¿A quién afecta el recorte del gasto?. Los Gobiernos priorizan las políticas para combatir el déficit sobre las dirigidas a crear empleo y a mantener el gasto social. Los Presupuestos de Género, promovidos por la ONU y la UE, analizan el impacto sobre la igualdad

En una sociedad cuya prioridad fuera el bienestar de sus ciudadanos, los políticos querrían ser fotografiados inaugurando centros de educación infantil, comedores escolares, viviendas sociales y centros de día para mayores: medidas de bajo coste que mejoran la calidad de vida. Nuestros políticos, sin embargo, inauguran grandes infraestructuras, faraónicos centros culturales y multimillonarias intervenciones urbanas. La mayoría de los españoles no utilizará nunca los superpuertos deportivos, ni el AVE, ni entrará en los megamuseos. Sin embargo, los han pagado con sus impuestos.

Los servicios que mejoran la vida cotidiana son poco rentables política y mediáticamente. En primer lugar, porque cuestan poco. Las obras modestas no atraen a los arquitectos o ingenieros famosos. Además, el cuidado de las personas sigue sin considerarse un problema público. La atención a niños, ancianos y dependientes se considera un problema de las familias y en especial de las mujeres, que lo han hecho siempre, a cambio de nada. Sin embargo, si hay un sector que mejora la vida de los ciudadanos y refleja la madurez democrática de un país son los servicios públicos. La vivienda, el transporte, la sanidad, la educación y las pensiones añaden bienestar, muy especialmente a aquellos con menos ingresos, donde son mayoría las mujeres.

Nos ayudan a entender esto los "Presupuestos con impacto de género", un instrumento de política económica que exige a los Gobiernos medir el efecto que cada medida de Ingreso y Gasto tiene sobre mujeres y hombres. Los Presupuestos de Género están siendo adoptados por los Gobiernos de la UE y promovidos por Naciones Unidas (www.gender-budgets.org). Exigen, en cuanto al ingreso, analizar el impacto de la tributación sobre la igualdad de género. Resulta, por ejemplo, que desgravamos los contratos a tiempo parcial, en un 80% de mujeres, a pesar de su efecto negativo sobre los salarios y la estabilidad laboral. Y que a través del régimen de tributación conjunta desgravamos a las personas con un cónyuge que no percibe ingresos, es decir, a los maridos de amas de casa, mientras desincentivamos la actividad femenina, de las más bajas de la UE.

En cuanto al gasto, el Presupuesto de Género exige desagregar las distintas partidas del presupuesto y su impacto. En los Presupuestos Generales del Estado para 2011, con el objetivo de reducir el déficit público, el Gobierno recorta el gasto, al tiempo que intenta un tímido aumento de la presión fiscal (y renuncia a acabar con el fraude fiscal). Está claro que los recortes distan de afectar a todos los ciudadanos por igual. Destaca que se suspenda la ley de permisos parentales, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 2011, para ahorrar 200 millones de euros. El permiso de paternidad se puso en marcha en virtud de la Ley de Igualdad de 2007. En 2008, el Congreso instó al Gobierno a ampliarlo de 13 días a cuatro semanas. Según el Barómetro del CIS (marzo 2010), el 88,7% de las mujeres y el 88,5% de los hombres se muestra muy o bastante de acuerdo con él. Que este permiso sea intransferible y remunerado al 100% es vital para que tener hijos deje de penalizar a las mujeres en sus empleos, y es bueno para los hijos, cuyos padres podrán asumir parte de su cuidado (www.igualeseintransferibles.org). Pero se ha suprimido, como se suprime el Ministerio de Igualdad, que representaba el 0,03% del gasto total, ahorro gigantesco e imprescindible, según el PP, CiU y PNV, para mejorar la economía española. Estos recortes se producen mientras se mantienen masivas e incomprensibles subvenciones a la Iglesia católica; mientras los grupos de presión industriales y financieros se aseguran multimillonarias ayudas que llevan décadas recibiendo; mientras minorías políticas obtienen por sus votos fuertes recompensas que les permiten alimentar a sus clientelas locales financiando infrautilizados aeropuertos y televisiones. Y, mientras, se mantienen los gastos militares.

El Gobierno parece olvidar que los servicios públicos y la atención a la dependencia crean empleos. Mientras la industria prosigue su automatización, los servicios a personas generan empleo porque su calidad pasa precisamente por su mínima mecanización. Especialmente empleo femenino, imprescindible para acercarnos al 60% de tasa de actividad femenina a la que nos comprometimos en la Agenda de Lisboa. Mientras, la Ley de Dependencia se consolida como una paga de 300 y pico euros a las cuidadoras familiares, en vez de en un sistema de servicios profesionales que iba a crear 500.000 empleos. El cuidado de los ancianos y dependientes es ahora el principal problema de millones de familias y lo será cada vez más en los próximos años. Si se recorta más la provisión pública de servicios de cuidados, este trabajo recaerá aún más sobre los familiares, en su inmensa mayoría mujeres, muchas de las cuales se verán obligadas a abandonar sus empleos o a acceder solo a sus formas más precarias. Mientras esto ocurre, arrecian las presiones para que se amplíe el número de años necesarios para tener derecho a la pensión completa de los 35 actuales a 40. ¿Cuántas mujeres podrán acceder a ella? ¿Se les puede exigir 40 años de cotización y al mismo tiempo que se ocupen de criar hijos, cuidar enfermos y atender ancianos?

El Presupuesto de Género nace de la Economía Feminista, que nos permite ver las políticas anticrisis con otros ojos. La exigencia de analizar el impacto de género de las medidas de estímulo o austeridad nos permite saber, por ejemplo, que con los 5.000 millones de euros del Fondo Municipal para el Empleo en 2010 los Ayuntamientos realizaron 28.000 proyectos, de los que el propio Gobierno considera que solo 745 beneficiaron directamente a las mujeres. Una mejora respecto a 2009, cuando con los 8.000 millones del Fondo se crearon 442.000 empleos temporales en construcción, exclusivamente masculinos (http://impactodegeneroya.blogia.com).

La Economía Feminista introdujo este tipo de análisis en los años ochenta y noventa, cuando se examinaron los costes sociales de las políticas de ajuste estructural en los países en desarrollo. Supimos entonces que la macroeconomía no era neutral con respecto al género ni a la clase. En América Latina, África y Asia, millones de personas perdieron sus empleos o su acceso al "salario social". Los recortes presupuestarios privatizaron el acceso a la educación, salud y pensiones. La crisis forzó a millones a buscar en la emigración (cada vez más feminizada) los ingresos que no encontraban en su país. No es difícil trazar paralelos con los planes de austeridad que ahora llegan a los países europeos. En todo caso, nos ayudan a reflexionar sobre los objetivos de la política económica.

Para la Economía Feminista, el objetivo de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, frente a la acumulación y al crecimiento económico per se. Los actuales planes de austeridad responden a las exigencias del FMI, del Banco Central Europeo y de élites que imponen sus intereses en los mercados globales. No responden a las necesidades de los ciudadanos, obligados a pagar por el caos creado por la crisis financiera. En 2009, los Gobiernos occidentales, sobre todo el de los EE UU, rescataron a los grandes bancos, con el dinero de todos, de la ruina que ellos mismos habían generado. En 2010, con la banca de regreso a sus astronómicos beneficios, no hay voluntad política de rescatar a los ciudadanos. Al contrario, las políticas implementadas los hunden cada vez más. Obsesionados con los peligros del déficit, los Gobiernos priorizan las políticas anti-déficit sobre las dirigidas a crear empleo y a mantener las políticas sociales. El resultado es el aumento de la pobreza (ya el 20,8% de la población española, según el INE) y la desigualdad.

Como ciudadanos, debemos opinar sobre las decisiones de las Administraciones y las empresas. Debemos tener acceso a la información y derecho a exigir que los Gobiernos, sobre todo los que se llaman de izquierdas, recauden y gasten buscando la disminución de las desigualdades. De ello depende nuestra calidad de vida y la misma democracia.

Lourdes Benería es profesora de Economía en la Cornell University. Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona.

¿Quién será el “Elefante Blanco” que podría venir después del 20D?

Tras las elecciones generales del 20D, la situación de bloqueo político en España resulta más que evidente para formar una mayoría estable y coherente de Gobierno que empiece su andadura con ciertas garantías de éxito.

La soluciones pasan por celebrar nuevos comicios en primavera, que el PSOE deje gobernar al PP mediante su abstención favorable a los intereses de Rajoy, la gran coalición de PP y PSOE o una alianza de izquierdas entre los de Pedro Sánchez, Podemos e IU como base fundamental del posible pacto parlamentario.

Ninguna de las soluciones esgrimidas es plenamente satisfactoria para nadie y todas, caso de producirse, nos llevarían a una legislatura breve antes de volver a las urnas a medio plazo.

El PSOE tendría muy difícil explicar a la opinión pública su apoyo táctico al PP y con respecto a Podemos ya sus principales dirigentes regionales se han posicionado meridianamente en contra. También cabría decir que la amalgama de sensibilidades particulares en el movimiento liderado por Pablo Iglesias podría hacer aflorar sus matices distintivos ante un acercamiento a las posturas del PSOE.

Sin embargo, puede haber otra solución de compromiso inédita en España, de recorrido corto, que permita salvar los muebles al bipartidismo sin afectar negativamente a la imagen de PP y de PSOE: un ejecutivo tecnocrático, con personajes presuntamente de ideología neutral e independientes de los aparatos oficiales partidarios.

Los fundamentos de ese hipotético gobierno tecnocrático serían la unidad de España contra el secesionismo catalán y otros a la espera, la defensa a ultranza de la Constitución, el control del déficit a toda costa, la participación en la lucha internacional contra el terrorismo yihadista, medidas cosméticas y generalistas contra la corrupción, la profundización de las reformas neoliberales y la ampliación de los recortes sociales solicitados por Bruselas y el FMI.

Todo muy técnico y reformista: lo que se debe hacer sin trabas ideológicas de ningún tipo, liderado por personajes públicos de prestigio sin pasado en el PP o el PSOE. Ciudadanos tampoco estaría en contra de esta vía política de coyuntura.

Esta insólita situación facilitaría ganar tiempo al PP y al PSOE. El primero lo aprovecharía para celebrar un congreso de reagrupación de las derechas, incluso tentando a Albert Rivera hacia su logo renovado, dando a la vez el finiquito a Mariano Rajoy.

Por su parte, el PSOE convocaría a buen seguro otro cónclave interno donde poder despedir a Pedro Sánchez con todos los honores mientras se entronizaba a un líder de recambio al gusto de Susana Díaz y los pesos pesados en la sombra de la organización de Ferraz. Díaz, además, podría erigirse en la lideresa que aglutinara a las diferentes facciones ahora enfrentadas.

A la izquierda del PSOE, Podemos e IU llegarían a acuerdos de coalición de cara a los más que previsibles comicios en abril o mayo.

El nuevo escenario quedaría reducido a una recomposición sintética de la derecha en torno al PP-Ciudadanos, el PSOE en solitario y Podemos-IU juntos con los nacionalistas de Cataluña y Euskadi en los lugares de costumbre. Todo muy parecido a lo parido en la transición de 1978 con el interrogante de si Podemos sobrepasaría al PSOE en la confianza de los electores de izquierda, esto es, la cuestión clásica de la izquierda.

No debe caber la menor duda de que los mercados y los poderes fácticos estarán barajando esta posibilidad de un gobierno tecnocrático o de salvación nacional de urgencia con la meta puesta en que a medio plazo todo vuelva a los cauces de un bipartidismo tradicional.

Poco a poco se pueden ir creando las condiciones indispensables para que la solución reseñada vaya calando en la sociedad y sea susceptible de aceptarse sin mayores riesgos o contestación en la calle. Con ella, PP y PSOE saldrían indemnes y también Ciudadanos, quedando Podemos e IU como oposición minoritaria en la esfera parlamentaria.

El problema acuciante es ahora hallar un “Elefante Blanco” de compromiso, un icono limpio de polvo y paja para presidir ese gobierno de salvación tecnocrático que se presente como equidistante de la derecha y la izquierda: un hombre bueno, quizá una mujer, que no tuviera flancos de rechazo demasiado expuestos a las críticas políticas, al menos en primera instancia.

Esa coalición invisible de PP, PSOE y Ciudadanos dejaría a Podemos en un territorio incómodo, que sería tachado de irresponsable por los principales medios de comunicación españoles sustentadores del sistema posfranquista urdido en el 78.

El enroque, arriesgado a todas luces, podría ser una jugada magistral. Hasta Felipe VI reforzaría su imagen posmoderna de árbitro neutral de la España del siglo XXI.

El 23F de 1981, todos nos quedamos con las ganas de saber, aunque muchos indicios apuntaban a Juan Carlos de Borbón, quién era el misterioso personaje golpista que se escondía bajo el mote de “Elefante Blanco”? ¿Habrá fumata blanca esta vez y el paquidermo dará la cara con luz y taquígrafos? La incógnita se despejará en casi nada.

Desde algunas esferas se pensará que un gobierno tecnocrático sería tanto como dar un golpe blando a la democracia parlamentaria, al ser un ejecutivo no salido expresamente del voto ciudadano. Suena a eso, pero con los mass media predicando las bonanzas de la unidad de España y la salvación nacional, todo es posible. Veremos qué pasa, cosas de mayor escarnio se ha tragado España sin inmutarse un ápice la masa social: corrupción, desahucios, pobreza, desigualdad creciente, trabajo sin derechos, educación, sanidad y pensiones atacadas por la gestión privada, monarquía sin plebiscito, estado aconfesional bajo el yugo católico… Y el PP sigue siendo el partido más votado, no lo olvidemos.

Un golpe de timón con tintes éticos y barnices morales que no pareciese tal golpe ajeno a la voluntad popular, con formalidades y cobertura democrática en el Congreso de los Diputados, sería una forma sutil y práctica de desbloquear el ambiente político actual. No lo descartemos. Lo que ayer y hoy parece quimera, utopía o mera especulación mañana podría ser plena realidad.


Armando B. Ginés