Quien cambia de país, cambia de alma, dicen en Hungría. Este refrán expresa qué tan difícil resulta la emigración, tratando de describir el significado de lo qué es abandonar su propia tierra. Sin embargo, en los últimos dos años y medio han sido medio millón de húngaros quienes han salido a abrirse paso por todo el mundo. Dobla la cantidad de gente en salir después de la Revolución Húngara en 1956, lo que ya significa un gran número especialmente en un país de tan sólo diez millones de habitantes.
Hungría debe soportar bajo cualquier circunstancia, las inclemencias del tiempo. Eso dice otro refrán que busca explicar, nuevamente, por qué los movimientos migratorios no ocurren de manera masiva. Yo he decidido no soportar más. Existen razones suficientes: dinero, planes futuros, pero sobre todo, es esa sensación asfixiante en la Hungría de hoy. Quiero hablar de mi historia, que quizás sea parecida o la misma historia de otros.
Pertenezco a la generación que después de 1990, estaba lo suficientemente joven como para experimentar: que ese ambiente en el cual se desenvolvió mi infancia y la escuela, se había transformado. Cuando por primera vez en la vida se siente que se tiene una opinión, la cual puede expresarse libremente, y que se tiene una propia identidad, entonces ya no quieres dejar de hacerlo. La vida en Hungría nunca ha sido color de rosa o fácil. No se trata únicamente, de una nación con sólo 50 años de historia y un sólo pasado. Pero de eso estuvimos siempre consciente, y habíamos dado lo mejor.
La calle Andrassy
A principios del nuevo milenio, la alternativa cultural en Hungría experimentaba un florecimiento.
Había cines en cada esquina de Budapest , casi mensual se estrenaba una película húngara en los cines. Una nueva ola de jóvenes cineastas trabajaban continuamente: Szabolcs Hajdú, György Pálfi, Ferenc Török, Benedek Fliegauf, Kornél Mundruczó- casi todos hacían una nueva película una vez por año.
Por las noches, nos sentábamos al aire libre con amigos en la Plaza Liszt-Ferenc, situada en la calle Andrássy o en algún Café de la calle Nagymezö, conocida como el "Brodway" de Budapest, por los Teatros que allí se encuentran. O en los bares bohemios, se hablaba sobre lo que uno acababa de ver o de leer.
En la televisión se ofrecía una programación cultural, se discutía equilibradamente sobre política.
Se estaba representando algo y se creía en algo: en sí mismo, en un futuro. En Viena o Berlín, era quizás todo más limpio y rico, pero eso también lo sería Budapest. Se avanzaba despacio, los programas de desarrollo urbano, los cambios en la infraestructura, todo se retrasaba. Lo cual tiene mucho que ver con esa cultura á la Pató Pál: ese héroe popular que cada día, cuando tenía que tener algo listo y acabado, decía su famosa frase: "Ah, aún tenemos suficiente tiempo!"
En ese entonces, tenía su encanto, la dirección a seguir era la correcta, Budapest sería una colorida, dinámica, próspera, tolerante, en fin, todo una metrópolis normal.
Desde hace dos o tres años, nada de eso queda: ninguna esperanza, ningún encanto, ninguna ilusión, La política del partido Fidesz es desde entonces, omnipresente. Desde el sótano hasta el techo de cada casa, en la vida de cada individuo. Esa política frena todo lo que ha sido innovador, libre, alternativo y crítico. Ha dejado desangrar el mundo escénico, el Teatro. El cual, en los últimos tres años no ha recibido más subvenciones.
Ya escribimos tres años en los cuales tampoco ha habido producción de alguna película húngara, y el primero en el que no hubo semana de la Feria Húngara del Cine.
¿Qué nueva (s) película (s) podíamos mostrar?
La cultura, que está bajo el Fidezs depende de la Academia de Arte Húngaro, su dirigente, permitanme decirlo, es un octagenario idiota, quien sólo acepta un arte nacional y cristiano en Hungría y que ostenta el poder de “Rey del Dinero” a distribuir. Las posiciones directivas de los teatros estatales están ocupadas por miembros del partido de Viktor Orbáns, ellos tienen el mando, ellos definen lo que se debe entender bajo Cultura. Estos radicales, principiantes aficionados convertidos en dirigentes. El nuevo director del Teatro Nacional, Atilla Vidyánszky, quiere el día de su investidura santificar la institución
Detrás de la muralla.
La cultura puede que sea una cosa, y ésto a mí como periodista cultural, me llega hasta el tuétano. Mi trabajo se ha convertido en un imposible. No hay más oficinas de redacción cultural en la televisión pública estatal.
La política del Fidesz destruye todo lo que no piense como ellos. Miles de reporteros y periodistas para la televisión han acabado en la calle, porque se ha cancelado la programación cultural y los programas de contenido político sólo pueden presentarlo y moderarlo quienes son fieles al partido. En los noticieros sólo se escucha un lenguaje propagandístico. Sólo existe una verdad.
En Hungría, todo ha de tener un corte nacionalista: el pensamiento, el teatro, el arte, hasta se podría afirmar, el cómo respirar. Contrariamente a las promesas electorales, Fidesz propone el cobro de tasas académicas. Quien desee estudiar gratuitamente, ha de firmar un contrato que establece que él/ella luego de terminar su estudio, no puede abandonar el país por un período de 3 a 6 años. Cuando los estudiantes protestan, se les envía la policía directamente hasta su casa.
Una vez por semana, echo un vistazo a los periódicos y revistas. Allí leo sobre los actuales criminales y sus planes de construcción a orillas de la Romai promenade, el único lugar en esa parte del Danubio en Budapest que esta poblado por álamos. Allí se construirá una muralla, una presa, que servirá como protección a las casas veraniegas, construidas sin permiso alguno, de los ricos y no para quienes habitan los edificios alrededor y que sufren cada año las inundaciones.
El alcalde de la ciudad apoya estos proyectos. Otros alcaldes apoyan otros proyectos, en otras ciudades y en los pueblos, hacen asfaltar las calles con dinero público hasta la puerta de su propio garaje. Lo más triste de todo es que, uno lee sobre esta forma de corrupción, de quienes rigen la vida pública y no pasa nada. Nadie tiene que dimitir, nadie es destituido.
Los actuales cambios en la Constitución adoptados por el Parlamento en las últimas semanas, nos apuntan el rumbo a seguir. Numerosos artículos, que habían sido eliminados por inconstitucionales, han vuelto a aparecer en la Constitución. Entre ellos, la penalización de las personas sin techo. También si se debe y cómo, criticar a personajes de la vida pública. Ademas, de que el Tribunal Constitucional no posee todo el control sobre las leyes y la Constitución, o sólo a modo condicionado
Quien piense que todo esto deba de aguantarse, se equivoca. El silencio siempre ha ayudado al poder, sólo al opresor y no al oprimido. Es lo que se percibe en Hungría en cada esquina. Rostros deprimidos en los transportes públicos, negocios y restaurantes vacíos, agresiones en el tráfico. Se castiga y se sanciona. Hay que poner el orden. Y mientras, las arcas del estado se llenan; ya contamos con más parquímetros que autos. A los gitanos se les puede insultar públicamente, llamándole animales y si algún periodista lo escribe, no necesita disculparse, ya que muchos de “esos húngaros bien informados”, están agradecidos que alguien lo diga.
Y eso es lo que resulta bochornoso. Antes de tomar la decisión de emigrar, tenía la sensación de que todo se derrumbaba y nadie hacía algo que pudiese poner freno a ésto. Como las recientes encuestas muestran, seguirá el derrumbe. Un 40% de los ciudadanos volverían a votar por el Führer Orbán y por todo su partido., a pesar de que saben, que el rey está desnudo. Pero en un país, donde hay tanta desnudez, no hay que reclamarle al Ministro Presidente por ello. Sobre todo, cuando se obtienen beneficios o existe una dependencia al sistema, como el miedo a perder su puesto por abrir la boca y con ello, la base de su existencia.
Quien cambia de país, cambia de alma. Pero yo soy húngara y lo seré siempre.
Agnes Szabó. Freitag. Traducido por Carolina Polanco
Fuente: http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/sie-zerstoeren-alles
sábado, 6 de abril de 2013
La traición de los intelectuales
La reescritura que de la historia hacen las élites en el poder se hizo penosamente evidente cuando la nación marcó el décimo aniversario del comienzo de la Guerra de Iraq. Algunos afirmaron que se habían opuesto a la guerra cuando en realidad no había sido así. Otros, los “idiotas útiles de Bush”, sostuvieron que simplemente habían actuado de buena fe en función de la información de que disponían; que si hubieran sabido entonces lo que saben hoy, nos aseguraron, habrían actuado de forma muy diferente. Esto, por supuesto, es falso. Los promotores de la guerra, especialmente los “halcones liberales” –que incluían a Hillary Clinton, Chuck Schumer, Al Franken y John Kerry, además de académicos, escritores y periodistas como Bill Keller, Michael Ignatieff, Nicholas Kristof, David Remnick, Fareed Zakaria, Michael Walzer, Paul Berman, Thomas Friedman, George Packer, Anne-Marie Slaughter, Kanan Makiya y el difunto Christopher Hitchens- hicieron lo que siempre habían hecho: embarcarse en actos de supervivencia. Oponerse a la guerra hubiera sido un suicidio político. Y ellos lo sabían.
Sin embargo, estos apologistas actuaron no sólo como animadores de la guerra; en la mayoría de los casos ridiculizaron e intentaron desacreditar a todo aquel que cuestionó el llamamiento a invadir a Iraq. Kristof, en The New York Times, atacó al cineasta Michael Moore tildándole de teórico de la conspiración y escribió que las voces contra la guerra estaban sirviendo para polarizar lo que denominó como “cloaca política”. Hitchens dijo que aquellos que se oponían a atacar a Iraq “no creen en absoluto que Sadam Husein sea un chico malo”. Llamó “antiguo hippy descerebrado o vociferante neo-estalinista” al típico manifestante antibelicista. Una década después, los desganados mea culpa de muchos de estos cortesanos evitan siempre mencionar el papel más pernicioso y fundamental que jugaron en la preparación de la guerra: acallar el debate público. Aquellos de nosotros que nos manifestamos contra la guerra, enfrentados a la embestida de los “patriotas” de derechas y sus apologistas liberales, nos convertimos en parias. En mi caso, no importó que yo hablara árabe, no importó que hubiera pasado siete años en Oriente Medio, incluyendo varios meses en Iraq, como corresponsal en el extranjero. No importó que conociera cuáles eran los objetivos de esa guerra. Las críticas de que fuimos objeto tanto yo como otros opositores a la guerra, nos convirtió en sujetos despreciables por parte de una elite liberal que quería cobardemente demostrar su propio “patriotismo” y “realismo” respecto a la seguridad nacional. La clase liberal fomentó un odio rabioso e irracional hacia todos los críticos con la guerra. Muchos de nosotros recibimos amenazas de muerte y perdimos nuestros empleos, en mi caso en The New York Times. Diez años después, esos liberales belicistas siguen ignorando tanto su bancarrota moral como su mojigatería empalagosa. Pero tienen en sus manos la sangre de cientos de miles de seres inocentes.
Las elites en el poder, especialmente la elite liberal, han estado siempre dispuestas a sacrificar la integridad y la verdad a cambio de poder, ascenso personal, becas de fundaciones, premios, titularidades de cátedras, columnas, contratos de libros, apariciones en televisión, conferencias dotadas de generosos honorarios y estatus social. Saben lo que tienen que decir. Saben a qué ideología tienen que servir. Saben qué mentiras hay que contar: la mayor de las cuales es que asumen posturas morales sobre temas que no son precisamente inocuos o anodinos. Llevan mucho tiempo auspiciando esos juegos. Y, si sus carreras lo requirieran, nos venderían alegremente de nuevo. Leslie Gelb, en la revista Foreign Affairs, explicaba después de la invasión de Iraq: “Mi apoyo inicial a la guerra fue sintomático de las desafortunadas tendencias dentro de la comunidad de la política exterior, es decir, de la disposición e incentivos para apoyar las guerras a fin de conservar su credibilidad política y profesional”, escribió. “Nosotros, ‘los expertos’, tenemos mucho que reflexionar sobre nosotros mismos, aunque ‘pulamos’ a los medios de comunicación. Debemos redoblar nuestro compromiso con el pensamiento independiente, y acoger, en vez de desechar, opiniones y hechos que atacan la sabiduría popular, a menudo equivocada. Eso es al menos lo que nuestra democracia necesita”. La cobardía moral de las elites en el poder es especialmente evidente en lo que se refiere a la trágica situación de los palestinos. De hecho, se utiliza a la clase liberal para marginar y desacreditar a quienes, como Noam Chomsky y Norman Finkelstein, tienen la honestidad, integridad y coraje de denunciar los crímenes de guerra israelíes. Y la clase liberal se ve recompensada por ese sucio papel de ahogar el debate.
“Para mí, nada hay más censurable que esos hábitos mentales de los intelectuales que inducen a evadirse, a ese alejamiento característico de la postura difícil y con principios, que sabes que es correcta pero que decides no asumir”, escribió el difunto Edward Said. “No quieres parecer demasiado político; tienes miedo de parecer polémico; quieres mantener una reputación de ser equilibrado, objetivo y moderado; estás esperando que vuelvan a invitarte, a consultarte, a pertenecer a una junta o comité prestigioso, y por eso permaneces dentro de la corriente dominante establecida; porque esperas conseguir algún día un grado honorario, un gran premio, quizá incluso una embajada”.
Para un intelectual, esos hábitos mentales son corruptos por excelencia”, seguía Said. “Si algo hay que puede desnaturalizar, neutralizar y finalmente acabar con una apasionada vida intelectual, ese algo es la internalización de esos hábitos. A nivel personal, me he topado con ellos en una de las más complicadas de todas las cuestiones contemporáneas: la cuestión palestina, donde el temor a hablar claro sobre una de las mayores injusticias de la historia moderna ha coartado, ofuscado y amordazado a muchos que conocen la verdad y están en posición de servirla. Porque, a pesar del maltrato y denigración sufridos por cualquier claro defensor o defensora de los derechos y autodeterminación palestinos, merece la pena decir la verdad y que un intelectual compasivo y valiente la represente”.
Julien Benda sostenía en su libro publicado en 1927 “La Trahison des Clercs” [La traición de los intelectuales], que esto sólo se produce cuando no nos implicamos en la búsqueda de objetivos prácticos o ventajas materiales que nos puedan servir de conciencia y correctivo. Aquellos que trasladan sus lealtades a los objetivos prácticos del poder y a las ventajas materiales se castran a sí mismos intelectual y moralmente. Benda escribió que en otro tiempo se suponía que los intelectuales eran indiferentes a las pasiones populares. “Que eran un ejemplo de compromiso puramente desinteresado con las actividades de la mente y que generaron la creencia en el valor supremo de esta forma de existencia”. Se les veía “como unos moralistas que estaban por encima del conflicto de los egoísmos humanos”. “Predicaban, en nombre de la humanidad o de la justicia, la adopción de un principio abstracto superior y directamente opuesto a esas pasiones”. Esos intelectuales, reconocía Benda, no eran capaces, con demasiada frecuencia, de impedir que los poderosos “anegaran toda la historia con el ruido de sus odios y sus matanzas”. Pero, al menos, “impidieron que los legos establecieran sus acciones como religión, les impidieron que pensaran de ellos mismos que eran grandes hombres cuando perpetraban esas actividades”. En resumen, afirmaba Benda, “la humanidad hizo el mal durante dos mil años, pero honró a los buenos. Esta contradicción era un honor para la especie humana y creó la grieta por donde la civilización se deslizó en el mundo”. Pero una vez que los intelectuales empezaron a “jugar el juego de las pasiones políticas”, aquellos que habían “actuado como freno sobre el realismo de la gente empezaron a actuar como sus estimuladores”. Y es por esta razón por la que Michael Moore tiene razón cuando culpa a The New York Times y al establishment liberal, incluso más que a George W. Bush y Dick Cheney, por la guerra de Iraq”.
“El deseo de decir la verdad”, escribió Paul Baran, el brillante economista marxista y autor de “The Political Economy of Growth” [La economía política del crecimiento], es “sólo una de las condiciones para ser intelectual. La otra es el coraje, la disposición para emprender investigaciones racionales te lleven donde te lleven… resistiéndote… ante la cómoda y lucrativa conformidad”.
Aquellos que desafían tenazmente la ortodoxia de las creencias, que cuestionan las pasiones políticas dominantes, que se niegan a sacrificar su integridad para servir al culto del poder, son empujados a los márgenes. Son denunciados por las mismas gentes que, años después, afirmarán a menudo que estas batallas morales son las suyas. Pero son sólo los marginados y los rebeldes los que mantienen vivas la verdad y la investigación intelectual. Los que ponen nombre a los crímenes del Estado. Los que dan su voz a las víctimas de la opresión. Los que formulan las preguntas difíciles. Y más importante, los que exponen a los poderosos, junto a sus apologistas liberales, por lo que son.
Chris Hedges, pasó casi dos décadas como corresponsal extranjero en Centroamérica, Oriente Medio, África y los Balcanes. Ha informado desde más de cincuenta países y ha trabajado para The Christian Science Monitor, National Public Radio, The Dallas Morning News y The New York Times, para el que estuvo escribiendo durante quince años.
Chris Hedges. Truthdig. Traducido por Sinfo Fernández.
Fuente: http://www.truthdig.com/report/item/the_treason_of_the_intellectuals_20130331/
Tal vez te interesa recordar a un ciudadano valiente y leal a la causa de la justicia: Olof Palmer, el primer ministro sueco asesinado y cuya muerte -el móvil, las causas, los objetivos y los organizadores de la trama- dista mucho de haber sido aclarada.
Sin embargo, estos apologistas actuaron no sólo como animadores de la guerra; en la mayoría de los casos ridiculizaron e intentaron desacreditar a todo aquel que cuestionó el llamamiento a invadir a Iraq. Kristof, en The New York Times, atacó al cineasta Michael Moore tildándole de teórico de la conspiración y escribió que las voces contra la guerra estaban sirviendo para polarizar lo que denominó como “cloaca política”. Hitchens dijo que aquellos que se oponían a atacar a Iraq “no creen en absoluto que Sadam Husein sea un chico malo”. Llamó “antiguo hippy descerebrado o vociferante neo-estalinista” al típico manifestante antibelicista. Una década después, los desganados mea culpa de muchos de estos cortesanos evitan siempre mencionar el papel más pernicioso y fundamental que jugaron en la preparación de la guerra: acallar el debate público. Aquellos de nosotros que nos manifestamos contra la guerra, enfrentados a la embestida de los “patriotas” de derechas y sus apologistas liberales, nos convertimos en parias. En mi caso, no importó que yo hablara árabe, no importó que hubiera pasado siete años en Oriente Medio, incluyendo varios meses en Iraq, como corresponsal en el extranjero. No importó que conociera cuáles eran los objetivos de esa guerra. Las críticas de que fuimos objeto tanto yo como otros opositores a la guerra, nos convirtió en sujetos despreciables por parte de una elite liberal que quería cobardemente demostrar su propio “patriotismo” y “realismo” respecto a la seguridad nacional. La clase liberal fomentó un odio rabioso e irracional hacia todos los críticos con la guerra. Muchos de nosotros recibimos amenazas de muerte y perdimos nuestros empleos, en mi caso en The New York Times. Diez años después, esos liberales belicistas siguen ignorando tanto su bancarrota moral como su mojigatería empalagosa. Pero tienen en sus manos la sangre de cientos de miles de seres inocentes.
Las elites en el poder, especialmente la elite liberal, han estado siempre dispuestas a sacrificar la integridad y la verdad a cambio de poder, ascenso personal, becas de fundaciones, premios, titularidades de cátedras, columnas, contratos de libros, apariciones en televisión, conferencias dotadas de generosos honorarios y estatus social. Saben lo que tienen que decir. Saben a qué ideología tienen que servir. Saben qué mentiras hay que contar: la mayor de las cuales es que asumen posturas morales sobre temas que no son precisamente inocuos o anodinos. Llevan mucho tiempo auspiciando esos juegos. Y, si sus carreras lo requirieran, nos venderían alegremente de nuevo. Leslie Gelb, en la revista Foreign Affairs, explicaba después de la invasión de Iraq: “Mi apoyo inicial a la guerra fue sintomático de las desafortunadas tendencias dentro de la comunidad de la política exterior, es decir, de la disposición e incentivos para apoyar las guerras a fin de conservar su credibilidad política y profesional”, escribió. “Nosotros, ‘los expertos’, tenemos mucho que reflexionar sobre nosotros mismos, aunque ‘pulamos’ a los medios de comunicación. Debemos redoblar nuestro compromiso con el pensamiento independiente, y acoger, en vez de desechar, opiniones y hechos que atacan la sabiduría popular, a menudo equivocada. Eso es al menos lo que nuestra democracia necesita”. La cobardía moral de las elites en el poder es especialmente evidente en lo que se refiere a la trágica situación de los palestinos. De hecho, se utiliza a la clase liberal para marginar y desacreditar a quienes, como Noam Chomsky y Norman Finkelstein, tienen la honestidad, integridad y coraje de denunciar los crímenes de guerra israelíes. Y la clase liberal se ve recompensada por ese sucio papel de ahogar el debate.
“Para mí, nada hay más censurable que esos hábitos mentales de los intelectuales que inducen a evadirse, a ese alejamiento característico de la postura difícil y con principios, que sabes que es correcta pero que decides no asumir”, escribió el difunto Edward Said. “No quieres parecer demasiado político; tienes miedo de parecer polémico; quieres mantener una reputación de ser equilibrado, objetivo y moderado; estás esperando que vuelvan a invitarte, a consultarte, a pertenecer a una junta o comité prestigioso, y por eso permaneces dentro de la corriente dominante establecida; porque esperas conseguir algún día un grado honorario, un gran premio, quizá incluso una embajada”.
Para un intelectual, esos hábitos mentales son corruptos por excelencia”, seguía Said. “Si algo hay que puede desnaturalizar, neutralizar y finalmente acabar con una apasionada vida intelectual, ese algo es la internalización de esos hábitos. A nivel personal, me he topado con ellos en una de las más complicadas de todas las cuestiones contemporáneas: la cuestión palestina, donde el temor a hablar claro sobre una de las mayores injusticias de la historia moderna ha coartado, ofuscado y amordazado a muchos que conocen la verdad y están en posición de servirla. Porque, a pesar del maltrato y denigración sufridos por cualquier claro defensor o defensora de los derechos y autodeterminación palestinos, merece la pena decir la verdad y que un intelectual compasivo y valiente la represente”.
Julien Benda sostenía en su libro publicado en 1927 “La Trahison des Clercs” [La traición de los intelectuales], que esto sólo se produce cuando no nos implicamos en la búsqueda de objetivos prácticos o ventajas materiales que nos puedan servir de conciencia y correctivo. Aquellos que trasladan sus lealtades a los objetivos prácticos del poder y a las ventajas materiales se castran a sí mismos intelectual y moralmente. Benda escribió que en otro tiempo se suponía que los intelectuales eran indiferentes a las pasiones populares. “Que eran un ejemplo de compromiso puramente desinteresado con las actividades de la mente y que generaron la creencia en el valor supremo de esta forma de existencia”. Se les veía “como unos moralistas que estaban por encima del conflicto de los egoísmos humanos”. “Predicaban, en nombre de la humanidad o de la justicia, la adopción de un principio abstracto superior y directamente opuesto a esas pasiones”. Esos intelectuales, reconocía Benda, no eran capaces, con demasiada frecuencia, de impedir que los poderosos “anegaran toda la historia con el ruido de sus odios y sus matanzas”. Pero, al menos, “impidieron que los legos establecieran sus acciones como religión, les impidieron que pensaran de ellos mismos que eran grandes hombres cuando perpetraban esas actividades”. En resumen, afirmaba Benda, “la humanidad hizo el mal durante dos mil años, pero honró a los buenos. Esta contradicción era un honor para la especie humana y creó la grieta por donde la civilización se deslizó en el mundo”. Pero una vez que los intelectuales empezaron a “jugar el juego de las pasiones políticas”, aquellos que habían “actuado como freno sobre el realismo de la gente empezaron a actuar como sus estimuladores”. Y es por esta razón por la que Michael Moore tiene razón cuando culpa a The New York Times y al establishment liberal, incluso más que a George W. Bush y Dick Cheney, por la guerra de Iraq”.
“El deseo de decir la verdad”, escribió Paul Baran, el brillante economista marxista y autor de “The Political Economy of Growth” [La economía política del crecimiento], es “sólo una de las condiciones para ser intelectual. La otra es el coraje, la disposición para emprender investigaciones racionales te lleven donde te lleven… resistiéndote… ante la cómoda y lucrativa conformidad”.
Aquellos que desafían tenazmente la ortodoxia de las creencias, que cuestionan las pasiones políticas dominantes, que se niegan a sacrificar su integridad para servir al culto del poder, son empujados a los márgenes. Son denunciados por las mismas gentes que, años después, afirmarán a menudo que estas batallas morales son las suyas. Pero son sólo los marginados y los rebeldes los que mantienen vivas la verdad y la investigación intelectual. Los que ponen nombre a los crímenes del Estado. Los que dan su voz a las víctimas de la opresión. Los que formulan las preguntas difíciles. Y más importante, los que exponen a los poderosos, junto a sus apologistas liberales, por lo que son.
Chris Hedges, pasó casi dos décadas como corresponsal extranjero en Centroamérica, Oriente Medio, África y los Balcanes. Ha informado desde más de cincuenta países y ha trabajado para The Christian Science Monitor, National Public Radio, The Dallas Morning News y The New York Times, para el que estuvo escribiendo durante quince años.
Chris Hedges. Truthdig. Traducido por Sinfo Fernández.
Fuente: http://www.truthdig.com/report/item/the_treason_of_the_intellectuals_20130331/
Tal vez te interesa recordar a un ciudadano valiente y leal a la causa de la justicia: Olof Palmer, el primer ministro sueco asesinado y cuya muerte -el móvil, las causas, los objetivos y los organizadores de la trama- dista mucho de haber sido aclarada.
La relación imperial del establishment alemán
Hoy el establishment alemán (los centros financieros y las grandes empresas dedicadas a la exportación junto a su instrumento político, bien representado por el gobierno Merkel) domina el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Junto con el Fondo Monetario Internacional, este establishment dicta e impone a los países periféricos de la Eurozona una serie de políticas públicas que están dañando el nivel de vida y bienestar social de las clases populares de tales países.
Tales políticas incluyen (1) recortes muy sustanciales de la protección social de tales países (con reducciones muy notables de las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar) y otras intervenciones públicas que están deteriorando la infraestructura física y social del país, y (2) reformas laborales encaminadas a reducir los salarios de la población trabajadora. Las primeras políticas públicas se están imponiendo bajo el argumento de que hay que reducir el déficit y la deuda pública de tales países a fin de recuperar la confianza de los mercados financieros, y así los Estados puedan conseguir dinero prestado de los bancos. El segundo tipo de políticas públicas —la desregulación del mercado de trabajo— se fuerza sobre los países indicando que tal disminución de los salarios es necesaria para hacer a las empresas más competitivas y facilitar así las exportaciones, que serán las actividades económicas que sacarán a los países (incluyendo España y sus CCAA) de la profunda recesión en la que se encuentran.
Tales políticas se realizan con el apoyo de los establishments financieros, empresariales, políticos y mediáticos que gobiernan tales países periféricos (incluyendo España), pues, excusándose en la necesidad de mantenerse en Europa (presentando su permanencia en el euro como garantía de su pertenencia) imponen tales políticas. Consiguen con ello lo que siempre han deseado: debilitar al mundo del trabajo, a fin de optimizar sus intereses financieros y económicos. En todos estos países las rentas del capital están subiendo a costa del descenso de las rentas del trabajo. La evidencia de ello es clara, robusta y contundente. Entre 2009 y 2012, la parte del PIB que corresponde a la compensación de los trabajadores ha perdido peso. En España, este porcentaje ha pasado de ser el 50% al 46% (es decir, una disminución del 4% del PIB), en Grecia e Irlanda también se ha reducido el 4% del PIB y en Portugal el 3%. Lo que se llamaba antes la lucha de clases continúa desarrollándose en tales países con la ayuda del establishment alemán, que domina el establishment europeo.
¿Por qué se realizan tales políticas?
El hecho de que tales políticas se impongan a la población (en ninguno de tales países existe un mandato popular para que se lleven a cabo) se debe a que tales políticas benefician, además de a los establishments de los países periféricos, al establishment alemán, y muy en particular a la banca y a las compañías exportadoras alemanas. Los famosos rescates bancarios y las supuestas “ayudas financieras” a los Estados de los países periféricos es básicamente ayuda a los bancos alemanes (entre otros bancos europeos) como bien han reconocido economistas asesores al Gobierno Merkel como Jürgen Donges, en sus declaraciones de apoyo a las supuestas ayudas a España, aprobadas en el Parlamento alemán (Las responsabilidades del ‘establishment’ alemán en la crisis española, Público, 07.02.13).
Otro ejemplo del impacto diferencial de tales políticas ha sido el establecimiento del euro que ha beneficiado primordialmente al establishment alemán. Como he detallado en mis trabajos, el BCE no es un banco central. Es un lobby de la banca y muy en particular de la banca alemana. Ni que decir tiene que tal institución también está sujeta a otros intereses además de los alemanes, lo cual explica, en ocasiones, las tensiones entre el Bundesbank (el Banco Central Alemán) y el BCE. Pero, sigue, en general, las directrices del gobierno alemán, el cual sintetiza los intereses del establishment alemán. Y tal BCE está jugando un papel clave en imponer tales políticas. Su propia existencia, proveyendo préstamos a intereses muy bajos a la banca (pero no a los Estados), para que estos compren a intereses desmesurados la deuda pública de los Estados periféricos ha sido la causa del enorme endeudamiento de tales Estados. Tal crecimiento de la burbuja de la deuda pública está destruyendo (con los recortes de gasto público) el ya escasamente financiado Estado del Bienestar de los países periféricos de la Eurozona, destrucción que se hace para pagar a la banca alemana los intereses de tal deuda (además de debilitar el mundo del trabajo, lo cual explica el apoyo de tales políticas por parte del mundo empresarial exportador en tales países).
Y todo ello se presenta, realiza e impone, en teoría, para defender el euro y la pertenencia a Europa de tales países. La “alarma” de que el euro está en peligro es el justificante de tales políticas. Pero el euro nunca ha estado en peligro. Antes al contrario está sobrevalorado, perjudicando enormemente a las economías de los países periféricos. En realidad, las enormes desigualdades existentes entre el centro y la periferia de la Eurozona favorecen al primero y perjudican a los segundos. Existe un flujo de capitales de la periferia al centro que los países periféricos no pueden revertir. Es la descapitalización de tales países, impuesta por el establishment alemán, que es el primer beneficiario de tal sistema. Los bancos y los Estados de la periferia tienen una gran escasez de capital mientras que los bancos como Deutsche Bank y los bancos alemanes más importantes así como el Estado alemán tienen dinero de sobras.
Como el establishment alemán domina la Eurozona
Esta es la relación imperial que se genera y reproduce sin ningún tipo de intervención militar. De ahí que no pueda hablarse del IV Reich. Pero las relaciones de dominio económico, político e incluso mediático existen. Le sorprenderá al lector que incluya también el mediático. Dos ejemplos recientes de este dominio mediático han aparecido recientemente: uno es el veto a un artículo de Juan Torres en El País de Andalucía. Juan Torres publicó un excelente artículo (Alemania contra Europa, 24.03.13) alertando del dominio alemán haciendo una reflexión muy acertada de los paralelismos existentes con épocas anteriores. Tal artículo fue retirado de la web de El País donde inicialmente se publicó, debido a presiones mediáticas y políticas alemanas sobre El País. El establishment alemán no quiere que se hable del pasado relacionándolo con el presente.
Otro caso reciente prueba lo que digo: en un artículo reciente publicado el Público (Las responsabilidades del ‘establishment’ alemán en la crisis española, 07.02.13), señalaba yo que la influencia del establishment alemán en España es una constante en la historia de nuestro país. Señalaba que el gobierno alemán configuraba en gran medida las políticas del gobierno español que estaban dañando el bienestar de la población española. Pero añadía que el establishment alemán tenía una gran responsabilidad en la génesis de la crisis en España pues fue el gobierno alemán, bajo Hitler, el que jugó un papel determinante de la victoria del General Franco, impidiendo las reformas tan necesarias para modernizar el país, realizadas por la II República. No es por casualidad que los países como Grecia, Portugal y España, que están en una situación desesperante sean países que han sido dominados por fuerzas ultraconservadoras en la mayoría de su historia. Y en España, el establishment alemán jugó un papel clave en la victoria de tales fuerzas, frenando las reformas (iniciadas por la II República) del sistema productivo y de su economía, que han sido difíciles de aplicar debido a la enorme influencia que las ultraderechas tienen en España, que ahora utilizan “la crisis del euro” para continuar manteniendo sus privilegios.
Pues bien, una revista alemana (Kulturaustausch) tradujo tal artículo, eliminando toda referencia al pasado. Desaparecía la complicidad del establishment alemán en el establecimiento del fascismo español y en el mantenimiento de unas estructuras que mantuvieron España en el subdesarrollo económico, social y político por más de cuarenta años.
Una última observación: en Alemania (y en España) hay clases sociales.
El lector notará que a lo largo de este artículo hablo del establishment alemán, más que de Alemania. Y ello se debe a la necesidad de no confundir el establishment gobernante en un país con el propio país, una confusión que el establishment alienta y favorece pero que no corresponde a la realidad. En Alemania, como en España, hay clases sociales con intereses distintos que están en conflicto —como ahora— con gran frecuencia. Una de las “víctimas” del establishment alemán es la propia clase trabajadora alemana que es la que sufre en primera mano las reformas Schröder-Merkel. El crecimiento de la productividad alemana ha beneficiado predominantemente a las rentas del capital, no a las del trabajo, cuyos salarios han permanecido estancados por la mayoría del tiempo desde el establecimiento del euro.
Y es a esta clase trabajadora alemana a la cual va dirigida la desinformación producida por los medios de mayor difusión alemanes (incluyendo los llamados serios y responsables) que presentan la situación de los países periféricos como resultado de la pereza y escasa productividad de sus trabajadores, de su excesiva protección social, y otras falsedades, atribuyéndose el rechazo popular en estos países a tales imposiciones de políticas de austeridad a características culturales y étnicas que producen un populismo, poco maduro, como lo definía el Spiegel hace unos días. El racismo y el estereotipo étnico son una constante en la cultura hegemónica alemana.
Vicenç Navarro. Público
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/6765/la-relacion-imperial-del-establishment-aleman/
Tales políticas incluyen (1) recortes muy sustanciales de la protección social de tales países (con reducciones muy notables de las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar) y otras intervenciones públicas que están deteriorando la infraestructura física y social del país, y (2) reformas laborales encaminadas a reducir los salarios de la población trabajadora. Las primeras políticas públicas se están imponiendo bajo el argumento de que hay que reducir el déficit y la deuda pública de tales países a fin de recuperar la confianza de los mercados financieros, y así los Estados puedan conseguir dinero prestado de los bancos. El segundo tipo de políticas públicas —la desregulación del mercado de trabajo— se fuerza sobre los países indicando que tal disminución de los salarios es necesaria para hacer a las empresas más competitivas y facilitar así las exportaciones, que serán las actividades económicas que sacarán a los países (incluyendo España y sus CCAA) de la profunda recesión en la que se encuentran.
Tales políticas se realizan con el apoyo de los establishments financieros, empresariales, políticos y mediáticos que gobiernan tales países periféricos (incluyendo España), pues, excusándose en la necesidad de mantenerse en Europa (presentando su permanencia en el euro como garantía de su pertenencia) imponen tales políticas. Consiguen con ello lo que siempre han deseado: debilitar al mundo del trabajo, a fin de optimizar sus intereses financieros y económicos. En todos estos países las rentas del capital están subiendo a costa del descenso de las rentas del trabajo. La evidencia de ello es clara, robusta y contundente. Entre 2009 y 2012, la parte del PIB que corresponde a la compensación de los trabajadores ha perdido peso. En España, este porcentaje ha pasado de ser el 50% al 46% (es decir, una disminución del 4% del PIB), en Grecia e Irlanda también se ha reducido el 4% del PIB y en Portugal el 3%. Lo que se llamaba antes la lucha de clases continúa desarrollándose en tales países con la ayuda del establishment alemán, que domina el establishment europeo.
¿Por qué se realizan tales políticas?
El hecho de que tales políticas se impongan a la población (en ninguno de tales países existe un mandato popular para que se lleven a cabo) se debe a que tales políticas benefician, además de a los establishments de los países periféricos, al establishment alemán, y muy en particular a la banca y a las compañías exportadoras alemanas. Los famosos rescates bancarios y las supuestas “ayudas financieras” a los Estados de los países periféricos es básicamente ayuda a los bancos alemanes (entre otros bancos europeos) como bien han reconocido economistas asesores al Gobierno Merkel como Jürgen Donges, en sus declaraciones de apoyo a las supuestas ayudas a España, aprobadas en el Parlamento alemán (Las responsabilidades del ‘establishment’ alemán en la crisis española, Público, 07.02.13).
Otro ejemplo del impacto diferencial de tales políticas ha sido el establecimiento del euro que ha beneficiado primordialmente al establishment alemán. Como he detallado en mis trabajos, el BCE no es un banco central. Es un lobby de la banca y muy en particular de la banca alemana. Ni que decir tiene que tal institución también está sujeta a otros intereses además de los alemanes, lo cual explica, en ocasiones, las tensiones entre el Bundesbank (el Banco Central Alemán) y el BCE. Pero, sigue, en general, las directrices del gobierno alemán, el cual sintetiza los intereses del establishment alemán. Y tal BCE está jugando un papel clave en imponer tales políticas. Su propia existencia, proveyendo préstamos a intereses muy bajos a la banca (pero no a los Estados), para que estos compren a intereses desmesurados la deuda pública de los Estados periféricos ha sido la causa del enorme endeudamiento de tales Estados. Tal crecimiento de la burbuja de la deuda pública está destruyendo (con los recortes de gasto público) el ya escasamente financiado Estado del Bienestar de los países periféricos de la Eurozona, destrucción que se hace para pagar a la banca alemana los intereses de tal deuda (además de debilitar el mundo del trabajo, lo cual explica el apoyo de tales políticas por parte del mundo empresarial exportador en tales países).
Y todo ello se presenta, realiza e impone, en teoría, para defender el euro y la pertenencia a Europa de tales países. La “alarma” de que el euro está en peligro es el justificante de tales políticas. Pero el euro nunca ha estado en peligro. Antes al contrario está sobrevalorado, perjudicando enormemente a las economías de los países periféricos. En realidad, las enormes desigualdades existentes entre el centro y la periferia de la Eurozona favorecen al primero y perjudican a los segundos. Existe un flujo de capitales de la periferia al centro que los países periféricos no pueden revertir. Es la descapitalización de tales países, impuesta por el establishment alemán, que es el primer beneficiario de tal sistema. Los bancos y los Estados de la periferia tienen una gran escasez de capital mientras que los bancos como Deutsche Bank y los bancos alemanes más importantes así como el Estado alemán tienen dinero de sobras.
Como el establishment alemán domina la Eurozona
Esta es la relación imperial que se genera y reproduce sin ningún tipo de intervención militar. De ahí que no pueda hablarse del IV Reich. Pero las relaciones de dominio económico, político e incluso mediático existen. Le sorprenderá al lector que incluya también el mediático. Dos ejemplos recientes de este dominio mediático han aparecido recientemente: uno es el veto a un artículo de Juan Torres en El País de Andalucía. Juan Torres publicó un excelente artículo (Alemania contra Europa, 24.03.13) alertando del dominio alemán haciendo una reflexión muy acertada de los paralelismos existentes con épocas anteriores. Tal artículo fue retirado de la web de El País donde inicialmente se publicó, debido a presiones mediáticas y políticas alemanas sobre El País. El establishment alemán no quiere que se hable del pasado relacionándolo con el presente.
Otro caso reciente prueba lo que digo: en un artículo reciente publicado el Público (Las responsabilidades del ‘establishment’ alemán en la crisis española, 07.02.13), señalaba yo que la influencia del establishment alemán en España es una constante en la historia de nuestro país. Señalaba que el gobierno alemán configuraba en gran medida las políticas del gobierno español que estaban dañando el bienestar de la población española. Pero añadía que el establishment alemán tenía una gran responsabilidad en la génesis de la crisis en España pues fue el gobierno alemán, bajo Hitler, el que jugó un papel determinante de la victoria del General Franco, impidiendo las reformas tan necesarias para modernizar el país, realizadas por la II República. No es por casualidad que los países como Grecia, Portugal y España, que están en una situación desesperante sean países que han sido dominados por fuerzas ultraconservadoras en la mayoría de su historia. Y en España, el establishment alemán jugó un papel clave en la victoria de tales fuerzas, frenando las reformas (iniciadas por la II República) del sistema productivo y de su economía, que han sido difíciles de aplicar debido a la enorme influencia que las ultraderechas tienen en España, que ahora utilizan “la crisis del euro” para continuar manteniendo sus privilegios.
Pues bien, una revista alemana (Kulturaustausch) tradujo tal artículo, eliminando toda referencia al pasado. Desaparecía la complicidad del establishment alemán en el establecimiento del fascismo español y en el mantenimiento de unas estructuras que mantuvieron España en el subdesarrollo económico, social y político por más de cuarenta años.
Una última observación: en Alemania (y en España) hay clases sociales.
El lector notará que a lo largo de este artículo hablo del establishment alemán, más que de Alemania. Y ello se debe a la necesidad de no confundir el establishment gobernante en un país con el propio país, una confusión que el establishment alienta y favorece pero que no corresponde a la realidad. En Alemania, como en España, hay clases sociales con intereses distintos que están en conflicto —como ahora— con gran frecuencia. Una de las “víctimas” del establishment alemán es la propia clase trabajadora alemana que es la que sufre en primera mano las reformas Schröder-Merkel. El crecimiento de la productividad alemana ha beneficiado predominantemente a las rentas del capital, no a las del trabajo, cuyos salarios han permanecido estancados por la mayoría del tiempo desde el establecimiento del euro.
Y es a esta clase trabajadora alemana a la cual va dirigida la desinformación producida por los medios de mayor difusión alemanes (incluyendo los llamados serios y responsables) que presentan la situación de los países periféricos como resultado de la pereza y escasa productividad de sus trabajadores, de su excesiva protección social, y otras falsedades, atribuyéndose el rechazo popular en estos países a tales imposiciones de políticas de austeridad a características culturales y étnicas que producen un populismo, poco maduro, como lo definía el Spiegel hace unos días. El racismo y el estereotipo étnico son una constante en la cultura hegemónica alemana.
Vicenç Navarro. Público
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/6765/la-relacion-imperial-del-establishment-aleman/
viernes, 5 de abril de 2013
_- DECLARACIONES DE UN PREMIO NÓBEL DE MEDICINA. Richard J. Roberts denuncia la forma en la que operan las grandes farmacéuticas
_- Premio Nobel de Medicina: Las Farmacéuticas bloquean las medicinas que curan porque no son rentables impidiendo su distribución.El ganador del Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts denuncia la forma en la que operan las grandes farmacéuticas dentro del sistema capitalista, anteponiendo los beneficios económicos a la salud y deteniendo el avance científico en la cura de enfermedades porque curar no es tan rentable como la cronicidad.
Hace unos días se publicó una nota sobre datos revelados que muestran que las grandes compañías farmacéuticas en Estados Unidos gastan cientos de millones de dólares al año pagando a doctores para que éstos promuevan sus medicamentos.
Para complementar reproducimos esta entrevista con el Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts quien señala que los fármacos que curan no son rentables y por eso no son desarrollados por las farmacéuticas que en cambio sí desarrollan medicamentos cronificadores que sean consumidos de forma serializada. Esto, señala Roberts, también hace que algunos fármacos que podrían curar del todo una enfermedad no sean investigados. Y se pregunta hasta qué punto es válido y ético que la industria de la salud se rija por los mismos valores y principios que el mercado capitalista, los cuales llegan a parecerse mucho a los de la mafia. La entrevista originalmente fue publicada por el diario español La Vanguardia:
¿La investigación se puede planificar?
- Si yo fuera ministro de Sanidad o el responsable de Ciencia y Tecnología, buscaría a gente entusiasta con proyectos interesantes; les daría el dinero justo para que no pudieran hacer nada más que investigar y les dejaría trabajar diez años para sorprendernos.
- Parece una buena política.
- Se suele creer que, para llegar muy lejos, tienes que apoyar la investigación básica; pero si quieres resultados más inmediatos y rentables, debes apostar por la aplicada…
- ¿Y no es así?
- A menudo, los descubrimientos más rentables se han hecho a partir de preguntas muy básicas. Así nació la gigantesca y billonaria industria biotech estadounidense para la que trabajo.
- ¿Cómo nació?
- La biotecnología surgió cuando gente apasionada se empezó a preguntar si podría clonar genes y empezó a estudiarlos y a intentar purificarlos.
- Toda una aventura.
- Sí, pero nadie esperaba hacerse rico con esas preguntas. Era difícil obtener fondos para investigar las respuestas hasta que Nixon lanzó la guerra contra el cáncer en 1971.
- ¿Fue científicamente productiva?
- Permitió, con una enorme cantidad de fondos públicos, mucha investigación, como la mía, que no servía directamente contra el cáncer, pero fue útil para entender los mecanismos que permiten la vida.
- ¿Qué descubrió usted?
- Phillip Allen Sharp y yo fuimos premiados por el descubrimiento de los intrones en el ADN eucariótico y el mecanismo de gen splicing (empalme de genes).
- ¿Para qué sirvió?
- Ese descubrimiento permitió entender cómo funciona el ADN y, sin embargo, sólo tiene una relación indirecta con el cáncer.
- ¿Qué modelo de investigación le parece más eficaz, el estadounidense o el europeo?
- Es obvio que el estadounidense, en el que toma parte activa el capital privado, es mucho más eficiente. Tómese por ejemplo el espectacular avance de la industria informática, donde es el dinero privado el que financia la investigación básica y aplicada, pero respecto a la industria de la salud… Tengo mis reservas.
- Le escucho.
- La investigación en la salud humana no puede depender tan sólo de su rentabilidad económica. Lo que es bueno para los dividendos de las empresas no siempre es bueno para las personas.
- Explíquese.
- La industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital…
- Como cualquier otra industria.
- Es que no es cualquier otra industria: estamos hablando de nuestra salud y nuestras vidas y las de nuestros hijos y millones de seres humanos.
- Pero si son rentables, investigarán mejor.
- Si sólo piensas en los beneficios, dejas de preocuparte por servir a los seres humanos.
- Por ejemplo…
- He comprobado como en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad…
- ¿Y por qué dejan de investigar?
- Porque las farmacéuticas a menudo no están tan interesadas en curarle a usted como en sacarle dinero, así que esa investigación, de repente, es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que hacen crónica la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento.
- Es una grave acusación.
- Pues es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación no para curar sino sólo para convertir en crónicas dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo y de una vez para siempre. Y no tiene más que seguir el análisis financiero de la industria farmacológica y comprobará lo que le digo.
- Hay dividendos que matan.
- Por eso le decía que la salud no puede ser un mercado más ni puede entenderse tan sólo como un medio para ganar dinero. Y por eso creo que el modelo europeo mixto de capital público y privado es menos fácil que propicie ese tipo de abusos.
- ¿Un ejemplo de esos abusos?
- Se han dejado de investigar antibióticos porque son demasiado efectivos y curaban del todo. Como no se han desarrollado nuevos antibióticos, los microorganismos infecciosos se han vuelto resistentes y hoy la tuberculosis, que en mi niñez había sido derrotada, está resurgiendo y ha matado este año pasado a un millón de personas.
- ¿No me habla usted del Tercer Mundo?
- Ése es otro triste capítulo: apenas se investigan las enfermedades tercermundistas, porque los medicamentos que las combatirían no serían rentables. Pero yo le estoy hablando de nuestro Primer Mundo: la medicina que cura del todo no es rentable y por eso no investigan en ella.
- ¿Los políticos no intervienen?
- No se haga ilusiones: en nuestro sistema, los políticos son meros empleados de los grandes capitales, que invierten lo necesario para que salgan elegidos sus chicos, y si no salen, compran a los que son elegidos.
- De todo habrá.
- Al capital sólo le interesa multiplicarse. Casi todos los políticos – y sé de lo que hablo- dependen descaradamente de esas multinacionales farmacéuticas que financian sus campañas. Lo demás son palabras…
Fuente: La Vanguardia.
Publicación de "El futuro es un país extraño" de Josep Fontana. La tiranía de la multitud.
Pasado And Presente
El maestro ataca de nuevo. Ahora con El futuro es un país extraño, producto del inmenso trabajo acumulado en Por el bien del imperio (P & P 2011) y de su reflexión alarmada ante los síntomas de la inmunodeficiencia social adquirida. Para Josep Fontana los rasgos más visibles de esta patología son la privatización de la política, primero, y la del propio estado más adelante, que se guarece de los ciudadanos tras un fuerte aparato represivo: “Todo apunta a un futuro de retorno hacia una privatización global semejante a la de los tiempos feudales…. [Vamos hacia una] nueva sociedad de la desigualdad”.
Es muy difícil no estar de acuerdo con el gran historiador catalán. Aunque le podemos regatear un poco en lo del feudalismo. En realidad a lo que estamos asistiendo es a las consecuencias de la regeneración de la fe capitalista, tan deteriorada desde hace más de dos siglos por debilidades absurdas, renuncias innecesarias, concesiones arrancadas a viva fuerza o temores irracionales que, en su “época dorada”, le habían hecho caer en un cierto sentimiento cristiano de culpa.
Oportunamente, la luz de Trenton (Estados Unidos) está devolviendo a la fe capitalista su pureza primigenia, aquella que iluminó en el siglo XVIII a Gran Bretaña, su anciana madre. Tras la revolución “gloriosa” (aunque ya venía de antiguo), la aristocracia terrateniente y la burguesía comercial británicas privatizaron la política por el simple procedimiento de apropiársela, enmascarándolo con un camelo de democracia electoral inexistente.
El Banco de Inglaterra, la Compañía de las Indias Orientales y la Compañía del Mar de Sur privatizaron luego el estado controlando la Corte, el Gobierno, las dos cámaras del Parlamento y los tribunales de justicia. Los lobbies de comerciantes y manufactureros, como la Compañía de Rusia, la Compañía de Levante, la Compañía de la Bahía del Hudson, la Society of West Indies Merchants, la Midland Association of Ironmasters o el West Riding Committee of Worsted Manufacturers transmitían su voluntad al gobierno (que era su hechura) y dictaban las leyes adecuadas al Parlamento (donde se sentaban ellos mismos). En aquel mundo de pureza capitalista, la desigualdad entre los hombres era tan natural como la que se daba entre los zorros y sus cazadores. Los grandes apóstoles del Nuevo Testamento del beneficio a ultranza guiaban a los fieles: “Los hombres son más felices si se hallan en la desigualdad y la subordinación”, escribía el doctor Johnson, al tiempo que anunciaba un porvenir de progreso indefinido.
El duque de Devonshire que, cuando no estaba en su castillo rural, vivía en Saint James, en el lujoso palacio que le había construido John Nash, tenía unas rentas de 50.000 libras anuales, mientras que Edward Farmer, deshollinador que vivía en una covacha del East End, sudaba hollín para ganar 12 libras al año. ¿Por qué no? No hay que confundir the classes with the asses. A lo largo del siglo XVIII la renta per cápita inglesa creció un 4,5 % (cuidado con las estadísticas), pero los impuestos se multiplicaron por 18 en términos reales (también aquí cuidado con las estadísticas). Lo cierto en cualquier caso es que los impuestos directos pasaron de constituir el 36 % de los ingresos de la hacienda, al 16 %, mientras que los indirectos, que partían del 26 % llegaron al 75 % a finales de siglo. Con esta imposición regresiva, el estado (o sea, los que ya sabemos) transfirió desde los consumidores pobres a los grandes financieros el 40 % de toda la imposición fiscal, o sea el 5 % de la renta nacional británica. Estas transferencias, junto con el diferencial entre precios y salarios, fueron la mayor fuente de financiación de la industria británica. Lo explicó muy bien el mayor economista de aquel tiempo y, por lo que parece, de todos los tiempos: “En una sociedad civilizada [sic], los pobres proveen para ellos mismos y para el enorme lujo de sus superiores [sic]". Además, el precariado de la época no tenía de qué quejarse; podía acogerse a las generosísimas leyes de pobres, hospedarse en las fastuosas workhouses o residir en las espectaculares cárceles privatizadas, que acogían de buen grado a quienes según la Black Act no sabían respetar la propiedad privada, ni la religión, ni tenían la decencia de pagar sus deudas y arrastraban por las calles sus borracheras de ginebra solo para que Hogarth los dibujara. Hacia mediados de siglo, casi la mitad de los presos del King’s Bench lo estaban por deudas. Si el acreedor no les había esquilmado, podían alquilar una celda individual al empresario-alcaide por cinco libras. Si no, se le hacinaba en una celda común de cincuenta metros cuadrados rebosante de morosos con sus mujeres e hijos, todos infectados de viruela entonces mortal. Ese fue el destino de Robert Castal, el autor de The Villas of the Ancients.
En la Canaán del capitalismo, sin embargo, el precio justo del pan equivalía a nuestra actual noción de estado de bienestar. Era una línea roja. Cuando subían los precios, se producían de inmediato miles (literalmente) de motines de subsistencia que se concretaban en acciones populares directas, disciplinadas y con objetivos muy bien definidos, como nos explicó Thompson hace ya muchos años. La multitud era pronta y diligentemente masacrada por el ejército. El Scots Magazine ya advertía en julio de 1754 que “los pobres siempre están dispuestos a amotinarse y a hacer daño… y no pasará mucho tiempo sin que cometan desmanes”. Los cometieron por toda Europa durante doscientos años. El más inteligente de todos los reaccionarios británicos, Edmund Burke, advirtió claramente que el enemigo de su fe siempre estaba al acecho y había que velar para impedir “la tiranía de la multitud”. Parece que el capitalismo ha aprendido la lección. ¿Y nosotros, los herejes?
Fuente: http://pasadopresente.com/blog/41-la-tirania-de-la-multitud
El maestro ataca de nuevo. Ahora con El futuro es un país extraño, producto del inmenso trabajo acumulado en Por el bien del imperio (P & P 2011) y de su reflexión alarmada ante los síntomas de la inmunodeficiencia social adquirida. Para Josep Fontana los rasgos más visibles de esta patología son la privatización de la política, primero, y la del propio estado más adelante, que se guarece de los ciudadanos tras un fuerte aparato represivo: “Todo apunta a un futuro de retorno hacia una privatización global semejante a la de los tiempos feudales…. [Vamos hacia una] nueva sociedad de la desigualdad”.
Es muy difícil no estar de acuerdo con el gran historiador catalán. Aunque le podemos regatear un poco en lo del feudalismo. En realidad a lo que estamos asistiendo es a las consecuencias de la regeneración de la fe capitalista, tan deteriorada desde hace más de dos siglos por debilidades absurdas, renuncias innecesarias, concesiones arrancadas a viva fuerza o temores irracionales que, en su “época dorada”, le habían hecho caer en un cierto sentimiento cristiano de culpa.
Oportunamente, la luz de Trenton (Estados Unidos) está devolviendo a la fe capitalista su pureza primigenia, aquella que iluminó en el siglo XVIII a Gran Bretaña, su anciana madre. Tras la revolución “gloriosa” (aunque ya venía de antiguo), la aristocracia terrateniente y la burguesía comercial británicas privatizaron la política por el simple procedimiento de apropiársela, enmascarándolo con un camelo de democracia electoral inexistente.
El Banco de Inglaterra, la Compañía de las Indias Orientales y la Compañía del Mar de Sur privatizaron luego el estado controlando la Corte, el Gobierno, las dos cámaras del Parlamento y los tribunales de justicia. Los lobbies de comerciantes y manufactureros, como la Compañía de Rusia, la Compañía de Levante, la Compañía de la Bahía del Hudson, la Society of West Indies Merchants, la Midland Association of Ironmasters o el West Riding Committee of Worsted Manufacturers transmitían su voluntad al gobierno (que era su hechura) y dictaban las leyes adecuadas al Parlamento (donde se sentaban ellos mismos). En aquel mundo de pureza capitalista, la desigualdad entre los hombres era tan natural como la que se daba entre los zorros y sus cazadores. Los grandes apóstoles del Nuevo Testamento del beneficio a ultranza guiaban a los fieles: “Los hombres son más felices si se hallan en la desigualdad y la subordinación”, escribía el doctor Johnson, al tiempo que anunciaba un porvenir de progreso indefinido.
El duque de Devonshire que, cuando no estaba en su castillo rural, vivía en Saint James, en el lujoso palacio que le había construido John Nash, tenía unas rentas de 50.000 libras anuales, mientras que Edward Farmer, deshollinador que vivía en una covacha del East End, sudaba hollín para ganar 12 libras al año. ¿Por qué no? No hay que confundir the classes with the asses. A lo largo del siglo XVIII la renta per cápita inglesa creció un 4,5 % (cuidado con las estadísticas), pero los impuestos se multiplicaron por 18 en términos reales (también aquí cuidado con las estadísticas). Lo cierto en cualquier caso es que los impuestos directos pasaron de constituir el 36 % de los ingresos de la hacienda, al 16 %, mientras que los indirectos, que partían del 26 % llegaron al 75 % a finales de siglo. Con esta imposición regresiva, el estado (o sea, los que ya sabemos) transfirió desde los consumidores pobres a los grandes financieros el 40 % de toda la imposición fiscal, o sea el 5 % de la renta nacional británica. Estas transferencias, junto con el diferencial entre precios y salarios, fueron la mayor fuente de financiación de la industria británica. Lo explicó muy bien el mayor economista de aquel tiempo y, por lo que parece, de todos los tiempos: “En una sociedad civilizada [sic], los pobres proveen para ellos mismos y para el enorme lujo de sus superiores [sic]". Además, el precariado de la época no tenía de qué quejarse; podía acogerse a las generosísimas leyes de pobres, hospedarse en las fastuosas workhouses o residir en las espectaculares cárceles privatizadas, que acogían de buen grado a quienes según la Black Act no sabían respetar la propiedad privada, ni la religión, ni tenían la decencia de pagar sus deudas y arrastraban por las calles sus borracheras de ginebra solo para que Hogarth los dibujara. Hacia mediados de siglo, casi la mitad de los presos del King’s Bench lo estaban por deudas. Si el acreedor no les había esquilmado, podían alquilar una celda individual al empresario-alcaide por cinco libras. Si no, se le hacinaba en una celda común de cincuenta metros cuadrados rebosante de morosos con sus mujeres e hijos, todos infectados de viruela entonces mortal. Ese fue el destino de Robert Castal, el autor de The Villas of the Ancients.
En la Canaán del capitalismo, sin embargo, el precio justo del pan equivalía a nuestra actual noción de estado de bienestar. Era una línea roja. Cuando subían los precios, se producían de inmediato miles (literalmente) de motines de subsistencia que se concretaban en acciones populares directas, disciplinadas y con objetivos muy bien definidos, como nos explicó Thompson hace ya muchos años. La multitud era pronta y diligentemente masacrada por el ejército. El Scots Magazine ya advertía en julio de 1754 que “los pobres siempre están dispuestos a amotinarse y a hacer daño… y no pasará mucho tiempo sin que cometan desmanes”. Los cometieron por toda Europa durante doscientos años. El más inteligente de todos los reaccionarios británicos, Edmund Burke, advirtió claramente que el enemigo de su fe siempre estaba al acecho y había que velar para impedir “la tiranía de la multitud”. Parece que el capitalismo ha aprendido la lección. ¿Y nosotros, los herejes?
Fuente: http://pasadopresente.com/blog/41-la-tirania-de-la-multitud
Cinco formas de aumentar la creatividad
De pronto, un momento de inspiración. Comprendemos, vemos una conexión, una solución, una causa. ¿Pero qué sucede en el cerebro cuando surge una nueva idea? ¿Es la creatividad un proceso al azar o puede ser alimentada?
La ciencia cuenta ahora con nuevas herramientas que permiten literalmente "ver" qué sucede en el cerebro antes de la inspiración.
En un programa de la serie televisiva Horizon, la BBC habló con expertos que exploran los procesos neurológicos previos al momento "eureka".
Y su trabajo sugiere cinco vías para aumentar la creatividad.
Hacer cosas en forma diferentes
Si uno busca respuestas innovadoras para un problema, hacer algo tan simple como cambiar la rutina puede ayudar a encontrar la solución. Cambiar pan por cereal en el desayuno o intentar una nueva ruta para llegar trabajo son algunas opciones.
La psicóloga Simone Ritter, de la Universidad Radboud Nijmegen en Holanda, realizó experimentos de innovación con sus estudiantes. En uno de ellos, el estudiante se coloca un casco y lentes especiales que le permiten interactuar con un mundo virtual.
Pero esta nueva realidad no obedece a los principios de la física. Los objetos se elevan al caerse de una mesa y se ven cada más pequeños al acercarnos. Tras navegar algunos momentos por este mundo desconocido, los estudiantes logran mejores resultados en pruebas de creatividad.
La Dra Ritter también pide a los estudiantes, por ejemplo, que preparen un tradicional sándwich holandés, de pan con mantequilla y grajeas de chocolate, pero no en el orden usual.
Preparar un sándwich en un orden inusual puede ayudar, según la Dra Ritter.
En lugar de untar una rebanada de pan y verter grajeas sobre la misma, ¿por qué no poner las grajeas en el plato primero y luego frotar en ellas el pan enmantecado?
Ejercicios de este tipo producen mejores resultados en tests de creatividad, asegura Ritter, quien recomienda experiencias nuevas. La investigadora misma experimenta por primera vez en el programa de la BBC ser copiloto de un planeador, una aeronave que se desplaza sólo por fuerzas aerodinámicas y carece de motor.
Cambiar la rutina puede ofrecernos una perspectiva refrescante y resultar en nuevas conexiones neuronales que se traducen en ideas originales, según Ritter.
Disminuir las distracciones
Reducir las distracciones parece ser importante en el camino hacia una epifanía.
Cortar el ruido exterior puede ayudar a "ver" soluciones.
Roald Dahl, el prolífico autor de cuentos británico, no permitía casi visitas al cobertizo en su jardín donde creaba sus historias. Y el escritor estadounidense Jonathan Franzen escribió su novela "Las Correcciones" (2001) usando tapones para los oídos y una venda en los ojos.
Los neurólogos creen que el momento de la inspiración ocurre en el hemisferio derecho del cerebro, en un área cercana a la parte frontal que se denomina giro temporal superior. Algunos estudios indican un aumento significativo de ondas gama desde esta zona cuando surge una idea.
Pero justo antes de que ello suceda se registra en la parte posterior del cerebro un incremento de ondas alfa, las ondas asociadas con el relajamiento, explica el profesor John Kounios, de la Universidad Drexel, en Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos).
El investigador explicó que captamos información permanentemente, pero las ondas alfa le permiten al cerebro tomarse una pequeña pausa, algo similar a lo que ocurre cuando cerramos momentáneamente los ojos al pestañear.
Ese "pestañeo" en el tráfico de información permite que una conexión tenue salga a la superficie como una nueva idea. "Cuando le preguntamos a alguien una pregunta difícil, es común que miren a la distancia o bajen la mirada por un instante. Miran a cualquier lado pero no a nuestro rostro que los distrae", señala Kounios.
Si nuestra atención se dirige "hacia adentro" es más probable que podamos resolver un problema en un destello de inspiración, según el científico.
Trabajar en tareas mundanas
Otra actividad que puede ayudar a la creatividad es trabajar momentáneamente en tareas que requieran concentración mínima.
Darwin caminaba todos los días por el sendero cercano a Down House, su casa en las afueras de Londres.
El profesor Jonathan Schooler de la Universidad de California, Santa Barbara, planteó tests de creatividad a tres voluntarios. Luego de buscar soluciones, cada voluntario "descansó" con una tarea diferente: no hacer nada, hacer algo difícil, o cumplir una tarea rutinaria como ordenar cubos por colores, que no requiere demasiada concentración. La tercera opción es la que llevó a mejores resultados al reanudar posteriormente los tests de creatividad. Durante esa tarea rutinaria el inconsciente parece seguir un proceso de "recombinación" que lleva a nuevas soluciones.
"Si están atascados, tómense un descanso. Eso permite que los procesos inconscientes sigan activos. Pero no se queden simplemente allí sin hacer nada, salgan a caminar o tomen un ducha o dedíquense un momento a la jardinería", aconseja Schooler.
Gregor Mendel, considerado el padre de la genética, pasó años contando y observando pacientemente los guisantes que cruzó para descifrar los principios de la transmisión hereditaria.
No tener miedo de improvisar o arriesgarse
El Dr Limb pide a jazzistas que toquen un miniteclado mientras están en un tomógrafo.
El científico Charles Limb de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos, asegura que todas las personas son creativas aún cuando a veces no se den cuenta de ello.
"Si la gente piensa en su comportamiento diario, verá que es en gran medida improvisado, ya que no planeamos segundo a segundo qué vamos a hacer", señala el investigador.
Además de otorrinolaringólogo, Limb es un músico amante del jazz y ha venido utilizando esa pasión en sus investigaciones, pidiendo por ejemplo, a conocidos artistas que improvisen en un pequeño teclado mientras se encuentran en un tomógrafo para estudiar su cerebro.
Limb señala que los músicos de jazz, los dibujantes de historietas y los raperos, todos acostumbrados a improvisar, experimentan cambios en la corteza prefrontal del cerebro en momentos creativos.
"En estos músicos constatamos una especie de suspensión temporal en esa corteza prefrontal", señala el investigador.
En estas profesiones es menos probable que las personas sientan que deben monitorear su comportamiento y por ello acaban tomando más riesgos.
Dejar que la mente divague
Charles Darwin estaba leyendo el ensayo de Thomas Maltus sobre el crecimiento de la población cuando cristalizó su teoría de la selección natural, según relatos.
Y Arquímedes, el científico griego a quien se atribuye el uso del término "eureka", supuestamente lo usó cuando descubrió, mientras tomaba un baño, el principio para determinar el volumen de un objeto de forma irregular.
La inspiración para las notas de papel autoadhesivas Post It le llegó a Arthur Fry cuando buscaba una forma de marcar las páginas de su libro de himnos durante un servicio religioso. Fry se dio cuenta de que podía usar una sustancia adhesiva inventada por su colega Spencer Silver para crear notas autoadhesivas.
El Dr Rex Jung, de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, ha observado que durante un proceso creativo se producen cambios en los lóbulos frontales. Cuanto menos actividad exista en esa zona, más probable es que surja una idea original.
La materia blanca está formada por más de 150.000 kilómetros de conexiones.
Y Jung asegura que es posible desencadenar temporalmente ese estado cerebral meditando o saliendo a correr.
El investigador señala que lo importante es qué sucede con la materia blanca del cerebro, el intrincado sistema de fibras, parte del sistema nervioso central, formado por más de 150.000 kilómetros de conexiones.
Aunque el momento en que se prende la lamparita parece instantáneo, puede ser que la idea haya estado dando vueltas en nuestro inconsciente durante algún tiempo antes de que seamos conscientes de ella.
De acuerdo al trabajo del Dr Jung, los cerebros más inventivos están menos organizados, de forma que el tráfico neuronal desciende y eso crea la oportunidad para que se produzcan conexiones más inusuales.
El Test del ladrillo
Una de las pruebas más tradicionales es la creada por el psicólogo estadounidense J. P. Guilford. Su test de usos alternativos para objetos comunes mide el llamado pensamiento divergente. ¿Cuántos usos alternativos de un ladrillo podemos sugerir? ¿instrumento para mantener una puerta abierta? ¿aprietapapeles? ¿pesa para musculación? Fuente: BBC
Contenido relacionado
Más en El País. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/05/actualidad/1365175865_448281.html
Más en el NYT, 2010. Artículo de Patricia Cohen. http://www.nytimes.com/2010/05/08/books/08creative.html?pagewanted=all&_r=0
Images from brain research conducted by the Mind Research Network. While intelligence and skill are associated with the fast and efficient firing of neurons in the brain, subjects who tested high in creativity had thinner white matter and connecting axons that slow nerve traffic. In these images, the green tracks show the white matter being analyzed. The yellow and red spots show where creativity corresponds with slower nerve traffic. The blue areas show where "openness to experience," associated with creativity, corresponds with slower nerve traffic.
miércoles, 3 de abril de 2013
MATEMÁTICAS. Disciplina y cálculo orientales para mejorar en matemáticas
Corea del Sur desplazó a Finlandia en el liderazgo de las evaluaciones del último Informe PISA gracias a la atención cuidadosa a los alumnos destacados y a la cantidad de horas extra que echan sus alumnos. Y no es el único rincón de Asia a la cabeza. Shanghái es la campeona mundial en comprensión escrita y los orientales no tienen rival posible en cultura matemática. Hasta el punto de que el 25% de los alumnos de Shanghái fue capaz de resolver en PISA un tipo de problema matemático complejo. El mismo solo fue resuelto por un 3% de los de la OCDE. Se entiende pues la expansión imparable en España de métodos del Lejano Oriente que agilizan el cálculo mental y desarrollan los dos lados del cerebro. Unos 35.000 españoles practican ya esos sistemas en sus colegios o en academias. Su precio, entre 40 y 70 euros, no parece frenar a las familias
El informe Los paradigmas de la educación matemática para el siglo XXI, elaborado por grandes expertos internacionales, expresa que sus grandes resultados no se deben tanto a factores culturales "como al nivel de disciplina y concentración de los alumnos y el trabajo que realiza después de clase". Eso explica que estos métodos importados por España exijan un seguimiento de un tutor dos días a la semana y que el niño dedique de diez minutos a media hora diaria —incluidas las vacaciones— a ejercitarse. ... los resultados no son inmediatos de cara a un examen sino a medio plazo, uno o dos años. Se vuelve a la "valorización de la cultura del esfuerzo" que echa en falta la Academia de Ciencias Exactas, que no hace mucho lamentaba el "deterioro progresivo y acentuado de la formación científica en los niveles primario y secundario". Los estudiantes españoles sacaron una media de 483 puntos en la prueba PISA de matemáticas, cuando la media de la OCDE fue de 496.
El primer método en llegar fue el Kumon, hoy con 20.000 alumnos en España y 229 centros, que comenzó su expansión en 1991. El programa, dividido en 21 niveles para matemáticas y 27 para la lectura, nació en 1954 en Japón, de la mano de Toru Kumon, que creo el sistema para que su hijo fuese capaz de dominar conceptos del temario de cursos superiores. En su país el material didáctico se lanzó en 1981 y hoy día lo estudian cuatro millones de personas en el Mundo. El método arranca con letras, números y líneas, prosigue con las cuatro operaciones fundamentales de aritmética y concluye con el cálculo diferencial e integral. “La habilidad permite desarrollar el pensamiento y la creatividad. Hay mucha gente que cree que esta surge de repente”, afirmaba Kumon a EL PAÍS en 1990. ...
El estudiante de Kumon realiza de tres a cinco hojas de cálculo diarias que su instructor corrige. ...
La política de Aloha MENTAL Arithmetic, un sistema que surgió en Malasia en 1993, es la contraria. El 90% de sus 7.500 alumnos recibe clase en una de las 400 escuelas en las que se han implantado. Arrancaron en Mallorca en 2009 con 200 niños de cinco a 13 años —Kumon se practica desde dos— y su idea es llegar a 13.000 cuando se establezcan en todo el territorio. ... Al finalizar, pueden realizar cálculos de hasta diecisiete dígitos sin un lápiz porque han interiorizado el cálculo con el ábaco japonés con el que al principio trastean físicamente. Según la organización, el programa mejora también la memoria fotográfica o la orientación espacial. ...
En este sistema malayo se basa también UCMAS, radicado en Mallorca desde 2008 y con 8.000 alumnos inscritos. ¿La razón del éxito? “Cualquier centro busca diferenciarse de la competencia. En los años 90 lo hacían por medio del inglés, en el 2000 a través de las nuevas tecnologías
El uso del ábaco es usual en el colegio público Miguel Hernández de Badadona y no es casualidad. En un centro que es un Babel de una quincena de nacionalidades, el alto nivel de sus alumnos chinos -ocho puntos por encima de la media catalana en PISA- nunca ha pasado desapercibido y hace cuatro años se hermanaron con la Escuela Experimental de Qintiang. ...
Una minoría del alumnado de Kumon son opositores que han perdido el hábito de estudio y pretenden recuperar la capacidad de concentrarse y jubilados dispuestos a agilizar su mente. ...
Proyectos nacionales
No todo es made in Asia. Un programa online español se abre paso con fuerza: Smartick. Autodidacta, adapta su dificultad al rendimiento del alumno ese día. Detrás está el ingeniero Daniel González de la Vega, convencido de que hay que poner freno a los calamitosos resultados en matemáticas en PISA combinando los sistemas de aprendizaje clásicos con la última tecnología en las tabletas. ...
El programa corrige los ejercicios, pero el profesor o el padre recibe cada día un informe del avance del niño. Ahora Smartick, que se puede practicar a título individual o como extraescolar, se está aplicando dentro del currículo de tres colegios públicos. Según sus datos, en tres meses el 94% de los alumnos —ya lo han probado 4.000— mejoró su capacidad de cálculo y el 70% incrementó su nota de matemáticas.
En el colegio Montserrat de Barcelona se dieron cuenta que sus alumnos percibían los números como algo abstracto y poco útil para su vida. Por eso han creado un programa,con el que se aprenden los diferentes conceptos matemáticos a partir de la manipulación, la observación y la experimentación (Con el método EntusiasMat 1, 2,y 3 Y desde Infantil,). ELISA SILIÓ. Madrid. Leer todo aquí en El País. Leer más aquí.
Para saber más.
MANUAL DE ORIENTACIÓN Y AYUDA PARA LA FAMILIA SOBRE MATEMÁTICAS EN INFANTIL Y PRIMARIA.
Folleto de ayuda a las familias.
Blog sobre mate con teoría y práctica.
Más sobre matemáticas y el método ABN (Algoritmo basados en números de Jaime Martínez Montero)
Enlace a web sobre matemáticas.
Les défis mathématiques du Monde, épisode 2... por lemondefr
martes, 2 de abril de 2013
Pataleo. Se han mostrado tan recalcitrantemente sordos con la Ley Hipotecaria que yo diría que se han ganado a pulso que les peguen unos cuantos gritos en el portal
Vamos a ver: ¿llueven meteoritos ardientes de los cielos y el Papa se funde en un abrazo con el Antipapa, y nosotros nos preocupamos de los escraches? Me he puesto apocalíptica porque usar la realidad me parecía aún más duro, o sea: ¿estamos hasta las cejas de financiaciones ilegales, ERE corruptos, políticos y banqueros rapiñadores, y nosotros nos preocupamos de los escraches? A mí, por el contrario, cada día me admira más la moderación de la sociedad española, la capacidad de aguante de los ciudadanos y lo poco que recurren a la violencia, sufriendo tantos lo mucho que sufren (eso sí, lo he dicho y lo repito: si consiguen desmantelar del todo la sanidad pública veremos correr sangre, porque con la salud de tus hijos no se juega).
La gente es buena, en fin, y lo es pese a la contumaz cerrazón de nuestros dirigentes. Ni el PSOE ni el PP hicieron nada por paliar la carnicería de los desahucios; si algo se mueve ahora es gracias a la presión popular. No es de extrañar que el 81% de los españoles confíe en las plataformas sociales para solucionar este drama, mientras que en el PP solo confía un 11% y en el PSOE, un 10%. Se han mostrado tan recalcitrantemente sordos con la Ley Hipotecaria que yo diría que se han ganado a pulso que les peguen unos cuantos gritos en el portal. Sí, es cierto, el escrache puede derivar en esa cosa tan atroz e inadmisible que es el matonismo y el linchamiento. Pero creo que la mejor forma de fomentar esta deriva es demonizando las protestas populares. Limitemos las broncas a la acera de enfrente, sin aporrear puertas (no hay que asustar niños) y desde luego sin violencia: es lo justo y también lo más útil, porque, si no, perderán apoyos populares. Pero que no me digan que, después de tantos años sin que nadie responda, la gente no tiene por lo menos derecho al pataleo. Rosa Montero. Fuente: El País.
Kant en el callejón del gato
Si en amplias capas de la sociedad se justifican los comportamientos recurriendo a justificaciones del tipo “así funcionan las cosas” y se normaliza que lo amoral es inteligente, el resultado es un país enfermo y desquiciado
Al investigar los fundamentos de la ética en su Crítica de la razón práctica, Kant no pretendía ofrecer una serie de buenas prácticas y recomendaciones útiles: aspiraba a demostrar que la razón moral que habita el interior de toda persona seguía una ley central, del mismo modo que el movimiento de los astros cumplía la ley de la gravedad. Como es sabido, Kant expresó esa ley de la razón moral así: obra siempre de manera que puedas desear que tu comportamiento se convierta en legislación universal. En sus obras, Kant expuso distintos ejemplos de zonas grises morales, que proponía resolver determinando si sería posible una sociedad en la que todos se comportaran de esa manera. Aplicado ese método al pasado reciente de nuestro país, rendiría algo así como esto: cada vez que un líder político se rodeó de una guardia de fieles en vez de abrir su organización a los mejores; cada vez que un directivo tomó decisiones que ponían en juego irrazonablemente el futuro de su empresa, pensando en maximizar su bonus; cada vez que un analista no advirtió a sus jefes con suficiente insistencia del riesgo de una operación; todos ellos creían habitar en esa zona gris del realismo y de las justificaciones genéricas del tipo “así es como funcionan las cosas”. Por desgracia, la conclusión de la prueba de Kant está a la vista: si en amplias capas de la sociedad cunden esos comportamientos individuales, si se normaliza que lo amoral es inteligente, el resultado es un país enfermo y desquiciado.
Esa confusión entre intereses propios, o de grupo, y el territorio moral de Kant, donde la razón de cualquier ser humano puede acceder al mismo conocimiento del bien, es intrínseca a la vida; pero ha resultado particularmente hipertrofiada por la desmesurada primacía ideológica que ha adquirido la economía y que se sintetiza en el principio de que debe hacerse “lo necesario y que funcione económicamente” —una solemne perogrullada con la que, por cierto, cualquiera hace de su capa un sayo—. A quienes siguen la actualidad se les endosan a diario multitud de cifras y estadísticas, y los líderes políticos apenas se dirigen a ellos más que usando lemas manidos (sobre competitividad, productividad, austeridad…); en cierto modo, la clase política está pagando ahora la penitencia por haberse presentado durante años como talismanes que dominaban los engranajes mágicos de la economía y a los que debíamos atribuir el crecimiento y las infraestructuras; súbitamente, “la economía” se ha transformado en una despiadada fuerza a la que se someten por responsabilidad. Bajo las formas de debates teóricos y medidas varias, lo que viene sucediendo desde 2010 en la UE es una gigantesca renegociación de deudas y garantías últimas de pago, destinada a evitar pánicos financieros en cadena como el que siguió a la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos; con la diferencia de que, mientras de la crisis financiera norteamericana existe una investigación pública con múltiples testimonios ante el Congreso de EE UU, los europeos seguimos sin tener la menor idea de cómo fue posible que los Gobiernos griegos fueran sobrefinanciados temerariamente, o sobre por qué comenzó a llover dinero del cielo para empresas, bancos y familias de España en cierta época. A falta de que alguien sea responsable de algo, los españoles hemos ido aprendiendo a bofetadas que los mercados financieros funcionan con principios tan sencillos como aprovechar o inducir subidas de precios de activos (en especial allí donde detecten agentes incautos y asimetrías de información), con el objetivo de recoger beneficios y largarse justo antes de que los cambios del viento derriben el castillo de naipes.
Nadie sabe por qué fueron sobrefinanciados los gobiernos griegos tan temerariamente,...
Emilio Triguero. Seguir leyendo aquí en El País.
Al investigar los fundamentos de la ética en su Crítica de la razón práctica, Kant no pretendía ofrecer una serie de buenas prácticas y recomendaciones útiles: aspiraba a demostrar que la razón moral que habita el interior de toda persona seguía una ley central, del mismo modo que el movimiento de los astros cumplía la ley de la gravedad. Como es sabido, Kant expresó esa ley de la razón moral así: obra siempre de manera que puedas desear que tu comportamiento se convierta en legislación universal. En sus obras, Kant expuso distintos ejemplos de zonas grises morales, que proponía resolver determinando si sería posible una sociedad en la que todos se comportaran de esa manera. Aplicado ese método al pasado reciente de nuestro país, rendiría algo así como esto: cada vez que un líder político se rodeó de una guardia de fieles en vez de abrir su organización a los mejores; cada vez que un directivo tomó decisiones que ponían en juego irrazonablemente el futuro de su empresa, pensando en maximizar su bonus; cada vez que un analista no advirtió a sus jefes con suficiente insistencia del riesgo de una operación; todos ellos creían habitar en esa zona gris del realismo y de las justificaciones genéricas del tipo “así es como funcionan las cosas”. Por desgracia, la conclusión de la prueba de Kant está a la vista: si en amplias capas de la sociedad cunden esos comportamientos individuales, si se normaliza que lo amoral es inteligente, el resultado es un país enfermo y desquiciado.
Esa confusión entre intereses propios, o de grupo, y el territorio moral de Kant, donde la razón de cualquier ser humano puede acceder al mismo conocimiento del bien, es intrínseca a la vida; pero ha resultado particularmente hipertrofiada por la desmesurada primacía ideológica que ha adquirido la economía y que se sintetiza en el principio de que debe hacerse “lo necesario y que funcione económicamente” —una solemne perogrullada con la que, por cierto, cualquiera hace de su capa un sayo—. A quienes siguen la actualidad se les endosan a diario multitud de cifras y estadísticas, y los líderes políticos apenas se dirigen a ellos más que usando lemas manidos (sobre competitividad, productividad, austeridad…); en cierto modo, la clase política está pagando ahora la penitencia por haberse presentado durante años como talismanes que dominaban los engranajes mágicos de la economía y a los que debíamos atribuir el crecimiento y las infraestructuras; súbitamente, “la economía” se ha transformado en una despiadada fuerza a la que se someten por responsabilidad. Bajo las formas de debates teóricos y medidas varias, lo que viene sucediendo desde 2010 en la UE es una gigantesca renegociación de deudas y garantías últimas de pago, destinada a evitar pánicos financieros en cadena como el que siguió a la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos; con la diferencia de que, mientras de la crisis financiera norteamericana existe una investigación pública con múltiples testimonios ante el Congreso de EE UU, los europeos seguimos sin tener la menor idea de cómo fue posible que los Gobiernos griegos fueran sobrefinanciados temerariamente, o sobre por qué comenzó a llover dinero del cielo para empresas, bancos y familias de España en cierta época. A falta de que alguien sea responsable de algo, los españoles hemos ido aprendiendo a bofetadas que los mercados financieros funcionan con principios tan sencillos como aprovechar o inducir subidas de precios de activos (en especial allí donde detecten agentes incautos y asimetrías de información), con el objetivo de recoger beneficios y largarse justo antes de que los cambios del viento derriben el castillo de naipes.
Nadie sabe por qué fueron sobrefinanciados los gobiernos griegos tan temerariamente,...
Emilio Triguero. Seguir leyendo aquí en El País.
lunes, 1 de abril de 2013
Caritas española y el informe sobre la pobreza y las desigualdades
La pobreza nos asusta pero la desigualdad nos indigna
Caritas española acaba de publicar un nuevo informe FOESSA con los datos de 2012. El panorama es desolador y debe de marcar un punto de inflexión para que todos hagamos algo para acabar con esta catástrofe social, que están originando estas políticas neoliberales impuestas por la Unión Europea y que aquí son ejecutadas ciegamente y con fervor y saña por el Partido Popular y anteriormente por el PSOE.
Hace unos meses, el New York Times publicó un reportaje fotográfico sobre la realidad social de la crisis en España. Inmediatamente la prensa española y en particular la de derechas, Abc, la Razón, el Mundo, atacaron este reportaje, acusándolo de irreal.
Sin embargo, es esta misma prensa, que un día sí y otro también, quien jalea la política de recortes sociales, económicos, educativos, sanitarios, en pensiones….., en esto también debe añadirse a El País. Luego se niegan a reconocer las consecuencias sociales que provocan y nos hablan de un país irreal ¿Qué podemos decir de los políticos del PP, PSOE y CIU? Alejados totalmente de la realidad, llenos de corrupción, viviendo en sus cenáculos y no entendiendo o no queriendo ver las consecuencias que sus políticas causan en la gente. Después nos llamarán a que los votemos, ¡Pobres necios! Como dice mi amigo Víctor Moreno “idiotas morales”.
¿Qué dice el informe FOESSA 2013?
Nos habla de una pobreza muy extendida, intensa y que se va cronificando en la sociedad. Esto nos lleva a un gran incremento de la desigualdad social, cada día más profunda, que nos muestra una sociedad totalmente fracturada. Comprobemos datos:
. La pobreza severa, que la sufren aquellas personas que tiene menos de 3.650 euros anuales por persona. En el año 2008, el 4% de la población española estaba en esa situación. Sin embargo, a finales de 2012 ya se estaba en el 6,4%, es decir unos tres millones de españoles. Algunos economistas calculamos que estos datos llegarán a finales del 2013 al 7,5%, sumándose a esta nueva situación 750.000 españoles más.
Como dice José Manuel Ramírez, de la Asociación de Directores Gerentes de Servicios Sociales “la pobreza extrema es el peldaño anterior a la exclusión social, y esto supone un enorme coste humano y de recursos”.
. La pobreza relativa, serían aquellos que viven con una renta inferior a los 7.300 euros anuales, o por ejemplo una pareja con dos hijos que cuenten con una renta inferior a los 15.330 euros anuales. En el año 2008, estaban en esta situación el 19,6% de la población. Los datos de 2012 dan un salto cuantitativo llegando ya al 21,8% y representan a más de diez millones de personas. Pero los datos de finales de 2013 darán un salto cuantitativo muy importante, como consecuencia de los recortes sociales, el nivel de desempleo creciente y la reforma laboral, llegaremos al 23% siendo ya más de once millones las personas que sufrirán este tipo de pobreza.
¿Es soportable esta situación social? ¿Hasta cuándo vamos aguantar estas políticas y sus consecuencias?
El informe también nos da otros tipos de datos, analizando que a finales de 2012, la caída de la renta de los españoles era de 18.500 euros anuales, devolviéndonos a la que teníamos en el año 2001, es decir un retroceso de once años y seguimos cayendo en renta muy rápidamente como consecuencia de las políticas del Partido Popular. Podemos decir que a finales de este año, estaremos en una renta per cápita de 17.000 euros anuales.
Estos datos son consecuencia del descenso en los ingresos familiares en un 4% y la subida del IPC en un 10%. Como dice Carlos Susías de la Red Contra la Pobreza y la exclusión Social en España “es una verdadera barbaridad la evolución de los últimos años”.
¿Sufrimos igual todos la crisis?
La respuesta es NO, y esto indigna. España es un país tremendamente desigual socialmente, siendo junto a Bulgaria y Rumania el país más desigual de la Unión Europea, por encima de Portugal y Grecia. A esta situación hemos llegado gracias a las políticas desarrolladas por el tándem PP-PSOE, con su cacareadas rebajas fiscales, que consistían en bajar los impuestos a los ricos y mantener o aumentarla al mundo laboral (España es un paraíso fiscal para los ricos y encima nuestro ricos no quieren pagar, como mucho practican de vez en cuando la caridad como Amancio Ortega).
En este sentido, los datos que nos da el informe FOESSA son esclarecedores. Los ingresos medios de las personas más ricas del país son siete veces superiores al nivel medio de ingresos de quienes tienen menos rentas. Y desde comienzos de la crisis está diferencia se ha incrementado en un 30%.
La desigualdad en la distribución de rentas ha ido en aumento a partir de 2006, con una disminución del 5% en términos reales cada año en los hogares más pobres, mientras que el crecimiento correspondiente a los hogares más ricos ha sido en estos años de un 30%.
¿Qué efectos provoca n las políticas del PP?
. La destrucción de empleo y la moderación salarial han sido determinantes en la reducción del nivel de renta de los hogares del país.
. Los cambios en las prestaciones sociales con la reducción de las cuantías de dichas prestaciones contributivas de desempleo y a las mayores exigencias para percibir el subsidio, ahondan en las desigualdades sociales.
. El aumento de impuestos como el IRPF y el IVA, haciendo más pobres a gran parte del país
Nos encontramos con que los servicios sociales han decrecido enormemente y las políticas de austeridad han hecho mucho más vulnerables a la población pobre. Los recortes en los servicios públicos del bienestar suponen la ruptura definitiva para los más desfavorecidos. La austeridad vulnera los derechos sociales y se está abandonando a los más pobres. Como dice Sebastián Mora “si es verdad que siempre la pobreza y la exclusión hieren al corazón, la desigualdad es un escándalo ético y político” y sigue diciendo “se está dando una especie de invisibilidad de la pobreza y de la exclusión por saturación y extensión de la pobreza. La pobreza severa se ha incrementado de forma importante y esto nos habla de personas más allá de las fronteras de la dignidad”.
¿Qué podemos hacer?
Salir a la calle para que se nos vea y se nos oiga que no estamos conformes con lo que pasa en el país y lo que hacen los políticos. Echar a esta cuadrilla de “idiotas morales” que nos gobiernan y hacer una sociedad más justa y solidaria. Juntos podemos.
Video de Youtube con antología de declaraciones de dirigentes del PP.
Fuente: Edmundo Fayanás Escuer
La crisis, la izquierda, los partidos y Antonio Gramsci.
“Los partidos nacen y se constituyen en organización para dirigir la situación en momentos
histórica-mente vitales para su clase; pero no siempre saben adaptarse a las nuevas tareas y
a las nuevas épocas, no siempre saben desarrollarse según se van desarrollando las
relaciones totales de fuerza (y por lo tanto la posición relativa de sus clases) en el país
determinado o en el campo internacional... La burocracia es la fuerza consuetudinaria y
conservadora más peligrosa; si ésta acaba por constituir un grupo solidario, que se apoya en sí
mismo y se siente independiente de la masa, el partido acaba por volverse anacrónico, y en los
momentos de crisis aguda queda vacío de su contenido social y queda como apoyado en el
aire”. Antonio Gramsci.
“Los partidos nacen y se constituyen en organización para dirigir la situación en momentos histórica- mente vitales para su clase; pero no siempre saben adaptarse a las nuevas tareas y a las nuevas épocas, no siempre saben desarrollarse según se van desarrollando las relaciones totales de fuerza (y por lo tanto la posición relativa de sus clases) en el país determinado o en el campo internacional... La burocracia es la fuerza consuetudinaria y conservadora más peligrosa; si ésta acaba por constituir un grupo solidario, que se apoya en sí mismo y se siente independiente de la masa, el partido acaba por volverse anacrónico, y en los momentos de crisis aguda queda vacío de su contenido social y queda como apoyado en el aire”. Antonio Gramsci.
“La ciudad en rebelión quedó sola, rodeada por la incomprensión
y la indiferencia del campo, y la reacción clerical y
capitalista se apoyó sólidamente sobre el campo”. Antonio Gramsci.
“Para formar los dirigentes es fundamental partir de la siguiente premisa:
¿Se quiere que existan siempre gobernados y gobernantes o, por el contrario,
se desea crear las condiciones bajo las cuales desaparezca la necesidad
de que exista tal división?”. Antonio Gramsci.
Descargar aquí.
“Los partidos nacen y se constituyen en organización para dirigir la situación en momentos histórica- mente vitales para su clase; pero no siempre saben adaptarse a las nuevas tareas y a las nuevas épocas, no siempre saben desarrollarse según se van desarrollando las relaciones totales de fuerza (y por lo tanto la posición relativa de sus clases) en el país determinado o en el campo internacional... La burocracia es la fuerza consuetudinaria y conservadora más peligrosa; si ésta acaba por constituir un grupo solidario, que se apoya en sí mismo y se siente independiente de la masa, el partido acaba por volverse anacrónico, y en los momentos de crisis aguda queda vacío de su contenido social y queda como apoyado en el aire”. Antonio Gramsci.
“La ciudad en rebelión quedó sola, rodeada por la incomprensión
y la indiferencia del campo, y la reacción clerical y
capitalista se apoyó sólidamente sobre el campo”. Antonio Gramsci.
“Para formar los dirigentes es fundamental partir de la siguiente premisa:
¿Se quiere que existan siempre gobernados y gobernantes o, por el contrario,
se desea crear las condiciones bajo las cuales desaparezca la necesidad
de que exista tal división?”. Antonio Gramsci.
Descargar aquí.
domingo, 31 de marzo de 2013
Lo importante es soñar. Seguiremos, canción de Macaco.
Seguiremos - Hospital Sant Joan de Déu y Macaco from Hospital Sant Joan de Déu BCN on Vimeo.
¡Os gustará, es por una buena causa!
Los niños y niñas de la planta de Oncología del Hospital Sant Joan de Déu, y los profesionales y voluntarios que les acompañan en el centro, cantan junto a Macaco la canción "Seguiremos", un mensaje de esperanza para concienciar sobre la importancia de la investigación en la lucha contra el cáncer infantil. Si quieres contribuir a financiar esta lucha contra el cáncer puedes hacer tu donativo en obrasocialsantjoandedeu.org
Y por favor, no te creas ni hagais caso a los mensajes en el que se dice que "Cada vez que abras el vídeo entrarán 5 céntimos - es una burda mentira para crear una de tantas cadenas de correos basuras utilizadas por los creadores de spam.
http://vimeo.com/54275902
¡Os gustará, es por una buena causa!
Los niños y niñas de la planta de Oncología del Hospital Sant Joan de Déu, y los profesionales y voluntarios que les acompañan en el centro, cantan junto a Macaco la canción "Seguiremos", un mensaje de esperanza para concienciar sobre la importancia de la investigación en la lucha contra el cáncer infantil. Si quieres contribuir a financiar esta lucha contra el cáncer puedes hacer tu donativo en obrasocialsantjoandedeu.org
Y por favor, no te creas ni hagais caso a los mensajes en el que se dice que "Cada vez que abras el vídeo entrarán 5 céntimos - es una burda mentira para crear una de tantas cadenas de correos basuras utilizadas por los creadores de spam.
http://vimeo.com/54275902
El que avisa al viajero no es traidor
“Cuando el Gobierno, en una situación de emergencia consular, decida intervenir en operaciones de asistencia en el extranjero, que comporten la utilización de recursos presupuestarios del Estado, podrá exigir el reembolso de la totalidad o parte de los mismos a quienes se hayan expuesto voluntariamente a riesgos sobre los que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación informa en sus recomendaciones de viaje, publicadas y actualizadas puntualmente, en relación con las condiciones de seguridad en los distintos países y regiones del mundo”.
La previsión contenida en el anteproyecto de ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado, actualmente en trámite de consulta, ha puesto la mosca detrás de la oreja a las ONG que trabajan en zonas de conflicto. ¿Acaso pretende el Gobierno cobrar a las víctimas el importe de los rescates pagados a sus secuestradores? Fuentes diplomáticas lo niegan rotundamente.
No sería viable. El Gobierno no puede reconocer el pago de un rescate y, aunque lo hiciera, le sería difícil presentar la correspondiente factura a los exrehenes. Pero el rescate es una mínima parte del coste de un secuestro, según expertos en seguridad. No solo se paga a los secuestradores, sino también a un puñado de intermediarios, sin contar con el despliegue de agentes del espionaje, para obtener información, o la movilización de medios de transporte.
El secuestro es la más llamativa de una serie de situaciones en las que, con más frecuencia de lo que trasciende, se ven envueltos ciudadanos españoles. Desde amantes de la aventura hasta freelance se exponen, por vocación u obligación, a situaciones de riesgo en zonas de conflicto. En un mercado laboral cada vez más precario, algunos periodistas trabajan sin ni siquiera un seguro que les garantice la atención médica o la repatriación en caso de emergencia.
El jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, intentó forzar la salida de los cooperantes españoles de los campamentos saharauis en julio pasado, esgrimiendo la amenaza de secuestro por parte de Al Qaeda. Algunos se negaron a dejar los campos de refugiados y otros volvieron al poco tiempo. Exteriores no podía impedírselo. Pero les advirtió de que lo hacían bajo su propia responsabilidad, La mayoría acabó regresando a España cuando el Frente Polisario así lo acordó.
La ley de Acción Exterior pretende reforzar los consejos de Exteriores con un instrumento disuasorio: la posibilidad de exigir el reembolso de los servicios prestados. Y se remite para ello a las recomendaciones de viaje que figuran en la página web del ministerio (www.maec.es).
Estas recomendaciones no siempre son claras. En las fichas de muchos países figura la anotación “se recomienda viajar con precaución” o “con extrema precaución”; en otros, “se desaconseja el viaje salvo extrema necesidad”; y, en siete de ellos, “no viajar bajo ninguna circunstancia”. Muchas fichas carecen de una anotación de este tipo y hay que deducir cuál es la recomendación de Exteriores a partir de la lectura del apartado sobre “condiciones de seguridad” del país.
El Ministerio pide no ir a siete países “bajo ninguna circunstancia”
No se trata solo de que las fichas hayan sido redactadas por personas distintas con criterios diferentes (¿realmente Papúa-Nueva Guinea es más peligrosa que Afganistán?), sino que no son ajenas a condicionantes políticos.
Para países como Túnez o Egipto, que intentan recuperar el turismo tras las convulsiones de la primavera árabe, es fundamental que Exteriores no ahuyente a los españoles que planean ir allí de vacaciones. Tampoco tiene sentido que Rajoy o Margallo animen a los empresarios españoles a ir a Argelia o Libia en busca de contratos mientras la página web del Ministerio les disuade de tal cosa.
Exteriores asegura que sus recomendaciones “carecen de efecto vinculante” y solo sirven como “aviso o consejo”. Y añade: “el Estado no resultará responsable en modo alguno ni por ningún concepto de los daños o perjuicios [causados] tanto por la observancia como por desconocimiento o no atención de la recomendación”. Es decir: con las reclamaciones a otra parte.
Hasta ahora, la única normativa al respecto es una orden de 25 de abril de 2002 que regula las ayudas que Embajadas y consulados pueden conceder a los españoles que se encuentran “en situación de necesidad” en el extranjero. Con excepción de las ayudas de subsistencia, a detenidos y para entierros o incineraciones, el beneficiario está obligado a reembolsarlas. Habitualmente la ayuda no llega a los 200 euros, que es la cantidad que puede entregar el consulado sin pedir permiso a Madrid.
La situación cambiará cuando entre en vigor la nueva ley: si Exteriores puede exigir el abono de los gastos a quienes no sigan sus consejos de viaje, lo contrario también vale. ¿O no?
Fuente: El País.
sábado, 30 de marzo de 2013
_--Me llega la noticia (después compruebo que es falsa, resultado de un bulo, como tantos, que corren por Internet) de que a Arguiñano lo han despedido de antena 3- ¿Tendrá algo que ver en ello estas palabras sobre la situación española, de un cocinero "crítico"?
_--Arguiñano da su opinión durante su programa de cocina el 24 de mayo de 2012. Un cocinero "explica España".
http://youtu.be/Jxj2uXbkH3c
http://youtu.be/skM5YLW3iMA
Derecho, Estado y propiedad. La libertad republicana contra la concepción liberal del Estado
Derecho, Estado y propiedad
La libertad republicana contra la concepción liberal del Estado
Luis Alegre Zahonero, Carlos Fernández Liria y Daniel Iraberri Pérez
Temas
Este artículo es la versión original del que fue publicado con el mismo título en el número 70 de la revista Temas (La Habana, abril junio 2012). Los editores cubanos hicieron una serie de modificaciones sobre el original que, normalmente, derivan en cuestiones meramente sintácticas, pero que, al menos en nuestro país, dificultan la lectura.
Hay muchas formas de matar
Pueden meterte un cuchillo en el vientre
Quitarte el pan
No curarte de una enfermedad
Meterte en una mala vivienda
Empujarte hasta el suicidio
Torturarte hasta la muerte por medio del trabajo
llevarte a la guerra, etc.
Solo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro Estado.
Bertolt Brecht, Me-Ti. El libro de los cambios. 1937
1. El Estado como “nada más que” una herramienta de dominación de clase
Desde sus orígenes, la corriente principal de la tradición marxista ha tendido a considerar el aparato del Estado como “nada más que” una herramienta de explotación y dominación de clase. En este sentido, como es lógico, la discusión sobre cuándo y cómo cabría lograr la abolición del Estado ha sido una constante.
A este respecto, hay que empezar sin duda reconociendo que ya en Engels, en Lenin e incluso en el propio Marx (aunque en menor medida) es posible encontrar indicaciones respecto a la necesaria abolición del Estado.
Ciertamente en Engels podemos encontrar las indicaciones más nítidas al respecto. Así, por ejemplo, en una carta a Bebel de marzo de 1875 considera simplemente absurda la mera idea de un “Estado libre”:
“ Siendo el Estado una institución meramente transitoria que se utiliza en la lucha, en la revolución, para someter por la violencia a los adversarios, es un absurdo hablar de un Estado libre del pueblo: mientras el proletariado necesite todavía el Estado, no lo necesitará en interés de la libertad, sino para someter a sus adversarios, y tan pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Por eso, nosotros propondríamos emplear siempre, en vez de la palabra Estado, la palabra "comunidad" (Gemeinwesen), una buena y antigua palabra alemana que equivale a la palabra francesa "Commune"” 1
Bien es verdad que la posición de Marx al respecto parece siempre mucho más matizada. Así, por ejemplo en la Crítica del programa de Gotha no tiene reparos en hablar del “Estado futuro de la sociedad comunista” 2 para referirse al entramado institucional que habrá de resultar tras el triunfo de la clase obrera.
No obstante, Lenin niega cualquier diferencia que pueda producirse a este respecto entre Marx y Engels . En efecto, en El Estado y la revolución, Lenin critica a quienes tratan de señalar alguna diferencia entre ambos pensadores a propósito de la cuestión del Estado 3 . A partir de aquí, Lenin se posiciona de un modo muy expreso a favor de la abolición del Estado una vez suprimida la necesidad de un aparato coactivo de explotación de clase. Y de este modo, aunque sí reconoce la necesidad de alguna estructura represiva capaz de controlar los excesos de individuos concretos, fija para la corriente principal de la tradición marxista una postura firme en defensa de la abolición del Estado como tarea ineludible del comunismo:
“sólo el comunismo suprime en absoluto la necesidad del Estado, pues no hay nadie a quien reprimir, "nadie" en el sentido de clase, en el sentido de una lucha sistemática contra determinada parte de la población. No somos utopistas y no negamos lo más mínimo que es posible e inevitable que algunos individuos cometan excesos, como tampoco negamos la necesidad de reprimir tales excesos. Pero, en primer lugar, para ello no hace falta una máquina especial, un aparato especial de represión; esto lo hará el propio pueblo armado, con la misma sencillez y facilidad con que un grupo cualquiera de personas civilizadas, incluso en la sociedad actual, separa a los que se están peleando o impide que se maltrate a una mujer. Y, en segundo lugar, sabemos que la causa social más profunda de los excesos, consistentes en la infracción de las reglas de convivencia, es la explotación de las masas, su penuria y su miseria. Al suprimirse esta causa fundamental, los excesos comenzarán inevitablemente a "extinguirse". No sabemos con qué rapidez y gradación, pero sabemos que se extinguirán. Y con ello se extinguirá también el Estado ” 4.
Sin embargo, lo primero con lo que nos encontramos a este respecto es con un sistema de definiciones cerrado en el que Estado no remite a nada más que a las estructuras e instituciones de opresión de clase y, por lo tanto, va de suyo su “extinción” con la abolición de la sociedad de clases.
Esto es algo que se comprende a la perfección en un contexto de discusión teórica y actividad política en que se trata de confrontar aparatos estatales que, en efecto, no tienen muchas más funciones que las de carácter represivo, de sostenimiento del orden establecido y garantía de la propiedad de las clases altas. Evidentemente, cuando se habla de Estado zarista, lo primero que viene a la cabeza no es la provisión de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación. Ni tampoco se piensa en el instrumento de seguridad jurídica y garantías respecto a las libertades individuales.
En ese contexto, es decir, en el contexto de la I Internacional, es evidente que en la discusión con los anarquistas habría sido absurdo que los comunistas se presentasen como los defensores del Estado frente a quienes piden su abolición.
En la medida en que el Estado no sea más que una estructura de opresión de clase , es necesario defender su extinción en paralelo con la abolición de las clases. Pero esto es algo que no tiene mayor complicación ni mayor interés. Es algo que se establece por definición y que afecta al Estado solo en la medida en que no sea nada más que estructura de opresión de clase.
Como es evidente, lo que nos interesa es plantearnos si el Estado puede ser “algo más” y qué ocurre con ese “algo más” . Y a este respecto, resulta difícil negar que, además de una maquinaria para cobrar tributos y reprimir revueltas, el Estado puede sin duda desempeñar otras funciones.
En todo caso, el contexto de discusión hoy no es principalmente con el anarquismo o, en todo caso, lo es con el anarco-liberalismo tipo Nozick, que lo que defienden es, precisamente, que el estado no sea nada más que ese mínimo imprescindible para garantizar la explotación de clase.
2. El estado como “algo más que” una mera herramienta de dominación de clase
2.1. Libertad y coacción .
Incluso en lo relativo a las funciones netamente coactivas y de ejercicio de la violencia, parece claro que una parte de las tareas que le corresponden no remiten a conflictos de clase. Resulta de una ingenuidad llamativa plantear que en algún momento dejarán de ser necesarias las funciones represivas y de garantía de la seguridad, tanto interna -porque habrá llegado una nueva era de relaciones entre los hombres- como externa -porque habrá triunfado la revolución mundial.
Confiar la integridad personal a que cale en el corazón de los hombres el “no matarás” o confiar la propiedad (pública o privada) a que ya no se codicien los bienes ajenos, puede ser un objetivo noble pero basado en una pura confianza mesiánica. En ausencia de fuerzas coactivas por parte del poder del Estado, te encuentras con todo tipo de venganzas, pillajes, saqueos y la permanente amenaza del caos. A este respecto, no le falta razón a Doménico Losurdo cuando señala que los grandes procesos revolucionarios socialistas (fundamentalmente la revolución rusa y la revolución china) se encontraran como primera tarea con la necesidad de salvar un Estado ante una situación que se precipitaba al caos 5 . En realidad, cualquier proceso revolucionario obliga a replantear determinados presupuestos ingenuos que arrastramos respecto a la violencia. Por ejemplo, el proceso revolucionario venezolano ha puesto de manifiesto que es falsa la relación mecánica que desde la izquierda se tendía a establecer entre violencia y condiciones materiales. En efecto, en Venezuela nos encontramos con que se ha multiplicado el poder adquisitivo de los estratos populares y las garantías de protección social y, sin embargo, no se han reducido proporcionalmente los índices de violencia. Y por fin (recientemente y con carácter experimental) el Estado ha decidido que es necesario reforzar su capacidad coactiva a través de un cuerpo de Policía Nacional.
Es resumen, incluso desde el punto de vista de la coacción y el necesario ejercicio de la violencia, hay “algo más” , hay funciones que en absoluto cabe reducir a una función de opresión de clase y, por lo tanto, que siguen pendientes por mucho que queden abolidos los mecanismos estructurales de explotación.
2.2. Derechos de participación política
También en lo relativo a la representación y la participación política, parece difícil renunciar a un entramado institucional capaz de garantizar la toma de decisiones colectivas según procedimientos estables.
Lenin mismo reconoce que incluso la democracia más avanzada no puede prescindir de instituciones representativas. Y en el caso de Marx desde luego es transparente. En su defensa de la Comuna de París, celebra sin duda el entramado institucional de representación que se establece y los procedimientos reglados para la toma de decisiones.
A este respecto, las discusiones sobre el Estado han resultado en gran medida netamente nominales. Ciertamente, si vamos a defender una estructura institucional con procedimientos reglados para la toma de decisiones y capacidad coactiva para hacerlas cumplir, es puro voluntarismo no llamarlo “Estado”.
En todo caso, entre las funciones de eso a lo que cabe llamar “Estado” hay que incluir mecanismos de deliberación pública y decisión común que, convenientemente secuestrados y amordazados por los poderes económicos, pueden no ser “nada más que” herramientas de control de clase (por la vía de la legitimación) pero que, en principio, son irrenunciables en cualquier república democrática que quiera reclamar para sí el nombre de “comunismo” pues, de hecho, son condición necesaria para que pueda hablarse de decisiones tomadas en común. En este sentido, cabe sin demasiado problema llamar “Estado” al necesario entramado institucional que pudiera corresponder a un sistema de deliberación de soviets o consejos. A este respecto, no hay más que ver el análisis tan elogioso que hace Marx sobre el entramado institucional de la Comuna de París 6.
2.3. Derechos sociales y provisión de servicios
Pero mucho más claro es todavía el asunto si nos referimos ya a la cuestión de los servicios esenciales cuya provisión hay que atender desde instancias públicas. Aquí aparece, como es obvio, todo un ámbito de funciones del Estado que no es fácil ver por qué habrían de extinguirse con la supresión de las clases. De hecho, para mostrar que también en los países capitalistas el Estado constituye “algo más” que no se reduce a una mera función de explotación de clase, basta ver cómo se reacciona desde la izquierda (actualmente por ejemplo de un modo dramático en el caso de Europa occidental) cada vez que que se produce un nuevo ataque al Estado como garante de la provisión de ciertos servicios básicos.
Así pues, en cuanto se pone encima de la mesa la cuestión de la sanidad o la educación, es decir, en cuanto se localiza algún tipo de “algo más”, la pregunta que se impone de inmediato –si no queremos enredarnos en una discusión meramente nominal– ya no es si Estado sí o no, sino qué instituciones y con qué garantías .
3. El Estado comunista y la exigencia de atender a ese “algo más”: derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales
Ahora bien, con la misma naturalidad con la que, si se considera que el Estado no es “nada más que” un instrumento de explotación de clase hay que contestar que, en ausencia de explotación, el Estado tendrá que extinguirse; con la misma naturalidad hay que decir que, si se considera que el Estado es “algo más”, la principal función de ese estado comunista será, ante todo, atender a ese “algo más”.
En efecto, si cabe localizar funciones necesarias del Estado “más allá” de la mera explotación de clase, y cabe localizarlas de hecho respecto a los distintos “tipos” o “generaciones” en que suelen clasificarse los derechos, es decir, si cabe localizar que tanto en la cuestión de los derechos civiles (conocidos a veces como derechos de primera generación), como en la cuestión de los derechos de participación política (o derechos de segunda generación) como, de un modo aún más nítido, en los derechos sociales (o de tercera generación), se juega algo más que la mera explotación de clase, entonces es evidente que la tarea de un Estado comunista debe ser garantizar ese algo más.
En primer lugar, parece obvio que un Estado comunista no puede dejar de intentar que no se produzcan agresiones y atentados entre individuos (de carácter racista, homófobo, machista o, por ejemplo, agresiones de carácter sexual). También debe evitar que se produzcan abusos del propio aparato del Estado sobre sus ciudadanos y, en esa medida, no puede dejar de garantizar cierta seguridad jurídica y garantías procesales.
Ahora bien, lo fundamental es destacar que también estos derechos y libertades dependen enteramente de la existencia de instituciones de garantía con capacidad de preservarlas de un modo efectivo. Incluso la seguridad jurídica y las garantías procesales dependen por entero de condiciones materiales para su ejercicio. Por ejemplo, la tutela judicial efectiva es una mera ficción si no se garantiza la asistencia de un letrado, los medios para la defensa etc. Más clara todavía es la impotencia, por ejemplo, en la lucha contra los asesinatos machistas si el Estado no ofrece modo de cortar ni siquiera la atadura material de las mujeres a sus maridos. Pero esto, claro está, no es un argumento ni contra el Estado ni contra el derecho, sino contra la ausencia de medios e instituciones de garantía (que son, en efecto, los rasgos distintivos de un Estado comunista).
En segundo lugar, también los derechos de participación política resultan meramente ficticios e ilusorios si carecen de medios e instituciones de garantía. Derechos como, por ejemplo, el de libertad de expresión carecen en gran medida de sentido si se desconectan de las condiciones materiales para su ejercicio, es decir, si se desconecta de la cuestión del acceso a los medios de comunicación. De nuevo aquí, si hay algo que define a un Estado comunista no puede ser la renuncia a estos derechos (ya que, especialmente en el caso de los derechos de participación política, son condición de que pueda haber procesos de deliberación colectiva y, por lo tanto, decisiones tomadas en común). Por el contrario, lo que define a un estado comunista solo puede ser que, si se establece la información veraz o la libertad de expresión como derecho fundamental, se establecen al mismo tiempo las condiciones materiales y las instituciones de garantía capaces de asegurarlos; y asegurarlos significa que si se establecen como derechos fundamentales, cualquier derecho de rango inferior se subordina a su cumplimiento.
Por último, este asunto es aún más evidente en el terreno de lo que tradicionalmente se han llamado “derechos sociales” o “derechos de tercera generación”. Corresponde también esencialmente a la idea de un “Estado comunista” el imperativo incondicionado de incluir entre los derechos fundamentales toda una serie de cuestiones relativas al sustento material (la necesidad de un sistema de salud y educación público, las garantías en el acceso a la vivienda, cierta garantía mínima de ingresos, etc). En efecto, corresponde esencialmente a la tradición republicana y socialista el establecer en el mismo rango de derechos fundamentales determinadas cuestiones materiales excluidas por principio por la tradición liberal.
De hecho, cabe defender que lo que distingue esencialmente a la tradición liberal de la tradición republicana y socialista es que esta se niega a desconectar la cuestión formal de las libertades de las condiciones materiales para su ejercicio. Si se trata de garantizar la integridad personal, hay que garantizar tanto que no eres agredido con un cuchillo como que no te niegan el acceso a 2000 calorías diarias.
Ciertamente, en el caso de los derechos sociales tiende a resultarnos más nítido ( aunque el problema es exactamente el mismo ) que el problema no está en el reconocimiento del derecho (por ejemplo en el derecho a la vivienda en la Constitución española) sino en la falta de instituciones de garantía. Ante este hecho, hay juristas liberales que, con bastante descaro, tratan de defender que, si faltan instituciones de garantía , entonces es que no existía tal derecho. Sin embargo, a nuestro entender, tiene toda la razón Ferrajoli cuando sostiene que si faltan las instituciones de garantía lo único que se pone de manifiesto es una laguna que la propia arquitectónica del derecho reclama que se cubra.
4. Discusión con el liberalismo
Ahora bien, todo esto implica automáticamente una apuesta decidida por las instituciones de deliberación y decisión colectiva. En efecto, lo primero que implica asignar a todas estas cuestiones materiales el rango de derecho fundamental es la exigencia de atenderlas desde los poderes públicos y, por lo tanto, la necesidad de intervenir con fuerza en cuestiones económicas con el fin de obtener los recursos suficientes para proveer esos servicios. En efecto, si se quieren incluir esas garantías entre los derechos fundamentales, es necesario gestionar desde los poderes públicos una cantidad ingente de recursos.
Y es en este punto en el que la tradición liberal reacciona escandalizada diciendo que esas libertades “positivas” (que exigen la provisión de recursos) entran necesariamente e n contradicción con el conjunto más básico de libertades “negativas” (a las que correspondería prioridad sobre las primeras) ya que implican, como mínimo, una interferencia en ese “derecho fundamental” que sería el derecho de propiedad. En efecto, es evidente que no hay forma de proveer de todos los servicios esenciales de salud, nutrición, vivienda, educación, etc. que no pase por una notable injerencia coactiva en el terreno de la actividad individual. Ciertamente, cualquier intento de sostener un sistema amplio de provisión de servicios pasa al menos por una intensa política fiscal capaz de detraer de unos lo que va a proveer a otros (eso cuando no pasa por un plan sistemático de nacionalizaciones) y, por lo tanto, supondría una interferencia efectiva en el terreno de la propiedad privada y, por lo tanto, en uno de los elementos básicos de los derechos fundamentales de los individuos. En ese sentido, esa interferencia fiscal (cuando no de una política de expropiaciones) supondría un atentado al núcleo de las libertades individuales en sentido negativo que exigen no ser interferidas.
Resulta evidente que, desde la tradición republicana y socialista, debemos oponernos a ese planteamiento pero, desde nuestro punto de vista, la respuesta más sensata no es restar importancia a los derechos fundamentales y las libertades individuales sino denunciar que el planteamiento entero se ampara en una oposición engañosa (la que enfrenta libertades positivas y negativas) y en una confusión interesada (la que se empeña en no distinguir entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales).
4.1. Una oposición engañosa: libertad negativa / libertad positiva
En efecto, según la distinción clásica consagrada por Isaiah Berlín, las libertades negativas serían aquellas que permitiesen sin restricción a cada uno “hacer o ser lo que sea capaz de hacer o ser, sin ser interferido por otras personas” 7 . En este sentido, serían “libertades negativas” aquellas cuya función se limitase a impedir cualquier tipo de interferencia o atentado contra el espacio de libertad e integridad individual de cada uno, tanto de su persona como de su propiedad.
Ahora bien, no hay ni puede haber ninguna restricción en este sentido que no implique, al mismo tiempo, una interferencia positiva en el espacio propio de cada sujeto y su propiedad. En efecto, aunque solo sea porque también los derechos negativos implican la gestión de recursos comunes (para sostener instituciones como unos cuerpos de seguridad, un sistema penitenciario, una administración de justicia, etc.) no hay forma de garantizar ninguna libertad negativa que no pase también por una interferencia en el patrimonio por la vía de impuestos. En efecto, no solo los “derechos sociales” o aquellos que implican la provisión de bienes y servicios por parte de las administraciones públicas exigen un gasto efectivo de recursos. Por el contrario, cuanto mayor sea la desigualdad y mayores las aspiraciones de las libertades negativas, mayores serán también los medios necesarios para asegurarlas. En este sentido, las libertades negativas se topan (tanto como las positivas) necesariamente con el problema de cómo obtener los recursos necesarios para garantizarlas y, al menos en ese sentido, se ven forzadas a intervenir en el ámbito privado de la propiedad privada por la vía de la recaudación.
No hay, pues, ningún derecho ni garantía (ni negativo ni positivo) que pueda eludir esta cuestión de los recursos y la recaudación tributaria y, por lo tanto, ningún derecho que no implique, como mínimo en ese sentido, la necesidad de tomar decisiones políticas (y hacerlas efectivas con carácter coactivo) que interfieren de un modo sustancial en el terreno privado de la propiedad individual .
En este sentido, la decisión política de ampliar las garantías de “integridad personal” hasta el punto de asegurar no solo seguridad sino también, por ejemplo, 2000 calorías diarias, vivienda o acceso a servicios sanitarios no introduce ninguna novedad sustancial (solo de grado) en lo relativo a la “interferencia” que implica respecto al espacio privado de la renta y el patrimonio.
4.2. Una confusión interesada: derechos fundamentales y derechos patrimoniales
Ahora bien, junto a esta distinción (a nuestro entender engañosa) entre libertades positivas y negativas, el discurso liberal reposa en una confusión (a nuestro entender interesada) entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales. En efecto (al menos algunos comunistas) no rechazamos discutir la cuestión a partir del reconocimiento del carácter inalienable (absoluto e incondicionado) de ciertos derechos fundamentales (que remiten, sí, a derechos y garantías de los individuos que deben ser respetados con carácter incondicionado).
Pero, a este respecto, creemos que la discusión debe centrarse en qué cabe considerar derechos fundamentales y qué no y, ciertamente, la principal estrategia de los discursos liberales pasa siempre por defender que el derecho de propiedad debe contarse sin duda entre ellos. Sin embargo, como demuestra Ferrajoli de un modo, a nuestro entender, incontrovertible, el “derecho de propiedad” no reúne los requisitos mínimos que caracterizan a los derechos fundamentales, empezando, evidentemente, por el principal y decisivo de estos requisitos que es, precisamente, el de la posibilidad de ser derechos para todos por igual. En efecto, resulta absurdo reclamar como derecho fundamental algo que puedo tener yo solo a condición de que no lo tenga nadie más (tal como ocurre con al propiedad sobre bienes materiales). Ciertamente, yo puedo tener un derecho de propiedad sobre las tierras de mi familia, y puede tratarse de un derecho importante, pero no puedo pretender que la propiedad-sobre-las-tierras-de-mi-familia constituya un derecho fundamental, pues con ello estaría exigiendo que la propiedad-sobre-las-tierras-de-mi-familia fuese un derecho igual para todos, lo cual es absurdo, dado que el concepto de propiedad ya no significaría nada.
Otra cosa enteramente distinta (y que sí es, como resulta evidente, perfectamente universalizable) es el derecho de los individuos a ser, en general, sujetos del derecho a propiedad. Todos somos posibles sujetos del derecho de propiedad, pero no cabe pretender que, a partir de ahí, se conviertan en “derecho fundamental” las cuestiones relativas al patrimonio en concreto y a las distribuciones patrimoniales de hecho.
Así pues, la textura mínima que define a los derechos fundamentales es su posibilidad de estar asegurados por igual para todos. Y este puede ser el caso, por ejemplo, de la libertad de expresión, el derecho a recibir asistencia sanitaria o educación y, también, la posibilidad de ser propietario de bienes en general . Sin embargo, la propiedad privada sobre esas tierras o aquella renta no puede, por definición, ser universalizada y, por lo tanto, no puede aspirar al rango de derecho fundamental. La propiedad sobre un patrimonio concreto puede sin duda constituir un derecho más o menos importante. Pero, insistimos una vez más, el derecho sobre un patrimonio en concreto solo se puede tener a condición de que no lo tenga nadie más y, por lo tanto, puede constituir un derecho, sí, pero no un derecho fundamental en ningún caso, sino solo un derecho patrimonial.
Ahora bien, sin perjuicio de su importancia y del alto grado de garantías que quepa exigir al respecto, se trata necesariamente de un derecho de rango inferior que debe quedar subordinado al cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales y, por lo tanto, debe poder ser sometido, por ejemplo, a un impuesto de patrimonio si ello resulta necesario para atender a las exigencias de libertad, seguridad, salud, educación o independencia que en cada caso se hayan establecido constitucionalmente como derechos fundamentales.
El planteamiento en realidad no puede ser más sencillo: si la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental, también lo son los medios materiales y las instituciones de garantía necesarias para sostenerla y, por lo tanto, que unas tierras en concreto formen o no parte de mi patrimonio es un derecho importante pero en cualquier caso subordinado al cumplimiento de los derechos fundamentales. Del mismo modo, la garantía de acceso plural a los medios de información, como condición esencial de la deliberación pública y la participación política, debe imponerse en el orden jerárquico sobre el hecho patrimonial de que la cadena sea propiedad privada de este o aquel particular. Igualmente, si se considera la salud, la educación o 2000 calorías diarias un derecho fundamental, no cabe aducir derechos patrimoniales para impedirlo. En este sentido los derechos fundamentales son todos aquellos respecto a los que no cabe la pregunta de si son viables o no (y mucho menos, claro, si son rentables o no) y respecto a los que la única pregunta posible es quién los paga.
5. El liberalismo y el intento de reducir el Estado a “nada más que” una herramienta de explotación de clase.
Así pues, todo el escándalo con el que alborota el liberalismo radical ante cualquier planteamiento de este tipo y, a partir de ahí la correspondiente propuesta de “Estado mínimo” que defienden autores como von Mises, Hayek, Nozick o Milton Friedman, se sostiene enteramente, como estamos intentando defender, sobre una distinción engañosa y una confusión interesada.
De hecho, llevando hasta límite último esa confusión, terminaría siendo imposible defender ninguna institución de garantía, ni siquiera las relativas a la protección de los derechos civiles y la seguridad jurídica mínima de los individuos (la vida, la libertad y la propiedad), pues cualquier institución de garantía (también los tribunales, la policía, el sistema penitenciario, etc.) requiere recursos. Y, ciertamente, si el Estado debe limitarse a defender las llamadas “libertades negativas” (es decir, excluyendo por supuesto cualquiera que implique directamente provisión de servicios) y se incluyen como parte de esas libertades las cuestiones patrimoniales (es decir, la defensa en cualquier caso de la estructura de distribución de renta dada), nos encontramos con que, en el límite, no se podría justificar un sistema fiscal ni siquiera para sostener la policía y los tribunales (pues todo sistema fiscal implica detraer coactivamente recursos del patrimonio de los individuos o grupos de individuos libremente asociados (empresas), lo cual sería ya por sí mismo un atentado a la libertad en sentido negativo).
En cualquier caso, aquí no nos interesan tanto las encrucijadas en las que se encuentran para justificar la necesidad y la legitimidad de las instituciones de garantía al menos para las libertades negativas (llegando a coquetear incluso con la idea de sostenerlo todo en donaciones privadas y fondos fiduciarios voluntarios; algo que realmente causa estupor). Lo que nos interesa es ver que todos los defensores del “Estado mínimo” defienda un Estado que, precisamente, se limite nada más que a las funciones que Marx consideraba propias del Estado como herramienta de dominación de clase. En efecto, incluso Robert Nozick, que es probablemente el más radical de esta tradición, termina defendiendo la existencia del Estado siempre que se limite a las funciones de protección contra la violencia, el robo, el fraude y la violación de contratos 8 . Es decir, exactamente los elementos que Marx demuestra que hay que sostener para garantizar la eficacia del sistema de explotación de clase. En definitiva, se trata simplemente de garantizar la propiedad (en la estructura de distribución en la que se encuentra de hecho, como si esa distribución fuese en sí misma un derecho fundamental ) y, a partir de ahí, garantizar la libertad individual sin límites para establecer contratos.
Ahora bien, conviene recordar el mecanismo elemental que Marx localiza por el que, una vez establecida una estructura de propiedad capitalista, basta consagrar la libertad para garantizar la eficacia de la explotación de clase. En efecto, como explica Marx, la negociación laboral en el mercado capitalista se establece siempre sobre el trasfondo de una determinada masa necesaria de población desempleada (a la que Marx denomina “ejército industrial de reserva” y la economía convencional denomina “tasa natural de desempleo”), es decir, una masa estructuralmente necesaria de población desmpleada que, sin embargo, depende a vida o muerte de la obtención de un salario. En estas coordenadas, resulta evidente que la absoluta “libertad individual de contrato” generaría unas condiciones de competencia en las que siempre hay gente dispuesta a trabajar un poco más barato con tal de, al menos, tener un empleo. Siempre. Con independencia de lo barato que se esté ya trabajando. Así pues, en las coordenadas de un mercado de trabajo capitalista, la “libertad individual sin límites para establecer contratos”, si no se interviene sobre las condiciones de la propiedad, implica automáticamente el más eficaz mecanismo de explotación de clase.
6. Algunos ejemplos históricos
A título de ejemplo, puede resultar interesante comentar un par de casos históricos para ilustrar en qué sentido decimos que es exactamente ahí (en el problema de la clasificación jerárquica entre distintos tipos de libertad y en el estatuto jurídico de los derechos de propiedad, es decir, en la cuestión de esa distinción engañosa entre libertades positivas y negativas y esa confusión interesada entre derechos fundamentales y patrimoniales) donde se juega y siempre se ha jugado la confrontación fundamental del republicanismo (y por supuesto del socialismo) con el liberalismo.
En primer lugar, podemos localizar a la perfección ese eje de conflicto en el centro mismo de la revolución francesa.
En esa confrontación histórica, como es lógico, la mayor parte de la atención la ha acaparado el conflicto que enfrenta a las posiciones revolucionarias en general con las fuerzas reaccionarias. Sin embargo, es en el enfrentamiento interno de las fuerzas revolucionarias donde se jugaba la batalla que más actualidad tiene en nuestro contexto político actual. En efecto, desde el comienzo mismo de la revolución entran en pugna dos proyectos alternativos radicalmente incompatibles entre sí 9 . El primero de ellos, encabezado por los seguidores de Turgot y de las ideas de los fisiócratas, representaba ante todo el proyecto liberal de una sociedad de mercado en el que la libre iniciativa (económica) individual tenía que ser resguardada con carácter prioritario frente a cualquier otra consideración. Y, en este sentido, los poderes públicos tenían la función prioritaria de preservar ese espacio con toda la violencia que resultase necesaria. Por otro lado, los jacobinos reclamaban la existencia de ciertas funciones políticas que la República no podía dejar de atender (por ejemplo, garantizar el “derecho a la existencia” de toda la población como condición indispensable para su participación ciudadana) incluso si esas funciones exigían realizar interferencias en el espacio privado de la actividad económica.
Este conflicto estalla de un modo transparente a propósito de la libertad de comercio de los bienes de primera necesidad, en particular de los precios del trigo. Ciertamente, la liberalización de los precios del grano era una larga reivindicación de los propietarios para poder subir los precios (tradicionalmente tasados por los poderes municipales) y aumentar con ello el margen de ganancias. Ya en dos ocasiones el Rey había intentado llevar a cabo esta medida liberalizadora pero terminó desistiendo ante la explosión de motines de subsistencia. Así pues, es finalmente la Asamblea Constituyente (controlada por quienes Florence Gauthier denomina el “partido de los economistas”) la que el 29 de agosto de 1789 instaura el principio de la “libertad ilimitada del comercio de los granos” y, poco después, el 21 de octubre, decide militarizar Francia por medio de la “ley marcial” para evitar los motines y revueltas.
Con esta operación, ciertamente, se está lejos de evitar la “intervención” de los poderes públicos. Por el contrario, se trata de un nivel de “intervencionismo militar” realmente apabullante. Sin embargo, el perfil “liberal” de este planteamiento se cifra en un único punto: la intervención (empleando todos los medios y recursos que resulten necesarios) no puede tener más propósito que el de evitar interferencias (emanadas desde instancias de decisión colectiva) en la actividad individual y privada. En este sentido, ese concepto negativo de libertad exige que, frente a cualquier posible injerencia política (emanada de ninguna “voluntad unida”), se preserve sin interferencias el espacio de iniciativa individual de cada uno por separado, incluso si para asegurarlo hay que declarar una dictadura militar. Por su parte, el planteamiento jacobino es el inverso: hay determinados derechos fundamentales que también son derechos de los individuos (como por ejemplo el derecho a existir), que son derechos que remiten a la integridad personal (tanto como la ausencia de violencia) y que también requieren la gestión de recursos públicos (tanto como la ausencia de violencia). Así, hay determinada exigencias que se plantean a la República que deben ser atendidas por los poderes públicos incluso si para ello hay que tomar medidas que interfieren e el espacio individual y privado del patrimonio y la actividad económica.
Este mismo conflicto puede encontrarse también de un modo nítido en el siglo XX, por ejemplo, en el Chile de Allende y la reacción armada de Pinochet. En efecto, tal como analiza minuciosamente Naomi Klein 10 , la ideología que orienta la dictadura pinochetista está fundamentalmente determinada por el ultra-liberalismo económico de Milton Friedman y los denominados “Chicago Boys”. No es que no opere a la base de este planteamiento un concepto de libertad. Todo lo contrario. A la base de la legitimación ideológica hay operando un concepto negativo de libertad a partir del cual resulta intolerable la injerencia de decisiones políticas sobre el espacio del patrimonio y la libre actividad económica individual. Desde esta perspectiva, la nacionalización del cobre era considerada un atentado intolerable contra la “libertad” que exigía ser corregido así fuera a través de una sangrienta dictadura militar (y empleando para ello, por supuesto, todos los recursos materiales que fueran necesarios). A la inversa, una vez más, el planteamiento de Allende pasa por localizar en la gestión pública de recursos la única vía por la que garantizar a todos, por un lado, las condiciones materiales necesarias para el acceso a la ciudadanía tomando decisiones con soporte económico también relativas a sanidad, educación, infraestructuras o lo que se decida en cada caso.
7. Conclusión.
Contra la confusión engañosa y la confusión interesada en la que se basa el núcleo de la ideología liberal en lo relativo a la cuestión del Estado, cabría defender lo siguiente como principios fundamentales de un Estado Comunista:
1) En primer lugar, claro está, el reconocimiento de un sistema de Derechos fundamentales que abarquen el conjunto de los aspectos sin los cuales no es posible una vida digna y de participación ciudadana. Y, en este sentido, no podrían dejar de formar parte de los derechos fundamentales cuestiones relativas tanto a las libertades civiles y los derechos de participación política (derechos de 1ª y 2ª generación) como, evidentemente, cuestiones relativas a derechos sociales.
2) En segundo lugar, como es evidente, que todos los derechos fundamentales estén protegidos por las correspondientes instituciones de garantía, y, por lo tanto, esto implica asegurar los medios materiales necesarios para asegurar de un modo efectivo
a) tanto los derechos civiles (garantizando realmente principios tan elementales como, por ejemplo, el derecho a la defensa o a no ser víctima de la violencia machista, lo cual pasa antes que nada, por asegurar la gratuidad de la justicia o por neutralizar la dependencia material que une con frecuencia a las mujeres maltratadas con sus maltratadores);
b) como los derechos de participación política, muy especialmente los derechos de organización y libertad de expresión e información, lo cual pasa, por ejemplo, por impedir que los medios de comunicación se rijan por una lógica meramente empresarial en la que los dueños de un puñado de corporaciones puede contratar y despedir libremente en función de consideraciones ideológicas, de tal modo que, a la postre, se termina entendiendo sólo el derecho a ser expresada la opinión de 6 o 7 magnates; la libertad de información debe en ese sentido tener un nivel de protección y garantías al menos análogo al de la libertad de cátedra de los profesores o la libertad de los jueces; y eso sólo es posible a través del carácter público de las instituciones.
c) y, por supuesto, instituciones de garantía encargadas de asegurar el cumplimiento efectivo de las prestaciones sociales que se haya decidido incluir entre los derechos fundamentales: sanidad, educación, vivienda digna, garantía mínima de ingresos, etc.
Y, evidentemente, hablar de las instituciones de garantía es hablar de la gestión de recursos necesarios para su ejecución.
3) Y, por último, debe no perderse de vista que si estamos hablando de derechos fundamentales ( y de sus correspondientes instituciones de garantía ) es evidente que hablamos de algo que debe quedar fuera del terreno de lo “políticamente decidible” y, por lo tanto, a resguardo de cualquier posible juego de eventuales mayorías y minorías. Es decir, que del mismo modo que ninguna mayoría (por muy mayoritaria que sea) puede decidir suprimir las garantías procesales, tampoco debe poder decidir no proteger a una víctima de la violencia machista (poniendo en operación los medios, y los recursos, que resulten necesarios); igual que en cualquier ordenamiento de derecho ninguna mayoría puede decidir eliminar la libertad de expresión, tampoco hay derecho a que decida no garantizar de un modo efectivo, por ejemplo, los medios para la organización política y la información veraz; o, del mismo modo que no cabe decidir el exterminio de una minoría tampoco debe haber margen para decidir que no cubre necesidades sanitarias 11 .
A partir de aquí, cabría definir un Estado comunista como u n estado democrático en el que los derechos civiles, políticos y sociales básicos no dependan del impulso político (o no) de un eventual gobierno comunista sino que se hallen consagrados como tales derechos fundamentales y amparados (con carácter incondicional) por las correspondientes instituciones de garantía.
Notas:
1. Engels, Carta a Bebel 18-28 de marzo de 1875, MEW, 34, p. 129
2. Marx, Kritik des Gothaer Programms, MEW, 19, p. 29
3. Lenin, El Estado y la revolución, en Obras Escogidas,, vol. VII, Moscú, Progreso, 1977, p. 81
4. Ibid. pp. 87-88
5Cf. Doménico Losurdo, Stalin, Barcelona, Viejo Topo, 2010
6. A propósito de este análisis, conviene abrir un pequeño paréntesis sobre la cuestión de la división de poderes : Marx, parece oponerse a la división de poderes cuando comenta el asunto de la Comuna de París y se posiciona nítidamente a favor de que el legislativo asuma las funciones ejecutivas. Sin embargo, esto debe entenderse a la luz de en qué consisten los organismos ejecutivos contra los que está lanzando. En realidad, Marx propone algo bastante parecido a lo que entendemos por “división de poderes” en los sistemas parlamentarios. En efecto, en absoluto se opone a que comisiones derivadas del legislativo (y siempre bajo su control) sean las que ejercen las funciones de gobierno (es decir, algo similar al modo como se se supone que se forma y se fiscaliza al gobierno en un ordenamiento jurídico parlamentario, a través de procesos de investidura, sesiones de control, etc.). Por el contrario, lo que está combatiendo es un poder ejecutivo completamente independiente de la voluntad popular y despótico, que no desempeña más que funciones recaudatorias y represivas, y en ningún caso programas de garantía social, y que, en principio, pretende tomar a las instituciones representativas como órganos meramente consultivos sin capacidad de decisión vinculante.
7 Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1969, pp. 121-122.
8. Cf. Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, Oxford, Basil Blackwell, 1999
9Sobre este asunto, los trabajos de la historiadora francesa Florence Gauthier resultan realmente esclarecedores.
10. Cf. La doctrina del Shock, Barcelona, Paidós, 2007
11. Esto es, en definitiva, a lo que remite el “constitucionalismo rígido” de Ferrajoli que establece la necesidad de fijar un ámbito de lo “indecidible que” y lo “indecidible que no” pero no como algo contrapuesto a la democracia, sino como el sistema de garantías básico que debe asegurar todo aquello que sea condición de una vida ciudadana y una participación democrática efectiva.
La libertad republicana contra la concepción liberal del Estado
Luis Alegre Zahonero, Carlos Fernández Liria y Daniel Iraberri Pérez
Temas
Este artículo es la versión original del que fue publicado con el mismo título en el número 70 de la revista Temas (La Habana, abril junio 2012). Los editores cubanos hicieron una serie de modificaciones sobre el original que, normalmente, derivan en cuestiones meramente sintácticas, pero que, al menos en nuestro país, dificultan la lectura.
Hay muchas formas de matar
Pueden meterte un cuchillo en el vientre
Quitarte el pan
No curarte de una enfermedad
Meterte en una mala vivienda
Empujarte hasta el suicidio
Torturarte hasta la muerte por medio del trabajo
llevarte a la guerra, etc.
Solo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro Estado.
Bertolt Brecht, Me-Ti. El libro de los cambios. 1937
1. El Estado como “nada más que” una herramienta de dominación de clase
Desde sus orígenes, la corriente principal de la tradición marxista ha tendido a considerar el aparato del Estado como “nada más que” una herramienta de explotación y dominación de clase. En este sentido, como es lógico, la discusión sobre cuándo y cómo cabría lograr la abolición del Estado ha sido una constante.
A este respecto, hay que empezar sin duda reconociendo que ya en Engels, en Lenin e incluso en el propio Marx (aunque en menor medida) es posible encontrar indicaciones respecto a la necesaria abolición del Estado.
Ciertamente en Engels podemos encontrar las indicaciones más nítidas al respecto. Así, por ejemplo, en una carta a Bebel de marzo de 1875 considera simplemente absurda la mera idea de un “Estado libre”:
“ Siendo el Estado una institución meramente transitoria que se utiliza en la lucha, en la revolución, para someter por la violencia a los adversarios, es un absurdo hablar de un Estado libre del pueblo: mientras el proletariado necesite todavía el Estado, no lo necesitará en interés de la libertad, sino para someter a sus adversarios, y tan pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Por eso, nosotros propondríamos emplear siempre, en vez de la palabra Estado, la palabra "comunidad" (Gemeinwesen), una buena y antigua palabra alemana que equivale a la palabra francesa "Commune"” 1
Bien es verdad que la posición de Marx al respecto parece siempre mucho más matizada. Así, por ejemplo en la Crítica del programa de Gotha no tiene reparos en hablar del “Estado futuro de la sociedad comunista” 2 para referirse al entramado institucional que habrá de resultar tras el triunfo de la clase obrera.
No obstante, Lenin niega cualquier diferencia que pueda producirse a este respecto entre Marx y Engels . En efecto, en El Estado y la revolución, Lenin critica a quienes tratan de señalar alguna diferencia entre ambos pensadores a propósito de la cuestión del Estado 3 . A partir de aquí, Lenin se posiciona de un modo muy expreso a favor de la abolición del Estado una vez suprimida la necesidad de un aparato coactivo de explotación de clase. Y de este modo, aunque sí reconoce la necesidad de alguna estructura represiva capaz de controlar los excesos de individuos concretos, fija para la corriente principal de la tradición marxista una postura firme en defensa de la abolición del Estado como tarea ineludible del comunismo:
“sólo el comunismo suprime en absoluto la necesidad del Estado, pues no hay nadie a quien reprimir, "nadie" en el sentido de clase, en el sentido de una lucha sistemática contra determinada parte de la población. No somos utopistas y no negamos lo más mínimo que es posible e inevitable que algunos individuos cometan excesos, como tampoco negamos la necesidad de reprimir tales excesos. Pero, en primer lugar, para ello no hace falta una máquina especial, un aparato especial de represión; esto lo hará el propio pueblo armado, con la misma sencillez y facilidad con que un grupo cualquiera de personas civilizadas, incluso en la sociedad actual, separa a los que se están peleando o impide que se maltrate a una mujer. Y, en segundo lugar, sabemos que la causa social más profunda de los excesos, consistentes en la infracción de las reglas de convivencia, es la explotación de las masas, su penuria y su miseria. Al suprimirse esta causa fundamental, los excesos comenzarán inevitablemente a "extinguirse". No sabemos con qué rapidez y gradación, pero sabemos que se extinguirán. Y con ello se extinguirá también el Estado ” 4.
Sin embargo, lo primero con lo que nos encontramos a este respecto es con un sistema de definiciones cerrado en el que Estado no remite a nada más que a las estructuras e instituciones de opresión de clase y, por lo tanto, va de suyo su “extinción” con la abolición de la sociedad de clases.
Esto es algo que se comprende a la perfección en un contexto de discusión teórica y actividad política en que se trata de confrontar aparatos estatales que, en efecto, no tienen muchas más funciones que las de carácter represivo, de sostenimiento del orden establecido y garantía de la propiedad de las clases altas. Evidentemente, cuando se habla de Estado zarista, lo primero que viene a la cabeza no es la provisión de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación. Ni tampoco se piensa en el instrumento de seguridad jurídica y garantías respecto a las libertades individuales.
En ese contexto, es decir, en el contexto de la I Internacional, es evidente que en la discusión con los anarquistas habría sido absurdo que los comunistas se presentasen como los defensores del Estado frente a quienes piden su abolición.
En la medida en que el Estado no sea más que una estructura de opresión de clase , es necesario defender su extinción en paralelo con la abolición de las clases. Pero esto es algo que no tiene mayor complicación ni mayor interés. Es algo que se establece por definición y que afecta al Estado solo en la medida en que no sea nada más que estructura de opresión de clase.
Como es evidente, lo que nos interesa es plantearnos si el Estado puede ser “algo más” y qué ocurre con ese “algo más” . Y a este respecto, resulta difícil negar que, además de una maquinaria para cobrar tributos y reprimir revueltas, el Estado puede sin duda desempeñar otras funciones.
En todo caso, el contexto de discusión hoy no es principalmente con el anarquismo o, en todo caso, lo es con el anarco-liberalismo tipo Nozick, que lo que defienden es, precisamente, que el estado no sea nada más que ese mínimo imprescindible para garantizar la explotación de clase.
2. El estado como “algo más que” una mera herramienta de dominación de clase
2.1. Libertad y coacción .
Incluso en lo relativo a las funciones netamente coactivas y de ejercicio de la violencia, parece claro que una parte de las tareas que le corresponden no remiten a conflictos de clase. Resulta de una ingenuidad llamativa plantear que en algún momento dejarán de ser necesarias las funciones represivas y de garantía de la seguridad, tanto interna -porque habrá llegado una nueva era de relaciones entre los hombres- como externa -porque habrá triunfado la revolución mundial.
Confiar la integridad personal a que cale en el corazón de los hombres el “no matarás” o confiar la propiedad (pública o privada) a que ya no se codicien los bienes ajenos, puede ser un objetivo noble pero basado en una pura confianza mesiánica. En ausencia de fuerzas coactivas por parte del poder del Estado, te encuentras con todo tipo de venganzas, pillajes, saqueos y la permanente amenaza del caos. A este respecto, no le falta razón a Doménico Losurdo cuando señala que los grandes procesos revolucionarios socialistas (fundamentalmente la revolución rusa y la revolución china) se encontraran como primera tarea con la necesidad de salvar un Estado ante una situación que se precipitaba al caos 5 . En realidad, cualquier proceso revolucionario obliga a replantear determinados presupuestos ingenuos que arrastramos respecto a la violencia. Por ejemplo, el proceso revolucionario venezolano ha puesto de manifiesto que es falsa la relación mecánica que desde la izquierda se tendía a establecer entre violencia y condiciones materiales. En efecto, en Venezuela nos encontramos con que se ha multiplicado el poder adquisitivo de los estratos populares y las garantías de protección social y, sin embargo, no se han reducido proporcionalmente los índices de violencia. Y por fin (recientemente y con carácter experimental) el Estado ha decidido que es necesario reforzar su capacidad coactiva a través de un cuerpo de Policía Nacional.
Es resumen, incluso desde el punto de vista de la coacción y el necesario ejercicio de la violencia, hay “algo más” , hay funciones que en absoluto cabe reducir a una función de opresión de clase y, por lo tanto, que siguen pendientes por mucho que queden abolidos los mecanismos estructurales de explotación.
2.2. Derechos de participación política
También en lo relativo a la representación y la participación política, parece difícil renunciar a un entramado institucional capaz de garantizar la toma de decisiones colectivas según procedimientos estables.
Lenin mismo reconoce que incluso la democracia más avanzada no puede prescindir de instituciones representativas. Y en el caso de Marx desde luego es transparente. En su defensa de la Comuna de París, celebra sin duda el entramado institucional de representación que se establece y los procedimientos reglados para la toma de decisiones.
A este respecto, las discusiones sobre el Estado han resultado en gran medida netamente nominales. Ciertamente, si vamos a defender una estructura institucional con procedimientos reglados para la toma de decisiones y capacidad coactiva para hacerlas cumplir, es puro voluntarismo no llamarlo “Estado”.
En todo caso, entre las funciones de eso a lo que cabe llamar “Estado” hay que incluir mecanismos de deliberación pública y decisión común que, convenientemente secuestrados y amordazados por los poderes económicos, pueden no ser “nada más que” herramientas de control de clase (por la vía de la legitimación) pero que, en principio, son irrenunciables en cualquier república democrática que quiera reclamar para sí el nombre de “comunismo” pues, de hecho, son condición necesaria para que pueda hablarse de decisiones tomadas en común. En este sentido, cabe sin demasiado problema llamar “Estado” al necesario entramado institucional que pudiera corresponder a un sistema de deliberación de soviets o consejos. A este respecto, no hay más que ver el análisis tan elogioso que hace Marx sobre el entramado institucional de la Comuna de París 6.
2.3. Derechos sociales y provisión de servicios
Pero mucho más claro es todavía el asunto si nos referimos ya a la cuestión de los servicios esenciales cuya provisión hay que atender desde instancias públicas. Aquí aparece, como es obvio, todo un ámbito de funciones del Estado que no es fácil ver por qué habrían de extinguirse con la supresión de las clases. De hecho, para mostrar que también en los países capitalistas el Estado constituye “algo más” que no se reduce a una mera función de explotación de clase, basta ver cómo se reacciona desde la izquierda (actualmente por ejemplo de un modo dramático en el caso de Europa occidental) cada vez que que se produce un nuevo ataque al Estado como garante de la provisión de ciertos servicios básicos.
Así pues, en cuanto se pone encima de la mesa la cuestión de la sanidad o la educación, es decir, en cuanto se localiza algún tipo de “algo más”, la pregunta que se impone de inmediato –si no queremos enredarnos en una discusión meramente nominal– ya no es si Estado sí o no, sino qué instituciones y con qué garantías .
3. El Estado comunista y la exigencia de atender a ese “algo más”: derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales
Ahora bien, con la misma naturalidad con la que, si se considera que el Estado no es “nada más que” un instrumento de explotación de clase hay que contestar que, en ausencia de explotación, el Estado tendrá que extinguirse; con la misma naturalidad hay que decir que, si se considera que el Estado es “algo más”, la principal función de ese estado comunista será, ante todo, atender a ese “algo más”.
En efecto, si cabe localizar funciones necesarias del Estado “más allá” de la mera explotación de clase, y cabe localizarlas de hecho respecto a los distintos “tipos” o “generaciones” en que suelen clasificarse los derechos, es decir, si cabe localizar que tanto en la cuestión de los derechos civiles (conocidos a veces como derechos de primera generación), como en la cuestión de los derechos de participación política (o derechos de segunda generación) como, de un modo aún más nítido, en los derechos sociales (o de tercera generación), se juega algo más que la mera explotación de clase, entonces es evidente que la tarea de un Estado comunista debe ser garantizar ese algo más.
En primer lugar, parece obvio que un Estado comunista no puede dejar de intentar que no se produzcan agresiones y atentados entre individuos (de carácter racista, homófobo, machista o, por ejemplo, agresiones de carácter sexual). También debe evitar que se produzcan abusos del propio aparato del Estado sobre sus ciudadanos y, en esa medida, no puede dejar de garantizar cierta seguridad jurídica y garantías procesales.
Ahora bien, lo fundamental es destacar que también estos derechos y libertades dependen enteramente de la existencia de instituciones de garantía con capacidad de preservarlas de un modo efectivo. Incluso la seguridad jurídica y las garantías procesales dependen por entero de condiciones materiales para su ejercicio. Por ejemplo, la tutela judicial efectiva es una mera ficción si no se garantiza la asistencia de un letrado, los medios para la defensa etc. Más clara todavía es la impotencia, por ejemplo, en la lucha contra los asesinatos machistas si el Estado no ofrece modo de cortar ni siquiera la atadura material de las mujeres a sus maridos. Pero esto, claro está, no es un argumento ni contra el Estado ni contra el derecho, sino contra la ausencia de medios e instituciones de garantía (que son, en efecto, los rasgos distintivos de un Estado comunista).
En segundo lugar, también los derechos de participación política resultan meramente ficticios e ilusorios si carecen de medios e instituciones de garantía. Derechos como, por ejemplo, el de libertad de expresión carecen en gran medida de sentido si se desconectan de las condiciones materiales para su ejercicio, es decir, si se desconecta de la cuestión del acceso a los medios de comunicación. De nuevo aquí, si hay algo que define a un Estado comunista no puede ser la renuncia a estos derechos (ya que, especialmente en el caso de los derechos de participación política, son condición de que pueda haber procesos de deliberación colectiva y, por lo tanto, decisiones tomadas en común). Por el contrario, lo que define a un estado comunista solo puede ser que, si se establece la información veraz o la libertad de expresión como derecho fundamental, se establecen al mismo tiempo las condiciones materiales y las instituciones de garantía capaces de asegurarlos; y asegurarlos significa que si se establecen como derechos fundamentales, cualquier derecho de rango inferior se subordina a su cumplimiento.
Por último, este asunto es aún más evidente en el terreno de lo que tradicionalmente se han llamado “derechos sociales” o “derechos de tercera generación”. Corresponde también esencialmente a la idea de un “Estado comunista” el imperativo incondicionado de incluir entre los derechos fundamentales toda una serie de cuestiones relativas al sustento material (la necesidad de un sistema de salud y educación público, las garantías en el acceso a la vivienda, cierta garantía mínima de ingresos, etc). En efecto, corresponde esencialmente a la tradición republicana y socialista el establecer en el mismo rango de derechos fundamentales determinadas cuestiones materiales excluidas por principio por la tradición liberal.
De hecho, cabe defender que lo que distingue esencialmente a la tradición liberal de la tradición republicana y socialista es que esta se niega a desconectar la cuestión formal de las libertades de las condiciones materiales para su ejercicio. Si se trata de garantizar la integridad personal, hay que garantizar tanto que no eres agredido con un cuchillo como que no te niegan el acceso a 2000 calorías diarias.
Ciertamente, en el caso de los derechos sociales tiende a resultarnos más nítido ( aunque el problema es exactamente el mismo ) que el problema no está en el reconocimiento del derecho (por ejemplo en el derecho a la vivienda en la Constitución española) sino en la falta de instituciones de garantía. Ante este hecho, hay juristas liberales que, con bastante descaro, tratan de defender que, si faltan instituciones de garantía , entonces es que no existía tal derecho. Sin embargo, a nuestro entender, tiene toda la razón Ferrajoli cuando sostiene que si faltan las instituciones de garantía lo único que se pone de manifiesto es una laguna que la propia arquitectónica del derecho reclama que se cubra.
4. Discusión con el liberalismo
Ahora bien, todo esto implica automáticamente una apuesta decidida por las instituciones de deliberación y decisión colectiva. En efecto, lo primero que implica asignar a todas estas cuestiones materiales el rango de derecho fundamental es la exigencia de atenderlas desde los poderes públicos y, por lo tanto, la necesidad de intervenir con fuerza en cuestiones económicas con el fin de obtener los recursos suficientes para proveer esos servicios. En efecto, si se quieren incluir esas garantías entre los derechos fundamentales, es necesario gestionar desde los poderes públicos una cantidad ingente de recursos.
Y es en este punto en el que la tradición liberal reacciona escandalizada diciendo que esas libertades “positivas” (que exigen la provisión de recursos) entran necesariamente e n contradicción con el conjunto más básico de libertades “negativas” (a las que correspondería prioridad sobre las primeras) ya que implican, como mínimo, una interferencia en ese “derecho fundamental” que sería el derecho de propiedad. En efecto, es evidente que no hay forma de proveer de todos los servicios esenciales de salud, nutrición, vivienda, educación, etc. que no pase por una notable injerencia coactiva en el terreno de la actividad individual. Ciertamente, cualquier intento de sostener un sistema amplio de provisión de servicios pasa al menos por una intensa política fiscal capaz de detraer de unos lo que va a proveer a otros (eso cuando no pasa por un plan sistemático de nacionalizaciones) y, por lo tanto, supondría una interferencia efectiva en el terreno de la propiedad privada y, por lo tanto, en uno de los elementos básicos de los derechos fundamentales de los individuos. En ese sentido, esa interferencia fiscal (cuando no de una política de expropiaciones) supondría un atentado al núcleo de las libertades individuales en sentido negativo que exigen no ser interferidas.
Resulta evidente que, desde la tradición republicana y socialista, debemos oponernos a ese planteamiento pero, desde nuestro punto de vista, la respuesta más sensata no es restar importancia a los derechos fundamentales y las libertades individuales sino denunciar que el planteamiento entero se ampara en una oposición engañosa (la que enfrenta libertades positivas y negativas) y en una confusión interesada (la que se empeña en no distinguir entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales).
4.1. Una oposición engañosa: libertad negativa / libertad positiva
En efecto, según la distinción clásica consagrada por Isaiah Berlín, las libertades negativas serían aquellas que permitiesen sin restricción a cada uno “hacer o ser lo que sea capaz de hacer o ser, sin ser interferido por otras personas” 7 . En este sentido, serían “libertades negativas” aquellas cuya función se limitase a impedir cualquier tipo de interferencia o atentado contra el espacio de libertad e integridad individual de cada uno, tanto de su persona como de su propiedad.
Ahora bien, no hay ni puede haber ninguna restricción en este sentido que no implique, al mismo tiempo, una interferencia positiva en el espacio propio de cada sujeto y su propiedad. En efecto, aunque solo sea porque también los derechos negativos implican la gestión de recursos comunes (para sostener instituciones como unos cuerpos de seguridad, un sistema penitenciario, una administración de justicia, etc.) no hay forma de garantizar ninguna libertad negativa que no pase también por una interferencia en el patrimonio por la vía de impuestos. En efecto, no solo los “derechos sociales” o aquellos que implican la provisión de bienes y servicios por parte de las administraciones públicas exigen un gasto efectivo de recursos. Por el contrario, cuanto mayor sea la desigualdad y mayores las aspiraciones de las libertades negativas, mayores serán también los medios necesarios para asegurarlas. En este sentido, las libertades negativas se topan (tanto como las positivas) necesariamente con el problema de cómo obtener los recursos necesarios para garantizarlas y, al menos en ese sentido, se ven forzadas a intervenir en el ámbito privado de la propiedad privada por la vía de la recaudación.
No hay, pues, ningún derecho ni garantía (ni negativo ni positivo) que pueda eludir esta cuestión de los recursos y la recaudación tributaria y, por lo tanto, ningún derecho que no implique, como mínimo en ese sentido, la necesidad de tomar decisiones políticas (y hacerlas efectivas con carácter coactivo) que interfieren de un modo sustancial en el terreno privado de la propiedad individual .
En este sentido, la decisión política de ampliar las garantías de “integridad personal” hasta el punto de asegurar no solo seguridad sino también, por ejemplo, 2000 calorías diarias, vivienda o acceso a servicios sanitarios no introduce ninguna novedad sustancial (solo de grado) en lo relativo a la “interferencia” que implica respecto al espacio privado de la renta y el patrimonio.
4.2. Una confusión interesada: derechos fundamentales y derechos patrimoniales
Ahora bien, junto a esta distinción (a nuestro entender engañosa) entre libertades positivas y negativas, el discurso liberal reposa en una confusión (a nuestro entender interesada) entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales. En efecto (al menos algunos comunistas) no rechazamos discutir la cuestión a partir del reconocimiento del carácter inalienable (absoluto e incondicionado) de ciertos derechos fundamentales (que remiten, sí, a derechos y garantías de los individuos que deben ser respetados con carácter incondicionado).
Pero, a este respecto, creemos que la discusión debe centrarse en qué cabe considerar derechos fundamentales y qué no y, ciertamente, la principal estrategia de los discursos liberales pasa siempre por defender que el derecho de propiedad debe contarse sin duda entre ellos. Sin embargo, como demuestra Ferrajoli de un modo, a nuestro entender, incontrovertible, el “derecho de propiedad” no reúne los requisitos mínimos que caracterizan a los derechos fundamentales, empezando, evidentemente, por el principal y decisivo de estos requisitos que es, precisamente, el de la posibilidad de ser derechos para todos por igual. En efecto, resulta absurdo reclamar como derecho fundamental algo que puedo tener yo solo a condición de que no lo tenga nadie más (tal como ocurre con al propiedad sobre bienes materiales). Ciertamente, yo puedo tener un derecho de propiedad sobre las tierras de mi familia, y puede tratarse de un derecho importante, pero no puedo pretender que la propiedad-sobre-las-tierras-de-mi-familia constituya un derecho fundamental, pues con ello estaría exigiendo que la propiedad-sobre-las-tierras-de-mi-familia fuese un derecho igual para todos, lo cual es absurdo, dado que el concepto de propiedad ya no significaría nada.
Otra cosa enteramente distinta (y que sí es, como resulta evidente, perfectamente universalizable) es el derecho de los individuos a ser, en general, sujetos del derecho a propiedad. Todos somos posibles sujetos del derecho de propiedad, pero no cabe pretender que, a partir de ahí, se conviertan en “derecho fundamental” las cuestiones relativas al patrimonio en concreto y a las distribuciones patrimoniales de hecho.
Así pues, la textura mínima que define a los derechos fundamentales es su posibilidad de estar asegurados por igual para todos. Y este puede ser el caso, por ejemplo, de la libertad de expresión, el derecho a recibir asistencia sanitaria o educación y, también, la posibilidad de ser propietario de bienes en general . Sin embargo, la propiedad privada sobre esas tierras o aquella renta no puede, por definición, ser universalizada y, por lo tanto, no puede aspirar al rango de derecho fundamental. La propiedad sobre un patrimonio concreto puede sin duda constituir un derecho más o menos importante. Pero, insistimos una vez más, el derecho sobre un patrimonio en concreto solo se puede tener a condición de que no lo tenga nadie más y, por lo tanto, puede constituir un derecho, sí, pero no un derecho fundamental en ningún caso, sino solo un derecho patrimonial.
Ahora bien, sin perjuicio de su importancia y del alto grado de garantías que quepa exigir al respecto, se trata necesariamente de un derecho de rango inferior que debe quedar subordinado al cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales y, por lo tanto, debe poder ser sometido, por ejemplo, a un impuesto de patrimonio si ello resulta necesario para atender a las exigencias de libertad, seguridad, salud, educación o independencia que en cada caso se hayan establecido constitucionalmente como derechos fundamentales.
El planteamiento en realidad no puede ser más sencillo: si la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental, también lo son los medios materiales y las instituciones de garantía necesarias para sostenerla y, por lo tanto, que unas tierras en concreto formen o no parte de mi patrimonio es un derecho importante pero en cualquier caso subordinado al cumplimiento de los derechos fundamentales. Del mismo modo, la garantía de acceso plural a los medios de información, como condición esencial de la deliberación pública y la participación política, debe imponerse en el orden jerárquico sobre el hecho patrimonial de que la cadena sea propiedad privada de este o aquel particular. Igualmente, si se considera la salud, la educación o 2000 calorías diarias un derecho fundamental, no cabe aducir derechos patrimoniales para impedirlo. En este sentido los derechos fundamentales son todos aquellos respecto a los que no cabe la pregunta de si son viables o no (y mucho menos, claro, si son rentables o no) y respecto a los que la única pregunta posible es quién los paga.
5. El liberalismo y el intento de reducir el Estado a “nada más que” una herramienta de explotación de clase.
Así pues, todo el escándalo con el que alborota el liberalismo radical ante cualquier planteamiento de este tipo y, a partir de ahí la correspondiente propuesta de “Estado mínimo” que defienden autores como von Mises, Hayek, Nozick o Milton Friedman, se sostiene enteramente, como estamos intentando defender, sobre una distinción engañosa y una confusión interesada.
De hecho, llevando hasta límite último esa confusión, terminaría siendo imposible defender ninguna institución de garantía, ni siquiera las relativas a la protección de los derechos civiles y la seguridad jurídica mínima de los individuos (la vida, la libertad y la propiedad), pues cualquier institución de garantía (también los tribunales, la policía, el sistema penitenciario, etc.) requiere recursos. Y, ciertamente, si el Estado debe limitarse a defender las llamadas “libertades negativas” (es decir, excluyendo por supuesto cualquiera que implique directamente provisión de servicios) y se incluyen como parte de esas libertades las cuestiones patrimoniales (es decir, la defensa en cualquier caso de la estructura de distribución de renta dada), nos encontramos con que, en el límite, no se podría justificar un sistema fiscal ni siquiera para sostener la policía y los tribunales (pues todo sistema fiscal implica detraer coactivamente recursos del patrimonio de los individuos o grupos de individuos libremente asociados (empresas), lo cual sería ya por sí mismo un atentado a la libertad en sentido negativo).
En cualquier caso, aquí no nos interesan tanto las encrucijadas en las que se encuentran para justificar la necesidad y la legitimidad de las instituciones de garantía al menos para las libertades negativas (llegando a coquetear incluso con la idea de sostenerlo todo en donaciones privadas y fondos fiduciarios voluntarios; algo que realmente causa estupor). Lo que nos interesa es ver que todos los defensores del “Estado mínimo” defienda un Estado que, precisamente, se limite nada más que a las funciones que Marx consideraba propias del Estado como herramienta de dominación de clase. En efecto, incluso Robert Nozick, que es probablemente el más radical de esta tradición, termina defendiendo la existencia del Estado siempre que se limite a las funciones de protección contra la violencia, el robo, el fraude y la violación de contratos 8 . Es decir, exactamente los elementos que Marx demuestra que hay que sostener para garantizar la eficacia del sistema de explotación de clase. En definitiva, se trata simplemente de garantizar la propiedad (en la estructura de distribución en la que se encuentra de hecho, como si esa distribución fuese en sí misma un derecho fundamental ) y, a partir de ahí, garantizar la libertad individual sin límites para establecer contratos.
Ahora bien, conviene recordar el mecanismo elemental que Marx localiza por el que, una vez establecida una estructura de propiedad capitalista, basta consagrar la libertad para garantizar la eficacia de la explotación de clase. En efecto, como explica Marx, la negociación laboral en el mercado capitalista se establece siempre sobre el trasfondo de una determinada masa necesaria de población desempleada (a la que Marx denomina “ejército industrial de reserva” y la economía convencional denomina “tasa natural de desempleo”), es decir, una masa estructuralmente necesaria de población desmpleada que, sin embargo, depende a vida o muerte de la obtención de un salario. En estas coordenadas, resulta evidente que la absoluta “libertad individual de contrato” generaría unas condiciones de competencia en las que siempre hay gente dispuesta a trabajar un poco más barato con tal de, al menos, tener un empleo. Siempre. Con independencia de lo barato que se esté ya trabajando. Así pues, en las coordenadas de un mercado de trabajo capitalista, la “libertad individual sin límites para establecer contratos”, si no se interviene sobre las condiciones de la propiedad, implica automáticamente el más eficaz mecanismo de explotación de clase.
6. Algunos ejemplos históricos
A título de ejemplo, puede resultar interesante comentar un par de casos históricos para ilustrar en qué sentido decimos que es exactamente ahí (en el problema de la clasificación jerárquica entre distintos tipos de libertad y en el estatuto jurídico de los derechos de propiedad, es decir, en la cuestión de esa distinción engañosa entre libertades positivas y negativas y esa confusión interesada entre derechos fundamentales y patrimoniales) donde se juega y siempre se ha jugado la confrontación fundamental del republicanismo (y por supuesto del socialismo) con el liberalismo.
En primer lugar, podemos localizar a la perfección ese eje de conflicto en el centro mismo de la revolución francesa.
En esa confrontación histórica, como es lógico, la mayor parte de la atención la ha acaparado el conflicto que enfrenta a las posiciones revolucionarias en general con las fuerzas reaccionarias. Sin embargo, es en el enfrentamiento interno de las fuerzas revolucionarias donde se jugaba la batalla que más actualidad tiene en nuestro contexto político actual. En efecto, desde el comienzo mismo de la revolución entran en pugna dos proyectos alternativos radicalmente incompatibles entre sí 9 . El primero de ellos, encabezado por los seguidores de Turgot y de las ideas de los fisiócratas, representaba ante todo el proyecto liberal de una sociedad de mercado en el que la libre iniciativa (económica) individual tenía que ser resguardada con carácter prioritario frente a cualquier otra consideración. Y, en este sentido, los poderes públicos tenían la función prioritaria de preservar ese espacio con toda la violencia que resultase necesaria. Por otro lado, los jacobinos reclamaban la existencia de ciertas funciones políticas que la República no podía dejar de atender (por ejemplo, garantizar el “derecho a la existencia” de toda la población como condición indispensable para su participación ciudadana) incluso si esas funciones exigían realizar interferencias en el espacio privado de la actividad económica.
Este conflicto estalla de un modo transparente a propósito de la libertad de comercio de los bienes de primera necesidad, en particular de los precios del trigo. Ciertamente, la liberalización de los precios del grano era una larga reivindicación de los propietarios para poder subir los precios (tradicionalmente tasados por los poderes municipales) y aumentar con ello el margen de ganancias. Ya en dos ocasiones el Rey había intentado llevar a cabo esta medida liberalizadora pero terminó desistiendo ante la explosión de motines de subsistencia. Así pues, es finalmente la Asamblea Constituyente (controlada por quienes Florence Gauthier denomina el “partido de los economistas”) la que el 29 de agosto de 1789 instaura el principio de la “libertad ilimitada del comercio de los granos” y, poco después, el 21 de octubre, decide militarizar Francia por medio de la “ley marcial” para evitar los motines y revueltas.
Con esta operación, ciertamente, se está lejos de evitar la “intervención” de los poderes públicos. Por el contrario, se trata de un nivel de “intervencionismo militar” realmente apabullante. Sin embargo, el perfil “liberal” de este planteamiento se cifra en un único punto: la intervención (empleando todos los medios y recursos que resulten necesarios) no puede tener más propósito que el de evitar interferencias (emanadas desde instancias de decisión colectiva) en la actividad individual y privada. En este sentido, ese concepto negativo de libertad exige que, frente a cualquier posible injerencia política (emanada de ninguna “voluntad unida”), se preserve sin interferencias el espacio de iniciativa individual de cada uno por separado, incluso si para asegurarlo hay que declarar una dictadura militar. Por su parte, el planteamiento jacobino es el inverso: hay determinados derechos fundamentales que también son derechos de los individuos (como por ejemplo el derecho a existir), que son derechos que remiten a la integridad personal (tanto como la ausencia de violencia) y que también requieren la gestión de recursos públicos (tanto como la ausencia de violencia). Así, hay determinada exigencias que se plantean a la República que deben ser atendidas por los poderes públicos incluso si para ello hay que tomar medidas que interfieren e el espacio individual y privado del patrimonio y la actividad económica.
Este mismo conflicto puede encontrarse también de un modo nítido en el siglo XX, por ejemplo, en el Chile de Allende y la reacción armada de Pinochet. En efecto, tal como analiza minuciosamente Naomi Klein 10 , la ideología que orienta la dictadura pinochetista está fundamentalmente determinada por el ultra-liberalismo económico de Milton Friedman y los denominados “Chicago Boys”. No es que no opere a la base de este planteamiento un concepto de libertad. Todo lo contrario. A la base de la legitimación ideológica hay operando un concepto negativo de libertad a partir del cual resulta intolerable la injerencia de decisiones políticas sobre el espacio del patrimonio y la libre actividad económica individual. Desde esta perspectiva, la nacionalización del cobre era considerada un atentado intolerable contra la “libertad” que exigía ser corregido así fuera a través de una sangrienta dictadura militar (y empleando para ello, por supuesto, todos los recursos materiales que fueran necesarios). A la inversa, una vez más, el planteamiento de Allende pasa por localizar en la gestión pública de recursos la única vía por la que garantizar a todos, por un lado, las condiciones materiales necesarias para el acceso a la ciudadanía tomando decisiones con soporte económico también relativas a sanidad, educación, infraestructuras o lo que se decida en cada caso.
7. Conclusión.
Contra la confusión engañosa y la confusión interesada en la que se basa el núcleo de la ideología liberal en lo relativo a la cuestión del Estado, cabría defender lo siguiente como principios fundamentales de un Estado Comunista:
1) En primer lugar, claro está, el reconocimiento de un sistema de Derechos fundamentales que abarquen el conjunto de los aspectos sin los cuales no es posible una vida digna y de participación ciudadana. Y, en este sentido, no podrían dejar de formar parte de los derechos fundamentales cuestiones relativas tanto a las libertades civiles y los derechos de participación política (derechos de 1ª y 2ª generación) como, evidentemente, cuestiones relativas a derechos sociales.
2) En segundo lugar, como es evidente, que todos los derechos fundamentales estén protegidos por las correspondientes instituciones de garantía, y, por lo tanto, esto implica asegurar los medios materiales necesarios para asegurar de un modo efectivo
a) tanto los derechos civiles (garantizando realmente principios tan elementales como, por ejemplo, el derecho a la defensa o a no ser víctima de la violencia machista, lo cual pasa antes que nada, por asegurar la gratuidad de la justicia o por neutralizar la dependencia material que une con frecuencia a las mujeres maltratadas con sus maltratadores);
b) como los derechos de participación política, muy especialmente los derechos de organización y libertad de expresión e información, lo cual pasa, por ejemplo, por impedir que los medios de comunicación se rijan por una lógica meramente empresarial en la que los dueños de un puñado de corporaciones puede contratar y despedir libremente en función de consideraciones ideológicas, de tal modo que, a la postre, se termina entendiendo sólo el derecho a ser expresada la opinión de 6 o 7 magnates; la libertad de información debe en ese sentido tener un nivel de protección y garantías al menos análogo al de la libertad de cátedra de los profesores o la libertad de los jueces; y eso sólo es posible a través del carácter público de las instituciones.
c) y, por supuesto, instituciones de garantía encargadas de asegurar el cumplimiento efectivo de las prestaciones sociales que se haya decidido incluir entre los derechos fundamentales: sanidad, educación, vivienda digna, garantía mínima de ingresos, etc.
Y, evidentemente, hablar de las instituciones de garantía es hablar de la gestión de recursos necesarios para su ejecución.
3) Y, por último, debe no perderse de vista que si estamos hablando de derechos fundamentales ( y de sus correspondientes instituciones de garantía ) es evidente que hablamos de algo que debe quedar fuera del terreno de lo “políticamente decidible” y, por lo tanto, a resguardo de cualquier posible juego de eventuales mayorías y minorías. Es decir, que del mismo modo que ninguna mayoría (por muy mayoritaria que sea) puede decidir suprimir las garantías procesales, tampoco debe poder decidir no proteger a una víctima de la violencia machista (poniendo en operación los medios, y los recursos, que resulten necesarios); igual que en cualquier ordenamiento de derecho ninguna mayoría puede decidir eliminar la libertad de expresión, tampoco hay derecho a que decida no garantizar de un modo efectivo, por ejemplo, los medios para la organización política y la información veraz; o, del mismo modo que no cabe decidir el exterminio de una minoría tampoco debe haber margen para decidir que no cubre necesidades sanitarias 11 .
A partir de aquí, cabría definir un Estado comunista como u n estado democrático en el que los derechos civiles, políticos y sociales básicos no dependan del impulso político (o no) de un eventual gobierno comunista sino que se hallen consagrados como tales derechos fundamentales y amparados (con carácter incondicional) por las correspondientes instituciones de garantía.
Notas:
1. Engels, Carta a Bebel 18-28 de marzo de 1875, MEW, 34, p. 129
2. Marx, Kritik des Gothaer Programms, MEW, 19, p. 29
3. Lenin, El Estado y la revolución, en Obras Escogidas,, vol. VII, Moscú, Progreso, 1977, p. 81
4. Ibid. pp. 87-88
5Cf. Doménico Losurdo, Stalin, Barcelona, Viejo Topo, 2010
6. A propósito de este análisis, conviene abrir un pequeño paréntesis sobre la cuestión de la división de poderes : Marx, parece oponerse a la división de poderes cuando comenta el asunto de la Comuna de París y se posiciona nítidamente a favor de que el legislativo asuma las funciones ejecutivas. Sin embargo, esto debe entenderse a la luz de en qué consisten los organismos ejecutivos contra los que está lanzando. En realidad, Marx propone algo bastante parecido a lo que entendemos por “división de poderes” en los sistemas parlamentarios. En efecto, en absoluto se opone a que comisiones derivadas del legislativo (y siempre bajo su control) sean las que ejercen las funciones de gobierno (es decir, algo similar al modo como se se supone que se forma y se fiscaliza al gobierno en un ordenamiento jurídico parlamentario, a través de procesos de investidura, sesiones de control, etc.). Por el contrario, lo que está combatiendo es un poder ejecutivo completamente independiente de la voluntad popular y despótico, que no desempeña más que funciones recaudatorias y represivas, y en ningún caso programas de garantía social, y que, en principio, pretende tomar a las instituciones representativas como órganos meramente consultivos sin capacidad de decisión vinculante.
7 Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1969, pp. 121-122.
8. Cf. Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, Oxford, Basil Blackwell, 1999
9Sobre este asunto, los trabajos de la historiadora francesa Florence Gauthier resultan realmente esclarecedores.
10. Cf. La doctrina del Shock, Barcelona, Paidós, 2007
11. Esto es, en definitiva, a lo que remite el “constitucionalismo rígido” de Ferrajoli que establece la necesidad de fijar un ámbito de lo “indecidible que” y lo “indecidible que no” pero no como algo contrapuesto a la democracia, sino como el sistema de garantías básico que debe asegurar todo aquello que sea condición de una vida ciudadana y una participación democrática efectiva.
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