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miércoles, 11 de julio de 2018

Acabar con las pensiones públicas y, de paso, con la democracia

 CTXT

El autor responde a los argumentos de César Molinas en El País

Hace unos días se publicó uno de esos artículos que tanto abundan en las últimas décadas en los que, para tratar de combatir al sistema de pensiones públicas, se recurre a trampas del pensamiento y al engaño.

Nadie puede poner en duda que es legítimo criticar que una sociedad se gaste buena parte de sus recursos en proporcionar ingresos a las personas que ya no pueden obtenerlos por sí mismas, pero creo que igualmente se puede acordar que no lo es tanto mentir para defender esa preferencia.

Esto último es lo que ocurre con el artículo reciente de César Molinas en El País (Los ‘baby boomers’ desestabilizan España), en el que se falsean argumentos para criticar al sistema público de pensiones y se quiere hacer creer que su supuesta insostenibilidad se debe al egoísmo de un grupo social compuesto por millones de personas acostumbradas, para colmo, a imponer sus preferencias a los demás mediante la violencia.

Los argumentos que utiliza Molinas son endebles y tramposos y voy a comentarlos rápidamente.

1. En primer lugar, afirma que la idea extendida de que las pensiones en España son bajas “es una opinión desinformada, equivocada e interesada”. Podríamos entrar a comparar la cuantía de las nuestras con las de otros países y veríamos que esa afirmación es efectivamente discutible porque depende de con quién nos comparemos y, sobre todo, porque hay un abanico tan amplio de casos que los niveles medios no son del todo homologables. Pero lo curioso es que el propio Molinas pone en cuestión su afirmación cuando unas líneas más abajo dice que “si son más bajas que en otros países, es porque los salarios en España son más bajos que en otros países”. ¿En qué quedamos? Molinas asegura primero que decir que las pensiones españolas son más bajas que en otros países es una opinión desinformada, equivocada e interesada, pero luego proporciona la razón de por qué aquí son más bajas.

2. En segundo lugar, Molina afirma (y lleva razón) que “los pensionistas españoles recuperan todas las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social a los 12 años de jubilarse, cuando aún les queda una esperanza de vida de 10 años más”. Lo que significa, dice, que la financiación de estos últimos años “es un regalo añadido que también corre a cargo del Estado”.

Se trata de una afirmación cierta pero tramposa porque critica que un sistema de pensiones de reparto, basado en la solidaridad, haga lo que debe hacer un sistema de reparto basado en la solidaridad: proporcionar la pensión sin dependencia estricta de lo cotizado por quien la recibe. Esto sólo se podría plantear como un problema indeseable si el sistema se basara en el ahorro privado de cada persona, de modo que se disfrutara de la pensión en proporción exacta a lo que cada cual hubiera ahorrado. Pero este no es el caso de nuestro sistema público de pensiones. Mencionar esa realidad para poner en solfa el sistema público de pensiones basado en la solidaridad, como hace Molinas, es tan demagógico y absurdo como decir que una persona gasta lo que ha cotizado a la Seguridad Social o a través de impuestos cuando la sanidad pública lo opera por segunda vez, cuando acude cuatro veces a la administración de justicia o cuando es atendido diez veces por la policía… y que, a partir de ahí, lo que recibe es un regalo del Estado. Se puede estar a favor o en contra de un sistema basado en el reparto y en la solidaridad, es decir, en el acceso universal a los bienes públicos con independencia de lo cotizado, pero, si se acepta, no se puede criticar que el sistema funcione como debe funcionar.

3. El tercer argumento de Molinas es que lo anterior “sólo es sostenible en la medida en que la base de la pirámide de población sea mucho más amplia que su parte superior”. Una afirmación que es completamente falsa, una mentira más, porque la sostenibilidad financiera de un sistema público de pensiones no depende sólo de ese factor demográfico. El propio Molinas dijo antes que las pensiones dependían de la cuantía de los salarios y lo cierto es que la sostenibilidad o equilibrio financiero de un sistema de reparto como el español depende, además, de la productividad, de la distribución de la renta, o de la tasa de crecimientos económico, entre otros factores.

Se puede estar de acuerdo con la cuarta tesis de Molinas, cuando dice que “la situación de las finanzas públicas españolas, con una deuda que no para de crecer, es dramática”. Pero también es materialmente falso que el enorme crecimiento de la deuda se haya debido al gasto en pensiones. De 1995 a 2017, la deuda española ha aumentado la escalofriante cifra de 848.694 millones de euros. Pero el 64% de esa cantidad (539.908 millones de euros) corresponde a intereses. Por tanto, antes que culpar a las pensiones públicas del incremento dramático de la deuda se debe apuntar a su causa real: la existencia de un modelo de crecimiento cuyo motor es el crédito como consecuencia de haber concedido a un grupo social tan poderoso políticamente como la banca privada el privilegio de financiar al Estado creando dinero de la nada.

Afirma Molinas que el déficit de nuestro sistema contributivo de pensiones es “una enormidad”. No puedo criticar que tenga esa opinión sobre la cuantía, pero sí que hace trampa cuando utiliza la expresión “déficit”. ¿Hablaría Molinas del déficit de la administración de justicia, del déficit de la Policía, del déficit de la casa Real o del déficit del ejército español o de nuestra diplomacia? Seguro que no. Podría hablar de suficiente o insuficiente financiación para mantener el nivel de provisión deseado de cada uno de esos bienes públicos. ¿Por qué lo hace entonces cuando habla de pensiones públicas? Sencillamente, porque las palabras tienen poder performativo, es decir, capacidad para conformar la realidad, y Molinas sabe perfectamente que si habla de déficit de las pensiones públicas lo que inmediatamente crea es una “realidad”: que se gasta en ellas más de la cuenta y, por tanto, que hay que gastar menos. Si se hablara de financiación insuficiente del sistema de pensiones, por el contrario, la conclusión sería diferente: hay que buscar más recursos si deseamos mantenerlo. No es que Molinas mienta con este argumento es que actúa como un auténtico trilero del lenguaje.

4. El último argumento –si es que se puede llamar así a lo que sostiene Molinas– es ya la guinda. En su opinión, la culpa de todo esto que pasa con las pensiones públicas es que hay un grupo social muy amplio en España, los baby boomers, que no sólo es la generación más numerosa de nuestra historia sino también la más egoísta y que, además, tiene “gran destreza en el lanzamiento de bolas de rodamiento con potentes tirachinas” o para abollar “los cascos de los policías”.

Decir que toda esta generación española ha logrado los derechos de los que disfruta mediante la violencia es algo tan exagerado y ruin (sabiendo, por ejemplo, que protagonizó una Transición tan pacífica como la española) que ofende a la inteligencia y es muy difícil de poner cuestión sin ofender, a su vez, a quien lo afirma. Por eso prefiero centrarme en algo que desliza entre líneas (o, mejor dicho, sostiene expresamente) Molinas y que es lo que me parece más peligroso de sus afirmaciones. Dice literalmente que esa generación ha impuesto sus preferencias al resto de los demás porque controla las urnas y que eso es algo que “España no puede permitírselo”.

El círculo se cierra: como las pensiones públicas son deseadas por una gran mayoría social que expresa esta preferencia en las urnas, lo que España no puede permitirse, en opinión de quienes no quieren pensiones públicas, es la democracia.

Este es el único momento del artículo en que Molina dice la verdad. La mayoría de la población expresa democráticamente en las urnas que desea el mantenimiento de las pensiones públicas y el Estado de Bienestar, y para ello es imprescindible un reparto más igualitario de la renta y la riqueza y políticas económicas diferentes. Es por eso que la democracia, para quienes no quieren asumir esa mayor equidad y el sacrificio que les supone reducir la desigualdad, es un estorbo que, como dice con total sinceridad Molinas, no se pueden permitir.

Es innegable que las pensiones públicas se encuentran hoy día en una situación de financiación insuficiente si su única fuente de ingresos son los salarios. Pero eso no ocurre porque se esté produciendo el cambio demográfico al que alude Molinas. Las pensiones públicas y el Estado de Bienestar están en peligro porque las políticas económicas que se vienen aplicando en las últimas décadas generan menos actividad económica, productividad más baja e ingresos más reducidos y peor repartidos. Si se cambian esas políticas (a costa, eso sí, de quienes ahora se benefician muy privilegiadamente de ellas), no habrá problemas en el futuro para financiar más y mejores pensiones.

Juan Torres López es economista. Miembro del Consejo Científico de Attac España y catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla.

Fuente:
http://ctxt.es/es/20180627/Firmas/20463/Juan-Torres-Lopez-Cesar-Molinas-pensiones-Espa%C3%B1a-Estado-de-Bienestar.htm

jueves, 10 de diciembre de 2015

Dos estados de bienestar y cómo papá estado subvenciona a las grandes empresas con fondos públicos

Habitualmente nos hemos acostumbrado, o mejor nos han ‘enseñado’, a hablar de Estado del Bienestar para hacer referencia a contar con unas prestaciones y servicios sanitarios, educativos y sociales de carácter público que financiamos todos, y al que determinados partidos políticos, grupos empresariales y medios de comunicación consideran una especie de lujo insostenible en términos monetarios por el que los usuarios no pagamos lo que deberíamos pagar. Estos grupos no sólo tratan de desacreditar continuamente a este Estado del Bienestar mediante las decisiones que ellos toman, sino que lo suelen descalificar habitualmente con la excusa de que ‘Papá Estado’ no puede estar siempre resolviendo los problemas a la gente (y si cuela, cuela).

La realidad es bien diferente. No hay uno sino, al menos, dos Estados de Bienestar, el primero es el que acabo de mencionar más arriba y el segundo es, precisamente, el Estado de Bienestar Empresarial que vive de los fondos públicos que, de muy diferentes maneras, los gobiernos ponen al servicio de los grandes grupos empresariales. Así es que, al contrario de lo que nos dicen esos políticos ‘liberales’ (desde el PSOE a VOX) el ‘Papá Estado’ apoya y financia precisamente a los que dicen que hay que reducir el Estado, y lo hacen con la colaboración estrecha de los gobiernos, si es que se pueden llamar gobiernos, aunque tratan de hacerlo con la mínima transparencia, es decir, con ocultación.

Esto no es nada nuevo, lo sabemos desde hace mucho tiempo, lo mostró Adam Smith y lo han seguido mostrando otros economistas, pero también sabemos que la repetición contínua y constante de las mentiras contribuye a que sean creídas y a convertirlas en “verdades”.

Paul Hawken, en su libro ‘Ecología y Negocio’ (1993), afirma, refiriéndose a los Estados Unidos que “No tenemos uno sino dos sistemas de bienestar. El primero es exiguo y consiste en ayudas a los desempleados, niños dependientes, los pobres y los que carecen de recursos. Es visto como una obra de caridad, un reparto, una aceptación poco generosa de responsabilidad social, pero casi siempre va acompañada de opiniones, amonestaciones de fracasos y un alto tono moral. El segundo sistema de bienestar es generoso, expansivo y costoso. Se produce en forma de grandes concesiones y programas gubernamentales para construir autopistas, subvenciones a los ricos en forma de deducciones en los pagos de intereses por sus viviendas, condiciones excesivamente generosas para derechos madereros y mineros en tierras del gobierno, investigaciones financiadas por el gobierno en universidades, políticas de puertas giratorias entre la industria de defensa y el gobierno con el resultado de políticas de gestión costosas y pobremente planificadas y así sucesivamente. La lista de receptores de estas generosas condiciones del gobierno es larga, pero no se ven como receptores de bienestar”.

No es esto exactamente lo que se entiende en Europa por Estado de Bienestar pero sí es cierto que se quiere dar, de manera interesada, una visión distorsionada del mismo como si fuera una especie de Estado Asistencial insostenible y también es cierto que el reconocimiento de la existencia de los dos Estados del Bienestar es muy importante.

Desde otro punto de vista, pero en una línea parecida, otro economista norteamericano, Steve Gorelick, escribió en 1998 un interesantísimo libro titulado “Lo pequeño es hermoso, lo Grande está Subsidiado. Cómo contribuyen nuestros impuestos al desastre ambiental y social”. (Está disponible en inglés en Internet). Este libro va mostrando cómo las grandes empresas reciben grandes subsidios públicos por parte de los gobiernos y cómo este comportamiento va ‘disolviendo’ la democracia, es decir, secuestrándola.

http://www.countercurrents.org/gorelick170911.pdf

En la introducción (que por razones que ignoro no aparece en la versión electrónica del libro), Helena Norberg-Hodge escribe que se nos ha venido ‘enseñando’ que las ‘leyes económicas’ favorecen de manera natural a las grandes empresas frente a las pequeñas mediante las economías de escala por lo que, de manera natural, lo grande es más barato, eficiente y mejor que lo pequeño. Pero la realidad es que “…lo grande no es necesariamente más ‘barato’ o más ‘eficiente’ (….)

Si nos permitimos mirar más allá de las estrechas creencias y limitaciones de la sabiduría convencional, resulta claro que las corporaciones gigantes son el resultado del apoyo gubernamental mediante una variedad de subsidios directos e indirectos”. En otras palabras, no existe nada parecido a las leyes naturales en economía sino que, al contrario, la economía es el resultado de elecciones políticas humanas y que lo eficiente y barato depende de la noción de coste con la que se trabaje, de la noción de eficiencia y del contexto en el que se produzca. Como afirmaba Paul Hellyer, antiguo Primer Ministro de Canadá, “La globalización no se refiere al comercio sino al poder y al control. Consiste en darle una nueva forma al mundo convirtiéndolo en uno sin fronteras controlado por una dictadura dirigida por las empresas multinacionales, los bancos centrales y los bancos comerciales más poderosos del mundo”. Pero para poder hacer esto, los gobiernos tienen que perder el poder de regular y de buscar el interés común y de aceptar que crecer es siempre bueno, sin importar los costes.

Por su parte, en ‘Los felices 90. La semilla de la destrucción’ (2003),

Stiglitz, que fue asesor económico de Clinton, enuncia los tres principios ‘empresariales’ que él fue viendo que seguían los líderes de las grandes empresas con los que tenía que lidiar. Son estos:

1. La gente de negocios generalmente se opone a las subvenciones…
para todos menos para sí mismos.

2. Todo el mundo está a favor de la competencia…en todos los sectores de la economía menos en el suyo propio.

3. Todo el mundo está a favor de la franqueza y la transparencia…en todos los sectores de la economía, menos en el suyo propio.

La conclusión a la que llega Stiglitz es que “la mayor parte de las empresas veían las subvenciones como algo totalmente garantizado”.

Yo diría que los empresarios han ido pasando de verlas como algo totalmente garantizado a verlas como algo a lo que tienen derecho; son suyas y punto, pero hay que disfrazar esto con el ‘humo del mercado’ y todo eso para poder seguir el saqueo.

En definitiva, en el capitalismo actual, dejando de lado a las pequeñas empresas que son las que crean más empleo y son habitualmente maltratadas por los gobiernos, la realidad es que las grandes empresas dependen de los gobiernos y de lo público, es decir de las decisiones públicas que crean reglas y leyes que les benefician y de la obtención de fondos públicos y/o de exenciones fiscales, para conseguir buenos resultados. Dicho de otra manera, y tal y como señala Gorelick, el capitalismo actual es un capitalismo subsidiado por el Papá Estado y las grandes empresas funcionan con grandes subsidios:

-Monetarios, rescate a la banca con fondos públicos de miles de millones, créditos superbaratos del Banco Central Europeo y ‘regalos’ como las normas de endeudamiento público que impiden a los gobiernos endeudarse directamente con el BCE debiendo hacerlo a través de los bancos privados lo que les proporciona unos ‘beneficios’ desmesurados por no hacer nada excepto multiplicar los intereses de la deuda pública.

-Fiscales, impuestos más bajos que las pequeñas empresas y los trabajadores, paraísos fiscales no penalizados, planes fiscales realizados por la pareja Juncker-Djisselbloem, DeGuindos también trabajó en el tema…  -Laborales, reformas laborales que sólo perjudican a los trabajadores y aumentan los beneficios empresariales, aunque a ese se le llame mejorar la competitividad.

-Ambientales, apenas se ‘ven’ impactos ambientales ‘relevantes’ ni se asume responsabilidad por los costes sociales generados.

En definitiva, todo un sistema de subvenciones y ayudas públicas para asegurar elevados beneficios privados. Si pusiéramos números a todas estas subvenciones públicas (Juan Torres y Eduardo Garzón, entre otros, lo han hecho en parte) veríamos con claridad el enorme fraude económico en el que estamos metidos y la trampa que supone animar a los jóvenes a que hay que ser emprendedores. ¿Alguien cree que se puede honestamente ser emprendedor y ‘competir’ con las grandes empresas sin recibir las mismas ayudas y subvenciones que ellas? Esto sólo tiene un nombre y es el de engaño a las personas con el cuento de ser emprendedor, lo que los transforma en ‘emperdedores’ como indica Miguel Brieva en “Lo que (me) está pasando. Diario de un emperdedor” (2015).

Incluso la financiación de la investigación de alto nivel que habitualmente se nos ‘vende’ como ejemplo de comportamiento ‘emprendedor’ e ‘innovador’ típico de las buenas empresas privadas que hay que imitar resulta que está financiada con fondos públicos, como señala Gorelick, refiriéndose a 1997.

http://www.nytimes.com/1997/05/13/science/study-finds-public-science-is-pillar-of-industry.html?pagewanted=all

Pero más interesante todavía resulta constatar que la financiación pública de la ciencia sigue siendo la tónica actual, como recoge el libro “El estado emprendedor”, escrito por la economista italo-norteamericana Mariana Mazzucato en 2014, cuyas principales ideas expone en esta conferencia de 15 minutos.

http://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato_government_investor_risk_taker_innovator?utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=daily&utm_medium=email&utm_content=button__2013-10-28

 Seguir pensando, o mejor, seguir repitiendo de manera desinformada y sesgada que la innovación es independiente de la financiación pública muestra, según Randall Wray, ‘la incapacidad ideológica para reconocer el papel jugado por el Estado para impulsar la innovación’.

http://www.sinpermiso.info/textos/el-estado-emprendedor-y-la-innovacin-tecnolgica-segn-mariana-mazzucato

En mi opinión refleja, además, la enorme distorsión e ignorancia transmitida desde la Universidad, los medios de comunicación, los gobiernos y las grandes empresas para dar una visión falsa de la realidad que ‘coincida’ con los intereses de estos grupos, no en vano el subtitulo del libro de Mazzucato es ‘Mitos del sector público frente al privado’, y con esos mitos y mentiras se nos sigue adoctrinando todavía.

Pero no queda aquí el catálogo de ayudas de Papá Estado por lo que recomiendo el libro de Ana Tudela, “Crisis S.A. El saqueo neoliberal” (2014), y el de Owen Jones, “El Establishment” (2015) para un conocimiento importante de las prácticas habituales del saqueo de lo público con el consentimiento y la plena disposición de Papá Estado mientras gobiernos y empresas mantienen con todo descaro el discurso de la eficiencia y la competencia de lo privado.

Dos ejemplos interesantes, para no alargar demasiado, son el del sector eléctrico y el de las Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable (SICAV) en España. Sobre el sector eléctrico ha salido hace poco un buen informe titulado “El coste real de la energía” que cuantifica el sobrecoste que pagamos los usuarios entre 1998 y 2013 en unos 80.000 millones de euros.

http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/files/3014/4692/4088/Informe_Coste_real_energa.pdf 

Para una explicación breve de cómo se ha llevado a cabo este sobrecoste hay un excelente texto ‘El yugo de la tarifa eléctrica’ de Jesús Mota que recomiendo siempre,

http://elpais.com/diario/2011/04/07/opinion/1302127212_850215.html

y que explica con toda claridad cómo los diferentes gobiernos han ido configurando un marco legal muy favorable a las eléctricas de manera que entre los pagos públicos por los mal llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC), competencia que nunca existió pero sí los pagos públicos, y la definición gubernamental de coste favorable a las eléctricas, distinguiendo entre ‘costes incurridos’ y ‘costes reconocidos’ siendo siempre los costes reconocidos por ley mayores que los incurridos, se ha ido generando el tan famoso como falso déficit tarifario. “…el déficit de tarifa, esa inflación de derechos reconocidos que se aproxima ya a los 20.000 millones de euros, es un tigre de papel si el Gobierno actúa en función de los intereses de los consumidores y no, como hasta ahora, capturado por la neurosis de proteger la cotización de las empresas.

Veamos qué sucede con las centrales nucleares. Sus costes de operación y mantenimiento declarados por el Foro Nuclear se situaron en 2010 en torno a los 20 euros por megavatio/hora (Mwh). Pero el precio final que ha recibido la producción nuclear, como consecuencia de que la electricidad se retribuye al precio marginal (en este caso, el precio de los ciclos combinados) fue de 42,13 euros Mwh; la diferencia, 22,13 euros, multiplicados por 67.787,7 gigavatios/hora (Gwh) producidos el año pasado arroja un beneficio espurio (windfall benefit) o indebido de 1.367,4 millones. Un cálculo similar ejecutado con la producción hidroeléctrica demostraría que los costes variables realmente incurridos apenas llegan a los 9 euros Mwh; descontados de los 42,13 euros Mwh retribuidos y multiplicada la diferencia por la producción de 38.738,5 Gwh, el windfall benefit durante el año pasado llegaría a los 1.283,4 millones. En resumen, en los costes de tarifa correspondientes a la producción hidráulica y nuclear se ha incluido un exceso de 2.650,8 millones en costes reconocidos sobre los realmente incurridos. Si se retira de los ingresos de las compañías esa cantidad percibida indebidamente, los consumidores no hubieran tenido que pagar una subida de tarifas del 10% (…) Este es un ejemplo de lo que le cuesta al ciudadano el mantenimiento de una regulación perversa que debería haberse dinamitado en 2004” (Jesús Mota). Esto ha llevado a que la Audiencia Nacional afirme en una sentencia que son las empresas eléctricas las causantes primigenias del déficit tarifario.

http://www.energias-renovables.com/articulo/iberdrola-y-compania-causantes-primigenios-del-deficit-20130116

Obviamente, este comportamiento ‘regulador’ que tan buenos resultados da a las empresas para el saqueo de lo público, es luego recompensado con puestos muy bien remunerados en los Consejos de Administración para los políticos que se quedan sin sus cargos, lo que evidencia que esos políticos no han trabajado en beneficio del interés público ni del bien común.

https://www.diagonalperiodico.net/global/27846-rescate-encubierto-electricas.html

En cuanto a las SICAV, Ana Tudela explica perfectamente que, frente al objetivo inicial de fomentar el ahorro colectivo y la exigencia de contar, al menos, con 100 partícipes para beneficiarse de un Impuesto de Sociedades del 1 por 100 sobre el beneficio anual de la sociedad, las grandes fortunas empiezan a buscar partícipes ficticios hasta llegar al número de 100, los conocidos como mariachis. Ante el volumen de fondos en ellas, unos 25.000 millones de euros, Hacienda empieza a investigar que la composición y objetivos de las SICAV sean conforme a la ley pero el gobierno ‘socialista’ de Zapatero aprueba una propuesta de CIU de no investigar a las grandes fortunas de las SICAV y la aprueba el mismo día en que el Parlamento aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Sería ese el precio a pagar por reconocer ese matrimonio? Transparencia ante todo.

Por si fuera poco, el Informe realizado por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia sobre el Análisis de la Contratación Pública en España, estima que “en ausencia de presión concurrencial se pueden originar desviaciones medias, al alza, del 25% del presupuesto de la contratación pública. En España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual, aproximadamente 47.500 millones de euros/año” (en 2014).

http://www.cnmc.es/Portals/0/Notas%20de%20prensa/201502_Informe_ContratacionPublica.pdf 

Sabiendo que en España no hay precisamente mucha concurrencia, ni transparencia y que los modificados en los presupuestos finales de las obras públicas son habituales con sobrecostes elevadísimos y que habitualmente se contrata a la baja, sería interesante comprobar en qué medida estos casi 48.000 millones anuales de euros de posibles sobrecostes representan, o no, una auténtica subvención a las diferentes empresas contratantes a los que habría que añadir todas las subvenciones anteriores. En fin, que sin Papá Estado y sin políticos que traicionen el interés común, estas empresas no alcanzarían los beneficios que obtienen, ni el poder que detentan .

lunes, 18 de febrero de 2013

El cine ruso vuelve a ser social

Las películas presentadas en Berlín acusan el cambio generacional y cierto regreso al intelectual comprometido en Moscú | Ken Loach recuerda el impulso ético que dio origen al Welfare State con su The Spirit of 45.

Los cineastas rusos, ¿vuelven a ser “sociales”? Si hay que juzgar por las dos películas rusas presentadas este año en el festival de Berlín, parece que estamos ante un cambio generacional que presagia la segunda revolución rusa. Se trata de “Za Marksa” (A favor de Marx), de la directora Svetlana Báskova (Moscú, 1965). Su película es una comedia sobre la formación de los nuevos sindicatos independientes en Rusia.

“Para devolver la dignidad a la gente, hay que asustar al poder”, dice Báskova. El título de su película delata lecturas de Althusser (Pour Marx), explica el productor e intelectual orgánico de la obra, Anatolii Osmolovski, según el cual el objetivo de la película es “devolver el debido respeto a la clase obrera”.

La intelligentsia rusa le hizo la cama a la restauración capitalista de Boris Yeltsin en los años noventa. Ahora los nietos de los estalinistas y los hijos de los oportunistas se rebelan contra su legado. Aún no son “narodnikis”, pero comienzan a “ir al pueblo”, como hicieron aquellos en el XIX. Báskova dice haber recorrido muchas fábricas y localidades de provincia, asistiendo a muchas asambleas obreras. De ahí sacó a sus personajes, líderes obreros aún con cierta cultura soviética, que son eliminados físicamente por sus patrones si se atreven a desafiar el estado de cosas. Con Yeltsin querían que Rusia fuera “como allá”, siendo “allá”, Suecia, Alemania o Estados Unidos, pero resultó que el “allá” verdadero se parecía mucho más a México y el Brasil de antes, con muy poco estado de derecho y muchos muertos en las cunetas por exigirlo.

“El ser determina la conciencia”, dijo Marx, y he aquí, que al calor de la nueva realidad social rusa, de flagrante injusticia, de abuso, corrupción y violencia, una nueva generación de cineastas llega a la conclusión que sus abuelos abrazaron: “el arte es el fundamento de la protesta política”, dice Osmolovski.

La otra película de este despertar social ruso ha sido “Dólgaya Schastlívaya Zhizn” (Una larga y feliz vida) de Boris Jlébnikov (Moscú, 1972). Y estamos en lo mismo: el joven administrador de lo que queda de un koljoz, una granja cooperativa, se enfrenta a la corrupción, un drama rural de clara lectura social. Se confirma que algo está cambiando en Rusia.

En la vieja Europa occidental atravesada por la crisis ha sido el británico Ken Loach quien ha traído a Berlín la necesaria memoria de los orígenes del Welfare State con su película documental fuera de concurso, El espíritu del 45. Cuando ideólogos de la actual involución, como el Presidente del BCE, Mario Draghi o la canciller Angela Merkel, abogan o propician, respectivamente, su desmantelamiento, Ken Loach recuerda su génesis histórica.

Al regreso de la guerra, la nación británica tenía claro que no quería volver al país de los años 30, un panorama de pobreza, desempleo y estricto clasismo. Por eso se dio la victoria a los laboristas y se iniciaron las nacionalizaciones de los sectores clave, transporte minería, energía, y se instauró el sistema de seguridad social. Sobre esas bases se levantaron los “treinta gloriosos”: las mejores tres décadas de la historia moderna europea. Loach regresa a aquella época con un documental, que debería ser obligatorio en colegios.

La película recuerda cómo surgió, con qué ideas de solidaridad y justicia social, lo que ahora se recorta. La intención del director es clara: contribuir a alertar sobre los derechos socio-laborales que ahora se restan en una época en la que, como dice uno de los sindicalistas entrevistados, “el capitalismo está maltrecho, pero su ideología triunfa”. Rafael Poch. La Vanguardia
Fuente: http://www.lavanguardia.com/cultura/20130216/54366803790/cine-ruso-social.html

lunes, 28 de enero de 2013

El conflicto (antes guerra) civil no ha terminado

La historia de España durante el siglo XX (y que continúa en el siglo XXI) es el conflicto constante entre, por un lado, los establishments financieros, centrados en la banca, y los empresariales, centrados en la gran patronal (asistidos por el Estado dominado por las fuerzas conservadoras –que incluyen las fuerzas armadas y el sistema judicial y policial- y por la jerarquía de la Iglesia Católica, y apoyados por la mayoría del establishment mediático) y por el otro lado, las clases populares que intentan conseguir el bienestar social y calidad de vida que consideran que se merecen y cuyo desarrollo entra inevitablemente en conflicto con los privilegios de aquellos establishments. Este conflicto marcó el siglo XX y continúa ahora en el siglo XXI.

El máximo desarrollo de tal conflicto en el siglo pasado apareció cuando, en respuesta a las políticas reformistas altamente populares llevadas a cabo por un gobierno democrático, hubo un golpe militar que impuso una de las dictaduras más represivas de las que hayan existido en la Europa Occidental (según el profesor Malefakis, experto del fascismo europeo en la Universidad de Columbia, por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió diez mil). Tal dictadura se estableció para defender los intereses de aquellos establishments financieros y empresariales dominantes en la historia de nuestro país.

La resistencia popular hizo quebrar aquella dictadura en los años setenta del siglo pasado. Desde 1974 a 1978 España fue el país con la mayor agitación social de Europa. De ahí que, aun cuando el dictador Franco murió en la cama, la dictadura terminó en la calle. Las movilizaciones sociales (lideradas por el movimiento obrero), aunque determinantes para acabar con aquella dictadura, no fueron suficientemente fuertes para romper con la estructura de poder que controlaba el Estado. Y un punto importante para explicar aquella insuficiencia fue que los partidos políticos de izquierda acababan de salir de la clandestinidad, con muchos de sus dirigentes en las cárceles o en el exilio.

El desequilibrio de fuerzas en aquel proceso de Transición fue enorme.
Las derechas controlaban el aparato del Estado, además del poder financiero y gran empresarial, gozando de una gran influencia en los medios, mientras que las izquierdas políticas estaban saliendo de una dictadura que les había reprimido brutalmente. El famoso “consenso” de la Transición al que las derechas (y algunas voces de izquierda) se refieren constantemente para justificar la perpetuación de su poder en las instituciones del Estado, asume una aceptación por parte de las izquierdas de un acuerdo muy desigual que fue aceptado en aquel momento, resultado de que se percibía que era la única salida posible. La Constitución Española refleja este desequilibrio. No se reconoce en ella ni la universalidad de los derechos sociales (como la sanidad) ni tampoco se reconoce la plurinacionalidad del Estado español. Éstos son indicadores del enorme poder que las derechas tuvieron en la mal llamada Transición “modélica” y que han marcado los más de treinta años de una democracia caracterizada por sus grandes insuficiencias.

La corrección del déficit social
Ni que decir tiene que el periodo democrático ha visto enormes cambios entre los cuales destaca el establecimiento del Estado del Bienestar, proceso liderado por las izquierdas. El establecimiento del Sistema Nacional de Salud, en 1986, es un ejemplo de ello. Y aunque no garantizaba la universalidad de los servicios sanitarios, es decir, unos derechos extensivos a toda la población española, sí que los extendía a la gran mayoría de la población. Otro indicador fue el notable crecimiento del gasto público social por habitante (que cubre desde las pensiones y otras transferencias públicas a los servicios públicos del Estado del Bienestar como sanidad, educación, y servicios sociales, entre otros) corrigiéndose parte del enorme déficit social que la España democrática había heredado de la dictadura. El año que el dictador murió España tenía el gasto público social más bajo de los países que más tarde pasarían a ser la UE-15. En 1975 el gasto social representaba en España solo el 15% del PIB, mientras que el promedio del resto de los países de la posterior UE-15, era del 22% del PIB.

El euro se hizo a costa del Estado del Bienestar 
La corrección del déficit social fue interrumpida, sin embargo, como consecuencia de la manera como se, ... Vicenc Navarro en Público. Seguir leyendo el artículo aquí.

sábado, 4 de agosto de 2012

La destrucción del (llamado) Estado del bienestar

La destrucción del Estado del bienestar ya se está produciendo. Se está forzando una sustitución del sistema público por el privado a base de debilitar el primer flanco en el equilibrio existente entre uno y otro. Tal y como sucede en los ecosistemas naturales, el equilibrio entre las partes se altera si una de ellas encuentra nuevos obstáculos. Lo público ahora tiene muchos obstáculos más que antes —muchos millones de euros menos— y se tambalea, incluidos sus dos pilares: educación y sanidad.

 Llegados a este punto, muchas familias optan por contratar un servicio de salud privado, ¿Por qué? ¿Para qué? Para asegurarse un mínimo en una necesidad vital como es la salud, que nuestra sanidad pública no está en condiciones de satisfacer.

 Y así, poco a poco, y con la excusa de la crisis, se da un gigantesco paso atrás, que sufriremos en un futuro nada lejano, y que beneficiará a un puñado de empresas que codician la cuota de mercado ocupada por el sector público. Nos alejamos de Suecia para acercarnos a Estados Unidos.— Lluis Camps Puigsubirà. En cartas al director de El País.

martes, 10 de julio de 2012

El estado de bienestar occidental y su perdida progresiva desde los 80


Introducción
Uno de los rasgos socioeconómicos más asombrosos de las dos últimas décadas es la inversión del signo de la legislación sobre bienestar de la segunda mitad del siglo pasado en Europa y Norteamérica. Los recortes sin precedentes en servicios sociales, indemnizaciones por despido, empleo público, pensiones, programas sanitarios, estipendios formativos, periodos vacacionales y seguridad laboral vienen acompañados por el incremento de los gastos de la educación, la fiscalidad regresiva y la edad de jubilación, así como por el aumento de las desigualdades, la inseguridad laboral y la aceleración del ritmo en los centros de trabajo.
La desaparición del «Estado de bienestar» echa por tierra la idea expuesta por los economistas ortodoxos, que sostenían que la «maduración» del capitalismo, su «estado de desarrollo avanzado», su alta tecnología y la sofisticación de sus servicios vendrían acompañadas de mayor bienestar y niveles de vida más altos. Aunque es cierto que «servicios y tecnología» se han multiplicado, el sector económico se ha polarizado aún más entre los empleados minoristas mal remunerados y los agentes de bolsa y financieros muy ricos. La informatización de la economía ha desembocado en la contabilidad electrónica, los controles de costes y los movimientos acelerados de fondos especulativos en busca del máximo beneficio, mientras que, al mismo tiempo, han sido preludio de reducciones presupuestarias brutales en los gastos sociales.
Esa «Gran Inversión» del curso de los hechos parece un proceso a gran escala y largo plazo centrado en los países capitalistas dominantes de Europa Occidental y Norteamérica y en los antiguos Estados comunistas de Europa del Este. Nos incumbe a todos examinar las causas sistémicas que trascienden las idiosincrasias particulares de cada país... Seguir aquí. (artículo de Petras)

domingo, 23 de octubre de 2011

El porqué del subdesarrollo social

El Estado del bienestar español, que incluye las transferencias públicas (como las pensiones y ayudas a las familias) y los servicios públicos de carácter social (tales como sanidad, educación, servicios sociales, servicios de ayuda a las personas con dependencia, escuelas de infancia, vivienda social y prevención de la exclusión social, entre otros), es el menos financiado de la Europa de los 15 (UE-15), el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro. El gasto público social (que financia tales transferencias y servicios públicos) por habitante, así como el gasto público social como porcentaje del PIB, son los más bajos de la UE-15.
Esta subfinanciación explica que España sea también el país que tiene un porcentaje menor de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del bienestar. Sólo una persona adulta de cada diez trabaja en tales servicios públicos, en comparación con uno de cada cuatro que lo hace en Suecia. No es cierto, por lo tanto, lo que constantemente se reproduce en los medios de información próximos a la banca y a la gran patronal de que el sector público, incluyendo el ámbito social, esté hipertrofiado en España. Los datos muestran precisamente lo contrario. España está a la cola de la Europa social, y los recortes sustanciales que se están llevando a cabo empeorarán todavía más esta situación.
Las causas de este subdesarrollo social no son, como frecuentemente aducen economistas y políticos neoliberales, la menor riqueza de España frente al promedio de la UE-15. En realidad, el nivel de riqueza de España, medido por el PIB per cápita, es ya el 94% del promedio de la UE-15. En cambio, el gasto público social es sólo un 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94%, España se gastaría en su Estado del bienestar 66.000 millones de euros más.
¿Por qué este bajo gasto público social? La respuesta depende de la sensibilidad política de quien responda. Así, los nacionalistas conservadores-liberales que gobiernan la Generalitat de Catalunya atribuyen la subfinanciación del Estado del bienestar en Catalunya a lo que llaman “el expolio de Catalunya por parte de España”, argumento que utilizan frecuentemente durante el periodo electoral, como hemos visto recientemente en las declaraciones de Duran i Lleida. Este es, por cierto, un argumento generalizado en los medios de información en Catalunya, incluyendo los de propiedad pública de la Generalitat.
Los datos (incluso los proveídos por el propio partido gobernante de la Generalitat) no apoyan, sin embargo, tales tesis. Según los portavoces del partido nacionalista conservador-liberal, el supuesto “expolio” representa el 9% del PIB catalán. Puesto que tal partido político acepta que para pagar al Estado central (para cubrir los servicios comunes provistos por el Estado y los gastos de solidaridad con otras partes de España) el Gobierno de la Generalitat está dispuesto a aportar un 4% del PIB, esto implica que el “expolio” neto sería un 5% del PIB (nueve menos cuatro). Ahora bien, Catalunya, por el nivel de riqueza que tiene (su PIB per cápita es el 110% del promedio de la UE-15), debiera gastarse en su Estado del bienestar un 29,8% del PIB, es decir, 12 puntos más de los que se gasta ahora (17,8%). La eliminación del supuesto “expolio” eliminaría menos de la mitad (5 puntos) de tal déficit de gasto público social. Catalunya continuaría en la cola de la Europa social aunque se eliminara el supuesto “expolio” nacional.
El subdesarrollo social de Catalunya y de España no se debe primordialmente a los temas nacionales que acaparan la atención política y mediática del país y que siempre se movilizan en tiempos electorales. En tales tiempos, los nacionalismos periféricos se oponen al nacionalismo español, que no se define así mismo como tal, pero que es el más poderoso y excluyente. La falta de sensibilidad que caracteriza al nacionalismo español que niega la plurinacionalidad de España es el mejor aliado de los secesionismos periféricos. La no aprobación de la totalidad del Estatut refrendado por el pueblo catalán por parte del Tribunal Constitucional ha sido una causa clave del crecimiento del secesionismo. No hay nada más próximo a este que el jacobismo imperante en sectores del Estado español. De ahí que el nacionalismo catalán encuentre un campo fértil para movilizar a la población en Catalunya.
A pesar de este aparente antagonismo, estos nacionalismos –central y periférico– se alimentan y se necesitan el uno al otro. Tales nacionalismos se centran en el tema nacional para ocultar la causa real del subdesarrollo social de Catalunya y de España y que no es el “expolio nacional”, sino el “expolio de clase”. El primero se utiliza deliberadamente para ocultar el segundo, lo cual explica las alianzas constantes entre los nacionalismos centrales y periféricos al día siguiente de las elecciones. El PP, que explota el anticatalanismo en el resto de España, es el mejor aliado de CiU en Catalunya y, en caso de ganar el PP en España, CiU apoyará, como ya lo hizo antes, los políticas de clase responsables del subdesarrollo del Estado del bienestar, que se basa en los escasos ingresos al Estado (sólo un 34% del PIB, frente al 44% en la UE-15 y un 54% en Suecia), y que es consecuencia de que las rentas superiores y del capital tributan mucho menos de lo que lo hacen sus homólogos en la UE-15. El trabajador de la manufactura paga un 74% de lo que paga su homólogo en Suecia. El 1% de renta superior paga sólo el 20%. Y es más que probable que el porcentaje real sea incluso mucho menor. Tanto el Estado español como la Generalitat de Catalunya podrían resolver esta situación. Ambos tienen capacidad fiscal y las herramientas para hacerlo, pero no lo hacen y, mientras, utilizan las banderas en tiempo electoral para ocultar esta realidad. Vicenç Navarro. Público.
En la foto, Antonio al timón del barco neozelandés, 20 de julio de 2011, campeón de la Copa América, navegando por las aguas del puerto de Auckland.