su hijo.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó a Paraguay a apartar al Fiscal Rachid para garantizar la independencia de las actuaciones. Ni aun siendo solicitada por una de las principales autoridades internacionales se consiguió. Evidentemente, que el Fiscal Rachid siga al frente de las investigaciones es determinante.

P-¿Apunta directamente el “Caso Curuguaty” a la estructura de la propiedad de la tierra en Paraguay (el 2,6% de los propietarios concentra el 80% de las tierras cultivables) o además se señalan otros intereses?
El caso Curuguaty no puede ser entendido al margen del contexto de la lucha por la tierra que existe en Paraguay. Estamos ante el país con la mayor desigualdad de América Latina (según el índice Gini). Un país que se dedica básicamente a la exportación de producción agroganadera del sector primario, y que tiene esa concentración de tierras, genera un conflicto social imposible de contener.

Es decir, el único medio de producción del país está en manos de poco más del 2% del país, mientras el resto sólo puede, en el mejor de los casos, trabajar en condiciones infrahumanas para esa minoría oligárquica. Curiosamente, Paraguay es uno de los principales productores de alimentos de la región, pero el que mayor malnutrición registra. Una tierra en manos de unos pocos, destinada a producir para vender fuera, con mano de obra campesina que no tiene acceso a esa mínima alimentación. Un escenario insostenible para crear una sociedad que se quiere llamar justa.

P-¿Cuál es el origen de este modelo de distribución desigual?
Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El dictador que más duró en el poder en toda América Latina entregó unilateralmente y sin arreglo a ningún procedimiento las conocidas como tierras malhabidas a allegados del Partido Colorado y militares fieles al régimen. La Comisión de Verdad y Justicia, órgano encargado de investigar los crímenes de la dictadura, determinó que aproximadamente 8 millones de Hectáreas fueron repartidas discrecionalmente entre lo que hoy es la oligarquía terrateniente paraguaya, pagada por favores al régimen dictatorial.

Este injusto status quo social se mantuvo hasta que en 2008 un líder religioso, Fernando Lugo, llegó sorpresivamente al poder desbancando al Partido Colorado después de más de 60 años en el poder. Nucleando el voto de todas las fuerzas minoritarias de izquierdas y con el apoyo del Partido Liberal, Lugo ganó las elecciones y trató de implementar un programa reformista, cuyo principal objetivo era la distribución de la tierra, como única forma de conseguir una justa distribución de la riqueza del país.

P-¿Amenazó el ejecutivo de Lugo los intereses de la oligarquía terrateniente?
Desde el gobierno de Lugo comenzaron a abrirse procesos civiles para conseguir recuperar las tierras malhabidas, algo que fue visto por la oligarquía como una amenaza que ponía en peligro sus históricos privilegios. Los llamados a un golpe de Estado eran constantes. Los editoriales de los medios, en manos de esa misma oligarquía, lo tildaban de “radical” y “comunista” al que había que apartar del poder de cualquier forma posible.

Ese es el contexto en el que se produce la masacre de Curuguaty. Una finca, Marina Kue, que precisamente figura entre las conocidas como tierras malhabidas en el Informe de la Comisión Verdad y Justicia, por haber sido ilegítimamente usurpada por el ex Presidente del Partido Colorado, Blas N. Riquelme. Unos campesinos que se asentaron en una tierra que, efectivamente, estaba destinada a la reforma agraria y que contaban con el beneplácito del INDERT, órgano encargado de gestionar esa distribución. Y una fiscalía que de manera clientelar venía recurrentemente desalojando a los campesinos sin cotejar el título de propiedad de los registros públicos, simplemente como forma de complacer a Riquelme.

Finalmente, la historia de la tierra cierra si tenemos en cuenta que el padre del fiscal que investiga este entramado, el también ex Presidente del Partido Colorado, Bader Rachid, figura asimismo como propietario de tierras malhabidas en el informe de la Comisión Verdad y Justicia. Probablemente eso haga comprender por qué su hijo no quiere investigar la titularidad de Marina Kue.

P-¿Es receptiva la opinión pública urbana (de las capitales y ciudades de Paraguay) a la batalla de los campesinos por la tierra? ¿Qué idea ofrecen los medios de comunicación convencionales de las luchas campesinas y, en concreto, de la memoria de Curuguaty?
La división social entre el mundo urbano en Asunción y la realidad rural del interior del país es palpable. La verdadera conciencia campesina se encuentra concentrada en las zonas más desfavorecidas del país. Lo que no quiere decir que en Asunción no exista una sensibilidad al respecto, pero sigue siendo por parte de grupos minoritarios de la ciudad.

A ello no ayuda el hecho de que los medios de comunicación, vehículos privilegiados de transmisión de la información en la ciudad, deliberadamente desarrollen una campaña de criminalización de los campesinos. Es común vincularlos a terroristas, comunistas, vagos o cualquier otro apelativo que estigmatice cualquier movimiento que hagan las comunidades campesinas del interior.

P-¿Continúan hoy los asesinatos de dirigentes y militantes de las organizaciones campesinas, tal como sucedió en Curuguaty? ¿Existe alguna contabilización de las víctimas en los últimos años?
En Paraguay se registra uno de los números más elevados de asesinatos de líderes campesinos de toda América Latina. Curiosamente es un asunto silenciado que no trasciende fuera de sus fronteras.

Según el informe Chokokue, que es actualizado continuamente, han sido asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos desde la llegada de la democracia en 1989.

En la mayoría de los casos las sospechas de los asesinatos recaen en terratenientes de la zona que podrían entender que la forma más fácil de acabar con un reclamo campesino, es eliminar al líder y descabezar al movimiento contestatario. El modus operandi suele ser el mismo: sicarios profesionales con el uso de armamento sofisticado, son quienes cometen los hechos. La respuesta pública es en la práctica totalidad de las ocasiones la misma, garantizar la impunidad absoluta.

P-¿Es un reduccionismo afirmar que el país está controlado por una oligarquía de la soja? ¿Qué peso tienen las compañías transnacionales?
En absoluto es un reduccionismo. Si hacemos un análisis estructural del país, efectivamente estamos ante un país netamente exportador de productos agroganaderos, principalmente soja. Además, con un modelo de producción latifundista y mecanizado, las grandes plantaciones de soja ni siquiera requieren de una gran cantidad de mano de obra, por lo que es un modelo productivo que produce una enorme pobreza nacional en términos generales; en cambio, para unos pocos propietarios genera enormes bolsas de riqueza por la exportación.

A lo anterior se une el drama de los agrotóxicos. Para una eficiente producción de soja los productores recurren al bombardeo de glifosato, destinado a eliminar la maleza de la tierra. Este químico, que a largo plazo destruye esa tierra y la hace infértil, además tiene graves consecuencias para la salud de los asentamientos campesinos cercanos a las plantaciones, sobre todo cuando se lanzan desde las avionetas.

P-¿Y en cuanto al narcotráfico?
Si a este modelo latifundista sojero, de concentración de riqueza y graves problemas sanitarios por el uso de agrotóxicos, le unimos el negocio del narcotráfico, tendremos un escenario desolador en el interior del país. Las bandas organizadas normalmente aprovechan esos latifundios enormes para establecer sus plantaciones de marihuana. Un lucrativo negocio que ha creado nuevas fortunas vinculadas a esta actividad ilícita. Fortunas que están empezando a desplegar la peor cara de este negocio, la violencia, con el repetido asesinato de periodistas en el interior del país que vienen denunciando esta actividad, como sucedió recientemente con el periodista Pablo Medina.

P-Por otro lado, fuiste autor de la querella que se presentó en Argentina, en agosto de 2013, por los crímenes cometidos en la dictadura de Stroessner (1954-1989). ¿En qué consistieron estos crímenes?
Paraguay sufrió la dictadura más larga de toda Latinoamérica, 35 largos años entre 1954 y 1989. Un régimen totalitario, de corte personalista, centrado en la figura de Alfredo Stroessner, y soportado sobre la triada de la conocida como “unidad granítica”: Gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado.

El stronismo estableció un sistema político orweliano, de absoluto control de la ciudadanía, con un férreo sistema de vigilancia social a través de los conocidos como pyragues (del guaraní espías, chivatos o confidentes), allegados al régimen que se esparcían por todo el país alertando de cualquier persona que pudiera ser sospechosa de animadversión al dictador.

Esta estructura totalitaria estableció una maquina de represión jerárquica, sistemática y planificada que cometió masivamente ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas, exilios forzados y otras graves violaciones a los derechos humanos. Para justificar todo este tipo de abusos, el régimen dictó el Estado de sitio permanente, a través de continuadas prórrogas, lo que permitía el uso de la detención arbitraria para la posterior tortura, ejecución, desaparición o expulsión del país. Además, se aprobaron las conocidas como leyes liberticidas (Ley 294 de 1955 de Defensa de la Democracia y Ley 209 de 1970 de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas) que facultaban a las fuerzas de seguridad para detener a cualquier persona sospechosa de ser simpatizante de ideologías progresistas.

P-¿Hay cifras contrastadas sobre estos crímenes/violaciones de los derechos humanos?
Por dar algunos datos oficiales recogidos por la Comisión Verdad y Justicia, un subregistro de lo que se ha podido documentar por este organismo, durante la dictadura uno de cada 124 ciudadanos paraguayos sufrió una violación de los derechos humanos. Se han documentado 19.862 detenciones arbitrarias, de las cuales el 91% de ellas no fueron en dependencias penitenciarias, sino en zulos de comisarías policiales; Paraguay contaba con los presos políticos de más larga duración de Latinoamérica, hacinados por más de 20 años en calabozos sin luz ni dependencias sanitarias.

Por otro lado, se documentaron 59 ejecuciones extrajudiciales, básicamente porque el régimen practicó preferentemente la desaparición forzada de los opositores (se han documentado hasta el momento 395 casos). La tortura fue una práctica generalizada: recibieron este trato el 90% de los detenidos, en 18.772 casos, contando el país con centros especializados de tortura como la Dirección General de Asuntos Técnicos (conocida como “La Técnica”, hoy Museo de las Memorias). A lo anterior se une el destierro de 3.472 personas que fueron expulsadas del país a la fuerza. Y todo ello junto a otras graves violaciones a los derechos humanos, de entre las que destacan la práctica de secuestro de menores de aproximadamente 15 años en dependencias del régimen, para ser sistemáticamente violadas por los jerarcas del país, como salió a la luz durante los trabajos de la Comisión Verdad y Justicia.

P-¿Ha habido en Paraguay una batalla por la memoria histórica, son conocidas estas violaciones de los derechos humanos por la opinión pública?
Después de la caída del régimen de Stroessner en 1989 no hubo ninguna depuración política del país. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial siguieron en manos del Partido Colorado. Por lo tanto, los responsables de la represión anterior siguieron en la mayoría de los casos impunes. Exceptuando algunas pocas causas contra policías de rango inferior, la impunidad fue la norma en el país.

Sin embargo, las victimas seguían presentando querellas, señalando a sus victimarios y exigiendo justicia. Pero la respuesta judicial era el “cajoneo” de las causas, quedando olvidadas en una impunidad que afecta a querellas presentadas hace ya más de 25 años.

Esta situación conllevó condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegación de acceso a la justicia de algunas víctimas. Además, la Comisión Interamericana recomendó a Paraguay que abriera una Comisión de la Verdad que documentara los crímenes de la dictadura y diera traslado de sus investigaciones a la Fiscalía para que actuara contra los responsables.

De esta forma, y gracias a la presión de la sociedad civil y de las diversas instancias internacionales, Paraguay estableció en el año 2003 la Comisión Verdad y Justicia, que trabajó en la documentación de los crímenes de la dictadura hasta el año 2008. Recogió miles de testimonios, accedió a documentación clasificada (por ejemplo del Procedimiento 1503 que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU abrió contra la dictadura) e incluso investigó en profundidad el conocido como Archivo del Terror, toda la documentación de la represión que el régimen quería destruir pero que un activista, Martín Almada, descubrió en 1992 y hoy es material probatorio inmejorable para poder impulsar las causas penales.

La Comisión Verdad y Justicia terminó sus trabajos con la publicación de su Informe Final a mediados de 2008. En este informe se identificaban 448 responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos, dando traslado de todo el material a los poderes del Estado. Pero desde entonces no ha habido ninguna actuación penal contra estas personas. La Fiscalía sigue sin proceder contra ellos y las causas están paralizadas.

P-¿Algún organismo internacional ha señalado la responsabilidad del Estado de Paraguay?
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a Paraguay por falta de persecución de estos crímenes en 2013. El Comité contra las Desapariciones Forzadas condenó igualmente a Paraguay por no identificar los restos de personas que los familiares encuentraron en las dependencias policiales, para cerrar así su duelo y poner fin a un delito permanente como es la desaparición forzada.

P-¿Cómo surgió la idea de la “querella argentina”?
Ante esta situación de impunidad, se decidió acudir a la justicia argentina a través del principio de jurisdicción universal. Este mecanismo de derecho internacional habilita para que ante aquellos crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto (principalmente genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra), por la magnitud de los hechos, cualquier tribunal del mundo pueda conocer de ellos, en el caso de que el país donde se cometieron y que tiene la competencia territorial, no quiera investigarlos.

La querella fue presentada el 5 de agosto de 2013 en Argentina y correspondió por el turno de reparto al juez federal Norberto Oyarbide, a cargo del Juzgado nº5. Desde entonces se han estado remitiendo exhortos desde Argentina a Paraguay solicitándole información.

P-En la querella se incluye el genocidio contra el pueblo Aché. ¿Cuáles son las características básicas de este pueblo y en qué consistió su persecución?
Efectivamente, la querella fue ampliada con relación a los crímenes cometidos contra la etnia Aché.

Durante los años ´70 un proceso de expansión de carreteras del país hacia el norte cortó en dos los bosques de Canindeyú, donde vivían los Aché, una comunidad indígena no contactada. La principal característica de este grupo era su carácter nómada, es decir, vagaban por esos bosques en los que habían vivido desde tiempos ancestrales cazando, sin que tuvieran un asentamiento estable.

Al establecerse esta nueva carretera, la posibilidad de transportar producción agroganadera desde la zona trajo consigo el establecimiento de fincas en esos bosques. Los Aché, que seguían con su modus vivendi ancestral, en ocasiones entraban en las fincas, evidentemente ajenos al concepto de propiedad privada que jamás habían escuchado, y se llevaban algunos cultivos o mataban alguna pieza de ganado.

Los terratenientes de la zona protestaron enérgicamente y la solución dictada por el régimen dictatorial fue aprobar la “sedentarización forzada” de la etnia Aché, sacándolos a la fuerza del monte y concentrándolos en una reserva, la Colonia Nacional Guayakí, dependiente del Departamento de Asuntos Indígenas, organización militar encuadrada en el Ministerio de Defensa Nacional.

P-¿Cómo se produjo este proceso de sedentarización?
Fue traumático. Las cacerías humanas de Aché se sucedieron durante años, en ocasiones a través de Achés sedentarizados que se utilizaban como señuelos, otras veces con sicarios de la zona y en ocasiones con la participación del propio Ejército. Posteriormente eran trasladados a la Colonia Nacional Guayaquí, bajo el mando del temible Sargento Pereira. Una vez allí solían ser vendidos como mano de obra prácticamente esclava a los estancieros de la zona. Los menores, en muchas ocasiones, fueron vendidos a familias paraguayas, sin que a día de hoy se tenga noticia de muchos de esos niños, ya que sólo se han podido recuperar una pequeña parte de ellos. Finalmente, una epidemia de gripe afectó a la Colonia y devastó a gran parte de los Aché, ante una carencia absoluta de medicamentos y alimentación necesaria. Todo este traumático proceso ha sido documentado por diversos antropólogos, de entre los que destaca el alemán Marl Münzel, quien fue testigo presencial de los hechos y llevó a cabo diversas denuncias internacionales.

P-¿Puede hablarse de un genocidio silenciado contra el pueblo Aché?
Los hechos han sido calificados algunas ocasiones de genocidio y otras de crimen de lesa humanidad. La diferencia radica en que el genocidio exige un elemento subjetivo, la comisión de esos crímenes con la intención de hacer desaparecer en parte o en todo a un grupo racial, religioso, étnico o nacional. En la querella se aplica la fórmula genocidio y/o lesa humanidad, dejando abierta la posibilidad de que durante la instrucción se califiquen los hechos en uno u otro sentido.

En mi opinión, los crímenes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, traslado forzoso, limpieza étnica de una zona, además de ser constitutivos de un crimen de lesa humanidad incuestionable, lo serían también de genocidio. La intención del régimen no fue el exterminio de la comunidad Aché en términos físicos, ya que la finalidad era expulsarlos de sus tierras y concentrarlos en la Colonia. Sin embargo, el objetivo final era acabar con la cultura Aché, trasladando a sus niños a familias de culturas paraguayas, impidiéndoles sus prácticas dentro de la reserva, extirpando su lengua al “culturizarlos”, y en definitiva, con la finalidad de hacer desaparecer ese molesto grupo que impedía el desarrollo económico en términos occidentales de una región del país.

P-Por último, ¿en qué punto se encuentra querella? ¿Cuál está siendo la posición del estado de Paraguay ante la misma?
Desde que se presentó la querella en agosto de 2013, se abrió la Causa 7300/2013 y comenzó a exhortarse a Paraguay para que identificara si efectivamente allí se estaban investigando esos hechos.

En un primer momento Paraguay se negó a cooperar judicialmente con Argentina. De hecho, durante más de un año se negó a responder el exhorto del juez Oyarbide. Sin embargo, la presión internacional hizo que finalmente se respondiera, remitiéndose una simple comunicación donde se afirmaba que esos crímenes eran competencia territorial de Paraguay y que se estaban investigando allí, en un desconocimiento absoluto del mecanismo de jurisdicción universal.

Sin embargo, el juzgado argentino reiteró un segundo exhorto en el que solicitaba más información, al que todavía no se ha respondido, por lo que se demuestra nuevamente la falta de voluntad de cooperación judicial.

La idea es que una vez quede acreditada la impunidad existente en Paraguay, se comiencen a incorporar los testimonios de los víctimas, la documentación probatoria, y se dicte orden de detención internacional, para empezar, contra los 18 represores que están vivos y que han sido identificados por la Comisión Verdad y Justicia, así como las víctimas que son querellantes en Argentina.
Enric Llopis

_-- LEY MORDAZA » Cinco cosas que la ‘ley mordaza’ impide hacer a partir de mañana. La normativa, recurrida ante el Constitucional por la oposición, entra en vigor mañana. Five things Spain’s ‛gag law’ will stop you doing from tomorrow

_ -La cuenta atrás acaba. Este miércoles entra en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, impuesta por el Gobierno pese al rechazo del resto de partidos y de un amplio grupo de organizaciones sociales. Ni las movilizaciones, ni los recursos ante el Tribunal Constitucional, ni las críticas de organismos europeos han logrado frenarla. "Las manifestaciones serán más libres porque estarán protegidas de los violentos", aseguran los populares. Frente a esas palabras, las de la oposición, que acusa al Ejecutivo de crear un "Estado policial": principalmente, porque las fuerzas de seguridad tendrán ahora capacidad para imponer sanciones administrativas que antes quedaban en manos de un juez. Toda una batería de medidas que se han rebautizado popularmente como Ley Mordaza. Estas son cinco acciones que esta normativa limitará a partir del 1 de julio:

Manifestarse junto al Congreso y el Senado
Fotografiar a policías
Parar un desahucio
Protestar en las alturas
La resistencia pacífica y las sentadas

Las infracciones leves se sancionarán con una multa de 100 a 600 euros; las graves, de 601 a 30.000 euros; y las muy graves, de 30.001 a 600.000 euros.

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Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2015/06/25/actualidad/1435244324_666533.html

Europa tras la II Guerra Mundial. Callaron las armas y continuó el infierno. Keith Lowe describe en ‘Continente salvaje’ el horror vivido en los años posteriores por mucho de los pueblos europeos.

Bajó el telón de la II Guerra Mundial, pero los cuatro jinetes del apocalipsis no dejaron de galopar. En Europa, en un mundo devastado por cinco años de contienda, la gente se las prometía muy felices al firmarse la paz y sin embargo lo que siguió fue un espanto. En un continente devuelto a una condición casi medieval, inmerso en un completo caos, con destrucciones sin cuento, las instituciones colapsadas y la sed de venganza a la orden del día, el desastre humano y moral era absoluto. A mostrar ese siniestro panorama que fue el envenenado legado de la contienda ha dedicado Keith Lowe (Londres, 1970), uno de los más destacados de la nueva generación de historiadores británicos, su libro Continente salvaje, Europa después de la Segunda Guerra Mundial (Galaxia Gutenberg), un libro que se lee con el corazón en un puño especialmente ante la suma de nuevos horrores y vejaciones que tuvieron que aguantar los supervivientes en una cruel nueva vuelta de tuerca de la historia sobre sus víctimas.

¿Fue peor la posguerra que la guerra? “No llegaría yo tan lejos como a afirmar eso”, responde Lowe. “En algunas áreas quizá, aunque en general no. Pero mientras en algunos lugares el fin de la guerra se celebraba con fiestas, en otros continuaba la violencia, e incluso eran parte de las celebraciones la muerte y la vergüenza de otros. Cientos de miles de personas fueron asesinadas o se las dejó morir después de la guerra”. El historiador recalca que es una falsa idea la de que en 1945 todo volvió a la normalidad. “Hizo falta una transición que estuvo llena en muchos sitios, cuanto más al Este peor, de injusticias, atropellos y crueldad, fue una época sin ley”.

El libro muestra que las democracias podían ser muy vengativas. “No tanto como los regímenes totalitarios pero sí, la venganza forma parte de la naturaleza humana, es algo innato y difícil de controlar, y hubo una gran ola de venganza en toda Europa”. Continente salvaje presenta casos —menos conocidos que los de las acusadas de colaboracionismo en Francia rapadas (¡20.000!)— como el de las mujeres y niños marginados y privados de derechos en Noruega, las primeras por ser parejas de soldados alemanes y los segundos por ser el fruto de esas uniones. Lowe explica que el 10 % de las noruegas de entre 15 y 30 años tuvieron novios alemanes durante la guerra. Se tachaba a esas mujeres de traidoras a la nación, aunque ellas y otras en su mismo caso en otros países de Europa consideraban sus relaciones un asunto privado, como la actriz francesa Arletty que, cuenta el historiador, durante su juicio en París por su affaire con un oficial alemán exclamó: “Mi corazón pertenece a Francia, pero mi vagina es mía”.

En cuanto a los niños, Lowe apunta que los soldados alemanes engendraron entre uno y dos millones en la Europa ocupada. En 1945 un diario noruego consideraba a los del país escandinavo “una minoría bastarda peligrosa” susceptible de convertirse en el futuro en “una quinta columna entre la población noruega pura”.

Una de las tragedias que sobrevino con la paz fue la de la deportación forzosa de poblaciones desplazadas a lugares en los que les aguardaban duros castigos. “Los británicos y estadounidenses entregamos a los soviéticos a millares de refugiados y prisioneros de guerra procedentes de Europa oriental, como 70.000 cosacos y al ejército de Vlásov, sabiendo que les esperaba en muchos casos la muerte (los que caían en manos del Ejército Rojo tenían 90 veces más probabilidades de morir que los que apresaban los aliados occidentales)”.

Lo que ocurrió con los judíos fue terrible. “Sobre todo porque tenemos la idea de que el Holocausto generó una gran empatía con los judíos tras la guerra y ese no fue el caso. En muchos lugares se reavivó el antisemitismo. Los judíos supervivientes volvían a sus casas sin nada y tuvieron que luchar para recuperar sus propiedades. En ese conflicto, no hubo compasión con las víctimas". Lowe recoge casos como los de la judía holandesa superviviente de los campos a la que un conocido la recibió diciendo: "Tienes suerte de no haber estado aquí, ¡no sabes el hambre que hemos pasado!". En Hungría, Eslovaquia y Polonia hubo verdaderos pogromos. Al menos 500 judíos fueron asesinados en Polonia entre la rendición alemana y el verano de 1946”.

Lowe, que inauguró en Barcelona el proyecto Espacio de Humanidades. Mediterráneo y Europa, en el Palau Macaya de la Obra Social La Caixa, está de acuerdo en la comparación de la Europa de 1945 con la de la Guerra de los Treinta Años. “Todas las estructuras de la sociedad cayeron, las cosechas se perdieron, incluso las que pudieron recogerse no había manera de transportarlas, todo estaba destruido: el hambre fue peor que durante la guerra”. Había huérfanos por todas partes, señala el historiador, cientos de miles sino millones que se habían quedado sobre todo sin padre. Y muchos niños perdidos; 35.000 solo en Berlín en verano del 45. "Los niños eran el futuro para construir una nueva sociedad pero muchos estaban profundamente traumatizados. Hay muchos testimonios de niños a los que aterrorizaba la simple visión de un hombre en uniforme. Toda una generación se quedó sin referentes masculinos, con los padres muertos o prisioneros durante largos años". Muchos pueblos se quedaron sin hombres, lo que tuvo un efecto traumático en toda una generación de mujeres. "Los hombres se convirtieron en un bien muy preciado". En la URSS había al final de la guerra 13 millones más de mujeres que de hombres.

A Lowe le cuesta decir qué es lo que le conmueve más de todos los dramas de su libro. "Pero con lo que tengo pesadillas es con lo que se hizo a los civiles alemanes en los campos de prisioneros. Algunos guardias trataron de imitar lo que habían hechos los nazis en nombre de la venganza. No digo que algunos alemanes no merecieran castigo pero eso no es excusa para la brutalidad que se ejerció sobre ellos, lo que les hicieron”.

Para el historiador lo más importante es que la nueva Europa, la nuestra, se forjó en medio de "esa época violenta y vengativa", y fue entonces cuando "muchas de nuestras aspiraciones, de nuestros prejuicios y rencores cobraron forma”.
Fuente: http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/17/actualidad/1424208186_419351.html

¿Quién dijo miedo? Los ocho condenados a tres años de cárcel no amenazaron a los diputados catalanes ni ejercieron fuerza física

El Tribunal Supremo anuló esta semana una sentencia de la Audiencia Nacional y condenó a tres años de cárcel a ocho personas por un delito contra las instituciones del Estado. Las ocho participaron en la manifestación del 15 de junio de 2011 ante el Parlamento de Cataluña, bajo el lema “Aturem el Parlament. No deixarem que aprovin retallades” (Paremos al Parlamento. No dejaremos que aprueben recortes), que finalizó con incidentes.

¿Qué hicieron exactamente estos ocho jóvenes? ¿Conspiraron para asaltar el Parlamento catalán? ¿Agredieron a los diputados? ¿Les amenazaron con piedras, palos o pistolas? ¿Les dijeron que iba a darles un puñetazo? ¿Ejercieron la fuerza física contra ellos? No. Absolutamente nada de todo eso. Eran jóvenes que no formaban parte de un grupo organizado; participaban en una manifestación y, según la sentencia ha dejado claramente establecido, “levantaron los brazos”, “agitaron las manos abiertas”, “gritaron”, “siguieron” “recriminaron”, “dijeron” y “corearon”. Uno de ellos desplegó una pancarta y otro manchó con un espray la chaqueta de una diputada. Olga Álvarez, Rubén Molina y Carlos Munter, por ejemplo, “recriminaron las políticas de recortes y dijeron a un parlamentario que no les representaba”. Ciro Morales fue “una de las personas que rodearon a otro parlamentario, coreando lemas”.

Esos son los únicos hechos probados. Y, sin embargo, merecen nada menos que tres años de cárcel, una pena que implica que los acusados, ciudadanos españoles sin antecedentes penales, trabajadores sociales, estudiantes, parados o empleados precarios, deben ingresar en prisión. Tres años de cárcel, según el mismo Tribunal Supremo que en 1982 condenó con esa misma pena a dos de los capitanes que participaron en el asalto armado al Congreso de los Diputados o que estimó que bastaba con un único año para los seis tenientes que les acompañaron.

Todo estriba en la interpretación del artículo 498 del Código Penal que dice que serán castigados con pena de prisión de tres a cinco años los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir que un parlamentario asista a sus reuniones (…).

La Audiencia y el voto particular formulado por el magistrado del Supremo Perfecto Andrés interpretan que agitar las manos abiertas, levantar los brazos o gritar no supone “fuerza, violencia, intimidación ni amenaza grave”. Es posible que en algunos momentos de la manifestación algunos parlamentarios se sintieran atemorizados, pero, en concreto, estos ocho procesados no hicieron nada que pudiera considerarse una amenaza, es decir, el anuncio de un mal o peligro grave. Por el contrario, la Audiencia aseguró que cuando algunos sectores de la población están en una situación de grave vulnerabilidad (los recortes supusieron un hachazo en las prestaciones sociales) y sufren un déficit material de representatividad, “porque no pueden hacer trascender su indignación y su explicable malestar en los medios de comunicación ni privados ni estatales”, no les queda otra posibilidad que el recurso al derecho constitucional de manifestación en la calle.

Perfecto Andrés, por su parte, afirma que no se trata de disculpar las acciones contempladas o privarles de significación. Pero no existe el requisito de ejercer “fuerza” sobre los parlamentarios. La intimidación, explica, supone inducir temor de una intensidad tal que obligue al afectado a modificar su comportamiento, algo que tampoco ocurrió. El Supremo, por el contrario, considera que “interponerse en el camino de dos diputados que solo pretendían acceder al órgano en el que habían de desplegar su función representativa, y hacerlo con los brazos en cruz, supone ejecutar un acto intimidatorio”.

¿Qué ha pasado en la sociedad española para que conductas como las que se describen se consideren tan graves que requieran un castigo tan severo? Quizás el miedo no sea lo que afligió a los diputados del Parlamento catalán, sino lo que está tomando al asalto en los últimos meses a todo el ordenamiento jurídico español. Quizás se tema que la desigualdad galopante termine por generar violencia (algo que no suele ocurrir con la pobreza). Quizás se pretenda desplegar todo un violento arsenal intimidatorio frente a los ciudadanos, a fin de advertirles y avisarles del mal o peligro grave que, al más mínimo gesto, les acecha. A ellos, no a los diputados.
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 22 MAR 2015 -
http://elpais.com/elpais/2015/03/20/opinion/1426869530_962946.html

Más negro en la noche: La represión de las huelgas mineras de 1948 en Francia. Entrevista Dominique Simonnot

Una investigación de la periodista Dominique Simonnot que acaba de publicarse en forma de libro, Plus noir dans la nuit [Más negro en la noche] (Calmann-Levy, París, 2014), relata la historia, apenas conocida, de las huelgas mineras del año 48 en Francia. La entrevista Bertrand Rothé para el semanario Marianne.

Marianne: Todo el inicio de su libro da la impresión de que estemos en una novela. Nos apasionamos con las vidas de los obreros, de los mineros, de la Liberación a nuestros días. Tenemos la impresión de oír hablar a nuestros padres, incluso a nuestros abuelos. Salvo que se trata de una historia verdadera y que constituye una espantosa acusación contra las élites socialistas…

Dominique Simonnot: Yo no he hecho más que mi trabajo de periodista, escuchar a siete antiguos mineros y a sus respectivas esposas y transcribir su vida. La historia comienza trés años después de la II Guerra Mundial, en plena fase de reconstrucción. Se cuenta con los mineros para contribuir a ello. Se les pide que se pongan manos a la obra y produzcan y produzcan…El 80% de la energía de la época procede del carbón. Y un buen día de 1948, Robert Lacoste, ministro de Industria, decide suprimir las ventajas conseguidas con la Liberación. Ventajas que representaban en principio la contrapartida de los esfuerzos que se les había exigido, pero que eran también una recompensa por su resistencia frente a los nazis. Ya en 1941 habían ido a la huelga. Una huelga de la que nadie se acuerda, que, en todo caso, yo no conocía. Una huelga horriblemente reprimida, con decenas de fusilados y centenares de deportados. Contra la supresión de estas ventajas en 1948, los mineros deciden una nueva huelga, que es nacional De norte a sur, participan todas las cuencas. Jules Moch, ministro del Interior en la época, lo tenía todo previsto. Había conseguido que se votase una ley que permitiera recurrir al ejército, reclutar a 80.000 militares y CRS [Compañías Republicanas de Seguridad, los antidisturbios de la policía]. Para reprimir cualquier forma de rebelión, había situado sus tropas a pocos kilómetros de las cuencas mineras de modo que pudieran intervenir rápidamente, y eso es lo que pasó. La represión fue muy violenta.

En la región del Paso de Calais, más de 700 obreros fueron condenados a penas de prisión por los magistrados, por acciones de huelga para “impedir la libertad de trabajo”. Cuando salen, ¡todo se les viene encima! Pierden todas sus ventajas. Aparte de no tener trabajo, no tienen ya alojamiento ni calefacción ni medicinas gratuitas… Pero la cosa no termina ahí. Comienza su calvario, que va a durar mucho, muchísimo tiempo. De un día para otro se encuentran dando tumbos por la región. El tiempo justo de apilar lo poco que tienen en carretillas y de poner a los chiquillos encima. Se les prohíbe a los demás mineros darles alojamiento. Pasaron muchísimo tiempo hasta encontrar dónde refugiarse. Una familia se instaló en un descampado en una casa de hormigón sin calefacción, sin agua y, evidentemente, sin electricidad. Otras dos acabaron en un blocao del ejército alemán que rezumaba humedad. ¡Y sin trabajo! Nada, sin salario. Las compañías mineras mandan en la región, todas las sociedades están bajo contrato con ellas de un modo u otro, y cada vez que se contrata a un antiguo huelguista, exigen que se le despida en el acto.

Cita usted ejemplos de gente que no tuvo tiempo de trabajar ¡ni una hora antes de ser despedidos!
¡Tal cual! Y sobre todo, hay que recordar que la mayor parte de las empresas de la región dependen entonces de Charbonnages de France [explotaciones hulleras francesas], nacionalizada con la Liberación.

A duras penas se creería que estos dos ministros, Robert Lacoste y Jules Moch, fueran ministros socialistas…

Evidentemente. Es la época del bipartidismo. Los comunistas han abandonado el gobierno. Pero hay que recordar que es también un momento de intensa tensión en la Guerra Fría. El gobierno –y sobre todo Moch- sospecha que los huelguistas están manipulados por Moscú, por los rojos, la CGT [el sindicato comunista francés]. Todos los días, o casi, acusa a los comunistas de fomentar un “golpe de Praga” en Francia. Afirma en la Asamblea Nacional que posee una nota de Jdanov, dirigente soviético, que empuja a los obreros a la huelga, incluso a la insurrección. Ese documento no se ha encontrado jamás. ¿Habrá siquiera existido?

¿Puede hablarnos del papel de François Mitterrand en este asunto?
Da escalofríos… seguir leyendo en Sin Permiso.
Mas en, Francia: Los mineros huelguistas de 1948, rehabilitados… en 2014 Patrick Roger

España, el país de los 200.000 desaparecidos.

Representantes de la ONU califican de crímenes contra la humanidad tanto los enterramientos en fosas comunes de la guerra civil y el franquismo como el robo de niños prolongado hasta la democracia. Censuran al Gobierno español por poner obstáculos a las investigaciones y le conminan a buscar a los desaparecidos.

Rocío Borrego sólo quiere recuperar los restos de su madre, puesto que sabe bien que fue asesinada en 1936. Eduardo Raya sólo desea saber el paradero de su hija, puesto que está completamente seguro que sigue viva, desde que fue presuntamente robada en 1990. Entre ambos sucesos ha pasado medio siglo, pero los cubre el mismo manto de silencio e “impunidad”, según los representantes del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas que este mes de septiembre ha visitado diversas ciudades de España. Los afectados repiten insistentemente, con casi 200.000 víctimas, entre enterramientos ilegales en fosas comunes y niños robados, hoy son adultos con identidad falsa, España es, tras Camboya, el país del mundo donde permanecen más personas desaparecidas.

En 1940 la Causa General iniciada por el Ministerio de Justicia sobre el denominado terror rojo facilitó la recuperación de los cadáveres de casi la totalidad de las 38.000 víctimas de la represión en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil. Sus familiares, salvo excepciones de falta de interés o deficiente localización, pudieron darles una sepultura digna, fueron honrados, su memoria recuperada y sus verdugos perseguidos o procesados. El Estado se implicó fuertemente en la labor de búsqueda e identificación, sirviéndose en muchos casos de las fotografías tomadas a tal efecto por el propio Gobierno republicano, que nunca llegó a legitimar la barbarie desatada durante parte de esos tres años por facciones de sindicatos y partidos de izquierda.

Setenta años después, todavía no ha ocurrido lo mismo con el franquismo, cuya represión fue cinco veces mayor en número debido a ser planificada por sus mandos y ejecutada sistemáticamente a partir de las órdenes de fusilamiento de cualquier desafecto al Movimiento decretadas por la Junta de Gobierno y la Junta Suprema Militar de Defensa de España en 1936. Desde entonces hasta ahora, de los 143.000 desaparecidos estimados por el ex juez Baltasar Garzón en 2008 sólo se han recuperado los cuerpos de unos 8.000. Pero cada vez que se abre una fosa se encuentran más cadáveres de los previstos, motivo por el que las estimaciones se acercan ya a los 180.000 desaparecidos, cifra que coincide con la aportada hace años por el historiador Paul Preston.

A ello hay que sumar unos 30.000 niños apartados forzosamente de presas y familias republicanas entre 1944 y 1954, como medida de “higiene” ideológica, y al menos otros 6.000 casos documentados por las asociaciones de bebés robados por motivos económicos durante el tardofranquismo y la primera mitad de la actual democracia. Casi todos siguen sin localizar, salvo varias decenas de reencuentros, facilitados por análisis de ADN practicados por los propios familiares, nunca por el Estado.

Rocío Borrego no pudo acudir a Sevilla el pasado mes para explicarle su caso a los representantes de la ONU, debido a su delicada salud. Lo hizo en su lugar su hija Florentina, quien relató que Ana Ricarda, de ideología socialista, regentaba una tienda de comestibles y ejercía como maestra particular y escribiente en la aldea cordobesa de Jauja. En noviembre de 1936 fue detenida por cuatro falangistas y un guardia civil al que ella misma había denunciado por amenazas unos años antes, y ya no se ha vuelto a saber de ella. A través de diversos testimonios han llegado a saber que permaneció varios días en un chalet, donde fue violada y torturada hasta que, ya moribunda y desfigurada, le dieron el tiro de gracia. Parece que un vecino encontró el cadáver junto al arroyo de La Coja y, al verle los pechos arrancados y el cuerpo destrozado, decidió enterrarla.

Su tienda y sus tierras fueron confiscadas, su madre rapada y purgada, su marido enloqueció y murió a los pocos años y sus cuatro hijos fueron presa del hambre y la miseria. Rocío ha acudido infructuosamente a los tribunales para buscar alguna reparación y la recuperación de los restos de su madre. En su auto, el ex juez Garzón lo señala como uno de los casos más “clamorosos” de “inseguridad jurídica para las víctimas”. Sin embargo, hasta el propio Tribunal Constitucional español ha desestimados sus recursos. “Yo no quiero juzgar a nadie, pero que nos dejen recuperar los restos”, clamaba Florentina en Sevilla, a la vez que se preguntaba: “¿Hasta cuándo? ¿Hasta que los tengan que sacar como a los íberos o los tartessos? ¿En qué país democrático se encarga la labor de hacer cumplir los derechos humanos a las víctimas, teniendo que trabajar en contra de la Administración? Es un desgaste emocional tremendo”, se lamenta.

Efectivamente, el grupo de trabajo de la ONU ha constatado que la Ley de Memoria Histórica de 2007 ha tenido un efecto muy escaso. Salvo algunas excepciones, como el Ayuntamiento de Málaga, que ha financiado la exhumación de la fosa común de su cementerio, recuperando los restos de 2.800 personas, en el resto del país prácticamente ningún municipio ha dado permiso siquiera a las familias para hacerlo y ningún juzgado ha ordenado la apertura de fosas. Ariel Duritzky, unos de los representantes de Naciones Unidas que ha visitado España, considera que el Gobierno español debe derogar la Ley de Aministía de 1997, por ser preconstitucional y constituir una “barrera a la investigación de graves violaciones de los derechos humanos”.

Así, en lugar de poner los “obstáculos” actuales, el Estado español debe ofrecer en su opinión mayor apoyo a las víctimas, crear una entidad para estudiar los casos, investigar las desapariciones forzadas a través de la judicatura, juzgarlas, retirar los símbolos del franquismo de los lugares públicos y “asumir un rol de liderazgo en la búsqueda de la verdad”. A juicio del experto de la ONU, “en el contexto de ataques generalizados a la población civil, como los que ocurrieron durante la guerra y la dictadura, las desapariciones forzadas adquieren carácter de crimen internacional, y por lo tanto deben considerarse imprescriptibles”.

Dulitzky y su compañera Jasminka Dzumhur no se sorprendieron cuando en su visita a Sevilla se les planteó que este crimen contra la humanidad también se habría prolongado hasta bien entrada la democracia. Hasta los años noventa en concreto, debido a que el robo de bebés por motivos económicos, tras haberlo practicado en un principio como represión política, también se habría realizado de forma “sistemática, generalizada y con aquiescencia de los poderes públicos” como un “ataque” por parte de un grupo de funcionarios del Estado contra parte de la población civil. Así lo expusieron el abogado granadino y también afectado Eduardo Raya junto a su esposa Gloria Rodríguez. Ellos siguen buscando a su hija, dada por muerta al nacer en el Hospital Clínico de Granada en 1990. Hasta siete análisis de laboratorios públicos y privados han dictaminado que el cadáver enterrado entonces no puede pertenecer a una hija suya, así como tampoco los restos de hígado aportados como prueba por los médicos para cerrar el caso. La Justicia hasta ahora no les ha ofrecido respuesta, pendiente de reabrir la investigación “a regañadientes”.

Raya tiene no obstante esperanza en el dictamen del grupo de trabajo de la ONU, que deberá ser elevado al Consejo de Derechos Humanos para su aprobación, así como que la Justicia argentina incluya también entre sus investigaciones el robo de niños por motivos políticos o económicos, tanto en la dictadura como en la democracia, al tratarse de una misma trama criminal. “Esto no es cosa de una monja aislada, como nos quieren hacer creer. Sor María sólo fue un instrumento de los que se llevaron el dinero”, asegura Raya.

Los métodos aplicados ilegalmente para el rapto y venta de bebés hasta los años noventa fueron en realidad ensayados de forma legal en los años cuarenta y cincuenta. El engaño, diciendo a las familias que el niño había muerto, la inscripción en el Registro Civil con distinto nombre y apellido y darla en adopción en una provincia distinta a la que nació, para dejar el menor rastro posible. Las hermanas María y Florencia Calvo, por ejemplo, fueron enviadas por sus padres a Francia para salvaguardarlas de la contienda en España, pero tras terminar la guerra las secuestró allí el servicio exterior de Falange Española y las devolvió a nuestro país. Al llegar en tren a Toledo, Florencia preguntó por su hermana, pero una monja le informó que María había muerto de unas fiebres, como tantos otros niños en el camino, y que su cuerpo lo habrían tirado por la ventanilla. En realidad no fue así, sino que fue dada en adopción. Sesenta años después, las dos hermanas se reencontraron gracias a un programa de televisión.

La Orden del Ministerio de Justicia de 30 de marzo de 1940 establecía que los hijos de presos políticos podían quedarse con sus madres sólo hasta los tres años, cumplidos los cuales debían ser excarcelados y adoptados por familias adeptas al Régimen, siguiendo las doctrinas del psiquiatra Antonio Vallejo-Nágera. La Ley de 4 de diciembre de 1941 facilitaba a su vez su inscripción en el Registro Civil con nuevos apellidos. Vicenta Flores Ruiz, hija de un militar republicano de Valencia, fue adoptada y devuelta al colegio de monjas donde permanecía interna hasta cuatro veces en un mismo año, cambiando en todas las ocasiones de apellidos. Y siempre lejos de Valencia, por familias de Zaragoza, Alemania, Madrid y Ciudad Real

El paso del robo de niños legal al ilegal se habría dado ya en la siguiente década, aprovechando esta estructura. Además de las entidades religiosas que tutelaban a los menores y los registros civiles de toda España, fue necesaria también la implicación de profesionales sanitarios, médicos y matronas que asistían los partos en las cárceles y, cada vez en mayor medida, en clínicas y hospitales. En 1950 Emilia Girón fue a dar a luz al hospital de Salamanca. Nada más nacer, le arrebataron al niño a la fuerza y nunca más supo de él. Emilia era hermana del maqui Manuel Girón, jefe de los guerrilleros del Bierzo. Era analfabeta y tenía mucho miedo. Quizás pensaron que nunca lo buscaría, pero sí lo hizo, aunque infructuosamente. “Con esa angustia estaré toda la vida, porque sé que lo parí y lo llevé dentro nueve meses, y no lo conocí siquiera”, declaraba Emilia cuarenta años después.

De esa misma época es una carta del capellán de la casa cuna de Sevilla en la que daba instrucciones para cambiar las partidas de bautismo de forma discreta en caso de adopciones irregulares, más allá de las forzosas a presos republicanos que sí permitía la ley. En muchas ocasiones, religiosos, médicos y registradores recibían regalos o donativos por parte de los padres adoptivos. Así, en los años cincuenta se habría producido la transición del robo por motivos políticos al móvil económico, práctica que se habría prolongado de forma sistemática hasta la década de los noventa y que hoy día, según la ONU, permanece impune. (foto de fusilados con las manos atadas con alambre en fosa de Málaga. El País)

Fuente: http://periodismohumano.com/sociedad/memoria/espana-el-pais-de-los-200-000-desaparecidos.html

Jueces para la Democracia critica la "inadmisible" actitud del Gobierno con las víctimas.

Documental sobre la represión de las mujeres en Galicia. Las silenciadas o las olvidadas

Ver aquí.

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Merkel desata la polémica al visitar Dachau en plena campaña electoral. La canciller ha sido el primer jefe de Gobierno alemán en visitar el campo de concentración.

Primero el campo de concentración y, un cuarto de hora más tarde, un mitin electoral en una carpa cervecera. Angela Merkel ha sido la primera canciller federal de Alemania en visitar el campo de concentración nazi de Dachau, junto a la localidad del mismo nombre situada unos 20 kilómetros al noroeste de Múnich. Otra novedad de la cita ha sido su coincidencia con el último mes de campaña para las generales del 22 de septiembre, en las que Merkel se presenta a la reelección con la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Tras recordar a las víctimas y reunirse con supervivientes en el campo, la canciller ha hablado del Holocausto también en el acto festivo posterior. “No puede haber un contraste mayor”, ha asegurado. Ha recordado que “el campo de concentración también estaba entonces a cuatro pasos de Dachau; el que quería, podía ver y oír” lo que pasaba con sus presos: “por eso es importante que no vuelva a suceder, que no volvamos a mirar a otro lado”.

El padrino político y antecesor democristiano de Merkel en la Cancillería, Helmut Kohl, participó en actos festivos parecidos en Dachau en 1990, pero no visitó el recinto conmemorativo. Muchos políticos conservadores de la Unión Social Cristiana (CSU), partido hermano de la CSU en el land de Baviera, tuvieron durante décadas una relación tensa con el antiguo campo de concentración, donde murieron más de 40.000 personas entre judíos, presos políticos y otros represaliados del régimen nazi. Fue el primer campo de concentración que levantaron y se convirtió en uno de los más célebres tras la liberación de 1945. Hasta aproximadamente el cambio de siglo, los líderes locales de la CSU se distanciaron del museo, financiado con fondos del land a partir de 1965. Un político socialcristiano de Dachau llegó a proponer en los cincuenta la voladura de lo que quedaba de los edificios originales.

Tras recordar a las víctimas y reunirse con supervivientes , la canciller habló del Holocausto en un acto festivo posterior... Las críticas a la canciller por su visita a Dachau vienen ahora del centroizquierda. Renate Künast, líder de Los Verdes, critica lo que considera “una combinación inadmisible” de actos electorales y homenaje a las víctimas del Holocausto. Según ha reprochado Künast a Merkel en unas declaraciones al diario Leipziger Volkszeitung, “el que se toma en serio la memoria de semejante escenario del horror no hace una visita así en periodo electoral”. El historiador Wolfgang Benz, especialista en la época nazi, lamenta que la visita “se produzca tan tarde”. Para Benz, la ceremonia ha dado “la impresión de ser algo de paso”.

La presidenta de la Comunidad de Culto Israelita en Múnich y expresidenta del Consejo Central de los Judíos en Alemania, Charlotte Knobloch, defiende en cambió la decisión. Considera Knobloch “encomiable que la canciller aproveche una estancia en la región” para ver el complejo conmemorativo.

La visita de Merkel ha tenido lugar a las siete menos cuarto de la tarde, entre sendos actos electorales en las localidades de Erlangen y Dachau.

Dachau es el único campo de concentración que funcionó durante los 12 años de dictadura de Hitler. Sirvió de modelo para el sistema de exterminio organizado en la Alemania nazi. Se cree que su primer comandante, el general de la SS Theodor Eicke, tuvo la idea de decorar el portón de entrada con la inscripción infame “El trabajo os hará libres”. Merkel ha dicho que el acto ha respondido a una invitación de Max Mannheimer, judío superviviente de Theresienstadt, Auschwitz y Dachau. El pintor y escritor de 93 años ha considerado “un honor” que la canciller aceptara la cita. La ha recibido junto al presidente del Comité Internacional de Dachau, Pieter Dietz de Loos. Merkel ha depositado una corona de flores ante el monumento conmemorativo. La directora del centro, Gabriele Hammermann, y el propio Mannheimer la han guiado por varias salas de Dachau. Merkel ha hablado de su “sentimiento de vergüenza y conmoción”. “No se trata” ha admitido, “de una cita fácil”.

La visita a Dachau se encuadra en una tradición de los líderes democristianos alemanes, desde el primer canciller Konrad Adenauer hasta el presidente Richard von Weizsäcker, de protagonizar gestos de cercanía hacia Israel y los judíos en Alemania. Pero el rechazo que la visita puede provocar en los sectores más derechistas de la CSU y la CDU permite dudar de su valor como maniobra electoralista.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/20/actualidad/1376994487_181874.html?rel=rosEP

NOTA.
Hace unos años, 10, visité Munich y en su oficina de turismo me informaron de la posibilidad de, entre otras muchas, visitar el campo de concentración de Dachau, a unos 22 km de la ciudad. Para llegar debía tomar un tren y luego un autobús que desde la estación nos llevaba a las puertas del campo. Así lo hice y su visita fue una lección viva de memoria histórica y a la vez una reflexión sobre la humanidad y la capacidad de algunos seres humanos para infringir sufrimiento, como en tantas ocasiones nos cuenta la historia, a otros seres humanos utilizando el poder, la fuerza y la manipulación de las conciencias para imponer a los demás sus ideas. Fue una mañana, que no olvidaré, de toma de conciencia pero a la vez de tristeza por el sufrimiento y la falta de libertades allí impuestos. El lugar desprendía un aire lúgubre, penoso, plomizo, de impotencia ante las injusticias impuestas por el poder y los gobiernos, muy desagradable y de una profunda tristeza.

Hitler (1) fue investido Canciller el 30 de enero de 1933 e inmediatamente creó el primer campo de concentración para personas de izquierda y progresistas, Dachau, que abrió el 22 de marzo de 1933 con alemanes de izquierda, menos de 2 meses después de que lo nombrase canciller Hindenburg, aún sin que obtuviese la mayoría absoluta.

(1) Hay que tomar distancia frente a las afirmaciones reiteradas desde la II G. M., sobre el apoyo del "pueblo alemán" a los nazis. Antes de que Hitler fuera nombrado canciller, el porcentaje más alto de votos que obtuvieron fue el 37%, aunque fueron muchos votos, estuvo muy lejos de una mayoría absoluta en elecciones libres. Un 63% de los que votaron no les dio el apoyo, y además, en las elecciones de noviembre de 1932, comenzaron a perder votos y todo parecía indicar que habían tocado techo. El nombramiento de Hitler no fue, por consiguiente, una consecuencia directa del apoyo de una mayoría del pueblo alemán, sino el resultado del pacto entre el movimiento de masas nazi y los grupos políticos conservadores, con los militares y los intereses de la aristocracia, industriales, banqueros, y los terratenientes a la cabeza, que querían la destrucción de la República de Weimar. Todos ellos maquinaron con Hindenburg, al que enviaron una carta pidiéndole su nombramiento, para quitarle el poder al Parlamento y transformar la democracia en una dictadura. El 30 de enero de 1933, Hitler fue investido canciller del Reich, porque Hindenburg así lo permitió; jefe de un Gobierno dominado por los conservadores y los nacionalistas, donde sólo entraron dos ministros nazis, aunque en puestos clave para controlar el orden público: Wilhelm Frick, ministro del interior y Hermann Göring ministro sin cartera se encargó de crear la policía política del régimen nazi, la Gestapo.

Parecía un gabinete presidencial más, como el de Brüning, Franz von Papen o Schleicher. Pero no era así. El hombre que estaba ahora en el poder tenía un partido de masas completamente subordinado a él y una violenta organización paramilitar que sumaba cientos de miles de hombres armados. Nunca había ocultado su objetivo de destruir la democracia y de perseguir a sus oponentes políticos. Cuando el anciano Hindenburg murió el 2 de agosto de 1934, a punto de cumplir 87 años, Hitler se convirtió en el führer absoluto combinando los poderes de canciller y presidente del Reich, ya no hubo más elecciones libres. La semilla iba a dar sus frutos: guerra, destrucción y exterminio racial. Lo dijo Hitler apenas tres años después de que Hindenburg le diera el poder: "Voy siguiendo, con la seguridad de un sonámbulo, el camino que trazó para mí la providencia". Ver más aquí.

Amado Viera Amores, alcalde de Valencia de Alcántara, elegido democráticamente, durante la II República, 1936, y fusilado ese mismo año, aún permanecen sus restos en un pozo de una mina. La dueña del terreno se niega a que sea rescatado y llevado al cementerio. Una infamia más que continua después de 77 años.

"Yo os digo que lo mismo en el ser individual que en el ser social, lo mismo en el hombre aislado que en las agrupaciones humanas que forman los Estados, no hay más que una verdadera pobreza, no hay más que una verdadera miseria: la pobreza y la miseria de la ignorancia. De aquí procede la importancia de la Educación y el deber que tienen los Gobiernos de atender a ella; y de aquí procede también la importancia de la difusión de la cultura y de las escuelas. Porque la escuela sondea la materia gris del niño, descubre en ella al sabio, que asombrará con sus invenciones, al político, que dará fórmulas más perfectas para la convivencia social, al artista, que robará a las brisas sus armonías inefables. Sí, instruid, educad, enseñad."

Amado Viera Amores, discurso pronunciado en la inauguración de los Grupos Escolares de Valencia de Alcántara el 29 de junio de 1928. Amado Viera sería elegido alcalde republicano en 1936 de la Villa, y fusilado ese mismo año. Sus restos aún permanecen en la mina junto a otras 12 personas.