Carlos Jiménez Villarejo
Ctxt
Este texto se leyó originalmente en las Jornadas organizadas por la Asociación “Dejadme llorar”. El autor lo ha actualizado ahora para su publicación en CTXT.
El Gobierno tiene que revisar la Ley de Memoria Histórica para que las Administraciones Públicas asuman la responsabilidad de encontrar a los asesinados, y para dar plena rehabilitación moral, jurídica y económica a todas las víctimas de la dictadura.
“Es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía y a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales”.
Frente a la “aplicación de bandos de guerra, desapariciones forzadas, sentencias de muerte, cárcel, campos de concentración, multas e incautación de bienes, torturas, exilio y persecución laboral y profesional y grupos guerrilleros…”
(Exposición de Motivos de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía)
1. El estado actual de los “desaparecidos” durante la guerra civil y la dictadura
La cita anterior es obligada en unas Jornadas como éstas que afrontan, esta vez en Andalucía, el deber de la memoria y, una vez más, la denuncia de la impunidad. Ante una Ley que representa un compromiso más enérgico y amplio con aquellas víctimas que la Ley estatal 52/2007, además de su derogación de facto durante el último gobierno del Partido Popular (PP).
Es necesario resaltar y agradecer que la Ley andaluza incluya la referencia a la Resolución de la ONU de 1946 que calificaba el régimen de Franco como “de carácter fascista”, establecido en parte gracias a las ayudas de Hitler y Mussolini.
En 1986, con motivo del 50 aniversario de la sublevación militar de 1936, la Presidencia del Gobierno emitió un comunicado que concluía así: "Y recuerda además con respeto a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente, a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”. La “sociedad diferente” era el golpe militar, la dictadura franquista y la planificación del terror desde 1936 hasta 1975. Habrían de pasar más de treinta años para que un Gobierno se atreviera a llamar a la dictadura por su nombre, como lo había hecho la ONU en 1946. Así lo hizo, pese a todas sus insuficiencias, la Ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica, que, además, proclamó la “condena del franquismo”. Y, complementariamente, la Ley incluyó una Disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas represoras dictadas bajo la Dictadura por ser manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales, desde los primeros Bandos de Guerra hasta la Ley del Tribunal de Orden Público, “con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial”. Derogación que evidencia las carencias de la Constitución democrática de 1978 en cuanto no afrontó directamente la ruptura con el régimen totalitario anterior incorporando una norma como la que se aprobó veintinueve años después. Todo ello refleja las debilidades de nuestra democracia por razón de la pervivencia en su seno, ciudadanos e instituciones, de ciertos rasgos de una cultura autoritaria. Por ello, dicha Ley solo alcanzó unos objetivos moderados y dominados por una cultura privatizadora de la memoria.
Dice el Preámbulo que, entre otros, es cometido de la Ley proteger “el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática”. La consecuencia de este planteamiento ha sido un progresivo abandono de las reivindicaciones en orden a la plena rehabilitación moral, económica y jurídica de los vencidos y sus descendientes. El 9 de Febrero de 2011, en el CCCB de Barcelona, en el marco de una Exposición sobre “Desaparecidos”, el profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York) Andreas Huyssen mantenía: "¿Qué sería del movimiento internacional de los derechos humanos sin memoria de los campos de exterminio del siglo XX?”. Y reclamaba la necesidad de preservar “la dignidad de las víctimas, sus luchas y su destino”. Lo mismo puede decirse del genocidio franquista y de sus responsables. Sobre todo, cuando aún persisten entre nosotros consecuencias gravísimas, dolorosas y punibles del genocidio, como son los desaparecidos. Y continúan considerados como culpables los condenados por las jurisdicciones represivas franquistas por un delito que jamás cometieron, el de rebelión militar. Y siguen sin ser plenamente rehabilitados los guerrilleros contra la dictadura, como última expresión del Ejército de la República. Por el contrario, el dictador aprobó una Ley el 22/12/1949 para recompensar a militares y guardias civiles que reprimieron a los guerrilleros. Les reconoció como “abonos de tiempo de campaña”, por la persecución de “partidas de rebeldes” a finales de 1944 en los que se calificaban como “Hechos de Armas”. La democracia aún no ha hecho un reconocimiento similar a los guerrilleros que sufrieron dicha persecución. Las víctimas ya no pueden esperar más y el Gobierno, las administraciones públicas y los tribunales están obligados a la satisfacción inmediata de sus derechos.
En julio de 2016, se cumplieron 80 años desde que la II República fue asaltada por el golpe militar dirigido por el General Franco, implantando desde sus inicios un régimen totalitario regido por el terror y la represión. Entre muchas de las consecuencias de dicho terror, estuvieron las víctimas republicanas de asesinatos que fueron enterradas clandestinamente en fosas comunes. La gran mayoría de ellas no han sido localizadas ni identificadas y, lo que es más grave, nunca, salvo contadísimas excepciones, las Administraciones y el poder judicial asumieron la investigación y esclarecimiento de conductas que constituían crímenes contra la humanidad.
En este contexto, los familiares de aquellas víctimas quedaron en un absoluto desamparo, viéndose obligadas al silencio y, en limitados casos a recurrir a procedimientos civiles para lograr el reconocimiento de estos derechos: la recuperación de los restos de sus ascendientes asesinados, su identificación y darles una digna sepultura. Prácticamente nunca conocieron quiénes y cómo los asesinaron.
Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226
Hubo que esperar a que el Grupo de Trabajo de NNUU sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias, en el Informe sobre su visita a España en septiembre de 2013 (de 23 a 30 de este mes), exigiera al Gobierno español que “todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial…”. Recomendación abiertamente incumplida. Por cierto, dicho organismo de la ONU visitó “Las Murallas de la Macarena y la fosa común del Cementerio de Sevilla”.
Decía así: “En España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975)”. Este es el punto de partida de dicho Informe. Con un dato muy relevante. Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226.
La intervención de este Comité fue la primera respuesta internacional al desamparo que sufren a diario las víctimas –incluidos sus familiares– de los crímenes de la dictadura franquista.
El abandono institucional y, particularmente, el judicial lo acreditó el Informe elaborado por el forense Francisco Etxeberria, que ha intervenido en la exhumación de 300 fosas en las que se encontraron restos de 5.000 personas. Afirmó: “Las autoridades judiciales han estado ausentes en este proceso”.
El desamparo judicial es ya antiguo, pero se agudizó cuando, tras la denuncia formulada en 2006 ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5, el proceso fue cerrado, dividido y repartido entre más de 60 Juzgados de Instrucción por razón de la localización de las fosas. La inmensa mayoría de los Juzgados archivaron las actuaciones, sin personarse siquiera en la fosa donde pudieran hallarse los restos de los desaparecidos para practicar las diligencias a que les obligaba la Ley. Con razón, dicho Informe de la ONU exigía “Jueces en las fosas”: “Que los representantes de la administración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos”.
Y, cuando se aprueba la Ley de la Memoria Histórica (LMH) en 2007, el Estado renuncia a su deber de asumir “la indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas” para atribuírselas a los familiares y particulares. Privatizando una responsabilidad eminentemente pública, ya fuera judicial o administrativa. En efecto, el art. 11 de la misma se limita a afirmar que las Administraciones Públicas se limitarán a “facilitar” a los familiares y asociaciones la práctica de las exhumaciones. Lo que, evidentemente, contrasta con los términos del Art. 8.1 de la Ley andaluza, cualquiera que sea su posterior proceso de ejecución: “La Consejería competente en materia de memoria democrática llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas…”, con arreglo a los Protocolos a que se refiere.
Pero la desprotección llegó a ser más intensa cuando el Tribunal Supremo (TS), por sentencia 101/2012, que absuelve al juez Garzón, complementada por el Auto de 28/3/2012, clausura definitivamente las puertas de los tribunales para investigar los crímenes de la dictadura. Porque, con una completa vulneración del Derecho Internacional Humanitario, declara que no pueden ser perseguidos penalmente. Cuando ha sido una constante de este Derecho que ciertos delitos, por su gravedad y dimensiones cualitativas y cuantitativas, eran siempre perseguibles, con independencia de su codificación estatal, precisamente por atentar al género humano.
Además, los Pactos de Nueva York, vigentes en España desde el 30/4/1977, proclamaban que la irretroactividad de la ley penal no era aplicable a delitos que, por su gravedad, tenían aquel alcance. Los Pactos establecen que nada se opone a su persecución y condena si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”. Tratado vigente en España cuando se aprobó la Ley de Amnistía de 1977, lo que impedía que fuera aplicada al genocidio franquista.
El deber de investigar dichos crímenes está, además, respaldado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la sentencia de 16/4/2012 justificó la investigación judicial de los asesinatos masivos de Katyn.
Y el Tribunal Supremo de Italia autorizó la persecución judicial de Priebke, el dirigente nazi que ordenó los asesinatos de las Fosas Ardeatinas.
Y, ya en España, la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (Auto 22/1/2013) ordenó la investigación de los bombardeos fascistas sobre la población civil de Barcelona durante la guerra civil con centenares de víctimas. El tribunal, con fundamento en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, afirma que “el ejército italiano podía conocer la ilicitud de los bombardeos sistemáticos y de carácter exterminador sobre la población civil de Barcelona”. Y, desde luego, con fundamento en dichas Convenciones y en la Constitución de la República, declara que los ataques aéreos sobre Barcelona son perseguibles “como derecho penal no codificado”, pues los “principios” del Derecho consuetudinario internacional “están por encima de las leyes internas de cada país, y por tanto son directamente aplicables aunque la legislación interna del Estado donde se perpetraron no los tuviera formalmente tipificados”. Así se desprende expresamente de la Convención de La Haya de 1907, donde “constan expresamente las matanzas masivas de la población civil” y los “bombardeos de ciudades sin que existan objetivos militares” y, en particular, de la Cláusula Martens de 1899, que apelaba a los Estados en guerra a la vigencia de “los principios del derecho de gentes”. Como consecuencia de estos principios, el citado Informe de la ONU disponía que “la búsqueda de los desaparecidos no puede depender de los familiares, sino que debe de ser asumida como una obligación del Estado”.
Es especialmente significativa la Sentencia del TEDH en el caso Zdanoka c. Letonia (16/3/2006): “2. En derecho internacional, el proceso de Núremberg es una ilustración histórica de la manera en que el estado de derecho responde a la barbarie, de que el poder de la lógica jurídica prevalece ex post facto sobre la lógica hobbesiana del poder... El Tribunal aplica la doctrina fijada por la Sentencia de Núremberg, según la cual el concepto de crímenes contra la humanidad comprende los hechos de esta naturaleza cometidos desde el 23 de marzo de 1933. De la misma forma que el Convenio sobre el Genocidio, de 1948, no instituye ni crea este delito sino que “confirma” su existencia como “delito de derecho internacional”.
El Comité de NNUU expresó su “preocupación” por el criterio mantenido por el TS en la sentencia citada al invocar la “existencia de una ley de amnistía” y por rechazar en las desapariciones su carácter de delito permanente. Asimismo, “exhorta” al Estado a que “asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial...”.
El Comité, frente al criterio mantenido por la LMH, recuerda que “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado” y que “los familiares tienen el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos”.
Para estos fines, como ya se ha reclamado desde diversas instancias, el Comité plantea que el Estado español “debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada…”.
Finalmente, entre otras muchas recomendaciones, el Comité reitera lo que ya solicitó el Consejo de Europa en 2006, “la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas”.
Las víctimas de la dictadura ya no pueden esperar más. Llevan 40 años esperando saber, ser auténticamente reparados por el inmenso daño sufrido y, en la medida de lo posible, que se haga justicia como lo está haciendo la juez argentina.
El Estado, las Administraciones y, particularmente, los jueces no pueden continuar quebrantando el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas e incumpliendo el deber legal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada fijada en las leyes internacionales. Acabar con el “olvido de las víctimas de la represión franquista”. Las víctimas más “invisibilizadas”, según Reyes Mate.
Más recientemente, el pasado 15 de abril de 2015, la ONU ha vuelto a reiterar al Estado español que cumpla sus obligaciones morales y, sobre todo, legales con las víctimas de la represión de la dictadura franquista. Era la consecuencia del Examen Periódico Universal a que nuestro Estado fue sometido en enero de ese año en el extenso ámbito de los derechos humanos.
A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario
Las Recomendaciones fueron fundamentalmente tres: “Abordar la cuestión de las desapariciones forzadas en todos sus aspectos” y “promover cambios en el ordenamiento nacional que permitan la investigación exhaustiva e imparcial de las desapariciones forzadas”, ambas en el marco de “una estrategia amplia e incluyente para abordar los problemas del pasado…”.
A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario, el franquismo, de forma que se resuelvan a favor de las víctimas del mismo las deudas contraídas por un sistema, la dictadura, que aún no están completamente saldadas. La responsabilidad es compartida por los Gobiernos democráticos y los Tribunales de Justicia. Porque no habrá en España un sistema plenamente respetuoso de los derechos humanos mientras aquellas víctimas no hayan sido plenamente reparadas.
2. El concepto de “víctima” de violaciones graves de derechos humanos
Incorporado a la Ley andaluza en el art. 4 A. b). La utilización del término “víctimas” resulta necesario en cuanto genera un determinado estatuto jurídico, sobre todo a la hora de situarlo en relación con los instrumentos jurídicos de Derecho Internacional en la materia. A este respecto, es necesario hacer una especial mención de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 60/147 (16. 12. 2005, publicada 21. 04. 2006) relativa a los: “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.
El concepto de víctima se define así: “8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. 9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. "Desde esta perspectiva, el Estado español y, en consecuencia la magistratura, están obligados a actuar para la plena satisfacción de dichos derechos”.
3. La dictadura franquista continúa impune
La Fiscal General dictó el 30 de septiembre de 2016 una Instrucción ordenando a los fiscales que se opusieran a los requerimientos de la Justicia argentina solicitando auxilio judicial para la investigación de los crímenes de la dictadura fascista del General Franco.
En su escrito, se refería en varias ocasiones al “franquismo”, nunca en términos críticos. Y el modo habitual de aludir al objeto del requerimiento de la juez argentina es que se trata de “hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles” entre 1936 y 1977. O bien a “hechos acaecidos durante la guerra civil”. Nunca se refiere a la dictadura.
Fue un verdadero escándalo. Esa fiscal, ya cesada, representó la continuidad de esa contemporización de ciertos sectores judiciales con el franquismo.
La categoría de Crímenes contra la Humanidad de los cometidos por los sublevados desde el inicio de la guerra civil y durante la dictadura no permite ninguna duda. La naturaleza criminal de los mismos, su gravedad y el carácter de crímenes planificados desde el Estado y su alcance masivo exigen aún su investigación judicial penal y, cuando fuera posible, la persecución de sus responsables. Es lo que pretende hacer la Justicia argentina ante la gravísima pasividad de los Gobiernos democráticos y de las autoridades judiciales.
No puede olvidarse que hasta el 2000 –cuando se exhuman los restos de trece fusilados en octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León)– no se inició un auténtico movimiento reivindicativo de la memoria de los crímenes del franquismo. Y hasta 2007 no se aprueba una Ley, la de Memoria Histórica, que reconoció tibiamente la criminalidad de la dictadura. Ello sitúa en su justo lugar el valor limitado de la Ley de Amnistía y, desde luego, la enorme dificultad de que dichos crímenes fuesen perseguibles.
Son muchas más las consecuencias gravemente lesivas a los derechos humanos de los cuarenta años de dictadura. Pero que conste que no habrá un cambio político real en nuestro país sobre el olvido y el desamparo legal de las víctimas del franquismo.
Y el Estado y las Comunidades Autónomas tienen una gran responsabilidad. Pero, muy especialmente, el actual Gobierno, obligado a revisar la LMH para que las Administraciones Públicas asuman directamente la responsabilidad respecto a los desaparecidos; pero también para reconocer sin reserva alguna la competencia que les corresponde respecto a la plena rehabilitación -moral, jurídica y económica- de todas las víctimas de la dictadura y, particularmente, entre ellas, los miembros de la Unión Militar Democrática y de la guerrilla antifranquista. Además de impulsar y respetar la competencia judicial-siguiendo el ejemplo de la Audiencia de Barcelona-para investigar y perseguir los gravísimos Crímenes contra la Humanidad que se cometieron desde 1936 hasta 1975 por las autoridades y funcionarios del franquismo y la dictadura.
Concluimos:
“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio… Lo que obliga a todos los poderes públicos “a preservar del olvido la memoria colectiva”. Y, además, a evitar “la impunidad”. Creo que este llamamiento de NNUU debería haberse aplicado, especialmente en nuestro país, desde que entró en vigor en 2005. (“Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.8/2/2005).
Fuente: http://ctxt.es/es/20180613/Politica/20208/Memoria-historica-franquismo-desaparecidos-Carlos-Jimenez-Villarejo.htm
jueves, 28 de junio de 2018
Es posible salvar el euro? Macron articuló una visión clara del futuro de Europa, pero Merkel enfrió todas sus propuestas.
JOSEPH E. STIGLITZ
Puede que el euro esté acercándose a otra crisis. Italia, tercera economía más grande de la eurozona, eligió un gobierno que, en el mejor de los casos, puede describirse como euroescéptico. No debería sorprender a nadie. La reacción de Italia es otro episodio predecible (y predicho) en la larga saga de un sistema monetario mal diseñado, en el que la potencia dominante (Alemania) impide reformas necesarias e insiste en políticas que agravan los problemas básicos, con una retórica aparentemente dirigida a inflamar pasiones.
A Italia le fue mal desde la creación del euro. Su PIB real (deflactado) en 2016 fue el mismo que en 2001. Pero tampoco le fue bien a la eurozona en conjunto. De 2008 a 2016, su PIB real sólo aumentó un 3% en total. En 2000, un año después de la introducción del euro, la economía de Estados Unidos era sólo 13% más grande que la de la eurozona; en 2016 era 26% más grande. Tras un crecimiento real cercano al 2,4% en 2017 (insuficiente para revertir el daño de un decenio de malos resultados), la economía de la eurozona comienza nuevamente a perder ímpetu.
Si a un solo país le va mal, la culpa es del país; si les va mal a muchos, la culpa es del sistema. Y como explico en mi libro El euro: cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa, el euro era un sistema prácticamente diseñado para fracasar: eliminó los principales mecanismos de ajuste de los gobiernos (tipos de interés y de cambio) y, en vez de crear instituciones nuevas que ayudaran a los países a enfrentar la diversidad de situaciones en que se encuentran, impuso nuevas restricciones (basadas a menudo en teorías económicas y políticas desacreditadas) al déficit, a la deuda e incluso a las políticas estructurales.
Supuestamente, el euro traería prosperidad compartida, lo que afianzaría la solidaridad y promovería el objetivo de integración europea. Pero en realidad, hizo exactamente lo contrario: frenó el crecimiento y sembró la discordia.
El problema no es falta de ideas sobre cómo continuar. El presidente francés Emmanuel Macron, en un discurso pronunciado en la Sorbona en septiembre pasado y en otro pronunciado en mayo, cuando recibió el Premio Carlomagno por sus contribuciones a la unidad europea, articuló una visión clara para el futuro de Europa. Pero la canciller alemana Angela Merkel echó un balde de agua fría sobre sus propuestas, al sugerir, por ejemplo, sumas de dinero ridículamente pequeñas para áreas donde se necesitan inversiones con urgencia.
En mi libro destaco la necesidad urgente de contar con un esquema compartido de garantía de depósitos para prevenir embestidas contra los sistemas bancarios de los países débiles. Aunque Alemania parece consciente de que una unión bancaria es importante para el funcionamiento de una moneda única, su respuesta hasta ahora ha sido similar a la de San Agustín: “Oh, Señor, hazme casto, pero no todavía”. Al parecer, lo de la unión bancaria es una reforma para emprender en algún momento futuro, sin importar cuánto daño se haga en el presente.
El problema central de las uniones monetarias es cómo corregir desajustes cambiarios como el que ahora afecta a Italia. La respuesta de Alemania ha sido echar la carga sobre los países débiles, que ya sufren alto desempleo y bajas tasas de crecimiento. Y ya sabemos cómo termina: más dolor, más sufrimiento, más desempleo y menos crecimiento todavía. Incluso si en algún momento el crecimiento se recupera, el PIB nunca llega al nivel que hubiera alcanzado con una estrategia más sensata. La alternativa es trasladar una parte mayor del peso del ajuste a los países fuertes, que tienen salarios más altos y una demanda más sólida sostenida por programas de inversión pública.
Ya hemos visto muchas veces el primer y segundo acto de este drama. Un nuevo gobierno asume con promesas de negociar mejor con los alemanes para poner fin a la austeridad y diseñar un programa de reforma estructural más razonable. Si los alemanes ceden aunque sea un poco, igual no alcanza para cambiar el rumbo económico. El sentimiento antialemán aumenta, y cualquier gobierno (de centroizquierda o centroderecha) que insinúe la necesidad de hacer reformas pierde el poder. Avanzan los partidos antisistema, surge el estancamiento político.
El rumbo político de toda la eurozona está entrando en un estado de parálisis: los ciudadanos quieren permanecer en la Unión Europea, pero también quieren el fin de la austeridad y el regreso de la prosperidad. Se les dice que no pueden tener ambas cosas. Esperando todavía un cambio de ideas en el norte de Europa, los gobiernos en problemas mantienen el rumbo, y el sufrimiento de sus pueblos aumenta.
La excepción es el gobierno socialista del primer ministro portugués António Costa, que llevó a su país a un renovado crecimiento (2,7% en 2017) y alcanzó un alto nivel de popularidad (en abril de 2018, el 44% de los portugueses calificaba el desempeño del gobierno como superior a las expectativas).
Puede que Italia sea otra excepción, pero en un sentido muy diferente. Allí hay oposición al euro tanto desde la izquierda cuanto desde la derecha. Ahora que la ultraderechista Liga está en el poder, puede que su líder Matteo Salvini (un político experimentado) ponga realmente en práctica la clase de amenazas que en otros países los novatos tuvieron miedo de implementar. Italia es suficientemente grande, y tiene una gran cantera de economistas buenos y creativos, para manejar un abandono de facto del euro con la implantación en la práctica de un sistema bimonetario flexible, que tal vez ayude a restaurar la prosperidad. Iría contra las reglas del euro, pero la carga de un abandono teórico, con todas sus consecuencias, se trasladaría a Bruselas y Frankfurt; en tanto, Italia podrá contar con que la parálisis de la UE evite la ruptura final. Cualquiera sea el resultado, la eurozona quedará hecha pedazos.
Pero no tiene por qué ser así. Alemania y otros países del norte de Europa pueden salvar al euro si muestran más humanidad y más flexibilidad. Pero tras haber visto muchas veces los primeros actos de este drama, no confío en que vayan a cambiar el argumento.
Joseph E. Stiglitz es el ganador del Premio Nobel 2001 en Ciencias Económicas. Traducción: Esteban Flamini. © Project Syndicate, 2018. www.project-syndicate.
https://elpais.com/economia/2018/06/21/actualidad/1529601682_692892.html
Puede que el euro esté acercándose a otra crisis. Italia, tercera economía más grande de la eurozona, eligió un gobierno que, en el mejor de los casos, puede describirse como euroescéptico. No debería sorprender a nadie. La reacción de Italia es otro episodio predecible (y predicho) en la larga saga de un sistema monetario mal diseñado, en el que la potencia dominante (Alemania) impide reformas necesarias e insiste en políticas que agravan los problemas básicos, con una retórica aparentemente dirigida a inflamar pasiones.
A Italia le fue mal desde la creación del euro. Su PIB real (deflactado) en 2016 fue el mismo que en 2001. Pero tampoco le fue bien a la eurozona en conjunto. De 2008 a 2016, su PIB real sólo aumentó un 3% en total. En 2000, un año después de la introducción del euro, la economía de Estados Unidos era sólo 13% más grande que la de la eurozona; en 2016 era 26% más grande. Tras un crecimiento real cercano al 2,4% en 2017 (insuficiente para revertir el daño de un decenio de malos resultados), la economía de la eurozona comienza nuevamente a perder ímpetu.
Si a un solo país le va mal, la culpa es del país; si les va mal a muchos, la culpa es del sistema. Y como explico en mi libro El euro: cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa, el euro era un sistema prácticamente diseñado para fracasar: eliminó los principales mecanismos de ajuste de los gobiernos (tipos de interés y de cambio) y, en vez de crear instituciones nuevas que ayudaran a los países a enfrentar la diversidad de situaciones en que se encuentran, impuso nuevas restricciones (basadas a menudo en teorías económicas y políticas desacreditadas) al déficit, a la deuda e incluso a las políticas estructurales.
Supuestamente, el euro traería prosperidad compartida, lo que afianzaría la solidaridad y promovería el objetivo de integración europea. Pero en realidad, hizo exactamente lo contrario: frenó el crecimiento y sembró la discordia.
El problema no es falta de ideas sobre cómo continuar. El presidente francés Emmanuel Macron, en un discurso pronunciado en la Sorbona en septiembre pasado y en otro pronunciado en mayo, cuando recibió el Premio Carlomagno por sus contribuciones a la unidad europea, articuló una visión clara para el futuro de Europa. Pero la canciller alemana Angela Merkel echó un balde de agua fría sobre sus propuestas, al sugerir, por ejemplo, sumas de dinero ridículamente pequeñas para áreas donde se necesitan inversiones con urgencia.
En mi libro destaco la necesidad urgente de contar con un esquema compartido de garantía de depósitos para prevenir embestidas contra los sistemas bancarios de los países débiles. Aunque Alemania parece consciente de que una unión bancaria es importante para el funcionamiento de una moneda única, su respuesta hasta ahora ha sido similar a la de San Agustín: “Oh, Señor, hazme casto, pero no todavía”. Al parecer, lo de la unión bancaria es una reforma para emprender en algún momento futuro, sin importar cuánto daño se haga en el presente.
El problema central de las uniones monetarias es cómo corregir desajustes cambiarios como el que ahora afecta a Italia. La respuesta de Alemania ha sido echar la carga sobre los países débiles, que ya sufren alto desempleo y bajas tasas de crecimiento. Y ya sabemos cómo termina: más dolor, más sufrimiento, más desempleo y menos crecimiento todavía. Incluso si en algún momento el crecimiento se recupera, el PIB nunca llega al nivel que hubiera alcanzado con una estrategia más sensata. La alternativa es trasladar una parte mayor del peso del ajuste a los países fuertes, que tienen salarios más altos y una demanda más sólida sostenida por programas de inversión pública.
Ya hemos visto muchas veces el primer y segundo acto de este drama. Un nuevo gobierno asume con promesas de negociar mejor con los alemanes para poner fin a la austeridad y diseñar un programa de reforma estructural más razonable. Si los alemanes ceden aunque sea un poco, igual no alcanza para cambiar el rumbo económico. El sentimiento antialemán aumenta, y cualquier gobierno (de centroizquierda o centroderecha) que insinúe la necesidad de hacer reformas pierde el poder. Avanzan los partidos antisistema, surge el estancamiento político.
El rumbo político de toda la eurozona está entrando en un estado de parálisis: los ciudadanos quieren permanecer en la Unión Europea, pero también quieren el fin de la austeridad y el regreso de la prosperidad. Se les dice que no pueden tener ambas cosas. Esperando todavía un cambio de ideas en el norte de Europa, los gobiernos en problemas mantienen el rumbo, y el sufrimiento de sus pueblos aumenta.
La excepción es el gobierno socialista del primer ministro portugués António Costa, que llevó a su país a un renovado crecimiento (2,7% en 2017) y alcanzó un alto nivel de popularidad (en abril de 2018, el 44% de los portugueses calificaba el desempeño del gobierno como superior a las expectativas).
Puede que Italia sea otra excepción, pero en un sentido muy diferente. Allí hay oposición al euro tanto desde la izquierda cuanto desde la derecha. Ahora que la ultraderechista Liga está en el poder, puede que su líder Matteo Salvini (un político experimentado) ponga realmente en práctica la clase de amenazas que en otros países los novatos tuvieron miedo de implementar. Italia es suficientemente grande, y tiene una gran cantera de economistas buenos y creativos, para manejar un abandono de facto del euro con la implantación en la práctica de un sistema bimonetario flexible, que tal vez ayude a restaurar la prosperidad. Iría contra las reglas del euro, pero la carga de un abandono teórico, con todas sus consecuencias, se trasladaría a Bruselas y Frankfurt; en tanto, Italia podrá contar con que la parálisis de la UE evite la ruptura final. Cualquiera sea el resultado, la eurozona quedará hecha pedazos.
Pero no tiene por qué ser así. Alemania y otros países del norte de Europa pueden salvar al euro si muestran más humanidad y más flexibilidad. Pero tras haber visto muchas veces los primeros actos de este drama, no confío en que vayan a cambiar el argumento.
Joseph E. Stiglitz es el ganador del Premio Nobel 2001 en Ciencias Económicas. Traducción: Esteban Flamini. © Project Syndicate, 2018. www.project-syndicate.
https://elpais.com/economia/2018/06/21/actualidad/1529601682_692892.html
Entrevista a Gonzalo Pontón sobre La lucha por la desigualdad (y II) “El pensamiento científico del siglo XVIII no tuvo nada de original, los verdaderos logros se alcanzaron con Galileo, Bacon, Descartes, Newton”.
Salvador López Arnal
El viejo topo
Gonzalo Pontón (Barcelona, 1944) es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la UB. A los veinte años se incorporó a la editorial Ariel y ha sido fundador de las editoriales Crítica (1976) y Pasado & Presente (2011). Se calcula que a lo largo de 50 años, ha publicado más de dos mil títulos, de los cuales unos mil son libros de historia. En 2016 publicó su primer libro: La lucha por la desigualdad que sido Premio Nacional de Ensayo de 2017 otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. V
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Nos habíamos quedado aquí. Lo mejor de la Ilustración del XVIII, ha afirmado usted, ya había nacido en el XVII con Newton y Descartes. No dudo de la grandeza científico-filosófica de Descartes y Newton, cuyas obras conozco un poco, pero políticamente no eran nada del otro mundo en mi opinión. Newton, cuando tuvo responsabilidades en asuntos de política monetaria, no se anduvo con muchos miramientos compasivos y Descartes, con su moral provisional, más bien aconsejaba ocultarse para vivir bien, tranquilo y sin muchas complicaciones. No hay mucho de ruptura en sus posiciones.
Lo que sostengo en mi libro es que el pensamiento filosófico y científico del siglo XVIII no tuvo nada de original, porque los verdaderos logros se habían alcanzado ya en el siglo XVII con Galileo, Bacon, Descartes, Newton, Kepler, Boyle, Euler, Van Leeuwenhoek, Grocio, Puffendorf, etc. Sus descubrimientos filosóficos, técnicos y científicos están en la base del éxito económico burgués. Pero no el pensamiento contrario a ese proyecto, encabezado por Baruch Spinoza, cuya filosofía igualitaria fue perseguida a muerte por la inmensa mayoría de los "ilustrados".
Me viene a la memoria una expresión de Marx del Manifiesto: conquista de la democracia. Si no usamos un concepto muy demediado de democracia reduciéndolo a contiendas electorales con muy diferentes medios, ¿usted ve posible conciliar democracia y el capitalismo realmente existente en unas fases históricas más salvajes e inhumanas? Si fuera que no su respuesta, ¿qué hacer entonces sin soñar mundos ficticios aunque sean agradables?
Marx solo habla una vez de la democracia en el Manifiesto comunista y la identifica con el paso del proletariado a clase dominante. En otros escritos suyos (en los Manuscritos de París, por ejemplo) llega a exprimir la esencia de lo que él considera democracia: en ella el hombre no existe para la ley, sino que la ley existe para el hombre, e insiste en que la Constitución la ley, el estado son solo características que el pueblo se da a sí mismo. La democracia formal de nuestras sociedades modernas no tiene nada que ver con la idea de democracia de Marx. Al capitalismo realmente existente no le molesta lo más mínimo que la gente vote cada cuatro años. Como dijo una vez Golda Meir, si el voto sirviera para algo ya lo habrían prohibido. En realidad no hace falta soñar con mundos ficticios, basta con cambiar el que tenemos.
"La vigilia de la razón" es el título del capítulo IX, el último de su libro. ¿Debemos seguir siendo racionalistas? ¿Incluso después de Hiroshima, y teniendo en cuenta el momento en que estamos, próximos al desastre ambiental y al enfrentamiento militar atómico? ¿No es a eso, a todo eso y a más infiernos, a lo que nos ha llevado la racionalidad tecnocientífica contemporánea?
De alguna manera, ese el punto de la Escuela de Frankfurt contra la Ilustración. Max Horkheimer y Theodor Adorno escribieron en su Dialéctica de la Ilustración que había sido el sueño de la razón el que había producido los monstruos del nazismo y el estalinismo y que por culpa de esa razón la "emancipación" propuesta por la Ilustración había conducido de nuevo a un periodo de barbarie, de lo que deducían que los grandes enemigos de la humanidad eran la tecnología y las instituciones del mundo contemporáneo. Este libro procedía de una conversación que Horkheimer y Adorno mantuvieron en Nueva York, en 1946, adonde habían llegado huyendo de la Alemania nazi. No tenían razón, pero hay que entender sus emociones en el marco de su tiempo y de sus peripecias personales. También el ayatolá Jomeini dijo que los derechos humanos y la justicia universal no eran más que productos de la razón europea. Siguiendo esa deriva, seguramente habría que acusar a Einstein de genocidio. El desastre ambiental y el enfrentamiento atómico al que te refieres no surgen de la razón, sino, precisamente, de la irracionalidad y de las vísceras; no hay más que pensar en lo razonables que son sus principales protagonistas: Trump y Kim Jong-un.
Cambio un poco de tercio si no le importa. El Romanticismo impugna el racionalismo ilustrado y exalta los sentimientos, se suele afirmar. El nacionalismo, se afirma también, es hijo del Romanticismo: "apela a las emociones, a las vísceras y proyecta mundos imaginarios, fantásticos". Son palabras suyas; también éstas: "Y los nacionalistas han sustituido el mundo por una novela de ciencia ficción. El imaginario nacionalista se asemeja al del cristianismo primitivo: los pobres heredarán la tierra. En el caso catalán, los catalanes heredarán esa tierra prometida que llaman República Catalana". Pero si es así, si la metáfora que usted nos regala es exacta, si el nacionalismo ideológico tiene contornos de creencia religiosa, ¿cómo avanzar, cómo aproximarnos, cómo disolver la situación de alta tensión que se ha ido creando y que se sigue creando por ejemplo aquí, en Cataluña?
Muchos nacionalismos tienen una base religiosa indiscutible. Acordémonos del "Gott mit uns", del "Por Dios, por la patria y el rey", de los nacionalismos más racistas, o del "Dios es inglés" o "Dios es belga" de los brutales colonizadores europeos de África. Por las venas del nacionalismo catalán también corre la mística: "Catalunya serà cristiana o no serà" es un mot de ralliement que compartieron elites eclesiásticas y laicas: Torras i Bages y Prat de la Riba; Vidal i Barraquer y Cambó, Aureli Escarré y Jordi Pujol…. con la sanción "modernizadora", como siempre, de la intelligentsia pesebrista: D’Ors, Riba, Calvet, Cardó, Galí, Triadú, Cahner, Comín… Y precisamente "cristiana", no católica, que tiene una dimensión universal. El cristianismo catalán es de souche terrienne, muy adecuado para una sociedad de propietarios rurales y de pagesos y masovers cuasipropietarios que entregan sus hijos a una iglesia que, teóricamente dependiente de Roma, crea estructuras propias independientes e incluso su propio Vaticano en Montserrat, que ilumina, solo, "la catalana terra". De esa sociedad de kulaks, que cree no tener en su seno contradicciones de clase porque las resuelve la caridad cristiana, se nutrirán el irracionalismo carlista, el nacionalista e, incluso, el independentista.
Los hijos y nietos de esa Cataluña rural desarrollarán las estructuras comerciales, industriales y bancarias del Principado sin abandonar nunca su cristianismo étnico, una fe –más que una religión— muy parecida al acomodaticio anglicanismo, que será uno de los mecanismos de control social de la burguesía británica, espejo lejano e inalcanzable de la catalana. La fuerza de cohesión ("fem pinya"), el sentido de identidad ("un sol poble"), la ortodoxia ("nosaltres sols") y la carga soteriológica del cristianismo ("Catalunya serà cristiana o no serà") se convertirán en las señas de identidad dominantes, porque son las de la clase hegemónica ("el pal de paller"). De todas ellas, la soteriología será el instrumento principal de la razón práctica de los dirigentes catalanes (que siguen siendo buenos cristianos, por supuesto, como lo son Puigdemont o Junqueras) que, llegado el momento, avisarán al conjunto de los creyentes –la comunión de los santos- de la inminencia del Santo Advenimiento, desatando una pulsión de urgencias, un fervor de corte milenarista, que roza el éxtasis. Por eso no se puede comprender la ceguera de los gentiles ni su blasfemia al no reconocer el reino de dios en la tierra. El paso de "Catalunya serà cristiana o no serà" a "Cataluña serà independent o no serà" es casi automático. Y cargado de un irracionalismo militante que, pasado el Milenio, puede derivar en un martirologio sacrificial.
Cuando trabajó de joven en la editorial Ariel coincidió con Manuel Sacristán. Como usted también es traductor déjeme preguntarle por la labor socrático-traductora del autor de Las ideas gnoseológicas de Heidegger. ¿Fue un buen traductor? El mismo comentó en una entrevista con la revista mexicana Dialéctica en 1983 que una parte de sus traducciones fueron pane lucrando.
Es bien cierto que Manuel Sacristán tuvo que ganarse la vida recurriendo a la traducción. No fue, en principio, voluntad suya. Su vocación era universitaria, pero en 1965 fue expulsado de la Universidad de Barcelona por su militancia comunista. Tres años antes le habían negado la cátedra de Lógica de la Universidad de Valencia por la misma razón. A pesar de que en 1972 la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona le contrató de nuevo, al finalizar el curso no le renovaron el contrato y, más tarde, siempre que le permitieron volver a enseñar, lo tuvo que hacer en precario, con contratos temporales hasta poco antes de su muerte, cuando ocupó, durante unos pocos meses, una cátedra extraordinaria.
De modo que Manuel Sacristán tuvo que ganarse la vida sobre todo traduciendo. Como escribió el mismo, se pasó la vida "de trabajar para una editorial a la Universidad y viceversa". Sacristán era un gran traductor del alemán, del inglés, del francés, del italiano… era un gran traductor de cualquier idioma porque lo que dominaba como nadie era la lógica, la semántica y las leyes internas de la lengua castellana. Sacristán tradujo e introdujo en España el primer libro de Marx publicado desde la guerra civil, Revolución en España, bajo el seudónimo de "Manuel Entenza", uno de los varios que utilizaba ("Juan Manuel Mauri", "Máximo Estrella"…) para escapar al control de la policía franquista. La lista de autores que tradujo bajo su propio nombre es apabullante: Marx, Engels, Lukács, Gramsci, Adorno, Hull, Quine, Galbraith, Bunge, Copleston, Havemann, Dutschke, Dubcek, Korsch, Marcuse, Schumpeter… Tradujo un promedio de seis libros por año durante muchos años. Por otra parte, la calidad de su trabajo, las peticiones que recibía, le permitieron escoger y proponer textos de agitación cultural que las editoriales aceptaban sin rechistar. Él mismo lo expresaba así hacia el final de su vida: "Al traducir no solo me ganaba la vida, sino que colocaba producto intelectual en la vida cultural del país".
Jamás se quejó de su trabajo de traductor, pero es obvio que si hubiera destinado ese tiempo a escribir su propia obra en libertad esta habría sido intelectualmente muy poderosa… y muy "peligrosa". Como escribió Francisco Fernández Buey, su mejor discípulo: "Si Manuel Sacristán solo hubiera escrito la monografía sobre Heidegger, que fue su tesis doctoral, y la Introducción a la lógica y al análisis formal, ya con eso habría entrado en la historia de la filosofía universal como un filósofo importante del siglo XX, como un filósofo de los que tienen pensamiento propio".
Usted ha sido durante años militante del PSUC si ando errado. Aparte del PSUC-viu y de Iniciativa, no queda mucho de aquel gran proyecto político. ¿Se arrepiente de aquellos años de militancia? ¿Cómo puede explicarse la grandeza y ahora casi desaparición de ese proyecto transformador socialista-comunista con muy fuerte arraigo social?
El PSUC fue una máquina de guerra casi perfecta contra el franquismo. Tras el fracaso de la "huelga nacional pacífica" en 1959 (una fantasmagoría de Carrillo y compañía), su alma de frente popular le llevó a tratar de aglutinar en una sola fuerza la lucha contra el fascismo. Apoyó el movimiento obrero, la agitación estudiantil universitaria, las fuerzas de la cultura, de los colegios profesionales, de las asociaciones vecinales y de ciudadanía, incluso la herejía obrerista de la Iglesia católica. El PSUC fue la fuerza política tras la CONC, la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes, de la Taula Rodona Democràtica, de la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, de la Assemblea Permanent d’Intel.lectuals de Catalunya y de la Assemblea de Catalunya, que llegó a contar con 45 partidos y organizaciones cívicas. En 1978 el partido de los comunistas catalanes alcanzó la cifra de 40.000 militantes, algo que el resto de partidos no podía ni soñar. Nadie, nunca, llegó a preocupar tanto al Régimen como el PSUC.
Junto a su incesante voluntad de unificación de las fuerzas antifascistas, que le supuso renunciar a políticas que más tarde le pasarían factura, otro de los signos de identidad del PSUC fue constituirse en un partido "nacional y de clase", otro paso que tendría graves consecuencias en el futuro. Sin embargo, en las elecciones de 1977, el PSUC consiguió más del 18 % de los votos que, junto con el 28,38 % obtenido por el PSC, hubiera permitido una Cataluña gobernada por la izquierda (la derecha solo consiguió el 33%). Pero el anticomunismo vulgar de Joan Reventós y el anticatalanismo garbancero de Felipe González y Alfonso Guerra lo impidieron. Aun así, la derecha catalana, asustada, recurrió a sus correligionarios españoles para hacer frente al "peligro rojo". Diseñaron entonces la operación Tarradellas que consiguió desmontar las plataformas unitarias, liberar de compromisos "frentepopulistas" a los distintos partidos y, pese a que la izquierda volvió a ganar las elecciones generales y municipales de 1979, facilitar el triunfo de la derecha catalana y cristiana en las elecciones al Parlament de 1980 que entronizaron en el poder a Jordi Pujol durante 23 años.
A partir de ahí, estallaron todas las costuras del PSUC dejando al descubierto sus contradicciones externas -la soterrada pero inacabable lucha con el PCE por mantener su independencia- e internas: ruptura entre los cuadros sindicales y la dirección, lucha de los aparatchikis por el control del partido; defección de la mayoría de los intelectuales burgueses que –tras un recorrido por el utopismo- regresaron a los espacios propios de su clase: a CiU, al PSC o incluso al PP. Pero lo peor de todo fue perder su capacidad de movilización "en un proceso en que el desarme ideológico impuesto por el PCE lo arrastró finalmente a la destrucción" (Fontana). Tras el 5º Congreso del partido, en 1981, la militancia se había reducido a 12.000 afiliados.
La politiquería, el tacticismo y el posibilismo de los dirigentes del PSUC, ansiosos de tocar poder, naufragaba en el marco temporal de los años 80, tan distinto del de los 60, y le dejaba, al fin, ante el cruel dilema histórico del movimiento socialista: revolución (ya imposible) o reforma (donde habría de competir con los demás partidos). Al no poder resolverlo, el PSUC quedó anclado entre dos orillas, in mezzo al guado. La dirección del partido se equivocó muchas veces, pero, como escribió Manuel Sacristán "ninguna historia de errores, irrealismos y sectarismos es excepción en la izquierda española".
Si en los años 80 Cataluña, con la inexorable reducción del sector secundario, se había convertido ya en una sociedad de clases medias controlada por la burguesía de "soca-rel", a partir del ingreso de España en la Unión Europea y, sobre todo, del derrumbe del "socialismo" de la Unión Soviética y el triunfo del capitalismo neoliberal, en el siglo XXI las hijuelas del PSUC, de verde o de violeta, no tenían nada que ofrecer a una "sociedad opulenta" (Galbraith). El movimiento de los indignados ante la gran recesión iniciada en 2007 pareció encender, por un momento, la vieja chispa igualitaria, pero su deriva en Podem o Catalunya en Comú la ha apagado en seguida sumergiéndola en la vieja charca del modo burgués de hacer política. Los hechos son tozudos: en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, los partidos que no se plantean una alternativa al capitalismo coparon 123 de los 135 escaños del Parlament de Cataluña.
La lucha del capitalismo por la desigualdad continúa. Pero siempre nos quedará el viejo topo.
Muchas gracias por sus reflexiones. Y tiene razón: siempre nos quedarán el viejo topo y El Viejo Topo.
El viejo topo
Gonzalo Pontón (Barcelona, 1944) es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la UB. A los veinte años se incorporó a la editorial Ariel y ha sido fundador de las editoriales Crítica (1976) y Pasado & Presente (2011). Se calcula que a lo largo de 50 años, ha publicado más de dos mil títulos, de los cuales unos mil son libros de historia. En 2016 publicó su primer libro: La lucha por la desigualdad que sido Premio Nacional de Ensayo de 2017 otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. V
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Nos habíamos quedado aquí. Lo mejor de la Ilustración del XVIII, ha afirmado usted, ya había nacido en el XVII con Newton y Descartes. No dudo de la grandeza científico-filosófica de Descartes y Newton, cuyas obras conozco un poco, pero políticamente no eran nada del otro mundo en mi opinión. Newton, cuando tuvo responsabilidades en asuntos de política monetaria, no se anduvo con muchos miramientos compasivos y Descartes, con su moral provisional, más bien aconsejaba ocultarse para vivir bien, tranquilo y sin muchas complicaciones. No hay mucho de ruptura en sus posiciones.
Lo que sostengo en mi libro es que el pensamiento filosófico y científico del siglo XVIII no tuvo nada de original, porque los verdaderos logros se habían alcanzado ya en el siglo XVII con Galileo, Bacon, Descartes, Newton, Kepler, Boyle, Euler, Van Leeuwenhoek, Grocio, Puffendorf, etc. Sus descubrimientos filosóficos, técnicos y científicos están en la base del éxito económico burgués. Pero no el pensamiento contrario a ese proyecto, encabezado por Baruch Spinoza, cuya filosofía igualitaria fue perseguida a muerte por la inmensa mayoría de los "ilustrados".
Me viene a la memoria una expresión de Marx del Manifiesto: conquista de la democracia. Si no usamos un concepto muy demediado de democracia reduciéndolo a contiendas electorales con muy diferentes medios, ¿usted ve posible conciliar democracia y el capitalismo realmente existente en unas fases históricas más salvajes e inhumanas? Si fuera que no su respuesta, ¿qué hacer entonces sin soñar mundos ficticios aunque sean agradables?
Marx solo habla una vez de la democracia en el Manifiesto comunista y la identifica con el paso del proletariado a clase dominante. En otros escritos suyos (en los Manuscritos de París, por ejemplo) llega a exprimir la esencia de lo que él considera democracia: en ella el hombre no existe para la ley, sino que la ley existe para el hombre, e insiste en que la Constitución la ley, el estado son solo características que el pueblo se da a sí mismo. La democracia formal de nuestras sociedades modernas no tiene nada que ver con la idea de democracia de Marx. Al capitalismo realmente existente no le molesta lo más mínimo que la gente vote cada cuatro años. Como dijo una vez Golda Meir, si el voto sirviera para algo ya lo habrían prohibido. En realidad no hace falta soñar con mundos ficticios, basta con cambiar el que tenemos.
"La vigilia de la razón" es el título del capítulo IX, el último de su libro. ¿Debemos seguir siendo racionalistas? ¿Incluso después de Hiroshima, y teniendo en cuenta el momento en que estamos, próximos al desastre ambiental y al enfrentamiento militar atómico? ¿No es a eso, a todo eso y a más infiernos, a lo que nos ha llevado la racionalidad tecnocientífica contemporánea?
De alguna manera, ese el punto de la Escuela de Frankfurt contra la Ilustración. Max Horkheimer y Theodor Adorno escribieron en su Dialéctica de la Ilustración que había sido el sueño de la razón el que había producido los monstruos del nazismo y el estalinismo y que por culpa de esa razón la "emancipación" propuesta por la Ilustración había conducido de nuevo a un periodo de barbarie, de lo que deducían que los grandes enemigos de la humanidad eran la tecnología y las instituciones del mundo contemporáneo. Este libro procedía de una conversación que Horkheimer y Adorno mantuvieron en Nueva York, en 1946, adonde habían llegado huyendo de la Alemania nazi. No tenían razón, pero hay que entender sus emociones en el marco de su tiempo y de sus peripecias personales. También el ayatolá Jomeini dijo que los derechos humanos y la justicia universal no eran más que productos de la razón europea. Siguiendo esa deriva, seguramente habría que acusar a Einstein de genocidio. El desastre ambiental y el enfrentamiento atómico al que te refieres no surgen de la razón, sino, precisamente, de la irracionalidad y de las vísceras; no hay más que pensar en lo razonables que son sus principales protagonistas: Trump y Kim Jong-un.
Cambio un poco de tercio si no le importa. El Romanticismo impugna el racionalismo ilustrado y exalta los sentimientos, se suele afirmar. El nacionalismo, se afirma también, es hijo del Romanticismo: "apela a las emociones, a las vísceras y proyecta mundos imaginarios, fantásticos". Son palabras suyas; también éstas: "Y los nacionalistas han sustituido el mundo por una novela de ciencia ficción. El imaginario nacionalista se asemeja al del cristianismo primitivo: los pobres heredarán la tierra. En el caso catalán, los catalanes heredarán esa tierra prometida que llaman República Catalana". Pero si es así, si la metáfora que usted nos regala es exacta, si el nacionalismo ideológico tiene contornos de creencia religiosa, ¿cómo avanzar, cómo aproximarnos, cómo disolver la situación de alta tensión que se ha ido creando y que se sigue creando por ejemplo aquí, en Cataluña?
Muchos nacionalismos tienen una base religiosa indiscutible. Acordémonos del "Gott mit uns", del "Por Dios, por la patria y el rey", de los nacionalismos más racistas, o del "Dios es inglés" o "Dios es belga" de los brutales colonizadores europeos de África. Por las venas del nacionalismo catalán también corre la mística: "Catalunya serà cristiana o no serà" es un mot de ralliement que compartieron elites eclesiásticas y laicas: Torras i Bages y Prat de la Riba; Vidal i Barraquer y Cambó, Aureli Escarré y Jordi Pujol…. con la sanción "modernizadora", como siempre, de la intelligentsia pesebrista: D’Ors, Riba, Calvet, Cardó, Galí, Triadú, Cahner, Comín… Y precisamente "cristiana", no católica, que tiene una dimensión universal. El cristianismo catalán es de souche terrienne, muy adecuado para una sociedad de propietarios rurales y de pagesos y masovers cuasipropietarios que entregan sus hijos a una iglesia que, teóricamente dependiente de Roma, crea estructuras propias independientes e incluso su propio Vaticano en Montserrat, que ilumina, solo, "la catalana terra". De esa sociedad de kulaks, que cree no tener en su seno contradicciones de clase porque las resuelve la caridad cristiana, se nutrirán el irracionalismo carlista, el nacionalista e, incluso, el independentista.
Los hijos y nietos de esa Cataluña rural desarrollarán las estructuras comerciales, industriales y bancarias del Principado sin abandonar nunca su cristianismo étnico, una fe –más que una religión— muy parecida al acomodaticio anglicanismo, que será uno de los mecanismos de control social de la burguesía británica, espejo lejano e inalcanzable de la catalana. La fuerza de cohesión ("fem pinya"), el sentido de identidad ("un sol poble"), la ortodoxia ("nosaltres sols") y la carga soteriológica del cristianismo ("Catalunya serà cristiana o no serà") se convertirán en las señas de identidad dominantes, porque son las de la clase hegemónica ("el pal de paller"). De todas ellas, la soteriología será el instrumento principal de la razón práctica de los dirigentes catalanes (que siguen siendo buenos cristianos, por supuesto, como lo son Puigdemont o Junqueras) que, llegado el momento, avisarán al conjunto de los creyentes –la comunión de los santos- de la inminencia del Santo Advenimiento, desatando una pulsión de urgencias, un fervor de corte milenarista, que roza el éxtasis. Por eso no se puede comprender la ceguera de los gentiles ni su blasfemia al no reconocer el reino de dios en la tierra. El paso de "Catalunya serà cristiana o no serà" a "Cataluña serà independent o no serà" es casi automático. Y cargado de un irracionalismo militante que, pasado el Milenio, puede derivar en un martirologio sacrificial.
Cuando trabajó de joven en la editorial Ariel coincidió con Manuel Sacristán. Como usted también es traductor déjeme preguntarle por la labor socrático-traductora del autor de Las ideas gnoseológicas de Heidegger. ¿Fue un buen traductor? El mismo comentó en una entrevista con la revista mexicana Dialéctica en 1983 que una parte de sus traducciones fueron pane lucrando.
Es bien cierto que Manuel Sacristán tuvo que ganarse la vida recurriendo a la traducción. No fue, en principio, voluntad suya. Su vocación era universitaria, pero en 1965 fue expulsado de la Universidad de Barcelona por su militancia comunista. Tres años antes le habían negado la cátedra de Lógica de la Universidad de Valencia por la misma razón. A pesar de que en 1972 la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona le contrató de nuevo, al finalizar el curso no le renovaron el contrato y, más tarde, siempre que le permitieron volver a enseñar, lo tuvo que hacer en precario, con contratos temporales hasta poco antes de su muerte, cuando ocupó, durante unos pocos meses, una cátedra extraordinaria.
De modo que Manuel Sacristán tuvo que ganarse la vida sobre todo traduciendo. Como escribió el mismo, se pasó la vida "de trabajar para una editorial a la Universidad y viceversa". Sacristán era un gran traductor del alemán, del inglés, del francés, del italiano… era un gran traductor de cualquier idioma porque lo que dominaba como nadie era la lógica, la semántica y las leyes internas de la lengua castellana. Sacristán tradujo e introdujo en España el primer libro de Marx publicado desde la guerra civil, Revolución en España, bajo el seudónimo de "Manuel Entenza", uno de los varios que utilizaba ("Juan Manuel Mauri", "Máximo Estrella"…) para escapar al control de la policía franquista. La lista de autores que tradujo bajo su propio nombre es apabullante: Marx, Engels, Lukács, Gramsci, Adorno, Hull, Quine, Galbraith, Bunge, Copleston, Havemann, Dutschke, Dubcek, Korsch, Marcuse, Schumpeter… Tradujo un promedio de seis libros por año durante muchos años. Por otra parte, la calidad de su trabajo, las peticiones que recibía, le permitieron escoger y proponer textos de agitación cultural que las editoriales aceptaban sin rechistar. Él mismo lo expresaba así hacia el final de su vida: "Al traducir no solo me ganaba la vida, sino que colocaba producto intelectual en la vida cultural del país".
Jamás se quejó de su trabajo de traductor, pero es obvio que si hubiera destinado ese tiempo a escribir su propia obra en libertad esta habría sido intelectualmente muy poderosa… y muy "peligrosa". Como escribió Francisco Fernández Buey, su mejor discípulo: "Si Manuel Sacristán solo hubiera escrito la monografía sobre Heidegger, que fue su tesis doctoral, y la Introducción a la lógica y al análisis formal, ya con eso habría entrado en la historia de la filosofía universal como un filósofo importante del siglo XX, como un filósofo de los que tienen pensamiento propio".
Usted ha sido durante años militante del PSUC si ando errado. Aparte del PSUC-viu y de Iniciativa, no queda mucho de aquel gran proyecto político. ¿Se arrepiente de aquellos años de militancia? ¿Cómo puede explicarse la grandeza y ahora casi desaparición de ese proyecto transformador socialista-comunista con muy fuerte arraigo social?
El PSUC fue una máquina de guerra casi perfecta contra el franquismo. Tras el fracaso de la "huelga nacional pacífica" en 1959 (una fantasmagoría de Carrillo y compañía), su alma de frente popular le llevó a tratar de aglutinar en una sola fuerza la lucha contra el fascismo. Apoyó el movimiento obrero, la agitación estudiantil universitaria, las fuerzas de la cultura, de los colegios profesionales, de las asociaciones vecinales y de ciudadanía, incluso la herejía obrerista de la Iglesia católica. El PSUC fue la fuerza política tras la CONC, la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes, de la Taula Rodona Democràtica, de la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, de la Assemblea Permanent d’Intel.lectuals de Catalunya y de la Assemblea de Catalunya, que llegó a contar con 45 partidos y organizaciones cívicas. En 1978 el partido de los comunistas catalanes alcanzó la cifra de 40.000 militantes, algo que el resto de partidos no podía ni soñar. Nadie, nunca, llegó a preocupar tanto al Régimen como el PSUC.
Junto a su incesante voluntad de unificación de las fuerzas antifascistas, que le supuso renunciar a políticas que más tarde le pasarían factura, otro de los signos de identidad del PSUC fue constituirse en un partido "nacional y de clase", otro paso que tendría graves consecuencias en el futuro. Sin embargo, en las elecciones de 1977, el PSUC consiguió más del 18 % de los votos que, junto con el 28,38 % obtenido por el PSC, hubiera permitido una Cataluña gobernada por la izquierda (la derecha solo consiguió el 33%). Pero el anticomunismo vulgar de Joan Reventós y el anticatalanismo garbancero de Felipe González y Alfonso Guerra lo impidieron. Aun así, la derecha catalana, asustada, recurrió a sus correligionarios españoles para hacer frente al "peligro rojo". Diseñaron entonces la operación Tarradellas que consiguió desmontar las plataformas unitarias, liberar de compromisos "frentepopulistas" a los distintos partidos y, pese a que la izquierda volvió a ganar las elecciones generales y municipales de 1979, facilitar el triunfo de la derecha catalana y cristiana en las elecciones al Parlament de 1980 que entronizaron en el poder a Jordi Pujol durante 23 años.
A partir de ahí, estallaron todas las costuras del PSUC dejando al descubierto sus contradicciones externas -la soterrada pero inacabable lucha con el PCE por mantener su independencia- e internas: ruptura entre los cuadros sindicales y la dirección, lucha de los aparatchikis por el control del partido; defección de la mayoría de los intelectuales burgueses que –tras un recorrido por el utopismo- regresaron a los espacios propios de su clase: a CiU, al PSC o incluso al PP. Pero lo peor de todo fue perder su capacidad de movilización "en un proceso en que el desarme ideológico impuesto por el PCE lo arrastró finalmente a la destrucción" (Fontana). Tras el 5º Congreso del partido, en 1981, la militancia se había reducido a 12.000 afiliados.
La politiquería, el tacticismo y el posibilismo de los dirigentes del PSUC, ansiosos de tocar poder, naufragaba en el marco temporal de los años 80, tan distinto del de los 60, y le dejaba, al fin, ante el cruel dilema histórico del movimiento socialista: revolución (ya imposible) o reforma (donde habría de competir con los demás partidos). Al no poder resolverlo, el PSUC quedó anclado entre dos orillas, in mezzo al guado. La dirección del partido se equivocó muchas veces, pero, como escribió Manuel Sacristán "ninguna historia de errores, irrealismos y sectarismos es excepción en la izquierda española".
Si en los años 80 Cataluña, con la inexorable reducción del sector secundario, se había convertido ya en una sociedad de clases medias controlada por la burguesía de "soca-rel", a partir del ingreso de España en la Unión Europea y, sobre todo, del derrumbe del "socialismo" de la Unión Soviética y el triunfo del capitalismo neoliberal, en el siglo XXI las hijuelas del PSUC, de verde o de violeta, no tenían nada que ofrecer a una "sociedad opulenta" (Galbraith). El movimiento de los indignados ante la gran recesión iniciada en 2007 pareció encender, por un momento, la vieja chispa igualitaria, pero su deriva en Podem o Catalunya en Comú la ha apagado en seguida sumergiéndola en la vieja charca del modo burgués de hacer política. Los hechos son tozudos: en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, los partidos que no se plantean una alternativa al capitalismo coparon 123 de los 135 escaños del Parlament de Cataluña.
La lucha del capitalismo por la desigualdad continúa. Pero siempre nos quedará el viejo topo.
Muchas gracias por sus reflexiones. Y tiene razón: siempre nos quedarán el viejo topo y El Viejo Topo.
miércoles, 27 de junio de 2018
Entrevista a Gonzalo Pontón sobre La lucha por la desigualdad (I) “Había mucha luz en las casas de los 'ilustrados', pero las chozas y las viviendas de los pobres seguirían a oscuras durante muchos años”.
Salvador López Arnal
El viejo topo
Gonzalo Pontón (Barcelona, 1944) es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la UB. A los veinte años se incorporó a la editorial Ariel y ha sido fundador de las editoriales Crítica (1976) y Pasado & Presente (2011). Se calcula que a lo largo de 50 años, ha publicado más de dos mil títulos, de los cuales unos mil son libros de historia. En 2016 publicó su primer libro: La lucha por la desigualdad que sido Premio Nacional de Ensayo de 2017 otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Déjeme darle mi más sincera enhorabuena por su libro, por su grandísimo libro (que incluye una cronología magistral). 776 páginas, casi 40 páginas de bibliografía comentada, innumerables notas… ¿Cuánto tiempo ha dedicado a la investigación y escritura de su libro? ¿Desde cuándo lo tenía en mente?
Entre 2009 (fecha de mi jubilación oficial) y 2011 dispuse de dos años, vamos a llamarlos sabáticos, durante los cuales trabajé intensamente, y obsesivamente, en investigar las fuentes de mi tema -la heurística-. Luego necesité cinco años más, no tan acuciantes, para redactar La lucha por la desigualdad. Una historia del mundo occidental en el siglo XVIII.
De los más de dos mil libros que ha publicado a lo largo de 50 años de trabajo editorial, la mitad son libros de historia. ¿Por qué ese interés tan acentuado por la historia? ¿No le importan tanto la filosofía, la literatura, la biología o las ciencias formales por ejemplo? ¿No tienen tanta importancia para saber a qué atenernos en el mundo de hoy?
El lema de Crítica –su programa- al iniciar su andadura, en 1976, era: “Esta editorial, que pretende contribuir a la formación de una cultura crítica, quiere poner al alcance de todos, junto a obras clásicas todavía vigentes, lo más vivo y valioso del pensamiento contemporáneo”. Un vistazo al catálogo histórico de Crítica puede dar cuenta de si esos propósitos se han cumplido, o no. En cualquier caso, una buena parte de lo que he publicado ahí son colecciones, dirigidas por los mejores especialistas, sobre el conocimiento filosófico, político, económico, social, literario, científico y artístico. Otro tanto puedo decir de Pasado & Presente, donde he seguido publicando libros de esa misma temática, quizá aún con más intensidad, tratando de ser fiel al lema de esta editorial: “Pasado & Presente quiere ofrecer al lector las reflexiones más rigurosas sobre nuestro pasado (histórico, científico y cultural) y al mismo tiempo intervenir, con espíritu crítico y curioso, en el debate intelectual y moral del presente. Esto es, pensar el futuro”. Es cierto que en ambos textos programáticos sobrevuela la voluntad de un cierto historicismo, y es un hecho que debo haber publicado cerca de mil títulos de historia, seguramente por dos razones: primero, por mi propia formación académica y, después, por mi concepción de la historia como ciencia y como arma: para interpretar el mundo y para tratar de cambiarlo.
La lucha por la desigualdad es el título de su libro. ¿Quiénes lucharon por la desigualdad? ¿Con qué objetivos: más dinero, más riqueza, más poder político, voluntad de poder en estado puro?
Entiendo la lucha por la desigualdad en el contexto de la lucha de clases. Cuando la clase dominante ve peligrar su posición por la amenaza de las clases subalternas, utiliza todo el poder que puede conseguir para preservar sus privilegios y la injusticia de su dominio -su desigualdad-, que defenderá a muerte. Así, la aristocracia feudal contra la burguesía; la burguesía contra el proletariado.
El subtítulo del ensayo: “Una historia del mundo occidental en el siglo XVIII”. ¿Qué límites tiene ese mundo occidental al que hace referencia? ¿Por qué el siglo XVIII? ¿Qué tiene de especial ese siglo que solemos llamar el siglo de la Ilustración? ¿Por qué no los siglos de Bruno o Galileo?
La larga sombra del siglo XVIII se proyecta aún sobre el siglo XXI. En aquella época se produjo un salto cualitativo en los niveles de desigualdad europeos, un “equilibrio puntuado”, en términos evolutivos. Hasta entonces la desigualdad tenía bases esencialmente agrarias, las propias del régimen feudal, lo que la hacía permanente, pero estática. Tras la acumulación primitiva de capital que supuso un comercio cada vez más predatorio, el capitalismo inició un nuevo avatar: el manufacturero basado en el carbón y el algodón, los pilares de la Revolución industrial. A diferencia de lo que había ocurrido con el capitalismo comercial, este paso no requirió grandes inversiones, pero sí una mano de obra numerosa e indigente. La encontró en los campesinos, que los terratenientes habían desahuciado del campo, los artesanos de las ciudades, ahora proletarizados tras la destrucción de sus gremios, y en el saldo demográfico que llenaba las ciudades de miserables. La explotación de esa mano de obra cautiva, sobre todo de mujeres y niños, dentro del continente europeo, y la de los esclavos –negros y blancos— que extraían las materias primas en las colonias, fue inmisericorde, pero determinó el espectacular éxito económico de la burguesía.
Dueña del poder político y económico, la burguesía vio en el consumo de artículos y mercancías, que antes había sido exclusivo de la aristocracia feudal, la satisfacción de su éxito. Se lanzó entonces a un sistema de producción cuya única finalidad, como había establecido Adam Smith, era el consumo. Ese modelo económico desde el lado de la oferta, iniciado a finales del siglo XVIII pero que ha llegado a la exasperación en nuestros días, ha llevado a las clases subalternas a supeditar la vida a la consecución de los recursos económicos necesarios para sobrevivir en el capitalismo, a la abolición del ocio y a la renuncia a la educación y la cultura, pero también a la dilapidación, hasta entonces desconocida, de materias primas semielaboradas y a la extenuación de los recursos naturales del planeta, que es aún el modelo de sociedad en que vivimos hoy.
Con el fin de blindar su poder en el tiempo, la burguesía se dotó de referentes doctrinales que sancionaran su legitimidad sin que se alterara el orden social. Se alió entonces con los miembros más proclives del Antiguo régimen y con la intelligentsia, los “ilustrados”, para formar una elite de nuevo cuño que controlara los medios de comunicación y la opinión pública. Esta nueva elite estableció sus propios ámbitos de socialización en los que tejió una red de vínculos familiares, económicos y políticos que le permitió un acaparamiento de oportunidades y el acceso a una bolsa de valores de información privilegiada y exclusiva que impermeabilizó férreamente ante las clases subalternas. Para ello creó instituciones educativas específicas para sus miembros al tiempo que se oponía ferozmente a la alfabetización y escolarización de las clases subalternas, expulsándolas tanto de la formación no deseada como de la información privilegiada. No solo eso: acuñó un lenguaje específico -una “imagen manifiesta” (Dennett)- en contraposición a la realidad, que establecía en la conciencia colectiva una reverencia acrítica hacia las directrices de las elites que se presentaban no solo como infalibles, sino como las únicas posibles, ya que la sola alternativa era la “anarquía”.
Se consiguió, así, consolidar una desigualdad categórica: desigualdad económica, sí; pero también desigualdad intelectual: las dos mordazas del tambor con las que el capitalismo controla, todavía hoy, a la sociedad global.
El prólogo del libro lo ha escrito Josep Fontana. ¿Ha sido profesor, maestro suyo? ¿Qué papel cree usted que ha jugado el profesor Fontana en la historiografía española de estas últimas décadas?
Josep Fontana es, sin discusión, el mayor historiador español de la segunda mitad del siglo XX y de lo que llevamos del XXI. Su obra como historiador, tanto desde la cátedra como en la investigación, es de una amplitud, de una densidad y de una intensidad admirables. Desde sus trabajos sobre las bases económicas y fiscales de las sociedades del Antiguo régimen hasta sus más recientes y comprometidos libros de historia del siglo XX, pasando por sus abundantes reflexiones sobre el oficio de historiador y el papel de este en sociedades en crisis, el profesor Fontana ha conjugado el análisis histórico de sociedades pasadas con el destino de los hombres y mujeres de hoy para denunciar la explotación del hombre por el hombre y la necesidad de seguir luchando para construir un mundo mucho más justo e igualitario, es decir, más humano.
En el prólogo, el doctor Fontana comenta que usted ha construido una máquina de guerra “que desarrolla poderosamente” con el objetivo de demoler los mitos del siglo de las Luces. ¿Cuáles son los principales mitos que, en su opinión, rodean y envuelven al acaso mal llamado “siglo de las luces”?
Las “luces” es un vocablo usado desde el Renacimiento con la misma intención que en el siglo XVIII. No quiere decir nada más allá de que se opone a la pretendida oscuridad de la Edad Media (cf. Dark Ages). Pero bajo la advocación de “siglo de las Luces” se ampara la pretensión burguesa de haber abierto entonces las ventanas a la educación y al conocimiento. Es cierto, pero no es la verdad. “Para que la sociedad sea feliz, y la gente se sienta cómoda en las peores circunstancias, es necesario que existan muchas personas que, además de pobres, sean ignorantes”, escribía Bernard de Mandeville en los años veinte del siglo XVIII. Para luchar por su desigualdad, la burguesía creó instituciones educativas específicas para sus hijos y desdeñó la enseñanza de las viejas e inútiles universidades. Al mismo tiempo, se opuso ferozmente a la alfabetización y escolarización de las clases subalternas, especialmente las campesinas -un trabajo propio de las bestias de carga, según el ilustrado Forney- para que se mantuvieran en el lugar que les había asignado la divina providencia; es decir para que trabajaran sin descanso y para que no pusieran en cuestión el nuevo orden social burgués: “No hay arma más peligrosa que el conocimiento en manos del pueblo al que hay que engañar para que no rompa sus cadenas” (Philippon de la Madeleine).
Había mucha luz en las casas de los “ilustrados”, pero las chozas y las viviendas de los pobres seguirían a oscuras durante muchos años.
Abre usted su libro con una de Cervantes , Don Quijote de la Mancha, 2ª parte, capítulo XX. La copio: “¡A la barba de las habilidades de Basilio!, que tanto vales cuanto tienes, y tanto tienes cuanto vales. Dos linajes solos hay en el mundo, como decía una agüela mía, que son el tener y el no tener, aunque ella al de tener se atenía”. ¿Es una ley histórica universal? ¿Es la conjetura del Manifiesto formulada siglos antes y acaso con otro lenguaje? ¿No hay otra ni puede haber otra?
¿Qué eufemismo usa la lengua inglesa para no tener que decir ‘pobres’ y ‘ricos’?: Los ‘have’ y los ‘have-not’, los que tienen y los que no tienen. Los ‘have’ cada día tienen más y los ‘have-not’ cada día menos. No es una cuestión específica del siglo XVIII. Si en 2007, al empezar la gran recesión, 500 familias disponían de la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad (3.500 millones de personas), en 2015 se habían reducido a 62 y en 2018 van a ser, quizás, una decena, cuyos nombres son bien conocidos: Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Amancio Ortega, Mark Zuckerberg, Bernard Arnault, Carlos Slim, Larry Ellison, Larry Page e Ingvar Kamprad, que han ganado, solo en 2017, 149.000 millones de dólares.
Hoy hay más de 1.000 millones de seres humanos que viven en la pobreza extrema; otros 500 millones ganan 1,5 $ al día; mueren seis millones de niños por falta de alimentos y medicamentos cada año y otros 125 millones están sin escolarizar.
En una entrevista de finales de 2017 usted señaló que cualquier opinión sobre un período político debe situarse en el contexto histórico. De acuerdo, muy de acuerdo. Si aplicamos su razonable observación al período que ha estudiado, ¿no es acaso demasiado crítico con el siglo de la Ilustración? ¿No es demasiado exigente cuando afirma (son sus palabras de cierre) que la Ilustración no fue un movimiento original y unitario, paneuropeo, destructor del cristianismo, padre de la democracia, defensor de la igualdad y redentor de los oprimidos? ¿No hay una parte de la Ilustración que sí que fue eso?
Creo que lo que yo he hecho en mi libro (o, por lo menos, he intentado hacer) ha sido precisamente situar la Ilustración en su contexto histórico, el contexto de las Revoluciones burguesas, y probar que la cultura que prevaleció fue la cultura de las clases hegemónicas. Los burgueses del siglo XVIII obtuvieron la cobertura intelectual que necesitaban de los intelectuales de su clase, no de improbables “intelectuales” plebeyos, que no existían. Los philosophes franceses, los economistas políticos británicos, los pietistas de Prusia, los cameralistas de Austria, los jurisdiccionalistas italianos y hasta algunos de los proyectistas españoles –es decir, los “ilustrados”-- defendían sin fisuras una sociedad basada en la libertad, la propiedad, la jerarquía y el orden, dictada por Dios e inmutable en el tiempo. Como escribió Diderot –el más decente de todos los “ilustrados”—: “La sociedad será feliz si la libertad y la propiedad están garantizadas […] En la democracia, incluso en la más perfecta, la igualdad entre sus miembros es una quimera […] El populacho es demasiado estúpido, demasiado miserable y está demasiado ocupado como para ilustrarse”. Y como escribió Voltaire –el más indecente de todos ellos--: “Los hombres están divididos en dos clases, una la de los ricos que mandan y, otra, la de los pobres que sirven. El género humano no puede subsistir sin que haya una infinidad de hombres útiles que no posean absolutamente nada. […] El hombre común ha de ser dirigido, no educado: no merece serlo… Nueve de cada diez ciudadanos deben seguir siendo ignorantes, porque el vulgo no merece ser ilustrado y se le debe tratar como a los monos”.
Por lo demás, permítame insistir, si la Ilustración no fue eso, ¿qué fue entonces en su opinión?
Ya lo explicó Kant en ¿Qué es la Ilustración?, en diciembre de 1783, tan desgraciadamente, y tan parcialmente, traducido al castellano. El texto completo de Kant a la pregunta del pastor Johann Friedrich Zöllner se inscribe en una defensa de la libertad de opinión pública, es decir de la Öffentlichkeit burguesa. Según Kant, los hombres deben abandonar su falta de madurez y utilizar los conocimientos que ya tienen con independencia de lo que digan otros. El famoso Sapere aude! procede de Horacio y se halla en el contexto de una pulsión pragmática y utilitaria, con una apelación a no perder tiempo. Lo que hace Kant es lanzar un reto intelectual a todos aquellos que, disponiendo como disponen de los conocimientos de la Revolución científica, y de las obras filosóficas y económicas de su tiempo, no deben ignorarlas viviendo con la placidez de un rústico, sino que deben ponerse a la tarea sin pérdida de tiempo. ¿Qué tarea? La construcción de la sociedad burguesa, prescindiendo del mundo del Antiguo régimen, porque este no iba a cambiar por sí solo. La Ilustración se erigió, así, en el intelectual orgánico de la burguesía.
Voltaire, Montesquieu, D’Holbach, Locke, incluso Diderot y Rousseau componían una suerte de «gauche divine», según sus palabras, al compartir la misma conciencia de clase hegemónica. Le s horrorizaba, también son sus palabras, “que los niños campesinos fueran a la escuela y dejaran de labrar los campos, no sabían lo que es la solidaridad, apelaban más bien a una vaporosa fraternidad universal”. ¿No podríamos decir que también ellos hicieron o contribuyeron a hacer lo que podía hacerse y que no fue poco, lo mismo que usted ha comentado al hablar de nuestros años de transición en esa entrevista a la que hacía referencia anteriormente?
Empiezo por el final: a diferencia de lo que pasó en la transición (yo prefiero llamarla ‘transacción’), los ilustrados de toda Europa no vivían bajo la amenaza cierta de un golpe militar. Su mayor amenaza era la Iglesia católica (ni siquiera eso en los países protestantes), que no era despreciable, como explico en mi libro, pero que no tenía nada que hacer si el poder burgués del estado decidía intervenir. Sostengo que los que llamamos ilustrados dieron cobertura intelectual a la clase dominante (a la que casi todos pertenecían) y eso me parece totalmente razonable. Pero es radicalmente falso que no pudieran hacer otra cosa. Algunos intelectuales del siglo XVIII como Boulanger, Maréchal o Babeuf, en Francia; John Millar o Mary Wollstonecraft, en Gran Bretaña; Bergk o Erhard, en Alemania; Radicati, en Italia, Ramón Salas, en España, etc. se arriesgaron a perder la cátedra, la libertad e, incluso, la vida para defender una sociedad más justa, más culta, menos desigual. Todos ellos aparecen en mi libro, pero no en el repertorio heredado de la Ilustración que durante más de dos siglos nos ha brindado, sospechosamente, un relato casi sin fisuras sobre sus logros y los pretendidos valores universales que nos legaron sus autores. ¡Qué coincidencia que no aparezca ninguno de los que acabo de citar!. Justamente en línea con mi afirmación de que hay que situarse en el contexto de una época para analizarla, la propaganda burguesa lo ha hecho ignorando las realidades económicas y sociales del contexto en que aquellos intelectuales escribieron sus obras, separándolos de su tiempo en una iconografía exenta e ignorando los textos, los pasajes o los párrafos que no convenían porque desmienten de forma palmaria muchos de los méritos que han atribuido a aquellos intelectuales, hijos, al fin, de su tiempo y comprometidos con él.
Permítame insistir un poco más. ¿No fueron Marx, Engels, Jenny Marx, Bakunin y tantos otros, unos ilustrados heterodoxos? A ellos sí que les importaba que los niños campesinos fueran al colegio. Francisco Fernández Buey tal vez hubiera dicho de ellos que eran “algo más que ilustrados”.
Justamente Marx et alii demuestran lo que acabo de escribir. Todos ellos eran burgueses, como Boulanger, Millar o Erhardt, pero desclasados como ellos. Y no solo no ejercían de tales, sino que se rebelaban contra su clase. El mundo que quería construir Marx no era el de la revolución burguesa, sino el de la revolución proletaria. ¿Quién si no un burgués, con la formación y la educación burguesa, podía escribir El Capital? ¿Acaso hubiera podido hacerlo Helene Demuth, tal vez Friedrich Lessner?
No, no hubieran podido. Descansemos un momento si no le importa.
De acuerdo.
Fuente: El Viejo Topo, marzo de 2018.
El viejo topo
Gonzalo Pontón (Barcelona, 1944) es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la UB. A los veinte años se incorporó a la editorial Ariel y ha sido fundador de las editoriales Crítica (1976) y Pasado & Presente (2011). Se calcula que a lo largo de 50 años, ha publicado más de dos mil títulos, de los cuales unos mil son libros de historia. En 2016 publicó su primer libro: La lucha por la desigualdad que sido Premio Nacional de Ensayo de 2017 otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
***
Déjeme darle mi más sincera enhorabuena por su libro, por su grandísimo libro (que incluye una cronología magistral). 776 páginas, casi 40 páginas de bibliografía comentada, innumerables notas… ¿Cuánto tiempo ha dedicado a la investigación y escritura de su libro? ¿Desde cuándo lo tenía en mente?
Entre 2009 (fecha de mi jubilación oficial) y 2011 dispuse de dos años, vamos a llamarlos sabáticos, durante los cuales trabajé intensamente, y obsesivamente, en investigar las fuentes de mi tema -la heurística-. Luego necesité cinco años más, no tan acuciantes, para redactar La lucha por la desigualdad. Una historia del mundo occidental en el siglo XVIII.
De los más de dos mil libros que ha publicado a lo largo de 50 años de trabajo editorial, la mitad son libros de historia. ¿Por qué ese interés tan acentuado por la historia? ¿No le importan tanto la filosofía, la literatura, la biología o las ciencias formales por ejemplo? ¿No tienen tanta importancia para saber a qué atenernos en el mundo de hoy?
El lema de Crítica –su programa- al iniciar su andadura, en 1976, era: “Esta editorial, que pretende contribuir a la formación de una cultura crítica, quiere poner al alcance de todos, junto a obras clásicas todavía vigentes, lo más vivo y valioso del pensamiento contemporáneo”. Un vistazo al catálogo histórico de Crítica puede dar cuenta de si esos propósitos se han cumplido, o no. En cualquier caso, una buena parte de lo que he publicado ahí son colecciones, dirigidas por los mejores especialistas, sobre el conocimiento filosófico, político, económico, social, literario, científico y artístico. Otro tanto puedo decir de Pasado & Presente, donde he seguido publicando libros de esa misma temática, quizá aún con más intensidad, tratando de ser fiel al lema de esta editorial: “Pasado & Presente quiere ofrecer al lector las reflexiones más rigurosas sobre nuestro pasado (histórico, científico y cultural) y al mismo tiempo intervenir, con espíritu crítico y curioso, en el debate intelectual y moral del presente. Esto es, pensar el futuro”. Es cierto que en ambos textos programáticos sobrevuela la voluntad de un cierto historicismo, y es un hecho que debo haber publicado cerca de mil títulos de historia, seguramente por dos razones: primero, por mi propia formación académica y, después, por mi concepción de la historia como ciencia y como arma: para interpretar el mundo y para tratar de cambiarlo.
La lucha por la desigualdad es el título de su libro. ¿Quiénes lucharon por la desigualdad? ¿Con qué objetivos: más dinero, más riqueza, más poder político, voluntad de poder en estado puro?
Entiendo la lucha por la desigualdad en el contexto de la lucha de clases. Cuando la clase dominante ve peligrar su posición por la amenaza de las clases subalternas, utiliza todo el poder que puede conseguir para preservar sus privilegios y la injusticia de su dominio -su desigualdad-, que defenderá a muerte. Así, la aristocracia feudal contra la burguesía; la burguesía contra el proletariado.
El subtítulo del ensayo: “Una historia del mundo occidental en el siglo XVIII”. ¿Qué límites tiene ese mundo occidental al que hace referencia? ¿Por qué el siglo XVIII? ¿Qué tiene de especial ese siglo que solemos llamar el siglo de la Ilustración? ¿Por qué no los siglos de Bruno o Galileo?
La larga sombra del siglo XVIII se proyecta aún sobre el siglo XXI. En aquella época se produjo un salto cualitativo en los niveles de desigualdad europeos, un “equilibrio puntuado”, en términos evolutivos. Hasta entonces la desigualdad tenía bases esencialmente agrarias, las propias del régimen feudal, lo que la hacía permanente, pero estática. Tras la acumulación primitiva de capital que supuso un comercio cada vez más predatorio, el capitalismo inició un nuevo avatar: el manufacturero basado en el carbón y el algodón, los pilares de la Revolución industrial. A diferencia de lo que había ocurrido con el capitalismo comercial, este paso no requirió grandes inversiones, pero sí una mano de obra numerosa e indigente. La encontró en los campesinos, que los terratenientes habían desahuciado del campo, los artesanos de las ciudades, ahora proletarizados tras la destrucción de sus gremios, y en el saldo demográfico que llenaba las ciudades de miserables. La explotación de esa mano de obra cautiva, sobre todo de mujeres y niños, dentro del continente europeo, y la de los esclavos –negros y blancos— que extraían las materias primas en las colonias, fue inmisericorde, pero determinó el espectacular éxito económico de la burguesía.
Dueña del poder político y económico, la burguesía vio en el consumo de artículos y mercancías, que antes había sido exclusivo de la aristocracia feudal, la satisfacción de su éxito. Se lanzó entonces a un sistema de producción cuya única finalidad, como había establecido Adam Smith, era el consumo. Ese modelo económico desde el lado de la oferta, iniciado a finales del siglo XVIII pero que ha llegado a la exasperación en nuestros días, ha llevado a las clases subalternas a supeditar la vida a la consecución de los recursos económicos necesarios para sobrevivir en el capitalismo, a la abolición del ocio y a la renuncia a la educación y la cultura, pero también a la dilapidación, hasta entonces desconocida, de materias primas semielaboradas y a la extenuación de los recursos naturales del planeta, que es aún el modelo de sociedad en que vivimos hoy.
Con el fin de blindar su poder en el tiempo, la burguesía se dotó de referentes doctrinales que sancionaran su legitimidad sin que se alterara el orden social. Se alió entonces con los miembros más proclives del Antiguo régimen y con la intelligentsia, los “ilustrados”, para formar una elite de nuevo cuño que controlara los medios de comunicación y la opinión pública. Esta nueva elite estableció sus propios ámbitos de socialización en los que tejió una red de vínculos familiares, económicos y políticos que le permitió un acaparamiento de oportunidades y el acceso a una bolsa de valores de información privilegiada y exclusiva que impermeabilizó férreamente ante las clases subalternas. Para ello creó instituciones educativas específicas para sus miembros al tiempo que se oponía ferozmente a la alfabetización y escolarización de las clases subalternas, expulsándolas tanto de la formación no deseada como de la información privilegiada. No solo eso: acuñó un lenguaje específico -una “imagen manifiesta” (Dennett)- en contraposición a la realidad, que establecía en la conciencia colectiva una reverencia acrítica hacia las directrices de las elites que se presentaban no solo como infalibles, sino como las únicas posibles, ya que la sola alternativa era la “anarquía”.
Se consiguió, así, consolidar una desigualdad categórica: desigualdad económica, sí; pero también desigualdad intelectual: las dos mordazas del tambor con las que el capitalismo controla, todavía hoy, a la sociedad global.
El prólogo del libro lo ha escrito Josep Fontana. ¿Ha sido profesor, maestro suyo? ¿Qué papel cree usted que ha jugado el profesor Fontana en la historiografía española de estas últimas décadas?
Josep Fontana es, sin discusión, el mayor historiador español de la segunda mitad del siglo XX y de lo que llevamos del XXI. Su obra como historiador, tanto desde la cátedra como en la investigación, es de una amplitud, de una densidad y de una intensidad admirables. Desde sus trabajos sobre las bases económicas y fiscales de las sociedades del Antiguo régimen hasta sus más recientes y comprometidos libros de historia del siglo XX, pasando por sus abundantes reflexiones sobre el oficio de historiador y el papel de este en sociedades en crisis, el profesor Fontana ha conjugado el análisis histórico de sociedades pasadas con el destino de los hombres y mujeres de hoy para denunciar la explotación del hombre por el hombre y la necesidad de seguir luchando para construir un mundo mucho más justo e igualitario, es decir, más humano.
En el prólogo, el doctor Fontana comenta que usted ha construido una máquina de guerra “que desarrolla poderosamente” con el objetivo de demoler los mitos del siglo de las Luces. ¿Cuáles son los principales mitos que, en su opinión, rodean y envuelven al acaso mal llamado “siglo de las luces”?
Las “luces” es un vocablo usado desde el Renacimiento con la misma intención que en el siglo XVIII. No quiere decir nada más allá de que se opone a la pretendida oscuridad de la Edad Media (cf. Dark Ages). Pero bajo la advocación de “siglo de las Luces” se ampara la pretensión burguesa de haber abierto entonces las ventanas a la educación y al conocimiento. Es cierto, pero no es la verdad. “Para que la sociedad sea feliz, y la gente se sienta cómoda en las peores circunstancias, es necesario que existan muchas personas que, además de pobres, sean ignorantes”, escribía Bernard de Mandeville en los años veinte del siglo XVIII. Para luchar por su desigualdad, la burguesía creó instituciones educativas específicas para sus hijos y desdeñó la enseñanza de las viejas e inútiles universidades. Al mismo tiempo, se opuso ferozmente a la alfabetización y escolarización de las clases subalternas, especialmente las campesinas -un trabajo propio de las bestias de carga, según el ilustrado Forney- para que se mantuvieran en el lugar que les había asignado la divina providencia; es decir para que trabajaran sin descanso y para que no pusieran en cuestión el nuevo orden social burgués: “No hay arma más peligrosa que el conocimiento en manos del pueblo al que hay que engañar para que no rompa sus cadenas” (Philippon de la Madeleine).
Había mucha luz en las casas de los “ilustrados”, pero las chozas y las viviendas de los pobres seguirían a oscuras durante muchos años.
Abre usted su libro con una de Cervantes , Don Quijote de la Mancha, 2ª parte, capítulo XX. La copio: “¡A la barba de las habilidades de Basilio!, que tanto vales cuanto tienes, y tanto tienes cuanto vales. Dos linajes solos hay en el mundo, como decía una agüela mía, que son el tener y el no tener, aunque ella al de tener se atenía”. ¿Es una ley histórica universal? ¿Es la conjetura del Manifiesto formulada siglos antes y acaso con otro lenguaje? ¿No hay otra ni puede haber otra?
¿Qué eufemismo usa la lengua inglesa para no tener que decir ‘pobres’ y ‘ricos’?: Los ‘have’ y los ‘have-not’, los que tienen y los que no tienen. Los ‘have’ cada día tienen más y los ‘have-not’ cada día menos. No es una cuestión específica del siglo XVIII. Si en 2007, al empezar la gran recesión, 500 familias disponían de la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad (3.500 millones de personas), en 2015 se habían reducido a 62 y en 2018 van a ser, quizás, una decena, cuyos nombres son bien conocidos: Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Amancio Ortega, Mark Zuckerberg, Bernard Arnault, Carlos Slim, Larry Ellison, Larry Page e Ingvar Kamprad, que han ganado, solo en 2017, 149.000 millones de dólares.
Hoy hay más de 1.000 millones de seres humanos que viven en la pobreza extrema; otros 500 millones ganan 1,5 $ al día; mueren seis millones de niños por falta de alimentos y medicamentos cada año y otros 125 millones están sin escolarizar.
En una entrevista de finales de 2017 usted señaló que cualquier opinión sobre un período político debe situarse en el contexto histórico. De acuerdo, muy de acuerdo. Si aplicamos su razonable observación al período que ha estudiado, ¿no es acaso demasiado crítico con el siglo de la Ilustración? ¿No es demasiado exigente cuando afirma (son sus palabras de cierre) que la Ilustración no fue un movimiento original y unitario, paneuropeo, destructor del cristianismo, padre de la democracia, defensor de la igualdad y redentor de los oprimidos? ¿No hay una parte de la Ilustración que sí que fue eso?
Creo que lo que yo he hecho en mi libro (o, por lo menos, he intentado hacer) ha sido precisamente situar la Ilustración en su contexto histórico, el contexto de las Revoluciones burguesas, y probar que la cultura que prevaleció fue la cultura de las clases hegemónicas. Los burgueses del siglo XVIII obtuvieron la cobertura intelectual que necesitaban de los intelectuales de su clase, no de improbables “intelectuales” plebeyos, que no existían. Los philosophes franceses, los economistas políticos británicos, los pietistas de Prusia, los cameralistas de Austria, los jurisdiccionalistas italianos y hasta algunos de los proyectistas españoles –es decir, los “ilustrados”-- defendían sin fisuras una sociedad basada en la libertad, la propiedad, la jerarquía y el orden, dictada por Dios e inmutable en el tiempo. Como escribió Diderot –el más decente de todos los “ilustrados”—: “La sociedad será feliz si la libertad y la propiedad están garantizadas […] En la democracia, incluso en la más perfecta, la igualdad entre sus miembros es una quimera […] El populacho es demasiado estúpido, demasiado miserable y está demasiado ocupado como para ilustrarse”. Y como escribió Voltaire –el más indecente de todos ellos--: “Los hombres están divididos en dos clases, una la de los ricos que mandan y, otra, la de los pobres que sirven. El género humano no puede subsistir sin que haya una infinidad de hombres útiles que no posean absolutamente nada. […] El hombre común ha de ser dirigido, no educado: no merece serlo… Nueve de cada diez ciudadanos deben seguir siendo ignorantes, porque el vulgo no merece ser ilustrado y se le debe tratar como a los monos”.
Por lo demás, permítame insistir, si la Ilustración no fue eso, ¿qué fue entonces en su opinión?
Ya lo explicó Kant en ¿Qué es la Ilustración?, en diciembre de 1783, tan desgraciadamente, y tan parcialmente, traducido al castellano. El texto completo de Kant a la pregunta del pastor Johann Friedrich Zöllner se inscribe en una defensa de la libertad de opinión pública, es decir de la Öffentlichkeit burguesa. Según Kant, los hombres deben abandonar su falta de madurez y utilizar los conocimientos que ya tienen con independencia de lo que digan otros. El famoso Sapere aude! procede de Horacio y se halla en el contexto de una pulsión pragmática y utilitaria, con una apelación a no perder tiempo. Lo que hace Kant es lanzar un reto intelectual a todos aquellos que, disponiendo como disponen de los conocimientos de la Revolución científica, y de las obras filosóficas y económicas de su tiempo, no deben ignorarlas viviendo con la placidez de un rústico, sino que deben ponerse a la tarea sin pérdida de tiempo. ¿Qué tarea? La construcción de la sociedad burguesa, prescindiendo del mundo del Antiguo régimen, porque este no iba a cambiar por sí solo. La Ilustración se erigió, así, en el intelectual orgánico de la burguesía.
Voltaire, Montesquieu, D’Holbach, Locke, incluso Diderot y Rousseau componían una suerte de «gauche divine», según sus palabras, al compartir la misma conciencia de clase hegemónica. Le s horrorizaba, también son sus palabras, “que los niños campesinos fueran a la escuela y dejaran de labrar los campos, no sabían lo que es la solidaridad, apelaban más bien a una vaporosa fraternidad universal”. ¿No podríamos decir que también ellos hicieron o contribuyeron a hacer lo que podía hacerse y que no fue poco, lo mismo que usted ha comentado al hablar de nuestros años de transición en esa entrevista a la que hacía referencia anteriormente?
Empiezo por el final: a diferencia de lo que pasó en la transición (yo prefiero llamarla ‘transacción’), los ilustrados de toda Europa no vivían bajo la amenaza cierta de un golpe militar. Su mayor amenaza era la Iglesia católica (ni siquiera eso en los países protestantes), que no era despreciable, como explico en mi libro, pero que no tenía nada que hacer si el poder burgués del estado decidía intervenir. Sostengo que los que llamamos ilustrados dieron cobertura intelectual a la clase dominante (a la que casi todos pertenecían) y eso me parece totalmente razonable. Pero es radicalmente falso que no pudieran hacer otra cosa. Algunos intelectuales del siglo XVIII como Boulanger, Maréchal o Babeuf, en Francia; John Millar o Mary Wollstonecraft, en Gran Bretaña; Bergk o Erhard, en Alemania; Radicati, en Italia, Ramón Salas, en España, etc. se arriesgaron a perder la cátedra, la libertad e, incluso, la vida para defender una sociedad más justa, más culta, menos desigual. Todos ellos aparecen en mi libro, pero no en el repertorio heredado de la Ilustración que durante más de dos siglos nos ha brindado, sospechosamente, un relato casi sin fisuras sobre sus logros y los pretendidos valores universales que nos legaron sus autores. ¡Qué coincidencia que no aparezca ninguno de los que acabo de citar!. Justamente en línea con mi afirmación de que hay que situarse en el contexto de una época para analizarla, la propaganda burguesa lo ha hecho ignorando las realidades económicas y sociales del contexto en que aquellos intelectuales escribieron sus obras, separándolos de su tiempo en una iconografía exenta e ignorando los textos, los pasajes o los párrafos que no convenían porque desmienten de forma palmaria muchos de los méritos que han atribuido a aquellos intelectuales, hijos, al fin, de su tiempo y comprometidos con él.
Permítame insistir un poco más. ¿No fueron Marx, Engels, Jenny Marx, Bakunin y tantos otros, unos ilustrados heterodoxos? A ellos sí que les importaba que los niños campesinos fueran al colegio. Francisco Fernández Buey tal vez hubiera dicho de ellos que eran “algo más que ilustrados”.
Justamente Marx et alii demuestran lo que acabo de escribir. Todos ellos eran burgueses, como Boulanger, Millar o Erhardt, pero desclasados como ellos. Y no solo no ejercían de tales, sino que se rebelaban contra su clase. El mundo que quería construir Marx no era el de la revolución burguesa, sino el de la revolución proletaria. ¿Quién si no un burgués, con la formación y la educación burguesa, podía escribir El Capital? ¿Acaso hubiera podido hacerlo Helene Demuth, tal vez Friedrich Lessner?
No, no hubieran podido. Descansemos un momento si no le importa.
De acuerdo.
Fuente: El Viejo Topo, marzo de 2018.
Cuatro palabras que cambiaron el curso de la historia
Amy Goodman y Denis Moynihan
Democracy Now!
-¿También bebés?
-También bebés.
Estas cuatro palabras, emitidas por la cadena de noticias CBS en 1969, tuvieron un profundo impacto en la opinión pública estadounidense, en la presidencia de Nixon y en el curso de la Guerra de Vietnam. Esta semana, la pregunta sobre los bebés volvió a escucharse en la Casa Blanca, esta vez en torno a los miles de niños inmigrantes, algunos de apenas unos meses, arrancados de los brazos de sus madres y padres y encarcelados en jaulas por orden del presidente Donald Trump.
La pregunta “¿También bebés?” fue planteada hace medio siglo por el experimentado periodista de investigación Mike Wallace a un joven veterano de guerra de Vietnam llamado Paul Meadlo. “También bebés”, respondió Meadlo, un soldado raso del ejército que, junto con muchos otros soldados estadounidenses, había llevado a cabo una incursión contra un poblado vietnamita llamado My Lai el 16 de marzo de 1968.
Lo que siguió llegó a conocerse como la Masacre de My Lai. Los soldados estadounidenses masacraron a más de 500 civiles en el transcurso del día. “Suplicaban y decían: ‘No, no’. Y las madres abrazaban a sus hijos y… bueno, seguimos disparando. Ellos agitaban los brazos y suplicaban”, le declaró Meadlo a Wallace.
Meadlo llegó a la entrevista con CBS gracias a un joven periodista independiente llamado Seymour Hersh, que estaba investigando la masacre. Hersh localizó a Meadlo, obtuvo su testimonio y lo convenció de hacer la entrevista para CBS . Lo que el periodista descubrió sobre la masacre de My Lai lo atormenta hasta el día de hoy. En una entrevista para Democracy Now! sobre su nuevo libro, Reporter: A Memoir (Periodista: una autobiografía, en español), Hersh expresó: “En lugar de encontrarse con el enemigo, en el poblado solo había familias, mujeres, niños y ancianos. Y entonces comenzaron a asesinarlos. Los arrojaron a una zanja, violaron a las mujeres, los mataron. Arrojaban a los bebés y les disparaban con bayonetas. Esto fue difícil de procesar para mí, fue muy difícil en el primer año. Algunas de las cosas que mantuve fuera del artículo inicial eran simplemente horrendas”.
En cuanto a la aparición de Meadlo en CBS , Hersh recordó: “Mike Wallace, que era fuerte como un toro, le preguntó cinco veces en esa entrevista, ‘¿También bebés?’ y siguió repitiendo ‘¿También bebés?’”.
Más adelante, Hersh publicó el informe sobre la masacre en la pequeña agencia de noticias antibélicas Dispatch News Service, después de que varios de los principales medios estadounidenses la rechazaran. En 1970 recibió el Premio Pulitzer por esta investigación. Hersh considera que existen paralelismos entre aquella situación y la cobertura que finalmente está haciendo la prensa sobre la actual crisis de separación de familias inmigrantes. “Esto podría ser un punto de inflexión”, opinó Hersh.
Hoy vemos fotos de niños y niñas llorando junto a sus padres y madres esposados, y hemos podido escuchar una grabación publicada por el medio ProPublica donde se escucha a los niños gritar “¡Mamá! ¡Papi!” mientras un guardia se burla de ellos, diciéndoles “Bueno, aquí tenemos una orquesta. Solo falta el director”. Autoridades electas y medios de comunicación se han congregado en la región fronteriza de Estados Unidos y México para exigir el acceso a los centros de detención. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, fue interrogada en una conferencia de prensa en la Casa Blanca acerca de por qué su departamento solo había publicado fotos de niños de más de 10 años de edad encarcelados en jaulas y ninguna foto de niñas o niños pequeños. “¿Dónde están las niñas? ¿Dónde están los bebés?”, le preguntaron varias veces. La confusión de la secretaria Nielsen sobre el paradero de bebés y niñas desató reacciones aún más fuertes.
La política de Trump de “tolerancia cero” hacia inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos, anunciada por el fiscal general Jeff Sessions el pasado 6 de abril, permitió que el Departamento de Seguridad Nacional, con su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y su Patrulla Fronteriza, arrestara a los adultos sospechosos de cruzar la frontera sin la documentación adecuada, y los separara de sus hijos. La cantidad de niños y niñas secuestrados por estos organismos es mayor a 2.300. La revista electrónica The Intercept estima que han sido más de 3.700 desde octubre.
Decenas de activistas defensores de los derechos de los inmigrantes han organizado protestas en todo el país contra la orden de Trump desde el mismo día de su emisión. El movimiento se fue multiplicando. Muchos congresistas exigieron ver a los niños encarcelados. Gobernadores demócratas y republicanos comenzaron a emitir órdenes ejecutivas para retirar o impedir que las tropas de la Guardia Nacional dependientes de sus estados acudan a la frontera para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional. Varias aerolíneas se unieron en su rechazo de transportar a los niños separados de sus padres. El miércoles, finalmente, Trump emitió una orden ejecutiva que revierte su propia decisión. Desde ahora, las familias ya no serán separadas al atravesar la frontera.
Sin embargo, eso no soluciona la crisis de los miles de niños y niñas que ya han sido arrancados de los brazos de sus padres. No se generó un mecanismo para reunir a los padres, de los cuales algunos ya han sido deportados, con sus hijos, que todavía están en jaulas, cárceles y campamentos de emergencia establecidos a lo largo de todo el país en 17 estados.
Hace cincuenta años, cuatro palabras escuchadas en todo el país cambiaron el curso de la Guerra de Vietnam: la pregunta “¿También bebés?” y la respuesta “También bebés”. Cuatro palabras que se escucharon esta semana, “Mamá, mamá. Papi, papi”, expusieron la crueldad del gobierno de Trump y cambiaron poderosamente el curso del debate sobre la inmigración.
© 2018 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
Fuente: http://www.democracynow.org/es/2018/6/22/cuatro_palabras_que_cambiaron_el_curso
Democracy Now!
-¿También bebés?
-También bebés.
Estas cuatro palabras, emitidas por la cadena de noticias CBS en 1969, tuvieron un profundo impacto en la opinión pública estadounidense, en la presidencia de Nixon y en el curso de la Guerra de Vietnam. Esta semana, la pregunta sobre los bebés volvió a escucharse en la Casa Blanca, esta vez en torno a los miles de niños inmigrantes, algunos de apenas unos meses, arrancados de los brazos de sus madres y padres y encarcelados en jaulas por orden del presidente Donald Trump.
La pregunta “¿También bebés?” fue planteada hace medio siglo por el experimentado periodista de investigación Mike Wallace a un joven veterano de guerra de Vietnam llamado Paul Meadlo. “También bebés”, respondió Meadlo, un soldado raso del ejército que, junto con muchos otros soldados estadounidenses, había llevado a cabo una incursión contra un poblado vietnamita llamado My Lai el 16 de marzo de 1968.
Lo que siguió llegó a conocerse como la Masacre de My Lai. Los soldados estadounidenses masacraron a más de 500 civiles en el transcurso del día. “Suplicaban y decían: ‘No, no’. Y las madres abrazaban a sus hijos y… bueno, seguimos disparando. Ellos agitaban los brazos y suplicaban”, le declaró Meadlo a Wallace.
Meadlo llegó a la entrevista con CBS gracias a un joven periodista independiente llamado Seymour Hersh, que estaba investigando la masacre. Hersh localizó a Meadlo, obtuvo su testimonio y lo convenció de hacer la entrevista para CBS . Lo que el periodista descubrió sobre la masacre de My Lai lo atormenta hasta el día de hoy. En una entrevista para Democracy Now! sobre su nuevo libro, Reporter: A Memoir (Periodista: una autobiografía, en español), Hersh expresó: “En lugar de encontrarse con el enemigo, en el poblado solo había familias, mujeres, niños y ancianos. Y entonces comenzaron a asesinarlos. Los arrojaron a una zanja, violaron a las mujeres, los mataron. Arrojaban a los bebés y les disparaban con bayonetas. Esto fue difícil de procesar para mí, fue muy difícil en el primer año. Algunas de las cosas que mantuve fuera del artículo inicial eran simplemente horrendas”.
En cuanto a la aparición de Meadlo en CBS , Hersh recordó: “Mike Wallace, que era fuerte como un toro, le preguntó cinco veces en esa entrevista, ‘¿También bebés?’ y siguió repitiendo ‘¿También bebés?’”.
Más adelante, Hersh publicó el informe sobre la masacre en la pequeña agencia de noticias antibélicas Dispatch News Service, después de que varios de los principales medios estadounidenses la rechazaran. En 1970 recibió el Premio Pulitzer por esta investigación. Hersh considera que existen paralelismos entre aquella situación y la cobertura que finalmente está haciendo la prensa sobre la actual crisis de separación de familias inmigrantes. “Esto podría ser un punto de inflexión”, opinó Hersh.
Hoy vemos fotos de niños y niñas llorando junto a sus padres y madres esposados, y hemos podido escuchar una grabación publicada por el medio ProPublica donde se escucha a los niños gritar “¡Mamá! ¡Papi!” mientras un guardia se burla de ellos, diciéndoles “Bueno, aquí tenemos una orquesta. Solo falta el director”. Autoridades electas y medios de comunicación se han congregado en la región fronteriza de Estados Unidos y México para exigir el acceso a los centros de detención. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, fue interrogada en una conferencia de prensa en la Casa Blanca acerca de por qué su departamento solo había publicado fotos de niños de más de 10 años de edad encarcelados en jaulas y ninguna foto de niñas o niños pequeños. “¿Dónde están las niñas? ¿Dónde están los bebés?”, le preguntaron varias veces. La confusión de la secretaria Nielsen sobre el paradero de bebés y niñas desató reacciones aún más fuertes.
La política de Trump de “tolerancia cero” hacia inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos, anunciada por el fiscal general Jeff Sessions el pasado 6 de abril, permitió que el Departamento de Seguridad Nacional, con su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y su Patrulla Fronteriza, arrestara a los adultos sospechosos de cruzar la frontera sin la documentación adecuada, y los separara de sus hijos. La cantidad de niños y niñas secuestrados por estos organismos es mayor a 2.300. La revista electrónica The Intercept estima que han sido más de 3.700 desde octubre.
Decenas de activistas defensores de los derechos de los inmigrantes han organizado protestas en todo el país contra la orden de Trump desde el mismo día de su emisión. El movimiento se fue multiplicando. Muchos congresistas exigieron ver a los niños encarcelados. Gobernadores demócratas y republicanos comenzaron a emitir órdenes ejecutivas para retirar o impedir que las tropas de la Guardia Nacional dependientes de sus estados acudan a la frontera para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional. Varias aerolíneas se unieron en su rechazo de transportar a los niños separados de sus padres. El miércoles, finalmente, Trump emitió una orden ejecutiva que revierte su propia decisión. Desde ahora, las familias ya no serán separadas al atravesar la frontera.
Sin embargo, eso no soluciona la crisis de los miles de niños y niñas que ya han sido arrancados de los brazos de sus padres. No se generó un mecanismo para reunir a los padres, de los cuales algunos ya han sido deportados, con sus hijos, que todavía están en jaulas, cárceles y campamentos de emergencia establecidos a lo largo de todo el país en 17 estados.
Hace cincuenta años, cuatro palabras escuchadas en todo el país cambiaron el curso de la Guerra de Vietnam: la pregunta “¿También bebés?” y la respuesta “También bebés”. Cuatro palabras que se escucharon esta semana, “Mamá, mamá. Papi, papi”, expusieron la crueldad del gobierno de Trump y cambiaron poderosamente el curso del debate sobre la inmigración.
© 2018 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
Fuente: http://www.democracynow.org/es/2018/6/22/cuatro_palabras_que_cambiaron_el_curso
martes, 26 de junio de 2018
_- ONCO-ILÓGICOS: De cómo los medicamentos para el cáncer se han convertido en productos al servicio de la especulación financiera.
_- "No Gracias"
Organización civil independiente por la transparencia, la integridad y la equidad en las políticas de salud, la asistencia sanitaria y la investigación biomédica.
Independent civil organization for transparency, integrity and equity in health policy, health care and biomedical research
Leer más aquí.
http://www.nogracias.eu/2018/06/10/onco-ilogicos-los-medicamentos-cancer-se-convertido-productos-al-servicio-la-especulacion-financiera/
Clara MONTES
https://youtu.be/DTO3WFc1V6s
Organización civil independiente por la transparencia, la integridad y la equidad en las políticas de salud, la asistencia sanitaria y la investigación biomédica.
Independent civil organization for transparency, integrity and equity in health policy, health care and biomedical research
Leer más aquí.
http://www.nogracias.eu/2018/06/10/onco-ilogicos-los-medicamentos-cancer-se-convertido-productos-al-servicio-la-especulacion-financiera/
Clara MONTES
https://youtu.be/DTO3WFc1V6s
Lo que nos dice la experiencia sobre los modelos de colaboración pública-privada en el ámbito de la gestión sanitaria.
Marciano Sánchez Bayle
Desde hace años, y en medio de la ofensiva neoliberal para desmantelar y privatizar los sistemas sanitarios públicos, se ha puesto en marcha la llamada “colaboración público-privada” (CPP) en el sector sanitario público.
Una CPP es un contrato realizado entre la administración pública y una o varias empresas privadas por el que:
• La empresa privada financia, construye y gestiona algún elemento de un servicio publico y
• La empresa privada cobra a lo largo de varios años, ya sea mediante las tarifas abonadas por los usuarios (tasas, etc.), mediante los pagos de la administración pública o una combinación de ambos.
Como muy bien señala David May (PSI 2015) conviene recordar que el concepto de CPP no se utilizó antes de los anos 1990, pero las concesiones han existido durante mucho tiempo antes.
La base de las CPP consistía en que la empresa privada se comprometía a invertir su propio dinero y, a cambio, el Estado garantizaba a la empresa el monopolio en el suministro de ese servicio en la zona, y así la empresa podía obtener un retorno sobre el capital cobrando a los usuarios. Las concesiones se utilizaron con frecuencia en el siglo XIX para implantar sistemas de agua, gas y electricidad, así como ferrocarriles, que implicaban una elevada inversión de capital.
Pero el modelo CPP no fue capaz de proporcionar la magnitud de inversión requerida para los servicios universales a precios asequibles, por lo que, en general, fueron reemplazadas por entidades públicas que utilizaban financiación publica.
La versión moderna de las CPP, en la que el gobierno paga a la empresa privada (en lugar de los consumidores), fue inventada en Reino Unido en los anos 1980 por el gobierno de Margaret Thatcher. La introducción de reglas fiscales neoliberales redujo el endeudamiento estatal y la capacidad fiscal del estado, pero el gobierno quería poder invertir en infraestructura publica. Las CPP se plantearon como la solución, bajo el nombre de Iniciativa de Financiación Privada (PFI sus siglas en ingles). Aunque el gobierno se compromete a sufragar la inversión, como si él mismo hubiera tomado prestado el dinero, durante un periodo de muchos años que suele ser variable según los casos (entre 10 y 30 años), las normas contables permitían tratarlas como un préstamo privado, no como un préstamo o endeudamiento publico, de modo que el dinero puede tomarse prestado sin infringir las normas fiscales. La política también era atractiva para el gobierno de Thatcher, ya que representaba otra forma de privatización, permitiendo a las empresas privadas beneficiarse del dinero publico, y exigiendo a los servicios públicos que proporcionaran oportunidades comerciales rentables para la empresa privada, que pronto quedaron en manos de grandes multinacionales y fondos de inversión o de capital-riesgo.
Las CPP nacieron como una estratagema contable, una manera de sortear las propias restricciones del gobierno sobre el endeudamiento publico, y siguen teniendo una gran atracción para los gobiernos y las instituciones internacionales. De la misma forma que empresas como Enron habían intentado ocultar sus auténticos pasivos trasladándolos ‘fuera del balance’, los gobiernos comenzaron a utilizar las CPP como estratagemas…. gracias a las que las cuentas públicas imitaban la contabilidad creativa de algunas empresas privadas. Desde la caída de Enron, estas estratagemas han sido prohibidas para las empresas, pero las CPP –que se fundamentan en los mismos principios de maquillar/esconder el endeudamiento real– son frecuentemente promovidas por los gobiernos.
Para las empresas privadas implicadas –bancos, constructoras y empresas de servicios– las CPP representan una oportunidad comercial sumamente atractiva. Un solo contrato (generalmente suscrito por la propia administración publica) les proporciona una fuente de ingresos seguros y de alta rentabilidad durante muchos años. Las empresas pueden presionar a los políticos para garantizar que los gobiernos creen CPP, y las renegocien creando modificaciones y con ellas incrementos del endeudamiento y de los beneficios muchas veces durante la duración del contrato.
Desde el principio, la PFI fue criticada tanto por la derecha como por la izquierda por ser mucho mas cara que el uso de financiación publica, por perjudicar a los servicios, y por tratarse de una ‘estafa’ para encubrir la inversión y el endeudamiento publico real. Sin embargo, fue adoptada e incrementada por posteriores gobiernos del Reino Unido, y se creó una unidad especial dentro de la Tesorería, integrada principalmente por ejecutivos del sector privado, con el propósito de que actuara como un centro permanente dentro del gobierno para promover proyectos PFI.
Esta forma de actuar y los mecanismos utilizados para ello se han convertido en el modelo para las unidades de CPP creadas por numerosos gobiernos de todo el mundo.
Reino Unido ha utilizado las CPP para construir una amplia gama de edificaciones e infraestructuras: hospitales, escuelas, carreteras, ferrocarriles, instalaciones de defensa, y oficinas gubernamentales. Conforme se ampliaron los limites neoliberales de endeudamiento de la administración publica, también lo hicieron las CPP (por ejemplo, en Europa, donde las normas de la UE empezaron a limitar el endeudamiento publico al 3 por ciento del PIB).
Así se extendió inicialmente a Nueva Zelanda, Australia, Canáda y EE.UU., países todos ellos que empezaron a utilizar la CPP como un componente de la política de privatización, y una forma de maquillar unos presupuestos maquillados mediante la ocultación del endeudamiento.
En los países en desarrollo, los bancos de desarrollo y las empresas multinacionales fomentaron la proliferación de la CPP en los anos 1990, especialmente en los sectores del agua y de la energía, como parte de la promoción general de la privatización –y como una forma de evitar las restricciones fiscales que las mismas instituciones financieras internacionales imponían en los países en desarrollo–. La principal forma de privatización del agua eran las concesiones o los contratos de arrendamiento, que son una forma tradicional de CPP. En el sector energético, se ha producido una introducción generalizada de productores independientes de energía (IPP por sus siglas en ingles) con la compra de la electricidad por el sector público garantizada a largo plazo. Los CPP se han enfrentado a una fuerte resistencia popular y a importantes movilizaciones en su contra en muchos países, lo que ha conducido a la rescisión por ejemplo de numerosas concesiones de agua.
En diversas ocasiones se han señalado los aspectos generales de las contradicciones existentes entre el mercado, la provisión y gestión privada, y la garantía de un derecho básico como es el de la protección a la salud (ver: M Sánchez Bayle La privatización de la asistencia sanitaria en España. Fundación Alternativas. Documentos de trabajo Nº: 182/2014), por lo que no voy a incidir mas en el tema y voy a centrarme en la experiencia que existe sobre las denominadas “colaboraciones público-privadas” en nuestro país, y esto con algunas limitaciones importantes porque, si en general la administración sanitaria peca de escasa transparencia, en este tema la opacidad es casi total, y las cosas se conocen porque ha pasado tiempo y porque se ha puesto mucho empeño en averiguar los datos.
Como ya se ha señalado, las CPP no son ni mucho menos exclusivas del sector sanitario, pero en él han tenido un importante desarrollo; desde el Reino Unido, donde se iniciaron los primeros experimentos, se han extendido a muchos otros países en casi todo el mundo (España, Portugal, Italia. Canáda, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Chile, Perú, etc.) y continúan numerosos intentos de expansión. Un hecho a resaltar es que en Latinoamérica son generalmente empresas de titularidad y origen español (aunque ya se han convertido en sucursales de multinacionales norteamericanas o alemanas) las que están siendo la punta de lanza de esta expansión del modelo CPP.
En España, se han desarrollado dos modelos de CPP en los centros sanitarios, la denominada iniciativa de financiación privada (del que hay 7 centros en Madrid, uno en Baleares, otro en Castilla y León y otro en Galicia), y las “concesiones administrativas”, también conocido como modelo Alzira por ser este el primer centro donde se implantó (con 5 centros en Valencia y 4 en Madrid). Cuando se iniciaron los hospitales PFI en nuestro país, ya existía amplia experiencia en otros países y se había publicado en 2006 en el Boletín de la OMS un articulo que señalaba que el modelo tenía muchos e importantes problemas, y que la única ventaja conocida era que las construcciones se realizaban en el plazo señalado (en España esta supuesta ventaja no se produjo de manera generalizada llegando al extremo de que un hospital de Vigo se abrió con 4 años de retraso).
De los datos de la experiencia en nuestro país pueden extraerse los siguientes problemas para estos modelos de CPP:
Incremento de los costes
Se ha constatado un notable aumento de los costes de estos centros: en el caso de los 7 hospitales PFI de Madrid, con un coste de construcción de 701 millones €, en el año 2011 las empresas concesionarias habían recibido 761,3 millones € de acuerdo con el contrato inicial, quedando pendientes 4.284 millones €. Pero, es más, se descubrió gracias a un Informe del Tribunal de Cuentas que en 2010 se les habían concedido 80 millones € sobre el contrato inicial, y aprobado un aumento de 9,1 millones € del canon. No es pues de extrañar que en 2010 el coste por cama anual fuera de 434.868 € frente a los 277.235 € de los centros de gestión tradicional. Lo mismo puede decirse del hospital de Burgos cuyo sobre coste inicial se ha disparado aún más con las sucesivas modificaciones (de 1.000 millones € del contrato inicial, frente a un coste de construcción de menos de 200 millones, estamos en 1.700 millones € en 2017), y del hospital de Vigo, que ha pasado de un presupuesto de 331,7 millones € en su construcción por el modelo tradicional a un contrato de 1.566,4 millones €.
Por otro lado, en varios casos se ha demostrado que la inversión inicial que supuestamente realizan las empresas adjudicatarias no es tal, ya que recurren a créditos públicos de la Banca Europea de Inversiones avalados por los correspondientes gobiernos de las CCAA, por lo que su aportación y su riesgo es cero.
Otro hecho constatado en el caso de Madrid es que la parte publica de los hospitales PFI asume costes que por contrato pertenecen a las concesionarias; así se ha evidenciado en el hospital de Majadahonda, donde el personal de mantenimiento durante años fue pagado por el SERMAS, y en el hospital de Vallecas donde la jardinería y personal administrativo eran del SERMAS a pesar de corresponder a las concesionarias, que sin embargo no pagaba ni recibía ningún recorte en el canon. En Alzira, recientemente, la Consejería ha reclamado a la concesionaria 102 millones DE € correspondientes a salarios de personal estatutario que durante 3 años había trabajado “gratis” para Ribera Salud.
Hipotecan a la política sanitaria
Y lo hacen porque se trata de contratos a muy largo plazo que impiden la necesaria flexibilidad y capacidad de adaptación que debe tener el servicio sanitario a las necesidades de la población, y también porque los contratos garantizan actualizaciones automáticas de las cantidades a percibir (ligadas al IPC o similar según cada caso concreto) que no tienen relación con la evolución de los presupuestos sanitarios públicos (durante la crisis, recortes de cerca del 20% de los presupuestos de las CCAA) lo que ha agravado los recortes de los centros públicos acaparando los centros de gestión privatizada una parte cada vez mayor de una tarta más pequeña.
Mala calidad de la construcción y equipamientos
Otro aspectos reseñable y bastante generalizado es la mala calidad de la construcción y los equipamientos de estos centros; así se ha comprobado en los hospitales PFI de Madrid por la propia inspección del Ministerio de Trabajo, en el nuevo hospital de Vigo, que tuvo incluso que paralizar su apertura por estos problemas, y en el hospital de Burgos, con numerosas incidencias.
Disminuyen el número de camas y el personal sanitario.
Los hospitales PFI han disminuido el número de camas y personal sanitario no solo en ellos sino, de manera derivada, en los centros de gestión tradicional. Así, en la Comunidad de Madrid el numero de camas financiadas públicamente pasó de 15.531 en 2009 a 15.035 en 2015 (un 3,19% menos) y, por el medio, se habían abierto 11 nuevos hospitales, con lo que hemos conseguido un record Guinness de construir hospitales y en paralelo disminuir el número de camas gracias a la reducción de camas en los centros de gestión tradicional, que han pasado de 14.749 camas a solo 13.504; ello, evidentemente producido para favorecer el negocio de los nuevos centros. En el caso del hospital de Vigo también se ha producido una reducción importante de las dotaciones (camas, quirófanos, consultas, etc).
También se ha detectado una disminución del número de profesionales sanitarios, tanto médicos como de enfermería (por cama y por habitante adscrito al centro) en estos modelos, más acusado en el caso de las “concesiones administrativas” que en los PFI, que frecuentemente asumen el personal de un centro preexistente.
Eliminan el personal no sanitario
En los centros PFI de Madrid se eliminó el personal no sanitario, desapareciendo 26 categorías (lo que supuso 19.500 trabajadores menos). Un hecho llamativo que se ha detectado es que el personal contratado por las concesionarias era netamente inferior al fijado en los pliegos de condiciones, así como que se producía una sistemática subcontratación de estas tareas a veces con una intolerable rotación de las subcontratas; en uno de los centros, en 1 año se hicieron cargo de las mismas tareas 11 subcontratas.
Empeoran las condiciones laborales
En el Reino Unido, el 13% de las enfermeras tituladas son reemplazadas por ayudantes de atención sanitaria. Los hospitales PFI tenían entre un 20 y un 30% menos de plantilla que los públicos (14% menos de médicos y enfermería, 38% menos de personal de apoyo). El NHS (sistema de sanidad británico) calcula en 100.000 el número de puestos de trabajo menos (el 10% de la plantilla) 36.000 de ellos en el 2007. Como resultado, se produjo un éxodo en enfermería: el 45 % de las enfermeras tituladas en 4 años se fueron al extranjero, lo que explica la elevada demanda de estos profesionales en otros países (Portugal, España).
En Madrid, las concesiones administrativas tienen mas horario (40 horas frente a 37,5) y menores retribuciones (300 € mensuales de promedio).
Externalizan o privatizan aspectos claves
De entrada, dejan en manos de empresas privadas (frecuentemente subcontratas) los almacenes y distribución, la documentación clínica y administrativa (poniendo en riesgo la confidencialidad de los datos sanitarios), el mantenimiento integral, con resultados desastrosos en el caso de los hospitales de Madrid, la lavandería y esterilización (con graves problemas de abastecimiento y calidad), la limpieza y el catering (tiempo antes privatizados en casi todos los centros), los residuos urbanos, el transporte interno-externo y la gestión auxiliar, el apoyo administrativo, recepción y centralita, la cafetería, Parking y tiendas (también privatizados en los centros de gestión tradicional). Todo ello dificulta la coordinación entre estos aspectos, muchos de ellos clave para la actividad asistencial.
Además, se ha privatizado en otras empresas el laboratorio (en Madrid); el control del funcionamiento de los centros (en Galicia y Madrid); la informática está privatizada y, además, utilizan distintos sistemas informáticos que el resto de la red publica, con problemas de accesibilidad de la información; y el centro de llamadas está privatizado y se utiliza para derivaciones sistemáticas al sector privado. La extracción de sangre periférica se privatizó con resultados negativos, y en salud mental se privatizaron Centros de Salud Mental, hospitalización de agudos y larga estancia, centros de apoyo, etc.
La radiología se centraliza en el anillo radiológico, empresa pública situada en uno de los hospitales.
Las privatizaciones recogidas en el segundo párrafo suponen un incremento de costes que no están registrados en los costes calculados en los contratos, por lo que el sobrecoste real es muy superior al descrito.
Aumentan los costes para la población
Los costes de los servicios prestados por las concesionarias, por ejemplo el parking, se incrementan de manera exponencial dificultando seriamente la accesibilidad a las personas con menos recursos.
Acaban en manos de grandes multinacionales que hipotecan la soberanía y la prestación de un servicio básico
Aunque las PFI y las concesiones inicialmente se concedieron a empresas nacionales, éstas han acabado vendiendo su participación a grandes multinacionales que hipotecan la soberanía en la prestación de un servicio público básico. Que sepamos, hasta ahora son:
Hospitales de Parla, Coslada y Arganda en manos de LBIP.BV, en manos de LLoyd Bank. Majadahonda, comprado por DIF, fondo holandés.
Ribera Salud en manos de Centene, fondo de EEUU de aseguramiento y provisión sanitaria. Valdemoro y Fundación Jiménez Diaz, en manos de Fresenius (fondo de pensiones alemán que es mayoritario en la prestación privada con fondos publicos: mas de 1.500 millones € en el ultimo año). Torrejón, pertenece a Sanitas-BUPA, multinacional inglesa con presencia en Europa, Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda y Arabia.
El gran problema de estas multinacionales es que, por un lado, tienen una gran capacidad de presión (económica y política) sobre las administraciones públicas y, por otro, si no les interesan las condiciones de rentabilidad pueden “desaparecer”, cerrando centros y provocando un problema de cobertura asistencial.
Favorecen las corruptelas
La gran opacidad que caracteriza estos modelos favorece las corruptelas y/o la corrupción. En nuestro país se han identificado dos tipos: por un lado, las denominadas eufemísticamente “puertas giratorias” (así, dos exconsejeros madrileños que habían impulsado las privatizaciones acabaron en altos cargos de las empresas beneficiadas por éstas, cuando su escasa cualificación y conocimientos sanitarios son notorios). Por el otro, varias de estas adjudicaciones (hasta el presente la del hospital Son Espases y la de los centros PFI de Madrid) se encuentran en los tribunales por presunto cobro de comisiones y/o derivación de fondos a campañas electorales.
Empeoran la atención sanitaria al poner los intereses económicos y la rentabilidad por delante del derecho a la salud
Este es un tema de gran complejidad porque hay pocos datos (de nuevo, la opacidad) y existen diferencias entre los dos modelos de CPP (PFI y concesiones). En cualquier caso, este empeoramiento viene por dos vías: por un lado la directa, la mas complicada de demostrar, aunque existen casos como el hospital de Stafordshirre, una fundacion trusts del Reino Unido donde sendos informes del parlamento y del NHS establecieron que se había producido un exceso de mortalidad de entre 400 y 1.200 personas en 4 años, debido a los incentivos comerciales que primaban en el centro. En nuestro país hay un informe de UGT en la Comunidad Valenciana que cuantifica en 2.752 la mortalidad atribuible a la política privatizadora en esa comunidad autónoma.
La segunda vía es la del deterioro que producen los sobrecostes unidos a los recortes en el conjunto del sistema sanitario. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se han disparado las listas de espera, pasando la quirúrgica de 27.672 pacientes en junio de 2005 a 82.758 en septiembre de 2017 (recuérdese, después de abrir 11 nuevos hospitales), y en esa misma fecha el número de pacientes en lista de espera de consultas externas era de 403.338 personas y 118.273 en espera de pruebas diagnosticas, lo que hace un total de 604.369 personas en lista de espera (el 9,29% de la población total). O sea que la implantación de estos nuevos modelos no ha mejorado la situación asistencial, sino que la ha empeorado.
Las PFI son un primer paso para la privatización total
Una cuestión a tener en cuenta es que las PFI, al menos en Madrid, han querido ser convertidas por el gobierno regional en “concesiones administrativas” en el año 2012, lo que se logró parar por la amplia movilización social y profesional.
La ciudadanía prefiere la gestión pública
No sólo las movilizaciones expresan el rechazo generalizado de profesionales y ciudadanos ante estos fenómenos privatizadores, sino que las encuestas lo recogen también; así, el último Barómetro Sanitario (2016), ante la pregunta de cómo esta mejor gestionada la sanidad pública el 68,9% contesta que si lo hace la administración publica frente al 13,3% que piensa que lo hacen mejor las empresas privadas (por cierto el 71,1% en Cataluña y el 70,4% en Madrid).
Algunos Gobiernos autonómicos están iniciando procesos de reversión y/o de paralización de proyectos CPP
Otro fenómeno a tener en cuenta es la reversión que se esta produciendo de este tipo de “experimentos”. En Aragón, el gobierno (en ese momento del PP) reintegró el CASAR (un consorcio) a la red pública, y en Valencia el 1 de abril de este año se ha producido la reintegración del hospital de Alzira a la red pública, prometiéndose además que se hará lo mismo con el Hospital de Denia. Además, de han paralizado muchos proyectos, cuatro hospitales en Castilla La Mancha, dos en Extremadura, uno en Aragón y otro en Castellón (estos dos últimos casos con gobiernos del PP). Es decir, muchas administraciones públicas están reconociendo por la vía de los hechos que estos modelos no son buenas alternativas para la provisión de servicios sanitarios.
De todo lo expuesto, creo que queda bastante claro los muchos inconvenientes que tiene la denominada “colaboración público-privada” que han sido también reconocidos a nivel internacional, por múltiples estudios (el ultimo en 2014, el Informe del Comité de Expertos sanitarios de la UE). Y, por ello, es una obligación tanto desde el punto de vista económico como sanitario volver a la gestión pública de los recursos sanitarios, paralizando las privatizaciones y recuperando los centros privatizados.
Esta recuperación puede llevarse a cabo mediante 4 mecanismos:
1. La no renovación de los contratos a la expiración de los mismos. Es lo que se ha hecho en Alzira, y tiene el inconveniente de que los contratos generalmente tienen plazos muy dilatados que prolongarían excesivamente en el tiempo la necesaria recuperación de los centros privatizados.
2. La compra por parte de la administración pública de todas o algunas de las empresas propietarias de las concesiones. Es una evidencia, como ya se ha señalado, que muchas de las empresas que recibieron inicialmente las concesiones vendieron sus participaciones en las mismas por múltiples motivos: necesidad de liquidez, desinterés por continuar en las UTEs una vez concluidas las obras (caso de las constructoras), incluso quiebra de las mismas. Dado que las administraciones pública deben de autorizar estas ventas, es el momento de hacerse con la propiedad.
3. Seguimiento exhaustivo del cumplimiento de los contratos ejercitando la capacidad sancionadora ante los incumplimientos. La experiencia señala que el incumplimiento es la norma ante la pasividad de las administraciones públicas que, en teoría, deberían ejercer el control de las concesiones, y de ahí proviene una parte importante de la elevada rentabilidad de las empresas concesionarias. Aparte de que es imprescindible un adecuado control para garantizar la calidad de la atención sanitaria a la ciudadanía, es obvio que un estricto control favorecería la tendencia de las empresas incumplidoras a revertir los centros.
4. Por fin, la expropiación de los centros por motivos de interés general, teóricamente posible, pero la que entraña mas dificultades por el laberinto legal en que se vería envuelta incluidas las dificultades que plantean las normativas de la UE y otros tratados internacionales.
Obviamente, ha quedado demostrado que la privatización sanitaria debe y puede revertirse, y que ello depende básicamente de la voluntad política de hacerlo. Ahora bien, conviene hacerlo con prudencia, estudiando caso a caso los contratos existentes y valorando los pasos a dar en cada caso concreto, y que ello puede hacerse en cada comunidad autónoma independientemente de las demás, aunque es evidente que la reversión tiene un cierto efecto domino. Por supuesto, seria de gran ayuda que se derogasen las leyes estatales y autonómicas que favorecen esta privatización, así como la elaboración de una legislación que garantizase y reforzase la provisión y la gestión pública en el Sistema Nacional de Salud.
Conviene recordar también que esta política no será posible si no se cumplen tres premisas fundamentales: gobiernos progresistas y/o de izquierdas, un sector profesional significativo que apoye la Sanidad Pública, y un amplio apoyo social, que se exprese tanto en una opinión pública predominante a favor del sistema público de salud como en movilizaciones masivas en su apoyo.
Es muy importante avanzar en este camino con celeridad porque de su logro depende la calidad de la atención sanitaria, la garantía de la universalidad de la misma y, en suma, la protección de la salud de la población.
Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Vicepresidente de la Internacional Association of Helth Policy y miembro del Comité Científico del Observatorio Iberoamericano de Políticas y Sistemas de Salud.
Fuente:
http://www.mientrastanto.org/boletin-168/ensayo/los-modelos-de-colaboracion-publico-privada-en-el-ambito-de-la-gestion-sanitaria-
Una CPP es un contrato realizado entre la administración pública y una o varias empresas privadas por el que:
• La empresa privada financia, construye y gestiona algún elemento de un servicio publico y
• La empresa privada cobra a lo largo de varios años, ya sea mediante las tarifas abonadas por los usuarios (tasas, etc.), mediante los pagos de la administración pública o una combinación de ambos.
Como muy bien señala David May (PSI 2015) conviene recordar que el concepto de CPP no se utilizó antes de los anos 1990, pero las concesiones han existido durante mucho tiempo antes.
La base de las CPP consistía en que la empresa privada se comprometía a invertir su propio dinero y, a cambio, el Estado garantizaba a la empresa el monopolio en el suministro de ese servicio en la zona, y así la empresa podía obtener un retorno sobre el capital cobrando a los usuarios. Las concesiones se utilizaron con frecuencia en el siglo XIX para implantar sistemas de agua, gas y electricidad, así como ferrocarriles, que implicaban una elevada inversión de capital.
Pero el modelo CPP no fue capaz de proporcionar la magnitud de inversión requerida para los servicios universales a precios asequibles, por lo que, en general, fueron reemplazadas por entidades públicas que utilizaban financiación publica.
La versión moderna de las CPP, en la que el gobierno paga a la empresa privada (en lugar de los consumidores), fue inventada en Reino Unido en los anos 1980 por el gobierno de Margaret Thatcher. La introducción de reglas fiscales neoliberales redujo el endeudamiento estatal y la capacidad fiscal del estado, pero el gobierno quería poder invertir en infraestructura publica. Las CPP se plantearon como la solución, bajo el nombre de Iniciativa de Financiación Privada (PFI sus siglas en ingles). Aunque el gobierno se compromete a sufragar la inversión, como si él mismo hubiera tomado prestado el dinero, durante un periodo de muchos años que suele ser variable según los casos (entre 10 y 30 años), las normas contables permitían tratarlas como un préstamo privado, no como un préstamo o endeudamiento publico, de modo que el dinero puede tomarse prestado sin infringir las normas fiscales. La política también era atractiva para el gobierno de Thatcher, ya que representaba otra forma de privatización, permitiendo a las empresas privadas beneficiarse del dinero publico, y exigiendo a los servicios públicos que proporcionaran oportunidades comerciales rentables para la empresa privada, que pronto quedaron en manos de grandes multinacionales y fondos de inversión o de capital-riesgo.
Las CPP nacieron como una estratagema contable, una manera de sortear las propias restricciones del gobierno sobre el endeudamiento publico, y siguen teniendo una gran atracción para los gobiernos y las instituciones internacionales. De la misma forma que empresas como Enron habían intentado ocultar sus auténticos pasivos trasladándolos ‘fuera del balance’, los gobiernos comenzaron a utilizar las CPP como estratagemas…. gracias a las que las cuentas públicas imitaban la contabilidad creativa de algunas empresas privadas. Desde la caída de Enron, estas estratagemas han sido prohibidas para las empresas, pero las CPP –que se fundamentan en los mismos principios de maquillar/esconder el endeudamiento real– son frecuentemente promovidas por los gobiernos.
Para las empresas privadas implicadas –bancos, constructoras y empresas de servicios– las CPP representan una oportunidad comercial sumamente atractiva. Un solo contrato (generalmente suscrito por la propia administración publica) les proporciona una fuente de ingresos seguros y de alta rentabilidad durante muchos años. Las empresas pueden presionar a los políticos para garantizar que los gobiernos creen CPP, y las renegocien creando modificaciones y con ellas incrementos del endeudamiento y de los beneficios muchas veces durante la duración del contrato.
Desde el principio, la PFI fue criticada tanto por la derecha como por la izquierda por ser mucho mas cara que el uso de financiación publica, por perjudicar a los servicios, y por tratarse de una ‘estafa’ para encubrir la inversión y el endeudamiento publico real. Sin embargo, fue adoptada e incrementada por posteriores gobiernos del Reino Unido, y se creó una unidad especial dentro de la Tesorería, integrada principalmente por ejecutivos del sector privado, con el propósito de que actuara como un centro permanente dentro del gobierno para promover proyectos PFI.
Esta forma de actuar y los mecanismos utilizados para ello se han convertido en el modelo para las unidades de CPP creadas por numerosos gobiernos de todo el mundo.
Reino Unido ha utilizado las CPP para construir una amplia gama de edificaciones e infraestructuras: hospitales, escuelas, carreteras, ferrocarriles, instalaciones de defensa, y oficinas gubernamentales. Conforme se ampliaron los limites neoliberales de endeudamiento de la administración publica, también lo hicieron las CPP (por ejemplo, en Europa, donde las normas de la UE empezaron a limitar el endeudamiento publico al 3 por ciento del PIB).
Así se extendió inicialmente a Nueva Zelanda, Australia, Canáda y EE.UU., países todos ellos que empezaron a utilizar la CPP como un componente de la política de privatización, y una forma de maquillar unos presupuestos maquillados mediante la ocultación del endeudamiento.
En los países en desarrollo, los bancos de desarrollo y las empresas multinacionales fomentaron la proliferación de la CPP en los anos 1990, especialmente en los sectores del agua y de la energía, como parte de la promoción general de la privatización –y como una forma de evitar las restricciones fiscales que las mismas instituciones financieras internacionales imponían en los países en desarrollo–. La principal forma de privatización del agua eran las concesiones o los contratos de arrendamiento, que son una forma tradicional de CPP. En el sector energético, se ha producido una introducción generalizada de productores independientes de energía (IPP por sus siglas en ingles) con la compra de la electricidad por el sector público garantizada a largo plazo. Los CPP se han enfrentado a una fuerte resistencia popular y a importantes movilizaciones en su contra en muchos países, lo que ha conducido a la rescisión por ejemplo de numerosas concesiones de agua.
En diversas ocasiones se han señalado los aspectos generales de las contradicciones existentes entre el mercado, la provisión y gestión privada, y la garantía de un derecho básico como es el de la protección a la salud (ver: M Sánchez Bayle La privatización de la asistencia sanitaria en España. Fundación Alternativas. Documentos de trabajo Nº: 182/2014), por lo que no voy a incidir mas en el tema y voy a centrarme en la experiencia que existe sobre las denominadas “colaboraciones público-privadas” en nuestro país, y esto con algunas limitaciones importantes porque, si en general la administración sanitaria peca de escasa transparencia, en este tema la opacidad es casi total, y las cosas se conocen porque ha pasado tiempo y porque se ha puesto mucho empeño en averiguar los datos.
Como ya se ha señalado, las CPP no son ni mucho menos exclusivas del sector sanitario, pero en él han tenido un importante desarrollo; desde el Reino Unido, donde se iniciaron los primeros experimentos, se han extendido a muchos otros países en casi todo el mundo (España, Portugal, Italia. Canáda, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Chile, Perú, etc.) y continúan numerosos intentos de expansión. Un hecho a resaltar es que en Latinoamérica son generalmente empresas de titularidad y origen español (aunque ya se han convertido en sucursales de multinacionales norteamericanas o alemanas) las que están siendo la punta de lanza de esta expansión del modelo CPP.
En España, se han desarrollado dos modelos de CPP en los centros sanitarios, la denominada iniciativa de financiación privada (del que hay 7 centros en Madrid, uno en Baleares, otro en Castilla y León y otro en Galicia), y las “concesiones administrativas”, también conocido como modelo Alzira por ser este el primer centro donde se implantó (con 5 centros en Valencia y 4 en Madrid). Cuando se iniciaron los hospitales PFI en nuestro país, ya existía amplia experiencia en otros países y se había publicado en 2006 en el Boletín de la OMS un articulo que señalaba que el modelo tenía muchos e importantes problemas, y que la única ventaja conocida era que las construcciones se realizaban en el plazo señalado (en España esta supuesta ventaja no se produjo de manera generalizada llegando al extremo de que un hospital de Vigo se abrió con 4 años de retraso).
De los datos de la experiencia en nuestro país pueden extraerse los siguientes problemas para estos modelos de CPP:
Incremento de los costes
Se ha constatado un notable aumento de los costes de estos centros: en el caso de los 7 hospitales PFI de Madrid, con un coste de construcción de 701 millones €, en el año 2011 las empresas concesionarias habían recibido 761,3 millones € de acuerdo con el contrato inicial, quedando pendientes 4.284 millones €. Pero, es más, se descubrió gracias a un Informe del Tribunal de Cuentas que en 2010 se les habían concedido 80 millones € sobre el contrato inicial, y aprobado un aumento de 9,1 millones € del canon. No es pues de extrañar que en 2010 el coste por cama anual fuera de 434.868 € frente a los 277.235 € de los centros de gestión tradicional. Lo mismo puede decirse del hospital de Burgos cuyo sobre coste inicial se ha disparado aún más con las sucesivas modificaciones (de 1.000 millones € del contrato inicial, frente a un coste de construcción de menos de 200 millones, estamos en 1.700 millones € en 2017), y del hospital de Vigo, que ha pasado de un presupuesto de 331,7 millones € en su construcción por el modelo tradicional a un contrato de 1.566,4 millones €.
Por otro lado, en varios casos se ha demostrado que la inversión inicial que supuestamente realizan las empresas adjudicatarias no es tal, ya que recurren a créditos públicos de la Banca Europea de Inversiones avalados por los correspondientes gobiernos de las CCAA, por lo que su aportación y su riesgo es cero.
Otro hecho constatado en el caso de Madrid es que la parte publica de los hospitales PFI asume costes que por contrato pertenecen a las concesionarias; así se ha evidenciado en el hospital de Majadahonda, donde el personal de mantenimiento durante años fue pagado por el SERMAS, y en el hospital de Vallecas donde la jardinería y personal administrativo eran del SERMAS a pesar de corresponder a las concesionarias, que sin embargo no pagaba ni recibía ningún recorte en el canon. En Alzira, recientemente, la Consejería ha reclamado a la concesionaria 102 millones DE € correspondientes a salarios de personal estatutario que durante 3 años había trabajado “gratis” para Ribera Salud.
Hipotecan a la política sanitaria
Y lo hacen porque se trata de contratos a muy largo plazo que impiden la necesaria flexibilidad y capacidad de adaptación que debe tener el servicio sanitario a las necesidades de la población, y también porque los contratos garantizan actualizaciones automáticas de las cantidades a percibir (ligadas al IPC o similar según cada caso concreto) que no tienen relación con la evolución de los presupuestos sanitarios públicos (durante la crisis, recortes de cerca del 20% de los presupuestos de las CCAA) lo que ha agravado los recortes de los centros públicos acaparando los centros de gestión privatizada una parte cada vez mayor de una tarta más pequeña.
Mala calidad de la construcción y equipamientos
Otro aspectos reseñable y bastante generalizado es la mala calidad de la construcción y los equipamientos de estos centros; así se ha comprobado en los hospitales PFI de Madrid por la propia inspección del Ministerio de Trabajo, en el nuevo hospital de Vigo, que tuvo incluso que paralizar su apertura por estos problemas, y en el hospital de Burgos, con numerosas incidencias.
Disminuyen el número de camas y el personal sanitario.
Los hospitales PFI han disminuido el número de camas y personal sanitario no solo en ellos sino, de manera derivada, en los centros de gestión tradicional. Así, en la Comunidad de Madrid el numero de camas financiadas públicamente pasó de 15.531 en 2009 a 15.035 en 2015 (un 3,19% menos) y, por el medio, se habían abierto 11 nuevos hospitales, con lo que hemos conseguido un record Guinness de construir hospitales y en paralelo disminuir el número de camas gracias a la reducción de camas en los centros de gestión tradicional, que han pasado de 14.749 camas a solo 13.504; ello, evidentemente producido para favorecer el negocio de los nuevos centros. En el caso del hospital de Vigo también se ha producido una reducción importante de las dotaciones (camas, quirófanos, consultas, etc).
También se ha detectado una disminución del número de profesionales sanitarios, tanto médicos como de enfermería (por cama y por habitante adscrito al centro) en estos modelos, más acusado en el caso de las “concesiones administrativas” que en los PFI, que frecuentemente asumen el personal de un centro preexistente.
Eliminan el personal no sanitario
En los centros PFI de Madrid se eliminó el personal no sanitario, desapareciendo 26 categorías (lo que supuso 19.500 trabajadores menos). Un hecho llamativo que se ha detectado es que el personal contratado por las concesionarias era netamente inferior al fijado en los pliegos de condiciones, así como que se producía una sistemática subcontratación de estas tareas a veces con una intolerable rotación de las subcontratas; en uno de los centros, en 1 año se hicieron cargo de las mismas tareas 11 subcontratas.
Empeoran las condiciones laborales
En el Reino Unido, el 13% de las enfermeras tituladas son reemplazadas por ayudantes de atención sanitaria. Los hospitales PFI tenían entre un 20 y un 30% menos de plantilla que los públicos (14% menos de médicos y enfermería, 38% menos de personal de apoyo). El NHS (sistema de sanidad británico) calcula en 100.000 el número de puestos de trabajo menos (el 10% de la plantilla) 36.000 de ellos en el 2007. Como resultado, se produjo un éxodo en enfermería: el 45 % de las enfermeras tituladas en 4 años se fueron al extranjero, lo que explica la elevada demanda de estos profesionales en otros países (Portugal, España).
En Madrid, las concesiones administrativas tienen mas horario (40 horas frente a 37,5) y menores retribuciones (300 € mensuales de promedio).
Externalizan o privatizan aspectos claves
De entrada, dejan en manos de empresas privadas (frecuentemente subcontratas) los almacenes y distribución, la documentación clínica y administrativa (poniendo en riesgo la confidencialidad de los datos sanitarios), el mantenimiento integral, con resultados desastrosos en el caso de los hospitales de Madrid, la lavandería y esterilización (con graves problemas de abastecimiento y calidad), la limpieza y el catering (tiempo antes privatizados en casi todos los centros), los residuos urbanos, el transporte interno-externo y la gestión auxiliar, el apoyo administrativo, recepción y centralita, la cafetería, Parking y tiendas (también privatizados en los centros de gestión tradicional). Todo ello dificulta la coordinación entre estos aspectos, muchos de ellos clave para la actividad asistencial.
Además, se ha privatizado en otras empresas el laboratorio (en Madrid); el control del funcionamiento de los centros (en Galicia y Madrid); la informática está privatizada y, además, utilizan distintos sistemas informáticos que el resto de la red publica, con problemas de accesibilidad de la información; y el centro de llamadas está privatizado y se utiliza para derivaciones sistemáticas al sector privado. La extracción de sangre periférica se privatizó con resultados negativos, y en salud mental se privatizaron Centros de Salud Mental, hospitalización de agudos y larga estancia, centros de apoyo, etc.
La radiología se centraliza en el anillo radiológico, empresa pública situada en uno de los hospitales.
Las privatizaciones recogidas en el segundo párrafo suponen un incremento de costes que no están registrados en los costes calculados en los contratos, por lo que el sobrecoste real es muy superior al descrito.
Aumentan los costes para la población
Los costes de los servicios prestados por las concesionarias, por ejemplo el parking, se incrementan de manera exponencial dificultando seriamente la accesibilidad a las personas con menos recursos.
Acaban en manos de grandes multinacionales que hipotecan la soberanía y la prestación de un servicio básico
Aunque las PFI y las concesiones inicialmente se concedieron a empresas nacionales, éstas han acabado vendiendo su participación a grandes multinacionales que hipotecan la soberanía en la prestación de un servicio público básico. Que sepamos, hasta ahora son:
Hospitales de Parla, Coslada y Arganda en manos de LBIP.BV, en manos de LLoyd Bank. Majadahonda, comprado por DIF, fondo holandés.
Ribera Salud en manos de Centene, fondo de EEUU de aseguramiento y provisión sanitaria. Valdemoro y Fundación Jiménez Diaz, en manos de Fresenius (fondo de pensiones alemán que es mayoritario en la prestación privada con fondos publicos: mas de 1.500 millones € en el ultimo año). Torrejón, pertenece a Sanitas-BUPA, multinacional inglesa con presencia en Europa, Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda y Arabia.
El gran problema de estas multinacionales es que, por un lado, tienen una gran capacidad de presión (económica y política) sobre las administraciones públicas y, por otro, si no les interesan las condiciones de rentabilidad pueden “desaparecer”, cerrando centros y provocando un problema de cobertura asistencial.
Favorecen las corruptelas
La gran opacidad que caracteriza estos modelos favorece las corruptelas y/o la corrupción. En nuestro país se han identificado dos tipos: por un lado, las denominadas eufemísticamente “puertas giratorias” (así, dos exconsejeros madrileños que habían impulsado las privatizaciones acabaron en altos cargos de las empresas beneficiadas por éstas, cuando su escasa cualificación y conocimientos sanitarios son notorios). Por el otro, varias de estas adjudicaciones (hasta el presente la del hospital Son Espases y la de los centros PFI de Madrid) se encuentran en los tribunales por presunto cobro de comisiones y/o derivación de fondos a campañas electorales.
Empeoran la atención sanitaria al poner los intereses económicos y la rentabilidad por delante del derecho a la salud
Este es un tema de gran complejidad porque hay pocos datos (de nuevo, la opacidad) y existen diferencias entre los dos modelos de CPP (PFI y concesiones). En cualquier caso, este empeoramiento viene por dos vías: por un lado la directa, la mas complicada de demostrar, aunque existen casos como el hospital de Stafordshirre, una fundacion trusts del Reino Unido donde sendos informes del parlamento y del NHS establecieron que se había producido un exceso de mortalidad de entre 400 y 1.200 personas en 4 años, debido a los incentivos comerciales que primaban en el centro. En nuestro país hay un informe de UGT en la Comunidad Valenciana que cuantifica en 2.752 la mortalidad atribuible a la política privatizadora en esa comunidad autónoma.
La segunda vía es la del deterioro que producen los sobrecostes unidos a los recortes en el conjunto del sistema sanitario. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se han disparado las listas de espera, pasando la quirúrgica de 27.672 pacientes en junio de 2005 a 82.758 en septiembre de 2017 (recuérdese, después de abrir 11 nuevos hospitales), y en esa misma fecha el número de pacientes en lista de espera de consultas externas era de 403.338 personas y 118.273 en espera de pruebas diagnosticas, lo que hace un total de 604.369 personas en lista de espera (el 9,29% de la población total). O sea que la implantación de estos nuevos modelos no ha mejorado la situación asistencial, sino que la ha empeorado.
Las PFI son un primer paso para la privatización total
Una cuestión a tener en cuenta es que las PFI, al menos en Madrid, han querido ser convertidas por el gobierno regional en “concesiones administrativas” en el año 2012, lo que se logró parar por la amplia movilización social y profesional.
La ciudadanía prefiere la gestión pública
No sólo las movilizaciones expresan el rechazo generalizado de profesionales y ciudadanos ante estos fenómenos privatizadores, sino que las encuestas lo recogen también; así, el último Barómetro Sanitario (2016), ante la pregunta de cómo esta mejor gestionada la sanidad pública el 68,9% contesta que si lo hace la administración publica frente al 13,3% que piensa que lo hacen mejor las empresas privadas (por cierto el 71,1% en Cataluña y el 70,4% en Madrid).
Algunos Gobiernos autonómicos están iniciando procesos de reversión y/o de paralización de proyectos CPP
Otro fenómeno a tener en cuenta es la reversión que se esta produciendo de este tipo de “experimentos”. En Aragón, el gobierno (en ese momento del PP) reintegró el CASAR (un consorcio) a la red pública, y en Valencia el 1 de abril de este año se ha producido la reintegración del hospital de Alzira a la red pública, prometiéndose además que se hará lo mismo con el Hospital de Denia. Además, de han paralizado muchos proyectos, cuatro hospitales en Castilla La Mancha, dos en Extremadura, uno en Aragón y otro en Castellón (estos dos últimos casos con gobiernos del PP). Es decir, muchas administraciones públicas están reconociendo por la vía de los hechos que estos modelos no son buenas alternativas para la provisión de servicios sanitarios.
De todo lo expuesto, creo que queda bastante claro los muchos inconvenientes que tiene la denominada “colaboración público-privada” que han sido también reconocidos a nivel internacional, por múltiples estudios (el ultimo en 2014, el Informe del Comité de Expertos sanitarios de la UE). Y, por ello, es una obligación tanto desde el punto de vista económico como sanitario volver a la gestión pública de los recursos sanitarios, paralizando las privatizaciones y recuperando los centros privatizados.
Esta recuperación puede llevarse a cabo mediante 4 mecanismos:
1. La no renovación de los contratos a la expiración de los mismos. Es lo que se ha hecho en Alzira, y tiene el inconveniente de que los contratos generalmente tienen plazos muy dilatados que prolongarían excesivamente en el tiempo la necesaria recuperación de los centros privatizados.
2. La compra por parte de la administración pública de todas o algunas de las empresas propietarias de las concesiones. Es una evidencia, como ya se ha señalado, que muchas de las empresas que recibieron inicialmente las concesiones vendieron sus participaciones en las mismas por múltiples motivos: necesidad de liquidez, desinterés por continuar en las UTEs una vez concluidas las obras (caso de las constructoras), incluso quiebra de las mismas. Dado que las administraciones pública deben de autorizar estas ventas, es el momento de hacerse con la propiedad.
3. Seguimiento exhaustivo del cumplimiento de los contratos ejercitando la capacidad sancionadora ante los incumplimientos. La experiencia señala que el incumplimiento es la norma ante la pasividad de las administraciones públicas que, en teoría, deberían ejercer el control de las concesiones, y de ahí proviene una parte importante de la elevada rentabilidad de las empresas concesionarias. Aparte de que es imprescindible un adecuado control para garantizar la calidad de la atención sanitaria a la ciudadanía, es obvio que un estricto control favorecería la tendencia de las empresas incumplidoras a revertir los centros.
4. Por fin, la expropiación de los centros por motivos de interés general, teóricamente posible, pero la que entraña mas dificultades por el laberinto legal en que se vería envuelta incluidas las dificultades que plantean las normativas de la UE y otros tratados internacionales.
Obviamente, ha quedado demostrado que la privatización sanitaria debe y puede revertirse, y que ello depende básicamente de la voluntad política de hacerlo. Ahora bien, conviene hacerlo con prudencia, estudiando caso a caso los contratos existentes y valorando los pasos a dar en cada caso concreto, y que ello puede hacerse en cada comunidad autónoma independientemente de las demás, aunque es evidente que la reversión tiene un cierto efecto domino. Por supuesto, seria de gran ayuda que se derogasen las leyes estatales y autonómicas que favorecen esta privatización, así como la elaboración de una legislación que garantizase y reforzase la provisión y la gestión pública en el Sistema Nacional de Salud.
Conviene recordar también que esta política no será posible si no se cumplen tres premisas fundamentales: gobiernos progresistas y/o de izquierdas, un sector profesional significativo que apoye la Sanidad Pública, y un amplio apoyo social, que se exprese tanto en una opinión pública predominante a favor del sistema público de salud como en movilizaciones masivas en su apoyo.
Es muy importante avanzar en este camino con celeridad porque de su logro depende la calidad de la atención sanitaria, la garantía de la universalidad de la misma y, en suma, la protección de la salud de la población.
Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Vicepresidente de la Internacional Association of Helth Policy y miembro del Comité Científico del Observatorio Iberoamericano de Políticas y Sistemas de Salud.
Fuente:
http://www.mientrastanto.org/boletin-168/ensayo/los-modelos-de-colaboracion-publico-privada-en-el-ambito-de-la-gestion-sanitaria-
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