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martes, 2 de abril de 2019

_- Pablo Casado y el Partido Popular también mienten a los españoles en materia económica, además de política.

_- Decir que Pablo Casado miente habitualmente no es un insulto, sino la expresión de un hecho cierto y objetivo que ha quedado demostrado en muchas ocasiones. Se pueden encontrar pruebas fehacientes de ello  aquíaquí, aquíaquíaquíaquí aquí, entre otros sitios.

En estas líneas voy a mostrar que Pablo Casado y el Partido Popular no sólo mienten cuando se refieren a cuestiones de política general sino también cuando le hacen a los españoles propuestas de política económica.

En concreto, voy señalar rápidamente que es falsa una de las ideas que están vendiendo últimamente: que eliminar o bajar impuestos aumenta automáticamente los ingresos fiscales, que crea puestos de trabajo y que hacerlo es indiscutiblemente bueno para la economía en general y para todas las empresas y personas en general.

No es verdad que bajar impuestos aumente necesariamente los ingresos fiscales.

Esta idea que ahora defiende el Partido Popular es muy antigua pero se popularizó en los años ochenta cuando Ronald Reagan y otros políticos neoliberales utilizaron el razonamiento de un economista llamado Arthur Laffer.

Su planteamiento es el siguiente: si los impuestos suben por encima de un determinado nivel, un contribuyente racional rechazará seguir trabajando y eso reducirá los ingresos fiscales provenientes de sus rentas o, en el caso de una empresa, soportará costes tan elevados que no obtendrán beneficios y dejarán de producir, reduciéndose también así los ingresos que antes pagaban al fisco. A la inversa, si los impuestos bajan en lugar de subir, podría haber más oferta de trabajo y más producción que aumentarán los ingresos fiscales.

De entrada es obvio, por tanto, que la idea de Laffer sólo se cumpliría a partir de un determina nivel de tasa impositiva y no siempre (por eso se habla, precisamente, de “la curva” de Laffer, porque él mismo supone que los ingresos suben al principio y comienzan a bajar a partir de un determinado nivel). Por tanto, no es verdad que bajar impuestos suponga SIEMPRE Y CON SEGURIDAD un aumento de ingresos fiscales.

Diversos estudios han demostrado las inconsistencias, errores estadísticos y contradicciones de los estudios que pretenden demostrar que bajar o eliminar impuestos sobre la renta, el patrimonio o las herencias ayuda al crecimiento o mejora el estado general de la economía, bien porque no tienen en cuenta factores relevantes, porque realiza mal las regresiones o porque simplifica excesivamente las hipótesis. Por ejemplo,  aquíaquí o aquí. 

Pero incluso dando por buena la existencia de relación entre tasas impositivas e ingresos fiscales (que la hay por definición, aunque otra cosa es que sea como dicen los liberales) la idea que defiende Pablo Casado y el PP sólo sería cierta si se demuestra antes que en la economía española hay un nivel de tasa impositiva en el que eso ocurre. Y resulta que es imposible determinar con completa exactitud cuál es el nivel de esa tasa impositiva a partir del cual disminuyen los ingresos fiscales, no sólo en España sino en cualquier otro país (entre otras cosas, porque la idea de Laffer se basa en el comportamiento individual y aceptar que hay una curva para toda la economía supone asumir hipótesis difíciles de aceptar).

Para que fuese cierta la propuesta de Casado tendría que ocurrir que todos los contribuyentes españoles, tomados como un todo homogéneo, se encontraran en la parte descendente de la curva de Laffer. Pero ¿y si estuviésemos en la parte ascendente de la curva de Laffer (como señalaba, por ejemplo, este informe)? Si la curva de Laffer fuera cierta y estuviésemos en esta última situación, y Casado no ha demostrado que no lo estemos, lo que tendría que proponer él y su partido sería ¡SUBIR IMPUESTOS!

En Estados Unidos, por ejemplo, se ha demostrado que la tasa impositiva que optimizaría los ingresos fiscales es del 73%, lo que significa que allí se podrían casi duplicar las tasas sin poner en peligro el crecimiento económico (aquí).

Algún estudio teórico para España demuestra que si se acepta que en España funciona la curva de Laffer el tipo impositivo medio que se debería aplicar sería del 45% (aquí). Por tanto, Pablo Casado debería señalar si esa es la tasa que desea imponer en España o cuál entonces y por qué. Y, en todo caso, habría que señalar que la relación entre ingresos fiscales y tasas impositivas cambia mucho a lo largo de los años, de modo que también es mentira que la propuesta de Casado vaya a ser buena en cualquier momento.

Además, también se ha demostrado que las tasas impositivas no determinan por sí solas los ingresos fiscales sino que éstos dependen también y sobre todo de otros factores aquí

Así se ha demostrado, por ejemplo, en Estados Unidos. Allí, los ingresos fiscales como porcentaje del PIB se han mantenido en un intervalo bastante estrecho desde el final de la II guerra mundial, entre el 15 y el 20 por ciento del PIB ( aquí ), mientras que las tasas impositivas variaron del 28 al 92 por ciento (aquí). Lo que indica que no hay la relación entra ambas cosas en que se basa la propuesta anti impuestos del Partido Popular.

Por otro lado, en los últimos años es fácil comprobar que los ingresos fiscales estructurales en porcentaje del PIB en España (los que ya descuentan el efecto del ciclo económico) han aumentado cuando han aumentado los impuestos (en 2010 y 2012 con Zapatero y Rajoy) y han disminuido cuando han bajado los impuestos (2015 y 2016).

Quizá la mejor prueba de que bajar impuestos no aumenta automáticamente los ingresos fiscales es que su valedor más destacado, Ronald Reagan, duplicó el déficit presupuestario y triplicó la deuda pública de Estados Unidos durante su mandato, cuando aplicó la tesis que ahora defiende Casado después de haber asegurado que lo hacía para disminuirlos (aquí). Y hay que señalar, además, que Reagan no bajó todos los impuestos sino los que recaían sobre beneficios y grandes empresas, que es lo que ocurre siempre que los liberales realizan reformas fiscales asegurando que bajan todos los impuestos: se los bajan sólo a los más ricos. Un resumen de los errores de predicción de todo tipo de los republicanos que en Estados Unidos defienden que bajar impuestos es lo mejor, tal y como ahora quiere hacer Casado en España, aquí.

No es verdad que bajar impuestos cree necesariamente empleos

Tampoco hay datos empíricos que permitan demostrar que simplemente bajando impuestos, como dice Casado, se creen automáticamente empleos. De hecho, puede ocurrir todo lo contrario.

Se podría aceptar que con impuestos más bajos las empresas tendrán menos costes y que eso les permitiría producir más, contratando más empleo para ello. Pero es obvio que eso no tiene por qué ocurrir necesariamente. No contratarían necesariamente más, por ejemplo, si al mismo tiempo que bajaran los impuestos subieran los salarios u otros costes. Y podría ocurrir que, al bajar los impuestos y tener que reducirse al mismo tiempo el gasto público, las empresas y los hogares tuvieran que gastar más que antes en determinados bienes o servicios antes públicos, lo que haría que tuvieran menos recursos para la demanda de inversión o de consumo. Y, además, tampoco es seguro que menos costes para las empresas se traduzca en más inversión, y ni siquiera que más inversión después de menos costes fiscales lleve consigo más empleo.

Para defender esta proposición se ha hecho muy popular en Estados Unidos un estudio de Laffer que supuestamente demostraba que el 62% de todo el empleo nuevo en Estados Unidos de 2002 a 2012 se había generado en los nueve estados que no tienen impuesto sobre la renta. Pero se ha demostrado claramente (aquí) que esa idea está manipulada: el 70% de ese incremento corresponde sólo a Texas, que es un estado con condiciones muy especiales y, además, que no ha mantenido ese patrón en los últimos 50 años (cuando ha estado sin impuesto y no ha tenido ni mucho menos esos resultados de empleo).

La falsedad de la propuesta de Casado también se demuestra si se considera que los países de la OCDE que tienen los tipos impositivos más elevados no son precisamente los que tienen las tasas de paro más altas sino todo lo contrario (aquí).

Bajar impuestos aumenta la deuda u obliga a reducir gasto público y, en ese caso, hay que decir qué se va a recortar

Casado y el PP engañan a la gente cuando le dicen que se van a bajar impuestos sin necesidad de reducir gasto público.

Los liberales sensatos y coherentes proponen reducir impuestos porque creen que eso es bueno pero, al mismo tiempo, señalan qué gastos públicos reducirían y en qué cantidad porque no se creen las ilusiones que defiende Casado.

No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Lo que hay detrás de las propuestas de reducir o eliminar los impuestos es reducir la provisión pública ciertos bienes públicos, aunque no todos, sino sólo los que privatizados proporcionan beneficios privados.

Lo honrado, por lo tanto, es que la propuesta de bajar impuestos que hace Casado venga acompañada de la mención al recorte de gastos complementarios que se va a realizar y del efecto que eso tendrá sobre los precios, sobre la eficiencia, sobre la deuda y sobre el bienestar de las personas.

Bajar impuestos no mejora el bienestar general ni el rendimiento general de la economía

La verdad es que no es fácil disponer de evidencias empíricas que demuestren los efectos reales de las subidas o bajadas de impuestos sobre el conjunto de la economía, precisamente por lo que vengo diciendo: porque los ingresos fiscales, la deuda, el empleo… y el bienestar en general, dependen de muchas más variables. Por eso es una falsedad decir que simplemente con reducirlos se consiguen efectos positivos para el conjunto de la economía, o que eso es bueno “para todos”. Pero sí hay análisis que han demostrado que eliminar o reducir impuestos no es necesariamente mejor que mantenerlos más elevados. Estados Unidos es un territorio muy útil para hacer este tipo de análisis empíricos y allí se ha demostrado que la economía de los estados con tasas impositivas más elevadas funcionan mejor que la de aquellos que las tienen más bajas: aquí.

Y también sabemos con certeza que, en contra de lo que dice Casado, tener un sistema fiscal con altos tipos impositivos es justamente lo que caracteriza a los países (Suecia, Holanda, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Japón, Suiza, Noruega, Francia… ) que tienen el PIB per cápita más elevado (aquí)

¿Qué cabe esperar si se aplicara la fórmula de Pablo Casado a la economía española?

En España ya se han hecho reformas fiscales para bajar impuestos y sabemos perfectamente lo que han traído consigo generalmente: menos equidad y ninguna rebaja sustancial del déficit y de la deuda. Es decir, ayudas encubiertas para los perceptores de rentas elevadas y mayor déficit social.

Lo único que se puede esperar de la propuesta de Pablo Casado es lo mismo que ocurrió en los Estados Unidos de Reagan: más déficit público y más deuda. Justo lo que desea la banca para ganar dinero financiando al Estado a cuenta del sacrificio de las personas corrientes y de las empresas que crean riqueza y empleo.

Hay que defender que el gasto público sea el adecuado y que no se derrochen recursos.
No hay nada gratis y estamos sobrecargando a la naturaleza hasta niveles letales. Hay que defender la austeridad pública en el mejor y auténtico sentido del término (y no en el tergiversado de los últimos años). Hay que combatir y tratar de reducir la deuda que es una esclavitud impuesta por la banca al resto de la sociedad y que paraliza las economías y las lleva a crisis recurrentes. Hay que crear las mejores condiciones posibles para que las empresas creen puestos de trabajo. Pero nada de eso tiene que ver con las fabulaciones de los anarquistas de extrema derecha como Pablo Casado. Lo que quieren en realidad es acabar con los bienes y servicio públicos porque no creen en el Estado o, mejor dicho, que sólo creen en un Estado que puedan patrimonializar para hacer con él lo que quieran a favor de los grandes intereses económicos, como ha hecho el Partido Popular en las comunidades autónomas donde ha gobernado. Están en su derecho. Pero no en el de engañar a la gente a base de mentiras o, en el mejor de los casos, medias verdades.

Fuente: http://www.juantorreslopez.com/pablo-casado-y-el-partido-popular-tambien-mienten-a-los-espanoles-en-materia-economica/

sábado, 19 de enero de 2019

_- Un serio retroceso en materia de igualdad. El pacto firmado por el PP y Vox en Andalucía es opuesto a las políticas progresistas tanto en definición como contenido y medidas. No tiene nada que ver con la defensa de las “familias”, en plural.

_- Si atendemos a los puntos 16, 17 y 18 del pacto firmado por el PP y Vox en Andalucía, podríamos pensar que quizá la derecha le habría tomado la delantera a la izquierda en la priorización de las políticas de familia e infancia y en la inclusión, en la agenda política, de las medidas centradas en la reducción del coste de tener hijos. Sin embargo, esta primera posible impresión es falsa.

Existe un tipo de evaluación de políticas públicas que se denomina “evaluación de coherencia” y que se refiere al significado atribuido a la realidad que se pretende analizar. En el caso del pacto entre el PP y Vox, una evaluación de coherencia nos llevaría a concluir que, cuando la derecha española habla de conciliación, de familia y de embarazos no deseados, está dotándoles de un significado que se aleja mucho de la definición, contenido y medidas que tienen en mente las políticas progresistas.

Según Eurostat, en España se gasta el 1,3% del PIB en la protección de familias e infancia, mientras que en la UE-28 la media alcanza el 2,4% del PIB. Sin embargo, la bondad de las políticas sociales no la establece únicamente su porcentaje sobre el PIB. Como bien nos enseñó el sociólogo danés Gøsta Esping-Andersen, existen otras variables más cualitativas que permiten dotar de mayor o menor valor al gasto social porque analizan su impacto en la sociedad y en las personas. Una de ellas es la desmercantilización; el grado en que el Estado y sus políticas públicas permiten que el individuo no dependa del mercado para cubrir sus necesidades básicas, aquellas que le garantizan una vida digna. Otra variable, asumida por Esping-Andersen, pero aportada por investigadoras feministas como Ann Shola Orloff, es la desfamilización, que atiende a todo el bienestar social no remunerado que se genera en los hogares y que, mayoritariamente, llevan a cabo las mujeres. Un buen modelo de bienestar social también pasa, por tanto, por garantizar labores de atención y de cuidado más allá de la familia, que permitan a las mujeres poder conciliar su vida personal, laboral y familiar y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

El neoliberalismo y el neoconservadurismo no abogan por la extensión del modelo de bienestar social y tampoco creen en la necesidad de que el Estado de bienestar garantice la desmercantilización y la desfamilización. Sus postulados se centran en la defensa de los valores tradicionales del capitalismo: familia, empleo y patria. La idea de familia neoconservadora o neoliberal, que propone la recuperación de los valores tradicionales, no tiene nada que ver con la idea de “familias” en plural de las políticas socialdemócratas o progresistas. En el primer caso, persiste la división sexual del trabajo, una definición del papel social de las mujeres muy centrado en la maternidad y el cuidado, muy vinculado al ámbito privado, doméstico, a la familia. Una familia en la que las mujeres asumen el papel de cuidadoras y permiten que el Estado no necesite invertir en políticas de igualdad entre mujeres y hombres.

Cuando PP y Vox dicen: “16. Fomentar medidas de conciliación entre la vida laboral y familiar, como fórmula esencial para la mejora de la calidad de vida de las familias”, olvidan dos conceptos clave en la ecuación: conciliación también “personal” y, sobre todo, conciliación “corresponsable”. Al feminismo le ha costado años de lucha y reivindicación conseguir que en los planes de igualdad institucionales y en las políticas sociales, familiares y de empleo se incluyera la corresponsabilidad al hablar de conciliación. Si no trabajamos y construimos un modelo social y económico en el que la conciliación sea corresponsable, estaremos favoreciendo la perpetuación de la feminización de la conciliación que tiene importantes efectos perversos sobre la igualdad entre mujeres y hombres, agravando los sesgos de género en las tareas de cuidado, agrandando la brecha salarial de género y generando feminización de la pobreza.

Cuando el PP y Vox dicen: “18. Crear una Consejería de Familia”, se están olvidando del plural: “Familias”. Atendiendo al pacto pareciera que lo que más les preocupa es incrementar la natalidad, pero se olvidan de que para lograr un resultado efectivo deben partir de un correcto diagnóstico de las causas. La interpretación de las actuales tasas de natalidad, fecundidad y reemplazo generacional no puede obviar que una de las principales causas está en el mantenimiento de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, en el cambio del papel social desempeñado por las mujeres y en el cambio de valores; la maternidad hoy no es la única vía de autorrealización personal de las mujeres. Un pacto que pretende sustituir las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, por políticas de familia sin perspectiva de género, supone un grave y ciego retroceso en la adaptación de las políticas sociales a la situación real de las mujeres. Las politólogas Alba Alonso y Natalia Paleo, en reconocidos artículos científicos, ya establecieron una clara y verificable relación entre Gobiernos conservadores y retrocesos en las políticas de igualdad cuando estas son sustituidas por políticas de familia. En estos casos, la agenda de igualdad se reorienta y pasa a ocupar una posición central la promoción de la maternidad. Estas autoras demuestran que la presencia de los partidos conservadores en el poder tiene impacto en términos de pérdida de recursos y en términos de desarrollo de una agenda política focalizada en las mujeres como madres y cuidadoras. Ha ocurrido ya y volverá a ocurrir; el pacto entre el PP y Vox nos permite prever que sus políticas supondrán un recorte en las medidas de igualdad y pondrán en riesgo los avances de los últimos años, diluyendo el carácter estructural de la desigualdad entre mujeres y hombres y tratando de responder a necesidades cortoplacistas en lugar de dar respuesta a necesidades estratégicas.

No puedo terminar esta reflexión sin atender al punto 20 del acuerdo ya que es, sin duda, un claro ejemplo del retroceso en materia de igualdad y un cuestionamiento de las medidas legislativas cuya consecución ha costado años de reivindicación y de lucha social por parte del movimiento feminista. Cuando el PP y Vox acuerdan: “20. Poner en marcha un sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados que les proporcione información, asistencia y alternativas socioeconómicas”, están planteando la medida de forma aislada, con entidad propia y sin enmarcarla en una política integral, lo que supone la introducción de criterios morales que prejuzgan a las mujeres que quieren interrumpir sus embarazos no deseados, sojuzgándolas y limitando su ejercicio de libertad de elección. Cuando en el acuerdo se habla de proporcionar “alternativas socioeconómicas” se dan muestras de un claro desconocimiento de las raíces del problema y de las diversas razones que hay detrás de la decisión de interrumpir un embarazo.

En suma, cuando el PP y Vox pactan y acuerdan crear una Consejería de Familia están dándole un portazo en las narices a las políticas de igualdad y a la transversalidad de género en el diseño de las políticas públicas. Están favoreciendo una definición tradicional de familia y retrocediendo en las medidas que favorecen la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, ya que unas políticas sociales, familiares, de empleo y conciliación sin perspectiva de género son ciegas al impacto perverso que tienen en el incremento de la desigualdad entre mujeres y hombres.

María Silvestre es directora del Deustobarómetro. Universidad de Deusto.

https://elpais.com/elpais/2019/01/15/opinion/1547567578_462546.html?rel=str_articulo#1547639745105

viernes, 18 de enero de 2019

_- Moreno defiende el acuerdo con Vox y ataca la herencia del PSOE. El candidato del PP señala la creación de empleo como principal objetivo del Gobierno andaluz.

_- Juan Manuel Moreno ha combinado este martes dos trajes desde la tribuna del Parlamento de Andalucía en su primer discurso de investidura: el del candidato a la presidencia de la Junta y el de jefe de la oposición a los socialistas. El primero lo lució para contar la buena nueva del cambio político que pone fin a 36 años y ocho meses de Gobiernos del PSOE. El segundo, para criticar con dureza la herencia que recibe, una Andalucía que no logra converger con las demás regiones por la aplicación de unas políticas que, según el dirigente del PP, perseguían mantener al PSOE “en el poder a toda costa” con una tupida red clientelar.

Moreno no entusiasmó, pero tampoco defraudó en su debut. “Correcto”, dijeron desde las filas populares. Desde Ciudadanos también se apuntaron a ese calificativo y echaron en falta un poco de brío y emoción, como si las jornadas históricas (y la de la alternancia política en Andalucía lo es) necesitaran una banda de cornetas y tambores a todo trapo. El candidato popular dedicó gran parte de su intervención a hablar del cambio político en Andalucía. Será “tranquilo”, “conciliador” y “con diálogo”, legitimado por el voto de los andaluces, pero “sin cordones sanitarios”, en referencia al muro que los partidos de izquierda han tratado de alzar para aislar, sin éxito, a la extrema derecha de Vox. Este partido, que defiende suprimir el Estado autonómico o las leyes contra la violencia machista, tiene la llave de la estabilidad política en Andalucía.

Ninguna de las propuestas extravagantes de Vox (como la de cambiar el Día de Andalucía o la de devolver competencias autonómicas a Madrid) figuran en los acuerdos firmados con el PP, pero los populares no están exentos del riesgo de contagio de sus aliados de investidura. De hecho, la propuesta de Moreno de presentar en el Parlamento una ley de apoyo a las familias andaluzas “con especial atención a las familias numerosas y monoparentales” se interpreta desde algunos ámbitos como una cesión a la ultraderecha.

Lo que sí figura en los acuerdos son iniciativas que benefician a la Iglesia católica, como destinar más recursos a la educación concertada; o a la industria farmacéutica, como la eliminación de la subasta de medicamentos. Estas propuestas, con incidencia en el Presupuesto andaluz, cuentan con el visto bueno de Ciudadanos, con el que el PP ha firmado un acuerdo de gobierno.

Al PSOE le molestó que el candidato a la presidencia de la Junta le afeara su gestión durante el discurso. “Han hecho cosas buenas”, dijo Moreno, para hilar inmediatamente después una retahíla de reproches. “El triunfalismo, el acomodamiento y el conformismo de la clase dirigente han resultado paralizantes para nuestra tierra. La estrategia basada en hacer lo mismo creyendo que el cambio jamás se produciría ya no daba más de sí”, dijo. “La alternancia política es el antídoto contra el clientelismo y la corrupción”, soltó. Los socialistas siguieron cabizbajos a Moreno. La aún presidenta en funciones, Susana Díaz, lo escuchó desde su escaño en los bancos del Gobierno, sin tomar notas en ningún momento. Este miércoles intervendrá en el turno de réplica.

Al menos durante los primeros meses de legislatura, el futuro Gobierno andaluz va a echar mano de la herencia del PSOE para intentar neutralizar la oposición de los socialistas. Muchas de las propuestas de regeneración democrática, como encargar una auditoría integral de toda la Junta, crear una comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (desde donde se usaron tarjetas institucionales en prostíbulos) o la de eliminar entes instrumentales innecesarios —“chiringuitos”, en boca de PP y Cs— lo que persiguen es, como mínimo, sonrojar a los socialistas. Estos aseguran que nada turbio encontrarán.

El candidato popular culminó el capítulo de reproches acusando a los socialistas de intentar desestabilizar al Gobierno antes de que tome posesión, al fomentar la manifestación feminista que se celebró a las puertas del Parlamento. Varios dirigentes socialistas y consejeros a punto de dejar de serlo participaron en la protesta, convocada por las organizaciones feministas.

Moreno también puso el acento en el principal problema de Andalucía: el paro. Durante las semanas de negociación con Ciudadanos y con Vox, ese drama que afecta al 22,5% de la población activa andaluza prácticamente desapareció. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, se mostró sorprendido días atrás de que se “hablara poco” del paro en una entrevista al diario Sur. “Hay que hablar de empleo una y otra vez. El objetivo prioritario es el empleo. Lo que preocupa es el empleo. Toda política social comienza por el empleo. Crear empleo es la tarea más importante que va a abordar este Gobierno”, señaló Moreno, quien advirtió que Andalucía, como el resto de España, se enfrenta a una etapa “de desaceleración económica”.

A la primera jornada de la investidura asistieron alcaldes y concejales del PP de toda Andalucía, y también los que antes que Moreno intentaron llegar al palacio de San Telmo: Javier Arenas (que perdió ganando), Teófila Martínez y Gabino Puche. A ninguno de ellos dedicó una sola palabra de reconocimiento. Tal vez fuera un olvido de algún asesor que tampoco cayó en la cuenta de que todos los autores de las citas que hizo el futuro presidente durante su discurso están muertos.

https://elpais.com/politica/2019/01/15/actualidad/1547557360_394093.html?rel=mas

domingo, 11 de noviembre de 2018

_- Villarejo encierra al PP en Génova 13

_- Domingo Sanz
Rebelión

En el antiguo despacho de Cospedal, para ser más precisos y, por el mismo precio, en el título puede usted cambiar “encierra” por “encarcela”. En este país, que tanto presume de democracia consolidada y de todas las separaciones de poderes que se le suponen, el chantaje es mucho más eficaz que la Justicia a la hora de poner nombres y apellidos a las y los delincuentes de alto standing.

Es verdaderamente difícil ponerse a escribir en un momento en el que las noticias nos tendrían que estar contando que María Dolores de Cospedal y su marido han sido detenidos y acaban de pasar su primera noche en una celda antes de prestar declaración ante un juez de guardia que debería ordenar su ingreso en prisión sin fianza para evitar el riesgo de destrucción de pruebas, de más pruebas aún, comportamiento del que ella, en particular, atesora un más que sobrado currículum.

Lo que casi cada mañana está desvelando Moncloa.com, bajo control o no de Villarejo, proporciona tales evidencias de delito que son equivalentes a las que se producen en esas situaciones flagrantes, en las que la policía está autorizada a intervenir, incluso entrando en propiedades privadas sin necesidad de orden judicial previa. Pero no consta que se hayan iniciado ninguna clase de actuaciones.

Tampoco proporciona la menor confianza en esta Justicia, tan “independiente”, el haber escuchado del propio Villarejo hablar sobre sus “negocios”, también con los del PSOE, y que ninguna autoridad haya llamado a los socialistas de los gobiernos de Zapatero para localizar a aquellos que pudieran haber mantenido relaciones con el comisario hoy encarcelado.

Mientras tanto, Pablo Casado, tras tres días noqueado, solo ha sido capaz de articular incongruencias de las que nos tiene acostumbrados, pero adaptadas al nuevo caso: que Cospedal ha dicho la verdad porque no negó que conociera a Villarejo, como si eso justificara los delitos que la misma Cospedal incluyó en los “encargos” que realizó al mismo Villarejo. ¿O es que acaso, en la hipotética escala de valores de Casado, si tal cosa existiera, decir una mentira en los pasillos del Congreso es mayor delito que planificar obstrucciones a la acción de la Justicia en reuniones clandestinas? No conforme con tan convincente argumento, Casado ha conseguido añadir el ya clásico de que “ocurrió hace muchos años”, y también que esas cloacas las organizó un gobierno del PSOE, y que otro del PP las desmontó.

Pero resulta imposible no regresar al pasado para interpretar el presente, con tanto Francisco Franco como resucita cada día. Una crisis política tan profunda como esta en la que de nuevo nos hemos instalado es algo que puede preverse. Por poner un ejemplo, quien no sospechaba que la muerte de aquel asesino nato abriría un periodo de transición en lugar de permitir la continuidad de su dictadura, especialmente tras el gran éxito de ETA que nos contó la “Operación Ogro”. De hecho, quienes mejor lo supieron ver fueron los muchos políticos franquistas que, o huyeron a sus casas y negocios aprovechando una amnistía que les libraba de condenas por su pasado criminal, o se blindaron disfrazándose de demócratas en UCD y AP primero, y en el PP después. Mientras, miles de funcionarios infectados de autoritarismo contagioso hasta los tuétanos siguieron con toda tranquilidad copando las instituciones públicas decisivas: unas fuerzas de seguridad que nunca dejaron de ser “represivas”, un Ejército que sigue ocultando admiradores sin complejos del mayor asesino de la historia de España y una Justicia que no supera la prueba del algodón cada vez que sus resoluciones aterrizan en Europa. Y una monarquía que es la mejor expresión institucional del “atado y bien atado” de tan infausto recuerdo como éxito contrastado, al sobrevivir durante cuatro decenios e infectar el veneno del cinismo al “republicano” PSOE, y a otros de izquierdas durante este largo viaje, transitado por la ruta de la corrupción y la indecencia.

Si, las crisis políticas se pueden intuir, pero mucho más difícil es imaginar cómo transcurrirán, y aún menos como finalizarán. Volviendo a los ejemplos, hace diez años, y a pesar de que el PP cultivaba sin descanso el odio a Catalunya en el resto de España para recuperar votos tras caer dos veces seguidas ante Zapatero, nadie imaginaba que hoy estuvieran tan en cuestión las fronteras del Estado español. Y no digamos lo del caso Villarejo. Que levante la mano aquel que alguna vez haya pensado que unas conversaciones “privadas” delatadas a través de una página web se iban a convertir en la bomba capaz de destruir un entramado de actividades e intereses inconfesables construido durante 40 años. Solo hace falta encender la radio o la televisión para escuchar a cualquier politólogo reconociendo su incapacidad para estimar la coyuntura política que regirá la próxima semana.

Si España fuera hoy respecto de Europa lo mismo que Catalunya es respecto de España, desde la capital de la UE ya se habría ordenado entrar a saco en Madrid, pero no contra unos cuantos millones de independentistas, sino contra unas élites podridas cuya vida real solo transcurre en las cloacas.

Y que nadie se atreva a tocarle un pelo a Villarejo. Necesitamos sus revelaciones. Esos terabytes de grabaciones contienen más verdades sobre la política que financiamos entre todos, que las montañas de leyes de transparencia que se inventan para después vaciarlas de contenido con las trampas de conveniencia.

viernes, 6 de julio de 2018

Entrevista a Suso de Toro, escritor "Que un tipo como Mariano Rajoy gobierne España sólo es posible en un país infantilizado"

Miguel Ángel Villena
El diario


- El novelista gallego regresa a la literatura con Fuera de sí, la historia de un médico maduro en crisis que rompe con su pasado

- "Los avances de las mujeres han dejado desorientados a los hombres, también a los jóvenes. Basta con dar clases en un instituto para comprobarlo"

- "La sociedad española se ha vuelto más acomodaticia y sumisa, y una mayoría opina que las cosas deben conseguirse gratis y sin esfuerzo"

Suso de Toro (Santiago de Compostela, 1956), uno de los escritores más brillantes de su generación, regresa a la literatura tras unos años de silencio narrativo con la novela Fuera de sí, que acaba de publicarse en gallego, castellano y catalán. En 2010, el premiado y celebrado autor decidió libremente abandonar la literatura y volver a su puesto de profesor en un instituto de Galicia.

"Perdí la fe en la literatura –confiesa en la entrevista– en unos momentos terribles donde entró en crisis también la figura del escritor profesional. Fue una auténtica cura de humildad y una purga regresar a la docencia". Pero ahora, ya jubilado, cuenta que redescubrió hace poco "el goce de hablar de literatura y cuánto me gustaba ser escritor" en un taller literario que impartió.

A pesar de que Suso de Toro ha mantenido sus colaboraciones periodísticas, entre ellas en eldiario.es, la literatura había estado ausente en los últimos años en la trayectoria de este prolífico autor, con más de una veintena de novelas y otros tantos ensayos a sus espaldas. "No cabe duda", reflexiona, "de que mi compromiso político con causas progresistas y nacionalistas perjudicó mi carrera en un país donde se eliminan cada vez más las disidencias y donde solamente han sobrevivido aquellos escritores amparados por grandes grupos editoriales y de comunicación".

Un neurocirujano al borde de la jubilación, hastiado de su vida personal y profesional, se convierte en el protagonista de Fuera de sí(Alianza) que ajusta cuentas con un pasado marcado por un padre autoritario y despótico. A través de una narración en paralelo de monólogos de este médico con un padre moribundo y de diálogos entre distintos personajes secundarios, Suso de Toro traza una novela donde se abordan los problemas de identidad de los varones, las relaciones entre las generaciones o la búsqueda en la infancia de las claves de su vida.

Dos personajes destacan con fuerza como contrapunto a la crisis del médico maduro: un tío generoso e ilustrado y una mujer sencilla y luchadora a partir de los que el protagonista aspira a una vida más libre. "Al fin y al cabo –explica el autor– se trata de la historia de un varón herido que busca cómo construirse una nueva masculinidad. Creo que hoy es más necesario que nunca que los hombres construyamos una nueva masculinidad que rompa con el machismo y luche por la igualdad". Es más, el escritor continúa diciendo que "resulta evidente que los avances de las mujeres han dejado desorientados a los hombres, también a los jóvenes. Basta con dar clases en un instituto para comprobarlo".

Preocupado siempre en su obra por las voces literarias, Suso de Toro descarta esa voz del narrador omnisciente que impone su relato a los lectores. Por ello el novelista gallego apuesta por dar voz a sus personajes y de ahí la estructura de su novela, narrada en monólogos y diálogos. "Me gusta", afirma, "poner a hablar a los personajes, es decir, que ellos cuenten lo que hacen y lo que dicen. Es un enfoque que ya utilicé en novelas anteriores mías porque, en definitiva, escribo sobre adultos que investigan su propia vida y sus historias familiares".

Autor de novelas como Calzados Lola (Premio Blanco Amor), Trece campanadas(Premio Nacional de Narrativa en 2003) o Siete palabras, Suso de Toro rechaza que esta reciente obra sea autobiográfica, aunque reconoce que "la búsqueda de la identidad sí representa algo autobiográfico".

El peligro de una sociedad sumisa
Desde su retiro en la aldea gallega donde vive, el novelista enlaza la literatura con la política al abordar el conflicto entre generaciones que late al fondo de Fuera de sí. "Por supuesto que se plasma un choque generacional entre padres e hijos en la novela. Además, soy bastante pesimista sobre la influencia de la democracia en las nuevas generaciones vista desde la perspectiva de alguien como yo que ha cumplido los 60 años", señala.

Además, considera que, pese al tiempo transcurrido, "mucha gente sigue modelada por esa educación de curas y militares que nos dieron en la dictadura y que ha pervivido en buena medida". Para ello, según el novelista, "solo hay que observar los constantes atentados a la libertad en nuestro país en los últimos años", ya que "la sociedad española se ha vuelto más acomodaticia y sumisa, y una mayoría opina que las cosas deben conseguirse gratis y sin esfuerzo". Como ejemplo de ello, remite al propio presidente. "Dicho de otro modo, que un tipo como Mariano Rajoy gobierne España sólo es posible en un país infantilizado", asegura.

A pesar de que Suso de Toro siempre ha intentado deslindar con claridad su compromiso con la izquierda nacionalista gallega de su trayectoria literaria, la etiqueta de escritor incómodo y crítico con el poder lo ha perseguido y lo persigue. Indignado con la actitud del Estado hacia las reivindicaciones independentistas de Catalunya y defensor de unas lenguas minoritarias (catalán, gallego y euskera) que, a su juicio, continúan discriminadas en España, Suso de Toro afirma con vehemencia que "la sociedad española vive bajo el miedo y la amenaza y está modelada por un autoritarismo salpicado de caramelos que adormecen a mucha gente".

De todos modos, el trasfondo de crisis que todavía sufre nuestro país apenas está presente en Fuera de sí, una novela salpicada por un humor sutil y escéptico. Escrita originalmente en gallego, la novela iba a titularse Turismo rural, todo un guiño irónico a la trama, pero al final Suso de Toro se decantó por el que figura en la portada del libro y que revela el doble mensaje de la historia. "Por un lado –aclara el autor– la expresión fuera de sí alude a alguien que explota, que dice basta porque no puede más. Por otra parte, también se refiere a aquella gente que se desnuda y que se despoja de su anterior identidad".

Fuente:

https://www.eldiario.es/cultura/entrevistas/necesario-hombres-construyamos-nueva-masculinidad_0_768873632.html

viernes, 29 de junio de 2018

Los destrozos de Rajoy.

El daño principal no se puede describir con números: fue acabar con el pacto social. Algunos datos cruciales sirven para desacreditar la propaganda desplegada estos días.

No es de esperar que uno se azote públicamente. Sólo los inmisericordes consigo mismos lo hacen y son muy pocos. Menos aún los políticos. Y menos todavía los políticos que hayan actuado contra el bienestar de los ciudadanos. En cualquier constitución civilizada se reconoce el derecho de toda persona a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable. La Constitución Española lo hace en su artículo 24. No cabía esperar por tanto que, en su despedida como presidente del Gobierno, Rajoy reconociese los destrozos causados. Si no reconoció ante un tribunal de justicia sus responsabilidades en el caso Gürtel, menos podía pensarse que fuera a reconocer en el Congreso de los Diputados un daño mucho mayor. “Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré”, dijo Rajoy. Tenía sus razones para hablar así. Le escuchaban los diputados de su partido, tan derrotados como él, a los que no podía defraudar. Y tendría, digo yo, razones íntimas: casi todo el mundo intenta conservar su autoestima. Lo que resulta más chocante es que analistas o informadores pretendan construir argumentos sesgados para valorar positivamente la gestión económica de Rajoy.

Se aduce, por ejemplo, que el Producto Interior Bruto, el PIB, creció en el periodo de su gobierno. Tuvo un aumento en los seis años que van de 2011 a 2017 del 6,5 por ciento. Una subida bastante pobre, más si se tiene en cuenta el bajo nivel de actividad económica que registró el último año antes de la llegada del Gobierno del PP. Pero eso no es lo importante. Para saber cómo llegó esa mejora tímida a los ciudadanos es necesario comprobar cómo se repartió la riqueza generada. Se la reparten las empresas y los trabajadores. También lo refleja el PIB. Entre el final de 2011 y el de 2017 lo que se llevaron las empresas aumentó el 12 por ciento. Por su parte, lo que le correspondió a cada asalariado subió en cambio el uno por ciento. Y si se descuenta el encarecimiento de la vida (el dinero de 2017 valía menos que el de 2011) la renta por asalariado fue un 3,7 por ciento más baja al final del tiempo de Rajoy que antes de la llegada del PP al poder.

Los indicadores económicos al uso, el PIB, la marcha de la bolsa, la prima de riesgo o el IPC, sirven para conocer algunas facetas de la actividad económica. El resultado de la actividad económica, sin embargo, se mide por el bienestar de la gente y ahí no sale. Hay otros datos que lo reflejan.

La renta. Es lo que gana cada año el conjunto de las personas, ya sea por su salario o por sus inversiones. Con los datos disponibles del INE, puede calcularse la renta media por persona: en 2011 fue de 13.902 euros. En el último año completo de Rajoy, 2017, fue de 13.690 euros, descontando el aumento del coste de la vida, la inflación. Un 1,5 por ciento menos. Es decir, nos empobrecimos. Claro, no todos. La mitad de la gente con menos renta vio caer sus ingresos un siete por ciento, mientras que la otra mitad, la de más ingresos, la mantuvo inalterable. Cuando el PP llegó al Gobierno, el 20 por ciento más afortunado económicamente ganaba 6,3 veces más que los del otro extremo. Era ya mucho si tenemos en cuenta que en Alemania o Francia representaba 4,5 veces. Pues con Rajoy los más pudientes han pasado a ganar 6,6 veces lo que se lleva el 20 por ciento con menos ingresos. Ha aumentado la desigualdad.

Esto ha llevado a otro dato más trágico: el aumento de la pobreza. En 2011 había ya 12 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Era mucho. España era el undécimo país de la Unión Europea con más pobres. El paso del PP por el Gobierno lo ha empeorado: ha convertido en pobres a medio millón más de personas. Ahora sólo nos superan seis países de la Unión.

Claro, esto tiene su traducción en la vida real, por ejemplo, la pobreza energética. Casi dos millones de hogares declaran que no pueden mantener su casa a temperatura adecuada, que pasan frío. Son 726.000 hogares más que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. El año pasado las compañías eléctricas, de gas y de petróleo del IBEX ganaron casi 9.000 millones de euros, un 8 por ciento más que en el ejercicio anterior. Ese es el contraste.

La pobreza se extendió no sólo a los parados o los jubilados. Afectó también a los que trabajan, no sólo en tiempos de Rajoy. Al llegar había ya un 23,5 de asalariados en riesgo de pobreza, pero durante su mandato han aumentado un 18 por ciento aquellos a los que el producto de su trabajo no les da para cubrir sus necesidades: ahora suponen casi el 28 por ciento de los asalariados. Esto no es por casualidad, sino fruto de una actuación política: la llamada devaluación salarial aplicada por las empresas e impulsada por el Gobierno a través de la reforma laboral. Los sueldos han bajado entre la llegada y la salida del PP del poder un 5,1 por ciento, en términos reales, es decir, descontado el incremento del coste de la vida. Pero ese sacrificio no se ha repartido igual. La encuesta anual de estructura salarial del INE, cuyos últimos datos son de 2016, divide los sueldos en 10 tramos, de acuerdo con su cuantía. Ahí se puede comprobar que el tramo con los sueldos más bajos ha sufrido una caída del 4 por ciento en el periodo Rajoy, mientras que el tramo de los que más ganan ha gozado de una subida del 3 por ciento. La precariedad salarial, ya existente antes, se ha incrementado con Rajoy con el aumento de los contratos a tiempo parcial respecto a los de tiempo completo.

Repasamos ahora los servicios esenciales que prestan las administraciones públicas a los ciudadanos y los estragos sufridos a manos del Estado y de las comunidades autónomas, por orden de Rajoy. La educación: fue uno de los bastiones del Estado de Bienestar contra el que primero se dirigió el PP. En 2011, el gasto público educativo era 2.200 millones mayor que al final del periodo negro. La sanidad fue otro blanco de los grandes recortes. Ahora el gasto sanitario es 1.642 millones menor que en 2011. El gasto en dependencia tampoco se libró de la tijera: en 2018 hay presupuestado un 7 por ciento menos para esta partida que en 2011.

Las pensiones han subido y su gasto ha aumentado, sobre todo por el mayor número de pensionistas, que además reciben una pensión superior, puesto que trabajaron en años con sueldos mejores que sus antecesores. Pero la subida ha sido escasa: la pensión mínima se ha incrementado en estos seis años el 4,3 por ciento. Con ello no compensa el incremento del coste de la vida, la inflación, que alcanzó el 4,8. Y lo que es más grave: el recorte de los salarios ha contribuido a que la recaudación de la Seguridad Social haya sido escasa. La solución: Rajoy se ha gastado el Fondo de reserva de la Seguridad Social, bien repleto cuando llegó a la Moncloa. En total se ha fundido 74.000 millones de euros.

La inflación, el aumento del coste de la vida, se ha moderado algo. En los seis años de Rajoy los precios al consumo han aumentado el 4,8 por ciento. Pero no todo se ha comportado así. Han bajado claramente la gasolina y el gasóleo. No han subido, o lo han hecho muy poco, los productos o servicios de los que una persona puede prescindir si vive con estrecheces: ropa, menaje, ocio. Pero servicios esenciales de los que el ciudadano difícilmente puede prescindir se han disparado. Entre 2011 y 2017 el pago por estudiar en la universidad, básicamente las tasas, se incrementó un 35 por ciento. La ampliación del copago por las medicinas a pensionistas, contribuyó a encarecer el gasto farmacéutico de los ciudadanos en un 17 por ciento desde que llegó el PP hasta que se ha tenido que ir. El recibo de la luz es ahora un 14 por ciento más caro.

Esta es la economía que afecta a personas, pero sí, hay cosas más distantes a ellas cuyos efectos terminan afectando también al bienestar de la gente. Por ejemplo, el dinero que el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos han tomado prestado y tienen que devolver, la deuda pública. No es necesariamente malo que se endeuden para hacer frente a necesidades básicas o para gastarlo en impulsar el desarrollo. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy recortó los gastos destinados a estas cosas y al mismo tiempo endeudó más al Estado. Ahora la deuda pública supera el billón de euros (1.144.298 millones de euros) que equivale al 99 por ciento del PIB. Cuando el PP tomó el mando suponía el 70 por ciento. Ha aumentado en 400.000 millones de euros: un 54 por ciento. Una parte de la deuda se debe a los 58.000 millones gastados en rescatar a los bancos, la gran mayoría durante el mandato de Rajoy. Sin embargo, mientras esto ocurría, más de 400.000 familias fueron expulsadas de sus casas por los bancos al no poder pagarlas, la mayoría (300.000) durante el mandato de Rajoy. A ello hay que sumar las que abandonaron sus viviendas sin necesidad de ser expulsadas.

Para mejorar la economía a largo plazo es necesario cambiar el modelo productivo. Y para esto, es clave la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación. Pues bien, Rajoy decidió reducir drásticamente el gasto en I+D+i. Cuando se ha ido, es un 17 por ciento más bajo que cuando llegó. Y eso que los recortes de Zapatero ya dejaron temblando esta partida presupuestaria.

Esto último da pie para aclarar que esto empezó antes. En mayo de 2010, cuando el Gobierno socialista de Zapatero cedió a la presión de los que mandan en la Unión Europea e inició el camino. Rajoy tomó el relevo con virulencia y multiplicó los destrozos. El principal de ellos no se puede describir con números: fue acabar con el pacto social establecido.

http://ctxt.es/es/20180606/Politica/20039/PP-rajoy-recortes-pacto-social-pobres-temporalidad-crecimiento-de-la-peña.htm

domingo, 10 de junio de 2018

Estos son los “hitos” del PP en memoria histórica.

La última humillación se produjo esta semana en el Congreso en torno a la condecoración a Billy El Niño.

La sombra de Franco y su dictadura es alargada. No son suposiciones dichas a la ligera: los datos y, sobre todo, la historia que tanto quieren distorsionar, son quienes ponen a los populares frente a un espejo con sus mayores vergüenzas. Incluso, han sido los responsables de que la fundación dedicada al dictador haya recibido dinero público durante la época de Aznar. Tampoco les molesta que dicha institución disponga de documentación original secreta que corresponde al patrimonio público.

Once años, desde que se aprobara la llamada Ley de Memoria Histórica, en los que la humillación y los continuos obstáculos han sido la máxima del partido de Mariano Rajoy cuando ha tocado hablar de memoria histórica. Una ley descafeinada y nacida con la voluntad de mantener intacta las cloacas de de la transición. Fue sacada adelante con la oposición del PP y ERC, este último al considerar que no terminaba con el “sistema español de impunidad” de los años posteriores al fin de la dictadura.

El último episodio de humillación a las víctimas del franquismo sucedió esta semana, en la última intervención en el Congreso de Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio de Interior, cuando se negó a retirar la condecoración a Billy El Niño. Luego, en el debate de la moción de censura, el que se rio fue el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Estos son los “hitos” del PP en memoria histórica.

2008

Muchos han acabado por creerse sus propias mentiras. Otros, directamente, son puros negacionistas de los horrores del franquismo. En una entrevista concedida a La Voz de Galicia en octubre de 2007, Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior en el gobierno de Aznar, definió de “extraordinaria placidez” los cuarenta años de dictadura. Afirmaba no sentir la necesidad de condenar nada porque “hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad”.

Decía Mariano Rajoy en febrero de 2008, durante una entrevista a 20 minutos , que, si por él fuera, “eliminaría todos los artículos de la ley de memoria histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado”. Unas declaraciones que no son frutos de una equivocación, sino que atienden a una idea clara de enterrar el pasado. Ese mismo año, tras la solicitud de Garzón de acceder a diversos archivos para elaborar un “censo” de fusilados y desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, Rajoy declaró no ser “partidario de abrir heridas del pasado, que no conducen a nada”.

Estas afirmaciones son totalmente entendibles teniendo en consideración la del resto de compañeros de partido. Durante un Congreso del PP de Madrid, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado , señaló que la gente de izquierdas son “unos carcas” porque están “todo el día pensando en la guerra del abuelo” y “en la fosa de no se quién”. Años después se ha intentado retractar de dichas palabras poniendo como prueba que su abuelo también sufrió la represión.

No obstante, estas políticas no se han limitado a la esfera nacional. En Canarias , el PSOE se topó con CC y los populares para la aprobación de una PNL con la que elaborar un proyecto de exhumación de las fosas en las islas, que finalmente no salió adelante. El mismo sentido final el vivido en Valencia. El por entonces gobierno presidido por Rita Barberá promovió la construcción de más de mil nichos sobre una fosa común del franquismo. A pesar de que se paralizaron las obras tras ser denunciados los hechos, el Ayuntamiento apeló al TSJV, quien les otorgó nuevamente el permiso para continuar.

Ese año se cerró con la negativa del PP y del PSOE a una proposición de ley impulsada por ERC, que instaba a revisar la ley aprobada por Zapatero hacía casi doce meses.

2009

José Millán-Astray, general golpista, fundador de la Legión y jefe de prensa y propaganda de Franco es “un coruñés de pro, de toda la vida”. Estas fueron las palabras esbozadas por el presidente provincial del PP de A Coruña, Carlos Negreira, en defensa a la estatua del militar que se pretendía retirar tras aprobarse en el pleno del Ayuntamiento sin el apoyo de los conservadores.

Por aquellos tiempos, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no era muy conocido para gran parte del país, salvo en Cataluña. Autoproclamados como la alternativa a la vieja política, lo cierto es que desde sus comienzos han compartido gran parte de su ideario. En junio de ese año, el grupo se abstuvo en la votación del proyecto de ley sobre la localización y la identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Albert Rivera expresó entonces que “para Ciudadanos, el texto que garantiza el derecho individual de las personas es correcto” pero veía peligroso que se utilizara esta ley “para hacer revisionismo político”. El Partido Popular, una vez más, votó en contra.

2011

Con Zapatero sobrepasado, se acabó por adelantar las elecciones. Rajoy se convirtió en el nuevo presidente del Gobierno con mayoría absoluta y comenzaba así la crónica de una muerte anunciada para la Ley de Memoria Histórica. Ese 2011, el gobierno socialista –en funciones– consiguió colar in extremis subvenciones por valor de 5,6 millones de euros, destinados a 190 proyectos de recuperación y justicia. El año siguiente, el gobierno del PP enterró definitivamente una época sin acabar de nuestro país.

Los populares ya en aquel momento estaban más ocupados de hacer imposible la vida a familiares de las víctimas. En Poyales del Hoyo, municipio de la provincia de Ávila, el primer edil, Antonio Cerro, decidió dar por concluida la cesión de un espacio en el cementerio –que ellos mismos aprobaron en 2002– donde descansaban los restos mortales de tres mujeres del pueblo asesinadas por falangistas en 1936. Cerro aprovechó la coyuntura que se le presentó cuando un familiar reclamó los restos de su abuela para trasladar definitivamente todos los huesos a una fosa común.

2012

Con el Partido Popular ya asentado en las instituciones, los recortes no se hicieron esperar. En los PGE de 2012 se estableció la cantidad de 2,5 millones de euros “para toda clase de gastos derivados de las propuestas de la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 1891/2004 de 10 de septiembre”, lo que suponía un 60% menos que en el ejercicio anterior. A eso le acompañó la supresión de la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado para coordinar la exhumación de desaparecidos. Se acabó reubicando para su posterior caída en el olvido en la División de Derechos de Gracia y otros Derechos, dependiente del Ministerio de Justicia.

2013

Por primera vez desde su aprobación, la Ley de Memoria Histórica se quedaba sin dotación presupuestaria . Fue el mismo año en que el diputado Rafael Hernando aseguraba en una tertulia que “algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarle”. Ahora, ya ni eso. Como había prometido años atrás Mariano Rajoy, ni un solo euro más se destinaría a recuperar los cuerpos de las víctimas.

Continuando con el camino que se habían marcado, en mayo los populares rehusaron condenar el franquismo en el Congreso . Izquierda Unida había llevado a la Cámara Baja convertir el 18 de julio, día del golpe de Estado, en jornada “oficial de condena de la dictadura”. Todos los grupos secundaron la propuesta salvo el PP, que votó en contra, y UPyD, que se abstuvo. Como justificación, el diputado Pedro Ramón Gómez de la Serna espetó: “No podemos condenar a las nuevas generaciones al peso insoportable de la guerra civil. No aspiramos a una memoria unánime, aspiramos a una memoria para poder convivir”. Meses más tarde, mismo escenario y situación parecida. En esta ocasión, la proposición instaba a retirar los símbolos franquistas y la postura se repitió.

2014

Por si no hubiese sido poco las repetidas llamadas a la cordura desde España, entró en juego la Organización de Naciones Unidas. Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, emitió un informe donde instaba al Ejecutivo a reparar el daño que la dictadura provocó. Como venía siendo habitual, el Partido Popular restó importancia al documento hasta el punto de ignorarlo.

Sin embargo, no era la primera vez –ni sería la última– que desde organismos internacionales se había dado un toque de atención al Gobierno. Ya en 2012, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, dirigió a España una petición formal para la derogación de la Ley de Amnistía en nombre de la ONU, denunciando que incumplía la normativa internacional de Derechos Humanos. En 2017, Pablo de Greiff volvió a recordar a España que el Estado debe atender de forma urgente los reclamos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, y señaló como prioridad las exhumaciones, el Valle de los Caídos y la nulidad de las sentencias arbitrarias adoptadas durante la Guerra Civil y el franquismo.

2015

“No hay fosas por descubrir”, dijeron ese año los populares, “salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales de España”, remataron. Fueron unas declaraciones pronunciadas en el Senado tras rechazar, otra vez, la concesión de fondos a la recuperación de la memoria de las víctimas de la dictadura.

Otro rechazo, esta vez en Catalayud, fue el del PP y el PAR junto con la abstención de Ciudadanos, evitando que se retirase a Franco la medalla de oro de la ciudad. Preguntado por esto, Albert Rivera explicó que es el modus operandi de su partido en votaciones similares para así evitar “abrir un debate sobre la memoria histórica”.

No fue la única ocasión donde los conservadores azules se negaron a retirar viejas condecoraciones. El 18 de junio de 2015 el Partido Popular votó en el Congreso en contra de la PNL presentada por el Grupo Mixto para retirar el título de “Grandes de España” a los Franco, y otros títulos nobiliarios a golpistas como Emilio Mola, José Moscardó, Gonzalo Queipo de Llano, Juan Yagüe y José Antonio Primo de Rivera, entre otros.

En los municipios, por su parte, se respiraban nuevos aires. Era el año de los llamados gobiernos del cambio. Barcelona y Madrid estrenaban alcaldesas dispuestas a modificar el callejero de sus ciudades. Todos se mostraron partidarios de la iniciativa a excepción del grupo que entonces encabezada Esperanza Aguirre, quien no dudó en arremeter contra el ” sectarismo y revanchismo ” que decía suponer la medida .

2016

Ese año los nostálgicos del régimen de la dictadura e integrantes del partido que gobernaba se vieron para cenar y celebrar. En ese encuentro, un alto cargo del PP de Extremadura y dos alcaldes fueron premiados por honrar la memoria de Franco e incumplir la Ley de Memoria Histórica y defender al dictador. Un trabajo que han cumplido a rajatabla al oponerse de manera invariable a la retirada. En esta ocasión fue en el Ayuntamiento de la capital. El Partido Popular mostró su negativa contra la retirada de los honores a 13 personalidades del franquismo. “La Ley de Memoria Histórica es fratricida y debería de haberla derogado el PP”, dijo Esperanza Aguirre.

2017

Estaba en Costa de Marfil y parecía que hubiese sufrido una amnesia selectiva. Rajoy contó a los asistentes que no comprendía el cambio de nombre de la calle en la que llegó a vivir . Ese nombre era el de Salvador Moreno, partícipe del golpe militar de 1936 y, una vez acabada la guerra, ministro de la dictadura. Resulta entendible, por tanto, que su grupo parlamentario diera su “no” a una PNL –sin efectos jurídicos– que declaraba nulas las sentencias del franquismo. Una petición que también se vio con la negativa de ERC, reprochando al PSOE el momento y las formas. Por su parte, Ciudadanos se abstuvo.

La que sí salió adelante fue la histórica Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía que suponía una ampliación de la estatal y que, si bien no contó con ningún contrario, PP-A y Cs se abstuvieron. Estos últimos, porque “pone en cuestión” un periodo “sagrado” como la Transición, así como la Ley de Amnistía, que “se aprobó para perdonarnos”.

2018

Este año, el movimiento en torno a la memoria histórica está siendo notorio. En la capital se presentó la muestra No pasarán. Madrid 1936. Para sorpresa de nadie, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, indicó que este acto buscaba la “división y el enfrentamiento”.

En la Comunidad, hasta hace unos días presidida por Cristina Cifuentes, el PP votó en contra de una iniciativa de Podemos que pedía a la justicia que investigue los crímenes franquistas. Ciudadanos, en cambio, optó una vez más por la abstención, hecho que no impidió que saliese adelante una PNL sin carácter legislativo.

A nivel estatal, ambas cámaras parlamentarias han acogido distintas propuestas legislativas. Por un lado, el Congreso ha visto frenado por el Gobierno la tramitación de la proposición del PSOE de reforma de la ley de Memoria Histórica que, entre muchas medidas, proponía exhumar los restos de Franco, sacarlos del Valle de los Caídos y convertir el monumento en un Centro Nacional de la Memoria. El motivo de dicha decisión atendió a razones presupuestarias que alcanzarían los 214 millones de euros, aseguraban. Mismo resultado obtuvo otra iniciativa dirigida a, entre otros puntos, investigar la Fundación Nacional Francisco Franco.

Las dos últimas grandes estocadas a la memoria de las víctimas se han producido en los últimos meses. La primera, el pasado 20 de marzo en el Congreso. PP, PSOE y Cs en bloque decidieron rechazar la reforma de la Ley de Amnistía para así abrir la puerta a juzgar los crímenes del franquismo. Una ley que ampara a franquistas acusados de torturas, como es el caso de Billy el Niño. La segunda, el pasado 24 de abril. El Pleno del Senado dio puerta, con el voto en contra del PP, a una iniciativa del PSOE con el apoyo del resto de grupos. Con ella se pretendía el cumplimiento íntegro de la ley de Memoria Histórica, así como investigar a la Fundación Francisco Franco y declararla ilegal.

En definitiva, 11 años donde ha quedado patente el claro interés del Partido Popular por que no se haga justicia y repare el daño que ocasionó Franco, su guerra y el posterior régimen dictatorial.

Decía el historiador José María García Márquez, que no debe olvidarse que la fundación de Alianza Popular se cerró con todos los cientos de delegados “puestos en pie y gritando ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!”. Tal vez así se comprende mejor que l a memoria histórica jamás haya sido abordada como lo que debe ser: una cuestión de Estado.

Ahora, con la vuelta de los socialistas al poder tras salir adelante la moción de censura, Pedro Sánchez tiene ante sí la posibilidad de recuperar la ley de Memoria Histórica. Le toca al PSOE hacer honor a sus siglas y recuperar los años perdidos con el mandato de Mariano Rajoy.

Fuente: http://www.lamarea.com/2018/06/03/las-veces-que-el-pp-se-rio-de-la-memoria-historica/

viernes, 1 de junio de 2018

ÚLTIMA HORA!!! SÁNCHEZ, PRESIDENTE. El líder del PSOE gana la moción de censura contra Rajoy al superar los 176 votos necesarios en el Congreso y se convierte en el séptimo presidente del Gobierno de la democracia.

Editorial de El País Un Gobierno inviable

La moción desalojará a Rajoy, pero no generará más estabilidad política

(¿Es un anuncio de la guerra abierta contra un gobierno que no será del agrado de los poderosos? Por lo pronto el montaje artificial de Ciudadanos no ha tenido el éxito esperado y los movimientos populares desde el 15 M logran una "pequeña" victoria que ha sido desalojar al PP de Rajoy. Y sabemos que la estabilidad es un factor que se crea, se destruye y se dirige desde las fuentes del poder real y en la sombra mediante los medios y otras muchas manipulaciones y grupos de presión.)

sábado, 19 de mayo de 2018

El fin del dinero barato y el desmantelamiento del Estado social


Manuel Gabarre
El Salto

El fin de las políticas de estímulo promulgadas por el Banco Central Europeo amenaza con devolver a la población perjudicada por la crisis a una situación peor que la de 2012, cuando la institución de Draghi "ganó tiempo" y los poderes de la UE impusieron una política de reformas que el PP ha dirigido

Desde la crisis financiera desencadenada en el año 2007, la política de desmantelar los servicios públicos es una tendencia que parece imparable. En este artículo se trata el caso del Estado español. Primero se trata su origen, en segundo lugar se analiza la situación actual de calma chicha propiciada por el dinero prestado por el Banco Central Europeo y en tercer lugar las consecuencias que tendrá previsiblemente el enorme endeudamiento que está acumulando el estado español.

El origen: la crisis de 2007
Tras la introducción del euro en el año 2002, la banca europea apostó por el crecimiento infinito del sector residencial y turístico del Sur de Europa. Sin embargo, el estallido de la burbuja en 2007 provocó que la banca mediterránea se fuese desmoronando como un castillo de naipes. Debido a la magnitud de lo que los inversionistas europeos habían invertido en nuestro país, la quiebra del sistema financiero español les hubiese arrastrado hacia su propio hundimiento. Quizá este fue el motivo por el que las instituciones internacionales presionaron para que el Estado asumiese la deuda bancaria. De esta manera, la sociedad española ha asumido el coste de salvar el sistema financiero francés, alemán u holandés. Este salvamento se ha hecho mediante la subida de impuestos, los recortes en el gasto social y el incremento desmesurado de la deuda pública.

Tras la quiebra de Grecia, los mercados comenzaron a sembrar dudas sobre la capacidad del Estado español para devolver la deuda que este había ido acumulando por haber asumido una quiebra bancaria tras otra. Esta política de despilfarro, que todavía no ha tocado a su fin, generó los ataques especulativos del año 2012, en el que se hizo famosa la prima de riesgo, concepto usado como medida de presión política.

Los países más expuestos a los ataques especulativos, entre los que comenzaba a asomarse Francia, forzaron la bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo a prácticamente el 0% y otro tipo de medidas. Entre ellas, el rescate financiero y la intervención de la Unión Europea en el estado español que tuvieron lugar durante 2012.

Aunque tales medidas fueron efectivas para terminar con los ataques especulativos, no fueron eficaces para la sociedad en su conjunto: la economía seguía instalada en la deflación y las cifras de paro eran superiores al 20% en España o en Grecia. La inestabilidad política llegó a su punto álgido en la primavera de 2015 con el referéndum promovido por Syriza y con la victoria de las candidaturas populares en las principales ciudades españolas.

Se manifestó así una tendencia política capaz de acceder al gobierno del estado español si no se aliviaba la virulencia de la crisis. Por lo tanto, algo tenían que hacer los poderes de la Unión Europea para preservar el orden político. Con este fin la Unión intervino a través de una de sus principales instituciones: el Banco Central Europeo. Así la Unión Europea optó por una medida que beneficiase a las élites como la expansión cuantitativa o quantitative easing, en su traducción inglesa (QE), que es el motivo de la calma chicha actual.

La expansión cuantitativa o el aluvión de dinero barato para España
El interés de un préstamo depende del riesgo de que el deudor no lo devuelva. Por tanto, cuanto mayor sea el riesgo de que el deudor no devuelva el préstamo, mayor será el interés con el que el banco compensará este riesgo. Para rebajar el riesgo, y por tanto el interés, el Banco Central Europeo decidió comprar a la banca los préstamos concedidos a las administraciones públicas y también a determinadas entidades privadas mediante el programa de expansión cuantitativa (QE).

Estas decisiones de compra se han tomado con total opacidad por el Banco de España, en quien el BCE delegó la selección de los beneficiarios para su territorio. En este sentido, solo se publica la identidad del beneficiario pero no la cantidad, a pesar de que estas compras distorsionan el mercado, ya que alteran la competencia en favor de las entidades beneficiadas.

Entre las empresas beneficiadas hay dieciséis españolas, la mayoría provenientes de las privatizaciones de los noventa. Estos datos quizá se oculten porque revelarían asuntos turbios, por ejemplo las compras de deuda de Redexis Gas, S.A. empresa que era propiedad de Goldman Sachs, entidad plenipotenciaria de la que el propio Mario Draghi fue vicepresidente en Europa.

El objetivo de los QE era inundar el sistema financiero de dinero, ya que la banca al liberarse de los préstamos concedidos a las administraciones públicas y a otras compañías, supuestamente, concedería nuevos créditos al sector privado. Del mismo modo, ya no sería tan atractivo prestar dinero a las administraciones públicas porque los intereses fijados eran artificialmente bajos.

El crecimiento de los precios de la vivienda y la —endeble— recuperación de la economía española desde 2015 provienen de esta política monetaria, por la que el Banco Central Europeo a través del banco de España ha comprado 235.000 millones de euros de deuda pública española.

El fin del dinero barato
Una de las promesas de Trump era reflotar la industria de EE UU Para ello ha devaluado el dólar. Con un dólar más barato los productos made in USA resultan más económicos y por tanto, EE UU vende más fuera de sus fronteras al tiempo que reduce sus importaciones.

A su vez, el petróleo se comercializa en dólares, por lo que si baja el dólar, los países productores de petróleo deben subir el precio al que venden el petróleo para mantener sus ingresos. Ingresos que son necesarios para preservar la estabilidad política en sus países, muy dependientes de las importaciones. La subida de precios del petróleo conlleva un incremento generalizado de los precios en Europa, porque esta es su principal fuente de energía y tiene que importarla casi en su totalidad.

Por su parte, los QE también hacen que suban los precios, ya que la banca dispone de más dinero para conceder préstamos. Esto se produce porque al incrementarse los préstamos, se incrementan los precios ya que hay más compradores. Este fenómeno se plasma perfectamente en el sector de la vivienda, donde se puede constatar la aparición de una nueva burbuja.

La suma de estos factores provoca la subida general de los precios, es decir, la inflación. La inflación hace que la banca pierda capacidad adquisitiva porque si hay inflación resulta más barato para los deudores devolver los préstamos contraídos con interés fijo, afectando también a los préstamos con interés variable y, por tanto, perjudicando gravemente a la banca. Y la Unión Europea ha demostrado que puede tolerar cualquier cosa menos esa.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta por un lado que el principal acreedor europeo son las entidades financieras alemanas y, por el otro, que Europa poco puede hacer para bajar el precio del petróleo, podemos estar seguros de que nos encontramos cerca del fin del dinero barato proporcionado a la economía española a través de los QE.

¿Cómo nos afectará el fin de los QE?
Sabine Lautensläger representante de Alemania en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo manifestó acerca de los QE que “han servido para comprar tiempo, pero no han arreglado las causas estructurales de una recuperación económica endeble”. Y es que, durante este tiempo prestado por la Unión Europea con el fin de acometer reformas estructurales, el estado español se ha endeudado de manera masiva mientras la sociedad ha estado mirando hacia otro lado.

La deuda pública ha pasado de 440.000.000.000 de euros en 2007 a 1.158.379.000.000 en febrero de 2018. Es decir, casi se ha triplicado en una década. Para hacernos a la idea, hoy cada residente en España tocaría a una media de 25.000 euros de deuda pública, sea menor de edad, pensionista o directivo de Amazon.

Esto sin contar las enormes deudas de las empresas españolas, en particular, de las multinacionales (2,5 veces el PIB) ni los préstamos que haya contraído cada cual.

Les pido que hagan un ejercicio muy simple: cuando salgan a la calle, observen a las personas con las que se crucen y, tras ello, plantéense si esta deuda se puede devolver. A mí me parece que no, lamentablemente.

Por otro lado, la recuperación ficticia de la economía española depende del petróleo y del dinero barato. Por lo tanto, conforme vaya subiendo el precio del petróleo, cualquier subida de los tipos de interés del BCE, por nimia que pueda parecer, tendría unos efectos devastadores para la economía española.

Por esto, está previsto que la eliminación de los QE se haga teniendo en cuenta que la recuperación económica ha sido meramente artificial. Una subida brusca de los tipos de interés llevaría a los actores de la economía española a la posibilidad de no poder afrontar el pago de sus deudas y, por tanto, a otra crisis grave. En este sentido, Draghi ha manifestado que la eliminación de los QE se haría conforme se vaya incrementando la inflación hasta llegar el 2%. En otras palabras, que la eliminación de los QE será paulatina e irá acompasada a la subida de los precios del petróleo.

El futuro: las consecuencias del fin del dinero barato para el estado español
La subida de los intereses está al caer. Desde los centros de poder de la Unión Europea se considera que ya se ha concedido el tiempo suficiente para que las economías de los países mediterráneos hayan implantado las reformas que consideraban necesarias. Pero, a pesar de la propaganda oficial, la deuda de España no ha hecho sino aumentar irresponsablemente durante el gobierno de Rajoy. Este ha optado por hipotecar el futuro del país para consolidar la posición de un partido atenazado por la corrupción. Por otro lado, el marco legal europeo no deja lugar a dudas: en 2011 se consagró la primacía de los acreedores frente a la democracia mediante la reforma del artículo 135 de la Constitución. Son ellos quienes tienen la prioridad de cobrar por encima de las necesidades y de las decisiones de la ciudadanía.

Por lo tanto, cuando esta subida de tipos de interés se produzca, el gobierno tendrá que equilibrar sus cuentas bajo la presión de los fondos especulativos. Quienes con certeza desencadenarán otra tormenta en la que aumentarán los intereses de las deudas españolas.

En este punto aparece Ciudadanos, un partido aupado por las élites financieras a través de algunos medios de comunicación que manejan a su antojo. A este respecto, conviene tener en cuenta que el Partido Popular cuenta con una importante autonomía que proviene de la victoria de sus ancestros en la Guerra Civil, verdadero hecho constituyente del régimen español, lo que le permite controlar los poderes del estado.

Su autonomía puede llevarle a no adoptar medidas impopulares que demanden las élites financieras, cuando las consideren perjudiciales para sus intereses electorales. Un ejemplo de esto sería la rebaja de las pensiones de jubilación, a la que el Partido Popular es renuente. Sin embargo, en el caso de Ciudadanos su posición sería mucho más endeble, puesto que es evidente que las élites podrían defenestrar a este partido del mismo modo que lo han promovido.

Nos encontramos ante una encrucijada en la que se está jugando el desmantelamiento del estado del bienestar. Debido al endeudamiento que se ha alcanzado y a los límites en la política económica establecidos por la Unión Europea, la única alternativa para evitar la descomposición del sistema público es una subida importante de los ingresos fiscales cuya aportación debería provenir de quienes tengan más capacidad para ello.

Las instituciones neoliberales han fomentado la evasión fiscal, verdadera clave de la globalización. Por ejemplo, la Unión Europea, diga lo que diga, promueve esta evasión, pues de otra manera no se explicaría su connivencia con que algunos de sus miembros como Luxemburgo u Holanda hayan establecido regímenes fiscales mediante los que las multinacionales eluden sistemáticamente el pago de impuestos.

El resultado de esta política neoliberal en España es un sistema fiscal regresivo, basado en la recaudación sobre las rentas del trabajo y sobre el consumo. Esto es, el IVA, que paradójicamente no ha dejado de aumentar durante los últimos años, a pesar de la bajada del consumo y, por tanto, del incremento del paro. Sin un sistema fiscal progresivo, donde quienes más ganen o tengan sean quienes más aporten, el estado de bienestar no puede tener lugar.

Es así de simple. Pero, como dice el inspector de hacienda Raúl Burillo, la política la fiscal ha sido única en España durante el bipartidismo; daba lo mismo quien gobernara, y así, salvo ligeros matices, con todos los ejes de las estructuras económicas del país.

Dado que el principal partido de la izquierda, Podemos, parece irremediablemente instalado en la banalidad, sería más necesario que nunca que alguien enunciase un proyecto político solvente que sea capaz de preservar el estado social, dado que para su desmantelamiento ya han sido designados los ejecutores.

Fuente:
http://www.elsaltodiario.com/crisis-financiera/fin-dinero-barato-banco-central-europeo-expansion-cuantitativa

viernes, 18 de mayo de 2018

El PP comienza a vender sus inmuebles.

Domingo Sanz


Asustados como nos quieren con los cuentos de nuevos terrorismos y golpes de estado sin sangre ni tanques que el Gobierno no deja de divulgar desde las posiciones que controla, transcurren desapercibidos los movimientos en la sombra que protagoniza el partido político más presunto, a tenor de la cuenta de expedientes vivos en los tribunales que lo acusan o salpican. La sospecha nace al comprobar que los miembros de este Gobierno tan divulgador pertenecen a ese mismo partido, y a partir de ahora conviene que las siglas PP dibujen siempre ante nosotros un patrimonio muy importante, económico y de un origen que quizás nunca se llegue a desentrañar.

El pasado 25 de marzo el periódico “Última Hora”, de Mallorca, anunciaba en portada que “El PP recibe varias ofertas de compra de su sede regional”. Nekane Domblás, la redactora que ampliaba la información en la página 18, presentó un panorama financiero desolador:

Caída a la mitad de los ingresos del partido a partir de las derrotas electorales de 2015.
Reclamación de 212.491.- € que probablemente tendrán que devolver al Govern Balear por subvenciones cobradas de más, tras ser condenados por delito electoral.

8.000.- € de hipoteca, que están pagando cada mes por la sede que ahora quieren vender.

Ya en noviembre de 2017 La Vanguardia publicaba unas declaraciones de Prohens, portavoz del PP en el Parlament Balear, en las que afirmaba que el único motivo por el que se ponía en venta la sede era económico. Negaba así que lo que pretendieran fuera quitarse de encima el marrón de una inversión inmobiliaria que estaba sometida a investigación por financiación ilegal. Como si el periodismo fuera fácil de engañar, pues la venta de un bien no borra ninguna culpa vinculada. Pero como tantas veces ha ocurrido en casos de corrupción política, la Justicia llegó tarde: un empresario, que había entregado no menos de 600.000.- € en efectivo y fuera de la ley para la reforma del local ahora en venta, falleció antes de conseguir que le pagaran los cheques sin fondos que otro empresario, que había intermediado para ocultar el lado político del delito, le había hecho llegar para tranquilizarlo, pues durante la crisis las firmas en falso eran papel mojado, incluso en los juzgados.

Por si lo de Mallorca fuera un caso aislado, buscando en Google aparecen referencias sobre operaciones similares con las sedes de Barcelona, Zaragoza y País Vasco, este último inmueble también bajo sospecha en cuanto a la procedencia de los fondos para la compra. Abunda en lo anterior el hecho de que durante 2017 algunos medios hablaron de tensiones entre los máximos dirigentes del PP, pues se decía que algunos estaban a favor de la venta de Génova 13, sede central “popular” sobre la que ya nadie pone en duda que, al menos la reforma, se financió en negro.

Las informaciones anteriores no proceden de ruedas de prensa convocadas por los responsables del partido del gobierno ni de ofertas publicadas para conseguir compradores. Tampoco corresponden a una investigación exhaustiva realizada por quien aquí firma. Han sido captadas esporádicamente por los medios, y no es posible que tanta coincidencia se deba a la casualidad. Lo lógico es que se trate de la punta del iceberg que sumerge una estrategia de licuación de activos, imprescindible en caso de estampida para salvar, y repartirse, “la pasta”.

Es evidente que los del PP están convirtiendo inmuebles en dinero. Se trata, sin duda, de una reacción desesperada ante la imposibilidad de mantener el ritmo habitual de delitos económicos que, combinados con una impunidad casi total, permitían a esa organización obtener ingresos extras millonarios. Las causas principales de ese recorte son dos. Por una parte, el comienzo, lento y tímido pero sostenido, de la acción judicial, animada en ocasiones por ajustes de cuentas internos que estallan porque la ambición lo llena todo, y en ocasiones rebosa. Por otra, la drástica reducción de poder real que sufrieron a partir de 2015 y 2016, al finalizar la cómoda etapa de un bipartidismo durante el que todo estaba perfectamente calculado. Esto también ha provocado una reducción significativa de los ingresos legales que se derivan de los resultados electorales

Mientras, la demoscopia sigue anunciando que el PP continuará retrocediendo electoralmente y, por tanto, reduciendo sus ingresos, sean del color que sean. La Justicia seguirá a lo suyo, ya se sabe que tiene vida propia cuando no hay cortocircuitos, lo que se traducirá en nuevas sentencias condenatorias, y de mayor calado. Lo que hoy se ha sabido es que el magistrado ponente de la sentencia del juicio Gurtel 1, a punto de caramelo envenenado, es partidario de no condenar al PP como organización, pero está en minoría y solo podrá emitir un voto particular, por lo que hoy hay muchos que están bebiendo para olvidar en los ficheros de que partido constan sus nombres y apellidos. En este contexto, lo normal es que caigan también los ingresos procedentes de las cuotas de los afiliados, pues periódicamente aparecen noticias de trasvases de militantes del PP hacia Ciudadanos.

Que una entidad tan poco controlada como el Partido Popular convierta inmuebles en dinero solo para ellos debe hacer sonar todas las alarmas. Esto significa que el resto de actores políticos, especialmente nacionalistas y de izquierdas, además de la Justicia, deberán mantener una actitud especialmente vigilante en defensa del interés general. Realizadas las ventas de locales al precio de la burbuja en la que privilegiados como ellos están flotando, nada impedirá al PP “liquidar” con cuantiosas indemnizaciones, acordadas “ad hoc” y directas a los bolsillos de los dirigentes del núcleo duro de los que habitan en el número 13 de Génova, y unos cuantos favoritos de la periferia. Eso sí, esta vez todo al contado para no diferir ni un euro a un futuro imprevisible. ¿Alguien recuerda los modelos de enriquecimiento personal de directivos bancarios en medio de la ruina generalizada? Pues eso. Pero en este caso, el Tribunal de Cuentas sabe que los ingresos procedentes del erario público superan con mucho el 50% de los declarados por todos los partidos políticos, por lo que procede que, en caso de liquidación, todos sus activos regresen en primer lugar al Estado y después, los que quieran reclamar que se pongan a la cola.

Por todo lo anterior, además del periodismo también los colectivos más motivados contra la corrupción deberán realizar un seguimiento permanente del estado de los bienes en manos del PP. Especialmente las asociaciones de profesionales que disponen de información veraz, pues todas las lupas son pocas para descubrir las peores intenciones de los que mandan en un país como España.

Por último, también conviene vigilar los movimientos de C’s, pues nada impide que Rivera, si las generales de 2020 les conceden la victoria, prepare una alambicada operación política de fusión condicionada con absorción parcial de “populares” que lo que en realidad estaría ocultando sería la salvación, y por tanto blanqueo bajo una nueva marca, del sustancioso patrimonio que constaría en los registros de la propiedad a nombre del PP. De nuevo nos viene a la cabeza el recuerdo de las maniobras orquestadas para salvar a los bancos, fuera cual fuera el número de víctimas, incluidas las mortales. Y también nos indignaría que, después de socializar las pérdidas de bancos, autopistas en quiebra y otros riesgos de multimillonarios, nos tuviéramos que quedar con los pasivos del partido que montó un ministro de Franco llamado Fraga Iribarne, y que un espabilado como Rivera se apropiara de la parte del león, limpia de polvo, paja y sin contenciosos pendientes en los tribunales. Son las maldades que no podemos evitar que nos asalten la cabeza cuando resulta imposible contener el caudal de sorpresas que cada día nos depara la peor política.

En marzo de 2016 nos preguntábamos públicamente “¿Qué hacemos con los bienes del PP?” y hace poco más de un mes volvíamos a insistir. Alarmamos de nuevo hoy porque hay que estar ojo avizor. De lo contrario, antes o después se repetirán los días en que nos llevaremos las manos a la cabeza. Por supuesto, cuando eso ocurra ya no habrá ningún remedio.