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jueves, 19 de octubre de 2017

_- Francia. Los recortes de Macron logran la primera unidad sindical en diez años

La Vanguardia

Varios centenares de miles de funcionarios pararon o salieron a la calle en protesta en Francia contra la degradación de la función pública, en un momento en el que el Gobierno del joven y voluntarioso presidente Emmanuel Macron se dispone a aplicar nuevos recortes.

El cuchillo del recorte social neoliberal corta muy fino en Francia pero el suyo es un corte constante: desde hace treinta años, una generación. Y parece que empieza a tocar hueso. Basta con conversar con cualquier funcionario del sistema hospitalario o enseñante del sistema de la educación nacional. Siempre la misma descripción: profesionales agotados, centros en estrés y frustración, mucha frustración, sobre todo entre los funcionarios veteranos que tienen una perspectiva biográfica de la lenta degradación.

miércoles, 7 de junio de 2017

Fascismo y luchas proletarias en Hawái, 1920-1946

Rafael Rodríguez Cruz

La anexión violenta de Hawái en 1898 fue un acto genocida por parte de la marina de guerra estadounidense en contra de la población autóctona de ese archipiélago del océano Pacífico. Durante la conquista final del territorio, acontecida casi simultáneamente con la invasión de Puerto Rico, no se invocaron ni propósitos civilizadores ni promesas de «derramar sobre los habitantes las garantías y bendiciones de las instituciones liberales» del gobierno estadounidense. Fue un acto frío, desapasionado, como ocurre en cualquier transacción económica de bienes raíces y mercaderías.

Efectivamente, lo acontecido en Hawái en el verano de 1898 adoptó, para algunos intereses, la forma de una mera relación contractual. Desde 1894, el archipiélago vivía bajo un gobierno provisional, resultante de un golpe militar violento impulsado por la burguesía anglosajona residente en las islas y los oficiales de la marina estadounidense. Aunque este gobierno provisional proclamó de inmediato la constitución de la República de Hawái, lo cierto es que se mantenía en el poder gracias a las tropas «extranjeras». La masa de la población hawaiana se había enfrentado sin éxito al golpe de estado, al menos en dos ocasiones. Más de un siglo de violencia por parte de los anglosajones invasores, sin embargo, no solo había mermado drásticamente el número de aborígenes, sino que representó el que estos perdieran sus tierras y recursos ancestrales. Por eso, cuando el gobierno provisional de Hawái ofreció la bahía de Pearl Harbor a la marina a cambio de la anexión, era muy poco lo que la población oriunda podía hacer. El genocidio era ya un hecho consumado. El Congreso de Estados Unidos, con su arrogancia imperial característica, declaró a Hawái «territorio incorporado». Después de eso, nadie mostró mucha prisa en convertirlo en estado de la nación: ni el imperio ni la burguesía anglosajona residente en el archipiélago...

Tarifa arancelaria y boom de exportación

La alianza entre la burguesía anglosajona de Hawái y la marina estadounidense se selló con la transformación del archipiélago en un «territorio incorporado» de Estados Unidos. En la legislación territorial estadounidense esto significaba la futura conversión de las islas en un estado más de la unión norteamericana, con representación proporcional en el Congreso. Pero la clase dominante de Hawái no estaba en 1898 para otra cosa que no fuera la explotación de los recursos expropiados a los pobladores originales. Lo que le importaba era la plena inclusión de Hawái en la tarifa azucarera del imperio. Esta última, bajo los términos del Acta Tarifaria de 1897, era ahora de 1,685 centavos por cada libra de azúcar no refinada que se producía en el país o que se importaba de los territorios, incorporados o no a la nación. Es decir, el precio de cada libra de azúcar hawaiana en el mercado de California era, a partir de 1900, equivalente al precio en el mercado mundial más el bono arancelario de 1,685 centavos.

El efecto de la inclusión plena de Hawái en el arancel de 1897 no se hizo esperar. Las plantaciones de azúcar del archipiélago entraron en sincronía con el ciclo de la agricultura capitalista estadounidense. Precisamente en 1900 comienzan la época dorada del capitalismo agrario en Estados Unidos. Por dos décadas, 1900-1920, los precios de las materias primas ligadas a la producción de alimentos registrarían un crecimiento extraordinario en todo el país. Entre las materias básicas de la producción de comida, el azúcar era un rey.

Ni boba ni perezosa, la burguesía anglosajona de Hawái estableció trece nuevas flamantes plantaciones azucareras entre 1900 y 1913, que vinieron a representar un incremento de 130,000 acres bajo cultivo. Dado que ahora Hawái, bajo las leyes federales de exclusión de 1882, no podía seguir importando trabajadores de China y Japón, los dueños de las plantaciones en el territorio incorporado comenzaron un programa de importación masiva de fuerza de trabajo desde Filipinas.

La nueva fase expansiva de cultivo y exportación de azúcar hawaiana se vio favorecida también por la revolución en las condiciones generales de producción. Entre otras, la apertura del canal de Panamá, que conectó a Hawái con el mercado de productos agrícolas en la costa del Atlántico; el tendido del cable transoceánico, que permitió la comunicación inmediata con el resto del país; la electrificación y telefonía, que facilitó la organización de la industria y, finalmente, la construcción de nuevos muelles marítimos, que agilizó la exportación del azúcar.

La burguesía haole

La anexión de Hawái por Estados Unidos fue la última expansión del territorio norteamericano por la vía característica del capitalismo de libre competencia. En cuanto a la población originaria del archipiélago, todo fue idéntico al proceso de poblamiento de los territorios indígenas de las Grandes Praderas. De hecho, fue casi una réplica exacta de los eventos genocidas de la conquista y destrucción de la civilización dakota en lo que hoy es Minnesota, acontecidos entre 1830 y 1864. Pero, en lo que toca a los residentes blancos que controlaban la tierra y recursos económicos de Hawái desde 1846, no fue un acto imperial. La burguesía comercial y misionera del archipiélago no cedió ni un ápice de su control económico y político interno en 1898 ni después. Incluso la rápida expansión de la economía de plantaciones azucareras fue financiada completamente por la población rica de «haoles», o sea, por los euroamericanos que poblaron a Hawái a expensas de los habitantes originarios. De hecho, estos intereses crearon el Banco de Hawái, precisamente en 1898, para que frenara cualquier intento de dominación por la banca de California. Se trata, pues, de la última vez que se abrió la frontera nacional para que un grupo de burgueses pasaran a formar parte alícuota de la gran burguesía estadounidense. Ni siquiera el caso de Alaska siguió ese camino.

Estructura monopolista y rasgos semifeudales

El rasgo más sobresaliente de la economía de Hawái en 1910 era su centralización e independencia frente al imperio. Efectivamente, para esa fecha un número reducido de haoles eran dueños de casi la totalidad de los recursos de las islas. Se trataba de un imperio interno, que incluía, entre otras cosas, plantaciones azucareras, bancos, la industria de seguros, el transporte interno y externo, ferrocarriles, la distribución de productos minoristas, y el almacenamiento.

La imagen idílica y tropical de Hawái contrasta con una estructura de centralización de capitales que parecía sacada de un capítulo de El Imperialismo: Fase superior del capitalismo. En ningún lugar de Estados Unidos, y posiblemente de toda Europa, había un cuadro de monopolización y centralización tan extrema de capitales y actividades económicas, como en Hawái en 1910. Cinco grandes compañías azucareras, con sede local, controlaban todo. Estas eran: Castle & Cooke, C. Brewer, American Factors, Theo H. Davies y Alexander & Baldwin. Las apodaban las Cinco Grandes.

También los métodos de organización corporativa de las Cinco Grandes parecían sacados de un manual avanzado de centralización de la economía: directores compartidos, propiedad directa sobre las acciones, compañías «holding», acuerdos monopolistas de transporte y financiamiento conjunto vía el Banco de Hawái. Pero los personajes de todas estas operaciones corporativas eran los mismos: un grupo exclusivo de familias anglosajonas, que acumularon su riqueza y poder entre 1846 y 1898. Sobre todo, y para asegurar la lealtad, estaban unidos por un entrelazado sistema de matrimonios y relaciones sanguíneas, cultivado puntillosamente por décadas de vivir como aristócratas feudales frente al resto de la población, en particular los hawaianos.

De las Cinco Grandes, la más vieja y poderosa era Castle and Cooke. Además de poseer extensas plantaciones de caña por todo el archipiélago, esta compañía ejercía un control dominante sobre las finanzas, el almacenamiento y las comunicaciones en Honolulu. Creada por los misioneros calvinistas que llegaron en 1860 desde Boston, este agresivo poder monopólico combinaba la religión y la violencia para ejercer su poder sobre toda la población originaria y la fuerza de trabajo agrícola. En 1914, logró que le transfirieran, sin costo alguno, todas las propiedades hasta entonces en manos de ciudadanos de origen alemán. La Castle and Cooke era también el socio mayor en el Banco de Hawái, en la Hawái Electric Company, en la Hawaiian Pinneaple Company y en el periódico Honolulu-Star Bulletin.

Por debajo de la Castle and Cooke estaban las demás compañías, cuyos dueños operaban como señores feudales menores en cada uno de las islas del archipiélago. Algo así como el modo de producción feudal en el antiguo continente asiático.

Dependencia frente al imperio

A pesar del control extraordinario de la economía local por la burguesía haole, Hawái no pudo escapar completamente a ciertos rasgos de dependencia frente al imperio. En primer lugar, todo el boom agrícola presuponía la estabilidad de la cuota azucarera, y esta se establecía anualmente por el Congreso. En la legislación territorial estadounidense los «territorios incorporados» eran semicolonias; es decir, áreas en tránsito a la condición de provincia ‘estado’, pero sin representación en el gobierno federal. Los productores hawaianos no controlaban su lugar en el mercado de azúcar de la nación.

En segundo lugar, la presencia física de la marina de guerra estadounidense en Pearl Harbor actuaba como un freno ante todo intento de la burguesía local de cuestionar los intereses estratégicos y globales del imperialismo en el océano Pacífico; es decir, de colaborar con otros imperios. Hawái le importaba a Washington no tanto por el azúcar, como por su lugar en el pujante comercio con las naciones de Asia. En eso el gran capital financiero no se corría riesgos, ni siquiera con sus hermanos de sangre.

La garantía efectiva de que la burguesía blanca de Hawái no se saliera de su sitio se estructuraba día a día a través de una persona de confianza de los altos mandos militares en Washington: Walter Francis Dillingham. Mr. Hawái, como lo bautizaron en la capital federal, era un ciudadano bona fide de Hawái, que heredó grandes extensiones de terrenos y ferrocarriles de sus antepasados haoles en el archipiélago. Además, era dueño de una compañía de dragado y construcción de puertos y facilidades de almacenamiento. La marina de guerra de Estados Unidos lo escogió como su punta de lanza en el archipiélago. Así, el Dillingham Industrial Complex era el beneficiario exclusivo de los contratos para el mantenimiento y reparación de las facilidades de la base naval de Pearl Harbor. Dillingham era el que actuaba como representante de la marina en todas las decisiones políticas que se tomaban dentro y fuera del archipiélago, incluyendo la selección del gobernador del territorio. En otras palabras, él implementaba tras bastidores el control de Washington sobre el diseño del gobierno territorial. Hawái tenía un valor geopolítico demasiado grande como para confiar en nadie.

Absolutismo y dictadura

Dada la composición étnica de la población de Hawái y el sistema electoral heredado del siglo XIX, la burguesía haole no podía mantenerse en el poder sino con un gobierno particularmente fuerte frente a los habitantes no anglosajones. Cierto es que bajo la legislación de expansión territorial estadounidense el nombramiento de los gobernadores territoriales era prerrogativa del presidente de la nación. Estos ejecutivos locales, por ejemplo, fueron los que durante toda la segunda mitad del siglo XIX implementaron las políticas genocidas de Washington en las Grandes Praderas y el oeste norteamericano. Algunos hasta tenían títulos militares. Pero Hawái era otra cosa; en parte por la distancia geográfica del continente y, en parte, por la realidad de que la población anglosajona era numéricamente estable. De hecho, al momento de la invasión, la inmensa mayoría de los trabajadores de las plantaciones eran chinos y japoneses. En 1900 comienzan a llegar miles de filipinos y puertorriqueños, para compensar la prohibición de entrada de trabajadores de China y Japón aprobada por el Congreso en 1882 (y entonces aplicable a Hawái). Todos, absolutamente todos los inmigrantes, eran necesarios para el funcionamiento normal de la agricultura de caña de azúcar. Y los filipinos, en particular, venían con una tradición de lucha y rebeldía. El poder de la burguesía blanca residente en Hawái no podía mantenerse internamente, sino con el establecimiento de una dictadura racial similar a la que existía desde 1864 en el sur esclavista.

Fue precisamente Dillingham quien negoció en Washington para el establecimiento de un gobernador territorial extraordinariamente poderoso en Hawái. Este sería nombrado en Washington, pero sujeto al agrado de las Cinco Grandes. En particular, tenía que ser un residente bona fide del territorio incorporado, o sea, un miembro de la casta de haoles.

Dualidad de la economía

Otra característica de la economía hawaiana bajo el régimen de territorio incorporado era su dualidad. Al igual que Puerto Rico y otras naciones tercermundistas, Hawái era un país especializado en el monocultivo y exportación de materias primas. El azúcar suplía las necesidades del capital industrial invertido en la producción de alimentos en los centros urbanos de la metrópoli. Pero, contrario a lugares como Puerto Rico, cinco grandes compañías locales, es decir, no absentistas, tenían un monopolio absoluto de la producción y el comercio exterior del archipiélago. En 1910, por ejemplo, las Cinco Grandes producían 7 de cada 8 toneladas de azúcar para la exportación. Pero la exportación, como tal, estaba 100% en manos de barcos y compañías de transporte de la burguesía haole. Ni una sola libra de azúcar del archipiélago salía en barcos que no fueran propiedad, directa o indirectamente, de las Cinco Grandes. Y ni una sola libra de productos importados llegaba de otro modo. Todo el movimiento de mercaderías, hacia fuera o hacia adentro, tenía que hacerse a través de la Matson Navigation Company. Lo mismo ocurría con el transporte de personas.

En 1906, desafiando la lógica del imperialismo, las Cinco Grandes comenzaron a exportar capitales a Estados Unidos. Así, para garantizar sus ganancias monopólicas, crearon la California and Hawaiian Sugar Company en Crockett, California. Esta se convirtió pronto en una de las refinerías de azúcar más grandes del mundo. La totalidad del azúcar exportado de Hawái era refinada, comercializada y distribuida en la costa occidental de Estados Unidos por esta compañía, controlada 100% por la burguesía haole de Hawái. Esta integración vertical, propia de los monopolios descritos por Hobson y Lenin, hizo posible que las Cinco Grandes entablaran una competencia frontal con las refinerías de la costa del Atlántico, que se suplían de las materias primas baratas llegadas de Cuba y Puerto Rico.

Falsa reforma agraria

Uno de los acontecimientos más desvergonzado en la historia del genocidio de los habitantes originarios de Hawái fue la reforma agraria de 1921. Reducida a una sexta parte de lo que fue a principios del siglo XIX, y ya despojada de sus terrenos ancestrales, la población oriunda del archipiélago comenzó a reclamar la reposesión de las tierras en las plantaciones y su distribución entre los pequeños campesinos. No era propiamente un movimiento para la nacionalización de la tierra, pues buena parte de los terrenos en las plantaciones capitalistas eran formalmente propiedad pública desde los tiempos de la expropiación agraria de 1848, conocida como Gran Mahele. Cerca de 40% de la tierra arable pasó a mediados del siglo XIX a ser propiedad del gobierno. Pero estos terrenos, cuya titularidad estaba protegida por la constitución local, fueron dados en arriendo indefinido a las Cinco Grandes a un precio meramente nominal. Lo mismo pasaba con las extensas áreas de terrenos preservadas por la monarquía hawaiana.

Ante la situación de pobreza extrema del pequeño campesino hawaiano, y ante la indiferencia de la cultura racista haole, el Congreso de Estados Unidos aprobó en 1921 la Hawaiian Rehabilitation Act. Esa ley proveía para la distribución de 200,000 acres de terrenos públicos entre los miles de hawaianos sin techo, que se concentraban en lugares como las «villas de miseria» alrededor de Honolulu. Además, en un lenguaje que hace recordar a las falsas reformas para el supuesto beneficio de los indígenas del continente, la Hawaiian Rehabilitation Act se justificó como un acto liberal de restaurar la cultura hawaiana. Pero casi en una réplica exacta de lo sucedido en 1864 con el pueblo sioux en Minnesota, la inmensa mayoría de los terrenos distribuidos entre los campesinos hawaianos en 1921, estaban localizados en áreas rocosas, arenosas y sin valor agrícola alguno. Más aún, el acta permitió la renovación indefinida de todos los contratos de arrendamiento que beneficiaban a las Cinco Grandes, y removió, sin pudor alguno, todas las restricciones al latifundismo en el archipiélago.

De lo demás se encargaron las fuerzas de los monopolios. Menos del 2% de los terrenos distribuidos en 1921 al campesinado pobre era cultivable. Pero incluso estos cayeron enseguida en manos de las Cinco Grandes. Al carecer de medios de transporte independientes, los pequeños agricultores no tenían otra alternativa que someterse al capricho de los monopolios que controlaban el mercado interior y la compra y venta de productos agrícolas. La poca tierra valiosa pasó rápidamente, por la vía de quiebras forzadas, a manos de la burguesía haole.

¿Cuál fue el resultado la gran reforma agraria de 1921? El mismo de la gran repartición de 1848, pero con mayor impacto humano. Los terrenos infértiles repartidos a los campesinos pobres se convirtieron en arrabales y barrios precarios. La inmensa mayoría de la población originaria de Hawái quedó ahora presa indefinidamente en una condición de depresión económica y social. Comenzó entonces a desarrollarse la industria de entretenimiento a los turistas, reduciendo toda la riqueza cultural del pueblo hawaiano a una caricatura grotesca para beneficio de los visitantes anglosajones.

Finalmente, fue bajo la Hawaiian Rehabilitation Act de 1921 que la burguesía haole del archipiélago se embarcó a gran escala en la construcción de un imperio de producción y exportación de piñas. Como todo en Hawái, esto implicó el uso de métodos violentos por las Cinco Grandes para asirse con la mayor parte del botín. Pronto Hawái monopolizaría el mercado mundial de este producto. Ya a fines de la década, las Cinco Grandes empleaban más de 35,000 obreros en esta industria.

¿Y qué pasó con el sueño de convertir a Hawái en un estado? Pues quedó engavetado. La burguesía anglosajona que se batió a tiros con la monarquía en 1893 buscando la anexión a Estados Unidos, se declaró en 1921 partidaria de continuar para siempre bajo la condición de «territorio incorporado». Ya no eran estadistas, sino autonomistas, como la burguesía colaboracionista y antinacional en Puerto Rico. Dios los cría y el azúcar los junta.

Estructura de clase

La estructura de clases de la sociedad hawaiana durante toda la primera mitad del siglo XX combinaba la explotación agrícola capitalista moderna con una rígida estratificación racial y étnica, que en sus formas externas se asemejaba a un sistema de castas semifeudales. En la cima de esa estratificación social estaban las Cinco Grandes; en realidad, un pulpo que mantenía un monopolio absoluto sobre la producción y exportación de azúcar y piñas en el archipiélago. El núcleo de la clase capitalista anglosajona de Hawái era uno con estas poderosas compañías. A través de relaciones familiares, y de su puntillosa atención a la pureza cultural y racial, la minoría de residentes blancos dominaba todo, incluyendo la banca, las operaciones de bienes inmuebles, el financiamiento y la importación y distribución de bienes internamente. Ni siquiera la clase esclavista del sur era tan racista y virulentamente opresiva. Esto, en gran medida, porque tenían el apoyo incondicional de la marina de guerra más poderosa del mundo.

Además de explotar directamente a la clase trabajadora, con miras a apropiarse de la plusvalía creada en la producción de materias primas, los haoles mantenían un sistema indirecto de opresión económica sobre el conjunto de la población a través del mercado. Las Cinco Grandes controlaban 90% de las ventas minoristas de Hawái y el 100% del mercado de dinero. Así, importaban medios de vida del continente y, dada la ausencia de una agricultura orientada al mercado local, imponían precios exorbitantes sobre los productos más básicos, como los vegetales, las carnes, la leche y las harinas. Los mismos trabajadores que generaban cuantiosas sumas de plusvalía, no podían sobrevivir si no era comprando a crédito en las tiendas de las plantaciones. La engreída clase capitalista blanca de Hawái, cuyos hijos atendían las mejores universidades de Estados Unidos y practicaban con obsesión el deporte de polo, no tenía reparo alguno en lucrarse de los préstamos de usura a pequeños comerciantes y trabajadores desesperados. Todo, mientras predicaba ardientemente los preceptos de la religión y cultos calvinistas. Ni Elmer Gandry, en la novela El Fuego y la palabra (Sinclair Lewis, 1927), identificaba tanto el comercio con la falsa devoción a los cultos protestantes.

La clase obrera y el sistema de castas

En la base de la pirámide social y económica de Hawái estaba una clase trabajadora multiétnica como pocas. Desde mediados del siglo XIX, la burguesía haole dominaba mediante un rígido sistema de explotación basado en la segmentación racial de los trabajadores en las plantaciones.

En realidad, toda la formación social hawaiana durante la primera mitad del siglo XX reflejaba una división del trabajo por origen étnico. Así, por ejemplo, la población china estaba concentrada en los pequeños negocios; la japonesa, en las pequeñas empresas y como asalariados en las plantaciones; la portuguesa, en la artesanía y la supervisión de otros grupos étnicos; los filipinos, en los trabajos menos remunerados en las plantaciones; los hawaianos, en los muelles y la construcción, y los blancos asalariados, en la vigilancia y los trabajos clericales. Dentro de cada sector laboral, los trabajadores eran agrupados por su país de origen. Las escalas salariales correspondían al origen nacional. En la cima, estaban los blancos; completamente abajo, los filipinos; a mitad de camino, los japoneses y puertorriqueños. Además, no se permitía interacción alguna entre los trabajadores de distintas etnias, ni en el desempeño de las faenas ni en los lugares de vivienda propiedad de las plantaciones.

El sistema de fragmentación racial de la clase trabajadora impuesto violentamente por la burguesía blanca de Hawái era objeto de estudio constante por los académicos de la Universidad de Hawái, quienes desarrollaron índices para clasificar la «eficiencia laboral e intelectual» de los distintos grupos raciales. Los filipinos, que junto a los japoneses constituían la gran masa de los trabajadores de las plantaciones, eran considerados personas de inteligencia subhumana y merecedores de la paga más baja. Todavía en 1940 las plantaciones azucareras de Hawái eran notorias por sus métodos viciosos de explotación y maltrato de los trabajadores no anglosajones; también, por el racismo y asesinato de familias obreras. Un representante de la agencia federal encargada de supervisar las negociaciones sindicales, la National Labor Relations Board, visitó Hawái en 1940, y caracterizó el clima laboral como «dominado abiertamente por el fascismo».

Mantener un estado constante de opresión y vigilancia sobre una gigantesca masa de trabajadores no anglosajones dispersa por el archipiélago requería de un despliegue constante y omnipresente de las fuerzas represivas. En el corazón mismo del modelo fascista hawaiano estaban tres instituciones: la Asociación de Patronos Industriales de Hawái, el Departamento de Policía de Hawái y las agencias de inteligencia ligadas a la marina de guerra. A ellas se sumaban gangas de verdaderos blancos malhechores que, pagados por las Cinco Grandes, hacían el trabajo sucio de dar golpizas, secuestrar trabajadores y deportar a la fuerza a los líderes obreros militantes. Se trataba, pues de un clima político y represivo que nada tenía que envidiarle a las bandas fascistas de la década de los treinta en la agricultura de California. Curiosamente, en ambos lugares, Hawái y California, el fascismo surgió vinculado al racismo en contra de la militancia natural de los trabajadores inmigrantes.

Las huelgas obreras y los fascistas, 1920-1938

El obstáculo mayor para la organización de los trabajadores en el archipiélago hawaiano era el sistema de fragmentación racial y étnica creado por la burguesía anglosajona. Además de la escala salarial diferenciada, cualquier intento de organización sindical llevaba al despido masivo de trabajadores de un grupo y su rápida sustitución por los de otro, igual o más necesitados de empleos. O simplemente a la represión con métodos fascistas.

En abril de 1909, ante la imposibilidad de vivir con los salarios miserables que recibían, más de 7,000 trabajadores japoneses se lanzaron a la huelga en las plantaciones. Las bandas de fascistas anglosajones no tardaron en responder. Más de 100 líderes obreros fueron encarcelados por el delito, inventado en medio de la huelga, de «interferir con las operaciones de las plantaciones». La huelga duró tres meses y fue un fracaso para la población obrera japonesa, debido a la división racial del proletariado.

En 1920 la clase obrera hawaiana intentó, por primera vez en la historia del archipiélago, movilizarse solidariamente y por encima de las diferencias étnicas y de lenguaje. Miles de trabajadores japoneses y filipinos se lanzaron simultáneamente a la huelga en varias plantaciones. Pero esta vez la respuesta de la burguesía haole fue más severa. Bandas de fascistas anglosajones, pagadas por los patronos, removieron por la fuerza a miles de familias trabajadoras de sus hogares en las plantaciones. Surgieron así, en el oeste de Honolulu, extensas villas de miseria pobladas por familias sin techo. Aunque el conflicto laboral duró más de seis meses, al final las epidemias de influenza que brotaron en los arrabales lograron lo que los fascistas no pudieron: que los trabajadores desistieran de sus reclamos y volvieran humillados a la explotación en las plantaciones.

En 1924 ocurrió una repetición de los eventos de 1909, pero ahora con un proletariado filipino políticamente consciente. Más de 13,000 trabajadores filipinos se lanzaron a la huelga, preparados para defenderse físicamente de los fascistas. En uno de los muchos enfrentamientos murieron cuatro policías y 16 trabajadores. La burguesía haole, temerosa de la combatividad de los trabajadores filipinos, recurrió en 1924 a la importación de dos pelotones de guardias nacionales armados con metralletas. La totalidad del liderato obrero, ascendente a 60 líderes, fue encarcelado por cuatro años.

La huelga de trabajadores filipinos en 1924 marcó para siempre los parámetros de la lucha de clases en Hawái. La burguesía anglosajona puso en movimiento sus mejores instrumentos de opresión clasista. De un lado, la fuerza bruta de los soldados y las bandas fascistas en la calle; del otro, un arsenal de leyes que parecían sacadas del siglo XXI: el Acta de Sindicalismo Criminal, aprobada en 1919; el Acta de Publicaciones Anarquistas, aprobada en 1921, y el Acta Prohibiendo los Piquetes, aprobada en 1923. A partir de 1925 comenzaría también la deportación de miles de huelguistas filipinos.

Desde el punto de vista de las luchas proletarias se hizo evidente que solo un movimiento huelguista multiétnico podía derrotar al fascismo de la burguesía haole. La coyuntura de lucha de clases en Hawái mostraba los elementos básicos para el ascenso del fascismo: una clase obrera combativa y una clase dominante en guerra abierta con el proletariado. Pero el sistema de fragmentación étnica del proceso de trabajo, así como las diferencias culturales y lingüísticas, impedían una movilización efectiva de los trabajadores en contra de las Cinco Grandes. De hecho, en 1936 estalló una huelga de obreros del transporte interno en Honolulu-Hilo. Aquí se concentraban los trabajadores de origen hawaiano. Nuevamente, la burguesía haole movilizó bandas de fascistas armados que golpearon, secuestraron y encarcelaron a los líderes del movimiento. La huelga duró dos años. El 1 de agosto de 1938 un contingente de 500 trabajadores fue atacado por 60 policías que escoltaban un barco rompehuelgas en la bahía de Hilo. Más de cincuenta obreros sufrieron heridas de bala.

Unidad obrera y derrota del fascismo: 1946

Justo en los años finales de la Segunda Guerra Mundial, la clase trabajadora hawaiana se embarcó en uno de los esfuerzos organizativos más impresionantes en la historia del sindicalismo progresista en Estados Unidos. Se trataba de integrar a todos los trabajadores del archipiélago (japoneses, chinos, filipinos, hawaianos y puertorriqueños) en un solo sindicato que los representara sin distinción. No era algo fácil, pues los trabajadores ni siquiera tenían un lenguaje en común. Mas, para gloria de esta sufrida clase trabajadora, los esfuerzos fueron más que exitosos.

El 1 de septiembre de 1946, bajo el liderato de la International Longshoremen’s and Warehousemen Union (ILWU), cerca de 26,000 trabajadores de la industria del azúcar en Hawái se fueron a la huelga al unísono. El paró duró solamente 79 días, pero durante esas ocho semanas 33 de las 34 plantaciones azucareras del archipiélago estuvieron completamente inactivas. Además, no solo los trabajadores del azúcar se fueron a la huelga, a ellos se unieron enseguida los empleados de todas las subsidiarias y empresas controladas indirectamente por las Cinco Grandes.

En 1946 los trabajadores se unieron verdaderamente por encima de las diferencias raciales y étnicas. De hecho, la comunidad entera, salvo la burguesía haole, se solidarizó con el paro. En todas y cada una de las islas del archipiélago surgieron comités de apoyo a los huelguistas. También florecieron por todas partes centros improvisados para la alimentación de los trabajadores, grupos de recaudación de fondos, organizadores de actividades culturales y de deporte, así como personas encargadas de la educación política. De acuerdo con el Centro para la Investigación y Educación Laboral, de la Universidad de Hawái, más de 50,000 personas se integraron activamente a los comités de apoyo a los huelguistas. Algunas se encargaban incluso de preparar los comunicados en todos los idiomas, para asegurase de la mayor participación posible.

Fortalecidos por la recién desplegada energía de la solidaridad multiétnica, la clase obrera del archipiélago, los no haoles, exigieron el reconocimiento de la unión, así como un contrato único y universal, que protegiera a todo el mundo. Y no se limitaron a la demanda de aumentos salariales, también pidieron mejores viviendas, mejor cuidado médico y el establecimiento de pensiones de retiro. Con la ayuda del nuevo sindicato, los descendientes de los miles de trabajadores de color, tantas veces vilipendiados y maltratados por la burguesía blanca de Hawái, demandaron el fin de la segmentación racial y étnica de los lugares de trabajo, así como la igualdad de salarios entre las razas. Para júbilo de las miles de familias hawaianas, japonesas, filipinas, chinas y puertorriqueñas que apoyaron la Gran Huelga de 1946, la burguesía anglosajona de Hawái claudicó ante la presión del sindicato y la comunidad proletaria entera. Todos los objetivos del paro fueron logrados. En 79 días, la unidad multiétnica y multirracial de los trabajadores del archipiélago puso freno a los extremos racistas de uno de los regímenes de opresión más abusivos del siglo XX. El fascismo de la burguesía blanca de Hawái había tropezado con un adversario formidable: la unidad de los trabajadores por encima de sus diferencias étnicas y raciales.

La lucha de clases continuaría, naturalmente, e incluso plantearía nuevos retos en la postguerra. Pero, en adelante, la clase obrera de Hawái, tendría un instrumento efectivo para afirmar sus intereses: la unidad sindical.

Referencias

Albizu Campos, P. (1975). (Torres, B., ED). Obras Escogidas: 1923-1936. Tomo I. San Juan de Puerto Rico: Editorial Jelofe.

Center for Labor Education and Research. (1917). 1946: The Great Hawai’i Sugar Strike. University of Hawai’i. Consultado en línea: http://www.hawaii.edu/uhwo/clear/home/1946.html.

Hollingsworth, J. R. (1983). American Expansion in the Late Nineteenth Century. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Kent, No. (1983). Islands under the Influence. New York: Monthly Review Press.

Kline, J.M. (1983). State Government Influence in the U.S. International Economic Policy. Idaho Falls: Lexington Books.

Lenin, V.L. (1917). El imperialismo: fase superior del capitalismo. En línea: https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp-hsc/pref01.htm.

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Taussig, F. W. (1888). The Tariff History of the United States. New York: G.P. Putnam.

domingo, 22 de enero de 2017

_--A veces Roma si paga...


_-Miguel Ángel García (tercero por la izquierda), junto al resto de expertos durante la presentación por parte de la ministra Fátima Bañez, en primer plano, del informe que avaló en junio de 2013 la propuesta del Gobierno sobe sostenibilidad del sistema de pensiones. / Efe

Hay que afrontar los hechos que queman, que duelen. Algunos pueden pensar que la realidad se puede ignorar o enmascararse para que nadie la utilice en tu contra. Desgraciadamente las puertas giratorias están más extendidas de lo que parece y alcanzan alguna vez a las organizaciones obreras. Son ellas las que tienen que hacer el relato de lo sucedido, sin esperar a que otros lo hagan para desprestigiarlas. Repugna el arribismo, pero eso no es lo más importante; sí lo es llamar a las cosas por su nombre y sacar lecciones para el futuro. Hay que aprender a mirar lo que antes no se era capaz de ver. Y recordar, porque el olvido es la auténtica derrota. Por ello, hay que rasgar el velo y que se sepa la verdad.

La nota de la agencia oficial de noticias sobre el último Consejo de Ministros es muy lacónica: “El Gobierno ha nombrado nuevo director general de Ordenación de la Seguridad Social a Miguel Ángel García Díaz, a propuesta de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). García Díaz formó parte del comité de expertos que designó el Gobierno cuando realizó la reforma de las pensiones en 2013 y, actualmente, era experto en políticas públicas y mercado de trabajo en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)”.

Lo que no dice la nota es que era el representante de un sindicato, CCOO, en aquel grupo de expertos que promovió la reforma de las pensiones hace tres años. Un grupo que estaba dominado por “expertos” con intereses nada asépticos, hasta el punto de que ocho de doce habían estado al servicio de las entidades financieras y compañías de seguros. Una reforma que significó importantes recortes al desvincular la subida de las pensiones del IPC y ligarla a las cuentas de la Seguridad Social; al reducir la pensión inicial con el argumento de considerar la esperanza de vida; y al adelantar los plazos de entrada en vigor del alargamiento de la edad de jubilación y de los nuevos sistemas de cálculo más lesivos para los trabajadores. Con el llamado ‘factor de sostenibilidad’ se reducían automáticamente las pensiones actuales y futuras en relación al salario medio: un robo enmascarado en una fórmula compleja.

Entonces, el ahora director general de Ordenación de la Seguridad Social, votó a favor de aquella reforma, a pesar de estar allí por ser el jefe del gabinete técnico del sindicato. El escándalo fue mayúsculo en su momento y algunos lo denunciamos, como el Sector Crítico de CCOO y el Gabinete Interfederal (los mismos compañeros de García) que criticaron en duros términos tanto el “paradójico y escandaloso” voto del director del gabinete económico como la tibieza de la primera respuesta de CCOO. A juicio de los miembros del Gabinete Interfederal (integrado por abogados, economistas y sociólogos), el voto de su compañero contradecía la posición oficial del sindicato y calificaban de “inconstitucional la supresión, a golpe de decreto ley, de la actualización automática de las pensiones según el IPC”. Finalmente CCOO no avaló aquella agresión a los trabajadores, como tampoco lo hizo UGT, pero el voto favorable del representante de CCOO manchó al sindicato y creó alarma social entre sus afiliados.

Es verdad que estas cosas le pueden pasar a cualquier organización, pero hay varios elementos para reflexionar. Por un lado, nunca quedó suficientemente claro cómo fue posible aquella firma de la vergüenza de un técnico del sindicato sin haber informado a sus superiores sindicales. Por otro, cómo no fue más contundente CCOO a la hora de defenestrar públicamente a quien había faltado a la debida lealtad a los trabajadores y a la organización. Por último, que la puerta giratoria se haga hacia el gobierno del PP es más grave aún que si se realiza hacia una empresa. Es, por ello, un elemento de provocación de la ministra Báñez y del propio Rajoy el nombramiento de un economista corriente -cuyo principal mérito era representar al sindicato- para que le tengan enfrente sus antiguos compañeros cuando vayan a negociar el presente y el futuro de las pensiones.

Este nombramiento se produce en vísperas de la movilización convocada por los sindicatos CCOO y UGT en contra de los recortes del Gobierno y por la recuperación de derechos. En mi opinión, no es una casualidad, sino un auténtico casus belli que expresa las auténticas intenciones del gobierno. Si empieza así, poco pueden esperar los sindicatos de cualquier proceso de negociación.

Los sindicatos son necesarios siempre. Más aún cuando aparece al desnudo la lucha de clases, y son tiempos de sobre explotación, paro, precariedad y desarticulación del Derecho del Trabajo y del Estado de Bienestar. Es repugnante la sistemática campaña antisindical que realiza el neoliberalismo, pero acaba calando en sectores de trabajadores al apoyarse en los errores que puedan comenter, su pasividad o impotencia. La única manera de conseguir avanzar en la restitución de derechos laborales y sociales es recuperando su prestigio y apostando por una potente movilización unitaria y sostenida, algo que apenas ha comenzado el 18 de diciembre. Para que tengan éxito, deben ser capaces de convencer y emocionar a los trabajadores y trabajadoras, obteniendo de nuevo su confianza. Para ello, un tema nada menor es practicar lo que decían los viejos revolucionarios: elegir para representar al sindicato a los más honrados y vigilarles como si fueran ladrones. La necesidad de la reconstrucción del sindicalismo de clase es una urgencia ética y política.

Fuente:  https://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/12/20/veces-roma-paga/1762

martes, 20 de diciembre de 2016

Entrevista a Philippe Martínez, secretario general de la CGT francesa. “Estamos preparados para una nueva confrontación”.

El dirigente cree que la aplicación del programa de rigor que anuncia Fillon “será una catástrofe” que agravará la situación social en el país

Philippe Martínez (Suresnes, extrarradio de París, 1961) es el primer sindicalista de Francia. Secretario general de la CGT, el mayor sindicato francés, en primavera mantuvo un arriesgado pulso callejero de cuatro meses contra la reforma laboral del gobierno socialista. Aquello demostró que en el país con una de las tasas de sindicación más bajas de Europa (10%), la movilización social aún puede tener un vigor inusitado en Europa.

“Es diferente que en España. Aquí no hablamos de huelga general y sin embargo tenemos movilizaciones de calle, me parece, más importantes que en España”, dice este hijo de españoles republicanos con raíces en la montaña santanderina. Habla un poco español y dice conservar vínculos personales en España.
En España las huelgas generales suelen ser cosa de un día.
De un día y me parece que con menos gente movilizada… pero bueno son países diferentes, con leyes diferentes, relaciones sociales distintas y una historia diferente. Difícil de comparar.

¿Sobre todo porque Francia es un país mejor gobernado?
No sé. En cualquier caso algunas reformas se parecen. Pero ustedes tienen otra historia, los cuarenta años de franquismo. Nosotros no tenemos ese peso, aparte del periodo de la segunda guerra mundial...
Existe la impresión de que los españoles son un pueblo verbalmente muy rebelde pero de corto recorrido, y que, al final, son los franceses, más perseverantes en su exigencia, los que son más rebeldes.
No sé. Creo que cuando el franquismo se acabó hubo mucha ilusión en España sobre un cambio, pero el capital siguió allá, los intereses saben adaptarse muy bien según los gobiernos y siguen estando presentes. Luego estaba la ilusión europea. España prosperó con las ayudas europeas que favorecieron su integración, así que la experiencia de la joven democracia no es la misma que la de nuestra vieja República.

¿Ve inevitable un duelo derecha/extrema derecha en la segunda vuelta de las presidenciales francesas de mayo?
Es lo que dicen los sondeos, pero los sondeos se equivocan. Nuestro empeño es mostrar que se puede hacer otra cosa diferente a lo que se nos presenta como única vía. Demostrar que hay opciones, que puedes ir hacia la austeridad o hacia las alternativas sociales, pero con el cúmulo de problemas de nuestro país es seguro que el populismo con sus ideas simplistas contra el emigrante va a pesar mucho. Eso es algo recurrente.

¿Va a aumentar mucho la presión la victoria de Fillon?
Las cosas se van a agravar. Dice que hay que “trasladar la negociación a las empresas”, es lo mismo que la ley (laboral socialista) El Khomri, y cita el ejemplo del referéndum de la empresa Smart. No dice que ese referéndum dividió a los empleados, que los obreros votaron contra el alargamiento de la jornada de trabajo y los cuadros a favor. El resultado fue que no hubo acuerdo y que la dirección obligó a los trabajadores a cambiar su contrato de trabajo. Como Fillon no va a las empresas, no lo sabe. Se olvidó decir que con el aumento de la jornada las bajas por enfermedad se doblaron en la empresa, porque cuando se trabaja en condiciones difíciles eso tiene efectos en la salud. En definitiva, que incluso en las empresas en las que hay sindicatos cuando te dicen “si no aceptáis, cerramos”, la negociación es muy difícil. Si te dicen, “estás en plena forma, o te dejas cortar los dos brazos o te matamos”, bueno, pues prefieres el corte a morir… Y no hay sindicatos en todas las empresas. Pero Fillón quiere ir aún más lejos.

¿Qué consecuencias tendrá el recorte anunciado de 500.000 funcionarios?
Será la catástrofe. Por desgracia esa es la pregunta que los periodistas no le hacen. La realidad es que los funcionarios ya no pueden más, que no hay que suprimir puestos sino crearlos. Su solución es que trabajen más pero en los hospitales ya están al límite, que las bajas por enfermedad de las enfermeras -casi siempre son mujeres- están al límite. Allí, desde sus despachos, no tienen ni idea de la vida real de la gente. Y en la enseñanza, las clases están sobrecargadas. La educación debería estar sacralizada, darle todos los medios. No es un gasto, sino una inversión y lo mismo ocurre con la sanidad… Y luego, los servicios públicos son la garantía de que, vivas en la Creuse o en Paris, tienes los mismos derechos. Pero están reagrupando los servicios en las grandes ciudades, así que si vive en la provincia profunda el ciudadano deja de ser igual en la República, porque en Burdeos va bien, pero en la Creuse ya no hay hospital, cierra la oficina de correos, no hay internet… es el propio sistema lo que están poniendo en cuestión. Y siempre apoyándose sobre esa misma idea mentirosa de que los problemas de Francia son culpa de los asalariados que no trabajan suficiente, que son unos perezosos que ganan demasiado. Así se culpabiliza al pueblo y se añaden medidas que aún empeoran más su situación. Fillon miente cuando dice que han aumentado en un millón los funcionarios en las colectividades territoriales. ¡Y nadie le contradice!: lo que ha pasado es que han transferido funciones del Estado al poder local, y con ello los funcionarios. Es la cultura de la mentira.

¿Están dispuestos a una nueva confrontación?
Sí. Hemos entrado en una nueva fase en la que la ley laboral ha sido promulgada sin mediar voto, por imposición autoritaria. Pero llega a las empresas y hay resistencia. Se ve menos que cuando somos un millón en las calles, pero hay victorias. En Renault hubo huelgas la semana pasada porque la dirección quería un acuerdo de empresa para que trabajaran una hora más. Eso es la ley laboral ahora. También hay muchas huelgas en correos contra la supresión de carteros, que son funcionarios.
Pero el paquete que la derecha anuncia ahora va a ser mucho peor…
Fillon ni siquiera quiere leyes, lo que quiere son ordenanzas; escribo un texto, lo firmo y ni siquiera hay debate. Hay que convencer a la gente de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Saldrá aún más gente a la calle.

¿Entre los políticos hay alguno que proponga hacer las cosas de otra manera? ¿No recomendarán un voto?
Nosotros no estamos para eso. Nos limitamos a proponer y luego veremos. Esa es la diferencia con España, Alemania o Suecia. En Francia somos independientes.

¿Incluso en una situación tan crítica como la que se les viene encima?
Nosotros hacemos propuestas y son los políticos los responden como quieren. La gente no es tonta, no necesita que la CGT le diga a quién votar. No nos corresponde a nosotros decir lo que hay que hacer, excepto en la cuestión del Frente Nacional. Es verdad que la derecha de Fillon culpabiliza a los extranjeros, pero el FN dice, “si tienes problemas es culpa de los inmigrantes”. Y eso es inadmisible.
El problema es que no solo Fillon, sino también Hollande demuestran que hay una “lepenización” de la política francesa. Es un proceso serio, ¿no?
Cuando todos corren tras el lobo, acaban legitimándolo. En eso somos intransigentes: el racismo es inadmisible. Nos hemos opuesto a la retirada de nacionalidad (a binacionales acusados de terrorismo, propuesta por el FN y asumida por el Presidente Hollande, que no logró su aprobación). La extrema derecha siempre ha estado presente en Francia y la CGT siempre se ha opuesto a esta división: el que trabaja a tu lado, siempre es un compañero y no alguien que te quiere quitar el trabajo aunque venga de muy lejos.

Hasta ahora el incremento del voto al Frente Nacional siempre ha sido contenido en Francia por el sistema proporcional y por la alergia que aún provoca la ultraderecha a una mayoría de los franceses.

¿Va a volver a funcionar esta póliza de seguro en 2017?
No estoy seguro. Es verdad que los otros partidos entran en el terreno del FN en lugar de proponer soluciones contrarias. Antes había una verdadera oposición alrededor de los valores fundamentales de la República. Hoy es el FN quien lanza las ideas y determina la polémica sobre los refugiados, por ejemplo. Es grave. Dicho esto, la democracia es el voto proporcional: no se lucha contra las ideas del FN con leyes y artificios electorales, la segunda vuelta y todo eso. Contra las ideas hay que luchar con ideas.

¿Se está yendo hacia una síntesis entre el programa neoliberal europeo y el populismo autoritario de los nietos de Pétain? ¿Podría ser ese el futuro?
¡Pero si el FN es neoliberal! Tanto Marion Marechal Le Pen como Florian Philippot proponen suprimir el impuesto a las fortunas, suprimir las cotizaciones sociales que son el fundamento de la solidaridad social en nuestro país. Todo eso no es para los pobres. ¡Es el programa de la gran patronal del Medef! Proponen, igual que Fillon, liberalizar el trabajo, dejar de molestar a los patrones para que puedan despedir como quieran. Así que el FN es económicamente un partido liberal. La diferencia es que además de eso ponen cosas como el cierre de las fronteras, que los demás imitan, y también la idea de que las elites son siempre los mismos, etc.

Ustedes son un sindicato de gente que trabaja,

¿qué hacer con la realidad social de la gente que no trabaja y que son la mayoría en los territorios abandonados de la República?
Somos la única central en la que hay parados sindicados y tenemos un colectivo que se ocupa de ello, de organizar a los que no tienen trabajo. No es fácil porque, por principio, no tienen vínculos sociales, se quedan en casa, en el barrio… Se les puede encontrar en las oficinas de empleo pero en ellas cada vez hay menos funcionarios que se ocupan de ellos y más ordenadores. Hay mucho trabajo que hacer porque nuestra vertebración es sobre todo la empresa y hay que actuar más en los barrios y con los precarios.

Ustedes proponen trabajar menos para trabajar todos, reducir la jornada de trabajo, pero en nuestra sociedad parece que el trabajo disminuye, se hace más raro,

¿qué piensa de la renta básica?
El trabajo no disminuye. Hay menos gente que trabaja, pero los que trabajan, trabajan más. Que la ley contemple la semana de 35 horas no significa que todo el mundo trabaje 35 horas. La media de trabajo en Francia es de 38 o 39 horas para los empleados y de casi 45 horas para los cuadros. Y eso sin contar el “trabajo invisible” de los fines de semana en casa, siempre localizables por ordenador y móvil… Por eso la CGT lucha por el derecho a la desconexión al salir del trabajo. La idea de trabajar menos es para hacer respetar colectivamente los horarios de trabajo, lo que abre posibilidades.

En el debate sobre la renta básica hay mucha confusión. Nosotros pensamos que el trabajo es estructurador en la vida, un lugar de socialización, de relaciones, algo que evita encerrarse y disolverse a la gente, siempre que las condiciones sean decentes. Por eso tenemos ciertas reservas sobre la renta básica. Eso no quiere decir que no haya indemnizar a quienes no tienen trabajo e incrementar el seguro de paro, pero hay que ir hacia el pleno empleo y no considerar que habrá menos trabajo y encontrar una fórmula para que la gente se quede en casa sin hacer nada. Hay un debate, pero la tendencia es esta: considerar que el trabajo estructura la vida de la gente, que hay que emanciparse, relacionarse e intercambiar con los otros.

¿Quiere decir que la renta básica sería renunciar a todo eso?
Sí. El problema hoy es que se sufre porque no se tiene trabajo, o porque se tiene demasiado trabajo. Por eso nuestra idea de ir a una semana laboral de 32 horas que meta a mas gente en el trabajo, que se les pague bien, porque eso estructura. Puede que una parte marginal de la sociedad no quiera trabajar, habría que verlo, pero a aquellos que no tienen trabajo hay que indemnizarlos porque no es por su culpa.

Casi toda la involución social que reciben en Francia está contenida en directivas europeas.

¿Es posible reparar esta UE o hay que derribarla?
Hay que repararla

¿Cómo reparar una estructura oligárquica, antidemocrática y al servicio del neoliberalismo?
Hay que inyectarle democracia

¿Cómo? ¿Con más soberanía nacional?
Dando más derechos a los ciudadanos
Pero el “ciudadano europeo” no existe. Hay el citoyen francés, el staatsbürger alemán, la mezcla de súbdito y ciudadano español, todos con un marco de referencia, una historia, nacional…
Hay que asociar los pueblos a la construcción europea para que den su opinión sobre lo que se discute en los despachos de Bruselas. Por ejemplo, nosotros en 2005 votamos contra el tratado y nos ignoraron…Debemos trabajar con nuestros homólogos en los demás países para ir a criterios comunes en materia de salario mínimo. No hay que privilegiar la competencia entre países, pero esta Europa se ha construido sobre la oposición de los pueblos. Yo trabajo en Renault que está implantada en Francia, España, Portugal y Eslovenia ¿Qué nos dicen?: “ustedes ganan más que los españoles, deben ponerse a su nivel”. Y a los españoles se les dice, “ganan más que los rumanos, pónganse a su nivel”. En lugar de tomar los mejor como criterio, se opone a un pueblo contra el otro. Así que aunque no estemos al mismo nivel, por lo menos necesitamos los mismos criterios en salario mínimo y jornadas laborales.

Pero eso quiere decir cambiar los tratados europeos, cambiar la estructura fundamental de Europa tal como la conocemos hoy,
de ahí mi pregunta sobre la reformabilidad cuando al frente del asunto están personajes como Juncker, Barroso o Draghi, unidos por Goldman Sachs…

Para reorientar la política europea hay que apoyarse sobre los ciudadanos, los asalariados y no sobre los comisarios. Todo depende de la correlación de fuerzas, de la movilización de los ciudadanos en la calle. Por lo menos en Francia las cosas se hacen así. Los políticos hacen las leyes, pero porque hay detrás trabajadores movilizados. En Europa hay que construir la solidaridad y hace falta que los sindicatos amplíen su visión. Nosotros proponemos criterios comunes en materia de salario mínimo en cada país, limitar el tiempo de trabajo, que la fiscalidad sea la misma porque es inadmisible que una empresa se establezca en Irlanda para no pagar impuestos.

El problema es que no existe una CGT europea…

Es usted pesimista.

Ustedes juegan un partido nacional en un terreno de juego que es, por lo menos, europeo.
Encuentro a muchos colegas europeos que comparten nuestras ideas y que reflexionan junto con nosotros sobre las alternativas. Creo que algo comienza a moverse lentamente…

¿Cuántas jornadas europeas de protesta han organizado?
No sé, pero no basta con que los sindicatos organicen cosas desde arriba sobre las que la gente no tiene ni idea.

¿Las cúpulas sindicales son problema?
Claro, los sindicatos funcionan igual que la política y que Europa, con los mismos defectos: personas, expertos, muy alejados de la realidad. El propio sindicalismo debe reflexionar y acercarse más a las enfermeras que a Juncker, por así decirlo.

Usted recibió mucha presión durante la protesta contra la reforma laboral.
Algo más que presión. El trato que recibió la CGT fue absolutamente escandaloso. (El presidente de la gran patronal, Medef, Pierre) Gataz nos trató de “terroristas” sin que nadie dijera, “cuidado que manifestarse y matar gente no es exactamente lo mismo”. Cuando el primer ministro y los medios de comunicación nos trataban de alborotadores violentos -a los que denunciábamos y que nos atacaron en las manifestaciones- porque un tipo encapuchado rompió los cristales de un hospital infantil, fue escandaloso. Vivimos bajo el único Estado de Emergencia de la Unión Europea. Tenemos militantes detenidos, arrestados con enormes peticiones de pena: se pide prisión con libertad provisional para un trabajador que tiró confetis en una reunión con los patrones. Un año. ¡Es escandaloso! Casi cada semana tenemos un sindicalista detenido como si fuera un delincuente.

En marzo-abril parecía que había cierto miedo, cierto nerviosismo en el gobierno, por la convergencia del sindicalismo con la Nuit Debout, el pseudo 15-M francés.
Intentaban oponer a la juventud con la CGT. Macron [ministro de Economía francés] era el especialista: “los jóvenes pasan de ustedes, quieren ser millonarios…” Sí, hay un miedo de que los sindicatos y la juventud dialoguen. Yo fui ha hablar a la Nuit Debout, no estábamos de acuerdo en todo. Creo que ese movimiento idealizó mucho a los indignados españoles.

Después de todo la juventud instruida francesa tiene mucho más futuro laboral y profesional que la española…
Para mi lo fundamental es que en Francia, aunque por todas partes se dice “hay que apañárselas solo”, aún hay una noción de lo colectivo. Se pueden tener problemas individuales, pero todavía está vivo ese reflejo de decir “juntos seremos más fuertes”. ¡Hasta los empleados de Uber han acabado creando su asociación! Permanece la idea de que la asociación es la mejor manera de defenderse y eso es interesante.

La conexión de los trabajadores con la Nuit Debout también fue interesante. Sin embargo, ni ellos ni ustedes tienen una conexión con el mundo de los extrarradios urbanos emigrantes, que concentran el grueso de la miseria y del abandono social en Francia.
Efectivamente: no construiremos nada desde arriba sin estar arraigados con la realidad de la vida de la gente. Hay que trabajar a nivel local. En Marsella por ejemplo, la CGT está implantada en los barrios, pero hay mucho por hacer, eso debería multiplicarse por cien para dar una esperanza a esa juventud. Debemos trabajar mucho antes de que esa fractura se haga irremediable. Están rompiendo la sociedad, pero la República es la solidaridad y el vivir en común.

Fuente:
http://www.lavanguardia.com/internacional/20161212/412546895096/entrevista-philippe-martinez-estamos-preparados-nueva-confrontacion.html

domingo, 1 de mayo de 2016

Reino de España: una radiografía de la situación del movimiento obrero. Miguel Salas. Sin Permiso


El movimiento huelguístico sigue estancado. La crisis económica ha golpeado duramente al movimiento obrero: el paro masivo, la precariedad y el descenso de los salarios junto a la reforma laboral impuesta por el PP, ha logrado debilitar la respuesta obrera a la crisis. Esta es la evolución del movimiento en los últimos años:
AÑO
NÚMERO DE HUELGAS
PARTICIPANTES
JORNADAS PERDIDAS
2009
1.001
653.483
1.290.852
2010
984
340.776
671.498
2011
777
221.974
485.054
2012
878
323.871
1.290.111
2013
994
448.024
1.098.480
2014
777
217.047
620.568
2015
615
170.528
497.483
* Fuente Ministerio Trabajo
Como se puede apreciar, hay una tendencia descendiente desde que se desató la crisis, con la salvedad en cuanto a jornadas perdidas por la huelga general del 2012.
Durante el año 2015 continuó la tendencia. De las 615 huelgas declaradas, 587 fueron por motivos laborales (148 por negociación de convenios y 439 por otros motivos, expedientes de empleo, despidos, etc.) y 28 por motivos  no estrictamente laborales (solidaridad…). La Comunidad autónoma con mayor porcentaje de huelgas fue el País Vasco, 154 (38 menos que el año anterior); seguida de Catalunya, 125 (33 menos que en el 2014); Galicia, 83 (23 menos que el año anterior); Andalucía, 75 (29 menos); y Madrid 71 (31 menos). Industria y servicios son los sectores mayoritarios afectados por las huelgas.
La negociación colectiva
La reforma laboral asestó un duro golpe a la negociación de los convenios y facilitó a los empresarios imponer una enorme presión a la baja de las condiciones de trabajo. Entre 2009 y 2014 los salarios bajaron un 5,3%, pero los salarios más bajos descendieron hasta un 25,6%. La crisis ha golpeado a toda la clase trabajadora, pero las grandes empresas y los sectores con mayor organización sindical han aguantado mejor, mientras que los sectores de empresas pequeñas, precarios y sectores más dispersos y con menor organización han sufrido mucho más.
La combinación de crisis y reforma laboral redujo al mínimo la negociación de convenios: sólo alrededor de un 50% de trabajadores y trabajadoras están manteniendo la negociación colectiva.

TRAB. SECTOR PRIVADO
CONVENIOS
TRAB. AFECTADOS
AUMENTO SALARIAL
2014
11.555.500
1.728
4.755.972
0,57%
2015
11.988.100
2.268
6.484.829
0,74%
Existe un repunte en la negociación de convenios y también una cierta recuperación en los aumentos salariales (hay que tener en cuenta la inflación a cero) y aún se está lejos de recuperar lo perdido. Como es habitual, los aumentos salariales fueron superiores en los convenios sectoriales (un 0,58% en 2014 y un 0,88% en el 2015). El sector público sigue pagando la austeridad impuesta por el PP y, a falta de libertad para negociar colectivamente, se ha logrado recuperar parte de alguna paga extra o juicios que se han ganado por recortes que no correspondían.
La no aplicación de convenios colectivos que permite la reforma laboral del PP se ha impuesto en 2.073 casos en 2014, y en 1.437 en 2015, pero ha afectado a pocos trabajadores, a 66.203 en el 2014 y a 43.173 en el 2015. En la mayoría de los casos la inaplicación ha afectado a las cuantías salariales que el empresario debía pagar.
Expedientes de regulación
Otro medio que las patronales han utilizado para cargar la crisis sobre la clase trabajadora han sido los expedientes de regulación (ERE).
AÑO
EMPRESAS
TRABAJ. AFECTADOS
2009
14.009
549.282
2010
13.029
302.746
2011
16.094
343.629
2012
27.570
483.313
2013
21.228
379.972
2014
10.637
159.566
2015
7.336
100.522
Fuente: Ministerio de Trabajo
El descenso de expedientes de regulación, que incluye cierres, despidos y reducciones de jornada, da a entender que puede estar acabando el ciclo de reorganización de la economía en el país, que no hay que confundir con el final de la crisis. Nuevos recortes impuestos por la Unión Europea o una nueva caída en la crisis podrían agudizar la pérdida de capacidad productiva y del tejido industrial y productivo.
Elecciones sindicales
El resultado a finales de 2015 confirma el mantenimiento de CCOO y UGT como los sindicatos con mayor representación en el conjunto del Reino. CCOO gana con 92.836 delegados y delegadas (ha perdido un 1,6%) y UGT ha obtenido 84.475. Ambos sindicatos suman el 70% de la representación sindical. CCOO gana en Andalucía, Catalunya, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla La Mancha y Castilla y León, Extremadura y Canarias. UGT en Asturias, Cantabria Baleares, Navarra, Murcia y Rioja. ELA gana en Euskadi. Por federaciones, CCOO gana en Enseñanza, Industria, Sanidad, Servicios y Agroalimentaria. UGT en Construcción y Servicios Ciudadanía. No aparece, ni por la derecha ni por la izquierda, una alternativa sindical: CSIF ha crecido un 0,6% mientras que CGT lo ha hecho en un 0,3%.
Recuperar salarios y derechos
El proceso de recuperación de la movilización trabajadora pasa por la lucha por mejorar sus condiciones de trabajo, que incluye los salarios, la lucha contra la precariedad y los derechos arrebatados durante la crisis. La negociación de los convenios será un elemento central para recuperar la confianza de la clase trabajadora. Otro lo será la lucha contra los cierres de empresas, despidos, etc. Como vimos con el ejemplo de Coca Cola, resuelto victoriosamente, o la actual movilización para evitar el cierre de Arcelor en Zumárraga, tales movilizaciones no sólo afectan a las plantillas sino que pueden ser el catalizador de movimientos de solidaridad y de relación entre el movimiento obrero y la acción política. Porque la recuperación de derechos exige la movilización lo más amplia posible, pero también la acción política, la presión para cambiar las leyes. La exigencia de derogación de la reforma laboral aprobada por el PP en el 2012 implica esa combinación entre acción social y acción política, al final tiene que ser un nuevo gobierno y un nuevo parlamento quienes lo decidan.
Los comunes y las huelgas
La experiencia de la huelga del Metro de Barcelona, y también la de autobuses de Zaragoza, ha planteado el conflicto entre el gobierno de las instituciones y las reivindicaciones trabajadoras, por un lado, y el de las relaciones políticas entre el movimiento obrero organizado y las nuevas expresiones políticas de confluencia de izquierdas y ciudadanistas, por otro. Estos problemas hay que enmarcarlos en el proceso de cambio necesario tanto en el ámbito de la política como en el sindical. Gobernar las instituciones es un medio para el cambio y la satisfacción de las exigencias de la mayoría de la población y, por lo tanto, debe ponerse en función de esos objetivos. El movimiento sindical debe mantener su independencia y la defensa de las reivindicaciones obreras, pero también debe comprender que las confluencias y los movimientos ciudadanistas son aliados, y que los conflictos deben servir para reforzar ambas partes, pues solo así se logrará sumar la fuerza necesaria para los cambios políticos y sociales.  

jueves, 28 de abril de 2016

28 de abril. Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo‏

Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Una jornada reivindicativa, en la que CCOO exigirá a los partidos políticos que sitúen la seguridad y salud en el trabajo en el centro de sus prioridades, para forzar un cambio de rumbo y revertir la actual regresión en materia preventiva, que ha desembocado en un aumento de la siniestralidad laboral.

Como ha denunciado el secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Pedro J. Linares, "en España vivimos una situación de urgencia respecto a la seguridad y salud laboral. Desde 2012 asistimos a una escalada continúa de accidentes de trabajo y no vemos que los poderes públicos tomen las medidas necesarias para frenar este desastre"
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o88387.pdf

Más aquí: http://verdecoloresperanza.blogspot.com.es/2012/08/los-industriales-ponen-deliberadamente.html#links

lunes, 11 de abril de 2016

“La mejora de los salarios mínimos es la mejor herramienta para combatir la pobreza en el trabajo”. Entrevista a Joaquín Nieto, director en España de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

El Captor

Joaquín Nieto Sainz -Mendavia (Navarra), 1956- ocupa desde el 1 de mayo de 2011 la Dirección de la Oficina en España de la Organización del Trabajo Internacional (OIT), agencia de las Naciones Unidas (ONU) especializada en materia laboral y cuya estructura tripartita -gobierno, empresas y trabajadores- persigue el fortalecimiento del diálogo social, entre otras de sus misiones y objetivos.

Profundizamos así en la nueva sección de entrevistas que progresivamente irán publicándose en El Captor, ofreciendo en exclusiva la extensa y enriquecedora conversación mantenida hace escasas semanas con el máximo representante de uno de los más relevantes organismos institucionales en el ámbito socio-laboral de España.

Resulta un privilegio poder entrevistar al director en España de la OIT, una institución clave a nivel mundial.

Y a punto de ser centenaria. En el contexto de la preparación del centenario en 2019, la OIT ha lanzado la ‘Iniciativa sobre el futuro del trabajo’, un debate mundial para responder a preguntas como; ¿Qué va a ser del trabajo a lo largo del siglo XXI? ¿Habrá suficiente? ¿Se evitará la pérdida de toda una generación de jóvenes? ¿Cómo afectará al trabajo la evolución tecnológica? ¿Cómo la evolución demográfica? ¿Qué cambios e impactos serán debidos a la protección ambiental para evitar el desastre climático y ecológico? ¿Qué modificaciones en la organización del trabajo y la producción y en las organizaciones de empleadores y trabajadores?

Dada la magnitud de los retos, ¿poseen las instituciones llaves maestras para crear las condiciones que nos permitan afrontarlos? ¿Qué instituciones: las españolas, las europeas…? Lo que le sucede a España está íntimamente ligado de manera inmediata con lo que sucede en el mundo y en Europa. Los problemas españoles no son intrínsecamente españoles; están asociados a problemas y decisiones tomadas en Europa. Es imposible hoy hablar sólo de políticas nacionales. En nuestro informe 2016 “Tendencias y perspectivas mundiales del empleo” prevemos que la senda de la creación de empleo en España no va a estar exenta de dificultades. En la economía española hay sectores como el exportador -muy importante y dinámico- que es muy sensible a la coyuntura internacional, que presenta unas perspectivas sombrías dada la situación en los países emergentes. Otros sectores dependen más de la demanda interna, que se ve constreñida por las políticas de austeridad. El gran riesgo es que fruto de la austeridad extrema que ha provocado la caída de ingresos y la devaluación salarial, España –que está conociendo una recuperación económica pero sin recuperación social- caiga en otra crisis económica antes incluso de reiniciarse la recuperación social.

Ciertos resortes institucionales sí influyen positivamente en la recuperación de la demanda interna, como por ejemplo la modulación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Por supuesto. Existen restricciones que provienen de la esfera internacional, pero existe también un margen positivo para aplicar políticas internas. Los poderes públicos influyen, es evidente. Por ejemplo, han sido ellos los que han decido aplicar políticas de austeridad extrema en Europa y en España. Eso es una opción política, activar la recuperación salarial elevando, por ejemplo, el salario mínimo, es también una opción política. Pero no todo acaba ahí. También influyen las decisiones adoptadas por las asociaciones empresariales y de trabajadores. En la activación de la demanda interna es muy importante lo que pase en la negociación colectiva, con los acuerdos salariales alcanzados en los convenios. Empresarios y sindicatos firmaron un acuerdo confederal que contemplaba una elevación moderada de los salarios. Esto ha influido positivamente en los convenios firmados que han acordado mejoras salariales. Los poderes públicos son decisivos pero no suficientes, es necesario que el conjunto de la sociedad actúe.

A veces da la sensación de que incluso las decisiones tomadas en un marco de diálogo social avanzan por una áspera deriva, me refiero al abaratamiento de los costes por cese o despido.

Esas medidas de abaratamiento de los costes del despido se han adoptado en ausencia de diálogo social, esa es la realidad. Las partes tenían distintas posiciones. Las organizaciones sindicales defendían la flexibilidad interna –para mantener al máximo el empleo en cada empresa–, pero no la flexibilidad externa, por considerar que abarata y estimula el despido favoreciendo la sustitución de trabajadores con cierta antigüedad y salarios más elevados por otros sin antigüedad y salarios menores. Lo que ha habido desde que se inició la crisis es una ausencia de diálogo social, lo que ha favorecido el abaratamiento de los despidos, la sustitución de empleos por otros de menor calidad y la reducción de la calidad del empleo.

También influirá la economía. El impacto de las reformas laborales sobre el empleo está sobrevalorado. La evolución del empleo no depende tanto de las relaciones laborales como de otros factores, como la política económica y el modelo productivo. Se crea empleo cuando hay decisiones económicas que revitalizan la economía y la inversión estimulando la creación de empleo. El modelo productivo, es decir la estructura productiva por sectores, es también decisiva. En España, sin ir más lejos, el marco regulatorio básico de las relaciones laborales es único, por ser estatal. Pero hay Comunidades autónomas con la mitad de desempleo que otras. Las diferencias se encuentran en sus modelos productivos; los más diversificados, industrializados y modernizados hacia los requerimientos internacionales de sostenibilidad tienen más empleos y éstos son más estables. Antes comentaba que el sector exportador ha tenido un comportamiento dinámico incluso durante la crisis. Que no sea el sector con empleos más precarios y de peor remuneración sino todo lo contrario, nos da pistas muy significativas. En lo que sí influye la regulación es en la calidad del empleo.

Algunas conclusiones tan evidentes luego no se plasman en la práctica. Lo cierto es que a los trabajadores se les exige flexibilidad y eso es algo muy difícil de conjugar con la estabilidad.

Cuando se habla de flexibilidad tenemos que distinguir entre flexibilidad interna y flexibilidad externa. La interna se negocia y puede ser un elemento de conservación y mantenimiento de los empleos en la empresa, mientras que la externa consiste en un marco regulatorio que permite decisiones unilaterales por parte de la empresa, que suele traer consigo más despidos y una menor estabilidad de los empleos. Detrás de los grandes términos como ‘flexibilidad’ hay que buscar mayor nivel de precisión para saber de qué se está hablando. También convendría discernir las tendencias en la evolución del empleo. No todo el empleo ha evolucionado hacia la precariedad, aunque existe una tendencia general -que es mundial- hacia una mayor precarización. Pero a la vez también existen sectores en los que el empleo va ganando mayores niveles de estabilidad. Y el potencial mundial de este proceso es inmenso. Más de la mitad de los empleos en el mundo están en la economía informal, pero se pueden formalizar. En el marco de la OIT, gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos han iniciado un camino para facilitar la transición de la economía informal a la economía formal.

Aunque alguno de los últimos informes de la OCDE indica que España tiene una de las tasas de minijobs en el mercado juvenil más altas del mundo.

Sí, esta es también una tendencia general de los últimos años, la del empleo a tiempo parcial, que ha generado una especie de efecto sustitución de empleos a tiempo completo por otros a tiempo parcial y peor remunerados. Así, el número de contratos puede aumentar estadísticamente, sin que aumente el número real de empleos creados y de horas remuneradas. Lo que sí aumenta es la situación de pobreza entre los empleados. Ya no basta con tener un empleo para salir de la pobreza y cada vez hay más trabajadores pobres. En España superan en un tercio la media de la Unión Europea (12,5% versus 9,5%). Además se encuentran principalmente en los trabajadores por cuenta propia, algo a tener en consideración en el momento de alentar qué tipo de empleos se crean.

Si apostamos por un modelo de emprendedurismo masivo las tasas de fracaso serán enormes y aumentará la pobreza.

Lo importante a considerar es que a partir de ahora los gobiernos van a estar obligados tanto a reducir el desempleo como a reducir la pobreza. La agenda 2030 de Naciones Unidas en vigor desde el 1 de enero de 2016 establece en el Objetivo 1.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la obligación de reducir la pobreza en cada país a la mitad de su pobreza relativa (es decir de aquellas personas cuyos ingresos anuales están por debajo del 60% de la mediana). Esta nueva agenda de Naciones Unidas –los ODS– ya no está dirigida sólo a los países en desarrollo o menos desarrollados como era antes, sino que vincula también a los países desarrollados, porque existe un sur dentro del norte, y sus gobiernos van a tener que explicar qué están haciendo para reducir la pobreza y adoptar medidas coherentes.

Creo que en este sentido podríamos hablar del término “Complemento Salarial”.

Están apareciendo varias propuestas a este respecto y todas son algo confusas en relación a su modalidad y su posible aplicación.

Todas parecen ir orientadas hacia el uso de recursos públicos para complementar la remuneración de los trabajadores.

El salario es salario y las ayudas públicas son ayudas públicas. Hay una amplia red de protección social con ayudas públicas. También hay un sistema de incentivos a la contratación, reducciones y exenciones de cotización y otras subvenciones a las empresas que son ayudas públicas. En lo que se refiere a los trabajadores, la OIT considera que tienen derecho a un trabajo decente y a la protección social. Si los trabajos son decentes, es decir con salarios dignos y protección social, no sería necesario activar un sistema añadido de ingreso salarial. En cuanto a la protección social, hay numerosos mecanismos para garantizar unos ingresos mínimos para todas las personas y muchas fórmulas en debate, desde la garantía de renta mínima a las propuestas de renta básica. En cuanto a los ingresos salariales, el salario mínimo es una buena fórmula. Además, la mejora de los salarios mínimos es la mejor herramienta para combatir la pobreza en el trabajo e incluso para dinamizar la economía y la demanda interna. Nosotros creemos que en países como España hay un margen importante de mejora en este aspecto. La carta social de la UE ya apunta a un salario mínimo de al menos el 60% de la mediana de los salarios. Esto daría una buena respuesta a la situación de trabajadores pobres. Los complementos para aquellas personas que trabajan a tiempo parcial y no completan un salario mínimo mensual son parte de la esfera de la protección social. Las subvenciones a las empresas son parte de las políticas activas de empleo.

¿Qué opina sobre la posibilidad de limitar la realización de horas extraordinarias para incrementar las posibilidades de ocupación de los parados, tal y como establece el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores en España?

Dicho artículo da una posibilidad a los poderes públicos de actuar al respecto. El problema con las horas extra en España hoy está relacionado con lo que se conoce como economía sumergida, que en OIT denominamos “trabajo no declarado”. Es posible que la actividad económica no declarada no haya aumentado en tiempos de crisis y se mantenga en valores que rondan un 20%. Pero sí que se observa un desplazamiento de las modalidades del trabajo no declarado hacia las horas extras no declaradas, lo que da pie a pensar que parte de las contrataciones a tiempo parcial no son sino artificios para declarar menos a la Seguridad Social. La actuación de los poderes públicos en el sentido que usted comenta tiene su complejidad y debería empezar por hacer aflorar las horas extraordinarias realmente realizadas pero no declaradas aunque remuneradas y las no declaradas ni remuneradas. De hecho, se está dando cierto reparto del empleo, porque si comparamos el total de las horas de trabajo realizadas en 2015 en relación a las realizadas en 2011, resulta que son algo menos pero el número de ocupados ha crecido ligeramente en ese período lo que sugiere que se ha dado un cierto reparto del empleo, pero con peores salarios y menor protección social.

Respecto a lo que usted citaba sobre el “trabajo no declarado” nos enfrentamos al problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones.

La sostenibilidad del sistema de pensiones público y de reparto depende fundamentalmente del empleo, es evidente, y la mejor forma de hacer sostenible el sistema es el fortalecimiento de la población activa y la plena ocupación. No obstante, atendiendo también a variables demográficas y a las necesidades de la sociedad está claro que el sistema debe nutrirse de ingresos fiscales que provengan no solo de lo que llamamos ingresos contributivos, las cotizaciones sociales, sino también de impuestos. Si hay que mejorar los ingresos en el sistema de pensiones no necesariamente eso tiene que significar elevar las cotizaciones sociales, puede conseguirse con una mayor tributación de los beneficios u otros impuestos.

Debe de haber una reflexión sobre el conjunto del sistema fiscal. Tenemos unos sistemas de recaudación fiscal en los que el uso de los recursos humanos en forma de empleo está muy gravado a través de las cotizaciones sociales, y sin embargo los recursos humanos son abundantes y el empleo escaso. Mientras que el uso de los recursos naturales no está tan gravado, siendo recursos muy escasos pero muy empleados, cuyo consumo debería reducirse. Para estimular la eficiencia energética y de los recursos naturales por un lado y para estimular la empleabilidad por el otro, debería producirse una especie de trasvase impositivo, bajando cargas a la empleabilidad de los recursos humanos y aumentando impuestos al uso de recursos naturales, con un balance que podría ser neutro o no desde la perspectiva de los ingresos fiscales dependiendo de las necesidades de cobertura del sistema.

¿No se debería definir con mayor precisión toda propuesta de financiación alternativa? El cómo se debe hacer con detalle corresponde a las partes discutirlo y decidirlo; al gobierno, a las empresas y a los trabajadores de manera tripartita. Lo único que sí quiero añadir a esta reflexión es que cualquier nueva articulación debe ser simultánea, justa y pensada en el medio y largo plazo, no sea que la reducción de cotizaciones no sea cubierta por los nuevos impuestos y se desmorone el sistema.

También debería seguir siendo solidaria, como lo es el sistema público de reparto de pensiones, que es un sistema solidario inter-generacional e intra-generacional. Inter-generacional porque la generación laboralmente activa mantiene a las generaciones pasivas, que a su vez han contribuido en el pasado o contribuirán en el futuro a sostener el sistema. Intra-generacional porque el abanico de salarios es mucho más abierto que el de las prestaciones contributivas.

Y por supuesto debe ser el fruto del diálogo social. Si de lo que se trata es de mejorar los ingresos de manera justa, el diálogo social siempre encontrará el modo de hacerlo. Y lo mismo si hay que moderar las prestaciones. Porque entonces los distintos intereses se conjugan y aumenta la creatividad a la hora de encontrar soluciones. Si solo es una parte la que actúa, o si por ejemplo, a la hora de reformar los sistemas públicos de reparto, predominan las reflexiones y estudios y propuestas que provienen del sector privado de pensiones, entonces se producen distorsiones interesadas tanto del análisis como del diagnóstico, las previsiones y las soluciones. Hay que analizar la sostenibilidad de los sistemas públicos, pero también de los sistemas privados, porque ambos tienen fortalezas y debilidades que hay que considerar.

Fuente: http://www.elcaptor.com/economia/mejora-salarios-minimos-combatir-pobreza-trabajo
(Foto de Rosa Peña: Primavera en mi barrio. Rivermark. Santa Clara. California)