SERGIO C. FANJUL
22 NOV 2019 -
00:14 CET
Tiene un aire a Chanquete, el de Verano Azul, con su gorra, su barba blanca, su rostro curtido por el tiempo, los ojos vivarachos.
Dilfenio Romero, de 66 años, trabajó casi 40 en el Canal de Isabel II y hace 24 creó Burrolandia, la Asociación Amigos del Burro, por la zona de Tres Cantos. Se pasea campechano por sus dominios, rodeado de burros, caballos, cabras, perros y otros animales, con un bastón en la mano. Los domingos los visitantes humanos, entre rebuznos, dan zanahorias y lechuga a los burros, más de 50 ejemplares (leoneses, zamoranos, extremeños, africanos…) que Romero ha rescatado, ahora que la mecanización les ha sustituido en las labores del campo: están en peligro de extinción. Con ayuda de sus colaboradores les recoge, les cuida, les cura, les proporciona una existencia plácida. “Es gratificante, es lo que me da la vida”, dice.
Qué bonitos son los borricos. ¿Por qué los humanos usamos burro como sinónimo de tonto?
Es un mito. El burro es más inteligente que el caballo, y con diferencia. Si tienes siete caballos y metes un burro, a la semana todos los caballos siguen al burro. Cuando no había topógrafos ni ingenieros de caminos mandaban a un burro y, por donde pasaba, construían el mejor camino. Son tremendamente inteligentes.
¿Por qué está en peligro de extinción?
Cuando era niño, en mi pueblo, Alcolea de Tajo, Toledo, el burro era imprescindible para ir a por agua, a por leña, no había coches ni camiones. Todo lo hacíamos con los burros. En mi familia había muchos arrieros, así que les cogí muchísimo cariño.
¿Ya no sirven para nada?
Aquí tratamos de reubicarlos, por ejemplo, mediante la burroterapia, que ayuda a niños discapacitados. Es un animal muy dócil, muy cariñoso, a los niños no les da miedo. Con esa función esperamos que se mantengan.
¿De dónde salen estos animales?
Les recogemos, muchas veces abandonados. No solemos traer caballos, pero el otro día nos llamaron porque había una cuadra abandonada, la mitad estaban muertos. No tenemos mucha ayuda, nos llaman las instituciones para recoger animales y luego se olvidan de ti. Que al menos nos den sacos de pienso para que coman los animales.
¿Cómo se financian?
Pues con lo que ves aquí: merchandising, camisetas, bocadillos y con los cubos de comida que vendemos para que la gente alimente a los animales. No cobramos entrada, para que sea accesible a las familias. Esto no es un negocio. Abrimos el domingo por la mañana y hasta luego Lucas, hasta el domingo siguiente. Por semana viene algún colegio.
¿Cómo empezó?
Pues yo solo, en este prado, aquí no había nada. Empecé a recoger madera y construí estas casetas y estas cuadras. Algunas todavía aguantan desde el principio. En 2018 tuvimos un incendio que arrasó las oficinas, pero ya las hemos vuelto a construir.
Hay gente que trata mal a los animales.
Hace poco me llamaron para recoger una burra que andaba perdida por un pueblo de Cuenca, de un lado para otro, atravesando las carreteras. Los chavales del pueblo se montaban encima, le daban vino, le hacían putadas… Fui para allá con el remolque y me la traje. Se llama Cecilia.
Debe tener un montón de historias.
Claro: por ejemplo, un burro, llamado Viti, que tenía el lomo hundido como un dromedario de trabajar toda la vida llevando leña y carbón. Su dueño había vivido de él toda la vida… ¡mantuvo así a cinco hijos! Cuando el señor envejeció y le tenían que llevar a la residencia de ancianos, se negó hasta que le aseguraron que yo iba a recoger al burro.
Qué cosas.
Hay otra que no se me olvidará nunca. Un médico rural leonés que iba por el mundo, de pueblo en pueblo, visitando a enfermos con su burra Margarita. Cuando nacían niños y celebraban, los aldeanos le invitaban a aguardiente. Se cogía unos melocotones que no podía ni andar. Así que le subían a la burra, le ponían una manta encima y decían: “Margarita, pa’ casa”. Y la burra le llevaba a casa, a veinte kilómetros, o más, por el monte. Fíjate si son listos.
¿Es ahora la gente más sensible a los animales?
Sí, la gente está más concienciada ahora con los animales, aunque no todo el mundo. ¿Sabes quienes está más concienciados? No los chavales jóvenes, sino las personas mayores, las que han convivido con ellos.
LECHE DE BURRA, COMO EN SU INFANCIA
“La leche de burra está buenísima y tiene muchas propiedades, dado su alto contenido en retinol”, explica Romero. De niño, en el pueblo, acostumbraba a beber este preciado líquido. No en vano, dicen que la mismísima Cleopatra la usaba como cosmético natural. Uno de los quesos más caros del mundo, a 1.260 euros el kilo, procedente de Zasavica, Serbia, está hecho con esta leche.
https://elpais.com/ccaa/2019/11/21/madrid/1574333617_961582.html?rel=lom
domingo, 12 de enero de 2020
sábado, 11 de enero de 2020
Jeanine Áñez, presidenta interina por la gracia del Eterno. La mandataria de Bolivia, que llegó al cargo exhibiendo la Biblia, se vistió de Papá Noel en Nochebuena
El mundo la conoció exhibiendo un ejemplar de los cuatro Evangelios mientras se abría paso entre sus seguidores en la plaza de Murillo de La Paz. El recorrido, de apenas unos pasos, simbolizaba la convulsión por la que atravesaba Bolivia. Del Palacio Legislativo, donde Jeanine Áñez, de 52 años, era una desconocida vicepresidenta segunda del Senado, al Palacio Quemado, sede del Gobierno. Allí tomó posesión como presidenta interina el 12 de noviembre, dos días después de la renuncia de Evo Morales, el líder indígena que pilotó el país durante casi 14 años y que dimitió tras perder el respaldo de las Fuerzas Armadas. Todo lo que vino después fue una ruptura con el pasado reciente: con los resortes de poder del Movimiento al Socialismo (MAS), el antiguo partido oficialista, y también con las premisas de un Estado laico.
“Han permitido que la Biblia vuelva a Palacio. Que Dios los bendiga”, clamó. Áñez asumió el cargo gracias a un mecanismo de sucesión contemplado en la Constitución y tras la dimisión de los dirigentes parlamentarios afines a Morales. Sus primeras palabras como jefa del Gabinete provisional transmiten la idea del giro que pretendía impulsar con la ayuda de algunos colaboradores. Su cometido debía limitarse a facilitar nuevas elecciones, una vez impugnados por la Organización de los Estados Americanos (OEA) los comicios celebrados a finales de noviembre por sospechas de fraude. Lo dijo a EL PAÍS también Carlos Mesa, principal candidato de la oposición: “Para la legitimidad de este Gobierno es clave el pilar de la convocatoria de elecciones”. La fecha quedó fijada finalmente la noche del viernes al filo del límite legal, el próximo 3 de mayo. La mandataria interina, abogada y antigua presentadora de televisión, promulgó antes de Navidad una norma que regula el proceso electoral en coordinación entre el Ejecutivo, el poder legislativo y el Tribunal Supremo Electoral. Mientras tanto, ha tomado decisiones de alcance político desde el primer día.
a última fue la expulsión de la encargada de Negocios de la Embajada de España en La Paz, el cónsul y varios policías españoles a los que los sectores más radicales de su Gabinete acusaron de conspirar junto con la embajadora mexicana, que también fue declarada persona non grata, para facilitar la fuga de unos miembros del antiguo Gobierno asilados en dependencias diplomáticas de México. España respondió apartando a tres representantes bolivianos. Días después, la ministra de Exteriores trató de rebajar la tensión: “Bolivia desea superar este impasse a la mayor brevedad posible”, declaró.
Mientras se concretaba la nueva cita electoral, Áñez expulsó a varios diplomáticos españoles
Áñez, la segunda mujer que ocupa la presidencia de Bolivia —la primera fue Lidia Gueiler (1979-1980)—, era senadora del Movimiento Demócrata Social (MDS), formación conservadora que gobierna el departamento de Santa Cruz, el más poblado del país. El aspirante de ese partido, Óscar Ortiz, apenas superó el 4% en las pasadas elecciones. Pero la carambola institucional que se activó después de la salida de Morales otorgó el poder a varios de sus exponentes y a otros halcones de la derecha como Arturo Murillo, actual ministro de Gobierno con competencia en políticas de seguridad. Este se estrenó anunciando una “cacería” de rivales políticos como Juan Ramón Quintana, antiguo colaborador del expresidente y hoy refugiado en la Embajada de México.
En el origen de esta fractura política está el clima de elevada polarización en el que la sociedad acudió a las urnas en noviembre. Casi tres lustros de Gobierno del MAS y la decisión de la justicia, que habilitó a Morales como candidato pese a haber perdido un referéndum sobre reelección en 2016, contribuyeron a alimentar un bloque de adversarios que ya no estaba dispuesto a ejercer una oposición democrática tradicional. Áñez asumió el cargo en medio de acusaciones de golpe de Estado y una fuerte oleada de protestas. Uno de sus primeros decretos eximió a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal en la represión de los manifestantes. Lo retiró cuando las movilizaciones remitieron, después de más de 30 muertos y cientos de heridos. Declaró en su primer encuentro con la prensa internacional que no habría persecución de adversarios. Pero desde el principio dejó claro que si Morales, quien hoy se encuentra asilado en Argentina, decidía volver, se enfrentaría a la justicia. En diciembre la Fiscalía emitió una orden de arresto contra el exmandatario por terrorismo y sedición.
A eso se añade el poder que la religión y las sectas evangélicas ejercen sobre sus seguidores. El anuncio del regreso de la Biblia al Palacio de Gobierno no es una anécdota. Igual que no lo es su aparición en televisión antes de Navidad vestida de Papá Noel. La noche en que tomó posesión, en Santa Cruz miles de personas esperaban a Fernando Camacho y Marco Pumari, líderes vinculados a los comités cívicos regionalistas, para celebrar el derrocamiento de Morales. Un predicador empuñó el micrófono e improvisó un exorcismo colectivo. “Satanás, fuera de Bolivia, ¡ahora!”, espetó. Hoy Camacho y Pumari han formado una alianza para las próximas elecciones, mientras que Áñez ha descartado públicamente la posibilidad de ser candidata.
https://elpais.com/elpais/2020/01/03/ideas/1578062667_214891.html
“Han permitido que la Biblia vuelva a Palacio. Que Dios los bendiga”, clamó. Áñez asumió el cargo gracias a un mecanismo de sucesión contemplado en la Constitución y tras la dimisión de los dirigentes parlamentarios afines a Morales. Sus primeras palabras como jefa del Gabinete provisional transmiten la idea del giro que pretendía impulsar con la ayuda de algunos colaboradores. Su cometido debía limitarse a facilitar nuevas elecciones, una vez impugnados por la Organización de los Estados Americanos (OEA) los comicios celebrados a finales de noviembre por sospechas de fraude. Lo dijo a EL PAÍS también Carlos Mesa, principal candidato de la oposición: “Para la legitimidad de este Gobierno es clave el pilar de la convocatoria de elecciones”. La fecha quedó fijada finalmente la noche del viernes al filo del límite legal, el próximo 3 de mayo. La mandataria interina, abogada y antigua presentadora de televisión, promulgó antes de Navidad una norma que regula el proceso electoral en coordinación entre el Ejecutivo, el poder legislativo y el Tribunal Supremo Electoral. Mientras tanto, ha tomado decisiones de alcance político desde el primer día.
a última fue la expulsión de la encargada de Negocios de la Embajada de España en La Paz, el cónsul y varios policías españoles a los que los sectores más radicales de su Gabinete acusaron de conspirar junto con la embajadora mexicana, que también fue declarada persona non grata, para facilitar la fuga de unos miembros del antiguo Gobierno asilados en dependencias diplomáticas de México. España respondió apartando a tres representantes bolivianos. Días después, la ministra de Exteriores trató de rebajar la tensión: “Bolivia desea superar este impasse a la mayor brevedad posible”, declaró.
Mientras se concretaba la nueva cita electoral, Áñez expulsó a varios diplomáticos españoles
Áñez, la segunda mujer que ocupa la presidencia de Bolivia —la primera fue Lidia Gueiler (1979-1980)—, era senadora del Movimiento Demócrata Social (MDS), formación conservadora que gobierna el departamento de Santa Cruz, el más poblado del país. El aspirante de ese partido, Óscar Ortiz, apenas superó el 4% en las pasadas elecciones. Pero la carambola institucional que se activó después de la salida de Morales otorgó el poder a varios de sus exponentes y a otros halcones de la derecha como Arturo Murillo, actual ministro de Gobierno con competencia en políticas de seguridad. Este se estrenó anunciando una “cacería” de rivales políticos como Juan Ramón Quintana, antiguo colaborador del expresidente y hoy refugiado en la Embajada de México.
En el origen de esta fractura política está el clima de elevada polarización en el que la sociedad acudió a las urnas en noviembre. Casi tres lustros de Gobierno del MAS y la decisión de la justicia, que habilitó a Morales como candidato pese a haber perdido un referéndum sobre reelección en 2016, contribuyeron a alimentar un bloque de adversarios que ya no estaba dispuesto a ejercer una oposición democrática tradicional. Áñez asumió el cargo en medio de acusaciones de golpe de Estado y una fuerte oleada de protestas. Uno de sus primeros decretos eximió a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal en la represión de los manifestantes. Lo retiró cuando las movilizaciones remitieron, después de más de 30 muertos y cientos de heridos. Declaró en su primer encuentro con la prensa internacional que no habría persecución de adversarios. Pero desde el principio dejó claro que si Morales, quien hoy se encuentra asilado en Argentina, decidía volver, se enfrentaría a la justicia. En diciembre la Fiscalía emitió una orden de arresto contra el exmandatario por terrorismo y sedición.
A eso se añade el poder que la religión y las sectas evangélicas ejercen sobre sus seguidores. El anuncio del regreso de la Biblia al Palacio de Gobierno no es una anécdota. Igual que no lo es su aparición en televisión antes de Navidad vestida de Papá Noel. La noche en que tomó posesión, en Santa Cruz miles de personas esperaban a Fernando Camacho y Marco Pumari, líderes vinculados a los comités cívicos regionalistas, para celebrar el derrocamiento de Morales. Un predicador empuñó el micrófono e improvisó un exorcismo colectivo. “Satanás, fuera de Bolivia, ¡ahora!”, espetó. Hoy Camacho y Pumari han formado una alianza para las próximas elecciones, mientras que Áñez ha descartado públicamente la posibilidad de ser candidata.
https://elpais.com/elpais/2020/01/03/ideas/1578062667_214891.html
viernes, 10 de enero de 2020
_- La segunda ola de la rendición de cuentas algorítmica
_- Durante la última década, la rendición de cuentas de los sistemas basados en el uso de algoritmos se ha convertido en una importante preocupación para los científicos sociales, informáticos, periodistas y abogados. Se han producido filtraciones que han dado lugar a debates vibrantes sobre la imposición de penas en base al uso de algoritmos. Los investigadores han expuesto casos de gigantes tecnológicos que muestran las mismas ofertas de trabajo con salarios más bajos a las mujeres, que discriminan a los ancianos, que implementan patrones oscuros y capciosos que engañan a los consumidores para que compren cosas, y que manipulan a los usuarios para que caigan en agujeros de contenido fanático. Aquellos legisladores comprometidos con la defensa de lo público han comenzado a trabajar en la transparencia algorítmica y en la justicia en la red, basándose en el trabajo de académicos del ámbito del Derecho, que reclaman un proceso tecnológico justo, neutralidad de las plataformas y principios de no-discriminación.
Esta labor política está surgiendo a medida que los expertos traducen la investigación académica y las demandas de los activistas en leyes y reglamentos. Los legisladores están proponiendo proyectos de ley que requieren estándares básicos de transparencia y de auditoría de los algoritmos. Estamos comenzando un largo camino para asegurar que los procesos de contratación y de cobertura financiera basados en el uso de inteligencia artificial (IA) no se utilicen si tienen un impacto discriminatorio en las comunidades históricamente vulnerables. Y así como esta “primera ola” de investigación y de activismo sobre la rendición de cuentas algorítmica ha apuntado a los sistemas existentes, una “segunda ola” emergente se ocupa de cuestiones más estructurales. Ambas olas serán esenciales para asegurar una economía política de la tecnología más justa y genuinamente emancipadora.
Aunque hubo un primer momento de enamoramiento por la evaluación computacional de las personas, muchos —incluyendo miembros del establishment corporativo y gubernamental— reconocen ahora que los datos pueden estar sesgados, o ser inexactos o inapropiados. Los académicos han establecido espacios institucionales como el evento anual “Fairness, Accountability, and Transparency in Machine Learning”, con el objetivo de que programadores, juristas y científicos sociales interactúen regularmente y puedan abordar preocupaciones relativas a la justicia social. Cuando las empresas y los gobiernos anuncian planes para utilizar IA, se presentan desafíos y se reclaman auditorías. En algunos casos esto da lugar a verdaderos cambios políticos. Por poner un ejemplo, el gobierno Liberal australiano ha revertido recientemente algunas políticas de “robodebt” (que consiste en el uso de programas informáticos automatizados para la recuperación de deudas) y, finalmente, ha tenido que echarse atrás ante la justificada indignación provocada.
Todos estos avances son el resultado de una “primera ola” (tomando prestada una periodización familiar en la historia del feminismo) de promoción e investigación acerca de la rendición de cuentas algorítmica. Estas son acciones vitales, y deben prolongarse indefinidamente —debe haber una constante vigilancia del uso de IA en los sistemas socio-técnicos, que son con demasiada frecuencia los legisladores no reconocidos de nuestro acceso diario a la información, al capital, e incluso a las citas amorosas—. Sin embargo, como han advertido Julia Powles y Helen Nissenbaum, no podemos detenernos en esta primera ola. Ellas plantean las siguientes preguntas:
¿Qué sistemas vale realmente la pena crear? ¿Cuáles son los problemas más urgentes a abordar? ¿Quién está mejor posicionado para crear estos sistemas? ¿Y quién toma la decisión de hacerlo? Necesitamos auténticos mecanismos de rendición de cuentas, ajenos a las empresas y accesibles para los ciudadanos. Cualquier sistema de IA que se integre en la vida de las personas debe ser objeto de contestación, de rendición de cuentas y de reparación ante los ciudadanos y los representantes del interés público.
Mientras que la primera ola de rendición de cuentas algorítmica se centra en la mejora de los sistemas existentes, una segunda ola de investigación cuestiona si estos deben ser utilizados —y, en caso afirmativo, quién debe gobernarlos—.
Por ejemplo, en lo que respecta al reconocimiento facial, los investigadores de la primera ola han demostrado que muchos sistemas no están preparados para identificar correctamente los rostros de las minorías. Estos investigadores se centran en hacer que el reconocimiento facial sea más inclusivo, asegurándose de que tenga el mismo índice de éxito para las minorías que para las mayorías. Sin embargo, investigadores y defensores de la segunda ola se han preguntado lo siguiente: ¿Si estos sistemas se utilizan a menudo para la opresión o la estratificación social, debe ser la inclusión el objetivo? ¿No es mejor prohibirlos, o al menos asegurar que sólo se autoricen para usos socialmente productivos?
Las preocupaciones de la segunda ola son todavía más profundas en relación al uso de la IA para la “clasificación facial”, que ha sido promovida como un mecanismo capaz (o inminentemente capaz) de reconocer la orientación sexual, las tendencias criminales y el riesgo de mortalidad a partir de imágenes de rostros.
No basta con que la comunidad investigadora recopile los porqués de “la inferencia facial de las tendencias criminales”. Cuando esta inferencia se realiza a partir de un conjunto de datos pequeño o sesgado, es poco probable que proporcione pistas contundentes sobre quién tiene más probabilidades de cometer un delito. En todo caso, deberíamos cuestionarnos también si este tipo de investigación debe o no tener cabida en nuestra sociedad.
Debemos esperar que esta diferenciación entre las preocupaciones de la primera y la segunda ola nos ponga al corriente también de las discusiones sobre la aplicación de la IA y de la robótica en el campo de la medicina. Para algunos investigadores que están desarrollando aplicaciones de salud mental, por ejemplo, las preocupaciones de la primera ola de rendición de cuentas algorítmica se centrarán en si un corpus lingüístico de estímulos y respuestas se adapta adecuadamente a diversas comunidades con distintos acentos y formas de auto-presentarse.
Los críticos de la segunda pueden introducir un enfoque más jurídico y económico-político que cuestione si dichas aplicaciones están alterando prematuramente los mercados (y la profesión) de atención a la salud mental. El objetivo entonces sería acelerar la sustitución de software barato (si es limitado) por profesionales expertos y empáticos, lo cual requiere una mayor inversión. Estas cuestiones laborales son ya un asunto básico en la regulación de las plataformas sociales. Predigo, en este caso, que se extenderán a muchas áreas de la investigación sobre la rendición de cuentas de los algoritmos, a medida que los críticos exploren quién se está beneficiando (y quién está asumiendo la responsabilidad) de la recopilación, el análisis y el uso de los datos.
Por último (en lo que respecta a este post), podemos apreciar una división en la regulación financiera. Las voces del establishment han aclamado la tecnología financiera (fintech) como una forma revolucionaria de incluir a más individuos en el sistema financiero. Dados los sesgos en la valoración crediticia realizada en base a datos “marginales” o “alternativos” (como el uso de los medios sociales), las clases dirigentes se sienten relativamente cómodas con algunas intervenciones “anti-sesgo” básicas.
Pero también deberíamos hacernos preguntas más amplias sobre cuándo la “inclusión financiera” puede ser depredadora o alarmante (como la vigilancia 24/7), o generar subordinaciones de poder interesadas (como en el caso de una aplicación india de fintech, que reduce la “puntuación” de personas implicadas en actividades políticas). ¿Qué sucede cuando la tecnología financiera permite una forma de “deuda perpetua”? Kevin P. Donovan y Emma Park han estudiado este problema en Kenia:
A pesar de ser pequeños, los préstamos tienen un coste elevado, a veces de hasta el 100% anualizado. Como nos dijo un nairobiano, estas aplicaciones “te dan dinero poco a poco, y luego van a por tu cuello”. No es el único que valora así el “fintech”, la industria de la tecnología financiera en expansión que proporciona préstamos a través de aplicaciones móviles. Durante nuestra investigación, estos regímenes de endeudamiento emergentes han sido calificados como “catastróficos”, una “crisis” y un gran “problema social”. Los periódicos informan de que las aplicaciones móviles de préstamos son la base de una ola de desorden doméstico, violencia e incluso suicidios.
Como ha argumentado Abbye Atkinson, debemos reconsiderar cuál es el ámbito de aplicación adecuado del “crédito como prestación social”. A veces solo aporta el cruel optimismo de un espejismo de Horatio Alger (o, peor aún, la crueldad optimista que caracteriza la psico-política del capitalismo tardío). Así como las razones económicas pueden ser racionalizadas, el entusiasmo por la cobertura financiera “basada en la inteligencia artificial” tiende a ocultar las dinámicas problemáticas de las finanzas. De hecho, si no se ponen en tela de juicio, la economía convencional y la IA podrían conferir una pátina de legitimidad a ciertos sistemas sociales quebrantados.
En la actualidad, la primera y la segunda olas de responsabilidad algorítmica son en gran medida complementarias. La primera ola ha identificado y corregido problemas claros en la IA y ha aumentado la conciencia pública de sus sesgos y sus límites. La segunda ola ha ayudado a ralentizar el despliegue de la IA y la robótica lo suficiente como para que la primera ola tenga más tiempo y espacio para desplegar reformas constructivas. Es muy posible que en el futuro se produzcan enfrentamientos entre los que quieren reparar, y los que están abiertos a poner fin o limitar la evaluación computacional de las personas. Por ejemplo: los que se comprometen a reducir los índices de error de los sistemas de reconocimiento facial para las minorías pueden querer añadir más rostros de minorías a esas bases de datos, mientras que los que encuentran opresivo el reconocimiento facial se resistirán a esa “reforma”, al considerarla una forma más de inclusión depredadora. Pero, por ahora, considero que ambas olas comparten un objetivo común: hacer que los sistemas socio-técnicos sean más sensibles a las comunidades vulnerables.
Frank Pasquale es profesor de derecho en la Facultad de Derecho Francis King Carey de la Universidad de Maryland.
Fuente:
https://lpeblog.org/2019/11/25/the-second-wave-of-algorithmic-accountability/#more-3051 Traducción:Sara Suárez Gonzalo
Esta labor política está surgiendo a medida que los expertos traducen la investigación académica y las demandas de los activistas en leyes y reglamentos. Los legisladores están proponiendo proyectos de ley que requieren estándares básicos de transparencia y de auditoría de los algoritmos. Estamos comenzando un largo camino para asegurar que los procesos de contratación y de cobertura financiera basados en el uso de inteligencia artificial (IA) no se utilicen si tienen un impacto discriminatorio en las comunidades históricamente vulnerables. Y así como esta “primera ola” de investigación y de activismo sobre la rendición de cuentas algorítmica ha apuntado a los sistemas existentes, una “segunda ola” emergente se ocupa de cuestiones más estructurales. Ambas olas serán esenciales para asegurar una economía política de la tecnología más justa y genuinamente emancipadora.
Aunque hubo un primer momento de enamoramiento por la evaluación computacional de las personas, muchos —incluyendo miembros del establishment corporativo y gubernamental— reconocen ahora que los datos pueden estar sesgados, o ser inexactos o inapropiados. Los académicos han establecido espacios institucionales como el evento anual “Fairness, Accountability, and Transparency in Machine Learning”, con el objetivo de que programadores, juristas y científicos sociales interactúen regularmente y puedan abordar preocupaciones relativas a la justicia social. Cuando las empresas y los gobiernos anuncian planes para utilizar IA, se presentan desafíos y se reclaman auditorías. En algunos casos esto da lugar a verdaderos cambios políticos. Por poner un ejemplo, el gobierno Liberal australiano ha revertido recientemente algunas políticas de “robodebt” (que consiste en el uso de programas informáticos automatizados para la recuperación de deudas) y, finalmente, ha tenido que echarse atrás ante la justificada indignación provocada.
Todos estos avances son el resultado de una “primera ola” (tomando prestada una periodización familiar en la historia del feminismo) de promoción e investigación acerca de la rendición de cuentas algorítmica. Estas son acciones vitales, y deben prolongarse indefinidamente —debe haber una constante vigilancia del uso de IA en los sistemas socio-técnicos, que son con demasiada frecuencia los legisladores no reconocidos de nuestro acceso diario a la información, al capital, e incluso a las citas amorosas—. Sin embargo, como han advertido Julia Powles y Helen Nissenbaum, no podemos detenernos en esta primera ola. Ellas plantean las siguientes preguntas:
¿Qué sistemas vale realmente la pena crear? ¿Cuáles son los problemas más urgentes a abordar? ¿Quién está mejor posicionado para crear estos sistemas? ¿Y quién toma la decisión de hacerlo? Necesitamos auténticos mecanismos de rendición de cuentas, ajenos a las empresas y accesibles para los ciudadanos. Cualquier sistema de IA que se integre en la vida de las personas debe ser objeto de contestación, de rendición de cuentas y de reparación ante los ciudadanos y los representantes del interés público.
Mientras que la primera ola de rendición de cuentas algorítmica se centra en la mejora de los sistemas existentes, una segunda ola de investigación cuestiona si estos deben ser utilizados —y, en caso afirmativo, quién debe gobernarlos—.
Por ejemplo, en lo que respecta al reconocimiento facial, los investigadores de la primera ola han demostrado que muchos sistemas no están preparados para identificar correctamente los rostros de las minorías. Estos investigadores se centran en hacer que el reconocimiento facial sea más inclusivo, asegurándose de que tenga el mismo índice de éxito para las minorías que para las mayorías. Sin embargo, investigadores y defensores de la segunda ola se han preguntado lo siguiente: ¿Si estos sistemas se utilizan a menudo para la opresión o la estratificación social, debe ser la inclusión el objetivo? ¿No es mejor prohibirlos, o al menos asegurar que sólo se autoricen para usos socialmente productivos?
Las preocupaciones de la segunda ola son todavía más profundas en relación al uso de la IA para la “clasificación facial”, que ha sido promovida como un mecanismo capaz (o inminentemente capaz) de reconocer la orientación sexual, las tendencias criminales y el riesgo de mortalidad a partir de imágenes de rostros.
No basta con que la comunidad investigadora recopile los porqués de “la inferencia facial de las tendencias criminales”. Cuando esta inferencia se realiza a partir de un conjunto de datos pequeño o sesgado, es poco probable que proporcione pistas contundentes sobre quién tiene más probabilidades de cometer un delito. En todo caso, deberíamos cuestionarnos también si este tipo de investigación debe o no tener cabida en nuestra sociedad.
Debemos esperar que esta diferenciación entre las preocupaciones de la primera y la segunda ola nos ponga al corriente también de las discusiones sobre la aplicación de la IA y de la robótica en el campo de la medicina. Para algunos investigadores que están desarrollando aplicaciones de salud mental, por ejemplo, las preocupaciones de la primera ola de rendición de cuentas algorítmica se centrarán en si un corpus lingüístico de estímulos y respuestas se adapta adecuadamente a diversas comunidades con distintos acentos y formas de auto-presentarse.
Los críticos de la segunda pueden introducir un enfoque más jurídico y económico-político que cuestione si dichas aplicaciones están alterando prematuramente los mercados (y la profesión) de atención a la salud mental. El objetivo entonces sería acelerar la sustitución de software barato (si es limitado) por profesionales expertos y empáticos, lo cual requiere una mayor inversión. Estas cuestiones laborales son ya un asunto básico en la regulación de las plataformas sociales. Predigo, en este caso, que se extenderán a muchas áreas de la investigación sobre la rendición de cuentas de los algoritmos, a medida que los críticos exploren quién se está beneficiando (y quién está asumiendo la responsabilidad) de la recopilación, el análisis y el uso de los datos.
Por último (en lo que respecta a este post), podemos apreciar una división en la regulación financiera. Las voces del establishment han aclamado la tecnología financiera (fintech) como una forma revolucionaria de incluir a más individuos en el sistema financiero. Dados los sesgos en la valoración crediticia realizada en base a datos “marginales” o “alternativos” (como el uso de los medios sociales), las clases dirigentes se sienten relativamente cómodas con algunas intervenciones “anti-sesgo” básicas.
Pero también deberíamos hacernos preguntas más amplias sobre cuándo la “inclusión financiera” puede ser depredadora o alarmante (como la vigilancia 24/7), o generar subordinaciones de poder interesadas (como en el caso de una aplicación india de fintech, que reduce la “puntuación” de personas implicadas en actividades políticas). ¿Qué sucede cuando la tecnología financiera permite una forma de “deuda perpetua”? Kevin P. Donovan y Emma Park han estudiado este problema en Kenia:
A pesar de ser pequeños, los préstamos tienen un coste elevado, a veces de hasta el 100% anualizado. Como nos dijo un nairobiano, estas aplicaciones “te dan dinero poco a poco, y luego van a por tu cuello”. No es el único que valora así el “fintech”, la industria de la tecnología financiera en expansión que proporciona préstamos a través de aplicaciones móviles. Durante nuestra investigación, estos regímenes de endeudamiento emergentes han sido calificados como “catastróficos”, una “crisis” y un gran “problema social”. Los periódicos informan de que las aplicaciones móviles de préstamos son la base de una ola de desorden doméstico, violencia e incluso suicidios.
Como ha argumentado Abbye Atkinson, debemos reconsiderar cuál es el ámbito de aplicación adecuado del “crédito como prestación social”. A veces solo aporta el cruel optimismo de un espejismo de Horatio Alger (o, peor aún, la crueldad optimista que caracteriza la psico-política del capitalismo tardío). Así como las razones económicas pueden ser racionalizadas, el entusiasmo por la cobertura financiera “basada en la inteligencia artificial” tiende a ocultar las dinámicas problemáticas de las finanzas. De hecho, si no se ponen en tela de juicio, la economía convencional y la IA podrían conferir una pátina de legitimidad a ciertos sistemas sociales quebrantados.
En la actualidad, la primera y la segunda olas de responsabilidad algorítmica son en gran medida complementarias. La primera ola ha identificado y corregido problemas claros en la IA y ha aumentado la conciencia pública de sus sesgos y sus límites. La segunda ola ha ayudado a ralentizar el despliegue de la IA y la robótica lo suficiente como para que la primera ola tenga más tiempo y espacio para desplegar reformas constructivas. Es muy posible que en el futuro se produzcan enfrentamientos entre los que quieren reparar, y los que están abiertos a poner fin o limitar la evaluación computacional de las personas. Por ejemplo: los que se comprometen a reducir los índices de error de los sistemas de reconocimiento facial para las minorías pueden querer añadir más rostros de minorías a esas bases de datos, mientras que los que encuentran opresivo el reconocimiento facial se resistirán a esa “reforma”, al considerarla una forma más de inclusión depredadora. Pero, por ahora, considero que ambas olas comparten un objetivo común: hacer que los sistemas socio-técnicos sean más sensibles a las comunidades vulnerables.
Frank Pasquale es profesor de derecho en la Facultad de Derecho Francis King Carey de la Universidad de Maryland.
Fuente:
https://lpeblog.org/2019/11/25/the-second-wave-of-algorithmic-accountability/#more-3051 Traducción:Sara Suárez Gonzalo
jueves, 9 de enero de 2020
For Better Brain Health, Preserve Your Hearing loss is the largest modifiable risk factor for developing dementia, exceeding that of smoking, high blood pressure, lack of exercise and social isolation. Para una mejor salud del cerebro, preserva tu audición. La pérdida auditiva es el mayor factor de riesgo modificable para desarrollar demencia, superando el de fumar, la presión arterial alta, la falta de ejercicio y el aislamiento social.
De vez en cuando escribo una columna tanto para obligarme a actuar como para informar y motivar a mis lectores. Lo que sigue es un excelente ejemplo.
El año pasado, en una columna titulada "La pérdida auditiva amenaza la mente, la vida y las extremidades", resumí el estado actual del conocimiento sobre la miríada de efectos dañinos para la salud relacionados con la pérdida auditiva no tratada, un problema que afecta a casi 38 millones de estadounidenses y, según dos Grandes estudios recientes, aumenta el riesgo de demencia, depresión, caídas e incluso enfermedades cardiovasculares.
Sabiendo que mi propia audición deja algo que desear, la investigación que hice para esa columna me motivó a obtener un examen de audiología adecuado. Los resultados indicaron que un audífono bien ajustado podría ayudarme a escuchar significativamente mejor en las películas, el teatro, los restaurantes, las reuniones sociales, las salas de conferencias, incluso en el vestuario donde el ruido de los secadores de cabello, secadores de manos y exprimidores de trajes de baño a menudo desafía a mi capacidad de conversar con mis amigos de voz suave.
Eso fue hace seis meses, y todavía tengo que regresar para obtener ese audífono recomendado. Ahora, sin embargo, tengo una nueva fuente de motivación. Un gran estudio ha documentado que incluso entre las personas con la llamada audición normal, aquellas con una audición ligeramente peor que la perfecta pueden experimentar déficits cognitivos.
Eso significa una capacidad disminuida para obtener las mejores puntuaciones en las pruebas estandarizadas de la función cerebral, como hacer coincidir números con símbolos dentro de un período de tiempo específico. Pero si bien es posible que nunca necesite o quiera hacer eso, lo más probable es que desee maximizar y mantener la función cognitiva: su capacidad de pensar con claridad, planificar racionalmente y recordar con precisión, especialmente a medida que envejece.
Si bien en circunstancias normales, las pérdidas cognitivas ocurren gradualmente a medida que las personas envejecen, el mejor camino para minimizarlas y retrasarlas el mayor tiempo posible y, al hacerlo, reducir el riesgo de demencia. Según un análisis internacional publicado en The Lancet en 2017, ahora se sabe que la pérdida de audición es el mayor factor de riesgo modificable para desarrollar demencia, superando al de fumar, la presión arterial alta, la falta de ejercicio y el aislamiento social.
El análisis indicó que prevenir o tratar la pérdida auditiva en la mediana edad tiene el potencial de disminuir la incidencia de demencia en un 9 por ciento.
La dificultad para oír puede afectar la función cerebral al mantener a las personas socialmente aisladas y con estímulos inadecuados por la entrada auditiva. Cuanto más difícil es para el cerebro procesar el sonido, más tiene que trabajar para comprender lo que escucha, agotando su capacidad para realizar otras tareas cognitivas. La memoria también se ve afectada negativamente. La información que no se escucha afecta claramente la capacidad del cerebro para recordarla. Un cerebro estimulado inadecuadamente tiende a atrofiarse.
El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento actualmente patrocina un ensayo de 997 personas de 70 a 84 años con pérdida auditiva leve a moderada para determinar qué tan efectivos pueden ser los audífonos para disminuir el riesgo de demencia. Los resultados del ensayo, llamado Envejecimiento y evaluación cognitiva de la salud en ancianos, se esperan para 2022.
Mientras tanto, los nuevos hallazgos sobre las pérdidas cognitivas vinculadas a la pérdida auditiva subclínica, obtenida de entre 6,451 personas de 50 años o más, sugieren que cualquier grado de pérdida auditiva puede pasar factura.
Actualmente, el nivel de sonido de 25 decibelios (la capacidad de escuchar un susurro) se utiliza para definir el límite entre la audición normal y la pérdida auditiva leve en adultos.
Pero este umbral es realmente arbitrario. El autor principal del estudio, el Dr. Justin S. Golub, otorrinolaringólogo e investigador del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, y sus colegas descubrieron que la pérdida auditiva se encuentra en un continuo que comienza con una audición "perfecta" a cero decibelios (el nivel de sonido de una caída de alfiler), con déficits cognitivos medibles que ocurren con cada pérdida adicional por encima de cero.
De hecho, los investigadores demostraron que la mayor caída en la capacidad cognitiva ocurre en el más mínimo nivel de pérdida auditiva: una disminución de cero al nivel "normal" de 25 decibelios, con pérdidas cognitivas más pequeñas cuando los déficits auditivos aumentan de 25 a 50 decibelios. .
"Esto no significa que debamos equipar a las personas con audífonos cuando el sonido más suave que pueden escuchar es de 25 decibelios", dijo el Dr. Golub en una entrevista. Después de todo, lograr que las personas con pérdida auditiva mucho más avanzada utilicen audífonos ya es un desafío enorme. Como señaló el Dr. Golub, "actualmente solo el 25 por ciento de las personas mayores de 80 años usan audífonos, pero el 80 por ciento de ellos tiene una pérdida auditiva significativa" que podría mejorar mucho con los audífonos.
Los nuevos hallazgos que vinculan el deterioro cognitivo con una pérdida auditiva mínima, incluso sugieren que podríamos hacer mucho para proteger nuestro cerebro si protegemos nuestra audición. El hecho de que las pérdidas cognitivas medibles ocurran en niveles de audición inferiores a 25 decibelios, y que la cognición empeora gradualmente a medida que disminuye la audición, sugiere que la protección contra la pérdida de audición debería comenzar en la infancia.
"En las personas con muy buena audición, debemos ser conscientes de cómo los cambios tempranos en la audición afectan el cerebro", dijo el Dr. Frank Lin, director del Centro Coclear para la Audición y Salud Pública de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins. "Sin duda, la medida más importante para preservar la audición es la protección contra el ruido".
Las dos características del ruido asociado con el mayor daño a la audición son la intensidad, es decir, el volumen, y la duración, o el tiempo que los oídos sin protección están expuestos a un sonido muy fuerte, explicó el Dr. Lin en una entrevista.
"El efecto perjudicial de la exposición al ruido es acumulativo", dijo. Si bien está menos preocupado por la protección auditiva durante el tiempo relativamente breve que alguien usa un secador de pelo o se para en una plataforma de la ciudad de Nueva York mientras un tren chilla en la estación, las personas que trabajan todo el día en el metro o escuchan música a todo volumen durante horas necesitan proteger su audición
"Podemos ver un déficit auditivo al día siguiente después de que alguien haya asistido a un concierto muy ruidoso", dijo el Dr. Lin.
Insta a las personas que escuchan música a través de auriculares o audífonos a invertir en unos con una función de cancelación de ruido que bloquee el sonido ambiental. Esto permite a las personas escuchar su música o programas preferidos a un volumen más bajo que sea menos perjudicial para la audición. Apple, por ejemplo, ahora comercializa auriculares AirPods Pro que tienen una función de cancelación de ruido. A $ 249 por par, son mucho más baratos que los audífonos disponibles actualmente.
Dicho esto, para 2021 se espera que haya una selección de audífonos de venta libre mucho menos costosos. Y si el Congreso logra aprobar la Ley de audición de Medicare de 2019, el costo de los servicios de audiología necesarios para maximizar los beneficios derivados de los audífonos estará cubierto para los beneficiarios.
Jane Brody es la columnista de Salud Personal, un puesto que ha ocupado desde 1976. Ha escrito más de una docena de libros, incluidos los libros más vendidos "Jane Brody’s Nutrition Book" y "Jane Brody’s Good Food Book".
https://www.nytimes.com/2019/12/30/well/live/brain-health-hearing-dementia-alzheimers.html?algo=identity&fellback=false&imp_id=98244317&imp_id=48139679&action=click&module=Science%20%20Technology&pgtype=Homepage
El año pasado, en una columna titulada "La pérdida auditiva amenaza la mente, la vida y las extremidades", resumí el estado actual del conocimiento sobre la miríada de efectos dañinos para la salud relacionados con la pérdida auditiva no tratada, un problema que afecta a casi 38 millones de estadounidenses y, según dos Grandes estudios recientes, aumenta el riesgo de demencia, depresión, caídas e incluso enfermedades cardiovasculares.
Sabiendo que mi propia audición deja algo que desear, la investigación que hice para esa columna me motivó a obtener un examen de audiología adecuado. Los resultados indicaron que un audífono bien ajustado podría ayudarme a escuchar significativamente mejor en las películas, el teatro, los restaurantes, las reuniones sociales, las salas de conferencias, incluso en el vestuario donde el ruido de los secadores de cabello, secadores de manos y exprimidores de trajes de baño a menudo desafía a mi capacidad de conversar con mis amigos de voz suave.
Eso fue hace seis meses, y todavía tengo que regresar para obtener ese audífono recomendado. Ahora, sin embargo, tengo una nueva fuente de motivación. Un gran estudio ha documentado que incluso entre las personas con la llamada audición normal, aquellas con una audición ligeramente peor que la perfecta pueden experimentar déficits cognitivos.
Eso significa una capacidad disminuida para obtener las mejores puntuaciones en las pruebas estandarizadas de la función cerebral, como hacer coincidir números con símbolos dentro de un período de tiempo específico. Pero si bien es posible que nunca necesite o quiera hacer eso, lo más probable es que desee maximizar y mantener la función cognitiva: su capacidad de pensar con claridad, planificar racionalmente y recordar con precisión, especialmente a medida que envejece.
Si bien en circunstancias normales, las pérdidas cognitivas ocurren gradualmente a medida que las personas envejecen, el mejor camino para minimizarlas y retrasarlas el mayor tiempo posible y, al hacerlo, reducir el riesgo de demencia. Según un análisis internacional publicado en The Lancet en 2017, ahora se sabe que la pérdida de audición es el mayor factor de riesgo modificable para desarrollar demencia, superando al de fumar, la presión arterial alta, la falta de ejercicio y el aislamiento social.
El análisis indicó que prevenir o tratar la pérdida auditiva en la mediana edad tiene el potencial de disminuir la incidencia de demencia en un 9 por ciento.
La dificultad para oír puede afectar la función cerebral al mantener a las personas socialmente aisladas y con estímulos inadecuados por la entrada auditiva. Cuanto más difícil es para el cerebro procesar el sonido, más tiene que trabajar para comprender lo que escucha, agotando su capacidad para realizar otras tareas cognitivas. La memoria también se ve afectada negativamente. La información que no se escucha afecta claramente la capacidad del cerebro para recordarla. Un cerebro estimulado inadecuadamente tiende a atrofiarse.
El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento actualmente patrocina un ensayo de 997 personas de 70 a 84 años con pérdida auditiva leve a moderada para determinar qué tan efectivos pueden ser los audífonos para disminuir el riesgo de demencia. Los resultados del ensayo, llamado Envejecimiento y evaluación cognitiva de la salud en ancianos, se esperan para 2022.
Mientras tanto, los nuevos hallazgos sobre las pérdidas cognitivas vinculadas a la pérdida auditiva subclínica, obtenida de entre 6,451 personas de 50 años o más, sugieren que cualquier grado de pérdida auditiva puede pasar factura.
Actualmente, el nivel de sonido de 25 decibelios (la capacidad de escuchar un susurro) se utiliza para definir el límite entre la audición normal y la pérdida auditiva leve en adultos.
Pero este umbral es realmente arbitrario. El autor principal del estudio, el Dr. Justin S. Golub, otorrinolaringólogo e investigador del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, y sus colegas descubrieron que la pérdida auditiva se encuentra en un continuo que comienza con una audición "perfecta" a cero decibelios (el nivel de sonido de una caída de alfiler), con déficits cognitivos medibles que ocurren con cada pérdida adicional por encima de cero.
De hecho, los investigadores demostraron que la mayor caída en la capacidad cognitiva ocurre en el más mínimo nivel de pérdida auditiva: una disminución de cero al nivel "normal" de 25 decibelios, con pérdidas cognitivas más pequeñas cuando los déficits auditivos aumentan de 25 a 50 decibelios. .
"Esto no significa que debamos equipar a las personas con audífonos cuando el sonido más suave que pueden escuchar es de 25 decibelios", dijo el Dr. Golub en una entrevista. Después de todo, lograr que las personas con pérdida auditiva mucho más avanzada utilicen audífonos ya es un desafío enorme. Como señaló el Dr. Golub, "actualmente solo el 25 por ciento de las personas mayores de 80 años usan audífonos, pero el 80 por ciento de ellos tiene una pérdida auditiva significativa" que podría mejorar mucho con los audífonos.
Los nuevos hallazgos que vinculan el deterioro cognitivo con una pérdida auditiva mínima, incluso sugieren que podríamos hacer mucho para proteger nuestro cerebro si protegemos nuestra audición. El hecho de que las pérdidas cognitivas medibles ocurran en niveles de audición inferiores a 25 decibelios, y que la cognición empeora gradualmente a medida que disminuye la audición, sugiere que la protección contra la pérdida de audición debería comenzar en la infancia.
"En las personas con muy buena audición, debemos ser conscientes de cómo los cambios tempranos en la audición afectan el cerebro", dijo el Dr. Frank Lin, director del Centro Coclear para la Audición y Salud Pública de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins. "Sin duda, la medida más importante para preservar la audición es la protección contra el ruido".
Las dos características del ruido asociado con el mayor daño a la audición son la intensidad, es decir, el volumen, y la duración, o el tiempo que los oídos sin protección están expuestos a un sonido muy fuerte, explicó el Dr. Lin en una entrevista.
"El efecto perjudicial de la exposición al ruido es acumulativo", dijo. Si bien está menos preocupado por la protección auditiva durante el tiempo relativamente breve que alguien usa un secador de pelo o se para en una plataforma de la ciudad de Nueva York mientras un tren chilla en la estación, las personas que trabajan todo el día en el metro o escuchan música a todo volumen durante horas necesitan proteger su audición
"Podemos ver un déficit auditivo al día siguiente después de que alguien haya asistido a un concierto muy ruidoso", dijo el Dr. Lin.
Insta a las personas que escuchan música a través de auriculares o audífonos a invertir en unos con una función de cancelación de ruido que bloquee el sonido ambiental. Esto permite a las personas escuchar su música o programas preferidos a un volumen más bajo que sea menos perjudicial para la audición. Apple, por ejemplo, ahora comercializa auriculares AirPods Pro que tienen una función de cancelación de ruido. A $ 249 por par, son mucho más baratos que los audífonos disponibles actualmente.
Dicho esto, para 2021 se espera que haya una selección de audífonos de venta libre mucho menos costosos. Y si el Congreso logra aprobar la Ley de audición de Medicare de 2019, el costo de los servicios de audiología necesarios para maximizar los beneficios derivados de los audífonos estará cubierto para los beneficiarios.
Jane Brody es la columnista de Salud Personal, un puesto que ha ocupado desde 1976. Ha escrito más de una docena de libros, incluidos los libros más vendidos "Jane Brody’s Nutrition Book" y "Jane Brody’s Good Food Book".
https://www.nytimes.com/2019/12/30/well/live/brain-health-hearing-dementia-alzheimers.html?algo=identity&fellback=false&imp_id=98244317&imp_id=48139679&action=click&module=Science%20%20Technology&pgtype=Homepage
miércoles, 8 de enero de 2020
_- Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Garzón, Yolanda Díaz y Manuel Castells serán los ministros de Unidas Podemos. El coordinador de IU asumirá la cartera de Consumo con competencias en materia de juego
_- Unidas Podemos entrará con fuerza en el Consejo de Ministros si este martes sale adelante la investidura. El partido de Pablo Iglesias, que será vicepresidente segundo, liderará carteras del ámbito social. Este domingo se conoció, aunque desde Unidas Podemos aún no confirman los nombres de manera oficial, que el sociólogo y economista Manuel Castells, elegido por En Comú Podem, estará al frente del Ministerio de Universidades y que Alberto Garzón, líder de IU, dirigirá la cartera de Consumo. Sus nombres, sumados a la presencia de Irene Montero como ministra de Igualdad y a Yolanda Díaz, de Galicia en Común, como titular de Trabajo, permiten a Iglesias mantener un ecuánime reparto de poder entre las fuerzas que sustentan a Unidas Podemos.
La prioridad de Iglesias desde que se conoció el preacuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos 48 horas después de las elecciones del 10-N siempre fue la de lograr este equilibrio de poder entre sus socios. Una vez cerrada su presencia en el Gobierno, al frente de una vicepresidencia, el punto de partida de la negociación con el PSOE fue la última oferta de Pedro Sánchez a Unidas Podemos durante la investidura fallida de julio: una vicepresidencia y tres ministerios. Pero ese reparto se quedaba corto.
La presencia de Irene Montero nunca estuvo en duda, así como la de Yolanda Díaz. Díaz, aunque es militante de IU, nunca fue vista como cota de poder del partido liderado por Garzón y su elección, de hecho, parte del propio Iglesias. La próxima ministra de Trabajo si el martes sale adelante la votación para investir a Sánchez es muy cercana a Podemos y, sobre todo a su líder, con el que mantiene una relación muy estrecha.
El tercer ministerio que estaba previsto desde el inicio fue el de Universidades, cuya elección del titular el propio Iglesias delegó personalmente en Ada Colau y Jaume Asens, según fuentes del partido.
La negociación para arrancar a Sánchez un cuarto ministerio cumplía para Podemos dos objetivos primordiales. En primer lugar la de ampliar las competencias bajo su manto al considerar que los ministerios ofrecidos estaban "desgajados" tras la decisión de Sánchez de retirar a la cartera de Trabajo las competencias en Seguridad Social y a Ciencia las de universidades. Y en segundo lugar, pero no menos importante, la de poder situar a Alberto Garzón dentro del Consejo de Ministros y dar así su cota de poder a IU.
En este año protagonizado por el bloqueo político y las citas electorales, la relación entre Podemos e IU tuvo sus altos y bajos. En el verano, tras la investidura fallida de julio, Garzón amagó con romper la línea mantenida por Unidas Podemos desde el principio de la negociación con el PSOE después de las elecciones de abril: la apuesta por el Gobierno de coalición. La amenaza de una segunda cita electoral llevó al líder de IU a deslizar la opción de una abstención de Unidas Podemos para facilitar la investidura de Sánchez. La disensión del líder de IU no fue más allá. A mediados de agosto, Iglesias reunió a la mesa confederal, en la que están presentes todas las fuerzas de confluencia, para explicar su postura de cara al pleno de investidura de septiembre. Desde entonces no ha habido voces disonantes. Todas las fuerzas de Unidas Podemos cerraron filas en torno a la idea de la coalición, incluso durante la campaña electoral de noviembre, en la que Iglesias repitió hasta la saciedad aquello de "las cosas importantes no siempre salen a la primera"
Una apuesta a todo o nada que nunca se vio tan lejos como cuando resultó que estaba más cerca: tras las elecciones del 10-N. Sánchez e Iglesias se enfrentaron esa noche electoral a unos resultados amargos para los dos, en los que ambos perdían diputados. Si en julio, con unos números mucho más amables, las cosas se torcieron hasta casi el insulto y los vetos personales —Sánchez cerró a Iglesias su entrada en un hipotético Gobierno de coalición— con menos diputados y mayor dependencia de otros partidos la situación parecía entonces mucho más compleja. No fue así. Esa misma noche empezó el intercambio de mensajes por el móvil y apenas unas horas después ambos líderes se sentaban para empezar a negociar el que será el primer Gobierno de coalición de España desde la Segunda República si este martes Sánchez logra su objetivo.
https://elpais.com/politica/2020/01/05/actualidad/1578225847_619783.html?rel=listapoyo
La prioridad de Iglesias desde que se conoció el preacuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos 48 horas después de las elecciones del 10-N siempre fue la de lograr este equilibrio de poder entre sus socios. Una vez cerrada su presencia en el Gobierno, al frente de una vicepresidencia, el punto de partida de la negociación con el PSOE fue la última oferta de Pedro Sánchez a Unidas Podemos durante la investidura fallida de julio: una vicepresidencia y tres ministerios. Pero ese reparto se quedaba corto.
La presencia de Irene Montero nunca estuvo en duda, así como la de Yolanda Díaz. Díaz, aunque es militante de IU, nunca fue vista como cota de poder del partido liderado por Garzón y su elección, de hecho, parte del propio Iglesias. La próxima ministra de Trabajo si el martes sale adelante la votación para investir a Sánchez es muy cercana a Podemos y, sobre todo a su líder, con el que mantiene una relación muy estrecha.
El tercer ministerio que estaba previsto desde el inicio fue el de Universidades, cuya elección del titular el propio Iglesias delegó personalmente en Ada Colau y Jaume Asens, según fuentes del partido.
La negociación para arrancar a Sánchez un cuarto ministerio cumplía para Podemos dos objetivos primordiales. En primer lugar la de ampliar las competencias bajo su manto al considerar que los ministerios ofrecidos estaban "desgajados" tras la decisión de Sánchez de retirar a la cartera de Trabajo las competencias en Seguridad Social y a Ciencia las de universidades. Y en segundo lugar, pero no menos importante, la de poder situar a Alberto Garzón dentro del Consejo de Ministros y dar así su cota de poder a IU.
En este año protagonizado por el bloqueo político y las citas electorales, la relación entre Podemos e IU tuvo sus altos y bajos. En el verano, tras la investidura fallida de julio, Garzón amagó con romper la línea mantenida por Unidas Podemos desde el principio de la negociación con el PSOE después de las elecciones de abril: la apuesta por el Gobierno de coalición. La amenaza de una segunda cita electoral llevó al líder de IU a deslizar la opción de una abstención de Unidas Podemos para facilitar la investidura de Sánchez. La disensión del líder de IU no fue más allá. A mediados de agosto, Iglesias reunió a la mesa confederal, en la que están presentes todas las fuerzas de confluencia, para explicar su postura de cara al pleno de investidura de septiembre. Desde entonces no ha habido voces disonantes. Todas las fuerzas de Unidas Podemos cerraron filas en torno a la idea de la coalición, incluso durante la campaña electoral de noviembre, en la que Iglesias repitió hasta la saciedad aquello de "las cosas importantes no siempre salen a la primera"
Una apuesta a todo o nada que nunca se vio tan lejos como cuando resultó que estaba más cerca: tras las elecciones del 10-N. Sánchez e Iglesias se enfrentaron esa noche electoral a unos resultados amargos para los dos, en los que ambos perdían diputados. Si en julio, con unos números mucho más amables, las cosas se torcieron hasta casi el insulto y los vetos personales —Sánchez cerró a Iglesias su entrada en un hipotético Gobierno de coalición— con menos diputados y mayor dependencia de otros partidos la situación parecía entonces mucho más compleja. No fue así. Esa misma noche empezó el intercambio de mensajes por el móvil y apenas unas horas después ambos líderes se sentaban para empezar a negociar el que será el primer Gobierno de coalición de España desde la Segunda República si este martes Sánchez logra su objetivo.
https://elpais.com/politica/2020/01/05/actualidad/1578225847_619783.html?rel=listapoyo
martes, 7 de enero de 2020
Las 12 principales medidas del pacto PSOE-Unidas Podemos. El documento de gobierno de Sánchez e Iglesias, analizado por los especialistas de EL PAÍS
El PSOE y Unidas Podemos han acordado en su programa de gobierno derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y subir el salario mínimo hasta el 60% del salario medio en España, así como una subida de impuestos a las rentas más altas. Así figura en el documento de 50 páginas titulado Coalición progresista: un nuevo acuerdo para España, que han presentado esta tarde los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados. Estas son las principales medidas, capítulo a capítulo, del pacto firmado este lunes, desgranadas por los especialistas de EL PAÍS:
PSOE y Podemos acuerdan subir los impuestos a las rentas altas y derogar la reforma laboral
El sello ortodoxo de la futura vicepresidenta económica, Nadia Calviño, convive en el programa presentado con las ambiciones de Podemos en impuestos, vivienda y gasto social. La medida estrella es la derogación de la reforma laboral, que va algo más allá de lo previsto. Y la subida de impuestos a los ricos, que había perdido fuelle en los últimos meses. Por Claudi Pérez y Anabel Díez. Siga leyendo.
PSOE y Podemos acuerdan impulsar la “vía política” para “abordar el conflicto político catalán”
El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos contempla, en su noveno punto, la actualización del Estado autonómico y una apuesta por "una España fuerte y cohesionada". En el texto firmado por los dos partidos que buscan gobernar España en coalición, se pacta "abordar el conflicto político catalán impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual". Por Álvaro Corcuera. Siga leyendo.
La asignatura de Religión dejará de contar para la nota media y no tendrá alternativa
El acuerdo de Gobierno prevé la derogación de la Ley para la Mejora de la Ley Educativa —conocida como ley Wert— que sacó a la calle a cientos de miles de personas. La ley Celaá ya está registrada en el Congreso para empezar su tramitación. Supone terminar con los itinerarios que separan a los niños con 13 años o que Religión siga siendo voluntaria –sin tocar los acuerdos con el Vaticano– pero sin asignatura alternativa (materia espejo) y que no sirva para hacer media en las notas, lo que condiciona el acceso a la Universidad o la obtención de una beca. En la actualidad muchos alumnos optan por esta materia, aunque no tengan fe, porque suele subir la puntuación, mientras asignaturas como Francés y Diseño no lo hacen. Presumiblemente va a suponer que, sin rédito académico, bajen las matriculaciones en esta materia cuyo profesor paga el Estado, pero designa la Iglesia. Por Elisa Silió. Siga leyendo.
El pacto incluye un compromiso para limitar el precio de los alquileres
El acuerdo para un Gobierno progresista, el documento que han elaborado PSOE y Unidas Podemos, se compromete a regular el precio de los alquileres, incluye la construcción de un parque público de viviendas y recoge un plan estatal para la rehabilitación. El acuerdo también contiene un paquete de medidas fiscales para subir los impuestos a las rentas más altas y las multinacionales. Por Jesús S. González y José Luis Aranda. Siga leyendo.
Una ley que blinde el ‘solo sí es sí’ y más planes para la violencia machista
En el trabajo y en el ocio, en la educación y en las pensiones. El pacto de coalición PSOE-Unidas Podemos prevé un epígrafe entero para la igualdad de oportunidades, políticas feministas, pero disemina a lo largo de todo el documento iniciativas y propuestas de carácter transversal para fomentar la igualdad de oportunidades y la "lucha decidida" contra la violencia machista. Los dos partidos se comprometen a aprobar una ley específica contra las violencias sexuales, a frenar la trata y explotación de las mujeres -sin entrar en el tema de la prostitución-, reducir la brecha salarial o a perseguir a las agencias intermediarias en los casos de vientres de alquiler. Por Pilar Álvarez. Siga leyendo.
Los socios de Gobierno se fijan como prioridad aprobar la ley de cambio climático
El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos dedica un apartado entero a la lucha contra el cambio climático. Y establece como primera prioridad la aprobación de la ley de cambio climático y transición energética, pendiente desde principios de esta década. Pocos datos se ofrecen de los objetivos que se fijarían con esa nueva norma, simplemente se establece que en 2050 el 100% de la generación eléctrica deberá ser de origen renovable (ahora ronda el 40%). Los socialistas presentaron en febrero un borrador de ley de cambio climático, pero no dio tiempo a que el texto entrara en el Congreso por la convocatoria de las elecciones. El objetivo del 100% de generación eléctrica renovable en 2050 ya se incluía en aquel texto y entronca con la meta de la neutralidad de emisiones para mediados de siglo que se ha fijado la Unión Europea recientemente. Por Manuel Planelles. Siga leyendo.
PSOE y Unidas Podemos pactan revertir los límites a las investigaciones judiciales aprobados por Rajoy
El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos contempla aprobar una de las grandes reivindicaciones de la actual fiscal general del Estado, María José Segarra, que desde que tomó posesión de su cargo ha defendido la supresión del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece plazos temporales para las instrucciones judiciales. Este precepto fue introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy cuando ostentaba mayoría absoluta en el Congreso y se encontraba acosado por numerosos casos de corrupción —muchos de los cuales, aún colean en los tribunales—. Por J. J. Gálvez. Siga leyendo.
Asistencia sanitaria en casa y banda ancha para repoblar la España vacía
Telecomunicaciones, sanidad y apoyo al empleo en el ámbito rural marcan las medidas destinadas a la España vacía en el acuerdo de Gobierno PSOE y Unidas Podemos presentado este lunes. El texto recoge el guante de las crecientes reivindicaciones de la España que no baña el mar, excepto Madrid, que perdió un cuarto de millón de habitantes entre 2008 y 2018. Más de 1.300 municipios no llegan a los 100 habitantes. Por José M. Abad Liñán. Siga leyendo. Por José M. Abad Liñán. Siga leyendo.
Un acuerdo por la eutanasia y para eliminar los copagos introducidos por el PP
El acuerdo de Gobierno alcanzado por el PSOE y Podemos nace con una asignatura pendiente: aprobar esta legislatura una ley de eutanasia que encalló en la pasada pese a disponer de una mayoría de diputados en el Congreso favorable a convertir esta práctica médica en un derecho. Por Oriol Güel. Siga leyendo.
PSOE y Unidas Podemos prometen aumentar el presupuesto para Cultura
De las 50 páginas del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, poco más de un folio está dedicado a la cultura, que se quiere "asegurar como derecho" y "combatir la precariedad" de este sector. El primero de los siete puntos sobre la cultura habla de un Pacto de Estado que impulse esta actividad, lo que "permita aumentar su peso en el PIB". "Aumentaremos de manera progresiva el presupuesto para la Cultura en los Presupuestos Generales del Estado", se subraya en el documento aunque sin ningún detalle. Por Manuel Morales. Siga leyendo.
Homenaje a las víctimas del franquismo el 31 de octubre y a los exiliados el 8 de mayo
El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos contempla declarar el 31 de octubre como día de recuerdo para las víctimas del franquismo y el 8 de mayo para reconocer a los exiliados. La primera fecha coincidirá con el aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978 y de la ley de memoria histórica en 2007. El documento también plantea devolver a sus anteriores propietarios los bienes expropiados durante la dictadura, y la "recuperación inmediata" del Pazo de Meirás (A Coruña) para el Estado. Por Marcos Lema. Siga leyendo.
Las casas de apuestas solo podrán abrir a partir de las diez de la noche
PSOE y Unidas Podemos se comprometen a la regulación "urgente" de los juegos de azar para "prevenir y frenar" la ludopatía así como a aprobar una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea, de ámbito estatal y similar a la de los productos del tabaco. Por Ramón Muñoz.. Siga leyendo.
PSOE y Podemos acuerdan subir los impuestos a las rentas altas y derogar la reforma laboral
El sello ortodoxo de la futura vicepresidenta económica, Nadia Calviño, convive en el programa presentado con las ambiciones de Podemos en impuestos, vivienda y gasto social. La medida estrella es la derogación de la reforma laboral, que va algo más allá de lo previsto. Y la subida de impuestos a los ricos, que había perdido fuelle en los últimos meses. Por Claudi Pérez y Anabel Díez. Siga leyendo.
PSOE y Podemos acuerdan impulsar la “vía política” para “abordar el conflicto político catalán”
El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos contempla, en su noveno punto, la actualización del Estado autonómico y una apuesta por "una España fuerte y cohesionada". En el texto firmado por los dos partidos que buscan gobernar España en coalición, se pacta "abordar el conflicto político catalán impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual". Por Álvaro Corcuera. Siga leyendo.
La asignatura de Religión dejará de contar para la nota media y no tendrá alternativa
El acuerdo de Gobierno prevé la derogación de la Ley para la Mejora de la Ley Educativa —conocida como ley Wert— que sacó a la calle a cientos de miles de personas. La ley Celaá ya está registrada en el Congreso para empezar su tramitación. Supone terminar con los itinerarios que separan a los niños con 13 años o que Religión siga siendo voluntaria –sin tocar los acuerdos con el Vaticano– pero sin asignatura alternativa (materia espejo) y que no sirva para hacer media en las notas, lo que condiciona el acceso a la Universidad o la obtención de una beca. En la actualidad muchos alumnos optan por esta materia, aunque no tengan fe, porque suele subir la puntuación, mientras asignaturas como Francés y Diseño no lo hacen. Presumiblemente va a suponer que, sin rédito académico, bajen las matriculaciones en esta materia cuyo profesor paga el Estado, pero designa la Iglesia. Por Elisa Silió. Siga leyendo.
El pacto incluye un compromiso para limitar el precio de los alquileres
El acuerdo para un Gobierno progresista, el documento que han elaborado PSOE y Unidas Podemos, se compromete a regular el precio de los alquileres, incluye la construcción de un parque público de viviendas y recoge un plan estatal para la rehabilitación. El acuerdo también contiene un paquete de medidas fiscales para subir los impuestos a las rentas más altas y las multinacionales. Por Jesús S. González y José Luis Aranda. Siga leyendo.
Una ley que blinde el ‘solo sí es sí’ y más planes para la violencia machista
En el trabajo y en el ocio, en la educación y en las pensiones. El pacto de coalición PSOE-Unidas Podemos prevé un epígrafe entero para la igualdad de oportunidades, políticas feministas, pero disemina a lo largo de todo el documento iniciativas y propuestas de carácter transversal para fomentar la igualdad de oportunidades y la "lucha decidida" contra la violencia machista. Los dos partidos se comprometen a aprobar una ley específica contra las violencias sexuales, a frenar la trata y explotación de las mujeres -sin entrar en el tema de la prostitución-, reducir la brecha salarial o a perseguir a las agencias intermediarias en los casos de vientres de alquiler. Por Pilar Álvarez. Siga leyendo.
Los socios de Gobierno se fijan como prioridad aprobar la ley de cambio climático
El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos dedica un apartado entero a la lucha contra el cambio climático. Y establece como primera prioridad la aprobación de la ley de cambio climático y transición energética, pendiente desde principios de esta década. Pocos datos se ofrecen de los objetivos que se fijarían con esa nueva norma, simplemente se establece que en 2050 el 100% de la generación eléctrica deberá ser de origen renovable (ahora ronda el 40%). Los socialistas presentaron en febrero un borrador de ley de cambio climático, pero no dio tiempo a que el texto entrara en el Congreso por la convocatoria de las elecciones. El objetivo del 100% de generación eléctrica renovable en 2050 ya se incluía en aquel texto y entronca con la meta de la neutralidad de emisiones para mediados de siglo que se ha fijado la Unión Europea recientemente. Por Manuel Planelles. Siga leyendo.
PSOE y Unidas Podemos pactan revertir los límites a las investigaciones judiciales aprobados por Rajoy
El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos contempla aprobar una de las grandes reivindicaciones de la actual fiscal general del Estado, María José Segarra, que desde que tomó posesión de su cargo ha defendido la supresión del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece plazos temporales para las instrucciones judiciales. Este precepto fue introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy cuando ostentaba mayoría absoluta en el Congreso y se encontraba acosado por numerosos casos de corrupción —muchos de los cuales, aún colean en los tribunales—. Por J. J. Gálvez. Siga leyendo.
Asistencia sanitaria en casa y banda ancha para repoblar la España vacía
Telecomunicaciones, sanidad y apoyo al empleo en el ámbito rural marcan las medidas destinadas a la España vacía en el acuerdo de Gobierno PSOE y Unidas Podemos presentado este lunes. El texto recoge el guante de las crecientes reivindicaciones de la España que no baña el mar, excepto Madrid, que perdió un cuarto de millón de habitantes entre 2008 y 2018. Más de 1.300 municipios no llegan a los 100 habitantes. Por José M. Abad Liñán. Siga leyendo. Por José M. Abad Liñán. Siga leyendo.
Un acuerdo por la eutanasia y para eliminar los copagos introducidos por el PP
El acuerdo de Gobierno alcanzado por el PSOE y Podemos nace con una asignatura pendiente: aprobar esta legislatura una ley de eutanasia que encalló en la pasada pese a disponer de una mayoría de diputados en el Congreso favorable a convertir esta práctica médica en un derecho. Por Oriol Güel. Siga leyendo.
PSOE y Unidas Podemos prometen aumentar el presupuesto para Cultura
De las 50 páginas del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, poco más de un folio está dedicado a la cultura, que se quiere "asegurar como derecho" y "combatir la precariedad" de este sector. El primero de los siete puntos sobre la cultura habla de un Pacto de Estado que impulse esta actividad, lo que "permita aumentar su peso en el PIB". "Aumentaremos de manera progresiva el presupuesto para la Cultura en los Presupuestos Generales del Estado", se subraya en el documento aunque sin ningún detalle. Por Manuel Morales. Siga leyendo.
Homenaje a las víctimas del franquismo el 31 de octubre y a los exiliados el 8 de mayo
El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos contempla declarar el 31 de octubre como día de recuerdo para las víctimas del franquismo y el 8 de mayo para reconocer a los exiliados. La primera fecha coincidirá con el aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978 y de la ley de memoria histórica en 2007. El documento también plantea devolver a sus anteriores propietarios los bienes expropiados durante la dictadura, y la "recuperación inmediata" del Pazo de Meirás (A Coruña) para el Estado. Por Marcos Lema. Siga leyendo.
Las casas de apuestas solo podrán abrir a partir de las diez de la noche
PSOE y Unidas Podemos se comprometen a la regulación "urgente" de los juegos de azar para "prevenir y frenar" la ludopatía así como a aprobar una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea, de ámbito estatal y similar a la de los productos del tabaco. Por Ramón Muñoz.. Siga leyendo.
_- Manuel Castells, un académico comprometido. Su trabajo sobre la sociedad de la información es un referente mundial.
_- Cuando la mayoría de la gente apenas intuía el impacto que podía tener Internet, Manuel Castells (Hellín, Albacete, 77 años) ya había escrito su gran obra sobre la sociedad de la información y había vaticinado que el avance disruptivo de las nuevas tecnologías de la comunicación no solo cambiaría nuestra manera de comunicarnos y acceder a la información y la cultura, sino que configuraría un nuevo modelo de producción, una nueva economía.
Con la trilogía La era de la información: economía, sociedad y cultura (1996-2003), Castells se convirtió en el referente internacional de la nueva sociedad de la información. Investigador incansable, no ha dejado de publicar libros y trabajos científicos mientras ejercía como asesor de todo tipo de organismos internacionales, desde la Unesco a la Comisión Europea, y numerosos Gobiernos. Como resultado de este ingente trabajo, Castells ocupa la sexta posición de la lista de investigadores más citados entre 2000 y 2017 en el Social Science Citation Index.
Pero su interés como sociólogo ha sido siempre global, holístico y no se ha limitado a analizar los efectos de la revolución tecnológica, sino a explorar las mutaciones de un mundo en rápida transformación inmerso en un proceso de globalización que trae consigo nuevas formas de exclusión. Su preocupación por los efectos sociales de la evolución económica y política ha estado presente en toda su obra, con títulos recientes tan explícitos como La crisis de Europa o Ruptura, la crisis de la democracia liberal, en los que aborda las causas de la pérdida de legitimidad de las instituciones.
Castells siguió muy de cerca las discusiones del Foro Social de Porto Alegre, el movimiento del 15-M en España y todas las revueltas de los indignados que recorrieron el mundo por esos años, desde las primaveras árabes a las protestas de Occupy Wall Street. Analizó sus motivaciones y el cambio que implicaban en obras como Redes de indignación y esperanza, un título de referencia sobre las nuevas formas de expresión política. Con Pekka Himanen publicó Sociedad de la información y Estado de bienestar, en el que sostienen que, como demuestra el caso de Finlandia, es posible estar en la vanguardia de las transformaciones tecnológicas y de la globalización sin pagar por ello un alto precio en términos de desigualdad y exclusión social.
Hombre discreto, de profundas convicciones progresistas, que rehuye la notoriedad y los focos de las televisiones como si quemaran, ha cimentado una ingente obra académica sobre la formación de equipos multidisciplinarios a los que ha exhortado a explorar nuevos ángulos de la realidad. Sus colaboradores saben desde el primer contacto que todo esfuerzo será poco para estar a la altura de la exigencia que Manuel Castells se aplica a sí mismo y a sus equipos. Esa es la clave de su exitoso paso por las universidades más prestigiosas. Expulsado de España por el franquismo, se licenció en Sociología por la Universidad de París, en la que tuvo como mentor a Alain Touraine, y con apenas 24 años se convirtió en el profesor más joven de esa universidad. De París saltó a la Universidad de California en Berkeley, donde fue catedrático de Sociología y Planeamiento Urbano y en la que a lo largo de 24 años desarrolló la parte central de su carrera. Sin dejar esta institución, de la que sigue siendo catedrático emérito, Castells regresó a España para dirigir el Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.
Autor de 26 libros y coautor o editor de otros 22, es doctor honoris causa por 18 universidades europeas y ha sido profesor invitado en 17 de las más prestigiosas del mundo, entre ellas las de Oxford y Cambridge y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). El número de premios y distinciones que figuran en su currículo apabulla, entre ellos el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política en 2008 o el premio Holberg de 2012 creado por el Parlamento de Noruega para suplir las carencias del Nobel en ciencias sociales. Tener ese nivel de reconocimiento internacional es una excelente credencial para ocupar la cartera de Universidades.
En los últimos años se ha implicado en el devenir político español e internacional desde tribunas periodísticas y foros de debate. Ha expresado sin tapujos críticas aceradas a la forma en que se abordaba desde las instituciones del Estado el conflicto político catalán y también a la forma en que se ha gestionado la crisis económica en España y en Europa. Comprensivo con las causas que han llevado al auge del soberanismo en Cataluña, ha abordado también el papel que desempeñan las nuevas identidades religiosas, culturales y nacionales en el mundo global. La línea de pensamiento que ha expresado en sus artículos periodísticos ha estado en sintonía con las nuevas corrientes políticas de la llamada izquierda transformadora. En las elecciones brasileñas hizo un llamamiento a los intelectuales para impedir la elección de Jair Bolsonaro y en las últimas municipales apoyó la candidatura de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona. Ahora responde a su llamada para una tarea tan comprometida como formar parte del Gobierno en estos tiempos de polarización extrema.
https://elpais.com/politica/2020/01/05/actualidad/1578248195_961148.html?rel=lom
Con la trilogía La era de la información: economía, sociedad y cultura (1996-2003), Castells se convirtió en el referente internacional de la nueva sociedad de la información. Investigador incansable, no ha dejado de publicar libros y trabajos científicos mientras ejercía como asesor de todo tipo de organismos internacionales, desde la Unesco a la Comisión Europea, y numerosos Gobiernos. Como resultado de este ingente trabajo, Castells ocupa la sexta posición de la lista de investigadores más citados entre 2000 y 2017 en el Social Science Citation Index.
Pero su interés como sociólogo ha sido siempre global, holístico y no se ha limitado a analizar los efectos de la revolución tecnológica, sino a explorar las mutaciones de un mundo en rápida transformación inmerso en un proceso de globalización que trae consigo nuevas formas de exclusión. Su preocupación por los efectos sociales de la evolución económica y política ha estado presente en toda su obra, con títulos recientes tan explícitos como La crisis de Europa o Ruptura, la crisis de la democracia liberal, en los que aborda las causas de la pérdida de legitimidad de las instituciones.
Castells siguió muy de cerca las discusiones del Foro Social de Porto Alegre, el movimiento del 15-M en España y todas las revueltas de los indignados que recorrieron el mundo por esos años, desde las primaveras árabes a las protestas de Occupy Wall Street. Analizó sus motivaciones y el cambio que implicaban en obras como Redes de indignación y esperanza, un título de referencia sobre las nuevas formas de expresión política. Con Pekka Himanen publicó Sociedad de la información y Estado de bienestar, en el que sostienen que, como demuestra el caso de Finlandia, es posible estar en la vanguardia de las transformaciones tecnológicas y de la globalización sin pagar por ello un alto precio en términos de desigualdad y exclusión social.
Hombre discreto, de profundas convicciones progresistas, que rehuye la notoriedad y los focos de las televisiones como si quemaran, ha cimentado una ingente obra académica sobre la formación de equipos multidisciplinarios a los que ha exhortado a explorar nuevos ángulos de la realidad. Sus colaboradores saben desde el primer contacto que todo esfuerzo será poco para estar a la altura de la exigencia que Manuel Castells se aplica a sí mismo y a sus equipos. Esa es la clave de su exitoso paso por las universidades más prestigiosas. Expulsado de España por el franquismo, se licenció en Sociología por la Universidad de París, en la que tuvo como mentor a Alain Touraine, y con apenas 24 años se convirtió en el profesor más joven de esa universidad. De París saltó a la Universidad de California en Berkeley, donde fue catedrático de Sociología y Planeamiento Urbano y en la que a lo largo de 24 años desarrolló la parte central de su carrera. Sin dejar esta institución, de la que sigue siendo catedrático emérito, Castells regresó a España para dirigir el Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.
Autor de 26 libros y coautor o editor de otros 22, es doctor honoris causa por 18 universidades europeas y ha sido profesor invitado en 17 de las más prestigiosas del mundo, entre ellas las de Oxford y Cambridge y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). El número de premios y distinciones que figuran en su currículo apabulla, entre ellos el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política en 2008 o el premio Holberg de 2012 creado por el Parlamento de Noruega para suplir las carencias del Nobel en ciencias sociales. Tener ese nivel de reconocimiento internacional es una excelente credencial para ocupar la cartera de Universidades.
En los últimos años se ha implicado en el devenir político español e internacional desde tribunas periodísticas y foros de debate. Ha expresado sin tapujos críticas aceradas a la forma en que se abordaba desde las instituciones del Estado el conflicto político catalán y también a la forma en que se ha gestionado la crisis económica en España y en Europa. Comprensivo con las causas que han llevado al auge del soberanismo en Cataluña, ha abordado también el papel que desempeñan las nuevas identidades religiosas, culturales y nacionales en el mundo global. La línea de pensamiento que ha expresado en sus artículos periodísticos ha estado en sintonía con las nuevas corrientes políticas de la llamada izquierda transformadora. En las elecciones brasileñas hizo un llamamiento a los intelectuales para impedir la elección de Jair Bolsonaro y en las últimas municipales apoyó la candidatura de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona. Ahora responde a su llamada para una tarea tan comprometida como formar parte del Gobierno en estos tiempos de polarización extrema.
https://elpais.com/politica/2020/01/05/actualidad/1578248195_961148.html?rel=lom
lunes, 6 de enero de 2020
En estado de shock por la decisión de la Junta Electoral Central.
Los hechos son testarudos y cada vez que se presenta un conflicto importante se confirman: el actual Reino de España tiene un profundo contenido antidemocrático. También lo podríamos decir de otra manera: desde las propias instituciones del Estado se ejerce una presión antidemocrática que ponen en cuestión las propias bases del actual régimen. No puede entenderse de otra manera las decisiones de la Junta Electoral Central inhabilitando la condición de diputado del president de la Generalitat, y por lo tanto destituyéndolo como president, y decidiendo que Oriol Junqueras no puede ser eurodiputado. O sea, dado que por los votos no puedes cambiar al presidente de una Comunidad Autónoma, pues pones un recurso ante la Junta Electoral y ella te lo arregla. El más alto Tribunal de la Unión Europea reconoce la inmunidad parlamentaria de un eurodiputado, pero la Junta Electoral pasa de las leyes europeas y decide lo que le conviene y/o interesa.
Es fácil imaginar el shock que ha causado en Cataluña. Se puede tener una u otra opinión sobre Quim Torra y su política, pero es inaceptable que un órgano administrativo del Estado, ya que ni siquiera ha sido un Tribunal, decida modificar lo que ha votado el pueblo y sus representantes. La indignación era bien evidente en las numerosas concentraciones que se desarrollaron en las plazas de pueblos y ciudades al conocerse la noticia, el viernes 3 de enero. El sábado se convocó una reunión urgente del Parlament que rechazó la inhabilitación de Torra por una mayoría aplastante de 74 votos (ERC, PDCat, CUP y Comunes) 4 en contra (PP) y 17 abstenciones (PSC). Ciudadanos no quiso votar. Y aún fue más mayoritaria la votación del punto 8 de la resolución en la que “se rechaza de nuevo la judicialización de un conflicto que solo puede resolverse por medios políticos y democráticos”. Fue votada por 90 votos a favor, ya que contó también con el apoyo de los socialistas. La portavoz socialista en el Congreso de Madrid, Adriana Lastra, expresó sus dudas de que la Junta Electoral tuviera capacidad para tomar esa decisión y lo mismo declaró el secretario del PSC, Miquel Iceta. De momento, el shock ha significado que los socialistas ya no pueden votar junto al PP y C,s y que los Comunes refuercen su posición democrática frente a los ataques antidemocráticos.
Es un nuevo enfrentamiento de consecuencias impredecibles. Se ha abierto un nuevo conflicto entre una institución del Estado y el Parlament y el president de la Generalitat, se agranda el abismo que existe entre el sentimiento mayoritario de la sociedad e instituciones elegidas a dedo (recordemos que fue un Tribunal quien se cepilló el Estatut aprobado por referéndum y sancionado por los Parlamentos catalán y español; recordemos que el Tribunal Supremo ha condenado a muchos años de cárcel a buena parte del anterior gobierno catalán, a la presidenta del Parlament y a dos líderes sociales y que una sentencia que el Tribunal europeo ha puesto en cuestión en relación a Junqueras, etc. etc.) No es difícil entender el sentimiento de cabreo generalizado contra un régimen que además pretende dar lecciones de democracia y constitucionalismo y el desapego mayoritario respecto a ese régimen y sus instituciones. Las movilizaciones continuarán y, muy probablemente, se desoirá la decisión de la Junta Electoral hasta que haya el pronunciamiento de un Tribunal.
El golpe ha sido tan fuerte que hasta los secretarios generales de los dos principales sindicatos en Cataluña, CCOO y UGT, han tenido que reaccionar. Javier Pacheco, secretario general de CCOO, emitió el siguiente tuit: “La JEC inhabilita @QuimTorraiPla una decisión que no le corresponde extralimitándose en sus funciones, pisoteando los instrumentos democráticos y las instituciones del país. @ccoocatalunya apelamos a la restitución inmediata de sus derechos”. Camil Ros, de UGT, tuiteó: “Por la defensa de los derechos democráticos, hemos de rechazar contundentemente la decisión de la JEC de inhabilitar @QuimTorraiPla i @junqueras La justicia ha de decidir si sigue siendo parte del problema o de las soluciones”.
Si los que en la Junta Electoral tomaron esa decisión para intentar boicotear la investidura del gobierno y darle otra vuelta de tuerca al movimiento de emancipación nacional catalán el tiro les ha salido por la culata. Han vuelto a dejar al desnudo el carácter de este régimen y sus aparatos del Estado y no les servirá para detener la movilización. Ya pasó al conocerse la sentencia contra los dirigentes del procés, la respuesta fue amplia y masiva, comparable o incluso superior a la de octubre de 2017, tanto en la calle como en los resultados de la última contienda electoral. De la misma manera, la respuesta a este shock debería poner encima de la mesa dos temas:
1) La necesidad de la más amplia alianza contra la represión exigiendo la amnistía de los presos, exiliados y detenidos, tanto a nivel de Cataluña como en el conjunto del Reino. Si se abre una etapa de diálogo y de que los problemas se resuelvan a través de la política, habría que empezar por ahí.
2) La decisión de la Junta Electoral es una más de las decisiones antidemocráticas de los últimos años. Lo que se necesita es abrir el debate y la acción sobre la alternativa política y social a este régimen, abrir una perspectiva republicana que conquiste los derechos reales de las clases trabajadoras y los pueblos y que sea una respuesta de futuro a la histeria de las derechas. No parece que pueda haber más perspectivas: o un paso adelante democrático y social o una vuelta atrás con la alianza entre las derechas. Podría, eso es lo que intenta el gobierno que si no hay sorpresas se formará el próximo martes, mantener el actual régimen con algunas medidas sociales, pero más parece que sirva para prolongar su agonía, aunque sea larga, que poner soluciones de futuro favorables a las clases trabajadoras y a los pueblos que conforman el actual territorio del Reino de España.
Miguel Salas sindicalista y miembro del consejo Editorial de Sin Permiso
http://www.sinpermiso.info/textos/en-estado-de-shock-por-la-decision-de-la-junta-electoral-central
Es fácil imaginar el shock que ha causado en Cataluña. Se puede tener una u otra opinión sobre Quim Torra y su política, pero es inaceptable que un órgano administrativo del Estado, ya que ni siquiera ha sido un Tribunal, decida modificar lo que ha votado el pueblo y sus representantes. La indignación era bien evidente en las numerosas concentraciones que se desarrollaron en las plazas de pueblos y ciudades al conocerse la noticia, el viernes 3 de enero. El sábado se convocó una reunión urgente del Parlament que rechazó la inhabilitación de Torra por una mayoría aplastante de 74 votos (ERC, PDCat, CUP y Comunes) 4 en contra (PP) y 17 abstenciones (PSC). Ciudadanos no quiso votar. Y aún fue más mayoritaria la votación del punto 8 de la resolución en la que “se rechaza de nuevo la judicialización de un conflicto que solo puede resolverse por medios políticos y democráticos”. Fue votada por 90 votos a favor, ya que contó también con el apoyo de los socialistas. La portavoz socialista en el Congreso de Madrid, Adriana Lastra, expresó sus dudas de que la Junta Electoral tuviera capacidad para tomar esa decisión y lo mismo declaró el secretario del PSC, Miquel Iceta. De momento, el shock ha significado que los socialistas ya no pueden votar junto al PP y C,s y que los Comunes refuercen su posición democrática frente a los ataques antidemocráticos.
Es un nuevo enfrentamiento de consecuencias impredecibles. Se ha abierto un nuevo conflicto entre una institución del Estado y el Parlament y el president de la Generalitat, se agranda el abismo que existe entre el sentimiento mayoritario de la sociedad e instituciones elegidas a dedo (recordemos que fue un Tribunal quien se cepilló el Estatut aprobado por referéndum y sancionado por los Parlamentos catalán y español; recordemos que el Tribunal Supremo ha condenado a muchos años de cárcel a buena parte del anterior gobierno catalán, a la presidenta del Parlament y a dos líderes sociales y que una sentencia que el Tribunal europeo ha puesto en cuestión en relación a Junqueras, etc. etc.) No es difícil entender el sentimiento de cabreo generalizado contra un régimen que además pretende dar lecciones de democracia y constitucionalismo y el desapego mayoritario respecto a ese régimen y sus instituciones. Las movilizaciones continuarán y, muy probablemente, se desoirá la decisión de la Junta Electoral hasta que haya el pronunciamiento de un Tribunal.
El golpe ha sido tan fuerte que hasta los secretarios generales de los dos principales sindicatos en Cataluña, CCOO y UGT, han tenido que reaccionar. Javier Pacheco, secretario general de CCOO, emitió el siguiente tuit: “La JEC inhabilita @QuimTorraiPla una decisión que no le corresponde extralimitándose en sus funciones, pisoteando los instrumentos democráticos y las instituciones del país. @ccoocatalunya apelamos a la restitución inmediata de sus derechos”. Camil Ros, de UGT, tuiteó: “Por la defensa de los derechos democráticos, hemos de rechazar contundentemente la decisión de la JEC de inhabilitar @QuimTorraiPla i @junqueras La justicia ha de decidir si sigue siendo parte del problema o de las soluciones”.
Si los que en la Junta Electoral tomaron esa decisión para intentar boicotear la investidura del gobierno y darle otra vuelta de tuerca al movimiento de emancipación nacional catalán el tiro les ha salido por la culata. Han vuelto a dejar al desnudo el carácter de este régimen y sus aparatos del Estado y no les servirá para detener la movilización. Ya pasó al conocerse la sentencia contra los dirigentes del procés, la respuesta fue amplia y masiva, comparable o incluso superior a la de octubre de 2017, tanto en la calle como en los resultados de la última contienda electoral. De la misma manera, la respuesta a este shock debería poner encima de la mesa dos temas:
1) La necesidad de la más amplia alianza contra la represión exigiendo la amnistía de los presos, exiliados y detenidos, tanto a nivel de Cataluña como en el conjunto del Reino. Si se abre una etapa de diálogo y de que los problemas se resuelvan a través de la política, habría que empezar por ahí.
2) La decisión de la Junta Electoral es una más de las decisiones antidemocráticas de los últimos años. Lo que se necesita es abrir el debate y la acción sobre la alternativa política y social a este régimen, abrir una perspectiva republicana que conquiste los derechos reales de las clases trabajadoras y los pueblos y que sea una respuesta de futuro a la histeria de las derechas. No parece que pueda haber más perspectivas: o un paso adelante democrático y social o una vuelta atrás con la alianza entre las derechas. Podría, eso es lo que intenta el gobierno que si no hay sorpresas se formará el próximo martes, mantener el actual régimen con algunas medidas sociales, pero más parece que sirva para prolongar su agonía, aunque sea larga, que poner soluciones de futuro favorables a las clases trabajadoras y a los pueblos que conforman el actual territorio del Reino de España.
Miguel Salas sindicalista y miembro del consejo Editorial de Sin Permiso
http://www.sinpermiso.info/textos/en-estado-de-shock-por-la-decision-de-la-junta-electoral-central
Vicio insubsanable
Contracorriente
La sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra Oriol Junqueras el 14 de octubre está afectada por un vicio insubsanable; cuanto más tiempo tarde en reconocerlo, mayor será la humillación
La Abogacía del Estado pide al Supremo que Junqueras ejerza como eurodiputado hasta que se suspenda su inmunidad | El documento de la Abogacía
Javier Pérez Royo
El Tribunal Supremo (TS) se ha metido él solo en un callejón sin salida. Aceleró la fase final del juicio oral del procés, con la finalidad de que quedara visto para sentencia antes del 13 de junio, que sabía que era la fecha para la proclamación definitiva por la Junta Electoral Central (JEC) de los candidatos proclamados electos de manera provisional el 26 de mayo, creyendo que de esta manera ya no sería necesario poner en libertad a Oriol Junqueras, solicitar el suplicatorio al Parlamento Europeo y esperar la respuesta de este para dictar sentencia contra él.
Pero no es así. El parlamentario únicamente pierde la inmunidad con la disolución del parlamento. Solamente los miembros de la Diputación Permanente la conservan mientras el parlamento está disuelto. Los demás la pierden. Una vez celebradas las elecciones generales, los candidatos que son proclamados electos vuelven a ser portadores de la misma desde el mismo momento de la proclamación. Y lo son a lo largo de toda la legislatura. Para ser detenidos o poder proceder penalmente contra ellos, se tiene que solicitar el suplicatorio a la Cámara a la que pertenezcan: Congreso, Senado o Parlamento Europeo. Tanto si se han iniciado acciones penales contra ellos o incluso se ha iniciado el juicio oral o si el juicio ha quedado visto para sentencia, como si no. La inmunidad es garantía institucional de la "integridad" del nuevo parlamento y garantía individual de cada uno de sus miembros. Y garantía sin excepción de ningún tipo. Hay que dirigir siempre y en todo caso el suplicatorio al parlamento, a fin de que levante la inmunidad de un parlamentario.
Es obvio que el hecho de que un parlamentario esté siendo ya procesado, y más todavía si ha concluido el juicio oral, facilita al juez o tribunal la fundamentación de la solicitud del suplicatorio y puede acelerar la tramitación parlamentaria y la respuesta de la Cámara. Pero lo que no puede nunca es EXIMIR al órgano judicial de la obligación de solicitar el suplicatorio. En ningún caso.
Cada parlamento es la expresión de una nueva manifestación de voluntad del cuerpo electoral. Es una nueva manifestación del principio de soberanía popular. Con él se activa la garantía de la inmunidad parlamentaria. Cualquier circunstancia anterior de la que pueda derivarse responsabilidad penal para uno de sus miembros tiene que ser puesta en conocimiento del parlamento, a fin de que este decida si concede o no la autorización para proceder contra él. Es la única manera que tiene el parlamento de conservar el control de su propia integridad.
Quiere decirse, pues, que la no solicitud del suplicatorio por parte de un juez o tribunal contra un parlamentario vicia de nulidad cualquier actuación del órgano judicial. Se trata de un vicio insubsanable, porque choca frontalmente con el principio de soberanía popular, con el principio de legitimidad democrática en que descansa el Estado Constitucional.
Estos son conocimientos que se adquieren en el primer curso de la licenciatura. El parlamento es el "patrón oro" de la democracia parlamentaria, que, precisamente por eso, se adjetiva así. Nadie más que él puede decidir sobre su propia "integridad". No entenderlo así es desconocer el fundamento en el que descansa el Estado democrático.
Esto es lo que ha hecho el TS. Ha dictado sentencia el 14 de octubre contra Oriol Junqueras, que era diputado europeo desde el 13 de junio, como acaba de reconocer de manera expresa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y lo ha hecho sin haber solicitado el suplicatorio al Parlamento Europeo y sin haber recibido de este la autorización para poder hacerlo.
La manifestación de voluntad del TS en dicha sentencia es, en consecuencia, nula de pleno derecho. Ha dictado sentencia contra quien no podía dictarla, sin recibir previamente la autorización del Parlamento del que era miembro. Este vicio de nulidad no es subsanable.
El TS tiene dos alternativas: o reconocer el error que ha cometido y proceder a declarar nula la sentencia por él dictada el 14 de octubre o permanecer en el error y recibir una nueva humillación por parte del TJUE.
La sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra Oriol Junqueras el 14 de octubre está afectada por un vicio insubsanable; cuanto más tiempo tarde en reconocerlo, mayor será la humillación
La Abogacía del Estado pide al Supremo que Junqueras ejerza como eurodiputado hasta que se suspenda su inmunidad | El documento de la Abogacía
Javier Pérez Royo
El Tribunal Supremo (TS) se ha metido él solo en un callejón sin salida. Aceleró la fase final del juicio oral del procés, con la finalidad de que quedara visto para sentencia antes del 13 de junio, que sabía que era la fecha para la proclamación definitiva por la Junta Electoral Central (JEC) de los candidatos proclamados electos de manera provisional el 26 de mayo, creyendo que de esta manera ya no sería necesario poner en libertad a Oriol Junqueras, solicitar el suplicatorio al Parlamento Europeo y esperar la respuesta de este para dictar sentencia contra él.
Pero no es así. El parlamentario únicamente pierde la inmunidad con la disolución del parlamento. Solamente los miembros de la Diputación Permanente la conservan mientras el parlamento está disuelto. Los demás la pierden. Una vez celebradas las elecciones generales, los candidatos que son proclamados electos vuelven a ser portadores de la misma desde el mismo momento de la proclamación. Y lo son a lo largo de toda la legislatura. Para ser detenidos o poder proceder penalmente contra ellos, se tiene que solicitar el suplicatorio a la Cámara a la que pertenezcan: Congreso, Senado o Parlamento Europeo. Tanto si se han iniciado acciones penales contra ellos o incluso se ha iniciado el juicio oral o si el juicio ha quedado visto para sentencia, como si no. La inmunidad es garantía institucional de la "integridad" del nuevo parlamento y garantía individual de cada uno de sus miembros. Y garantía sin excepción de ningún tipo. Hay que dirigir siempre y en todo caso el suplicatorio al parlamento, a fin de que levante la inmunidad de un parlamentario.
Es obvio que el hecho de que un parlamentario esté siendo ya procesado, y más todavía si ha concluido el juicio oral, facilita al juez o tribunal la fundamentación de la solicitud del suplicatorio y puede acelerar la tramitación parlamentaria y la respuesta de la Cámara. Pero lo que no puede nunca es EXIMIR al órgano judicial de la obligación de solicitar el suplicatorio. En ningún caso.
Cada parlamento es la expresión de una nueva manifestación de voluntad del cuerpo electoral. Es una nueva manifestación del principio de soberanía popular. Con él se activa la garantía de la inmunidad parlamentaria. Cualquier circunstancia anterior de la que pueda derivarse responsabilidad penal para uno de sus miembros tiene que ser puesta en conocimiento del parlamento, a fin de que este decida si concede o no la autorización para proceder contra él. Es la única manera que tiene el parlamento de conservar el control de su propia integridad.
Quiere decirse, pues, que la no solicitud del suplicatorio por parte de un juez o tribunal contra un parlamentario vicia de nulidad cualquier actuación del órgano judicial. Se trata de un vicio insubsanable, porque choca frontalmente con el principio de soberanía popular, con el principio de legitimidad democrática en que descansa el Estado Constitucional.
Estos son conocimientos que se adquieren en el primer curso de la licenciatura. El parlamento es el "patrón oro" de la democracia parlamentaria, que, precisamente por eso, se adjetiva así. Nadie más que él puede decidir sobre su propia "integridad". No entenderlo así es desconocer el fundamento en el que descansa el Estado democrático.
Esto es lo que ha hecho el TS. Ha dictado sentencia el 14 de octubre contra Oriol Junqueras, que era diputado europeo desde el 13 de junio, como acaba de reconocer de manera expresa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y lo ha hecho sin haber solicitado el suplicatorio al Parlamento Europeo y sin haber recibido de este la autorización para poder hacerlo.
La manifestación de voluntad del TS en dicha sentencia es, en consecuencia, nula de pleno derecho. Ha dictado sentencia contra quien no podía dictarla, sin recibir previamente la autorización del Parlamento del que era miembro. Este vicio de nulidad no es subsanable.
El TS tiene dos alternativas: o reconocer el error que ha cometido y proceder a declarar nula la sentencia por él dictada el 14 de octubre o permanecer en el error y recibir una nueva humillación por parte del TJUE.
domingo, 5 de enero de 2020
ACUERDO PARA LA CREACIÓN DE UNA MESA ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO POLÍTICO
"Las partes firmantes constatan que se encuentran ante la oportunidad de desbloquear y encauzar el conflicto político sobre el futuro de Cataluña y establecer las bases para su resolución, pues hay voluntad de diálogo para alcanzar un acuerdo que permita superar la situación actual. El reconocimiento de esta oportunidad, y la voluntad y firmeza política expresada por ambas partes, permiten explorar y abordar la apertura de una nueva etapa basada en el diálogo efectivo, abierto y sincero y apostar por el reconocimiento y entendimiento institucional. Por todo ello, conforme a los principios de lealtad institucional y bilateralidad que rigen el marco político de relación entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Cataluña, acordamos lo siguiente:
1. El reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo.
Partimos del reconocimiento de que existe un conflicto de naturaleza política en relación al futuro político de Cataluña. Como cualquier conflicto de esta naturaleza, solo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo.
2. Creación de una mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político.
Por ello, adoptamos el compromiso de crear una mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre Gobiernos, que partirá del reconocimiento y legitimidad de todas las partes y propuestas y que actuará sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático.
Esta mesa como instrumento político se sustenta en los siguientes principios:
1) Composición: el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Cataluña. Se establecerán las delegaciones de forma paritaria y con los miembros que ambas partes decidan.
2) Contenido: diálogo abierto sobre todas las propuestas presentadas. Todas las partes aportarán con libertad de contenidos sus propuestas detalladas sobre el futuro de Cataluña. Y se valorarán, debatirán y argumentarán las posiciones al respecto de cada propuesta.
3) Calendario transparente: la mesa iniciará sus trabajos en el plazo de quince días desde la formación del Gobierno de España y establecerá plazos concretos para sus reuniones y para presentar sus conclusiones.
4) Seguimiento y garantías de cumplimiento: la mesa establecerá mecanismos para garantizar el inicio y mantenimiento de su actividad y el cumplimiento de los acuerdos.
En este espacio deberán buscarse acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana. En este sentido, ambas partes se comprometen a impulsar la efectividad de los acuerdos que se adopten a través de los procedimientos oportunos. Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político.
Esta mesa se coordinará con otros espacios de diálogo institucionales y parlamentarios ya existentes, que deberán potenciarse. Entre otros, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado recogida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Taula de Partits existente en el Parlamento de Catalunya".
PSOE - PSC Esquerra Republicana
CAMINO ALLANADO HACIA LA COALICIÓN
EL PAÍS
Con la firma del acuerdo, la abstención de ERC permitirá la formación del primer Gobierno de coalición desde la restauración de la democracia. PSOE y Podemos han pactado la derogación parcial de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, una reforma fiscal ambiciosa con subidas de impuestos a los ricos y a las grandes empresas, punto final a la llamada ley de seguridad ciudadana (la denominada ley mordaza) y fuerte subida del salario mínimo. La sesión de investidura comenzará el sábado día 4 y continuará el domingo 5, se interrumpirá el 6 y se reanudará el 7. Desde la primera votación de investidura del domingo, que previsiblemente será fallida al no obtener el candidato la mayoría absoluta, deben transcurrir 48 horas para la siguiente, en la que ya solo se requieren más votos a favor que en contra. Ese será el momento en el que nazca el Gobierno de Sánchez, que de inmediato prometerá ante el Rey cumplir y hacer cumplir la Constitución.
1. El reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo.
Partimos del reconocimiento de que existe un conflicto de naturaleza política en relación al futuro político de Cataluña. Como cualquier conflicto de esta naturaleza, solo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo.
2. Creación de una mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político.
Por ello, adoptamos el compromiso de crear una mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre Gobiernos, que partirá del reconocimiento y legitimidad de todas las partes y propuestas y que actuará sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático.
Esta mesa como instrumento político se sustenta en los siguientes principios:
1) Composición: el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Cataluña. Se establecerán las delegaciones de forma paritaria y con los miembros que ambas partes decidan.
2) Contenido: diálogo abierto sobre todas las propuestas presentadas. Todas las partes aportarán con libertad de contenidos sus propuestas detalladas sobre el futuro de Cataluña. Y se valorarán, debatirán y argumentarán las posiciones al respecto de cada propuesta.
3) Calendario transparente: la mesa iniciará sus trabajos en el plazo de quince días desde la formación del Gobierno de España y establecerá plazos concretos para sus reuniones y para presentar sus conclusiones.
4) Seguimiento y garantías de cumplimiento: la mesa establecerá mecanismos para garantizar el inicio y mantenimiento de su actividad y el cumplimiento de los acuerdos.
En este espacio deberán buscarse acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana. En este sentido, ambas partes se comprometen a impulsar la efectividad de los acuerdos que se adopten a través de los procedimientos oportunos. Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político.
Esta mesa se coordinará con otros espacios de diálogo institucionales y parlamentarios ya existentes, que deberán potenciarse. Entre otros, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado recogida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Taula de Partits existente en el Parlamento de Catalunya".
PSOE - PSC Esquerra Republicana
CAMINO ALLANADO HACIA LA COALICIÓN
EL PAÍS
Con la firma del acuerdo, la abstención de ERC permitirá la formación del primer Gobierno de coalición desde la restauración de la democracia. PSOE y Podemos han pactado la derogación parcial de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, una reforma fiscal ambiciosa con subidas de impuestos a los ricos y a las grandes empresas, punto final a la llamada ley de seguridad ciudadana (la denominada ley mordaza) y fuerte subida del salario mínimo. La sesión de investidura comenzará el sábado día 4 y continuará el domingo 5, se interrumpirá el 6 y se reanudará el 7. Desde la primera votación de investidura del domingo, que previsiblemente será fallida al no obtener el candidato la mayoría absoluta, deben transcurrir 48 horas para la siguiente, en la que ya solo se requieren más votos a favor que en contra. Ese será el momento en el que nazca el Gobierno de Sánchez, que de inmediato prometerá ante el Rey cumplir y hacer cumplir la Constitución.
sábado, 4 de enero de 2020
La bicicleta del embajador. A Hugh Elliot los libros le enseñaron que todo tiene sombras y luces. Y una burgalesa le hizo ver la generosidad.
A Hugh Elliott su abuelo le regaló una bicicleta. Con ella quiso conocer mundo, desde Londres, donde había estudiado español. Y puso rumbo a España. Limpió fondues en Suiza e hizo otros trabajos que le ayudaran a llegar, con su bicicleta, al Camino de Santiago. En 1984 todavía la vía santa estaba poco transitada.
Aún conserva, grasiento y negro, el librito que le explicaba cómo hacer ese trayecto. La historia de lo que pasó más tarde en Burgos es ahora muy conocida. Hugh se vio necesitado de alojamiento y una joven burgalesa lo alojó gratis en su casa. Ahora es embajador británico en España. Este diciembre recordó a su benefactora contando la anécdota en redes sociales. Sin embargo, ella, Lourdes Arnáiz, había muerto de una enfermedad neurodegenerativa. De esa historia quedan la melancolía de su desenlace y la gran repercusión en medios y entre los españoles, con centenares de mensajes cariñosos.
En 1984 Hugh apenas tenía dinero. En Londres cargó a tope su vehículo. Al fin la bici se rompió en mitad de la nada, bajo el calor de la meseta de León. Detrás de una puerta apareció un sordomudo que entendió sus señas y apareció con la llave inglesa más grande que él había visto jamás. Funcionó el remedio, pero él quiso cambiar el rumbo. Tomó trenes a otros lugares de Francia y le dejó a Renfe la tarea de devolverle en Burgos la bicicleta. Él estuvo cinco días sin bicicleta. Fue en ese tiempo cuando se produjo un favor que parecía un milagro. A él nunca se le fue de la cabeza la trascendencia de tal favor. Ella podía estar deseando que se fuera. Y hasta este diciembre esa contrariedad no estaba solo en su diario sino en su conciencia. Por eso quiso recordarla públicamente.
Hugh es hijo de padres que sabían idiomas. El padre era profesor de lenguas (y hablaba español, francés y catalán), y la madre, que murió hace unos años, hablaba francés y alemán y era trabajadora social con niños pequeños. Él estudió en Cambridge, enseñó inglés en Salamanca, donde aprendió el estupendo español que habla, conoció a su futura esposa Toñi, y prolongó su pasión española con la lectura de libros que, anotados desde la fecha a los asuntos, dominan su biblioteca. Es tan alto que ninguno de los libros se resiste a sus manos de ciclista. Las lecturas (El Cantar del Mío Cid, El Caballero de Olmedo…) le abrieron los ojos al mundo, a la gente y a los idiomas. En esas estanterías figuran, muy fatigados, como decía Borges, libros de García Márquez y Vargas Llosa, leídos en Salamanca cuando aún el boom no había empezado a arrumbarse entre nosotros.
García Márquez, por ejemplo, le enseñó que la realidad explica también lo imposible. La literatura, en fin, le señaló que todo tiene sombras y luces, que todo es gris; y eso, que todo es gris, es imposible que lo entiendan los políticos. Por eso, sin duda, es diplomático… y lector. Ahora vive en España como embajador, y no es lo mismo que ver este país como estudiante. A él le impactó la enseñanza que fue para él reconocer aquí ese valor humano, la generosidad, en el gesto de Lourdes. Esa generosidad es, seguramente, la razón del éxito de España como país. Hay un último libro que saca de su estantería. El lazarillo de Tormes. Un libro cortito que explica la naturaleza humana de una forma brutal. La lectura que más le enseña de España. Debía tener 16 años cuando lo compró. ¿Por qué conserva tantos libros viejos? “¡Es que los libros no se tiran!”. Ni los recuerdos.
https://elpais.com/cultura/2019/12/28/actualidad/1577524962_607994.html
Aún conserva, grasiento y negro, el librito que le explicaba cómo hacer ese trayecto. La historia de lo que pasó más tarde en Burgos es ahora muy conocida. Hugh se vio necesitado de alojamiento y una joven burgalesa lo alojó gratis en su casa. Ahora es embajador británico en España. Este diciembre recordó a su benefactora contando la anécdota en redes sociales. Sin embargo, ella, Lourdes Arnáiz, había muerto de una enfermedad neurodegenerativa. De esa historia quedan la melancolía de su desenlace y la gran repercusión en medios y entre los españoles, con centenares de mensajes cariñosos.
En 1984 Hugh apenas tenía dinero. En Londres cargó a tope su vehículo. Al fin la bici se rompió en mitad de la nada, bajo el calor de la meseta de León. Detrás de una puerta apareció un sordomudo que entendió sus señas y apareció con la llave inglesa más grande que él había visto jamás. Funcionó el remedio, pero él quiso cambiar el rumbo. Tomó trenes a otros lugares de Francia y le dejó a Renfe la tarea de devolverle en Burgos la bicicleta. Él estuvo cinco días sin bicicleta. Fue en ese tiempo cuando se produjo un favor que parecía un milagro. A él nunca se le fue de la cabeza la trascendencia de tal favor. Ella podía estar deseando que se fuera. Y hasta este diciembre esa contrariedad no estaba solo en su diario sino en su conciencia. Por eso quiso recordarla públicamente.
Hugh es hijo de padres que sabían idiomas. El padre era profesor de lenguas (y hablaba español, francés y catalán), y la madre, que murió hace unos años, hablaba francés y alemán y era trabajadora social con niños pequeños. Él estudió en Cambridge, enseñó inglés en Salamanca, donde aprendió el estupendo español que habla, conoció a su futura esposa Toñi, y prolongó su pasión española con la lectura de libros que, anotados desde la fecha a los asuntos, dominan su biblioteca. Es tan alto que ninguno de los libros se resiste a sus manos de ciclista. Las lecturas (El Cantar del Mío Cid, El Caballero de Olmedo…) le abrieron los ojos al mundo, a la gente y a los idiomas. En esas estanterías figuran, muy fatigados, como decía Borges, libros de García Márquez y Vargas Llosa, leídos en Salamanca cuando aún el boom no había empezado a arrumbarse entre nosotros.
García Márquez, por ejemplo, le enseñó que la realidad explica también lo imposible. La literatura, en fin, le señaló que todo tiene sombras y luces, que todo es gris; y eso, que todo es gris, es imposible que lo entiendan los políticos. Por eso, sin duda, es diplomático… y lector. Ahora vive en España como embajador, y no es lo mismo que ver este país como estudiante. A él le impactó la enseñanza que fue para él reconocer aquí ese valor humano, la generosidad, en el gesto de Lourdes. Esa generosidad es, seguramente, la razón del éxito de España como país. Hay un último libro que saca de su estantería. El lazarillo de Tormes. Un libro cortito que explica la naturaleza humana de una forma brutal. La lectura que más le enseña de España. Debía tener 16 años cuando lo compró. ¿Por qué conserva tantos libros viejos? “¡Es que los libros no se tiran!”. Ni los recuerdos.
https://elpais.com/cultura/2019/12/28/actualidad/1577524962_607994.html
viernes, 3 de enero de 2020
Branko Milanović: “Con sus donaciones, los ricos compran políticas económicas que les benefician”. El economista sugiere en su último libro la creación de un “capitalismo popular” para atajar el crecimiento de la inequidad generado por la globalización.
El problema de la desigualdad es que los que mejor se ocupan de ella son los que la están disfrutando. Según Branko Milanović, en este mundo globalizado los partidos considerados de izquierda se han quedado sin ideas para atajarla mientras los millonarios siguen donando cantidades astronómicas a políticos quienes, antes o después, les devolverán el favor. Como plasma en Capitalism, Alone: The Future of the System That Rules the World (Harvard University Press), en las presidenciales estadounidenses de 2016, el 0,01% más adinerado de la población aportó el 40% de las donaciones de campaña, y lo que “los ricos compran con sus contribuciones son políticas económicas que les benefician”.
El último libro del economista serbio-estadounidense, que podría traducirse como “Capitalismo, a solas: el futuro del sistema que domina el mundo”, es otra vuelta de tuerca sobre la desigualdad, un tema que investiga desde que trabajaba como economista jefe de investigación en el Banco Mundial (hoy es profesor del CUNY Centro de Estudios de Posgrado de Nueva York). En este ensayo, la desigualdad le sirve como piedra de toque para juzgar las deficiencias de los dos sistemas en que divide al mundo: el “capitalismo meritocrático” de la democracia liberal, con EE UU como adalid; y el “capitalismo político” de China.
Ninguno de los dos sale bien parado. En nuestro liberal y meritocrático sistema, explica durante una entrevista telefónica, la culpa de la desigualdad está repartida. Entre los sospechosos habituales se destacan la concentración del capital en pocas manos y la superioridad de sus rendimientos con relación a los del trabajo. No son los únicos. Nuestro capitalismo también se distingue del clásico debido a los desmesurados sueldos con que se premió a una clase privilegiada que en el siglo XIX no se molestaba en trabajar, así como a la creación de un elitista sistema educativo difícilmente asequible para la clase media. Las prestigiosas universidades estadounidenses funcionarían así como centros de excelencia pero también de criba. El objetivo: reservar esos puestos tan generosamente remunerados a los que previamente han pagado cientos de miles de dólares en formación.
Si las desigualdades no están hoy en los niveles del siglo XIX, dice en el libro, se debe a los impuestos y a los sistemas de reparto que aún mantenemos del “capitalismo socialdemócrata”, como llama al modelo que rigió en Europa y EE UU entre la Segunda Guerra Mundial y la revolución conservadora de los años setenta del siglo XX. El problema es que esas dos herramientas se han quedado cortas en el mundo globalizado. “En aquella época era más fácil diseñar políticas domésticas para mejorar la situación de un grupo determinado porque no había libre movilidad de capitales, entre otras cosas”, explica Milanović.
Entre la globalización, que se llevó muchos empleos fabriles; y los cambios tecnológicos, que descentralizaron los procesos; la unión de trabajadores sindicalizados bajo un mismo techo es toda una rareza hoy. Por eso Milanović considera poco viables las propuestas de partidos progresistas centradas en recuperar los sindicatos o en subir los desprestigiados impuestos de toda la vida. En cambio, los remedios que él prescribe tienen que ver con su diagnóstico particular de la desigualdad: mejorar notablemente la calidad de la educación pública para reducir la brecha con la privada de élite, y volver a gravar las grandes herencias para fomentar la movilidad social de los menos afortunados.
Pero tal vez su propuesta más original sea la relacionada con el capital. En vez de abolir la propiedad privada pide universalizarla lo máximo posible, de forma que las inversiones en activos financieros de mayor rentabilidad dejen de ser coto privado de los ricos. “Ya hay muchos casos de empleados con acciones de su empresa pero mi propuesta es algo más amplia, que no se limite a la compañía en la que trabajas, porque lo más probable es que prefieras separar el riesgo de tu empleo del riesgo de tus acciones”, explica. En su plan de “capitalismo popular”, como llama a ese posible modelo, hay beneficios impositivos para los pequeños inversores y penalizaciones para los grandes, así como seguros respaldados por el Estado para evitar la pérdida de todos los ahorros en un mal día de los mercados.
Pero si es cierto que los políticos están en deuda con los millonarios, ¿cómo van a atreverse a subirles el impuesto a la herencia o a las ganancias de capital? Según Milanović, “con más participación en la política”. “Ya sé que parece la respuesta fácil pero el sistema sigue siendo democrático y las cosas pueden cambiar si hay participación y si los partidos que buscan reducir la desigualdad logran transmitir un mensaje que sea comprensible y viable y que solucione las preocupaciones económicas de la gente”.
Lo contrario de la participación, la desafección con el sistema, es lo que buscarían los países interesados en derivar hacia modelos similares al “capitalismo político” de China. A cambio de garantizarle al pueblo mayores tasas de crecimiento, el sistema tiene la ventaja de cimentar a su élite en el poder. Eso sí, con la amenaza de perder legitimidad siempre presente. En el capitalismo chino, a la desigualdad generada por los mayores rendimientos del capital y por las enormes diferencias entre sueldos hay que sumarle la que provoca una corrupción que es inherente a un sistema donde el Estado de derecho se aplica de forma discrecional.
Corrupción
Según Milanović, eso explica las purgas que el Gobierno chino aplica de forma periódica contra las autoridades que se hacen sobornar. El objetivo no es eliminar por completo la corrupción, porque eso significaría terminar con una arbitrariedad que la élite necesita para gobernar, sino dar lecciones ejemplarizantes para no perder legitimidad. “La desgracia de la corrupción en China es especialmente grave porque se suma a unos niveles de desigualdad que ya son altos, y el resentimiento por la injusticia de los grandes salarios se multiplica”, describe.
China es el más evidente pero hay otros casos de capitalismo político. Vietnam, Malasia, Laos, Singapur y al menos seis naciones africanas también encajan en el criterio para formar parte del grupo: países capitalistas que, formalmente o de facto, son gobernados por un partido único que se perpetúa en el poder. Milanović no descarta una convergencia de nuestro sistema meritocrático hacia una plutocracia donde la élite económica también controle la política, pero no cree que sea el único escenario posible. “También podría haber una mayor democratización de China, o un mayor número de países replicando características del modelo chino para conseguir autonomía estatal y una alta tasa de crecimiento”, dice antes de recordar, con una frase, la cautela con que se debe tomar cualquier pronóstico: “A estas alturas, y según Keynes, deberíamos estar trabajando 15 horas por semana”.
https://elpais.com/economia/2019/12/26/actualidad/1577354354_813392.html
El último libro del economista serbio-estadounidense, que podría traducirse como “Capitalismo, a solas: el futuro del sistema que domina el mundo”, es otra vuelta de tuerca sobre la desigualdad, un tema que investiga desde que trabajaba como economista jefe de investigación en el Banco Mundial (hoy es profesor del CUNY Centro de Estudios de Posgrado de Nueva York). En este ensayo, la desigualdad le sirve como piedra de toque para juzgar las deficiencias de los dos sistemas en que divide al mundo: el “capitalismo meritocrático” de la democracia liberal, con EE UU como adalid; y el “capitalismo político” de China.
Ninguno de los dos sale bien parado. En nuestro liberal y meritocrático sistema, explica durante una entrevista telefónica, la culpa de la desigualdad está repartida. Entre los sospechosos habituales se destacan la concentración del capital en pocas manos y la superioridad de sus rendimientos con relación a los del trabajo. No son los únicos. Nuestro capitalismo también se distingue del clásico debido a los desmesurados sueldos con que se premió a una clase privilegiada que en el siglo XIX no se molestaba en trabajar, así como a la creación de un elitista sistema educativo difícilmente asequible para la clase media. Las prestigiosas universidades estadounidenses funcionarían así como centros de excelencia pero también de criba. El objetivo: reservar esos puestos tan generosamente remunerados a los que previamente han pagado cientos de miles de dólares en formación.
Si las desigualdades no están hoy en los niveles del siglo XIX, dice en el libro, se debe a los impuestos y a los sistemas de reparto que aún mantenemos del “capitalismo socialdemócrata”, como llama al modelo que rigió en Europa y EE UU entre la Segunda Guerra Mundial y la revolución conservadora de los años setenta del siglo XX. El problema es que esas dos herramientas se han quedado cortas en el mundo globalizado. “En aquella época era más fácil diseñar políticas domésticas para mejorar la situación de un grupo determinado porque no había libre movilidad de capitales, entre otras cosas”, explica Milanović.
Entre la globalización, que se llevó muchos empleos fabriles; y los cambios tecnológicos, que descentralizaron los procesos; la unión de trabajadores sindicalizados bajo un mismo techo es toda una rareza hoy. Por eso Milanović considera poco viables las propuestas de partidos progresistas centradas en recuperar los sindicatos o en subir los desprestigiados impuestos de toda la vida. En cambio, los remedios que él prescribe tienen que ver con su diagnóstico particular de la desigualdad: mejorar notablemente la calidad de la educación pública para reducir la brecha con la privada de élite, y volver a gravar las grandes herencias para fomentar la movilidad social de los menos afortunados.
Pero tal vez su propuesta más original sea la relacionada con el capital. En vez de abolir la propiedad privada pide universalizarla lo máximo posible, de forma que las inversiones en activos financieros de mayor rentabilidad dejen de ser coto privado de los ricos. “Ya hay muchos casos de empleados con acciones de su empresa pero mi propuesta es algo más amplia, que no se limite a la compañía en la que trabajas, porque lo más probable es que prefieras separar el riesgo de tu empleo del riesgo de tus acciones”, explica. En su plan de “capitalismo popular”, como llama a ese posible modelo, hay beneficios impositivos para los pequeños inversores y penalizaciones para los grandes, así como seguros respaldados por el Estado para evitar la pérdida de todos los ahorros en un mal día de los mercados.
Pero si es cierto que los políticos están en deuda con los millonarios, ¿cómo van a atreverse a subirles el impuesto a la herencia o a las ganancias de capital? Según Milanović, “con más participación en la política”. “Ya sé que parece la respuesta fácil pero el sistema sigue siendo democrático y las cosas pueden cambiar si hay participación y si los partidos que buscan reducir la desigualdad logran transmitir un mensaje que sea comprensible y viable y que solucione las preocupaciones económicas de la gente”.
Lo contrario de la participación, la desafección con el sistema, es lo que buscarían los países interesados en derivar hacia modelos similares al “capitalismo político” de China. A cambio de garantizarle al pueblo mayores tasas de crecimiento, el sistema tiene la ventaja de cimentar a su élite en el poder. Eso sí, con la amenaza de perder legitimidad siempre presente. En el capitalismo chino, a la desigualdad generada por los mayores rendimientos del capital y por las enormes diferencias entre sueldos hay que sumarle la que provoca una corrupción que es inherente a un sistema donde el Estado de derecho se aplica de forma discrecional.
Corrupción
Según Milanović, eso explica las purgas que el Gobierno chino aplica de forma periódica contra las autoridades que se hacen sobornar. El objetivo no es eliminar por completo la corrupción, porque eso significaría terminar con una arbitrariedad que la élite necesita para gobernar, sino dar lecciones ejemplarizantes para no perder legitimidad. “La desgracia de la corrupción en China es especialmente grave porque se suma a unos niveles de desigualdad que ya son altos, y el resentimiento por la injusticia de los grandes salarios se multiplica”, describe.
China es el más evidente pero hay otros casos de capitalismo político. Vietnam, Malasia, Laos, Singapur y al menos seis naciones africanas también encajan en el criterio para formar parte del grupo: países capitalistas que, formalmente o de facto, son gobernados por un partido único que se perpetúa en el poder. Milanović no descarta una convergencia de nuestro sistema meritocrático hacia una plutocracia donde la élite económica también controle la política, pero no cree que sea el único escenario posible. “También podría haber una mayor democratización de China, o un mayor número de países replicando características del modelo chino para conseguir autonomía estatal y una alta tasa de crecimiento”, dice antes de recordar, con una frase, la cautela con que se debe tomar cualquier pronóstico: “A estas alturas, y según Keynes, deberíamos estar trabajando 15 horas por semana”.
https://elpais.com/economia/2019/12/26/actualidad/1577354354_813392.html
jueves, 2 de enero de 2020
El enorme daño causado por los economistas neoliberales.
Vicenc Navarro
Público
Joseph Stiglitz (premio Nobel de Economía en el año 2001), escribió un artículo publicado en la revista Social Europe, The end of neoliberalism and the rebirth of history (26.11.19), en el que señalaba las consecuencias negativas de la aplicación de las políticas neoliberales (que incluían reformas laborales encaminadas a debilitar a los sindicatos y facilitar el despido de los trabajadores, así como políticas de austeridad con el intento de disminuir la protección social mediante recortes del gasto público social) en la calidad democrática de los países a los dos lados del Atlántico Norte (incluyendo España), así como en el bienestar de las clases populares de los países donde tales políticas se han estado aplicando. La evidencia de que ello ha sido así es clara y contundente.
El objetivo del artículo de Stiglitz era denunciar a los economistas que han promovido tal ideología política (el neoliberalismo), los cuales han alcanzado un dominio casi completo en fórums donde se reproduce la sabiduría convencional de los establishments políticos y mediáticos. Tal dominio ha sido promovido por las élites financieras y empresariales, así como por los sectores más pudientes de la población, que han ejercido (y continúan ejerciendo) una enorme influencia sobre tales establishments y que eran, y son, los que se benefician más de la aplicación de tales políticas, beneficios que están basados, según Stiglitz, en una enorme explotación de las clases populares, cuya calidad de vida ha empeorado considerablemente como resultado de la aplicación de esas políticas. Una de las consecuencias de esta realidad ha sido el enorme crecimiento de las desigualdades en la mayoría de estos países en los que tales políticas se han aplicado.
El principio básico del dogma neoliberal, según Stiglitz
Detrás de un lenguaje aparentemente científico, los economistas neoliberales han estado promoviendo un principio muy sencillo y que raramente aparece explícito en su argumentario. Tal principio es que “la eficiencia del sistema económico requiere incrementar la riqueza de los de arriba (las élites financieras y empresariales, así como las profesionales a su servicio), a fin de que tal riqueza vaya extendiéndose a los de abajo, que son todos los demás”. Este principio ha estado vigente siempre en las “ciencias” económicas dominantes, habiendo alcanzado niveles extremos durante la Gran Recesión. Según dicho dogma (y no hay otra manera de definirlo), lo que beneficia a los propietarios y gestores del capital financiero, así como de las grandes empresas del país (que son una minoría de la población), beneficia automáticamente a la mayoría de la población.
El problema con tal ideología es que los datos no muestran esta realidad, pues las rentas de los primeros han ido creciendo muy significativamente durante todos estos años de neoliberalismo imperante, mientras que las de los segundos ha ido descendiendo. En todos estos países del capitalismo desarrollado, las rentas derivadas del trabajo han ido disminuyendo como porcentaje de todas las rentas, mientras que las rentas derivadas de la propiedad del capital han ido aumentando. Y dentro de la masa salarial, ha habido también una enorme polarización de los salarios, con una minoría que se ha visto muy beneficiada a costa de una mayoría que se ha visto muy perjudicada.
La abusiva promoción del neoliberalismo por parte de los establishments políticos y mediáticos
En este escenario, Stiglitz señala que tales economistas neoliberales eran los que aparecían (y añadiría yo que en España continúan apareciendo) en los mayores medios de información, monopolizando el área de lo que se presenta como “ciencias” económicas, marginando, impidiendo y silenciando las voces críticas que no comulgaban con las falacias que sostenían sus argumentos y propuestas. Los primeros eran los ortodoxos del dogma neoliberal, que marginaban a los heterodoxos, definidos como “ideólogos” o “demagogos”.
Ahora bien, el fracaso del neoliberalismo es tan patente, claro y contundente que por fin se ha visto que “el rey estaba desnudo” y hoy, según Stiglitz, estamos viendo el fin del dogma neoliberal, que se había iniciado en los años ochenta del siglo pasado con la revolución neoliberal empezada por el presidente Ronald Reagan en EEUU y por la Sra. Margaret Thatcher en el Reino Unido, y que fue asimilada más tarde por lo que se definía como la Tercera Vía en EEUU (Clinton) y en la Unión Europea (Blair, Schröder y Zapatero). Esta revolución causó, en última instancia, la Gran Recesión, la cual acentuó todavía más los efectos negativos de tales políticas. Dicho fracaso es también la causa de la enorme crisis de legitimidad política que viven las democracias liberales en EEUU y en Europa. Esta conclusión de Stiglitz es, según mi parecer, excesivamente optimista, pues si bien es cierto que tales políticas neoliberales están desacreditadas extensamente en gran parte de los círculos académicos y en algunas agencias internacionales, no lo está tanto en las esferas políticas y mediáticas de muchos países, siendo España uno de ellos.
El gran fracaso del neoliberalismo en España
Todo lo que Stiglitz define, critica y denuncia puede aplicarse totalmente a España. Este es uno de los países donde tales políticas se han aplicado más clara y contundentemente. Como consecuencia de ello, España está, en cuanto a indicadores de calidad de vida de las clases populares se refiere, a la cola de los países capitalistas desarrollados. Un indicador tras otro muestran que, en temas de bienestar, estamos a la cola de los países a los dos lados del Atlántico Norte. Los elevados porcentajes de precariedad en el mercado de trabajo, la elevada tasa de desempleo, el bajo nivel de los salarios, la elevada desigualdad en la distribución de la propiedad y de las rentas, el bajo gasto público social, la escasa protección social, etc., muestran que estamos entre los peores países. Miren los datos y lo verán (ver mi libro Ataque a la democracia y al Bienestar, Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).
Echen un vistazo a los gurús económicos que aparecen en los grandes medios (radiofónicos y televisivos) y verán que la única diferencia entre ellos es que unos proponen la versión dura del neoliberalismo y los otros su versión blanda, presentando inexactitudes (con gran pomposidad y arrogancia) como “verdades científicas”, aunque en realidad sean falsedades que carecen de credibilidad. En tales fórums es muy infrecuente que aparezca una voz crítica con tal dogma.
Todo esto que está ocurriendo era muy predecible, y así lo hicimos unos pocos
Efectivamente, todo lo ocurrido fue predicho. Véase, como ejemplo, mi libro Neoliberalismo y Estado del Bienestar (Editorial Ariel Económica), escrito ya en 1997. En aquel libro indiqué que las políticas neoliberales que se estaban aplicando en los países capitalistas más avanzados causarían una enorme crisis económica. La derrota del mundo del trabajo, con la consiguiente disminución de los salarios y de la demanda doméstica, crearía dicha crisis, ya que forzaría a las familias y a las empresas pequeñas a endeudarse, lo que provocaría a su vez el gran crecimiento del sector financiero, que al invertir en los sectores de mayor rentabilidad como era el sector especulativo de la economía (del cual el inmobiliario era el más extendido) crearía burbujas que al explotar causarían una crisis financiera. Y todo lo que se predijo, ocurrió. Cuando la reina del Reino Unido pidió a un grupo de economistas cómo era posible que no hubieran sabido prevenir la crisis, el portavoz de dicho grupo, Luis Garicano, el gurú económico de Ciudadanos, no supo responder, cuando, en realidad, era muy fácil de ver si uno abandonaba la fe en el dogma neoliberal (siendo tal economista uno de sus más fervientes creyentes) para mirar simplemente la realidad que le rodeaba.
Los impactos sumamente negativos que presentaban tales políticas se justificaban bajo el lema de que “no había otras alternativas”. Juan Torres, Alberto Garzón y yo mostramos la enorme falsedad de tales propuestas, señalando que por cada recorte de gasto público social que dañaba a las clases populares, se podría haber hecho otro recorte, sustituyendo al anterior, que hubiera afectado a las clases más pudientes. Y también mostramos que el hecho de que no se escogiera una alternativa y no la otra se debía precisamente a la enorme influencia que tales clases pudientes tenían sobre el Estado español y sus partidos gobernantes.
Así pues, y como ya he indicado antes, lo que ocurrió era muy predecible, así como también lo fue la protesta popular en contra de la aplicación de tal dogma. En España dicha protesta tomó la forma del 15-M, el movimiento de los indignados, que tuvo un enorme impacto en el país y que tenía como objetivo la denuncia de la nula representatividad de las instituciones que se definen a sí mismas como representativas. El eslogan “no nos representan” lo decía todo. Fue un auténtico tsunami. Y de ahí nació un movimiento político-social, Podemos. Así fue como nos pidieron a Juan Torres i a mí que hiciéramos un borrador de su programa económico, que elaboramos en base a nuestra obra Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España (Editorial Sequitur, 2011), realizada conjuntamente con Alberto Garzón. Dicho programa fue mejorado más tarde por las deliberaciones y las discusiones dentro de aquella formación política.
La respuesta de hostilidad por parte del establishment político-mediático hacia dicho programa fue enorme. Y como era predecible, lo intentaron destruir, mintiendo y presentándolo como “escrito en Venezuela” (antes, durante la Guerra Fría, se utilizaban otros puntos de referencia, como Moscú o Pequín), cuando en realidad era un programa de sensibilidad kaleckiana, que quiere decir socialdemócrata de raíces escandinavas. La escasa densidad intelectual de las fuerzas conservadoras y neoliberales hace que en España (incluyendo Catalunya) se sustituya el debate por el insulto, magnificado en las cajas de resonancia que proporcionan los medios.
Las clases populares son conscientes de esta situación, de ahí que la clase política y los medios de información estén en España entre los menos valorados en la Unión Europea.
Pero el cambio es posible, y para ello es importante romper el fatalismo de aquellos que se muestran pasivos porque dicen que hay muy poco que se pueda hacer. Y una cosa que deberían hacer los lectores que son conscientes de este enorme desequilibrio es escribir cartas de protesta a tales medios de información para mostrar el desacuerdo con lo que están diciendo. Porque el nivel de estos medios es tal que deberían ser definidos como medios de persuasión y manipulación. Lo peor que puede ocurrir es que la gente se mantenga pasiva, absorbida por una mentalidad según la cual no se puede hacer nada para cambiar esta situación. Y este es precisamente el mensaje que tales medios continúan promoviendo, acentuando que no hay alternativas o algo parecido. Pero la evidencia científica muestra claramente que sí que las hay, y que no se hayan llevado a cabo se debe a que las élites financieras y económicas del país son determinantes en las políticas gubernamentales. Es necesario y urgente que esto cambie, porque, insisto, de haber alternativas sí que las hay. Lo que ha faltado hasta hoy ha sido voluntad política para aplicarlas. Así de claro.
Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra.
http://www.vnavarro.org/
Fuente: https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2019/12/27/el-enorme-dano-causado-por-los-economistas-neoliberales/
Público
Joseph Stiglitz (premio Nobel de Economía en el año 2001), escribió un artículo publicado en la revista Social Europe, The end of neoliberalism and the rebirth of history (26.11.19), en el que señalaba las consecuencias negativas de la aplicación de las políticas neoliberales (que incluían reformas laborales encaminadas a debilitar a los sindicatos y facilitar el despido de los trabajadores, así como políticas de austeridad con el intento de disminuir la protección social mediante recortes del gasto público social) en la calidad democrática de los países a los dos lados del Atlántico Norte (incluyendo España), así como en el bienestar de las clases populares de los países donde tales políticas se han estado aplicando. La evidencia de que ello ha sido así es clara y contundente.
El objetivo del artículo de Stiglitz era denunciar a los economistas que han promovido tal ideología política (el neoliberalismo), los cuales han alcanzado un dominio casi completo en fórums donde se reproduce la sabiduría convencional de los establishments políticos y mediáticos. Tal dominio ha sido promovido por las élites financieras y empresariales, así como por los sectores más pudientes de la población, que han ejercido (y continúan ejerciendo) una enorme influencia sobre tales establishments y que eran, y son, los que se benefician más de la aplicación de tales políticas, beneficios que están basados, según Stiglitz, en una enorme explotación de las clases populares, cuya calidad de vida ha empeorado considerablemente como resultado de la aplicación de esas políticas. Una de las consecuencias de esta realidad ha sido el enorme crecimiento de las desigualdades en la mayoría de estos países en los que tales políticas se han aplicado.
El principio básico del dogma neoliberal, según Stiglitz
Detrás de un lenguaje aparentemente científico, los economistas neoliberales han estado promoviendo un principio muy sencillo y que raramente aparece explícito en su argumentario. Tal principio es que “la eficiencia del sistema económico requiere incrementar la riqueza de los de arriba (las élites financieras y empresariales, así como las profesionales a su servicio), a fin de que tal riqueza vaya extendiéndose a los de abajo, que son todos los demás”. Este principio ha estado vigente siempre en las “ciencias” económicas dominantes, habiendo alcanzado niveles extremos durante la Gran Recesión. Según dicho dogma (y no hay otra manera de definirlo), lo que beneficia a los propietarios y gestores del capital financiero, así como de las grandes empresas del país (que son una minoría de la población), beneficia automáticamente a la mayoría de la población.
El problema con tal ideología es que los datos no muestran esta realidad, pues las rentas de los primeros han ido creciendo muy significativamente durante todos estos años de neoliberalismo imperante, mientras que las de los segundos ha ido descendiendo. En todos estos países del capitalismo desarrollado, las rentas derivadas del trabajo han ido disminuyendo como porcentaje de todas las rentas, mientras que las rentas derivadas de la propiedad del capital han ido aumentando. Y dentro de la masa salarial, ha habido también una enorme polarización de los salarios, con una minoría que se ha visto muy beneficiada a costa de una mayoría que se ha visto muy perjudicada.
La abusiva promoción del neoliberalismo por parte de los establishments políticos y mediáticos
En este escenario, Stiglitz señala que tales economistas neoliberales eran los que aparecían (y añadiría yo que en España continúan apareciendo) en los mayores medios de información, monopolizando el área de lo que se presenta como “ciencias” económicas, marginando, impidiendo y silenciando las voces críticas que no comulgaban con las falacias que sostenían sus argumentos y propuestas. Los primeros eran los ortodoxos del dogma neoliberal, que marginaban a los heterodoxos, definidos como “ideólogos” o “demagogos”.
Ahora bien, el fracaso del neoliberalismo es tan patente, claro y contundente que por fin se ha visto que “el rey estaba desnudo” y hoy, según Stiglitz, estamos viendo el fin del dogma neoliberal, que se había iniciado en los años ochenta del siglo pasado con la revolución neoliberal empezada por el presidente Ronald Reagan en EEUU y por la Sra. Margaret Thatcher en el Reino Unido, y que fue asimilada más tarde por lo que se definía como la Tercera Vía en EEUU (Clinton) y en la Unión Europea (Blair, Schröder y Zapatero). Esta revolución causó, en última instancia, la Gran Recesión, la cual acentuó todavía más los efectos negativos de tales políticas. Dicho fracaso es también la causa de la enorme crisis de legitimidad política que viven las democracias liberales en EEUU y en Europa. Esta conclusión de Stiglitz es, según mi parecer, excesivamente optimista, pues si bien es cierto que tales políticas neoliberales están desacreditadas extensamente en gran parte de los círculos académicos y en algunas agencias internacionales, no lo está tanto en las esferas políticas y mediáticas de muchos países, siendo España uno de ellos.
El gran fracaso del neoliberalismo en España
Todo lo que Stiglitz define, critica y denuncia puede aplicarse totalmente a España. Este es uno de los países donde tales políticas se han aplicado más clara y contundentemente. Como consecuencia de ello, España está, en cuanto a indicadores de calidad de vida de las clases populares se refiere, a la cola de los países capitalistas desarrollados. Un indicador tras otro muestran que, en temas de bienestar, estamos a la cola de los países a los dos lados del Atlántico Norte. Los elevados porcentajes de precariedad en el mercado de trabajo, la elevada tasa de desempleo, el bajo nivel de los salarios, la elevada desigualdad en la distribución de la propiedad y de las rentas, el bajo gasto público social, la escasa protección social, etc., muestran que estamos entre los peores países. Miren los datos y lo verán (ver mi libro Ataque a la democracia y al Bienestar, Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).
Echen un vistazo a los gurús económicos que aparecen en los grandes medios (radiofónicos y televisivos) y verán que la única diferencia entre ellos es que unos proponen la versión dura del neoliberalismo y los otros su versión blanda, presentando inexactitudes (con gran pomposidad y arrogancia) como “verdades científicas”, aunque en realidad sean falsedades que carecen de credibilidad. En tales fórums es muy infrecuente que aparezca una voz crítica con tal dogma.
Todo esto que está ocurriendo era muy predecible, y así lo hicimos unos pocos
Efectivamente, todo lo ocurrido fue predicho. Véase, como ejemplo, mi libro Neoliberalismo y Estado del Bienestar (Editorial Ariel Económica), escrito ya en 1997. En aquel libro indiqué que las políticas neoliberales que se estaban aplicando en los países capitalistas más avanzados causarían una enorme crisis económica. La derrota del mundo del trabajo, con la consiguiente disminución de los salarios y de la demanda doméstica, crearía dicha crisis, ya que forzaría a las familias y a las empresas pequeñas a endeudarse, lo que provocaría a su vez el gran crecimiento del sector financiero, que al invertir en los sectores de mayor rentabilidad como era el sector especulativo de la economía (del cual el inmobiliario era el más extendido) crearía burbujas que al explotar causarían una crisis financiera. Y todo lo que se predijo, ocurrió. Cuando la reina del Reino Unido pidió a un grupo de economistas cómo era posible que no hubieran sabido prevenir la crisis, el portavoz de dicho grupo, Luis Garicano, el gurú económico de Ciudadanos, no supo responder, cuando, en realidad, era muy fácil de ver si uno abandonaba la fe en el dogma neoliberal (siendo tal economista uno de sus más fervientes creyentes) para mirar simplemente la realidad que le rodeaba.
Los impactos sumamente negativos que presentaban tales políticas se justificaban bajo el lema de que “no había otras alternativas”. Juan Torres, Alberto Garzón y yo mostramos la enorme falsedad de tales propuestas, señalando que por cada recorte de gasto público social que dañaba a las clases populares, se podría haber hecho otro recorte, sustituyendo al anterior, que hubiera afectado a las clases más pudientes. Y también mostramos que el hecho de que no se escogiera una alternativa y no la otra se debía precisamente a la enorme influencia que tales clases pudientes tenían sobre el Estado español y sus partidos gobernantes.
Así pues, y como ya he indicado antes, lo que ocurrió era muy predecible, así como también lo fue la protesta popular en contra de la aplicación de tal dogma. En España dicha protesta tomó la forma del 15-M, el movimiento de los indignados, que tuvo un enorme impacto en el país y que tenía como objetivo la denuncia de la nula representatividad de las instituciones que se definen a sí mismas como representativas. El eslogan “no nos representan” lo decía todo. Fue un auténtico tsunami. Y de ahí nació un movimiento político-social, Podemos. Así fue como nos pidieron a Juan Torres i a mí que hiciéramos un borrador de su programa económico, que elaboramos en base a nuestra obra Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España (Editorial Sequitur, 2011), realizada conjuntamente con Alberto Garzón. Dicho programa fue mejorado más tarde por las deliberaciones y las discusiones dentro de aquella formación política.
La respuesta de hostilidad por parte del establishment político-mediático hacia dicho programa fue enorme. Y como era predecible, lo intentaron destruir, mintiendo y presentándolo como “escrito en Venezuela” (antes, durante la Guerra Fría, se utilizaban otros puntos de referencia, como Moscú o Pequín), cuando en realidad era un programa de sensibilidad kaleckiana, que quiere decir socialdemócrata de raíces escandinavas. La escasa densidad intelectual de las fuerzas conservadoras y neoliberales hace que en España (incluyendo Catalunya) se sustituya el debate por el insulto, magnificado en las cajas de resonancia que proporcionan los medios.
Las clases populares son conscientes de esta situación, de ahí que la clase política y los medios de información estén en España entre los menos valorados en la Unión Europea.
Pero el cambio es posible, y para ello es importante romper el fatalismo de aquellos que se muestran pasivos porque dicen que hay muy poco que se pueda hacer. Y una cosa que deberían hacer los lectores que son conscientes de este enorme desequilibrio es escribir cartas de protesta a tales medios de información para mostrar el desacuerdo con lo que están diciendo. Porque el nivel de estos medios es tal que deberían ser definidos como medios de persuasión y manipulación. Lo peor que puede ocurrir es que la gente se mantenga pasiva, absorbida por una mentalidad según la cual no se puede hacer nada para cambiar esta situación. Y este es precisamente el mensaje que tales medios continúan promoviendo, acentuando que no hay alternativas o algo parecido. Pero la evidencia científica muestra claramente que sí que las hay, y que no se hayan llevado a cabo se debe a que las élites financieras y económicas del país son determinantes en las políticas gubernamentales. Es necesario y urgente que esto cambie, porque, insisto, de haber alternativas sí que las hay. Lo que ha faltado hasta hoy ha sido voluntad política para aplicarlas. Así de claro.
Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra.
http://www.vnavarro.org/
Fuente: https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2019/12/27/el-enorme-dano-causado-por-los-economistas-neoliberales/
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