Cómo las farmacéuticas ganan más que los bancos

Imagine una industria que genera el margen de utilidad más alto y a la que no es extraño que multen por malas prácticas. Agregue acusaciones de colusión y sobreprecios e inevitablemente pensará en la industria bancaria.

Pero la industria descrita es responsable del desarrollo de medicinas que salvan vidas y alivian el sufrimiento, no de la generación de ganancias.

Las compañías farmacéuticas han desarrollado una amplia gama de medicinas conocidas por toda la humanidad, pero han lucrado enormemente al hacerlo y no siempre bajo parámetros legítimos.

El año pasado, el gigante estadounidense Pfizer, la compañía de drogas farmacéuticas más grande del mundo según sus ingresos, alcanzó un 42% de ganancias.

Como dice un veterano de esta industria: "No sería capaz de justificar (ese nivel de márgenes)".

Excluyendo los US$10.000 millones que genera por cuidado de la salud animal, queda un margen de 24%, espectacular para cualquier estándar.

En Reino Unido, por ejemplo, hubo un escándalo cuando el regulador de la industria predijo un aumento del margen de beneficio de las compañías de energía de 4% a 8% este año.

El año pasado, cinco farmacéuticas obtuvieron una ganancia de 20% o más: Pfizer, Hoffmann-La Roche, AbbVie, GlaxoSmithKline (GSK) y Eli Lilly.

Ganancias excesivas
Con algunos remedios a más de US$100.000 por tratamiento completo, y cuyo costo apenas alcanza una mínima fracción de ésto, no es difícil darse cuenta del porqué.

El año pasado, 100 destacados oncólogos de todo el mundo escribieron una carta abierta para disminuir el precio de los medicamentos contra el cáncer.

Brian Druker, director del Instituto Knight y uno de los firmantes, pregunta: "Si ganas US$3.000 millones al año con (la droga para el cáncer) Gleevec, ¿no podrías ganar US$2.000 millones? ¿Cuándo se cruza la línea a las ganancias excesivas?"

Y no pasa sólo con estas drogas. Entre abril y junio pasado, la firma Gilead vendió US$3.500 millones por Sovaldi, una nueva medicina contra la hepatitis C.

Las farmacéuticas justifican sus altos precios argumentando que sus costos en investigación y desarrollo (I&D) son altísimos.

En promedio, sólo tres de diez drogas lanzadas al mercado son rentables, una de ellas convertida en éxito de ventas con ingresos anuales de US$1.000 o más. Muchas otras ni siquiera salen al mercado.

Pero las farmacéuticas gastan mucho más en mercadeo de sus remedios -en algunos casos, incluso el doble- que en desarrollarlos. Además, el margen de utilidad ya toma en cuenta los costos de I+D.

La industria argumenta que el valor de las medicinas también debe ser considerado.
"Las drogas ahorran dinero a largo plazo", dice Stephen Whitehead, director ejecutivo de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Británicas.

"Ejemplo: la hepatitis C, un traumático virus que requiere trasplante de hígado", explica. "Con un tratamiento a unos US$55.500 por 12 semanas, 90% de los pacientes están curados, nunca necesitaron cirugía y pueden seguir sosteniendo a sus familias. Es un ahorro gigantesco".

Cierto, pero poder cobrar un precio alto no necesariamente significa deber hacerlo, especialmente cuando tiene que ver con la salud, dicen los críticos como Drucker.

A los accionistas a quienes responden las grandes farmacéuticas, no les preocupa demasiado ese argumento.

Frasco de remedios
"Las drogas ahorran dinero al largo plazo", dice Stephen Whitehead, director ejecutivo de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Británicas (ABPI).

Sin lealtad
Las grandes farmacéuticas también dicen que cuentan con tiempo limitado para generar utilidades. Las patentes generalmente son otorgadas por 20 años, pero entre 10 y 12 de ellos se gastan en desarrollar la droga a costos de entre US$1.500 millones y US$2.500 millones.

Esto deja entre ocho y diez años para hacer dinero antes de que la fórmula pueda ser utilizada por compañías de medicinas genéricas, que las venden por una fracción del precio.

Claramente, un éxito de ventas puede recuperar en unos meses los costos de desarrollo.

Cuando se termina la exclusividad, las ventas caen un 90%. "A diferencia de otros sectores, la lealtad a una marca se esfuma cuando la patente expira", explica Joshya Owide, director del área de salud de GlobalData.

Remedios
El gobierno británico podría ahorrar más de US$1.500 millones anuales si sus doctores recetaran genéricos, según un estudio.
Por eso las firmas farmacéuticas hacen esfuerzos extraordinarios para extender la duración de sus patentes, con "pisos completos de abogados" dedicados a este propósito, cuenta un ejecutivo de la industria.

Para una medicina que provee US$3.000 millones trimestrales, incluso un mes extra vale la inversión.

Nuevas fórmulas que combinan dos drogas existentes para un uso más amplio y los enantiómeros -un reflejo del mismo compuesto- son algunas de las vías legales para extender patentes.

Pero algunas compañías, incluida la británica GSK, han sido acusadas de tácticas menos honestas, como pagar a los genéricos para que atrasen sus lanzamientos.

Como la pérdida en ventas de una farmacéutica es mucho mayor a las ganancias de los genéricos, puede ser un buen arreglo para ambas partes.

A la conquista de los médicos
Pero las farmacéuticas han sido acusadas de cosas mucho peores... y lo han admitido.

Hasta hace poco, pagar comisiones a los doctores por prescribir sus remedios era algo aceptado y común para las grandes farmacéuticas, pese a que la práctica no es bien vista e incluso es ilegal en muchos lugares.

GSK fue multada por soborno en US$490 millones en China en septiembre y ha sido acusada de prácticas similares en Polonia y Medio Oriente.

Las reglas respecto de regalos, becas educativas y auspicio de charlas, por ejemplo, son menos claras, pero representan prácticas comunes en EE.UU.

Grandes multas a farmacéuticas

US$3.000 millones
Glaxo SmithKline, 2012, por promover Paxil para la depresión en menores de 18 años
US$2.300 millones
Pfizer, 2009, por etiquetar mal el analgésico Bextra
US$2.200 millones Johnson & Johnson, 2013, por promover drogas no aprobadas como seguras
US$1.500 millones Abbott, 2012, por promoción ilegal del antipsicótico Depakote
US$1.420 millones Eli Lilley, 2009, por promover erróneamente el antipsicótico Zyprexa
US$950 millones Merck, 2011, por promoción ilegal del analgésico Vioxx
Fuente: ProPublica Getty

Un estudio reciente mostró que los doctores que recibían pagos de compañías farmacéuticas eran dos veces más proclives a recetar sus drogas.
Y esto puede ser una de las causas del gasto excesivo de los gobiernos en remedios. Un estudio reciente de Prescribing Analytics sugiere que el Servicio Nacional de Salud británico podría ahorrar hasta US$1.585 millones anuales si los doctores recetaran la versión genérica de ciertas medicinas.
Todo esto podría cambiar cuando nuevas normas en EE.UU. y Reino Unido obliguen a los médicos a revelar sus regalos y pagos realizados por la industria.
También se acusa a las farmacéuticas de complicidad con las farmacias para cobrar más por sus remedios y publicar datos que destacan más lo positivo que lo negativo.
Y se les ha encontrado culpables de etiquetar mal y promover erróneamente varios medicamentos, con multas millonarias como resultado.
Parece que las recompensas son tan grandes, que las farmacéuticas siguen empujando los límites de la legalidad.

"Influencia indebida"
No sorprende que la Organización Mundial de la Salud hable del "conflicto intrínseco" entre las metas empresariales legítimas de las farmacéuticas y las necesidades médicas y sociales del público.
El Consejo de Europa iniciará una investigación para "proteger a los pacientes y la salud pública contra la influencia indebida de la industria farmacéutica".
Analizará "prácticas particulares como el patrocinio de profesionales de la salud... o recurrir a instituciones de la salud pública para el conocimiento de especialistas en las nóminas de la industria".
No importa el resultado de tales investigaciones; la industria farmacéutica enfrenta cambios fundamentales, pues el modelo tradicional de desarrollo se ve amenazado por los altos costos y avances científicos.
Richard Anderson. BBC
Fuente: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/11/141106_economia_farmaceuticas_industria_ch

Un asunto de clases

Las minorías, como concepto, siempre han encontrado dificultades a diferentes niveles como pueden ser el social y el político. De esta situación no quedan exentos, todavía en la actualidad, los pacientes de enfermedades catalogadas como raras. “Vuelve a visitarnos si algún día ves que te sangra el ojo”; esa fue la respuesta de una profesional de la sanidad pública a un paciente de una enfermedad rara y de tipo cancerígeno denominada Von Hippel Lindau con un creciente tumor en el ojo. Afortunadamente, este paciente en concreto tuvo medios para extraerse el tumor a tiempo por vía privada. Pero cuando te encuentras viajando a Alemania para realizar una operación especializada que te permita no perder una glándula suprarrenal con tan solo 20 años te preguntas: ¿y toda la gente que no tiene esta suerte? En otras palabras: ¿qué pasa con aquellos que no puedan pagar semejantes cantidades de dinero? Es increíble que el tratamiento de las enfermedades raras sea, todavía hoy, un asunto de clases.—XENIA ESCOLAR Barcelona 10 NOV 2014 -cartas al director. El País.

https://youtu.be/_yer-9MCQG0

El ébola y la sanidad pública a la deriva

El modo improvisado de la repatriación y cuidados de Pajares es un síntoma de desgobierno

El modo improvisado en que se ha gestionado la repatriación y posteriores cuidados del misionero español infectado con el virus de ébola no deja de ser un síntoma de desgobierno sanitario. Las prácticas de buen gobierno deben trascender el mero cumplimiento de las leyes y la ausencia de corrupción, exigiendo adicionalmente que el proceso de toma de decisiones responda a un conjunto de reglas consensuadas de participación democrática, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas y obediencia a códigos de conducta. Si bien el desempeño global del sistema sanitario en nuestro país, en términos asistenciales, es bueno, fallamos en los procesos, huérfanos de fundamentación rigurosa, lo cual desdibuja las prioridades que deben abordarse y por ende la forma en que deben distribuirse los recursos disponibles.

La decisión tomada en relación a la financiación con dinero público del traslado y hospitalización de Miguel Pajares suscita el debate de si la regla del rescate o la tendencia a ayudar a personas identificables en situaciones de peligro inmediato, sin reparar en el coste de la medida, es un criterio válido para distribuir los recursos sanitarios. Lo cierto es que, aun siendo una reacción humana comprensible, es un principio difícil de compatibilizar con los argumentos de eficiencia (coste de oportunidad de los recursos invertidos) y equidad (imparcialidad entre beneficiarios, presentes y futuros) que deberían presidir las decisiones distributivas.

Así se expresa de hecho en el documento que recoge los juicios de valor social que inspiran las recomendaciones del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) británico, la agencia pública más influyente a nivel mundial en materia de evaluación de intervenciones sanitarias, donde literalmente se arguye que “cuando hay recursos limitados que destinar a la asistencia sanitaria, la aplicación de la regla del rescate puede significar que otras personas no tengan acceso a los cuidados o tratamientos que necesitan”. Esta consideración mueve al NICE a rechazar la regla del rescate como un criterio apropiado para resolver la tensión entre las necesidades de un paciente individual y las de los usuarios presentes y futuros del Sistema Nacional de Salud. Lo justo cuando se trata de financiar intervenciones es considerar sus costes y beneficios para pacientes “anónimos”, no para “víctimas identificables”. Cosa muy distinta es que todo profesional sanitario, en el ejercicio de su actividad, trate de proporcionar la mejor asistencia posible a sus pacientes. Aquí sí que éstos no son (ni tienen que serlo nunca) anónimos o estadísticos, sino bien reconocibles.

Pero las decisiones de financiación, en cambio, deben ser imparciales y en el caso que nos ocupa probablemente habría sido más coste-efectiva (mejores resultados en salud poblacional por euro gastado) la intervención sobre el terreno y no la repatriación. La repatriación tampoco es un ejercicio de cooperación sanitaria, es otra cosa; un acto de humanitarismo si se quiere.

La contribución de España a la cooperación sanitaria internacional se habría producido de haberse trasladado un hospital de campaña a Liberia para cuidar in situ a Pajares y a otros afectados por el virus. Una medida no solo compasiva, sino también eficiente (y más segura).

Disyuntivas de este tenor son las que se abordan, con seriedad y transparencia, en los países con una cultura evaluadora asentada. Sociedades que afrontan con madurez y honestidad la ineludible realidad de que hay que establecer prioridades en materia sanitaria, lo que requiere convivir con la incómoda verdad de que hay que racionar los recursos disponibles, invirtiéndolos en aquellos programas y tecnologías sanitarias más beneficiosas y menos costosas. Por desgracia, este ejercicio de buen gobierno está pendiente de cuajar en España.
José María Abellán Perpiñán y Pilar García Gómez son vicepresidente y presidenta de la Asociación de Economía de la Salud. Fuente: El País.
Más: Un espectáculo sanitario.

La crisis nos pone enfermos

Enfermedades y dolencias relacionadas con el estrés asociado a la situación económica y laboral

• España aprieta los dientes

Fuente: El País.

Alimentos contra el estrés.

1. Leche.
2. Chocolate.
3. Vino tinto, un vaso.
4. Pistachos.
5. Nueces.
6. Limones.
7. Lentejas.
8. Lombarda.
9. Tisanas.
10. Yogur.
Fuente: HUFFINGTON POST. http://www.huffingtonpost.es/2014/08/09/como-saber-que-tienes-estres_n_5657198.html

El gen mutado que protege el corazón. Alteraciones en el APOC3 reducen los triglicéridos y disminuyen un 40% el riesgo de infarto

De forma independiente y por caminos distintos, dos grupos de investigadores –uno estadounidense, otro danés- han rastreado el ADN de miles de pacientes hasta dar con el gen APOC3 y llegar a una misma conclusión: las mutaciones en este gen protegen el corazón y las arterias. Las alteraciones detectadas no solo reducen significativamente los niveles de triglicéridos –un tipo de grasa que circula por la sangre cuyo exceso se asocia a lesiones vasculares-, sino que disminuyen el riesgo de sufrir lesiones coronarias (infartos, ictus) hasta en un 40%, como publican en el New England Journal of Medicine.

En las sociedades occidentales, estas enfermedades son la principal causa de muerte, en buena medida, por la mala alimentación y el estilo de vida. En España, el 30% de los fallecimientos se deben a procesos cardiovasculares, por encima de la suma de los tumores. Buena parte de la responsabilidad es del colesterol malo (LDL, lipoproteínas de baja densidad), al adherirse a las paredes de las arterias, endurecerlas y estrecharlas. Aunque existe una familia de fármacos, las estatinas, que se ha mostrado eficaz a la hora de combatir estas grasas.

Sin embargo, frente a los triglicéridos –otro de los agentes causantes de arterioesclerosis-, los fármacos existentes (fibratos, niacina, ácidos grasos omega 3) no han alcanzado el mismo nivel de resultados. Solo ayudan moderadamente a reducir los niveles en sangre y no aportan beneficios sensibles en cuanto a paliar el riesgo cardiovascular. Por ello, estos dos trabajos han despertado el interés entre los investigadores y médicos que velan por la buena salud de las arterias.
...
El gen APOC3 es especialmente activo en el hígado, donde produce una proteína (la apolipoproteína C3) que transporta los triglicéridos a través de la corriente sanguínea hasta su destino. Al llegar a los tejidos, estos lípidos se degradan y se transforman en ácidos grasos, es decir, en energía. Este proceso es posible gracias a una enzima. El problema es que la apolipoproteína anula la actividad enzimática, por lo que, si abunda, los triglicéridos no se metabolizan, se acumulan en la sangre y lesionan las arterias.

El trabajo de los científicos de la Universidad de Pensilvania y del Hospital General de Massachusetts analizó los exomas (la parte más activa del genoma, la que fabrica proteínas) de 4.000 personas en busca de mutaciones que se pudieran asociar con los niveles de triglicéridos en la sangre. Tras un complejo proceso de selección y descarte, los investigadores advirtieron que cuatro mutaciones diferentes en el APOC3 no solo comprometían la fabricación de la proteína, sino que se relacionaban con una caída del 40% de la tasa de triglicéridos. Mientras la presencia habitual ronda los 150 miligramos por decilitro, entre estas personas la cifra bajaba hasta los 85. La mutación les ayudaba a tener poca apolipoproteína C3.

Una vez comprobado que cambios en las bases (las letras que componen el alfabeto genético accttgga…) del gen APOC3 se traducen en un menor nivel de triglicéridos quedaba por determinar si, además, estas personas eran menos sensibles a desarrollar enfermedades cardiovasculares. A partir de 110.000 muestras de pacientes, los investigadores estadounidenses analizaron los perfiles genéticos y compararon aquellos que tenían las mutaciones identificadas con sus historiales clínicos. El resultado fue que la alteración genética se asociaba a una caída del 40% de la posibilidad de tener un infarto, ictus, isquemia crónica y el resto de lesiones coronarias.

Este es el aspecto que más destaca Civeira del trabajo: evidenciar que la reducción de los niveles de la apolipoproteína C-3 en sangre se traduce en una mejora de la salud del paciente, lo que no sucede con los medicamentos que se usan hasta ahora para tratar el exceso de triglicéridos.
“A partir de nuestros hallazgos, podemos predecir que si bajamos los triglicéridos mediante la inhibición del gen APOC3 habrá una reducción del riesgo de patología coronaria”

MÁS INFORMACIÓN

• La verdura cuida de las arterias
• El riesgo cardiovascular se reduce a la mitad al año de dejar el tabaco
• Comer frutos secos disminuye el riesgo de morir de infarto
• La nueva vida de un viejo fármaco contra los infartos

Fuente: El País. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/06/19/actualidad/1403191139_284139.html

Éxitos falsos. Tras dos años de recortes, las supuestas victorias se han conseguido a costa de los más vulnerables

Si recordamos qué ha pasado en la sanidad española en los últimos años, lo primero que nos viene a la mente es que hemos ido a peor. La verdad es que es fácil poner encima de la mesa los temas que ha puesto en marcha el actual Gobierno, algunos con “éxito”, dada la gran preocupación generada.

Según el informe de la OCDE sobre evolución del gasto en salud en los países miembros publicado en febrero de 2014, los recortes sanitarios en España se han producido en los productos farmacéuticos, en la prevención y en salud pública y en los costes de los servicios de salud a través de la disminución de los salarios y puestos de trabajo.

Aunque tenemos ya la sanidad pública más barata de nuestro entorno —eso sí, con un nivel de prestaciones y accesibilidad que ha sido hasta ahora el referente para muchos de los países europeos y americanos— parece que el camino trazado para ella es el de lanzarla cuesta abajo. Somos uno de los países que, según  el último análisis del Gasto General de los Gobiernos  recogido en el informe Eurostat —la oficina estadística europea—, ha destinado a gastar en salud, protección social (incluido el desempleo), educación o vivienda un porcentaje menor que la media europea. Sin embargo, el gobierno español presupuesta por encima de esa media en Orden Público y Seguridad o para Asuntos Económicos (un 7,7% del PIB frente al 4,1% general). Es decir, es la voluntad política de quien gobierna la que decide cuáles son las prioridades y cómo se gestionan. Como plantea Martin Mckee, experto en salud pública y colaborador de la OMS, “no se debería hacer recortes en temas esenciales”. “La austeridad es una decisión política, no una necesidad”, concluye.

Pero la realidad es que se nos han presentado como “éxitos” los recortes en derechos y oportunidades en salud, así como ciertas iniciativas para romper el Sistema Nacional de Salud (SNS). El Ministerio de Sanidad ha conseguido crear un sistema menos equitativo y más insolidario, alejándonos más de ese principio de Universalidad del que tan orgulloso se sentía este país. El Gobierno español ha recortado, a través de la aplicación del Real Decreto 16/2012, el derecho a la atención sanitaria pública a los emigrantes (denunciado, entre otros, por el informe Médicos del Mundo o, a título personal, por el cardiólogo salmantino Máximo Diego), a españoles en paro en el extranjero y a españoles que contribuyen con sus impuestos. Situación general que el Consejo de Europa critica duramente a través de  un informe de su comisario de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, y del informe de Desigualdades en Salud de los países de la UE   realizado por Michael Marmot. Los recortes presupuestarios, se dice en esos informes, “han repercutido en la disponibilidad, el acceso y la calidad de los servicios sanitarios”, mientras sus responsables llaman la atención sobre “un deshacer lo andado hasta ahora en la sanidad española”. Bajo el argumento de los altos costes que genera el “turismo sanitario”, se esconde la exclusión mayoritaria de la asistencia sanitaria pública a los inmigrantes indocumentados, replica la ministra Ana Mato al primero de los citados informes. Y lo hace recurriendo a algo tan extraño como lo de ser “equitativos y solidarios”,  cuando los hechos son tan diferentes. Porque una cosa es el turismo sanitario y otra bien distinta son los inmigrantes sin papeles.

Junto a lo anterior, la intención del Gobierno de disminuir los gastos “insostenibles” del SNS mediante la aplicación de distintos copagos, puede que sí haya tenido algún éxito, pero ha sido a costa de sablear a los jubilados y a los que menos tienen, sobre todo.

Del total de los 5.500 millones de euros que pregona el Ministerio haber conseguido ahorrar hasta ahora, cerca de un 37% se debe a la reducción del gasto en farmacia. Gracias a la estrategia positiva del SNS se ha logrado reducir la prescripción de medicamentos por los profesionales en un 14.7% interanual; y, como ya queda dicho, otro buen pellizco de ese ahorro se ha conseguido gracias al dinero pagado por los pensionistas y ciudadanos de menores ingresos, aumentando con ello el gasto privado de la Sanidad y la menor contribución pública.

Mas no se crea que estas medidas de ahorro se han realizado de acuerdo a criterios de necesidad del paciente, económica o sanitaria, o para reducir el gasto público de verdad, no.

... Sin duda el SNS tiene aspectos que mejorar. En algunas comunidades autónomas en las que no gobierna el PP estas mejoras están siendo evidentes, o al menos se están paliando los estragos de la crisis. En todo caso, lo que ha de estar claro es que las limitaciones presupuestarias marcadas por Madrid no justifican determinadas políticas. Por supuesto que con los recursos disponibles se puede avanzar; todo depende hacia dónde se canalice el dinero. Se puede avanzar, por ejemplo, en mejorar la organización sanitaria y la gestión de los servicios o incorporando las mejores prácticas clínicas. Se puede avanzar en trasparencia y en hacer más eficiente el sistema. Y todo esto lo saben de sobra los profesionales del sector y los ciudadanos que participan en su sistema sanitario...
Joaquín Carmona Díaz-Velarde es médico y exdirector General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud.
Fuente: El País.

España cae de la lista de 10 países con más médicos por habitante. El sistema sanitario lleva dos años perdiendo puestos en la clasificación mundial de facultativos. La reducción de plazas MIR agravará la situación

En solo un año, España ha pasado del puesto décimo del mundo en proporción de médicos por cada 10.000 habitantes al 16º, según el Atlas de la Sanidad Mundial que ha hecho público la Organización Mundial de la Salud (OMS). El país encadena dos años de bajada: hace dos años estaba en el puesto séptimo. Ello se debe a un efecto combinado: por un lado, ha caído el número de facultativos en relación con la población (de 39,6 por 10.000 habitantes a 37). Por otro, países como Qatar, Lituania, Alemania, Bulgaria y Bielorrusia han adelantado a España en esta clasificación.

 La manera que tiene la OMS de elaborar este estudio es peculiar: no toma el dato de un año, sino la media de los últimos ocho. Es decir, en el atlas de 2014 se da un promedio de los datos entre 2006 y 2013; en el de 2013, de las cifras entre 2005 y 2012 y así sucesivamente. Esta manera de presentar los datos acumulados evita que haya variaciones bruscas interanuales por motivos extraordinarios, y sirve para medir mejor una tendencia. Y, siguiendo este análisis, lo que cabe esperar de los atlas de los próximos años será un descenso aún mayor. De hecho, los datos de 2013 y 2012 son los más altos alcanzados por España en la serie. En 2014 se desciende por debajo de los de 2010.

No es en los únicos indicadores que se baja. También lo hace España en los de enfermeras, hospitales y camas hospitalarias. Solo sube en el ratio de farmacias, según estos datos de la OMS. Por ejemplo, en la proporción de personal de enfermería España está en el puesto 49 del mundo.
Fuente: Leer más en El País.

La verdadera razón del éxito de la dieta mediterránea

La combinación de aceite de oliva y ensalada de hojas y vegetales es lo que le da a la dieta mediterránea su lado saludable.

Este fue el descubrimiento de científicos en Estados Unidos, quienes explicaron en la revista The Proceedings of the National Academy of Sciences que cuando estos dos grupos se juntan forman ácidos grasos nitro que bajan la presión arterial.

El estudio hecho en ratones sugiere que las grasas no saturadas en el aceite de oliva suma fuerzas con el nitrito en los vegetales.
Los especialistas consideran que este efecto también se produce cuando los vegetales se combinan con nueces y aguacates. La llamada dieta mediterránea -inspirada en la cocina tradicional de países como Grecia, España e Italia- durante mucho tiempo se ha asociado a la buena salud y un buen corazón.
Normalmente consiste en una abundancia en vegetales, fruta fresca, cereales integrales, aceite de oliva y nueces. También cuenta con aves de corral y pescado, en vez de mucha carne roja, mantequilla o grasa animal.
Si bien cada componente de la dieta mediterránea tiene beneficios nutricionales obvios, los investigadores querían averiguar sobre lo que precisamente hace de esta dieta, como un todo, tan buena para la salud.

Reacción química
El profesor Philip Eaton, de la King's College de Londres, y sus colegas de la Universidad de California en EE.UU., creen que es la fusión de los ingredientes de la dieta lo que produce los ácidos grasos nitro.
Fuente: BBC.

Es la vergüenza. Lo que está sustituyendo al despilfarro en España no es el buen gobierno, sino el derroche de injusticia

En un hospital público de España, de cuyo nombre prefiero no acordarme, le han negado atención médica a un niño de dos años. Dicho de otra forma: le exigieron a la madre firmar un papel de pago. El niño tenía fiebre, respiraba con dificultad, vomitaba, lloraba sin cesar. Esto ocurrió en urgencias, el pasado 30 de abril. En la historia hay un dato biográfico, auténtico, que parece introducido por un guionista providencial: el niño había nacido en ese hospital. Vino al mundo allí, en el mismo lugar ahora inaccesible, por una burocracia inepta que anda multiplicando fronteras con verja. Es un niño español, por cuna y DNI. Pero hay otro detalle nuclear en la historia: el niño iba en brazos de su madre, emigrante de Cabo Verde. Habrá quien argumente que lo ocurrido es un daño colateral del control presupuestario. Pero lo que está sustituyendo al despilfarro en España no es el buen gobierno, sino el derroche de injusticia. Una marea de impúdica desigualdad. ¿Cómo van a ser verosímiles los brotes verdes de la economía cuando asistimos diariamente a un bombardeo tóxico que provoca la desfoliación de la verdad? No es el Gobierno de la austeridad lo que cierra la puerta a un niño enfermo. Es el Gobierno de la brutalidad. Pese a la desfoliación, he llegado a esta conclusión histórica después de leer un implacable testimonio científico que se refiere al corazón. Se titula: Lágrimas de vergüenza. Lo firma un médico. El cardiólogo Maximiliano Diego. Cuenta en la web de Salud a diario cómo en el último año se han multiplicado los pacientes que sufren un segundo infarto, más grave, al no poder pagar el tratamiento necesario: más de 100 euros al mes. “O comemos, o tomo las pastillas”, confiesa uno de esos hombres del segundo infarto, trabajador en paro. Así que ya no deberíamos hablar en elecciones ni de política ni de economía: “¡Es la vergüenza, estúpido!”.
Fuente: Manuel Rivas, El País.

Sanidad pública... y eficiente. La presión privatizadora aviva el debate sobre cómo mejorar el sistema sanitario. ¿Deben ser funcionarios los médicos?. Los expertos piden despolitizar la gestión y alertan de los incentivos.

La gestión privada de la sanidad es más eficiente que la pública. Esta dudosa premisa —no hay ningún estudio científico serio que corrobore la tesis—, junto al argumento, entre otros, de que la mejora del sistema público es un reto hercúleo del que es imposible no salir trasquilado han cimentado ideológicamente una ofensiva destinada a entregar porciones de la sanidad pública española a empresas privadas.

El mensaje podría ser: no merece la pena gastar energías en la sanidad pública, despiecémosla y busquemos empresas para que apliquen fórmulas de gestión privada. Unas compañías que, lícitamente, tratarán de obtener beneficios económicos. Y que han protagonizado destacados casos de puertas giratorias, que es como se conoce al tránsito del sector público al privado de directivos que pasan de vigilar a las concesionarias a trabajar para ellas.

El mayor ejemplo de esta estrategia es la Comunidad Valenciana, una Administración muy corta de músculo financiero para la que sin duda es un aliciente que sea la concesionaria quien corra con las inversiones en nuevas infraestructuras. Pero no han sido ajenas a esta filosofía Castilla-La Mancha o Madrid, cuyo Gobierno ha tenido que renunciar recientemente a sus planes ante la fuerte oposición desatada en contra de la externalización de la gestión de seis hospitales y una veintena de centros de salud.

Los últimos Gobiernos se han mostrado remisos a reformar la sanidad pública —nada que ver con los recortes y copagos teledirigidos desde Bruselas e impuestos para cuadrar el déficit público—, pero también es cierto que palabras como eficiencia, optimización de recursos, incentivos, buen gobierno o transparencia, no tienen por qué ser ajenas al vocabulario de la gestión pública, como destacan los especialistas consultados por EL PAÍS.

Un punto de partida es el concepto de buen gobierno que, como apunta la Asociación de Economía de la Salud en el documento Sistema Nacional de Salud: diagnóstico y propuestas de avance, “va mucho más allá del cumplimiento de las leyes, obtener buenos resultados, ausencia de corrupción, mala gestión o nepotismo”. También exige que “el proceso de toma de decisiones responda a un conjunto de reglas consensuadas de participación democrática, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas y obediencia a códigos de conducta”.

Esta definición, que puede sonar a un catálogo de buenas intenciones, no resulta tan teórica como pudiera parecer. Por ejemplo, a la hora de ofrecer recetas para modificar el, para algunos, rígido régimen estatutario, uno de los aspectos más polémicos relacionados con la modernización de la sanidad pública cuando se plantea la posibilidad de acabar con el médico o enfermera funcionario.

¿Es necesario que los médicos sean funcionarios? ¿Por qué no puede el servicio de un hospital público seleccionar directamente el perfil de profesional que se ajusta a sus necesidades y tener que recurrir a las ofertas de empleo público (OPE)?

Para Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, no es preciso tocar la situación actual. “El sistema estatutario da independencia a los profesionales, los protege, como a los jueces, de injerencias externas y les permite ser agentes de la salud de sus pacientes, al margen de presiones”.

Quizás haya margen de actuación dentro del propio estatuto marco del personal de los servicios sanitarios para desarrollar un sistema más flexible, como comenta José Manuel Repullo, jefe del Departamento de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, que también destaca que “hay que profesionalizar y desfuncionarizar”. O quizás no tenga sentido la figura actual. “Un médico no necesita ser funcionario ni estatutario, lo que necesita es saber de medicina”, sostiene Salvador Peiró, responsable de Investigación en Servicios de Salud del Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP) de la Generalitat Valenciana. La funcionarización solo tendría sentido en determinados cuerpos de la Administración, como en la judicatura o las fuerzas de seguridad del Estado, añade Juan Oliva, expresidente de la Asociación de Economía de la Salud (AES)...
Más en las fuentes: El País. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/10/actualidad/1392064578_365687.html

En España, gasto moderado, alta esperanza de vida
El gasto sanitario público por habitante en España es de 2.244 euros (datos de 2011). En una lista de 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ocupa el vigésimo lugar (la media es de 2.414 y el primero es EE UU con 4.066). Pese a ello, España ocupa la cuarta posición en la clasificación relativa a la esperanza de vida, solo superado por Suiza, Japón e Italia.

A pesar de destinar por persona menos dinero para sanidad que la media de los países que forman parte de la OCDE, el gasto público en farmacia en España es de los más altos. Respecto al PIB representa un 1,2%, por encima de la media de los países más desarrollados, que es del 0,8%. Es una tasa similar a la de Alemania o Irlanda; menor que la de Grecia (1,9%) y muy superior a Noruega (0,3%).

En número de camas por 100.000 habitantes, España está a la cola, con 3,18; frente a la media de 4,96 en la OCDE. En cabeza está Japón (13,40) y Corea del Sur (9,56).

Los datos de la OCDE indican que un especialista de la red pública española cobra 2,3 veces el sueldo medio del país, frente a las tres veces más que cobran los holandeses, 2,8 en Alemania o 2,2 en Francia, respecto a sus sueldos medios.

Ángeles Maestro y la privatizacion de la sanidad, presentación del libro, vídeo.

Sanidad aumentó el presupuesto para los conciertos con clínicas privadas un 55%. Las cuentas se desviaron al alza 345 millones de euros durante el año 2012

El presupuesto del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), el ente del que dependen todos los hospitales y centros de salud de la región, aumentó en 2012 la partida destinada a conciertos con clínicas privadas —“asistencia con medios ajenos”— en un 55%. Mientras el presupuesto inicial dedicado a atender los pagos por las operaciones y las estancias que se derivan a la privada fue de 627,7 millones de euros, diferentes modificaciones de crédito durante el año llevaron a un presupuesto final de 972,8 millones de euros. Es decir, que las cuentas del Sermas se desviaron al alza sobre lo previsto 345,2 millones, según recoge la memoria de 2012 del ente, aún no publicada pero repartida a los miembros del consejo de administración hace unas semanas.

Este incremento del 55% es, con diferencia, el mayor de los últimos años. La Consejería de Sanidad asegura que parte de ese aumento se explica por la entrada en funcionamiento del hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, de gestión privada, inaugurado en marzo de 2012. El centro estaba presupuestado en la Consejería de Sanidad durante su construcción, pero al abrir se pasó al Sermas mediante una modificación presupuestaria, explicó un portavoz de Sanidad. El hospital de Móstoles aparecía en los presupuestos iniciales de la Consejería de Sanidad, con 71,4 millones, en programa 703 Infraestructuras y equipamientos sanitarios. La diferencia entre los 345,2 millones de incremento total y los 71,4 millones de este centro se explica, añade Sanidad, por el plan de pago a proveedores puesto en marcha el año pasado, que permitió abonar facturas pendientes de ejercicios anteriores.

Acceder al detalle de la ejecución presupuestaria del Sermas es tarea imposible. Las cuentas del ente no se fiscalizan en el parlamento regional, algo que ha motivado críticas y plantones de los diputados de la oposición durante años. Cuatro de cada diez euros del presupuesto regional eluden el control parlamentario, puesto que el Gobierno regional no entrega a la cámara la liquidación anual (solo se envía a la intervención general y a la Cámara de Cuentas, y no es de consulta pública). El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, y también el presidente, Ignacio González, prometieron hace unos meses que a partir de ahora —previsiblemente con las cuentas de 2013— la Asamblea sí recibirá la liquidación del presupuesto del Sermas.

El pago de la abultada deuda que acumulaba la sanidad madrileña distorsionó las cuentas en 2012. El presupuesto inicial del Sermas era de 6.882,8 millones, a los que durante el año se añadieron 2.582,7 millones en modificaciones, es decir, un 37,5% de incremento. El pago de la deuda supuso 1.733 millones de euros.

“Parte de los problemas económicos que padece el Sistema Nacional de Salud se deben a la mala gestión realizada durante años. Una mala gestión amparada en la opacidad y en asignar, con crisis económica o sin ella, partidas de gasto significativamente inferiores a las reales”, afirma el portavoz de Sanidad de UPyD, Enrique Normand. "Es posible que el dato de los conciertos este afectado por el plan de pago a proveedores del 2012, pero como no conocemos qué gastos se han asignado a dicha partida en cada año, la impresión es que el gobierno de la Comunidad de Madrid tiende a ocultar el gasto destinado a estos conciertos y el año pasado afloró lo gastado en ejercicios anteriores", añade.
Fuente: El País.

Libros que ayudan a construir la conciencia de clase. Belén Gopegui

Intervención de la autora durante la presentación del libro: “Crisis capitalista y privatización de la sanidad”, de Ángeles Maestro, Editorial Cisma.

Lees un artículo aquí y otro allá, en la red, te ayudan a pensar, pero un día una editorial los recopila, los ordena, los fecha, los anota, y entonces los lees seguidos y aprendes más, aprendes a no olvidar. Agradezco por eso a la editorial Cisma la labor que ha hecho con la publicación de este libro. Agradezco también a la librería Traficantes de sueños la construcción y el mantenimiento del espacio común en donde estamos.

No se adquiere ni se logra por decreto, sino a partir de experiencias históricas, tradiciones y luchas políticas.

Nunca está dada.
Jamás preexiste.
Se va construyendo a partir de los conflictos.
La mayoría de las veces se genera a saltos.

Cuando se logra, la clase trabajadora puede pasar de la necesidad económica a la voluntad política. La conciencia de clase es parte beligerante en la lucha de clases. Empezar a construirla es comenzar a ganar la lucha.

Parece un poema de Brecht, aunque en realidad es parte de la definición de conciencia de clase que da Néstor Kohan en su libro: “Aproximaciones al marxismo: una introducción posible”.

La traigo aquí porque si bien los libros se leen habitualmente a solas, en silencio, sin siquiera mover los labios, algunos nos ayudan a construir la conciencia de clase. Cuando comienza el conflicto, sus palabras van contigo como aquello que te pasó un día, como lo que te contaron, como lo que necesitas y te impulsa y acompaña.

Crisis capitalista y privatización de la sanidad, de Ángeles Maestro es uno de esos libros. Deja, para empezar, constancia de procesos, fechas, leyes que a veces se emborronan en la memoria y que al ser claramente expuestos una y otra vez te impiden confundirte, pensar que tal vez escampe, que las cosas serán de otra manera sin que bajes a la calle y tomes el camino junto con otros y otras que lucharán a tu lado.

Venimos de una larga derrota y es útil recordarlo para poder pensar mejor por qué perdimos -aquí está la única leve observación que le haría al libro, que no es una objeción sino un punto de partida para conversar sobre eso, por qué perdimos, hasta qué punto una gran parte de la población trabajadora, heridas las herramientas de lucha y análisis por la opresión, la guerra fría y la ilusión de prosperidad, había sustituido el sueño del socialismo por el de la supuesta democracia europea aun antes de la muerte de Franco-. En cualquier caso, la derrota ha vuelto difícil imaginar la sociedad futura y revolucionaria. Y sin embargo, todas coincidiríamos en atribuirle un principio elemental: en esa sociedad nueva el infortunio no será fruto de la opresión. No me refiero a los conflictos y enfrentamientos. Me refiero a todas esas formas de sufrimiento evitable desglosadas con precisión por Maestro en el capítulo: "Guerra social en el cuerpo de la clase obrera". Penas, suicidios, enfermedades que no dependen del azar sino de lo que la organización económica prioriza y abandona.

A lo largo del libro Maestro da cuenta de cómo la llamada "selección de riesgos" preside la privatización de la sanidad. Procedente de las aseguradoras, este principio consiste en "orientar la aceptación de riesgos hacia aquellos que ofrecen menor peligrosidad, evitando la cobertura de los que, por poder originar frecuentes siniestros o de elevado importe, originarían un desequilibrio económico en los resultados de la empresa". Si traducimos estas palabras, la selección significa dejar de lado a quienes, ya sea por causa de los daños provocados por una sociedad torpe e injustamente organizada, ya por el verdadero azar, más ayuda necesitan. Abandonarles, dejarles caer.

El diez o quince por ciento de la población, nos recuerda Ángeles Maestro, produce el noventa por ciento del gasto de la sanidad debido a enfermedades crónicas o complejas o a la vejez, y la privatización está diseñada para permitir a las empresas librarse de ese porcentaje aumentando así los beneficios del capital. Y no sólo ese porcentaje: la prevención, las pruebas necesarias, la convalecencia, todo será reducido como si el sufrimiento y los euros fuesen unidades equivalentes.

Todavía, nos recuerda Maestro, había tanto que hacer, mejorar la salud mental, la salud dental, la prevención, alcanzar la salud a través de una la vida diaria sin angustia, sin hambre. Y en cambio nos obligan a practicar el sálvese quien pueda: cuando llegue el incendio, que ardan los últimos, jugando a que nosotros y nosotras escaparemos. Pero no escaparemos, los hospitales, la vulnerabilidad, forman parte de la vida diaria Y desde luego, aunque nunca, cosa imposible, ni nosotros ni ningún familiar o amigo nuestro se viese envuelto en una situación de desvalimiento, no permitiremos que nadie nos obligue a dejar solos y solas a quienes más lo necesitan. Nuestra sociedad nueva estará organizada para que precisamente el cuidado de quienes más riesgos tienen sea lo prioritario, un cuidado con tiempo, compañía, tazas de colores, esfuerzos compartidos, sombra de árboles; nadie estará allí solo ni sola cuidando. Y no lo haremos de este modo porque sepamos que un día podremos ocupar el lugar más débil, lo haremos porque "de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades" es el único principio que nos permite vivir en común sin vergüenza, sin opresión, sin miedo.

Esta llamada crisis, esta acometida de una clase contra otra puede ser, nos dice Maestro, un salto que genere conciencia. Porque durante demasiado tiempo creímos que las llamas no llegarían a nuestras casas, y ahora que llegan, tal vez debamos también quemar las naves de la huída y recordar aquel texto escrito en un pequeño cuadro colgado de una pared alejada del paso, en el aeropuerto de Baracoa, Cuba, que Ángeles Maestro me enseñó y que dice: "Las palabras rendición y derrota están borradas totalmente de nuestra terminología".
Enhorabuena por tu libro.
Muchas gracias
Madrid, 10 de julio de 2013

Los recortes en sanidad en España ponen vidas en riesgo, según un estudio

Un informe del 'British Medical Journal' alerta que la austeridad tendrá un coste en aumento de suicidios, sida o tuberculosis

• 6.700 millones menos para sanidad

Los recortes, el aumento del copago farmacéutico y la exclusión sanitaria pueden tener efectos demoledores en la salud de los españoles. Esta es la conclusión y la llamada a la alerta de un artículo publicado en la prestigiosa revista British Medical Journal (BMJ) que duda, además, de que esas medidas de ahorro están basadas en evidencias probadas. El trabajo, realizado por investigadores de la London School of Hygiene & Tropical Medicine de Reino Unido, analiza el impacto del tijeretazo en los presupuestos sanitarios (desde 2010 se ha recortado 150 per cápita en un presupuesto que ya era de los más bajos de la UE), que ha tenido un “impacto desproporcionadamente alto” en personal y políticas de salud pública.

Un recorte que no va parejo al aumento de la demanda asistencial de personas dependientes, discapacitados o ancianos, que pierden a la vez otras prestaciones sociales. “¿Por qué hay que cambiar un sistema como el español, con buenos indicadores y de los más baratos, cuando en época de crisis la evidencia muestra que habría que protegerlo porque las enfermedades crecen”, reclama Helena Leguido-Quigley, investigadora principal del artículo.

El aumento del desempleo deriva, indican por ejemplo, en un aumento de las enfermedades mentales, como la depresión, que ha aumentado un 19,4% desde 2006, o el alcoholismo. Algo que es tangible en Grecia donde han aumentado los suicidios. Allí, los efectos de la crisis en la salud han sido abismales, con casos de desatención flagrantes y un aumento de las enfermedades infecciosas, como la tuberculosis o VIH. Si la tendencia no cambia, existe el riesgo de que en España ocurra algo similar. Sobre todo, apuntan los científicos, después de que se consolidase la exclusión sanitaria a los extranjeros en situación irregular, que desde septiembre solo tienen acceso a urgencias, parto, posparto y pediatría en las comunidades que han seguido a rajatabla la medida del Ejecutivo de Rajoy. Otras, como Asturias, Andalucía o País Vasco la han eludido tanto por considerarla injusta como por sus futuros costes en salud.

El Ministerio de Sanidad, sin embargo, sostiene que no está demostrado el aumento de las patologías mentales a raíz de la crisis, y que, en realidad, las patologías infecciosas, como la tuberculosis, se han reducido. El departamento de Ana Mato insiste, además, en que el sistema sigue siendo universal.

En España faltan aún datos consistentes para trazar una radiografía más amplia, insisten los investigadores. No obstante, explica el profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública José María Martín Moreno, la situación de España aún está muy lejos de la griega y hay capacidad de reacción. “Hay que buscar la evidencia científica y un mejor consenso para que esto sea sostenible y efectivo”, dice. Martín Moreno deja claro que las medidas de austeridad no han sido exclusivas del Gobierno central actual; también el anterior y las distintas Administraciones regionales y que muchas de ellas han sido inducidas por instancias europeas. “Pero se precisan medidas más articuladas y debatidas, no hacer experimentos”, añade.

Sanitarios catalanes alertan de que los recortes "están matando gente"

Y es que uno de los principales problemas que destaca el estudio es la falta de consenso que rodeó la aprobación del decreto de la reforma sanitaria que se aprobó en abril de 2012 por la vía de urgencia para escapar del debate. También la ausencia de una base sólida para sustentar medidas como la privatización de centros de salud y hospitales —como está haciendo Madrid.... leer más en El País.

¿Cómo se gesta y a quién beneficia la privatización de la sanidad?

Mucha gente piensa que la privatización de la sanidad es un fenómeno reciente producto de las políticas del PP. Este es un grave error, un mal diagnóstico, que impide un tratamiento adecuado de las causas, porque al igual en una enfermedad, si tratamos sólo los síntomas no estamos actuando eficazmente y el proceso se agrava.

Las privatizaciones de empresas y servicios públicos forman parte medular de la respuesta del gran capital a la gran crisis económica que vivimos ahora, que se inicia en la década de los setenta y que se conoce como políticas neoliberales. Se trata de una estrategia general dirigida a intentar reducir la caída de la tasa de ganancia. De ella forman parte la drástica reducción de la fiscalidad de las rentas del capital, la instauración de políticas de reducción del déficit –con la correspondiente disminución de presupuestos sociales-, la liquidación de derechos laborales y sociales y las privatizaciones. Son políticas de largo alcance, implementadas por gobiernos de todo color político, en un marco de lucha de clases marcado por la cooptación de las cúpulas sindicales y el correspondiente retroceso del poder de la clase trabajadora.

El primer asalto de las privatizaciones tiene lugar sobre las empresas públicas. El negocio privado está asegurado, no sólo porque se venden a precio de saldo y prácticamente en régimen de monopolio, sino porque en la medida en que producen bienes de primera necesidad (luz, combustibles, transportes, comunicaciones, agua, etc) la clientela está asegurada.

En el Estado español este proceso se inicia a mediados de los ochenta, por el PSOE, coincidiendo con la entrada en la CEE, y es continuado por los gobiernos del PP.

El segundo asalto son los servicios públicos, y sobre todo la sanidad, que consume un % considerable del PIB (el 7% en 2013). Ya con el gobierno de UCD tuvieron lugar reuniones en el Ministerio de Sanidad en las que participaron aseguradoras privadas, la industria farmacéutica, representantes de bancos y grandes empresas, junto a dirigentes de los grandes medios de comunicación. El objetivo era planificar, y financiar, campañas de desprestigio de la sanidad pública.

El argumentario es bien conocido: es burocrática, despilfarradora, poco ágil y su personal rinde poco porque tiene sus puestos asegurados, frente a la competitividad y la eficacia de la empresa privada. En el año 1991 se pretendió dar un salto cualitativo.

A semejanza de Gran Bretaña donde se publicó un informe, “Working for Patients”, que sirvió como hoja de ruta para la privatización y el desmantelamiento del mejor servicio sanitario de Europa Occidental, el Pleno del Congreso aprobó la elaboración de un Informe para la “Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud”.

El PSOE, gobernando con mayoría absoluta, encargó su elaboración a Fernando Abril Martorell, antiguo Procurador de las Cortes de Franco y vicepresidente del Banco Central Hispano.

El Informe era todo un programa de preparación de la sanidad para su privatización, incluyendo la introducción de copagos por el uso de servicios sanitarios y de los medicamentos para los pensionistas. La presentación pública del Informe fue abortada porque como Diputada, entonces, de IU, tuve acceso a sus conclusiones y pude hacerlas públicas, convenientemente explicadas, antes de que fueran presentadas oficialmente. Ante el enorme rechazo suscitado el Informe nunca fue votado en el Parlamento pero sus propuestas básicas fueron ejecutadas.

Se procedió a la privatización -“externalización”- de servicios hospitalarios tales como limpiezas, lavanderías, cocinas, ambulancias, etc, y se ampliaron progresivamente los conciertos con la sanidad privada de la cirugía de baja complejidad (la más rentable), radiodiagnóstico, etc.

Destaco por su trascendencia la privatización de los servicios de limpieza hospitalaria, que fueron a parar en gran parte a empresas constructoras tales como Ferrovial, FCC o Dragados y que tuvo como resultado un drástico recorte de plantillas y precariedad en el empleo.

Estos hechos son directamente responsables del espectacular aumento de las infecciones hospitalarias, con el correspondiente incremento de la mortalidad y del gasto hospitalario [1].

En el año 1997, gobernando el PP en minoría, se aprobó la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que ampara la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de todo tipo de centros sanitarios. Esta Ley fue votada por PP, PSOE, PNV, CiU y CC.

Al día siguiente de su votación, CC.OO. emitió un comunicado congratulándose del gran apoyo parlamentario recibido “por una Ley clave para la modernización del SNS” [2]. La empresa privada tenía abierto el camino y los diferentes gobiernos autonómicos (del PP, del PSOE, o del PSOE con IU y otros partidos de izquierda como el tripartito catalán o el pentapartito balear) lo ejecutaron. Era el negocio más seguro que podían soñar, máxime en tiempos de crisis: financiación y clientela públicas y beneficio privado.

Las empresas constructoras, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, han entrado con fuerza en la gestión de los hospitales de gestión privada: Sacyr, Dragados, FCC, Acciona, .. una parte ellas implicadas en la trama Gürtel como BEGAR, Ploder, Hispanica, otras “donantes” del PP como OHL, o el Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández.

Estas empresas aparecen formando parte de UTEs junto a Cajas de Ahorros “nacionalizadas” tras el correspondiente saqueo como la CAM o receptoras de ingentes fondos públicos como BANKIA, y al lado de aseguradoras privadas como Sanitas o Adeslas.

Mención especial merece la empresa CAPIO, propiedad de CVC Capital Partners. Este grupo, de capital riesgo y dedicado a la especulación, tiene una oficina central en Londres y su sede se encuentra en Luxemburgo.

Esta empresa tiene todos los visos de llegar a ser en el gran monopolio de la gestión privada de la sanidad pública, con sus negocios principales en Madrid (Hospitales Jimenez Díaz, Móstoles, Valdemoro y Collado Villalba [3], además de dos centros de especialidades) en Castilla la Mancha (hospitales de Villarrobledo, Tomelloso, Manzanares y Almansa) y en Cataluña, con importantes conciertos, y con el Hospital Universitari Sagrat Cor, integrado en la red de utilización pública.

La vinculación entre decisiones políticas e intereses empresariales es evidente. Ex Consejeros de Sanidad como Manuel Lamela, con intereses en Capio, o Güemes, que tuvo que dimitir como consejero de Unilabs, propiedad de Capio, empresa a la que él adjudicó la gestión de análisis clínicos de seis hospitales, lo ilustran.

Otro caso es el Antonio Burgueño, actual Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, quien fue director médico de Adeslas, empresa integrada en Ribera Salud y principal impulsor del primer hospital de gestión privada, el de Alzira, y cuyo hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja como jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad en Ribera Salud, empresa adjudicataria del Hospital de Torrejón.

Pero el fichaje de “conseguidores” no sólo se circunscribe a las filas del PP. Nicolás Redondo Terreros es Consejero de FCC, empresa que gestiona le Hospital de Arganda, al que hay que añadir la larga lista de ex Ministros y ex Ministras de Sanidad de PSOE que son Consejeros de grandes multinacionales, incluidas las de la industria farmacéutica [4].

El robo de la sanidad por las empresas privadas, con la connivencia necesaria de los gobiernos, no es solamente un expolio de recursos públicos, es además un crimen. El negocio en la sanidad, imposible si se presta una atención universal y de calidad, se consigue atentando contra la vida y la seguridad de las y los pacientes, además de incrementando el coste.

La explicación de los mecanismos para conseguirlo sobrepasan los límites de este artículo.
Enumero algunos de ellos:
- Disminución de la cantidad de personal (en torno al 30%) y de la cualificación del mismo.
- Selección de pacientes, dejando los no rentables para la sanidad pública.
- Sobreindicación de intervenciones quirúrgicas rentables.
- Priorización de pacientes en función de los ingresos que su atención reporta a la empresa.
- Presión sobre las administraciones sanitarias, a través de la connivencia de políticos, para elevar las cuantías que les paga la sanidad pública.
- La ejecución de los mecanismos de ahorro (altas precoces, baja utilización de recursos caros de diagnóstico y tratamiento), vitales para conseguir el negocio, requieren de la “colaboración” sobre todo del personal médico, que es quien indica el gasto.
Para lograrlo son determinantes los contratos temporales, la inseguridad en el trabajo y que una parte importante del salario esté vinculada al cumplimiento de objetivos de disminución del gasto.

La realidad descarnada es que todo este engranaje tiene una cobertura legal incuestionable, refrendada por sentencias de los tribunales ante los que se ha denunciado: la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión.
Dejo para la reflexión de quienes lean estas líneas la valoración de lo que para sus propias vidas supone la privatización de la sanidad y la consecuente decisión acerca de la actuación necesaria para impedir que tamaña salvajada culmine. Es preciso, a mi juicio, que en este momento nos centremos, no tanto en manifestaciones masivas, como en la creación y extensión de colectivos locales, suficientemente coordinados, capaces de pasar a la ofensiva y bloquear la ejecución de los planes de privatización,

Es decir, que el poder popular se manifieste y actúe con tres grandes objetivos:
-Ni una privatización más
- Derogación de la Ley 15/97
- Devolución a manos públicas todo lo privatizado.

Notas:
[1] Entre los numerosos estudios realizados puede verse: Rampling, A., Wiseman, S., Davis, L., Hyett, P., Walbridge, A. N., Payne, G. C., & Cornaby, A. J. (2001). Evidence that hospital hygiene is important in the control of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of Hospital Infection, 49: 109-116. 50.
[2] http://www.casmadrid.org/docStatic/APOYO_CCOO_RD_10_96.jpg
[3] Capio recibe por este hospital construido y cerrado, para ahorrar según la Consejería de Sanidad de Madrid, más de 900.000 euros mensuales. 
[4] http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=3758&titulo=NOTICIAS 

Ángeles Maestro. Médica y Técnica Superior de Salud Pública. Militante de Red Roja

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/6576/como-se-gesta-y-a-quien-beneficia-la-privatizacion-de-la-sanidad/

“No hay negociación posible”. El responsable sanitario se aferra a sus planes privatizadores para el sistema de salud.

El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty (Madrid, 1966), ha conseguido algo inaudito: poner de acuerdo a buena parte de la comunidad sanitaria madrileña en contra de su reforma, que incluye privatizar la gestión de seis hospitales y de 27 centros de salud.

Asegura que no dará marcha atrás, por más huelgas o protestas que hagan los médicos. Y defiende que la gestión privada es más eficiente.

Pregunta. ¿Realmente cree que los profesionales sanitarios mienten a la población cuando explican por qué están en huelga?
Respuesta. Cualquiera que en este momento le diga a la población que la sanidad se vende, se privatiza, que va a dejar de ser gratuita y se va a cobrar está mintiendo a sabiendas.

P. Pero sí se privatiza la gestión de los hospitales.
R. No, privatizar consistiría en vender los hospitales y darlos al sector privado para que los administrara como le pareciera conveniente. Nosotros lo que hacemos es externalizar la gestión, es decir, de un hospital público de titularidad pública.

P. En el diccionario de la RAE externalizar no existe y privatizar significa exactamente lo mismo de lo que estamos hablando. ¿Por qué no le gusta ese verbo?
R. Porque induce a confusión, a pensar que van a pasar a ser hospitales privados. Van a seguir siendo hospitales públicos.

P. Eso la gente lo sabe, ¿no?
R. En estos momentos se está queriendo que la gente piense que la sanidad va a ser privada. Basta ver los eslóganes de las manifestaciones o las pancartas. No va a pasar a ser sanidad privada. Es pública, eso sí, encomendada para su gestión a una sociedad concesionaria.

P. Eso es lo que le critica la comunidad sanitaria. La tiene a toda en contra, empezando por el Colegio de Médicos, las sociedades científicas... ¿Sigue creyendo que todos están equivocados y ustedes tienen razón?
R. No voy a juzgar las motivaciones ni las razones que les llevan a adoptar esa actitud. Sí digo que el ámbito sanitario, como cualquier organización grande, es muy inercial. Hay un componente de resistencia o de inercia frente al cambio. Yo lo que sé es cuál es mi responsabilidad y la del Gobierno. Si para el año que viene tenemos 530 millones de euros menos en el presupuesto, queremos seguir teniendo asistencia sanitaria de la máxima calidad, evidentemente con las reglas de universalidad, gratuidad, equidad, tenemos que trabajar de una manera distinta.

P. Parte de la base de que la sanidad pública y sus funcionarios son ineficientes. Pero usted es su jefe. ¿No es eso admitir su fracaso como gestor?
R. Las nóminas de cualquier empleado público están llenas de complementos que nacieron para incentivar o premiar el trabajo de excelencia y que se convirtieron muy inmediatamente en complementos lineales e iguales para todos. Y eso ha pasado durante décadas y en un partido y otro. La gestión pública tiene una rigidez que tiene que ver con la necesaria reforma de la función pública en España, pero eso es otra cuestión.

P. Hace un mes que oposición y prensa le piden estudios independientes o datos económicos que justifiquen que el modelo que ha elegido es más eficiente y de mayor calidad. ¿Los tiene? ¿Por qué no los hace públicos?
R. Sí, sí, sí, y los tenemos que hacer públicos. Hoy mismo se ha presentado un estudio de una consultora [Iasist] que compara resultados de los hospitales de gestión directa e indirecta, y da unos resultados muy similares a los que nosotros hemos obtenido. Que los indicadores de calidad asistencial son muy similares, o idénticos. Y el coste presupuestario es sensiblemente inferior.

P. ¿Por qué ha puesto en marcha una reforma de este calado sin consultar a los profesionales?
R. Sobre muchas de las cuestiones incluidas en el plan habíamos ido hablando a lo largo de los últimos dos años. Luego llega un momento, en verano, en que se comunica a la Comunidad de Madrid que tiene 1.000 millones de euros menos y que el límite de déficit es del 0,8%, lo que obliga a hacer un ajuste de 2.700 millones. Y eso tiene consecuencias.

P. Hoy mismo [por ayer] le han entregado casi un millón de firmas contra la reforma. ¿Va a escuchar? ¿Hay marcha atrás?
 R. Yo escucho siempre. Lo que se está pidiendo al Gobierno regional es que no haga nada, es que teniendo un presupuesto inferior, queriendo mantener el nivel de calidad, que hagamos como Zapatero, o sea, como si no pasara nada, hasta dejar que esto se hunda, que es lo que él hizo con España. Eso yo no lo voy a hacer, porque me parecería una irresponsabilidad.

P. Si lee la petición, verá que lo que le están pidiendo es que retire el plan de medidas…
R. O sea, que no haga nada.

P. … y discuta con los profesionales antes de tomar otras medidas consensuadas.
R. Esas otras medidas… A mí me encantará conocer cualquier propuesta que me hagan de reducción de costes, manteniendo la calidad y las características del sistema. Cualquier persona, no me hacen falta 900.000, con que me venga uno con una propuesta la estudiaré con el mayor interés.

P. Entonces podría retirar el plan a la espera de hablar con…
R. En absoluto, en absoluto.

P. ¿Dónde está la negociación entonces?
R. Si es que no hay negociación posible. La negociación consiste en que vamos a hablar sobre cómo algo se puede hacer o aplicar. Le recuerdo que nosotros somos el Gobierno apoyado por un 53% de los madrileños. 

P. En su programa electoral no hablaban de privatizar la gestión de los hospitales públicos.
R. No, pero en nuestro programa tampoco había una previsión de que se nos fuera a reducir la financiación autonómica en 1.000 millones de euros.

P. ¿Le ha molestado la respuesta del Gobierno central a su anuncio del euro por receta, más agresiva que con Cataluña?
R. Bueno, no me ha molestado. Hubiese preferido otra, desde luego. Lo que me parece es que tenemos una situación presupuestaria que nos obliga a tomar medidas como el euro por receta, que pensamos que entra absolutamente dentro de nuestras competencias. La tasa no es tanto recaudatoria como disuasoria.

P. Por primera vez un Gobierno del PP cierra un hospital, el Instituto de Cardiología.
R. No, no es un hospital, es una unidad asistencial que procedía de la Escuela Nacional de Estudio del Tórax. Estaba haciendo una tarea de apoyo, no tenía población de referencia y creemos que será más eficaz integrándola en el Hospital Clínico.

P. La Consejería lo considera hospital [modificó la página web oficial para eliminar la palabra hospital días después de que se conociera su cierre] en todas sus publicaciones.
R. No estamos hablando de un hospital. Leer más en El País.

La injusticia social mata

Sí, tu salud es cuestión de clase
La desigualdad también mata en países de Occidente - Los estudios desvelan graves contrastes en esperanza de vida en una misma ciudad
Esta declaración sin paliativos no procede de una organización marxista ortodoxa, sino de un estudio detallado sobre los determinantes sociales de la salud en el mundo. Publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 28 de agosto de 2008, el informe titulado «Cerrar la brecha en una generación» (1), resume los resultados de tres años de investigación. El informe señala las desigualdades sanitarias entre los países y además entre los ricos y los pobres de un mismo país. Por ejemplo, si la esperanza de vida de un neonato estadounidense es de diecisiete años más que la de un indio, la esperanza de vida de un recién nacido en un suburbio marginal de Glasgow es de veintiocho años menos que la de otro nacido en un barrio lujoso de la misma ciudad. «La injusticia socia mata masivamente», señalan los autores agrupados en la «Comisión de los determinantes sociales de la salud», creada por la OMS en 2005 y que cuenta entre sus miembros con investigadores en Ciencias Sociales, médicos, políticos, etcétera (2).

 «La distribución desigual de los factores que perjudican la salud no es un fenómeno natural», explican, «sino que resulta de la combinación de los efectos de políticas y programas sociales insuficientes, modalidades económicas injustas y estrategias políticas mal concebidas». Reducir esas desigualdades pasa, obviamente, por el acceso universal a los bienes básicos (agua, alimentos, alojamiento, sanidad, energía), y además por la educación, la cultura, un urbanismo armonioso y buenas condiciones laborales. Además, el abismo sanitario no se cerrará «si no se mejora la vida de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Los poderes públicos deben comprometerse firmemente para poner fin a las discriminaciones que afectan a estas últimas»

 El informe, de 256 páginas, viene a ser una acusación contra las políticas económicas promovidas por las instituciones financieras internacionales, que se practican en muchos países. El documento recomienda especialmente «Luchar contra las desigualdades en la distribución del poder, el dinero y los recursos, es decir, los factores estructurales de los cuales dependen las condiciones de la vida cotidiana a nivel mundial, nacional y local».

 Estableciendo la relación entre la salud y el trabajo, los miembros de la Comisión rechazan con claridad las recomendaciones liberales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) «El pleno empleo, la igualdad en materia de empleo y las condiciones de trabajo dignas deben ser los objetivos comunes de las instituciones internacionales y situarse en el centro de las políticas y estrategias nacionales del desarrollo; los trabajadores deben estar mejor representados en la elaboración de las políticas, la legislación y los programas relacionadas con el empleo». Efectivamente, «un trabajo seguro, sin peligro y debidamente remunerado» reduce los factores de riesgo. Lo mismo que un empleo estable ya que, a la vista de los resultados, «la mortalidad es significativamente más elevada entre los trabajadores temporales que entre los trabajadores permanentes».

 Para remediar las desigualdades sanitarias y las diferencias de las condiciones de vida cotidianas, el informe de la OMS recomienda la creación «de una amplia protección social universal» que funcione preferentemente «por distribución», así como importantes inversiones en el sector de la salud. Esta tarea «requiere un sector público poderoso, decidido, capacitado y suficientemente financiado»

 En un momento en el que los gobiernos de los países capitalistas avanzados delegan en el mercado una parte, cada vez más grande, de las actividades de la salud y transfieren a las aseguradoras privadas sectores enteros de la cobertura sanitaria, los autores del informe recuerdan «que la salud no es un bien negociable». El abastecimiento de los bienes sociales básicos como el acceso al agua y la atención sanitaria «debe regirse por el sector público y no por las leyes del mercado». Los miembros de la Comisión de la OMS insisten en este punto: «Como los mercados no pueden proporcionar los bienes y servicios imprescindibles de manera justa, la financiación por el Estado exige que el sector público asegure un marco sólido y un gasto público suficiente». Antes de concluir plantan cara a los partidarios de una fiscalidad cada vez más reducida. «Eso implica un impuesto progresivo ya que está demostrado que una redistribución, incluso modesta, contribuye más a disminuir la pobreza que el crecimiento económico por sí mismo».

 A la vista de estos resultados habría que plantearse imprimir en las cajas de los medicamentos las indicaciones: «Bajar los impuestos es perjudicial para la salud» y «La injusticia social mata»
Notas:
(1) http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf
(2) http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr29/fr/index.html
Original en francés: http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2008-09-02-inegalites
Pierre Rimbert, sociólogo, escritor y periodista francés, trabaja en Le Monde Diplomatique como especialista en la cuestión de los medios de comunicación de Francia y está elaborando una tesis titulada «Le torunant néo-liberal dans la France des années 80» en el Centro de Sociología Europea, bajo la dirección de Patrick Champagne. Es miembro de la Asociación de análisis y crítica de los medios de comunicación «Acrimed» y del periódico irónico Le Plan B, heredero del periódico PLPL del cual fue uno de los fundadores. Ha escrito el libro Libération, de Sartre à Rothschild, Raisons d'agir édition, 2005. « L’injustice sociale tue » Par PIERRE RIMBERT
Leer otro artículo relacionado con el tema en El País.

"Los industriales ponen deliberadamente en peligro a los obreros". Entrevista con Annie Thébaud-Mony, especialista en cánceres profesionales

Un investigador que rechaza la Legión de Honor es raro. Es el caso de Annie Thébaud-Mony especialista en cánceres profesionales. Ella alerta desde hace treinta años de las epidemias de cánceres de los obreros. En vano.

Annie Thébaud-Mony, de 68 años, es directoria honoraria de investigación en el Instituto Nacional de la Salud y de Investigación en Medicina. A finales de julio ha rechazado la Legión de Honor que Cécile Duflot, ministra de Igualdad de los territorios y de Vivienda quería concederle. En una carta dirigida a la ministra, la investigadora en cuestiones de salud ha publicado que es especialista en enfermedades profesionales y ha explicado que con su rechazo quiere denunciar “la indiferencia” de la que, según ella, es objeto la salud laboral y la “impunidad” de los “crímenes industriales”. Y ha añadido aún más.

Terra eco: Se le ha propuesto la Legión de honor para coronar su carrera. Usted la ha rechazado, ¿por qué?
 Annie Thébaud-Mony: Habría, desde mi punto de visto, una cierta indecencia al ser condecorada después de llevar treinta años trabajando sobre la muerte laboral, en la que he dado la señal de alarma sobre la situación en la que trabajan los obreros, los peligros que corren para su salud, los peligros industriales a los que son expuestos, sin que se hayan producido mejoras reales en sus condiciones laborales. Las recomendaciones que yo había hecho no han sido tomadas en cuenta por los poderes públicos.

 Y en tantos años, ¿no ha habido avances?
 Hace quince años que el amianto ha sido prohibido en Francia. Se pensaba que se sumaría la prohibición de otros productos industriales cancerígenos, pero no ha sido así. Por lo tanto, los industriales saben que ciertos productos que obligan a sus empleados a utilizar son peligrosos y que las condiciones de trabajo son patógenas. Es una exposición peligrosa deliberada de la vida ajena. Por tanto, las modificaciones del derecho del trabajo protegen más a los industriales y a los empleadores que a los asalariados.

 ¿Tiene algunos ejemplos?
 El cuadro 57 de enfermedades profesionales del régimen general de la Seguridad Social enumera la mayor parte de los problemas músculo-esqueléticos (PME). En el año 2009, una revisión del cuadro ha endurecido los criterios de reconocimiento de los PME y por lo tanto también la indemnización de los asalariados.

 ¿Deben trabajar hasta que queden impedidos?
En lo concerniente a la exposición de los asalariados a los cancerígenos, ninguna medida se ha llevado a cabo a pesar de las alertas. En Montluçon (Allier) por ejemplo, la fábrica Adisseo que produce la vitamina A de síntesis para la alimentación animal, utiliza desde los años noventa un cancerígeno potente, el cloracetal C5 (leer la encuesta del Instituto Nacional de Inspección Sanitaria (INVS). Hace menos de diez años que la introducción de esta molécula aparece en la cadena de producción, y varios asalariados han desarrollado cáncer de riñón. A pesar de que existen productos alternativos que permiten crear la vitamina A sin usar el cloracetal C5, la empresa no quiere ni hablar de ello porque estos cambios en su línea de producción serían costosos. Y los trabajadores están siempre expuestos. Esto es un crimen industrial.

 En su conjunto, ¿los asalariados franceses trabajan en buenas condiciones?
 No. En los sectores de la química, la petroquímica, el automóvil, de la metalurgia o de las nucleares, las condiciones de trabajo son a menudo muy nocivas. No tanto en la fase de producción, porque las medidas de confinamiento son sobre todo eficaces y muchos procesos son automatizados, como en la fase de mantenimiento, en la que la limpieza y la gestión de residuos. En estas fases, los asalariados son directamente expuestos a productos cancerígenos. La encuesta Sumer de 2009 del Ministerio del Trabajo sobre la exposición a los riesgos profesionales ha evaluado a 2,4 millones de asalariados (es decir el 13,5% de los asalariados, de los que el 70% son obreros, nota de la redacción) los que habían sido expuestos, la semana precedente a la encuesta, a al menos 25 cancerígenos listados. Pero esta evaluación es mínima porque existen varios centenares de cancerígenos que no han sido tenidos en cuenta en la encuesta. De igual manera que no se han tenido nunca en cuenta los productos utilizados en la degradación de un proceso industrial: los humos de combustión, los polvos, los disolventes de pinturas que se convierten volátiles cuando se limpian los aviones, por ejemplo.

 Entonces, la directiva europea Reach ¿no sirve para nada?
 No, está vacía de sentido porque ha introducido un principio: los industriales tienen que hacer pruebas de no toxicidad del producto que vayan a utilizar. Pero hay un retardo abismal. Sólo algunas decenas de productos son examinados y ninguno ha sido prohibido en esta etapa.

 ¿Hay una epidemia de cáncer entre los trabajadores?
 Sí, hay un agravamiento de las desigualdades frente al cáncer. En 1980, un obrero tenía cuatro veces más riesgo de morir de un cáncer antes de los 65 años que un mando superior. En el año 2000 ¡hay diez veces más! Y estos cánceres están unidos a la exposición, en el lugar de trabajo y sobre un largo periodo de tiempo, a múltiples cancerígenos, y no a especificidades biológicas.

 Entonces, los riesgos aumentan a pesar de que también aumenta el conocimiento sobre estos riesgos. ¿Esto no es una paradoja?
 Sí. Y también tiene lugar el hecho de que los obreros no tienen elección. En numerosos sectores, el modo de funcionamiento dominante es la subcontrata del trabajo, con subcontrata de los riesgos. En la industria nuclear, el 90% del trabajo de mantenimiento se hace por empresas subcontratadas en las que los empleados soportan del 80% al 90% de exposición a las radiaciones ionizantes en unas condiciones de trabajo catastróficas. Se les exige una gran flexibilidad, una movilidad geográfica forzada. Sus condiciones de intervención se agravan, su trabajo se intensifica. Para respetar los plazos cada vez más cortos, pueden encadenar hasta 20 horas dentro de un edificio reactor nuclear. No solo se pone en peligro su salud sino también la seguridad de las instalaciones nucleares. Cuando se piensa en las nucleares se habla de riesgos de accidentes -presentes por este modo de funcionamiento- pero no se piensa nunca en las decenas de millares de asalariados sacrificados de este sector, de los que un cierto número de ellos en edades comprendidas entre los 45 y los 55 padecen de cáncer.

 ¿Los poderes públicos han abdicado?
 Los industriales se burlan de ellos, pues a pesar de las preconizaciones de los científicos, ponen constantemente en duda los peligros que sus empleados corren. Y tienden a presentar estos peligros profesionales como inevitables y normales. Lo cual es falso. Cuando hay un accidente de trabajo, se indemniza -muy mal, por otra parte- sin examinar la causa del peligro industrial responsable del accidente... (Traducido por Carmen García Flores). Fuente: http://www.terraeco.net/Les-industriels-mettent,45726.html

Resumen del curso en ciencias, tecnología y sanidad en el NYT

Vídeo sobre ciencias, estudio de animales marinos luminiscentes y su relación con la contaminación http://nyti.ms/KTCJXR


Across The Universe, por Rufus Wainwright. La canción es de The Beatles. Aquí la cantan ellos con Ravi Sahankar.

 

Carlos Jiménez Villarejo en la Universitat de Barcelona. Entre la crisis social y el deterioro democrático

En el Campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge de la Universidad de Barcelona venimos realizando acciones reivindicativas desde el pasado 15 de marzo. Lo hacemos porque estamos hartos de que unos pocos decidan sobre nuestras vidas. Y es en este marco que invitamos a Carlos Jiménez Villarejo que fue fiscal anticorrupción, cargo del que fue cesado por el Gobierno del PP. Un hombre que siempre fue y siempre es defensor de la democracia y las libertades y los derechos humanos.

No nos van a engañar más: las Administraciones Públicas han sido conquistadas por personas con una escala de valores en la que los beneficios individuales están por encima de los derechos sociales. Sólo así se puede entender que decidan, de manera unilateral, que derechos fundamentales amparados por nuestra Constitución, tales como la sanidad y la educación, sean vulnerados.

Estas personas están cercenando derechos mientras no muestran ninguna voluntad política para aplicar, por ejemplo, una reforma fiscal para tener un sistema de impuestos que realice una redistribución de la riqueza más justa. Y al no hacer esta reforma vulneran, a la vez, otro artículo Constitucional, el 31, donde explicita que todos contribuiremos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica, es decir, que grave más a los sectores pudientes y menos a los sectores populares.

Tampoco hay ningún tipo de voluntad por parte de los poderes políticos de desmantelar lo que sí habría que desmantelar, los paraísos fiscales, refugio de los delitos cometidos en el mundo. Tampoco se ve voluntad alguna para crear lo que viene reclamando ATTAC hace mucho, la creación de una tasa a las transacciones financieras internacionales, la tasa Tobin, que supondría el cobro de un 1% sobre las transacciones, con lo que se cobraría 600.000.000 €. Ni quieren que el IVA sobre productos de lujo crezca del 18% al 25%. Ni quieren que las SICAV (sociedades de capital variable) pasen de tributar del 1% al 5%.

Pero estas personas, que son pocas pero muy poderosas, sí que permitieron, por ejemplo, que César Alierta cobrase 10 millones de euros en el 2011, dinero con el que se resolverían los problemas de cualquier universidad pública.

A toda esta catástrofe se suma el atropello a otros derechos fundamentales con la anunciada reforma del código penal que pretende, por ejemplo, tipificar como delito la resistencia pasiva. Un anticipo de esta desproporcionalidad son las medidas que se tomaron con tres estudiantes de nuestra Universidad: estuvieron 33 días en prisión preventiva desde el día de la última huelga general. En el ámbito de la justicia, como en el económico, hay un uso sesgado de las leyes. Basta con recordar el caso Palau para comprobar la injusticia: en este caso se tomaron unas medidas cautelares inimaginables de lo leves que fueron. ¿Quién está poniendo en peligro los cimientos del Estado democrático, estos estudiantes de la Universidad o Mario Draghi que antes de ser Presidente del BCE fue Vicepresidente de Goldman Sachs, uno de los bancos responsables de la crisis financiera, y que como dice Carlos Jiménez Villarejo en otro sitio, se le podría calificar -le calificamos, vaya- de persona peligrosa para la economía mundial?

Todos esto demuestra el poder arrollador del evangelio de los mercados financieros, ni siquiera el fascismo consiguió lo que el capitalismo está logrando sin militares, conducir a la mínima expresión el Estado y la democracia. Ahora la coartada no es una dictadura, una Junta Militar, ahora el pretexto es la crisis. Tesis que también ha demostrado Naomi Klein en La Doctrina del Shock, antes los shocks económicos que empobrecían a millones de personas necesitaban de una epidemia de torturas que castigaban a los que creían en una sociedad distinta. Pero actualmente nos encontramos ante un terrorismo económico devastador que tiene la deuda como arma, no las dictaduras. No nos van a engañar más: lo que intentan es que la clase media asuma todos los gastos y se vuelva indigente apropiándose de la riqueza nacional para que pase a menos manos.

La situación es mala, pero podría empeorar aún más, por eso necesitamos acciones como la del 15 M. Este colectivo presentó una denuncia a la Fiscalía de Catalunya el pasado 21 de marzo, denunciaban que con la aplicación de los recortes en sanidad se está legislando en contra de una garantía constitucional. Presuntos delitos que apuntan a la responsabilidad de altos cargos de la Generalitat de Catalunya, hechos que han provocado el deterioro del sistema sanitario público catalán en beneficio del sector sanitario privado en el que tienen y han ocupado altos puestos. El día 15 de mayo nos enterábamos de que la Fiscalía daba un portazo a la denuncia, pero hay derrotas que tienen más dignidad que la misma victoria, y por eso se sigue luchando, con independencia de este resultado.

El mundo no va camino de ser feliz, estamos ante un capitalismo fundamentalista, friedmanista, que no tiene ni compasión. Por eso hemos de plantar cara al miedo, como Carlos Jiménez Villarejo, un hombre valiente que practica la valentía, porque parafraseando a Machado se es bueno cuando se es valiente. Gema Sanz Botey.

Ver conferencia en vídeo: http://vimeo.com/41976225