sábado, 30 de junio de 2018

El sistema de pensiones chileno enriquece a las grandes empresas a costa de los jubilados




El modelo de pensiones chileno instalado durante la dictadura de Pinochet obliga a los jubilados a buscar un trabajo para complementar las bajas pensiones que reciben cada mes.

A los 65 años, justo la edad establecida por la legislación chilena, Mario Villanueva decidió jubilarse. Después de 22 años ejerciendo como trabajador social en un hospital psiquiátrico, decidió apartar su labor como profesional del ámbito de la salud y dejar atrás las jornadas completamente dedicadas al trabajo. Sin embargo, no pudo abandonar definitivamente el mercado laboral porque su pensión no le permite llegar a fin de mes. Para complementar sus ingresos, da clases a la Universidad de Chile, en un diplomado de salud mental y psiquiatría comunitaria que, al menos durante un semestre, le permite vivir económicamente más tranquilo.

Mario cotizó durante más de 20 años (no fueron más porque la vida en la clandestinidad durante la dictadura no se lo permitió), por los que hoy recibe 245.000 pesos chilenos (330 euros), una cifra que no llega al sueldo mínimo en Chile (276.000 pesos chilenos, que equivalen a 370 euros). A pesar de que su salario como trabajador social llegaba a 1.200.000 pesos (más de 1.600 euros), lo que hoy ingresa como jubilado es menos del 25% de su salario, una cantidad absolutamente insuficiente considerando que Chile es uno de los países más caros de América Latina, con precios de los alimentos iguales o superiores a los de España u Holanda.

Como Mario, más de dos millones de pensionistas llegan a su última etapa vital inmersos en la precariedad de un sistema de previsión que, lejos de entregar tranquilidad y disfrute en los últimos años de vida, obliga a los ancianos y ancianas a buscarse la vida para sobrevivir. Profesores, funcionarios y empleados de todo tipo que se han pasado la vida trabajando, se ven obligados a seguir activos en el mercado laboral porque la cantidad que el Estado les entrega como pensión apenas llega al sueldo mínimo. Por eso, en Chile es habitual ver gente muy mayor pidiendo por la calle, vendiendo chocolates o pañuelos de papel en el transporte público, trabajando de porteros, o (en el caso de las mujeres) haciendo tareas de limpieza.

Una herencia de la dictadura
El actual sistema de pensiones del país suramericano es un legado más del macro-proceso de privatización instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Fue en 1981, de la mano del ministro de Trabajo de la época, José Piñera (hermano del actual presidente Sebastián Piñera), cuando se implementó un nuevo modelo provisional como parte de un paquete de medidas económicas importadas desde Estados Unidos por los llamados Chicago Boys, un grupo de tecnócratas formados al alero del padre del neoliberalismo, Milton Friedman.

“Antes teníamos un sistema de reparto de la seguridad social basado en más de 30 cajas de previsión según el sector productivo. No era perfecto, había algunas desigualdades muy notorias y algunas incongruencias, pero en términos generales el sistema se sostenía”, explica Carolina Espinoza, dirigente sindical de la Confederación de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam) y portavoz de la Coordinadora “No Más AFP”.

A pesar de que el dictador cuestionó la propuesta y dudó de aplicarla hasta el final, los jóvenes de la Escuela de Chicago lograron convencerle con la condición de mantener a las Fuerzas Armadas en el antiguo sistema de reparto. Un privilegio que los militares mantienen hasta hoy.

El modelo impuesto por Pinochet (y exportado a varios países del mundo) se basa en un sistema de ahorro privado a través del cual el trabajador contratado, deposita cada mes un 10% de su salario a una cuenta individual gestionada por entidades privadas del sector financiero conocidas como Administradores de Fondos de Pensiones (AFP).

Las AFP son empresas que, según establece la ley, invierten los ahorros de los contribuyentes en instrumentos del mercado financiero (acciones, depósitos a plazos, pagarés, monedas, etc.) para generar rentabilidad en el tiempo. El rendimiento de estos fondos, en base a las fluctuaciones del mercado, determina la cantidad de dinero que cada persona habrá acumulado cuando llegue el momento de su jubilación.

La pensión que se asigna no se define en función de las últimas remuneraciones, sino en base a una ecuación que considera el saldo total acumulado durante el período de ahorro, la expectativa de vida, las condiciones del mercado y la composición familiar.

En función de la edad, los ahorros se distribuyen en cinco tipos de fondos de distinto riesgo y rentabilidad. Mientras un joven de 18 años depositará su dinero en el fondo A, que rinde más pero también es más arriesgado, una persona de 60 lo invertirá en el E, que termina siendo como tener el dinero bajo la almohada: poca ganancia y poco riesgo. “Ha habido crisis financieras en las que hemos perdido los ahorros de todo lo depositado en la vida porque estamos sujetos a los vaivenes del mercado financiero”, lamenta Espinoza.

Las mujeres, peor
Según datos de la Fundación Sol, que estudia el mercado de trabajo y las pensiones en Chile, el 50% de las personas que jubilaron en noviembre de 2017 y que cotizaron durante 30 y 35 años, recibieron un promedio de 238.174 pesos (320 euros). Si el foco se centra sólo en las pensiones de vejez (sin contar la jubilación por invalidez u otros), la cifra promedio que recibe el 90% de los pensionistas de las AFP es de menos de 160.000 pesos (215 euros).

“Cuando se aplicó el modelo se dijo que la tasa de reemplazo (la pensión que se entrega en relación al salario) sería del 70%. Sin embargo, en el mejor de los casos, se alcanzan tazas que para los hombres llegan al 30% y para las mujeres no superan el 25%, y eso sólo corresponde a una minoría en el sector laboral de Chile, que tiene salario estable y permanente”, apunta la líder sindical.

Pero, si no llega al bolsillo de los abuelos y abuelas chilenas, ¿dónde va el dinero de los más de 10 millones de trabajadores afiliados al sistema, que supone más de 75% del PIB del país? Los principales beneficiarios del negocio de las AFP son los grandes grupos económicos del país, como la banca, y las transnacionales de sectores como la minería. La Fundación Sol estima que el 40% de los fondos de previsión se invierte en el extranjero y alrededor del 15% en grandes empresas nacionales, ya sea en bonos o acciones. El Estado es otro gran receptor de las inversiones, llegando a cerca del 25% del total de los fondos, mientras que el sector financiero recoge alrededor de un 20% de los ahorros de los trabajadores.

“Estamos dando una pelea de David contra Goliat porque las AFP son las dueñas del país y pueden comprar a todos los sectores políticos, manejan los capitales y los entregan a las grandes familias dueñas del país”, critica Carolina Espinoza.

Las cifras son aún más desalentadoras para las mujeres. La Fundación establece una diferencia del 42% entre las pensiones de unas y otros. Las mujeres que se jubilan antes (a los 60 años) y cobran menos durante su vida laboral, se agrupan en sectores económicos de menor remuneración y tienen una esperanza de vida más alta interrumpiendo su vida laboral para hacerse cargo del cuidado de hijos y abuelos, lo que genera interrupciones en el trabajo y, por lo tanto, más períodos sin cotizar.

Por eso, en el último tiempo han empezado a proliferar encuentros de mujeres que se reúnen para debatir sobre sus condiciones tras la jubilación, los efectos de la maternidad en la vida laboral y otros impedimentos que han dificultado la cotización a lo largo de su trayectoria.

Un sistema intocable
El sistema de pensiones es uno de los grandes pendientes de Chile, junto con la educación y la salud, para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía. “Ningún gobierno tras la vuelta a democracia no ha tenido la fuerza para generar cambios estructurales en el tema previsional, todo lo que se ha hecho ha sido en la lógica de modificar colateralmente y con medidas parche”, dice Carolina Espinoza.

La propuesta del presidente Sebastián Piñera no es una excepción y, a juzgar por su discurso durante la campaña, no impulsará modificaciones sustantivas al actual modelo. Su propuesta pasa por que el empleador aumente un 4% la cotización de sus trabajadores, pero sin tocar el modelo de negocio de las AFP. De hecho, seguirá responsabilizando a la ciudadanía de tener ingresos míseros por no haber trabajado suficiente, por haber destinado pocos recursos a su ahorro individual, o argumentando que la edad de jubilación es demasiado baja para acumular una pensión digna.

Pero ese discurso ya no sirve a los chilenos y chilenas. El modelo actual se ha ganado muchos detractores y su rechazo es transversal, en contra no sólo de las paupérrimas prestaciones que recibe la gente mayor, sino también del uso y destino de su dinero.

La sociedad chilena despertó y desde 2016 reclama cambios para volver al sistema de reparto solidario. El debate se ha instalado con fuerza en la agenda social, política y mediática, y las protestas han llegado a la calle con multitudinarias manifestaciones en todo el país. La próxima será el 22 de abril. La Coordinadora “No Más AFP” trabaja con una agenda intensa y en los próximos meses pretende aumentar la presión sobre los gobernantes convocando una huelga nacional e impulsando un proyecto de ley para cambiar un sistema que consideran obsoleto, humillante y profundamente injusto.

@MERITXELLFR

Fuente:
http://www.publico.es/economia/pensiones-chile-sistema-pensiones-chileno-enriquece-grandes-empresas-costa-jubilados.html

El regreso de la calumnia de sangre. El tratamiento de Trump hacia los latinoamericanos recuerda a los peores tiempos del antisemitismo

-EL declive moral de Estados Unidos con Donald Trump es vertiginoso. En solo unos meses, hemos pasado de ser un país que representaba "la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad" a ser un país que separa a los niños de sus padres y los mete en jaulas.

Lo que resulta igual de sorprendente de esta decadencia hacia la barbarie es que no es una respuesta a ningún problema real. La afluencia masiva de asesinos y de violadores de la que habla Trump, la oleada de delitos cometidos por los inmigrantes en Estados Unidos (y, en su cabeza, por los refugiados en Alemania), son cosas que simplemente no están sucediendo. Son solo fantasías enfermizas utilizadas para justificar atrocidades reales. ¿Y saben a qué me recuerda esto? A la historia del antisemitismo, un relato de prejuicios alimentados por mitos y engaños que terminó en un genocidio.

Vamos a hablar primero de la inmigración estadounidense moderna y de cómo se puede comparar con esas fantasías enfermizas. Existe un debate muy técnico entre los economistas sobre si los inmigrantes con un bajo nivel educativo ejercen un efecto negativo sobre los salarios de los trabajadores nacidos en el país y con similar nivel de formación (la mayoría de los investigadores opinan que no, pero hay algunas discrepancias). Sin embargo, este debate no influye en las políticas de Trump.

Lo que reflejan más bien estas políticas es una imagen de la “carnicería estadounidense”, de grandes ciudades invadidas por inmigrantes violentos. Y esta imagen no guarda ninguna relación con la realidad. Para empezar, a pesar de un pequeño repunte desde 2014, los delitos violentos en EE UU se encuentran en unos mínimos históricos y la tasa de homicidios es la misma que a principios de la década de 1960. (Los delitos en Alemania también están en mínimos históricos, por cierto). La carnicería de Trump es un producto de su imaginación.

Si miramos el conjunto de EE UU, es verdad que existe una correlación entre los delitos violentos y el predominio de inmigrantes indocumentados: una correlación negativa. Es decir, los lugares con muchos inmigrantes, legales e indocumentados, suelen tener unos índices de criminalidad excepcionalmente bajos. El mejor ejemplo de esta historia de la carnicería inexistente es la ciudad más grande de todas, Nueva York, en la que más de un tercio de la población ha nacido en el extranjero —incluyendo aproximadamente a medio millón de inmigrantes indocumentados— y la delincuencia ha caído a niveles que no se registraban desde la década de 1950.

Y esto, en realidad, no debería resultar sorprendente porque los datos de las condenas a delincuentes muestran que es mucho menos probable que los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, cometan delitos que los que han nacido en el país. Por tanto, el Gobierno de Trump ha aterrorizado a familias y a niños haciendo caso omiso de todas las normas de decencia humana para responder a una crisis que ni siquiera existe.

¿De dónde proceden este temor y este odio hacia los inmigrantes? En gran parte parece ser un temor hacia lo desconocido: da la sensación de que los Estados más contrarios a los inmigrantes son lugares, como Virginia Occidental, donde apenas se ven. Pero el odio virulento hacia los inmigrantes no solo existe entre los palurdos rurales. Naturalmente, el propio Trump es un neoyorquino adinerado, y una gran parte de la financiación para los grupos antiinmigrantes proviene de fundaciones controladas por multimillonarios de derechas.

¿Por qué acaban odiando a los inmigrantes personas que tienen dinero y éxito? A veces pienso en Lou Dobbs, un comentarista de televisión que me caía bien y al que conocí a principios de la década de 2000, pero que se ha convertido en un fanático anti-inmigracionista (y en confidente de Trump) y que actualmente advierte de la existencia de un complot de “los Illuminati de la calle K [donde tienen su sede la mayoría de grupos de presión de Washington]” a favor de los inmigrantes.

No sé qué mueve a estas personas, pero esta película ya la hemos visto antes, en la historia del antisemitismo. Lo que ocurre con el antisemitismo es que nunca tuvo que ver con algo que hiciesen los judíos. Siempre estuvo relacionado con mitos espeluznantes, basados a menudo en invenciones deliberadas que se difundían sistemáticamente para generar odio.

Por ejemplo, la gente repitió durante décadas la "calumnia de sangre”, la afirmación de que los judíos sacrificaban bebés cristianos como parte del ritual de la Pascua judía. Y a principios del siglo XX, se difundieron ampliamente Los protocolos de los sabios de Sión, un supuesto plan para que los judíos dominasen el mundo que probablemente fuera fraguado por la policía secreta rusa. (La historia se repite, la primera vez como una tragedia y la segunda vez como una tragedia mayor).

Este documento falso se difundió ampliamente en EE UU gracias nada menos que al mismísimo Henry Ford, un virulento antisemita que supervisó la publicación y distribución de medio millón de ejemplares de una traducción en inglés, El judío internacional. Ford se disculpó más tarde por haber publicado una falsificación, pero el daño ya estaba hecho.

Insisto, ¿por qué alguien como Ford – que no solo era rico, sino que también era uno de los hombres más admirados de su época – emprendió esta senda? No lo sé, pero es evidente que estas cosas ocurren.

En cualquier caso, lo importante es entender que las atrocidades que está cometiendo nuestro país en la frontera no son una reacción exagerada o una respuesta mal ejecutada ante algún problema real que haya que resolver. No hay ninguna crisis de inmigración y no hay ninguna crisis de delincuencia de los inmigrantes.

No, la verdadera crisis es el aumento del odio, un odio irracional que no guarda ninguna relación con nada de lo que hayan hecho las víctimas. Y cualquiera que justifique ese odio – que intente, por ejemplo, convertirlo en una historia con “dos lados” – en realidad es un defensor de los crímenes contra la humanidad.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía. © The New York Times

 https://elpais.com/economia/2018/06/22/actualidad/1529667353_901299.html

De esto depende el éxito, no de su inteligencia Puede mejorar sus habilidades y su vida social cambiando de mentalidad. "Yo soy así" ya no es una excusa

Ser más listo, más resuelto, menos tímido. Muchas veces soñamos con las habilidades que no poseemos como si nuestro deseo fuera de otro planeta. Pues no es así. Podemos pensar que aquel niño que era el último de la clase tiene el destino marcado y no conseguirá grandes logros a lo largo de su vida, pero la ciencia nos enseña que nada es tan determinante. Este vídeo de Bite Size Psych, un canal divulgativo que realiza piezas de psicología a partir de los últimos estudios científicos, afirma que la diferencia la marca la actitud: pregúntese si tiene una mentalidad fija o de crecimiento.

Mientras que para una persona que cree que sus rasgos son inamovibles, cualquier reto supone la posibilidad de que se le etiquete para siempre como un perdedor, quien tiene una mentalidad de crecimiento considera la adversidad una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades o mejorar las suyas. Y esto funciona así independientemente del cociente intelectual o la timidez del individuo. El mensaje que trámite esta pieza audiovisual es que "yo soy así" ya no es una excusa válida. Y lo mejor es que tener una mentalidad u otra también puede aprenderse. Hay esperanza: siempre podemos cambiar a mejor.

Para criar a un hijo verdaderamente bilingüe.

El bilingüismo puro es relativamente raro y excepcional, y por “puro”, me refiero a hablar dos lenguas con el dominio de un hablante nativo, algo con lo que la mayoría de nosotros solo soñamos mientras nos esforzamos por aprender otros idiomas en la escuela y en la vida.

Los pasos en el camino al bilingüismo pueden ayudar al niño con el lenguaje en general. Además, una exposición temprana a otro idioma puede otorgar ciertas ventajas, especialmente en términos de facilidad para producir los sonidos de esa lengua.

Sin embargo, los padres no deben asumir que la habilidad natural de los niños pequeños para el lenguaje los llevará a desarrollar verdaderas habilidades lingüísticas sin grandes esfuerzos de por medio. “Para todos los que están tratando de criar a un hijo bilingüe, sin importar sus razones u origen, es muy importante darse cuenta de que adquirir una lengua requiere estar muy expuesto a ella”, dijo Erika Hoff, psicóloga del desarrollo que es profesora de la Universidad Atlántica de Florida y autora principal de un artículo publicado en 2015 que hace una revisión sobre el desarrollo bilingüe. 

Los pediatras les aconsejan rutinariamente a los padres que les hablen a sus hijos lo más que puedan, que les lean y les canten. Parte del asunto es aumentar su exposición al idioma: una gran preocupación incluso en el caso de los niños que crecen con una sola lengua. Para poder apoyar el desarrollo del lenguaje, la exposición debe ser de persona a persona; el tiempo de pantalla no cuenta para que un niño pequeño aprenda una lengua –incluso su lengua materna— aunque los niños puedan aprender contenido y vocabulario a través de programas educativos más tarde. “Para el desarrollo bilingüe, el niño necesita exposición a ambas lenguas”, dijo el Dr. Hoff, “y eso es muy difícil en un ambiente monolingüe”.

Los pediatras también aconsejan a los padres que no hablan inglés que, si sus hijos están aprendiendo ese idioma, entonces también les lean en voz alta, les canten, les cuenten historias y les hablen en su lengua materna. Así los niños obtienen esa exposición a la lengua, junto con contenido complejo e información, en lugar de la exposición más limitada que se obtiene de una persona que habla una lengua en la que no se siente totalmente cómodo.

Los padres elaboran todo tipo de estrategias para tratar de promover este tipo de exposición. Algunas familias deciden que cada padre le hablará en una lengua distinta al niño. Sin embargo, este será capaz de discernir entre las dos lenguas incluso si ambos padres hablan las dos, dijo la Dra. Hoff. “No hay investigaciones que sugieran que el niño necesite tener las dos lenguas separadas por hablante para no confundirse”. Por otro lado, esa regla puede servir para asegurarse de que la lengua distinta al idioma materno sí se use.

“Un niño que está aprendiendo dos idiomas tendrá un vocabulario más limitado en cada uno de ellos que un niño que solo está aprendiendo uno; solo tenemos una cantidad finita de horas al día”.
ERIKA HOFF, PSICÓLOGA DEL DESARROLLO

 Si el niño crece con un cuidador que habla una lengua extranjera –quizá una niñera china o francesa—, podría tener algunos beneficios en el futuro si quiere estudiar ese idioma. No obstante, si el niño crece hablando una segunda lengua –digamos coreano— con sus primos y abuelos, asiste a una escuela sabatina que enfatice la lengua y la cultura, donde escuche música e incluso lea libros en ese idioma y después visita un país o zona donde se hable, desarrollará una facilidad mucho mayor para la lengua en cuestión.

Toma más tiempo adquirir dos lenguas que solo una, dijo la Dra. Hoff, y eso también depende de la exposición.

“Un niño que está aprendiendo dos idiomas tendrá un vocabulario más limitado en cada uno de ellos que un niño que solo está aprendiendo uno; solo tenemos una cantidad finita de horas al día; o escuchas inglés o escuchas español”, dijo la Dra. Hoff. De todos modos, los niños lo lograrán. Tal vez mezclen las dos lenguas, pero eso no significa que estén confundidos.

“Los adultos bilingües mezclan los dos idiomas que hablan todo el tiempo; es una señal de habilidad lingüística”, confirmó.

La Dra. Hoff trabaja al sur de Florida, donde hay una población muy educada y acaudalada que está criando niños en español y en inglés. “Los niños comienzan como bebés bilingües; sin embargo, conforme van creciendo, el inglés se sobrepone al español”, dijo. “Los que se vuelven casos exitosos de adultos bilingües de todas maneras son mucho mejores en inglés que en español; no fueron a la escuela en español ni leen en español, y cuando se evalúa la amplitud de su vocabulario, su comprensión gramatical o la coherencia de la narrativa que producen, resulta que no son tan competentes en español como en inglés”.

Gigliana Melzi, psicóloga del desarrollo y profesora adjunta de Psicología Aplicada en la Universidad de Nueva York que estudia el lenguaje de las familias latinas en las que se habla tanto inglés como español, estuvo de acuerdo. “Los padres necesitan ser conscientes de que deben introducir al niño a la lectura en esa lengua”, dijo. “Necesitan considerar de qué manera van a alentar al niño a conservar esa lengua”.

También es importante, dijo, observar a cada niño y asegurarse de no abrumarlo con exigencias basadas en las expectativas y ambiciones de los padres; quizá tres lenguas además de un instrumento musical y un deporte de alto rendimiento sea demasiado.

“Los padres necesitan ser conscientes de que deben introducir al niño a la lectura en esa lengua. Necesitan considerar de qué manera van a alentar al niño a conservar esa lengua”.
GIGLIANA MELZI, PSICÓLOGA DEL DESARROLLO 

Los idiomas que aprendes en la infancia son importantes, pero también lo son los que aprendes a lo largo de la vida.

“Todos conocemos gente que hace grandes aportaciones y descubrimientos científicos importantes en inglés a pesar de no ser hablantes nativos”, dijo la Dra. Hoff. “El cerebro humano es increíble y la capacidad humana de adquirir el lenguaje es admirable”.

Entonces, ¿qué deben hacer los padres si quieren darles a sus hijos un empujón bilingüe? “Busca a un hablante nativo para que platique de cosas interesantes y divertidas con tu hijo; de esa manera, tu hijo aprenderá algo”, dijo la Dra. Hoff. “No creas que esto convertirá a tu hijo en una persona perfectamente bilingüe, pero está bien”. Lo que sea que hagas le dará una ventaja.

La Dra. Melzi dijo que suele pasar que un niño que hablaba con fluidez dos lenguas durante preescolar luego se cambia a una escuela donde se habla solo uno, por ejemplo inglés, y comienza a usar este idioma para describir todo lo que le sucede ahí.

“Hay un impulso mundial que convierte al inglés en una especie de lengua franca, así que es importante que se exponga al niño al otro idioma lo más pronto posible y mientras más pequeño empiece, más similar a un hablante nativo sonará en el futuro”, dijo. Por otro lado, los niños más grandes pueden aprender más fácilmente: “Si comienzas a una edad muy temprana, llevarás ventaja”, dijo. “Pero mientras más grande seas, más eficiente serás como estudiante, pues ya cuentas con una primera lengua que puedes usar como trampolín”.

Así que el bilingüismo “puro” puede ser raro, pero los padres no deben desalentarse por esto, ya que todas las habilidades que los niños adquieren a lo largo del camino son muy valiosas, afirmó la Dra. Melzi. “Vale la pena, pero requiere mucho trabajo”.

https://www.nytimes.com/es/2017/07/12/hijo-bilingue-crianza/

¿Por qué el corazón de los canarios se rompe cuatro años antes que el del resto de españoles? Los infartos matan casi un lustro antes en Canarias, donde la desigualdad, la diabetes y la obesidad han causado estragos entre la población

El mes pasado, en Santa Cruz de Tenerife se celebró un festival infantil rebosante de juegos y actividades al que acudieron 40.000 personas, según el Ayuntamiento, que lo celebró como "el mayor festival de ocio familiar de Canarias". Este evento, que duró todo un fin de semana, giraba en torno a su patrocinador, una galleta de chocolate que daba nombre al festejo y que inundó esos 5.000 metros cuadrados cedidos por el consistorio con reclamos propagandísticos. La pega es que Canarias es una comunidad con un problema terrible de obesidad infantil y diabetes de tipo 2. La mortalidad asociada a esta enfermedad está muy por encima del resto de las autonomías; además, es la región en la que se tienen que hacer más amputaciones y más diálisis renales por su culpa, siete veces más que en el País Vasco.

La edad media española de muertes por infarto es de 78,4 años. En Canarias, 74 años

"Las autoridades no parecen tener presentes los estragos que causa. Cuando presento datos sobre la epidemia de obesidad o la mortalidad por diabetes, me dicen que la población se alarma. Y yo les digo: 'Mire, es que se tiene que alarmar'. Multiplicamos por siete a Madrid en mortalidad por diabetes, la situación es muy mala", explica el epidemiólogo Antonio Cabrera de León. Hace tres años, publicó con su equipo un estudio que mostraba cómo la tasa de muertes por diabetes es muy superior en Canarias que en otras comunidades: en la década de 1980 esa tasa era un 20% mayor que en Andalucía y se había disparado hasta un 400%. "Pero nadie se muere de un diabetazo, te mueres de un infarto, a veces de problemas vasculares a nivel cerebral, de complicaciones renales...", explica Cabrera, director del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna. Y se puso a estudiar el problema.

Ahora, Cabrera acaba de publicar un estudio sobre infartos que trae otra conclusión de las que deben alarmar a la población: los corazones en Canarias se rompen casi un lustro antes que en el resto de España. Tras estudiar los 415.000 pacientes ingresados con infarto agudo de miocardio en un periodo de ocho años, se observó que los hombres canarios ingresaban por este motivo una edad media de 61,7 años, frente a los 65,3 de la media española. La segunda región con una edad más baja para hombres con infarto es Navarra, con 64,6, tres años más que en Canarias. La edad media de ingreso con infarto para mujeres canarias es de 68,4 años, frente a los 73,9 de la media del país. La segunda región en este apartado es Baleares, con 72,5 años, cuatro mayores que en Canarias. Los infartos llegan mucho antes en Canarias, pero no solo mucho antes que la media, sino incluso mucho antes que la segunda comunidad con peor dato.

Nadie se muere de un diabetazo, te mueres de un infarto, de complicaciones renales...", explica Cabrera

Lo mismo sucede con las muertes por infarto: la media para España es de 78,4 años; en Canarias, 74. Y casi tres años antes que en la siguiente autonomía con la cifra más baja, Andalucía (76,7 años). Además, los números de Canarias no mejoraron en los ocho años que analiza el estudio.

La diabetes explica buena parte de estos infartos, como cabía esperar en una región que lidera los afectados por esta enfermedad, y sacarla de la ecuación salvaría numerosas vidas, según el estudio. Pero resulta más llamativa la incidencia del tabaquismo en los infartos canarios, sobre todo en mujeres, ya que fumaban el 22,5% de las ingresadas con infarto, frente 12% de la media española. "Es una diferencia muy grande, está claro que debemos ir a por el tabaco", resume Cabrera. Este especialista culpa a la tardía implantación del código infarto, un protocolo para atender con eficacia estos ataques, que no se ha firmado en Canarias hasta la semana pasada: "Estoy seguro de que a partir de ahora bajará la mortalidad".

Desde la Consejería de Sanidad defienden que los datos de obesidad general e infantil se han reducido en los últimos años y que "no existe una gran diferencia en la prevalencia de diabetes" con el resto de España, aunque es en la mortalidad por esa enfermedad donde el problema es verdaderamente grave. Además, afirman que se ha ayudado a implantar pautas de alimentación saludable para los escolares.

En Canarias, fumaba el 22,5% de las mujeres ingresadas con infarto, frente 12% de la media española

Detrás de todos estos problemas está la epidemia de obesidad que ha arrasado Canarias en las últimas décadas, por distintos motivos interrelacionados. Y una causa que los atraviesa a todos: la pobreza. "La obesidad, cuando te coge una población pobre, te la destroza", sentencia Cabrera. "No comemos todos mal, comen mal los pobres. Y donde va la obesidad, va la diabetes: entra por la boca, respirando no es", asegura este especialista, que critica la inacción de las autoridades y la "política económica que favorece la desigualdad, que es lo que provoca todo esto". El 30,5% de los canarios está en riesgo de pobreza y el porcentaje de hogares que llega con dificultades a finales de mes es, con diferencia, el mayor de toda España (20,9%).

En Canarias, el porcentaje de adultos con síndrome metabólico está 10 puntos por encima de la media española a partir de los 45 años y hasta 5 puntos por encima en porcentaje de diabéticos. La mortalidad por diabetes, que multiplica la de otras regiones, no deja de crecer desde el año 2000. Y es posible que empeore cuando los obesos adultos de hoy comiencen a alcanzar edades por encima de los 65 años. Hoy, el 44,2% de escolares canarios presenta obesidad o sobrepeso, tres puntos por encima de la media del país.

"La obesidad, cuando te coge una población pobre, te la destroza. No comemos todos mal, comen mal los pobres", sentencia Cabrera

"La situación es síntoma de la desigualdad, es un hecho que la obesidad y la diabetes tienen un componente socioeconómico importantísimo. Pobreza social, educativa y de renta", explica Beatriz González López-Valcárcel, experta en salud pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). "Y la enorme desigualdad social de Canarias afecta mucho más a las mujeres", asegura.

Coincide en este diagnóstico uno de los mayores conocedores de la nutrición canaria, Lluis Serra: "En obesidad mórbida infantil claramente Canarias está a la cabeza, pero sobre todo en niñas. En varones las cifras están en torno a la media, pero en niñas doblan las cifras de otras comunidades". Serra, que dirige el Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias, considera que este es "un ejemplo de fracaso de políticas por no tener perspectiva de género". La educación de las madres y su obesidad es determinante para el peso de sus hijos y la alimentación de las futuras generaciones, y los patrones que se aprenden en casa son decisivos.

"Es un hecho que la obesidad y la diabetes tienen un componente socioeconómico importantísimo. Y afecta más a las mujeres", explica González

Tanto González como Serra señalan que en Canarias se consumen demasiados hidratos de carbono, productos insanos y obesogénicos, como bollería y dulces. Serra pone como ejemplo la tradición de que se obsequie con una ambrosía recubierta de chocolate al pasaje del avión cuando vuela entre las islas. Y el abuso de zumos y refrescos "que al final es beber azúcar", señala Serra, que indica que la costumbre (a veces obligada) de consumir agua embotellada incita a comprar esas bebidas. Además, cree que el turismo ha afectado con una alimentación mala que ha impregnado los hábitos de la población y reclama una soberanía alimentaria, consumir productos de la tierra para mejorar la salud de los canarios.

Serra, de la ULPGC, insiste en la influencia de la desigualdad: "Desde principios de siglo, el sobrepeso en el nivel socioeconómico más alto empieza a disminuir claramente, mientras en los más bajos seguía creciendo y solo empieza a moderarse un poco ahora". "Los pobres no preocupan tanto. Hay sectores productivos muy interesados en que sigan consumiendo estos productos. ", asegura.

"Los pobres no preocupan tanto. Hay sectores productivos muy interesados en que sigan consumiendo estos productos", asegura Serra

Hay motivos para la esperanza. Esta semana el especialista Javier Aranceta presentó los datos pormenorizados del sobrepeso en España y Canarias ha bajado del primer al quinto puesto. Y la obesidad en mujeres ha bajado del 22% al 20%, aunque las que tienen sobrepeso han pasado del 34% al 40%. "Las mujeres se han puesto las pilas, seguramente por motivos de sensibilidad con la salud y el perfil estético, y los hombres se han relajado: un mayor impacto de la crisis económica con conductas compensatorias y consumo de alimentos más energéticos, cómodos y baratos", asegura Aranceta. La obesidad masculina ha crecido del 14,2% al 20,3%.

"La obesidad tiene que ser política de Estado prioritaria en Canarias, que el Gobierno canario y los cabildos y los ayuntamientos deben tomárselo muy en serio", reclama Serra. Sanidad asegura que se encuentra en la "etapa de implementación" de una estrategia europea para implicar a las administraciones locales en la "creación de ambientes favorables, promocionando hábitos de vida saludable, especialmente en cuanto a alimentación y deporte". El próximo fin de semana, Las Palmas de Gran Canaria, la otra capital provincial de Canarias, celebrará también el mismo festival infantil que en Santa Cruz de Tenerife, patrocinado por la misma galleta de chocolate.


https://elpais.com/elpais/2018/06/19/ciencia/1529406538_370844.html

viernes, 29 de junio de 2018

Para criar hijos resilientes, debes ser un padre resiliente.

Muchos padres queremos que nuestros hijos sean resilientes emocionalmente, que sean capaces de superar los altibajos de la vida. Pero nuestra capacidad para fomentar la resiliencia depende, en gran medida, de nuestra propia resiliencia emocional.

“La resiliencia de los padres funciona como un patrón para que el niño pueda identificar cómo enfrentar los desafíos, cómo comprender sus propias emociones”, afirma Dan Siegel, autor de The Yes Brain, que se enfoca en cultivar la resiliencia en los niños.

Sin embargo, poder afrontar con filosofía los berrinches y rabietas representa un reto para muchos padres, en especial, si tenemos expectativas poco realistas sobre lo que es la infancia.

“La idea de que la crianza debe ser la maravillosa, feliz y perfecta culminación de nuestras esperanzas y sueños es parte de eso”, comenta Katherine Reynolds Lewis, autora del libro próximo a publicarse The Good News About Bad Behavior.

Lewis dice que el enojo, las lágrimas y otros arrebatos son parte natural del desarrollo de cualquier niño; es lo que ella llama “el caos de la niñez”.

No obstante, los padres que son incapaces de enfrentar ese caos o que no están dispuestos a hacerlo podrían considerar los arrebatos del niño como un problema que debe resolverse de inmediato.

Laura Markham, psicóloga clínica y editora del sitio AhaParenting.com, dice que, cuando eso sucede, “ridiculizamos a los niños, los culpamos y les decimos que es culpa suya; los aislamos al enviarlos a su habitación”.

La naturaleza de la respuesta de los padres puede variar, aseveró Markham, pero el mensaje es el mismo: el enojo, la tristeza o la frustración son inaceptables.

Según Markham, eso es lo contrario a la resiliencia; se trata de imponer una frágil rigidez que hace que padres e hijos se sientan temerosos de que las emociones intensas los destrocen.

En contraste con esa fragilidad, los padres que no evaden el poder de emociones como el enojo tienen una mayor capacidad para asimilar las interacciones desafiantes con sus hijos, expuso Siegel, quien es director ejecutivo del Instituto Mindsight. Además, no hay que preocuparse si este tipo de resiliencia no llega de forma natural, añade, pues con la práctica se vuelve más sencillo.

A continuación, ofrecemos algunos consejos para que esas interacciones complicadas sean más sencillas de asimilar.

Respira profundo
Para responder con inteligencia a los arrebatos de un hijo, primero debemos apagar las alarmas que se encienden en nuestra cabeza. Markham aconseja a los padres “presionar el botón de pausa” antes de ejercer cualquier acción, aun ante el escenario de un niño gritando.

En su investigación, Lewis descubrió que padres e hijos a menudo sincronizan los latidos de su corazón, su respiración y otras funciones fisiológicas, de modo que calmarnos puede tener un efecto físico mensurable en nuestro hijo, sin mencionar que también puede ayudarnos a enfrentar la situación con serenidad.

Deja que las emociones se presenten
La resiliencia depende de comprender que las emociones —incluso aquellas que se consideran “negativas”, como la tristeza, el sufrimiento o el enojo— no son un problema que debe resolverse, sino una consecuencia natural de ser humano.

“El asunto con las emociones es que no duran para siempre; hay un comienzo, un desarrollo y un final en todas ellas”, dice Carla Naumburg, trabajadora social clínica y autora de Ready, Set, Breathe: Practicing Mindfulness With Your Children for Fewer Meltdowns and a More Peaceful Family.

Más allá de eso, permitirnos (y permitirles a nuestros hijos) experimentar y expresar un amplio rango de emociones es vital para nuestro bienestar. Markham resaltó que cuando no expresamos nuestras emociones perdemos el control sobre ellas.

Sé curioso
Como padres, nos preguntamos con mucha frecuencia “¿por qué?” cuando observamos alguna conducta no deseada (“¿Por qué no puede recordar poner los calcetines en el cesto?”). Pero Naumburg afirma que preguntarnos por qué reaccionamos de esa manera podría ser más útil, en especial, cuando nos sacan de nuestras casillas. “Date cuenta de lo que está sucediendo contigo y comienza a responsabilizarte de eso”, sugirió Markham.

Establece límites con compasión
Establecer reglas y límites y apegarse a ellos puede convertirse en uno de los momentos más desagradables en la relación entre padres e hijos, pero actuar con compasión y amabilidad en esos momentos puede ayudar a mantener bajo el nivel de tu presión sanguínea.

Markham y Naumburg indican que reconocer verbalmente los sentimientos de tu hijo y consolarlo no necesariamente va de la mano con ceder ante sus exigencias. “Hay ocasiones en las que me siento con mi hija en el regazo, mientras llora, y la abrazo mientras le digo: ‘No’”, dice Naumburg. “Continúa llorando pero seguimos conectadas”.

Analiza tus respuestas
Susan Newman, psicóloga social y autora de The Book of No: 365 Ways To Say It and Mean It, afirma que los padres deben estar especialmente conscientes de las ocasiones en las que es más probable que cedan ante los arrebatos de su hijo y agrega: “Si puedes reconocer lo que te hace decir que sí de manera automática, es hora de retroceder y pensar: ‘Espera, ¿por qué lo hago?’”.

Newman continúa: “Vivimos en una cultura de los padres que dicen: ‘Sí’ y es más fácil decir que sí que batallar con el berrinche de un niño”. Sin embargo, los padres pueden considerar una negativa como una manera de explorar los límites y así poder comprenderlos mejor.

Toma distancia
Cuando nos identificamos demasiado con nuestros hijos o los consideramos un barómetro de nuestra propia autoestima, estamos preparando el terreno para la decepción (o algo peor) cuando las cosas no salen como las planeamos.

“Nuestro ego está muy atado a nuestro modo de crianza”, dice Julie Lythcott-Haims, autora de How to Raise an Adult. Naumburg señala que esto se debe en parte a una narrativa cultural que sugiere que “si los niños no están bien, entonces es porque nos hemos equivocado como padres”.

Como lo describe Lythcott-Haims: “Si nosotros logramos vivir nuestra vida, quizá nuestros hijos también puedan hacerlo”.

https://www.nytimes.com/es/2018/04/05/hijos-resilientes-berrinche-rabieta/

Rajoy no deja un país mejor que el que encontró

Rafael Silva
Rebelión

Una de las últimas frases que pronunció M. Rajoy desde la tribuna de oradores del Congreso, tras saber que la moción de censura había acabado con su indecente Gobierno, fue la siguiente: "Es un honor saber que dejo un país mejor que el que encontré". Frase que nos provocaría un ataque de risa, a no ser porque, por incierta y cínica, lo que nos provoca es un ataque de profunda indignación. Rajoy no se va dejando un país mejor que el que encontró, ni siquiera igual, sino que deja un país muchísimo peor, un país "hecho unos zorros" diríase coloquialmente. Es más, podríamos concluir sin temor a equivocarnos que ningún aspecto de nuestra sociedad, ninguna faceta de nuestra vida, ninguna institución del Estado, acaba mejor que antes de los 6 años de infructuoso, intolerante, antisocial, mezquino y detestable Gobierno del PP de Rajoy. Ni en economía, ni en pensiones, ni en política exterior, ni en derechos y libertades, ni en igualdad, ni en servicios públicos, ni en medio ambiente, ni en justicia, ni en cultura... no hay parcela alguna que pueda registrar un saldo positivo tras el paso del caballo de Atila de Rajoy y sus perversas políticas. En justicia, hasta los colectivos de profesionales se han manifestado en contra de las reformas del Gobierno de Rajoy, que eliminó la justicia universal, que no ha dotado de mejores medios materiales ni humanos a la Administración de Justicia, y que ha acortado los plazos de instrucción de los procesos. Asímismo, mediante la famosa Ley Mordaza, ha eliminado el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando se dan circunstancias de limitación de libertades públicas básicas.

Reformó el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que junto con la ya referida Ley Mordaza, limitan grandemente nuestro anterior sistema de derechos y libertades. Asimismo, el Gobierno saliente de Rajoy se ha caracterizado por utilizar y poner a su servicio las más altas Instituciones del Estado, como el Tribunal Constitucional, judicializando una serie de procesos que debían haberse tratado únicamente por cauces políticos, tal como el conflicto nacional catalán. Como nos cuenta este reciente editorial del medio digital Contexto: "Deja Rajoy unos derechos fundamentales erosionados, expuestos a una percepción de la seguridad ciudadana, de la tranquilidad pública y de la respuesta a la delincuencia que sólo provocan más sufrimiento en términos colectivos, más cárcel y más temor en el ejercicio de conductas hasta hace poco consideradas derechos sin más, además de un rosario de agravios con sed de sentencia ejemplarizante". En efecto, sin ir más lejos, y sin actividad armada alguna de la banda terrorista ETA, las denuncias y condenas por enaltecimiento del terrorismo se han visto elevadas frente a anteriores períodos. A ello han contribuido también los medios de comunicación dominantes del sector privado, todos ellos adalides del neoliberalismo más salvaje, y por supuesto, la degradación a la que ha estado sometido el ente público Radio Televisión Española, que ha alcanzado con el Gobierno de Rajoy unos niveles de manipulación informativa nunca antes vista, así como una involución de su programación general que le ha alejado seriamente de su carácter y función como servicio público, y que la ha relegado a una herramienta de propaganda del Gobierno y un instrumento al servicio de la alienación cultural.

El asunto catalán ha sido otro de los caballos de batalla del expresidente que afirmó "dejar un país mejor que el que encontró", pero sin embargo, lejos de reconocer la responsabilidad de su partido en el encono del asunto (pues los orígenes se remontan al recurso que interpuso el PP ante el TC sobre el famoso Estatut de 2006), ha sido absolutamente incapaz de establecer vías de diálogo y negociación con los sucesivos gobiernos de la Generalitat, dejando que el tema se enquistara en la sociedad catalana hasta alcanzar límites desorbitados, que tuvieron como cénit la jornada de violenta represión a la ciudadanía que participó en el referéndum del pasado 1 de Octubre. Rajoy no sólo ha sido un presidente antidemocrático, sino completamente inepto para abordar problemas políticos desde la política, traspasando dichos asuntos a la órbita de la justicia. Bien es verdad que para estas tareas ha tenido como compañeros de viaje al partido que ahora gobierna de nuevo, el PSOE de Pedro Sánchez y a esa nueva derecha de Ciudadanos, que aunque pretende aparecer como renovada y moderna, sigue siendo fiel a los postulados más ultraconservadores. Incluso la Corona desempeñó su detestable papel en este asunto. Pero de dicha institución ya sabemos que nada puede esperarse, salvo su disolución y la transformación de nuestro Estado en una República Federal. El culmen de dicho proceso ha sido la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ha dejado como resultado un montón de políticos catalanes presos o en el exilio. Un balance absolutamente lamentable.

La mano de Rajoy también se ha dejado sentir en varias Leyes que han sido completamente ninguneadas e ignoradas por su Gobierno, tales como la Ley de Memoria Histórica (sobre la cual se jactaba incluso de haber dedicado "0 euros" a su financiación), la Ley de Violencia de Género, o la Ley de la Dependencia, que han sido igualmente despojadas de presupuesto, lo cual es sinónimo de hacerlas inviables, y por tanto, suponen otra forma de incumplirlas. Tampoco ha sabido o querido dejar solución para algunos temas urgentes de carácter estatal, tal como el sistema de financiación autonómica, que tras muchos años de demanda de las diversas autonomías (incluidas las gobernadas por su propio partido), no han visto satisfechas sus demandas de una mejor financiación. Más bien al contrario, el Ministerio del ex Ministro Montoro se ha dedicado a practicar la guerra interna contra las Administraciones autonómicas, controlando sus cuentas mediante mecanismos como el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), y exigiéndoles unos niveles de déficit público que les obligaban a no poder financiar el conjunto de sus servicios públicos. Las mujeres han sido otro saldo negativo del ex Presidente, aunque él mantuvo que dejaba "un país mejor que el que encontró". Huelgas feministas, brecha salarial, feminización de la pobreza y de la precariedad, y sobre todo, incremento de los crímenes machistas han sido los principales saldos del Gobierno de M. Rajoy en asuntos de igualdad. La visión transversal de género ha sido una carencia fundamental en las políticas del PP de Rajoy. Su desinterés por las mismas también.

La Ley de la Dependencia ha sido también objeto de acoso y derribo. Rajoy presupuestó 1.400 millones de euros para esta partida, lo que supone un 6,7% menos que en 2011. En 2017 un total de 38.000 personas dependientes fallecieron en nuestro país sin haber recibido prestación alguna. Dos de cada tres dependientes son mujeres, y el 90% de las personas que se ocupan de los cuidados, también. El grave deterioro de la economía que ya sufríamos con los últimos años del Gobierno de Zapatero tampoco fue corregido con Rajoy, por mucho que éste presumiera del "crecimiento económico y el empleo", coletilla que usaba como un mantra incuestionable de sus políticas. Nada más lejos de la triste realidad. El crecimiento económico únicamente ha servido en estos últimos años para acrecentar el número de ricos en nuestro país, para afianzar los beneficios empresariales, y para consolidar una hegemonía de los poderes económicos, que salieron inmensa y mayoritariamente beneficiados con la Reforma Laboral de 2012, toda una contrarreforma que acabó con los (ya mermados) equilibrios anteriores. El "empleo creado" no ha sido tal, sino una transformación de nuestro mercado laboral anterior, una reconversión hacia un mercado mucho más inestable y precario, dependiente de los deseos, necesidades y objetivos de los patronos. Con Rajoy la precariedad se ha convertido en modelo de vida, en norma cotidiana, en registro vital. Incluso los trabajadores y trabajadoras veteranos/as pierden sus puestos de trabajo sin mayores problemas, para que sus empresas contraten después "recursos humanos" jóvenes y precarios. La devaluación salarial ha sido continua, la pérdida de poder adquisitivo en todos los sectores laborales una constante, y el desmontaje de la Seguridad Social (incluso aunque durante algunos períodos haya aumentado el número de cotizantes puntualmente) y del Sistema Público de Pensiones, sus consecuencias más directas. Para una radiografía más completa de los destrozos económicos de Rajoy, véase el artículo de Emilio de la Peña para el medio digital Ctxt.

En el "país mejor" que deja Rajoy, se despide más fácilmente, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha sido vaciado, y los pensionistas están en pie de guerra debido a sus míseras pensiones. En el "país mejor" que deja Rajoy, sólo la mitad de los desempleados están cobrando prestaciones, y los jóvenes no tienen expectativa vital de futuro, ya que están abocados a depender de sus familias, de la precariedad, o del exilio laboral. En el "país mejor" que deja Rajoy, la cultura y la ciencia han sido atacadas y desmanteladas, y los artistas tampoco pueden vivir de su trabajo. En el "país mejor" que deja Rajoy, las pocas empresas públicas que quedaban han sido absolutamente privatizadas, los bancos rescatados, las personas desahuciadas de sus viviendas, los clientes estafados, los estudiantes expulsados de la Universidad, y los servicios públicos básicos (sanidad, educación, etc.) disminuidos en recursos y en personal. Un conjunto de Mareas ciudadanas han sido la constante en su expresión de protesta ante los ataques, recortes, privatizaciones y desmantelamientos que estaban sufriendo sus respectivos sectores. En el "país mejor" que deja Rajoy, las políticas destinadas a la mejora y conservación del medio ambiente y a contrarrestar los gravísimos efectos del cambio climático han brillado por su ausencia. Una gran parte de la legislación ambiental existente se derogó, se privatizaron recursos naturales (montes, ríos, playas, costas...), y en el plano energético, ha destacado el freno a la implantación y desarrollo masivo de las energías renovables, dando por el contrario impulso a las prospecciones petrolíferas, facilidades al fracking y mayores poderes al oligopolio eléctrico, lo cual se ha traducido en mayores ganancias para las empresas, incremento del coste de los suministros básicos, y aumento de la pobreza energética.

Pero todavía hay más puntos negros en la España que deja Rajoy. Las cuotas de refugiados no se han cumplido, y ese "país mejor" se ha caracterizado por una agresión constante por todos los medios (tierra, mar y aire) a los migrantes que han intentado llegar a nuestra tierra, desplegando los más execrables mecanismos para impedirlo. La insensibilidad y la inhumanidad han llegado a límites insospechables. Las políticas de Defensa han sido absolutamente desastrosas, aumentando los presupuestos para armamento de forma obscena, multiplicando por tres los gastos dedicados a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, y plegándose a los requerimientos de la OTAN y de los Estados Unidos de Trump descaradamente. Y por si todo ello fuera poco, Rajoy se atreve a proclamar que deja "un país mejor que el que encontró", cuando la radiografía de la corrupción nos dibuja un paranoma absolutamente deprimente. La corrupción durante los años de Rajoy se ha convertido en realidad cotidiana, y de hecho, como sabemos, él mismo no ha tenido la dignidad suficiente como para dimitir como máximo responsable de su partido, cuando éste está salpicado hasta las cejas por cientos de casos que afectan a dirigentes de su formación. Jamás asumió sus propias responsabilidades, se limitó a mirar para otro lado, a desfigurar la vomitiva realidad, y a atacar a todos los demás para disculpar las indecentes prácticas de su formación política. Tuvo que ser desalojado del Gobierno por una Moción de Censura, cuando la situación era ya de plena salud democrática, de harto insostenible. Rajoy, como decíamos arriba, no ha dejado un país mejor que el que encontró. Pero él, desde su plaza de Registrador de la Propiedad en Santa Pola, seguirá pensando que sí. Ya sabemos por tanto la visión de un "país mejor" que tiene el Partido Popular.

Blog del autor: http://rafaelsilva.over-blog.es

Los destrozos de Rajoy.

El daño principal no se puede describir con números: fue acabar con el pacto social. Algunos datos cruciales sirven para desacreditar la propaganda desplegada estos días.

No es de esperar que uno se azote públicamente. Sólo los inmisericordes consigo mismos lo hacen y son muy pocos. Menos aún los políticos. Y menos todavía los políticos que hayan actuado contra el bienestar de los ciudadanos. En cualquier constitución civilizada se reconoce el derecho de toda persona a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable. La Constitución Española lo hace en su artículo 24. No cabía esperar por tanto que, en su despedida como presidente del Gobierno, Rajoy reconociese los destrozos causados. Si no reconoció ante un tribunal de justicia sus responsabilidades en el caso Gürtel, menos podía pensarse que fuera a reconocer en el Congreso de los Diputados un daño mucho mayor. “Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré”, dijo Rajoy. Tenía sus razones para hablar así. Le escuchaban los diputados de su partido, tan derrotados como él, a los que no podía defraudar. Y tendría, digo yo, razones íntimas: casi todo el mundo intenta conservar su autoestima. Lo que resulta más chocante es que analistas o informadores pretendan construir argumentos sesgados para valorar positivamente la gestión económica de Rajoy.

Se aduce, por ejemplo, que el Producto Interior Bruto, el PIB, creció en el periodo de su gobierno. Tuvo un aumento en los seis años que van de 2011 a 2017 del 6,5 por ciento. Una subida bastante pobre, más si se tiene en cuenta el bajo nivel de actividad económica que registró el último año antes de la llegada del Gobierno del PP. Pero eso no es lo importante. Para saber cómo llegó esa mejora tímida a los ciudadanos es necesario comprobar cómo se repartió la riqueza generada. Se la reparten las empresas y los trabajadores. También lo refleja el PIB. Entre el final de 2011 y el de 2017 lo que se llevaron las empresas aumentó el 12 por ciento. Por su parte, lo que le correspondió a cada asalariado subió en cambio el uno por ciento. Y si se descuenta el encarecimiento de la vida (el dinero de 2017 valía menos que el de 2011) la renta por asalariado fue un 3,7 por ciento más baja al final del tiempo de Rajoy que antes de la llegada del PP al poder.

Los indicadores económicos al uso, el PIB, la marcha de la bolsa, la prima de riesgo o el IPC, sirven para conocer algunas facetas de la actividad económica. El resultado de la actividad económica, sin embargo, se mide por el bienestar de la gente y ahí no sale. Hay otros datos que lo reflejan.

La renta. Es lo que gana cada año el conjunto de las personas, ya sea por su salario o por sus inversiones. Con los datos disponibles del INE, puede calcularse la renta media por persona: en 2011 fue de 13.902 euros. En el último año completo de Rajoy, 2017, fue de 13.690 euros, descontando el aumento del coste de la vida, la inflación. Un 1,5 por ciento menos. Es decir, nos empobrecimos. Claro, no todos. La mitad de la gente con menos renta vio caer sus ingresos un siete por ciento, mientras que la otra mitad, la de más ingresos, la mantuvo inalterable. Cuando el PP llegó al Gobierno, el 20 por ciento más afortunado económicamente ganaba 6,3 veces más que los del otro extremo. Era ya mucho si tenemos en cuenta que en Alemania o Francia representaba 4,5 veces. Pues con Rajoy los más pudientes han pasado a ganar 6,6 veces lo que se lleva el 20 por ciento con menos ingresos. Ha aumentado la desigualdad.

Esto ha llevado a otro dato más trágico: el aumento de la pobreza. En 2011 había ya 12 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Era mucho. España era el undécimo país de la Unión Europea con más pobres. El paso del PP por el Gobierno lo ha empeorado: ha convertido en pobres a medio millón más de personas. Ahora sólo nos superan seis países de la Unión.

Claro, esto tiene su traducción en la vida real, por ejemplo, la pobreza energética. Casi dos millones de hogares declaran que no pueden mantener su casa a temperatura adecuada, que pasan frío. Son 726.000 hogares más que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. El año pasado las compañías eléctricas, de gas y de petróleo del IBEX ganaron casi 9.000 millones de euros, un 8 por ciento más que en el ejercicio anterior. Ese es el contraste.

La pobreza se extendió no sólo a los parados o los jubilados. Afectó también a los que trabajan, no sólo en tiempos de Rajoy. Al llegar había ya un 23,5 de asalariados en riesgo de pobreza, pero durante su mandato han aumentado un 18 por ciento aquellos a los que el producto de su trabajo no les da para cubrir sus necesidades: ahora suponen casi el 28 por ciento de los asalariados. Esto no es por casualidad, sino fruto de una actuación política: la llamada devaluación salarial aplicada por las empresas e impulsada por el Gobierno a través de la reforma laboral. Los sueldos han bajado entre la llegada y la salida del PP del poder un 5,1 por ciento, en términos reales, es decir, descontado el incremento del coste de la vida. Pero ese sacrificio no se ha repartido igual. La encuesta anual de estructura salarial del INE, cuyos últimos datos son de 2016, divide los sueldos en 10 tramos, de acuerdo con su cuantía. Ahí se puede comprobar que el tramo con los sueldos más bajos ha sufrido una caída del 4 por ciento en el periodo Rajoy, mientras que el tramo de los que más ganan ha gozado de una subida del 3 por ciento. La precariedad salarial, ya existente antes, se ha incrementado con Rajoy con el aumento de los contratos a tiempo parcial respecto a los de tiempo completo.

Repasamos ahora los servicios esenciales que prestan las administraciones públicas a los ciudadanos y los estragos sufridos a manos del Estado y de las comunidades autónomas, por orden de Rajoy. La educación: fue uno de los bastiones del Estado de Bienestar contra el que primero se dirigió el PP. En 2011, el gasto público educativo era 2.200 millones mayor que al final del periodo negro. La sanidad fue otro blanco de los grandes recortes. Ahora el gasto sanitario es 1.642 millones menor que en 2011. El gasto en dependencia tampoco se libró de la tijera: en 2018 hay presupuestado un 7 por ciento menos para esta partida que en 2011.

Las pensiones han subido y su gasto ha aumentado, sobre todo por el mayor número de pensionistas, que además reciben una pensión superior, puesto que trabajaron en años con sueldos mejores que sus antecesores. Pero la subida ha sido escasa: la pensión mínima se ha incrementado en estos seis años el 4,3 por ciento. Con ello no compensa el incremento del coste de la vida, la inflación, que alcanzó el 4,8. Y lo que es más grave: el recorte de los salarios ha contribuido a que la recaudación de la Seguridad Social haya sido escasa. La solución: Rajoy se ha gastado el Fondo de reserva de la Seguridad Social, bien repleto cuando llegó a la Moncloa. En total se ha fundido 74.000 millones de euros.

La inflación, el aumento del coste de la vida, se ha moderado algo. En los seis años de Rajoy los precios al consumo han aumentado el 4,8 por ciento. Pero no todo se ha comportado así. Han bajado claramente la gasolina y el gasóleo. No han subido, o lo han hecho muy poco, los productos o servicios de los que una persona puede prescindir si vive con estrecheces: ropa, menaje, ocio. Pero servicios esenciales de los que el ciudadano difícilmente puede prescindir se han disparado. Entre 2011 y 2017 el pago por estudiar en la universidad, básicamente las tasas, se incrementó un 35 por ciento. La ampliación del copago por las medicinas a pensionistas, contribuyó a encarecer el gasto farmacéutico de los ciudadanos en un 17 por ciento desde que llegó el PP hasta que se ha tenido que ir. El recibo de la luz es ahora un 14 por ciento más caro.

Esta es la economía que afecta a personas, pero sí, hay cosas más distantes a ellas cuyos efectos terminan afectando también al bienestar de la gente. Por ejemplo, el dinero que el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos han tomado prestado y tienen que devolver, la deuda pública. No es necesariamente malo que se endeuden para hacer frente a necesidades básicas o para gastarlo en impulsar el desarrollo. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy recortó los gastos destinados a estas cosas y al mismo tiempo endeudó más al Estado. Ahora la deuda pública supera el billón de euros (1.144.298 millones de euros) que equivale al 99 por ciento del PIB. Cuando el PP tomó el mando suponía el 70 por ciento. Ha aumentado en 400.000 millones de euros: un 54 por ciento. Una parte de la deuda se debe a los 58.000 millones gastados en rescatar a los bancos, la gran mayoría durante el mandato de Rajoy. Sin embargo, mientras esto ocurría, más de 400.000 familias fueron expulsadas de sus casas por los bancos al no poder pagarlas, la mayoría (300.000) durante el mandato de Rajoy. A ello hay que sumar las que abandonaron sus viviendas sin necesidad de ser expulsadas.

Para mejorar la economía a largo plazo es necesario cambiar el modelo productivo. Y para esto, es clave la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación. Pues bien, Rajoy decidió reducir drásticamente el gasto en I+D+i. Cuando se ha ido, es un 17 por ciento más bajo que cuando llegó. Y eso que los recortes de Zapatero ya dejaron temblando esta partida presupuestaria.

Esto último da pie para aclarar que esto empezó antes. En mayo de 2010, cuando el Gobierno socialista de Zapatero cedió a la presión de los que mandan en la Unión Europea e inició el camino. Rajoy tomó el relevo con virulencia y multiplicó los destrozos. El principal de ellos no se puede describir con números: fue acabar con el pacto social establecido.

http://ctxt.es/es/20180606/Politica/20039/PP-rajoy-recortes-pacto-social-pobres-temporalidad-crecimiento-de-la-peña.htm

¿En qué consiste la dieta nórdica que recomienda la OMS, junto a la mediterránea, para mejorar tu salud? Redacción BBC Mundo.

Seguro que has oído hablar de la dieta mediterránea como un referente de alimentación saludable. Pero, ¿existen otros modelos a seguir?

Una revisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó evidencias de que tanto la dieta mediterránea como la dieta nórdica pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, como el cáncer, la diabetes o los problemas cardiovasculares, que con frecuencia están ligados a la obesidad.

Pero si bien la dieta mediterránea es muy conocida, ¿en qué consiste la dieta nórdica?

Según el informe de la OMS, la dieta nórdica comparte muchas características con la dieta mediterránea pero está basada en alimentos procedentes tradicionalmente de Europa del Norte: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.

Varios países europeos han promovido esta dieta como un modelo alimentario beneficioso para la salud, principalmente en esa región, con resultados positivos, según la OMS.

Más pescado y sin aceite de oliva

La dieta nórdica se basa en el consumo de estos alimentos:

vegetales de hoja verde y de raíz, bayas o frutas del bosque, fruta, cereales enteros, como la cebada, la avena o el centeno, legumbres, lácteos bajos en grasa, pescados, incluidos los grasos como el salmón, la caballa o el arenque, que se consumen varias veces a la semana.

Quizás la mayor diferencia con la dieta mediterránea, según la OMS, es que en lugar de aceite de oliva en la dieta nórdica predomina el aceite de colza.

De acuerdo al informe de la OMS, para las poblaciones no nórdicas los principios de esta dieta noreuropea quizás sean más fáciles de adaptar que los alimentos en sí.

En términos generales, se trata de promover el consumo de cereales enteros, fruta y vegetales a la vez que se excluyen las grasas saturadas.

La OMS destaca que varios estudios la han vinculado a mejorías en los factores de riesgo tanto de enfermedades cardiovasculares como de diabetes, aunque no ha sido tan estudiada como la dieta mediterránea.
Pirámide de la dieta del Mar Báltico.

La "Nueva Dieta Nórdica" y un decálogo de principios
La "Nueva Dieta Nórdica" es una interpretación gastronómica de esta dieta tradicional de la zona del norte europeo.

Fue desarrollada en 2004 por varios chefs nórdicos de referencia que firmaron un manifiesto del mismo nombre.

Esta interpretación está basada en cuatro principios esenciales: salud, potencial gastronómico, sustentabilidad e identidad nórdica.

Estos principios promueven el consumo de ingredientes locales, silvestres y frescos.

En toda la región se han desarrollado políticas y eventos destinados a la promoción de esta nueva versión de la dieta tradicional, no solo desde el punto de vista de la salud sino también desde la perspectiva cultural e incluso turística.

En 2012 el ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca de Dinamarca publicó esta guía general de alimentación de acuerdo a ese manifiesto:

1. Come más frutas y vegetales todos los días

2. Come más productos de cereales enteros

3. Consume más alimentos del mar y los lagos

4. Come carne de mejor calidad, pero en menor cantidad

5. Come más comida de paisajes salvajes

6. Come productos orgánicos cuando te sea posible

7. Evita los aditivos en la comida

8. Come más platos basados en los alimentos de temporada

9. Come más platos de comida casera

10. Genera menos desperdicios.

3 en 1: dieta, cultura y salud

Según la OMS tanto la dieta mediterránea como la dieta nórdica son ejemplos de cómo los recursos culturales pueden ser utilizados con fines novedosos y beneficiosos para la salud.

"La cultura gastronómica está basada en la tradición pero está también abierta al cambio y a la adopción de nuevas ideas, como evidencia el auge de la dieta nórdica y de las múltiples variantes de la dieta mediterránea, que son a la vez nuevas y culturalmente auténticas", dice el documento de la OMS.

"Quienes desarrollan las políticas deberían tratar de alinear en la medida de lo posible las guías de nutrición con el contexto cultural local", recomienda el organismo.

http://www.bbc.com/mundo/noticias-44041788#

La dieta Mediterránea aquí.

jueves, 28 de junio de 2018

La causa de los 140.000 (desaparecidos). La dictadura franquista continúa impune

Carlos Jiménez Villarejo
Ctxt

Este texto se leyó originalmente en las Jornadas organizadas por la Asociación “Dejadme llorar”. El autor lo ha actualizado ahora para su publicación en CTXT.

El Gobierno tiene que revisar la Ley de Memoria Histórica para que las Administraciones Públicas asuman la responsabilidad de encontrar a los asesinados, y para dar plena rehabilitación moral, jurídica y económica a todas las víctimas de la dictadura.

“Es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía y a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales”.

Frente a la “aplicación de bandos de guerra, desapariciones forzadas, sentencias de muerte, cárcel, campos de concentración, multas e incautación de bienes, torturas, exilio y persecución laboral y profesional y grupos guerrilleros…”

(Exposición de Motivos de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía)

1. El estado actual de los “desaparecidos” durante la guerra civil y la dictadura

La cita anterior es obligada en unas Jornadas como éstas que afrontan, esta vez en Andalucía, el deber de la memoria y, una vez más, la denuncia de la impunidad. Ante una Ley que representa un compromiso más enérgico y amplio con aquellas víctimas que la Ley estatal 52/2007, además de su derogación de facto durante el último gobierno del Partido Popular (PP).

Es necesario resaltar y agradecer que la Ley andaluza incluya la referencia a la Resolución de la ONU de 1946 que calificaba el régimen de Franco como “de carácter fascista”, establecido en parte gracias a las ayudas de Hitler y Mussolini.

En 1986, con motivo del 50 aniversario de la sublevación militar de 1936, la Presidencia del Gobierno emitió un comunicado que concluía así: "Y recuerda además con respeto a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente, a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”. La “sociedad diferente” era el golpe militar, la dictadura franquista y la planificación del terror desde 1936 hasta 1975. Habrían de pasar más de treinta años para que un Gobierno se atreviera a llamar a la dictadura por su nombre, como lo había hecho la ONU en 1946. Así lo hizo, pese a todas sus insuficiencias, la Ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica, que, además, proclamó la “condena del franquismo”. Y, complementariamente, la Ley incluyó una Disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas represoras dictadas bajo la Dictadura por ser manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales, desde los primeros Bandos de Guerra hasta la Ley del Tribunal de Orden Público, “con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial”. Derogación que evidencia las carencias de la Constitución democrática de 1978 en cuanto no afrontó directamente la ruptura con el régimen totalitario anterior incorporando una norma como la que se aprobó veintinueve años después. Todo ello refleja las debilidades de nuestra democracia por razón de la pervivencia en su seno, ciudadanos e instituciones, de ciertos rasgos de una cultura autoritaria. Por ello, dicha Ley solo alcanzó unos objetivos moderados y dominados por una cultura privatizadora de la memoria.

Dice el Preámbulo que, entre otros, es cometido de la Ley proteger “el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática”. La consecuencia de este planteamiento ha sido un progresivo abandono de las reivindicaciones en orden a la plena rehabilitación moral, económica y jurídica de los vencidos y sus descendientes. El 9 de Febrero de 2011, en el CCCB de Barcelona, en el marco de una Exposición sobre “Desaparecidos”, el profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York) Andreas Huyssen mantenía: "¿Qué sería del movimiento internacional de los derechos humanos sin memoria de los campos de exterminio del siglo XX?”. Y reclamaba la necesidad de preservar “la dignidad de las víctimas, sus luchas y su destino”. Lo mismo puede decirse del genocidio franquista y de sus responsables. Sobre todo, cuando aún persisten entre nosotros consecuencias gravísimas, dolorosas y punibles del genocidio, como son los desaparecidos. Y continúan considerados como culpables los condenados por las jurisdicciones represivas franquistas por un delito que jamás cometieron, el de rebelión militar. Y siguen sin ser plenamente rehabilitados los guerrilleros contra la dictadura, como última expresión del Ejército de la República. Por el contrario, el dictador aprobó una Ley el 22/12/1949 para recompensar a militares y guardias civiles que reprimieron a los guerrilleros. Les reconoció como “abonos de tiempo de campaña”, por la persecución de “partidas de rebeldes” a finales de 1944 en los que se calificaban como “Hechos de Armas”. La democracia aún no ha hecho un reconocimiento similar a los guerrilleros que sufrieron dicha persecución. Las víctimas ya no pueden esperar más y el Gobierno, las administraciones públicas y los tribunales están obligados a la satisfacción inmediata de sus derechos.

En julio de 2016, se cumplieron 80 años desde que la II República fue asaltada por el golpe militar dirigido por el General Franco, implantando desde sus inicios un régimen totalitario regido por el terror y la represión. Entre muchas de las consecuencias de dicho terror, estuvieron las víctimas republicanas de asesinatos que fueron enterradas clandestinamente en fosas comunes. La gran mayoría de ellas no han sido localizadas ni identificadas y, lo que es más grave, nunca, salvo contadísimas excepciones, las Administraciones y el poder judicial asumieron la investigación y esclarecimiento de conductas que constituían crímenes contra la humanidad.

En este contexto, los familiares de aquellas víctimas quedaron en un absoluto desamparo, viéndose obligadas al silencio y, en limitados casos a recurrir a procedimientos civiles para lograr el reconocimiento de estos derechos: la recuperación de los restos de sus ascendientes asesinados, su identificación y darles una digna sepultura. Prácticamente nunca conocieron quiénes y cómo los asesinaron.

Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226
Hubo que esperar a que el Grupo de Trabajo de NNUU sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias, en el Informe sobre su visita a España en septiembre de 2013 (de 23 a 30 de este mes), exigiera al Gobierno español que “todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial…”. Recomendación abiertamente incumplida. Por cierto, dicho organismo de la ONU visitó “Las Murallas de la Macarena y la fosa común del Cementerio de Sevilla”.

Decía así: “En España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975)”. Este es el punto de partida de dicho Informe. Con un dato muy relevante. Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226.

La intervención de este Comité fue la primera respuesta internacional al desamparo que sufren a diario las víctimas –incluidos sus familiares– de los crímenes de la dictadura franquista.

El abandono institucional y, particularmente, el judicial lo acreditó el Informe elaborado por el forense Francisco Etxeberria, que ha intervenido en la exhumación de 300 fosas en las que se encontraron restos de 5.000 personas. Afirmó: “Las autoridades judiciales han estado ausentes en este proceso”.

El desamparo judicial es ya antiguo, pero se agudizó cuando, tras la denuncia formulada en 2006 ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5, el proceso fue cerrado, dividido y repartido entre más de 60 Juzgados de Instrucción por razón de la localización de las fosas. La inmensa mayoría de los Juzgados archivaron las actuaciones, sin personarse siquiera en la fosa donde pudieran hallarse los restos de los desaparecidos para practicar las diligencias a que les obligaba la Ley. Con razón, dicho Informe de la ONU exigía “Jueces en las fosas”: “Que los representantes de la administración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos”.

Y, cuando se aprueba la Ley de la Memoria Histórica (LMH) en 2007, el Estado renuncia a su deber de asumir “la indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas” para atribuírselas a los familiares y particulares. Privatizando una responsabilidad eminentemente pública, ya fuera judicial o administrativa. En efecto, el art. 11 de la misma se limita a afirmar que las Administraciones Públicas se limitarán a “facilitar” a los familiares y asociaciones la práctica de las exhumaciones. Lo que, evidentemente, contrasta con los términos del Art. 8.1 de la Ley andaluza, cualquiera que sea su posterior proceso de ejecución: “La Consejería competente en materia de memoria democrática llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas…”, con arreglo a los Protocolos a que se refiere.

Pero la desprotección llegó a ser más intensa cuando el Tribunal Supremo (TS), por sentencia 101/2012, que absuelve al juez Garzón, complementada por el Auto de 28/3/2012, clausura definitivamente las puertas de los tribunales para investigar los crímenes de la dictadura. Porque, con una completa vulneración del Derecho Internacional Humanitario, declara que no pueden ser perseguidos penalmente. Cuando ha sido una constante de este Derecho que ciertos delitos, por su gravedad y dimensiones cualitativas y cuantitativas, eran siempre perseguibles, con independencia de su codificación estatal, precisamente por atentar al género humano.

Además, los Pactos de Nueva York, vigentes en España desde el 30/4/1977, proclamaban que la irretroactividad de la ley penal no era aplicable a delitos que, por su gravedad, tenían aquel alcance. Los Pactos establecen que nada se opone a su persecución y condena si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”. Tratado vigente en España cuando se aprobó la Ley de Amnistía de 1977, lo que impedía que fuera aplicada al genocidio franquista.

El deber de investigar dichos crímenes está, además, respaldado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la sentencia de 16/4/2012 justificó la investigación judicial de los asesinatos masivos de Katyn.

Y el Tribunal Supremo de Italia autorizó la persecución judicial de Priebke, el dirigente nazi que ordenó los asesinatos de las Fosas Ardeatinas.

Y, ya en España, la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (Auto 22/1/2013) ordenó la investigación de los bombardeos fascistas sobre la población civil de Barcelona durante la guerra civil con centenares de víctimas. El tribunal, con fundamento en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, afirma que “el ejército italiano podía conocer la ilicitud de los bombardeos sistemáticos y de carácter exterminador sobre la población civil de Barcelona”. Y, desde luego, con fundamento en dichas Convenciones y en la Constitución de la República, declara que los ataques aéreos sobre Barcelona son perseguibles “como derecho penal no codificado”, pues los “principios” del Derecho consuetudinario internacional “están por encima de las leyes internas de cada país, y por tanto son directamente aplicables aunque la legislación interna del Estado donde se perpetraron no los tuviera formalmente tipificados”. Así se desprende expresamente de la Convención de La Haya de 1907, donde “constan expresamente las matanzas masivas de la población civil” y los “bombardeos de ciudades sin que existan objetivos militares” y, en particular, de la Cláusula Martens de 1899, que apelaba a los Estados en guerra a la vigencia de “los principios del derecho de gentes”. Como consecuencia de estos principios, el citado Informe de la ONU disponía que “la búsqueda de los desaparecidos no puede depender de los familiares, sino que debe de ser asumida como una obligación del Estado”.

Es especialmente significativa la Sentencia del TEDH en el caso Zdanoka c. Letonia (16/3/2006): “2. En derecho internacional, el proceso de Núremberg es una ilustración histórica de la manera en que el estado de derecho responde a la barbarie, de que el poder de la lógica jurídica prevalece ex post facto sobre la lógica hobbesiana del poder... El Tribunal aplica la doctrina fijada por la Sentencia de Núremberg, según la cual el concepto de crímenes contra la humanidad comprende los hechos de esta naturaleza cometidos desde el 23 de marzo de 1933. De la misma forma que el Convenio sobre el Genocidio, de 1948, no instituye ni crea este delito sino que “confirma” su existencia como “delito de derecho internacional”.

El Comité de NNUU expresó su “preocupación” por el criterio mantenido por el TS en la sentencia citada al invocar la “existencia de una ley de amnistía” y por rechazar en las desapariciones su carácter de delito permanente. Asimismo, “exhorta” al Estado a que “asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial...”.

El Comité, frente al criterio mantenido por la LMH, recuerda que “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado” y que “los familiares tienen el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos”.

Para estos fines, como ya se ha reclamado desde diversas instancias, el Comité plantea que el Estado español “debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada…”.

Finalmente, entre otras muchas recomendaciones, el Comité reitera lo que ya solicitó el Consejo de Europa en 2006, “la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas”.

Las víctimas de la dictadura ya no pueden esperar más. Llevan 40 años esperando saber, ser auténticamente reparados por el inmenso daño sufrido y, en la medida de lo posible, que se haga justicia como lo está haciendo la juez argentina.

El Estado, las Administraciones y, particularmente, los jueces no pueden continuar quebrantando el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas e incumpliendo el deber legal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada fijada en las leyes internacionales. Acabar con el “olvido de las víctimas de la represión franquista”. Las víctimas más “invisibilizadas”, según Reyes Mate.

Más recientemente, el pasado 15 de abril de 2015, la ONU ha vuelto a reiterar al Estado español que cumpla sus obligaciones morales y, sobre todo, legales con las víctimas de la represión de la dictadura franquista. Era la consecuencia del Examen Periódico Universal a que nuestro Estado fue sometido en enero de ese año en el extenso ámbito de los derechos humanos.

A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario

Las Recomendaciones fueron fundamentalmente tres: “Abordar la cuestión de las desapariciones forzadas en todos sus aspectos” y “promover cambios en el ordenamiento nacional que permitan la investigación exhaustiva e imparcial de las desapariciones forzadas”, ambas en el marco de “una estrategia amplia e incluyente para abordar los problemas del pasado…”.

A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario, el franquismo, de forma que se resuelvan a favor de las víctimas del mismo las deudas contraídas por un sistema, la dictadura, que aún no están completamente saldadas. La responsabilidad es compartida por los Gobiernos democráticos y los Tribunales de Justicia. Porque no habrá en España un sistema plenamente respetuoso de los derechos humanos mientras aquellas víctimas no hayan sido plenamente reparadas.

2. El concepto de “víctima” de violaciones graves de derechos humanos
Incorporado a la Ley andaluza en el art. 4 A. b). La utilización del término “víctimas” resulta necesario en cuanto genera un determinado estatuto jurídico, sobre todo a la hora de situarlo en relación con los instrumentos jurídicos de Derecho Internacional en la materia. A este respecto, es necesario hacer una especial mención de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 60/147 (16. 12. 2005, publicada 21. 04. 2006) relativa a los: “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.

El concepto de víctima se define así: “8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. 9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. "Desde esta perspectiva, el Estado español y, en consecuencia la magistratura, están obligados a actuar para la plena satisfacción de dichos derechos”.

3. La dictadura franquista continúa impune
La Fiscal General dictó el 30 de septiembre de 2016 una Instrucción ordenando a los fiscales que se opusieran a los requerimientos de la Justicia argentina solicitando auxilio judicial para la investigación de los crímenes de la dictadura fascista del General Franco.

En su escrito, se refería en varias ocasiones al “franquismo”, nunca en términos críticos. Y el modo habitual de aludir al objeto del requerimiento de la juez argentina es que se trata de “hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles” entre 1936 y 1977. O bien a “hechos acaecidos durante la guerra civil”. Nunca se refiere a la dictadura.

Fue un verdadero escándalo. Esa fiscal, ya cesada, representó la continuidad de esa contemporización de ciertos sectores judiciales con el franquismo.

La categoría de Crímenes contra la Humanidad de los cometidos por los sublevados desde el inicio de la guerra civil y durante la dictadura no permite ninguna duda. La naturaleza criminal de los mismos, su gravedad y el carácter de crímenes planificados desde el Estado y su alcance masivo exigen aún su investigación judicial penal y, cuando fuera posible, la persecución de sus responsables. Es lo que pretende hacer la Justicia argentina ante la gravísima pasividad de los Gobiernos democráticos y de las autoridades judiciales.

No puede olvidarse que hasta el 2000 –cuando se exhuman los restos de trece fusilados en octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León)– no se inició un auténtico movimiento reivindicativo de la memoria de los crímenes del franquismo. Y hasta 2007 no se aprueba una Ley, la de Memoria Histórica, que reconoció tibiamente la criminalidad de la dictadura. Ello sitúa en su justo lugar el valor limitado de la Ley de Amnistía y, desde luego, la enorme dificultad de que dichos crímenes fuesen perseguibles.

Son muchas más las consecuencias gravemente lesivas a los derechos humanos de los cuarenta años de dictadura. Pero que conste que no habrá un cambio político real en nuestro país sobre el olvido y el desamparo legal de las víctimas del franquismo.

Y el Estado y las Comunidades Autónomas tienen una gran responsabilidad. Pero, muy especialmente, el actual Gobierno, obligado a revisar la LMH para que las Administraciones Públicas asuman directamente la responsabilidad respecto a los desaparecidos; pero también para reconocer sin reserva alguna la competencia que les corresponde respecto a la plena rehabilitación -moral, jurídica y económica- de todas las víctimas de la dictadura y, particularmente, entre ellas, los miembros de la Unión Militar Democrática y de la guerrilla antifranquista. Además de impulsar y respetar la competencia judicial-siguiendo el ejemplo de la Audiencia de Barcelona-para investigar y perseguir los gravísimos Crímenes contra la Humanidad que se cometieron desde 1936 hasta 1975 por las autoridades y funcionarios del franquismo y la dictadura.

Concluimos:
“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio… Lo que obliga a todos los poderes públicos “a preservar del olvido la memoria colectiva”. Y, además, a evitar “la impunidad”. Creo que este llamamiento de NNUU debería haberse aplicado, especialmente en nuestro país, desde que entró en vigor en 2005. (“Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.8/2/2005).

Fuente: http://ctxt.es/es/20180613/Politica/20208/Memoria-historica-franquismo-desaparecidos-Carlos-Jimenez-Villarejo.htm

Es posible salvar el euro? Macron articuló una visión clara del futuro de Europa, pero Merkel enfrió todas sus propuestas.

JOSEPH E. STIGLITZ

Puede que el euro esté acercándose a otra crisis. Italia, tercera economía más grande de la eurozona, eligió un gobierno que, en el mejor de los casos, puede describirse como euroescéptico. No debería sorprender a nadie. La reacción de Italia es otro episodio predecible (y predicho) en la larga saga de un sistema monetario mal diseñado, en el que la potencia dominante (Alemania) impide reformas necesarias e insiste en políticas que agravan los problemas básicos, con una retórica aparentemente dirigida a inflamar pasiones.

A Italia le fue mal desde la creación del euro. Su PIB real (deflactado) en 2016 fue el mismo que en 2001. Pero tampoco le fue bien a la eurozona en conjunto. De 2008 a 2016, su PIB real sólo aumentó un 3% en total. En 2000, un año después de la introducción del euro, la economía de Estados Unidos era sólo 13% más grande que la de la eurozona; en 2016 era 26% más grande. Tras un crecimiento real cercano al 2,4% en 2017 (insuficiente para revertir el daño de un decenio de malos resultados), la economía de la eurozona comienza nuevamente a perder ímpetu.

Si a un solo país le va mal, la culpa es del país; si les va mal a muchos, la culpa es del sistema. Y como explico en mi libro El euro: cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa, el euro era un sistema prácticamente diseñado para fracasar: eliminó los principales mecanismos de ajuste de los gobiernos (tipos de interés y de cambio) y, en vez de crear instituciones nuevas que ayudaran a los países a enfrentar la diversidad de situaciones en que se encuentran, impuso nuevas restricciones (basadas a menudo en teorías económicas y políticas desacreditadas) al déficit, a la deuda e incluso a las políticas estructurales.

Supuestamente, el euro traería prosperidad compartida, lo que afianzaría la solidaridad y promovería el objetivo de integración europea. Pero en realidad, hizo exactamente lo contrario: frenó el crecimiento y sembró la discordia.

El problema no es falta de ideas sobre cómo continuar. El presidente francés Emmanuel Macron, en un discurso pronunciado en la Sorbona en septiembre pasado y en otro pronunciado en mayo, cuando recibió el Premio Carlomagno por sus contribuciones a la unidad europea, articuló una visión clara para el futuro de Europa. Pero la canciller alemana Angela Merkel echó un balde de agua fría sobre sus propuestas, al sugerir, por ejemplo, sumas de dinero ridículamente pequeñas para áreas donde se necesitan inversiones con urgencia.

En mi libro destaco la necesidad urgente de contar con un esquema compartido de garantía de depósitos para prevenir embestidas contra los sistemas bancarios de los países débiles. Aunque Alemania parece consciente de que una unión bancaria es importante para el funcionamiento de una moneda única, su respuesta hasta ahora ha sido similar a la de San Agustín: “Oh, Señor, hazme casto, pero no todavía”. Al parecer, lo de la unión bancaria es una reforma para emprender en algún momento futuro, sin importar cuánto daño se haga en el presente.

El problema central de las uniones monetarias es cómo corregir desajustes cambiarios como el que ahora afecta a Italia. La respuesta de Alemania ha sido echar la carga sobre los países débiles, que ya sufren alto desempleo y bajas tasas de crecimiento. Y ya sabemos cómo termina: más dolor, más sufrimiento, más desempleo y menos crecimiento todavía. Incluso si en algún momento el crecimiento se recupera, el PIB nunca llega al nivel que hubiera alcanzado con una estrategia más sensata. La alternativa es trasladar una parte mayor del peso del ajuste a los países fuertes, que tienen salarios más altos y una demanda más sólida sostenida por programas de inversión pública.

Ya hemos visto muchas veces el primer y segundo acto de este drama. Un nuevo gobierno asume con promesas de negociar mejor con los alemanes para poner fin a la austeridad y diseñar un programa de reforma estructural más razonable. Si los alemanes ceden aunque sea un poco, igual no alcanza para cambiar el rumbo económico. El sentimiento antialemán aumenta, y cualquier gobierno (de centroizquierda o centroderecha) que insinúe la necesidad de hacer reformas pierde el poder. Avanzan los partidos antisistema, surge el estancamiento político.

El rumbo político de toda la eurozona está entrando en un estado de parálisis: los ciudadanos quieren permanecer en la Unión Europea, pero también quieren el fin de la austeridad y el regreso de la prosperidad. Se les dice que no pueden tener ambas cosas. Esperando todavía un cambio de ideas en el norte de Europa, los gobiernos en problemas mantienen el rumbo, y el sufrimiento de sus pueblos aumenta.

La excepción es el gobierno socialista del primer ministro portugués António Costa, que llevó a su país a un renovado crecimiento (2,7% en 2017) y alcanzó un alto nivel de popularidad (en abril de 2018, el 44% de los portugueses calificaba el desempeño del gobierno como superior a las expectativas).

Puede que Italia sea otra excepción, pero en un sentido muy diferente. Allí hay oposición al euro tanto desde la izquierda cuanto desde la derecha. Ahora que la ultraderechista Liga está en el poder, puede que su líder Matteo Salvini (un político experimentado) ponga realmente en práctica la clase de amenazas que en otros países los novatos tuvieron miedo de implementar. Italia es suficientemente grande, y tiene una gran cantera de economistas buenos y creativos, para manejar un abandono de facto del euro con la implantación en la práctica de un sistema bimonetario flexible, que tal vez ayude a restaurar la prosperidad. Iría contra las reglas del euro, pero la carga de un abandono teórico, con todas sus consecuencias, se trasladaría a Bruselas y Frankfurt; en tanto, Italia podrá contar con que la parálisis de la UE evite la ruptura final. Cualquiera sea el resultado, la eurozona quedará hecha pedazos.

Pero no tiene por qué ser así. Alemania y otros países del norte de Europa pueden salvar al euro si muestran más humanidad y más flexibilidad. Pero tras haber visto muchas veces los primeros actos de este drama, no confío en que vayan a cambiar el argumento.

Joseph E. Stiglitz es el ganador del Premio Nobel 2001 en Ciencias Económicas. Traducción: Esteban Flamini. © Project Syndicate, 2018. www.project-syndicate.

https://elpais.com/economia/2018/06/21/actualidad/1529601682_692892.html