El responsable de economía del PP no tiene idea de economía

El vicesecretario y responsable de economía del Partido Popular, Juan Bravo Laguna, acaba de publicar un video (aquí) en el que demuestra que no tiene ni idea de economía. No se pueden decir más barbaridades en menos tiempo.

Dice Juan Bravo: «Debemos aplicar esa sabiduría popular, eso que todos hacemos en nuestras casas, a las cuentas públicas… no gastar lo que no se tiene».

Es una barbaridad porque la naturaleza y la función económica de los hogares y las del Estado de ninguna manera se pueden comparar. Las diferencias principales son muy fáciles de entender y las sabe cualquiera que haya estudiado primero de economía: el Estado se puede endeudar a eternidad, algo que nunca podrá hacer una familia; un Estado puede disponer de su propia moneda, de modo que se podría endeudar consigo mismo, lo cual no supone el mismo problema que hacerlo con un tercero; cuando el Estado gasta, crea sus propios ingresos; el gasto que realiza el Estado se convierte automáticamente en una cantidad mayor de renta para el resto de la economía… En contra de lo que dice Juan Bravo, aplicar el criterio del gasto familiar al Estado llevaría a la ruina de cualquier economía.

Es también una barbaridad promover la reducción de todo tipo de gasto del Estado. El que realiza en inversión es imprescindible, literalmente imprescindible, para que haya inversión y beneficio privados. Prácticamente ni una sola empresa privada obtendría ganancias sin inversión pública y sin el gasto del Estado en bienes y servicios públicos. La barbaridad no es que el Estado se endeude, como dice Bravo, sino que deje de hacerlo y que, por esa causa, no se cree el capital necesario para que la economía funcione. La barbaridad sería no endeudarse y financiar gastos o inversiones que van a crear riqueza durante un largo plazo con dinero actual.

Por todo ello, son las políticas de recortes que el PP defiende las que más deuda han generado siempre y siguen generando.

Por otro lado, el responsable de economía del PP demuestra ser muy ignorante o muy cínico cuando achaca la deuda pública española a la izquierda. Su peso en el PIB aumentó una media anual de 2,4 puntos porcentuales con los gobiernos de Felipe González, 3 con Zapatero y 4,4 con los de Rajoy. Es verdad que bajó casi 14 puntos con Aznar, pero no por gastar menos, sino por computar en esos años los ingresos por la venta de las grandes empresas públicas españolas. ¿Y acaso le parece mal que el de Pedro Sánchez se endeudara en mayor medida para hacer frente a la pandemia, como hicieron todos los gobiernos del planeta? ¿Qué hubiera hecho el PP, dejar que se hundieran miles de empresas españolas?

Olvida Bravo otra realidad: han sido municipios de derechas los que más han aumentado la deuda en España, mientras que los de izquierdas han tenido que reducirla. Deja también a un lado algo fundamental: la deuda no es un gusto de quien pide prestado, sino un negocio de la banca que aumenta por la influencia que esta última tiene y que se convierte en una esclavitud para los endeudados.

También se equivoca o miente Bravo con otra cuestión: achaca a Pedro Sánchez el mayor crecimiento de la deuda de la Seguridad Social cuando lo cierto es que en los dos últimos años de Rajoy se multiplicó por 2 y por 1,4 en los dos primeros del socialista, hasta que la pandemia provocó la crisis. Y engaña Bravo de una manera vergonzosa cuando, hablando de esto último, dice «no nos han dado nada. Todo está en deuda». ¿Las pensiones y las demás prestaciones que proporciona la Seguridad Social a los españoles son «nada»? Es cierto que el conjunto de los españoles se ha endeudado para financiar todo ello, pero eso no es despilfarro, se llama solidaridad. Lo que hay que hacer es encontrar más ingresos, no acabar con las pensiones o la sanidad pública y las prestaciones sociales, como hace el Partido Popular, por cierto, sin decírselo claramente a la gente.

A la ignorancia de Bravo se une la demagogia y critica que Pedro Sánchez viaje acompañado de asesores a las cumbres internacionales. ¿Dejaría el PP que Feijóo, que ni siquiera sabe expresarse en inglés, fuese solo a esas reuniones? ¿Viajan solos otros líderes internacionales, o van acompañados de más gente cuanto más poderosos o influyentes son?

Ignorancia, demagogia y engaño a los españoles. El cóctel explosivo de quienes alardean de honestos y patriotas.

 https://juantorreslopez.com/el-responsable-de-economia-del-pp-no-tiene-idea-de-economia/

_- Cuca Gamarra y el “fascismo eterno” de Umberto Eco

_- Puesto que a la señora Gamarra le gusta comparar lo que ocurre en España con otros países iberoamericanos, resulta oportuno hacerle la siguiente pregunta: ¿Hay alguien que pueda equiparar las conductas de los ciudadanos de Catalunya acudiendo a unas escuelas a depositar una papeleta en una urna con la violencia de los energúmenos de este domingo?

Javier Pérez Royo

“No sé definir la pornografía, pero, cuando la veo, la reconozco”. Son las palabras del juez de la Corte Suprema de EEUU Potter Stewart, por las que es recordado más allá del ámbito judicial o académico. Las pongo en conexión siempre que las recuerdo con las palabras de Iñaki Gabilondo en la primera entrevista en la que le preguntaron por Vox. “He vivido casi la mitad de mi vida bajo el Régimen del General Franco y reconozco al franquismo en cuanto lo veo”, respondió Iñaki. Vox es franquismo, esa forma singular española de expresarse el fascismo “originario” o “eterno” en los términos en que lo caracterizó Umberto Eco (Los 14 síntomas del fascismo eterno CTXT, 16/01/2019).

“Las apariencias engañan”, dice un conocido refrán. Justamente por eso, es necesaria la ciencia, añadiría Carlos Marx. “Si la forma de manifestación de los fenómenos económicos en la superficie de la sociedad coincidieran con la determinación interna de los mismos, la ciencia sería superflua”. La ciencia es necesaria porque las cosas no son lo que parecen. Esto es conveniente recordarlo de manera permanente, especialmente en esta época de “posverdad” y de bullshit. Sin ciencia no es posible la democracia como forma política.

Pero “no hay regla sin excepción” y hay determinadas manifestaciones de algunos delitos en los que las apariencias no engañan. La negación de las apariencias en estos casos son expresión de lo que Donald Trump y su gente defendían y defienden con su teoría de los “hechos alternativos”.

Viene a cuento esta introducción a raíz de las palabras de Cuca Gamarra sobre el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasil. En España, con Pedro Sánchez, sería un caso de desórdenes públicos, vino a decir, como si la reciente reforma del Código Penal hubiera hecho desaparecer el delito de rebelión de nuestro ordenamiento y hubiera tipificado como desórdenes acontecimientos como el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021 o el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia este pasado domingo.

Por esta razón, las palabras de Cuca Gamarra, salidas directamente de Génova 13 y utilizando el canal oficial del PP para transmitirlas, no son solamente indecentes, como las ha calificado Joan Baldoví, sino que son una forma de manifestación del “fascismo originario” o “fascismo eterno” tal como lo caracterizó Umberto Eco.

Pero, puesto que a la señora Gamarra le gusta comparar lo que ocurre en España con lo que ocurre en otros países iberoamericanos, como Brasil ahora y Venezuela antes, me parece que resulta oportuno hacerle la siguiente pregunta: ¿Qué tienen que ver las imágenes de Brasil que ha visto todo el mundo este pasado domingo con las imágenes del 1 de octubre de 2017 en Barcelona? ¿Hay alguien que pueda equiparar las conductas de los ciudadanos de Catalunya acudiendo a unas escuelas a depositar una papeleta en una urna con la violencia de los energúmenos brasileños de este pasado domingo? ¿Todas pueden ser calificadas como constitutivas del delito de rebelión? ¿Lo ocurrido en Catalunya el 1 de octubre de 2017 tiene la misma naturaleza que lo ocurrido en Washington el 6 de enero de 2021 o en Brasilia este pasado domingo?

Porque los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament y los presidentes de Omnium y la ANC fueron procesados por el delito de rebelión, aunque al final fueran condenados por el delito de sedición. Pero la calificación como delito de rebelión fue la que dominó todo el proceso. La que permitió que permanecieran durante el desarrollo del mismo en prisión. La que permitió que se les aplicara el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dejar en suspenso su condición de parlamentarios ganada en las urnas. La que permitió al Tribunal Supremo torpedear la sesión de investidura en Catalunya en más de una ocasión. Y varias más que no es necesario reseñar en un artículo como este.

La monstruosidad de esa calificación penal y el desarrollo de todo el proceso con base en dicha calificación es lo que la comparación de las imágenes de Barcelona del 1 de octubre de 2017 con las imágenes del asalto al Capitolio en Washington, para impedir la certificación de un resultado electoral, o con las imágenes de Brasilia, para incitar al ejército a intervenir, pone de manifiesto.

Esto es lo que resulta escandaloso y no la desaparición del delito de sedición de nuestro ordenamiento, de donde debía haber desparecido hace muchos años. Porque el delito de sedición es un delito predemocrático, que carece de sentido en el siglo en que vivimos. No ha habido ni una sola condena por sedición en las democracias europeas después de la Segunda Guerra Mundial.

“España apesta a franquismo”, dijo Rafael Chirbes en su última entrevista en El Periódico pocos meses antes de morir. Esa peste a franquismo es la que reflejan las palabras de Cuca Gamarra sobre lo ocurrido en Brasil el pasado domingo. Que fue, además, la primera reacción oficial del PP, no desautorizada posteriormente por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

_- De la pereza intelectual de Abascal a la inanidad política de Núñez Feijóo

_- ¿No hay nadie en la dirección de Vox que sea capaz de estudiar el Proyecto de Ley de Presupuestos y contrastarlo con su programa para presentar enmiendas a las partidas que entran en contradicción con el mismo?

Hace unos días me preguntó una antigua alumna Erasmus italiana, hoy profesora de Derecho Constitucional en su país, qué es lo que más me había llamado la atención de Vox. Me quedé pensativo durante medio minuto y le respondí: la pereza intelectual de sus dirigentes.

Vox intelectualmente no es nada. Es un ventrílocuo de las aberraciones que vienen de la extrema derecha de los Estados Unidos, recicladas con algunas aportaciones por las extremas derechas de varios países europeos, y nada más. La contribución de Vox al arsenal de la extrema derecha global es nula. No tiene nada que decir que no sea insultar. Por eso, rehúye cualquier tipo de debate sobre algún asunto en concreto.

Su participación, su no-participación habría que decir, en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 es la prueba más inequívoca de lo que acabo de decir. Vox presentó una enmienda a la totalidad y ninguna enmienda parcial.

¿Hay mayor prueba de pereza intelectual que esa? ¿No hay nadie en la dirección de Vox que sea capaz de estudiar el Proyecto de Ley de Presupuestos y contrastarlo con su programa electoral para presentar enmiendas a las partidas presupuestarias que entran en contradicción con el mismo? ¿No hay nadie en la dirección de Vox que considere que es esencial hacer visible ante la opinión pública que tienen respuestas distintas a los problemas con los que tiene que enfrentarse el país y que están dispuestos a defenderlas en sede parlamentaria? Después de afirmar que el Gobierno con sus políticas está acercando al país al borde del precipicio, ¿no se cree en la obligación de explicarle a los ciudadanos por qué es así y qué habría que hacer para evitarlo?

Para presentar una enmienda a la totalidad no hay que estudiar nada. Simplemente se presenta y se acabó. Esto es una mierda y punto. Esto es todo lo que Vox tiene que aportar a un debate presupuestario en el que se están jugando infinidad de cosas para la economía en general y para el bienestar de los ciudadanos en particular.

La indigencia intelectual de Vox no sería preocupante si no estuviera acompañada por la cobardía del PP. Cuando el PP se enfrenta a esa indigencia intelectual, como lo hizo Pablo Casado en la moción de censura que encabezó Santiago Abascal, la desnudez de Vox resulta visible para toda la opinión pública. Cuando el PP se calla o subrepticiamente acepta dicha indigencia, como lo está haciendo el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, o la presidenta de la Comunidad de Madrid o el actual presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, el problema deja de ser anécdota para convertirse en categoría.

En estos días lo estamos comprobando de nuevo con la respuesta de las derechas frente a la estrategia del Gobierno de coalición para superar el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, acompañado por los partidos que constituyeron la mayoría de investidura, que, en lo fundamental, se ha mantenido estable desde 2018 en centenares de ocasiones.

Vox recurre de nuevo a la moción de censura, que es la otra cara de la moneda de su no participación en el debate presupuestario. No hay nada que argumentar frente a las iniciativas del Gobierno. Basta con utilizar la tribuna del Congreso de los Diputados para insultar a Pedro Sánchez y para obligar al PP a posicionarse respecto de la iniciativa de Santiago Abascal, que es el otro objetivo que persigue la dirección de Vox.

Vox está consiguiendo arrastrar a toda la derecha española con su pereza intelectual. Pablo Casado intentó resistirse a ser arrastrado y Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso lo liquidaron de manera sobradamente conocida. La vacuna de la defenestración de Pablo Casado está surtiendo efectos en su sustituto en la presidencia del PP.  Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del PP “vacunado”. Por eso no puede extrañar que la pereza intelectual de Vox se haya traducido en la inanidad política de Alberto Núñez Feijóo.

Fuente: Javier Pérez Royo.  

https://www.eldiario.es/contracorriente/pereza-intelectual-abascal-inanidad-politica-nunez-feijoo_132_9786971.html

_- Una obligación Internacional

_- Javier Cercas.

Unas semanas atrás publiqué en esta misma columna un texto titulado "No es memoria: es justicia", 

donde sostenía que la llamadqa Ley de Memoria Democrática"responde a una " obligación internaciuonal" en particular por lo que atañe al deber del Estado de localizar y exhumar a las víctimas del franquismo. Poco después recibí un correo electrónico de un amigo -un experto en derecho internacional humanitario (DIH) que trabaja como consejero jurídico para una organización internacional con sede en Ginebra, en el que reforzaba y ampliaba esa información elemental, pero a menudo olvidada. Sus observaciones son tan pertinentes que me siento abligado a glosarlas: primero porque ese tipo de argumentos apenas circula en el emponzoñado debate español sobre la cuestión; y, segundo, porque ello muestra que no estamos ante una cuestión partidaria, de izquierda contra derecha (o al revés), sino que, ante cualquier otra cosa, se trata de un asunto de respeto a la legislación internacional.

En su correo, mi amigo me explica que 

el DIH- conocido como derecho de la guerra o derecho internacional de conflictos armados- establece numerosas obligaciones jurídicas que deben respetarse por las partes en liza, 

también al final del conflicto; una de ellas es la búqueda de personas desaparecidas: el DIH impone a los bandos en cualquier guerra , en efecto deberes como la localización de tumbas o la necesidad de obtener informadión sobre el paradero de las personas extraviadas y de compartir dicha información con sus familiares, según acaba de hacer, por cierto el Estado colombiano, que ha creado una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Por ello, razona mi amigo; 

"No haber localizado las tumbas de quienes murieron durante la Guerra Civil, para exhumar sus cadáveres y entregarselo a las familias es no sólo una injuticia, como bien señalas en tu artículo, sino tambien una flagrante violación de las obligaciones jurídicas de España de conformidad con el derecho internacional". 

Pregunta legítima: ¿hacía falta una Ley para cumplir con esas obligaciones?. En un artículo publicado el El Mundo el expresidente Aznar afirmaba que no. Pregunta obligada; entonces, ¿por qué todavía no ha cumplido con su deber el Estado? ¿Por qué no lo hizo el presidente Aznar? Que no existía una respuesta satisfactoria a esos interrogantes no constituye una prueba inequívoca de la necesidad de esa Ley de Memoria. Por lo demás, mi amigo recuerda una evidencia histórica, y es que el paso de la dictadura a la democracia supuso hacer la vista gorda con muchas violaciones del derecho internacional, y no sólo respecto a nuestro asunto. "Sucede lo mismo respecto a la ausencia de procesos judiciales para investigar crímenes de guerra", escribe. Así que con la ley internacional en la mano, la justicia española debería haber juzgado a los presuntos responsables de los crímenes de guerra cometidos por los franquistas; algunos todavía vivos tras la muerte de Franco; pero como en la guerra los republicanos también cometieron crímenes- esto no es equidistancia; es un hecho- en rigor debería haberse juzgado también a sus presuntos responsables. Es lo que tiene la ley que es igual para todos. Durante la tormentosa Transición, después de 3 años de guerra y 40 de dictadura (o de 43 de guerra), la clase política al completo y la inmensa mayoría de la población sintió que era imposible hacer del todo justicia y, al mismo tiempo, construir una democracia; Después de la tormenta todo el mundo es piloto, pero me pregunto que hubieramos hecho nosotros.

Así que ahora, con la democracia asentada en España, nuestra obligación consiste en terminar de hacer justicia (aunque ya sea tarde para hacerla del todo); ese es, o debería ser, el sentido profundo de la Ley de Memoria. Y por eso que, pese a haberse negado el PP de Feijóo a apoyar la ley si llega al poder no la derogue, como ya ha anunciado que hará y como hizo en la práctica el PP de Rajoy. Además de un tremendo error moral y político, supondrá un incumplimiento palmario de sus obligaciones internacionales.

Javier Cercas, columna de EL País semanal.

_- El chantaje de Núñez Feijóo.

_- Sea cual sea el resultado de las elecciones andaluzas de este domingo. El PP no se va a sentar a negociar de buena fe la renovación del CGPJ, que conllevaría inmediatamente la renovación del TC. Además de que tiene la convicción de que el CGPJ es su mejor arma, tiene también la de que su actitud no tiene coste electoral de ningún tipo

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC) es una obligación. La Constitución ordena que se renueven en unos tiempos que la propia Constitución establece. Los preceptos relativos a dicha renovación son de fácil interpretación. Cada cinco años tiene que ser renovado el CGPJ en su totalidad. Cada tres se renueva por tercios el TC.

Una obligación no puede ser transformada en lo contrario, es decir, en un título de crédito que permita negociar los términos del cumplimiento de la misma. La renovación del CGPJ y del TC no puede estar sometida a condición de ningún tipo por parte de quienes están obligados a llevarla a cabo. Vincular la renovación al cumplimiento de determinadas condiciones unilateralmente establecidas es una operación de chantaje. Es en lo que está el señor Núñez Feijóo.

Aunque cuando se produjo la sustitución de Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo, se especuló con que dicha sustitución facilitaría el pacto para la renovación del CGPJ, estamos viendo que no solo no es así, sino que incluso se está endureciendo todavía más la posición del PP, que vincula dicha renovación a que el Gobierno de la Nación acepte determinadas propuestas del PP. El Gobierno no puede aceptar ninguna propuesta hasta que no se haya producido la renovación del CGPJ. Ya aceptó la de renovar parcialmente el TC, el Defensor del Pueblo y los miembros del Tribunal De Cuentas con la esperanza de que a continuación se renovara el CGPJ y ya hemos visto el resultado. El CGPJ, en su composición actual, es el instrumento de poder más importante para el PP. Estoy convencido de que no están dispuestos a perderlo.

Pienso que la misma forma en que se hizo y deshizo el acuerdo de renovación que se alcanzó en 2019, en el que el Presidente de la Sala Segunda, Manuel Machena, pasaría a ser Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, es una buena muestra de lo que digo. El PP no ha estado dispuesto nunca a negociar de buena fe la renovación del CGPJ. De ahí que el acuerdo fuera torpedeado por el senador Cosidó, que había sido uno de los negociadores del mismo, mediante la remisión de un SMS a los senadores del PP redactado en unos términos que no podían conducir más que a donde condujeron: a la ruptura del acuerdo y a remitir la renovación a una nueva negociación para la que no se fijaba ninguna fecha.

En esas estamos y me temo que vamos a seguir estando. Sea cual sea el resultado de las elecciones andaluzas de este domingo. El PP no se va a sentar a negociar de buena fe la renovación del CGPJ, que conllevaría inmediatamente la renovación del TC. Además de que tiene la convicción de que el CGPJ es su mejor arma, tiene también la convicción de que su actitud no tiene coste electoral de ningún tipo para él, mientras que sí lo tiene para el PSOE. El mensaje que están transmitiendo es que las instituciones no funcionan cuando el PSOE gobierna, mientras que sí lo hacen cuando gobierna el PP.

Impedir la renovación del CGPJ y del TC juega a su favor. Cuanto más ruido se genere, mejor. Su estrategia es la de que se produzca una descomposición del sistema político que obligue a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas. La renovación del CGPJ y del TC es una garantía de que la legislatura acabará cuando llegue la hora y de que no habrá disolución anticipada.

A menos que se produzca una intervención muy firme de la Comisión Europea, Alberto Núñez Feijóo seguirá con su estrategia de chantaje.

_- Dos novedades alarmantes

_- No tengo la menor duda de que Felipe VI no ha autorizado el uso desvergonzado de su imagen por el presidente de la Junta de Andalucía. Pero esto tiene que quedar claro antes de que los ciudadanos acudan a las urnas

La campaña para las elecciones al Parlamento de Andalucía para el próximo 19 de junio nos ha traído dos novedades que no habían hecho acto de presencia en ninguna de todas las demás elecciones celebradas hasta la fecha desde las del 15 de junio de 1977.

En ninguna, fuera municipal, autonómica, estatal o europea, el Rey había sido incorporado a la campaña electoral de un partido, ni un obispo había decido instrumentalizar un acto religioso de la envergadura del Rocío, para participar en la campaña electoral.

Esas dos barreras de la neutralidad de la Casa Real y de la Iglesia Católica en los procesos electorales han sido derribadas en Andalucía. El rey Felipe VI ha sido utilizado por el PP de manera inequívoca en la propaganda de su candidato a la Presidencia. El obispo de Huelva ha hecho un discurso en plena romería del Rocío con una carga política inequívoca a favor de los partidos de las derechas españolas.

Esto, insisto, no lo habíamos visto hasta la fecha. En mi opinión, no deberíamos volver a verlo. Para que sea así, sería imprescindible que los partidos de la izquierda española, se dirigieran, por un lado, a la Casa Real y, por otro, a la Conferencia Episcopal, a fin de que explicaran cómo es posible que haya sucedido lo que ha sucedido y que dieran garantías de que no volverá a ocurrir en el futuro.

Los partidos de la izquierda española deberían dirigir a la Casa Real un escrito en el que formularan al rey Felipe VI las siguientes preguntas:

¿Fue consultado el rey Felipe VI por el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía para hacer uso de una foto suya en plena campaña electoral? Si fue así, ¿dio el Rey autorización para que se hiciera uso de su imagen en dicha campaña? Si no fue así, ¿no debería la Casa Real emitir un comunicado dirigido a los ciudadanos aclarando que ni ha sido consultado ni de ninguna manera autorizaría que se pudiera hacer uso de su imagen de manera partidista en una campaña electoral?

La callada por respuesta no es aceptable. El que calla otorga no es verdad siempre. Hay veces en que el silencio es pura expresión de prudencia. Pero en una campaña electoral, en la que un partido, cuyo candidato, al ser presidente de la Junta de Andalucía, es el máximo representante del Estado en la Comunidad Autónoma hace uso de la imagen del Rey, el silencio de la Casa Real no sería expresión de prudencia, sino de todo lo contrario. Los partidos de izquierda deben exigirle al Rey que desautorice expresamente el uso que se ha hecho de su imagen por el PP. No basta con un recurso ante la Junta Electoral. Al descaro del PP hay que responder abiertamente.

No tengo la menor duda de que el rey Felipe VI no ha autorizado el uso desvergonzado de su imagen por el presidente de la Junta de Andalucía. Pero esto tiene que quedar claro y, dada la importancia que tiene el tiempo en la campaña electoral, tiene que quedar claro antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.

De forma parecida, los partidos de izquierda deberían dirigir un escrito a la Conferencia Episcopal, en el que preguntaran si se considera aceptable que un miembro de dicha Conferencia, se exprese en los términos en que lo ha hecho el obispo de Huelva en la romería de El Rocío. Dicho de otra manera: si la Conferencia Episcopal se reconoce en la intervención del obispo.

En un Estado no confesional, como es el Estado español desde la entrada en vigor de la Constitución, es inadmisible que un obispo se exprese de la forma en que lo ha hecho el de Huelva en plena campaña electoral. Si la Conferencia Episcopal no emite una nota a la opinión pública condenando expresamente la intervención del Obispo de Huelva, tal vez habría que replantearse la normativa que regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Lo que no se puede admitir es que la Iglesia Católica disfrute de todos los privilegios que los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede le reconoce y que sea incapaz de guardar la imparcialidad en las campañas electorales.

Las dos novedades que han hecho acto de presencia en la campaña electoral de Andalucía son de una gravedad extraordinaria. Más todavía si las contemplamos a la luz de lo que ha sido la presencia de la Monarquía y de la Iglesia Católica en nuestra historia constitucional.

https://www.eldiario.es/contracorriente/novedades-alarmantes_132_9066418.html

_- CGPJ: Situación insostenible.

_- No solo Carlos Lesmes, todos los miembros del CGPJ deberían dimitir de forma inmediata si no se resuelve ya su polémica renovación.

Parece que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió a Alberto Núñez Feijóo que la no renovación del CGPJ está llevando a dicho órgano y ,por extensión, al poder judicial a una situación insostenible. Le urgió, según se ha informado de forma generalizada, a que alcance un acuerdo “antes del comienzo del verano”, para que el órgano de gobierno de los jueces y magistrados que integran el poder judicial deje de estar “en funciones” y pueda ejercer las competencias que la Constitución y su propia Ley Orgánica le atribuye.

Carlos Lesmes identificó claramente dónde está el obstáculo al cumplimiento de la Constitución, ya que es únicamente la negativa de la dirección del PP lo que impide la renovación, permitiendo de paso que el CGPJ acumule más de tres años de prórroga, lo que en un órgano de “naturaleza política” es una salvajada constitucional.

Es obvio que el presidente del CGPJ tenía en la cabeza la renovación de cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional (TC), cuyo mandato caduca el 12 de junio. Que un órgano “en funciones” pueda proceder nada menos que a designar para nueve años a quienes van a formar parte del máximo intérprete de la Constitución es algo tan anómalo, que no hay forma democrática posible de justificarlo.

Me gustaría equivocarme y que el nuevo Presidente del PP sea capaz de pactar la renovación del CGPJ, que no es más que cumplir con lo que la Constitución y la LOPJ establecen. Pero me temo que no sea así y que, con la excusa que sea, se mantenga la situación de estancamiento en que nos encontramos.

Dado que el propio Carlos Lesmes ha puesto el 21 de junio, día en que comienza el verano, como fecha límite para la renovación, pienso que, por simple coherencia personal, debería hacer pública la decisión de dimitir de manera irrevocable de la Presidencia que ocupa, si no se ha alcanzado un acuerdo para la renovación en dicha fecha.

La pelota está en el tejado del PP. Pero también en el del CGPJ, cuyos miembros deberían ser conscientes de que, con su conducta, están favoreciendo el incumplimiento de la obligación constitucional de renovación del CGPJ por parte del PP.

En mi opinión deberían ser todos los miembros del CGPJ los que deberían dimitir de forma inmediata. Bastaría con que el Presidente anunciara la suya, pero, por decoro institucional, debería ser el órgano en su totalidad el que adoptara tal decisión.

https://www.eldiario.es/contracorriente/cgpj-situacion-insostenible_129_9048010.html

Juan Torres López, catedrático de economía. Feijóo propone contra la inflación una barbaridad económica

Publicado en Público.es el 8 de abril de 2022

El nuevo secretario general del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto «disminuir la retenciones en el impuesto de la renta» para devolver una parte de lo que se ha recaudado de más e «impactar esa inflación del 10%». Este argumento se trata de una auténtica barbaridad económica por las razones que voy a exponer muy sencillamente y dejando a un lado otras dos cuestiones secundarias. Una, que el PP pudo corregir los impuestos cuando gobernó para que la inflación no aumente la presión fiscal y no lo hizo; y, otra, que reducir las retenciones a cuenta del pago de un impuesto -como propone Feijóo- no equivale a bajarlo.

Como he explicado en otros artículos anteriores en este diario, la subida de precios tan elevada que estamos sufriendo es especialmente grave y difícil de frenar porque se produce como consecuencia de factores muy diferentes y cuyas posibles respuestas pueden neutralizarse entre sí.

Aunque cada uno de esos factores se da con más o menos intensidad en las distintas economías, la inflación actual tiene en todas ellas un origen multipolar: exceso de liquidez como consecuencia de las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales de los últimos años; presión de la demanda tras la salida de los confinamientos; bloqueos de la oferta y carencias en los suministros de muchas materias primas o productos esenciales para la industria o la vida diaria; encarecimiento de la energía por razones específicas de ese sector y geopolíticas; falta de competencia que permite a muchas empresas subir injustificadamente los márgenes para obtener beneficios extraordinarios con precios más altos; agotamiento de recursos naturales; y, todo ello, agudizado por la invasión de Ucrania y las sanciones a Rusia.

Pues bien, bajar las retenciones o incluso los impuestos en general no solo no ayudaría a combatir las actuales subidas de precios sino que podría aumentarlas.

Es evidente que el componente de la inflación que pueda tener relación con el exceso de liquidez no se resuelve sino que empeora si se ponen más medios de pago en manos de los consumidores. Igualmente ocurriría con las subidas de precios que estén producidas por exceso de la demanda respecto a la oferta: serían todavía mayores al bajar los impuestos y provocar aumento del consumo privado. Tampoco hay que ser un lince para entender que las subidas de precios originadas por bloqueos en la oferta, por falta de competencia o por problemas de los sectores energéticos, de ninguna manera van a poder frenarse con menos impuestos sobre la renta de las personas físicas.

Frente a la inflación de raíz monetaria o de demanda lo que hace falta más bien son subidas de tipos de interés, para frenar la demanda de dinero, o de impuestos, para limitar la demanda de bienes y servicios. Otra cosa es que, ni una ni otra medida, sean oportunas ahora porque estas componentes monetaria o de demanda son mucho más débiles que las que tienen que ver con la oferta. Y porque, de tomarlas, se produciría una recesión inmediata pues las economías se vendrían abajo por la demanda, además de por la oferta.

Eso no quiere decir que haya que cruzarse de brazos. Hay que evitar que las subidas de precios se traduzcan en pérdida de poder adquisitivo en los grupos sociales más vulnerables o pérdida de eficiencia en las empresas, y para eso hacen falta ayudas, bien por la vía del gasto (mucho más fáciles por su inmediatez y simplicidad y de mejor impacto en la renta) o por la de los impuestos. Pero nunca indiscriminadamente.

Por otro lado, para enfrentarse a la subida de precios que viene producida por problemas de oferta, como he dicho, por bloqueos en las cadenas de suministro, por escasez de muchos productos o por el precio desbocado de la energía, sí es verdad que hace falta más gasto; pero no gasto en consumo, como generaría la rebaja de impuestos que propone el Partido Popular, sino gasto de inversión de las empresas y también del Estado, para diversificar y desbloquear la oferta y encontrar cuanto antes nuevas fuentes de suministro con precio más reducido.

Por tanto, también en este caso se justifican las ayudas (por la vía del gasto con subvenciones o mediante bajada de impuestos) a las empresas capaces de llevar a cabo esas inversiones y, por supuesto, el mayor gasto inversor del Estado. Para ambas cosas urgentes se necesitan más ingresos públicos, no menos.

En la situación inflacionaria en la que estamos, desarmar al Estado disminuyendo sus ingresos es un error de libro, una barbaridad que provocaría muchos más problemas de los que ya tenemos. Hay que estudiar la reforma de los impuestos para que la inflación no aumente la presión fiscal por la puerta de atrás ni acabe con su ya de por sí deteriorada progresividad, y hay que dar ayudas y bajar impuestos a quien más lo necesite por razones de equidad o para favorecer las inversiones imprescindibles. Pero es en los momentos de mayor dificultad, como ahora, cuando es más importante que nunca la cooperación, la disposición de recursos comunes para hacer frente a los riesgos más elevados y que cada cual contribuya en la medida de su capacidad a financiarlos. Y es justo para eso para lo que sirve el sistema fiscal.

Para finalizar, cabe una reflexión final. Una propuesta tan descabellada como esta que ha hecho Feijóo no se hace por desconocimiento: tiene asesores económicos que saben muy bien lo que dicen. La razón es otra. La inflación y las medidas que se adoptan para combatirla afectan de un modo muy desigual a cada persona o empresa. Y las propuestas del PP también beneficiarían a todas ellas de modo muy diferente. Las pequeñas y medianas empresas con menos ingresos o ventas y las personas con rentas más bajas no pueden financiarse por sí mismas el acceso a todos los bienes públicos, de más calidad y menor coste que cuando son provistos por el mercado, que inevitablemente necesitan para hacer negocios, producir o vivir. Las grandes, por el contrario, sí pueden pagar a cualquier precio las infraestructuras, servicios o bienes privados. Por eso no les importa que el Estado deje de suministrarlos y prefieren ahorrarse impuestos, haciendo creer que así salimos ganando todos.

Ni Feijóo ni ningún otro dirigente del Partido Popular dicen barbaridades como esta de ahora por casualidad, ni porque no tengan idea de economía. Saben muy bien lo que dicen y a quién beneficia lo que proponen.

https://juantorreslopez.com/feijoo-propone-contra-la-inflacion-una-barbaridad-economica/

La materia de la que está hecha la vida.

El PP se encuentra en 2022 en peor situación que en 2018. Casado no solamente ha deslavazado la organización interna del partido, sino que además ha permitido con su discurso que VOX haya aumentado su presencia.

No acabo de entender por qué Alberto Núñez Feijóo renunció a la oportunidad de convertirse en presidente del PP en 2018, cuando Mariano Rajoy tuvo que abandonar la Presidencia del Gobierno como consecuencia de la aprobación de la moción de censura encabezada por Pedro Sánchez. Si hubiera decidido presentar su candidatura en el Congreso extraordinario que se convocó entonces para sustituir a Mariano Rajoy, se habría producido casi con total seguridad la confluencia en torno a su candidatura que se acaba de producir tras el “golpe” de Isabel Díaz Ayuso contra Pablo Casado.

Cuatro años es mucho tiempo. Especialmente en política. Y más todavía cuando opera en el interior de una organización política extraordinariamente degradada como era el PP tras los casi quince años de la presidencia de Mariano Rajoy, siete de los cuales en calidad, además, de presidente del Gobierno. No se puede perder de vista que el PP dejó de ser Gobierno de la nación tras la certificación judicial de la corrupción por la Audiencia Nacional. Los casos de corrupción se habían ido acumulando y eran sobradamente conocidos, pero hacía falta que fuera acreditada por el poder judicial para que resultara insoportable. Es lo que ocurrió en 2018.

Con Mariano Rajoy se cierra la época que se inició con la llegada de José María Aznar en 1989 con la refundación de AP como PP. Desde 1989 a 2018 hay una generación de dirigentes que se mantiene al frente del partido tanto cuando están en el gobierno, entre 1986 y 2004 y entre 2011 y 2018, como cuando están en la oposición entre 2004 y 2011. Hay una continuidad en el discurso político y en las personas portadoras del mismo, así como también en la práctica continuada de la corrupción en todos los escalones de nuestra fórmula de gobierno.

Quien sustituyera a Mariano Rajoy tenía que hacer un ajuste de cuentas con la trayectoria del PP durante veinte años. No se trataba, por tanto, de una sustitución normal, sino de una sustitución excepcional, ya que tenía que ocuparse, ante todo, de taponar el proceso de deterioro que se había venido acelerando en el interior del partido como paso previo para intentar recuperar la imagen de un partido de gobierno de España.

En esta circunstancia el tiempo es un factor fundamental. No se podían dar pasos en falso, que no solamente no consiguieran revertir el proceso de deterioro, sino que incluso lo aceleraran. Y sin embargo, eso es justamente lo que hizo Alberto Núñez Feijóo al permitir que Pablo Casado se convirtiera en presidente del PP.

El PP se encuentra en 2022 en peor situación que en 2018. Casado no solamente ha deslavazado la organización interna del partido, sino que además ha permitido con su discurso que VOX haya conseguido aumentar su presencia en el escenario político.

Pablo Casado heredó de Mariano Rajoy un partido muy deteriorado. Núñez Feijóo va a heredar de Pablo Casado un partido todavía más deteriorado. Con una competidora interna, como Isabel Díaz Ayuso y con un competidor externo crecido como Santiago Abascal, que le van a privar de autonomía para definir la línea estratégica del PP hacia dentro y hacia fuera.

Y Feijóo no puede hacer responsable a nadie más que a sí mismo de iniciar su ejecutoria como presidente en las circunstancias en que va a hacerlo. Si hubiera optado por serlo en 2018, no tendría a Isabel Díaz Ayuso en la presidencia de la Comunidad de Madrid y habría podido defender su espacio político frente a la penetración de VOX.

Benjamin Franklin nos advirtió frente al riesgo que supone perder el tiempo, porque el tiempo es la materia de la que está hecha la vida. Me imagino que Alberto Núñez Feijóo se tiene que estar arrepintiendo de no haber atendido a la advertencia de B. Franklin. El Gobierno de coalición con VOX en Castilla y León se lo acaba de recordar antes incluso de ser proclamado formalmente presidente. Es la primera estación del vía crucis que le espera.

https://www.eldiario.es/contracorriente/materia-hecha-vida_132_8846646.html

_- Javier Pérez Royo. Un problema estructural. El PP.

_- La elección de manera democrática del presidente del partido ha sido la excepción y no la norma en el partido de gobierno de la derecha española. La legitimidad democrática de origen no ha sido garantía de permanencia en el cargo, sino todo lo contrario

Antonio Hernández Mancha y Pablo Casado han sido las dos únicas personas que han llegado a ser presidentes del partido de gobierno de la derecha española, AP/PP, mediante una elección democráticamente competitiva.

Hernández Mancha competiría con Miguel Herrero Rodríguez de Miñón en el congreso extraordinario convocado por el PP tras las elecciones generales de 1986, en las que el presidente fundador Manuel Fraga entendió que había alcanzado su “techo electoral” y que el partido necesitaba un nuevo presidente para poder competir con éxito en unas elecciones generales. Estuvo apenas dos años en la presidencia, siendo destituido por Manuel Fraga a principio de 1989, quien a continuación designaría como su sucesor en la presidencia a José María Aznar, que sería formalmente elegido en el congreso de Sevilla, en el que AP se refundaría como PP.

Pablo Casado tendría que competir con Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal en el congreso extraordinario que se convocaría tras el éxito de la moción de censura encabezada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en 2018. Todavía en este momento continúa siendo presidente, aunque este martes se va a convocar un congreso extraordinario para aclamar o ratificar, más que para elegir, a Alberto Núñez Feijóo como presidente.

La elección de manera democrática del presidente del partido ha sido la excepción y no la norma en el partido de gobierno de la derecha española. La legitimidad democrática de origen no ha sido garantía de permanencia en el cargo, sino todo lo contrario. Han sido los candidatos que han heredado el cargo los que se han mantenido en el mismo de manera prolongada, sin que se haya puesto en cuestión su autoridad nunca.

El partido de gobierno de la derecha española, AP/PP, ha sido, en consecuencia, un partido “sustancialmente resistente a la democracia” en su funcionamiento interno. Formalmente es un partido democrático. Materialmente lo ha sido de manera muy defectuosa. De los 45 años que van desde 1977 hasta 2022, los presidentes democráticamente elegidos lo han sido durante seis años, mientras que los que han heredado el cargo lo han sido durante 39.

Consciente, sin duda, de esta trayectoria de AP/PP Núñez Feijóo ha resistido la tentación de aceptar su designación como presidente antes de que tenga lugar el Congreso en el que tiene que ser elegido. Su declaración hace unos días de que la presidencia no está vacante y de que el congreso no está todavía convocado, no pudiendo en consecuencia, considerarse a sí mismo como candidato, es una buena expresión de reflejos democráticos.

Pero el problema permanece. Núñez Feijóo va a ser presidente porque se ha producido una suerte de “rebelión” contra el presidente Casado por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, fuertemente secundada por los medios de comunicación de la derecha española, a la que se han acabado incorporando todos los presidentes regionales.

Se trata, además, de una rebelión en la que la sombra de la corrupción ocupa un lugar muy destacado. Por lo que se va sabiendo, los indicios de corrupción en la conducta de Isabel Díaz Ayuso y su entorno familiar van siendo cada vez más consistentes. La finalidad de la rebelión no ha sido otra que la de impedir que la investigación de la conducta de la presidenta pudiera materializarse. De ahí la urgencia para poner fin a la presidencia de Pablo Casado. En cuestión de días la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid podía volverse insostenible. Tenía que liquidar a Casado de manera fulminante.

En las semanas que quedan hasta la celebración del congreso, aunque no parece que la investigación del Ministerio Fiscal haya alcanzado una conclusión relevante, sí es posible que la investigación por los medios de comunicación avance de manera significativa y que se invierta en la opinión pública el juicio sobre las conductas de Casado y Díaz Ayuso en este turbio asunto.

En todo caso, las circunstancias en las que Núñez Feijóo va a acceder a la presidencia del PP no son las mejores. No es como consecuencia de un proceso democrático limpio, sino de un oscuro golpe contra el presidente Casado para tapar la posible corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno, como va a llegar a la dirección del partido.

https://www.eldiario.es/contracorriente/problema-estructural_132_8790518.html

Ilegalizar el PP

La democracia española no puede, sin faltarse el respeto a sí misma, mantener la inscripción del PP en el registro de partidos del Ministerio de Interior. Ha llegado el momento de poner pie en la pared y decir claramente: hasta aquí hemos llegado

— Ayuso admite que su hermano cobró de la empresa a la que su Gobierno adjudicó un contrato a dedo de 1,5 millones


En varias ocasiones he argumentado que el PP tenía que haber sido ilegalizado y disuelto. Lo hice el 29 de enero de 2018 en ARA, “¿Es el PP un partido ilegal?”, y el 3 de abril de 2019 en elDiario.es, “Una sentencia imprescindible”. En bastantes más ocasiones desde mucho antes. No considero necesario recordarlas.

El argumento ha sido siempre el mismo: la aplicación directa de la Constitución, que reconoce en el apartado primero del artículo 22 el derecho de asociación, para añadir inmediatamente después en el apartado segundo que “las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales”.

Esta es la única causa de ilegalización de un partido político reconocida por la Constitución. La única. Por eso, argumenté en su día que la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, era anticonstitucional. Porque carecía de cobertura constitucional, al introducir una causa de suspensión y disolución de un partido político no contemplada en la Constitución. La aprobación de la LO 6/2002 exigía la reforma previa de la Constitución para poder incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico.

Como me ha ocurrido con frecuencia, mi argumentación no fue atendida. La LO 6/2002 fue aprobada y aplicada a continuación a Herri Batasuna ordenándose por la Sala del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial su disolución.

La celeridad con la que se hizo uso de la LO 6/2002 para imponer una causa de disolución no prevista en la Constitución a Batasuna, contrasta con la negativa a imponer al PP la causa de disolución prevista en la Constitución, que se mantiene, como no podía ser de otra manera, en la LO 6/2002.

¿Por qué, ante las reiterados indicios de persecución de fines y de utilización de medios constitutivos de delito por parte no de militantes, sino de la dirección del PP, no se ha iniciado una investigación por parte del ministerio Fiscal y tras el resultado de la misma, instado la suspensión primero y disolución después del PP?

Los casos de corrupción acumulados desde la refundación de AP como PP son tan numerosos, que se puede afirmar que el PP es un partido constitutivamente corrupto. Es a una trayectoria continuada de corrupción a lo que hemos asistido y continuamos asistiendo, como la conducta de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid parece confirmar.

Que el PP siga figurando en el Registro de Partidos del Ministerio de Interior y disfrutando, en consecuencia, de todas las prerrogativas que el ordenamiento español concede al partido político por ser una institución de relevancia constitucional, mencionada como tal en el artículo 6 de la Constitución, es una vergüenza para la democracia española.

En lo que al respeto a la legalidad penal se refiere, la democracia española sí es una democracia militante. Y de manera especialmente señalada en lo tocante a los partidos políticos. El mismo hecho de su relevancia constitucional expresamente reconocida y la multitud de prerrogativas que el ordenamiento jurídico les atribuye, entre las que destaca una financiación pública muy generosa, exige que se controle de manera rigurosa la trayectoria de cada partido, a fin de que no hagan uso de su privilegiada posición de forma desviada.

La democracia española no puede, sin faltarse el respeto a sí misma, mantener la inscripción del PP en el registro de partidos del Ministerio de Interior. Ha llegado el momento de poner pie en la pared y decir claramente: hasta aquí hemos llegado.

_- La mayoría de investidura resulta imprescindible.

_- El resultado de la votación del jueves pone de manifiesto de manera inequívoca que, con la composición actual del Congreso de los Diputados, no hay mayoría alternativa a la mayoría de investidura.

— El Congreso aprueba por un voto la reforma laboral tras el viraje de los diputados de UPN y el error de uno del PP.

El hecho diferencial de esta legislatura ha sido y continúa siendo la negativa de las derechas españolas a aceptar la “legitimidad” del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Esto no ha ocurrido en ninguna de las legislaturas anteriores. Ni siquiera en la de 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero. El PP afirmó de manera reiterada que el PSOE llegaba a la presidencia del Gobierno por el uso indebido que había hecho del atentado terrorista de Atocha del 11M, pero no llegó nunca a negar la legitimidad de su mandato. En esta sí.

Por esta razón los tres partidos de la derecha española intentaron, en primer lugar, impedir que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno. El lector recordará muy probablemente la intervención de Inés Arrimadas en el Congreso instando a que hubiera algún “valiente” en el grupo parlamentario socialista que repitiera el “tamayazo”. Y también recordará que el diputado de Teruel Existe tuvo que ser protegido policialmente el día previo a la investidura ante las amenazas dirigidas contra él.

Una vez investido presidente, los partidos de las derechas españolas intentaron aprovechar la emergencia sanitaria generada por la COVID-19 para derribar el Gobierno y casi llegaron a conseguirlo en mayo de 2020, en la convalidación de la tercera prórroga del estado de alarma.

La convalidación del real decreto ley sobre la reforma laboral ha sido la tercera ocasión en que, esta vez solamente PP y VOX, han intentado poner fin a la legislatura, al hacer fracasar la aprobación de la medida más decisiva para la continuidad del Gobierno. A diferencia de las anteriores ocasiones, en esta no ha sido la acción del Gobierno la que ha frustrado la operación de acoso y derribo, sino que ha sido el error de un diputado del PP el que la ha hecho fracasar.

El resultado de la votación del pasado jueves pone de manifiesto de manera inequívoca que, con la composición actual del Congreso de los Diputados, no hay mayoría alternativa a la mayoría de investidura. No hay mayoría de gobierno con Ciudadanos. Ciudadanos suma muchos menos votos de los que resta. Y además, lo hace con un discurso en el que insulta gravemente a los partidos que contribuyeron a la investidura de Pedro Sánchez, primero con la moción de censura en 2018 y después con la investidura en 2020. El discurso de Inés Arrimadas anunciando su voto a favor de la convalidación del real decreto ley sobre la reforma laboral fue un ataque brutal a ERC, Bildu y PNV.

El 10 de enero califiqué la reforma laboral como “el momento decisivo de la legislatura” y el 20 expliqué por qué “Ciudadanos no es una opción”. La sesión del Congreso de los Diputados de este pasado jueves 3, en el que se votó la convalidación del real decreto ley sobre la reforma laboral ha venido a confirmar lo que en ambos artículos argumenté.

La primera mitad de la legislatura ha sido muy dura, pero la segunda lo va a ser todavía más. En los próximos meses habrá que hacer frente a la situación del rey emérito, a la comisión de investigación sobre la pederastia en la Iglesia católica, a las inmatriculaciones injustificables de la Iglesia, a lo que pueda decidir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión prejudicial elevada por el Juez Pablo Llarena, o el Tribunal General de la Unión Europea sobre la inmunidad de Carles Puigdemont, o el conflicto que se pueda suscitar con ocasión de la renovación de los Magistrados del Tribunal Constitucional en el mes de junio por parte del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial “en funciones” desde hace más de mil días…

El Gobierno necesita contar con una mayoría parlamentaria estable, que le permita abordar todos estos problemas, más los que el curso ordinario de los acontecimientos generan, de una manera solvente. Y esa mayoría es la que es. Y no hay otra. No se dan las condiciones para que pueda operar “geometría variable” de ningún tipo, sino para todo lo contrario.

La cohesión de la mayoría parlamentaria no depende exclusivamente del presidente del Gobierno. También los dirigentes de los distintos partidos que constituyen dicha mayoría tienen que asumir su responsabilidad. Pero no es comparable la posición del presidente del Gobierno con la de ningún otro. En el proceso de convalidación del real decreto ley sobre la reforma laboral, estando, como estoy, de acuerdo con que el real decreto ley se tenía que haber convalidado sin más, el presidente del Gobierno tendría que haber previsto una salida que no quebrara la mayoría parlamentaria de investidura. Lo contrario es un suicidio, que el error del parlamentario del PP ha evitado. No es razonable confiar en que eso vuelva a ocurrir.

Esperemos que la lección se haya aprendido. Por todos. Pero, sobre todo, por el presidente del Gobierno. 

Javier Pérez Royo,

https://www.eldiario.es/contracorriente/mayoria-investidura-resulta-imprescindible_132_8719437.html

¿Y si Vox destruye al PP?

A Vox le basta con sustraerle al PP el suficiente número de votos como para que resulte evidente que el PP no va a poder formar Gobierno. A partir de ese momento el PP iniciará su proceso de descomposición.

— CRÓNICA | Cómo adelantar elecciones sobrado de la vida para acabar luego de los nervios


La extrema derecha acaba imponiendo primero su discurso y después se impone electoralmente. Esto es lo que ha ocurrido en España en el espacio de lo que está a la derecha del PSOE desde el comienzo de la Transición.

En la fase inicial de la Transición parecía imposible que la extrema derecha representada por AP pudiera acabar imponiéndose a UCD. En las elecciones que se celebraron entre 1977 y 1980 la hegemonía de UCD en el espacio a la derecha del PSOE era rotunda. Estamos hablando de una diferencia de 167-168 escaños de UCD frente a 16-10 de AP en las elecciones generales de 1977 y 1979. De una diferencia del 30.63% de UCD en las elecciones municipales de 1979 frente al 2.99 de AP. De una diferencia en las elecciones vascas de 1980 de 8.52% y 6 escaños a favor de UCD, frente a 4.77% y 2 escaños a favor de AP. Y de una diferencia en las elecciones catalanas de 18 escaños de UCD por 0 escaños de AP.

Aunque las elecciones vascas y catalanas se celebraron después de que hubiera tenido lugar el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica del 28 F en Andalucía, en ellas no se notó todavía el impacto del resultado de dicho referéndum. Si lo haría en las elecciones gallegas de 1981, en las que AP obtiene 26 escaños y UCD 26, y en las andaluzas de mayo de 1982 en las que AP obtiene 17 y UCD 15. En las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 AP obtendrá 107 escaños y UCD 11. La extrema derecha desplazaba definitivamente al partido de centro en el espacio político a la derecha del PSOE. Acabaría haciéndolo desaparecer, una vez transformado AP en el PP a partir de las elecciones de 1993. Un partido de extrema derecha en sus orígenes se quedaba con el monopolio de toda la representación de la derecha española.

¿Podemos estar asistiendo a un fenómeno parecido? Una vez que Vox está consiguiendo arrastrar al PP a su terreno ideológico, ¿no es razonable pensar que acabará siendo el principal partido de la derecha española también electoralmente? El PP necesita que la sociedad española lo reconozca como un partido de gobierno de España. Vox todavía no lo necesita. A Vox le basta con sustraerle al PP el suficiente número de votos como para que resulte evidente que el PP no va a poder formar Gobierno. A partir de ese momento el PP iniciará su proceso de descomposición. En el inmediato futuro y todavía más mirando un poco más lejos, el PP solo puede sobrevivir si la sociedad española lo reconoce como partido de Gobierno, aunque no lo sea en ese momento. En el momento en el que esa expectativa desaparezca, el PP habrá perdido su razón de ser.

En mi opinión, esto es lo más importante que está en juego en las dos elecciones que se van a celebrar en este 2022: las castellano leonesas este próximo domingo y las andaluzas a finales de la primavera o en el otoño. Si el PP acaba dependiendo de Vox en ambas comunidades, sus posibilidades de convertirse en partido de gobierno en las próximas elecciones generales habrán desparecido casi por completo.

No es un problema de si Casado puede seguir siendo presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno. Es un problema de las siglas PP. Es el desmoronamiento de la formación política lo que puede estar en juego en estas dos convocatorias electorales. El inicio de un proceso paulatino que desemboca en un derrumbe catastrófico.

De momento está claro que el PP ha abandonado por completo el discurso de Pablo Casado en el debate de la moción de censura que presentó Santiago Abascal. De situar al PP en un terreno completamente distinto del de Vox y anunciar que no tenían nada que ver el uno con el otro, Pablo Casado está teniendo que comerse las palabras que pronunció ese día y volver al espacio ideológico perimetrado por Vox. Este movimiento de ida y vuelta casi sin solución de continuidad se convierte en un camino sin retorno. Quedándose quieto en su sitio Santiago Abascal ha arrastrado al PP a donde quería llevarlo.

Este domingo veremos hacia dónde apunta la representación política de la derecha española.

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_- No es el gobierno, es Casado y el PP quienes apoyan a dictaduras.

_- Publicado en Público.es el 26 de noviembre de 2021 

El secretario general del PP, Pablo Casado, recibió hace unos días al dirigente de la oposición cubana, Yunior García, y aprovechó la ocasión, como es habitual en él, para arremeter contra Pedro Sánchez y su gobierno.

Después de la entrevista que mantuvieron, Casado se dirigió al presidente diciéndole que «debe liderar la posición de la Unión Europea para exigir democracia en Cuba», afirmando que en la isla hay «una dictadura terrible con miles de asesinatos y presos políticos».

La existencia de una dictadura en Cuba es una evidencia que no admite discusión, si se considera que lo es cualquier régimen político en el que no haya elecciones libres ni plenas libertades reconocidas a toda la ciudadanía sin distinción. Sin embargo, es mentira que allí se cometan miles de asesinatos y que haya miles de presos políticos.

No hace falta ser un lince para saber que si fuese verdad que allí hay miles de asesinatos, lo estarían denunciando y relatando sin cesar todos los medios de comunicación del mundo «libre». Si basta con que se reprima una sola manifestación en cualquier lugar de Cuba para que se informe de ello en los informativos, ¿cómo se puede creer que haya habido miles de asesinatos sin que se haya dicho nada de ellos durante años?

También es mentira que en Cuba haya «miles de presos políticos». Ya estaría mal que hubiera uno solo pero lo cierto es que no hay miles.

Es muy difícil saber cuál es la lamentable realidad de los presos políticos en todo el mundo. En el caso cubano, tomaré como buenos, sin riesgo de que puedan proceder de una fuente que los oculte, los datos que proporciona la organización Prisioners Defenders. Es una organización no gubernamental anticastrista dedicada a defender los derechos humanos, aunque en realidad centrada en la situación cubana y cuya información suelen asumir como buena el Parlamento Europeo, Naciones Unidas, Amnistía Internacional o el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Pues bien, según esta organización, en noviembre del año pasado había en la isla 137 condenados y presos políticos y en la actualidad esa cifra habría subido a 683, como consecuencia de las detenciones por las movilizaciones que se han llevado a cabo en los últimos meses (el listado completo aquí).

Miente, por tanto, Pablo Casado cuando dice que son miles.

He dicho que un solo preso político me parece mucho, así que no estoy tratando de justificar los que haya en Cuba. Deberían estar en libertad. Lo que quiero señalar porque me parece que es lo importante es que el líder de la derecha española exagera la situación de Cuba mientras que silencia constantemente la vulneración mucho más grave de los derechos humanos que se lleva a cabo en otros países.

Casado y su partido se envalentonan cuando se trata de condenar la falta de democracia en Cuba y se callan ante la represión y falta de libertades mucho más flagrante que se sufre en otros países de los que, por el contrario, se manifiestan como fieles aliados o con los que defienden que se estrechen todo tipo de relaciones.

¿Por qué critica Casado a Cuba y no condena que nada más y nada menos que el Rey Juan Carlos se haya ido a Emiratos Arabes, en donde también hay presos políticos y se tortura a quienes defienden las libertades y los derechos humanos? ¿Por qué Casado y su partido no solo no han condenado sino incluso aplaudido golpes de estado que han acabado con la democracia y las libertades en otros países?

¿No es extraño que se ponga tanto énfasis en la falta de libertades de Cuba y se mienta sobre el número de presos políticos cuando, al mismo tiempo, se calla que en otros países hay cien veces más presos y mucha menos libertad?

Si Pablo Casado y su partido están verdaderamente preocupados por defender la democracia y la libertad en el mundo, ¿por qué no denuncian todos los casos en las que faltan o se violan, en lugar de mencionar siempre los mismos casos?

Si realmente quisieran defenderlas tienen bastante fácil descubrir cuál es su enemigo principal.

La organización independiente Freedom House, tampoco sospechosa de ser proclive a ideas progresistas, elabora un listado de países “no libres”, en los que se carece de democracia y no se respetan los derechos humano. Son los que deberían merecer la condena de cualquier persona que honestamente se proponga luchar a favor de la democracia y los derechos humanos.

Seguir aquí.

_- Bocazas, mentirosos e irresponsables: ¡Vaya tropa!

_- Publicado en Público.es el 15 de octubre de 2021

Dice el diccionario de la Real Academia que un bocazas es la persona que habla más de lo que aconseja la discreción. Y que la discreción es la sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar; el don de expresarse con agudeza, ingenio y oportunidad, reserva, prudencia y circunspección.

Siendo así, no creo exagerado afirmar que los líderes de la derecha española son unos bocazas. Y muy en particular, el secretario general del Partido Popular, Pablo Casado. Este último combina dos rasgos que, exagerados como en su caso, pueden dar lugar a defectos superlativos: hablar demasiado y, con mucha frecuencia, hacerlo de lo que no se sabe. En el caso de Casado, quizá porque tiene un grave déficit de formación como consecuencia de que el vértigo con el que cursó la carrera de Derecho no le permitió dedicar mucho tiempo al estudio.

A menudo, confunde la geografía y la cultura españolas, como al decir que iba a Gipuzkoa a visitar Getxo, que Melilla es la la «única ciudad española y europea en África» o que «en Baleares no habláis catalán», ni nadie el bable en Asturias

Su falta de tacto y de juicio en materia jurídica son bien conocidas. En una ocasión propuso que «la okupación ilegal de un inmueble pase de tener una sanción de falta a ser considerado delito, con penas previstas de prisión de 1 a 3 años». Algo inaudito porque, como le recordaron varios juristas por entonces, las faltas no existen desde 2015, la usurpación es considerada delito leve y el Código penal ya establece penas de prisión para las ocupaciones violentas.

También ha sido a veces imprudente e insensato por haber hablado más de la cuenta y mal sobre cuestiones económicas que obviamente desconoce. Hace unas semanas proponía la rebaja del IVA en Canarias, una comunidad autónoma donde no se aplica este impuesto; y en su primera campaña electoral propuso bajar el salario mínimo para negarlo enseguida, en cuanto su equipo de dio cuenta de la barbaridad que estaba proponiendo.

Y, como no podía ser menos, Casado es bocazas en materia de derechos y libertades. En mayo pasado declaró: «Los políticos no tenemos que intervenir en la vida de los demás. Yo no puedo decir: “la gente tiene que dejar de comer carne” o “comprar menos ropa”. Le tuvo que contestar el Presidente del Principado de Asturias: «Bien. ¿Y entonces por qué tenemos los políticos que prohibir que la gente se divorcie? ¿O prohibir que una persona se case con otra de su mismo sexo? ¿O prohibir que las personas puedan morir dignamente? ¿Por qué entonces el señor Casado se opone siempre a los derechos?»

En otra ocasiones, como suele pasar a todos los bocazas, a Pablo Casado le pueden la hipérbole y la desmesura, como cuando dijo en 2018 que «la hispanidad es la etapa mas brillante no de España sino del hombre». O cuando fue capaz de lanzar contra Pedro Sánchez los 37 insultos en 15 minutos que Adriana Lastra le contabilizó durante una intervención en la tribuna del Congreso (aquí). O cuando alcanzó la otra estratosférica marca de 21 improperios dedicados a Pedro Sánchez en menos de 10 minutos (aquí). Lo calificó de Ilegítimo, chantajeado, deslegitimado, mentiroso compulsivo, ridículo, adalid de la ruptura en España, irresponsable, incapaz, desleal, catástrofe, ególatra, chovinista del poder, rehén, escarnio para España, incompetente, mediocre, okupa. Todo lo cual, dijo días después Casado, «no son descalificaciones, son descripciones»  (aquí).

Prueba de que el secretario general del Partido Popular es un bocazas es que casi nunca es circunspecto y, sobre todo, que él mismo termina por reconocerlo, mal que le pese, como hizo después de haber llamado felón y traidor al presidente Pedro Sánchez (aquí) 

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Una querencia por la exageración y el exabrupto que ha calado en algunos dirigentes empresariales, como el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Este emula últimamente, e incluso a veces los supera, a los hooligans del PP y de Vox con declaraciones francamente desproporcionadas y carentes de la más mínima ponderación, buen juicio y sensatez. Hace unos días acusó al gobierno español de «intervencionismo terrorífico» por las medidas que se pensaba adoptar para controlar el precio de la luz. Unas medidas que no podían ser otras que las previstas en nuestras leyes o en las normas europeas (vivimos, aunque a veces no lo parezca, en un Estado de Derecho) y que objetivamente son mucho menos intervencionistas que las que, casi al mismo tiempo, anunciaba el gobierno francés: congelar directamente el precio del gas y la electricidad.

Mucho peor que ser bocazas es ser mentiroso y ahí Pablo Casado, aunque compitiendo, eso sí, muy igualadamente con Abascal, puede convertirse en el gran adalid de la derecha política y económica de España. Tiene realmente muy poco parangón entre nosotros, aunque es cierto que todavía está lejos de Trump, a quien The Washington Post contabilizó 30.573 mentiras o medias verdades en sus cuatro años de mandato.

Una cifra fabulosa la del ex presidente de Estados Unidos pero que podría estar al alcance de Casado a poco que su carrera política se alargue. El total de mentiras de Trump suponen una media de 3,5 a la hora y Casado ha batido ese promedio en varias ocasiones. Hace unos días, Infolibre le registró 13 mentiras en media hora (7,4 veces más de media que Trump); en su intervención durante el debate electoral de abril del 2019 se le contabilizaron 9  (aquí) y 14 en el debate de investidura de noviembre de ese mismo año (aquí).

En todo caso, está ya acreditado en muchas publicaciones que Pablo Casado es un mentiroso, a estas alturas quizá se podría añadir compulsivo, y yo mismo he demostrado que él personalmente y su partido lo son, especialmente, en materia económica. Por ejemplo, en estos tres artículos:  Las mentiras y burradas económicas de Pablo Casado son incompatibles con la democracia, Pablo Casado y el Partido Popular también mienten a los españoles en materia económica y Las mentiras del PP sobre el impuesto de sucesiones. 

No insistiré ahora, por tanto, en este segundo rasgo de la derecha española que hace política no solo difundiendo el top de las grandes mentiras económicas de nuestro tiempo, a las que he consagrado mi libro recién publicado por Ediciones Deusto, Econofakes, sino también (como se demuestra en los artículos que acabo de mencionar) todo tipo de datos falsos, cifras erróneas e información manipulada.

Ahora bien, el daño que provocan la bravuconería y la imprudencia propia de los bocazas y la mentira constante palidece ante el que produce la irresponsabilidad de la que hacen gala personajes como Casado o Sánchez Galán, por citar solo a dos de los más histriónicos de la agenda española de estos tiempos.

Ya está mal que Casado, en lugar de colaborar, viaje por Europa para criticar al gobierno, poniendo en peligro la recepción de recursos europeos o la llegada de inversiones extranjeras, como una forma más de lucha política sin cuartel, cuando se está jugando la recuperación de la mayor crisis de la historia reciente. Pero que lo haga a base de mentiras, de infundios y de insultos sin fundamento es una irresponsabilidad tan impresionante que cuesta trabajo calificar.

Lo que acaba de hacer hace unos días en una entrevista al diario El Mundo es un manifestación más de la maldad y del odio a media España de Pablo Casado. Una vez más demuestra que está dispuesto a enfrentarse a los problemas de España con la misma falta de escrúpulos con la que debió recoger un título universitario que cualquier profesor de Derecho sabe que es imposible obtener limpiamente en las circunstancias que el propio Casado ha confesado que lo consiguió.

Lo que ha dicho Casado en esa entrevista sobre la situación de la economía española («España se encamina a la quiebra, estamos abocados al rescate» y otras lindezas) es manifiestamente falso, no responde a la realidad en la que nos encontramos. Por no entrar en otras cuestiones, como la de liberalizar todo el suelo público, lo que volvería a provocar los tremendos problemas que trajo consigo la que llevó a cabo José María Aznar, otro mentiroso -por cierto- al servicio de los intereses económicos más poderosos y que malvendió propiedades de todos los españoles, colocando de paso a sus amigos, envuelto, eso sí, en gigantescas banderas y loas a la Patria.

Para descalificar a un gobierno que defiende intereses contrarios a los suyos, Casado y otros dirigentes del PP tienen que inventarse las cifras del paro (ocultando que estamos casi a la mitad del que se llegó a registrar con el último gobierno del PP), obviar los indicadores que normalmente se usan para conocer la confianza que otorgan los inversores en los mercados (la prima de riesgo está ahora casi 6,5 veces más baja que cuando gobernada Rajoy y está bajando en los últimos meses) o hacer una interpretación torticera del crecimiento innegable de la deuda pública. Y, sobre todo, obviando que, para bien o para mal, la economía española -como todas las europeas- está constantemente monitorizada, de modo que ese riesgo seguro del que sin fundamento advierte Casado sería detectado y denunciado mucho antes por las instituciones europeas e internacionales.

Hay que tener muy poca vergüenza y muy poco aprecio al conjunto de los españoles para decir lo que han dicho Casado, Galán y el resto de los dirigentes que siguen su estela de intoxicaciones e insultos. No atacan al gobierno de coalición ni a las izquierdas en general, sino a España en su conjunto y a toda su población, a las empresas y a las instituciones, sea quien sea quien las gobierne en este momento. Porque la verborrea y la descalificación farisaica, las denuncias a base de mentiras en Bruselas solo siembran incertidumbre, inseguridad y temor que retrae la inversión y la creación de riqueza. No destruyen al PSOE y a Unidas Podemos, destruyen a toda España, aunque a estas alturas está bien claro que la prefieren destrozada antes que legítimamente gobernada por quienes no pensamos como ellos ni defendemos sus intereses.

Lo que está haciendo Casado y algunos empresarios como Sánchez Galán responde a la misma estrategia que Franco reconoció que llevaría a cabo en una entrevista con el periodista Jay Allen (aquí):

– «Salvaré España del marxismo, cueste lo que cueste», dijo el dictador (…)»¿Eso significa que tendrá que matar a la mitad de España?». El general Franco sacudió la cabeza con sonrisa escéptica, pero dijo: “Repito, cueste lo que cueste».

Eso, exactamente eso, aunque ahora sin uniformes ni legionarios traídos de Marruecos, es lo que muestra Casado que está dispuesto a hacer la derecha que lidera con tal de complacer a sus dueños y señores, a los Sánchez Galán y compañía. La misma tropa de siempre.

Fuente: Juan Torres López.

Lesmes no dimite y reparte culpas entre Gobierno y PP por el bloqueo del Poder Judicial.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces carga contra las razones del Ejecutivo para indultar a los líderes del procés y la reforma que impide que el CGPJ haga nombramientos en la cúpula judicial con el mandato caducado

— Casado pide en los argumentarios internos culpar a Sánchez del bloqueo del Poder Judicial

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha instado en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial a acabar con la “insostenible” situación en la que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces, que la semana pasada rebasó los mil días en funciones. Carlos Lesmes ha llamado a “las fuerzas políticas concernidas” a acabar con la "lucha partidista" y acordar en las próximas semanas el acuerdo “necesario” para la renovación.

Mil días de bloqueo en el Poder Judicial por decisión del PP
“Un deber que dimana de la Constitución no puede subordinarse a razones de oportunidad política”, ha dicho el también presidente del Tribunal Supremo, que ha descargado la responsabilidad en el Gobierno y en el PP —a los que ha pedido “patriotismo constitucional” y “generosidad”— y no ha aludido a la posibilidad de presentar su dimisión. Es la cuarta vez que Lesmes se refiere en este discurso a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuya situación de interinidad se remonta a diciembre de 2018. “No hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”, ha señalado ante el rey Felipe VI, la fiscal general del Estado, la ministra de Justicia y la Sala de Gobierno del Supremo.

El bloqueo a la renovación del CGPJ se ha mantenido desde 2018 por la repetición electoral de 2019 y la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. El Partido Popular se ha resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado, la que decide qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura. El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con once vocales elegidos a propuesta del PP, siete del PSOE, una de IU y otro del PNV. Al frente está Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar.

En los últimos meses los conservadores han desplegado toda una batería de condiciones cambiantes para pactar la renovación que van desde vetar la presencia de Unidas Podemos en las negociaciones a tipificar de nuevo el delito de referéndum o reformar la euroorden. También han puesto como excusa el sí de EH Bildu a los Presupuestos de 2021 o la posición del socio minoritario del Gobierno en contra de la monarquía. De forma más reciente han reclamado un cambio en el sistema de elección de los vocales para que los doce de extracción judicial sean seleccionados directamente por sus compañeros —como sucedía hasta 1985—, una reforma que el PP no promovió durante sus dos mayorías absolutas. En la actualidad los jueces hacen una criba de medio centenar de nombres, y luego los partidos eligen, siempre que alcancen esa mayoría en las Cámaras.

Durante su discurso, Lesmes también ha cargado contra la reforma que impide que el CGPJ pueda hacer nombramientos clave en la cúpula judicial con el mandato prorrogado. Hasta la aprobación de esa norma había realizado 74 designaciones en los principales tribunales, 21 de ellos en el Supremo, donde se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años. Esa norma fue promovida por PSOE y Unidas Podemos y contó con un amplio respaldo parlamentario. A juicio del presidente del CGPJ, esta norma “ha venido a agravar” la situación del CGPJ y ha asegurado que sólo en el Tribunal Supremo hay once vacantes sin cubrir de una planta de 79 magistrados.

Esta cuestión ha sido uno de los puntos de enfrentamiento con el Ejecutivo, donde siempre han considerado que el CGPJ caducado debería haberse limitado a decidir sobre cuestiones de gestión. La tensión con los partidos que sustentan el Gobierno de coalición se incrementó a raíz de la urgencia con la que ambos tramitaron esta iniciativa. El CGPJ, con el respaldo de 16 de sus 21 miembros, acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés y ambos partidos —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar. Este lunes, Lesmes ha reprochado a la Cámara que desatendiera “todas” las peticiones que realizó el CGPJ para pronunciarse sobre esta reforma.

En su discurso, el presidente del CGPJ también se ha referido a los indultos concedidos por el Gobierno a los líderes del procés y el hecho de que el ejecutivo haya justificado la medida de gracia por constituir "la concordia frente al resentimiento". Ha asegurado Lesmes que "nada más alejado de la realidad" y que "la justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos". Con esta crítica a la justificación política de los indultos ha querido ensalzar, ha dicho, "la labor de los jueces españoles, y muy especialmente del Tribunal Supremo, por su defensa del orden constitucional y de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento".

El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha pronunciado este discurso en el Tribunal Supremo ante la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado. La formación conservadora rechaza negociar la renovación de los vocales y propone ahora un nuevo sistema para elegir vocales que no puso en marcha cuando estaba en el Gobierno. En los argumentarios internos del partido, Casado pide incluso culpar a Pedro Sánchez de la no renovación del órgano argumentando que "la pelota, en el tejado de Sánchez".

Aunque no ha citado el bloqueo del Poder Judicial, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha alertado en su discurso de los "peligros" que acechan a la Justicia y ha señalado que, más allá de las tensiones propias y de los necesarios ajustes para lograr un sistema "más perfecto", la Justicia no debe convertirse en un "campo de batalla política" y "debe estar únicamente al servicio de la sociedad". En su intervención, Delgado también ha subrayado la necesidad de acometer "una profunda reforma" del Estatuto fiscal para dotarlo de mayor autonomía. 

https://www.eldiario.es/politica/lesmes-no-dimite-reparte-culpas-gobierno-pp-bloqueo-cgpj-deber-constitucional-no-subordinarse-razones-politicas_1_8275731.html

_- ¿Para qué sirve bajar impuestos a los ricos, como proponen el PP y Vox?

_- Las políticas neoliberales de los últimos cuarenta años han tenido un mantra repetido constantemente: conviene reducir los impuestos lo más posible sin tener miedo de que eso repercuta principalmente en beneficio de las rentas más elevadas. Aseguran que así aumentará el consumo, el ahorro y gracias a ello la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Es decir, se producirá un efecto de «derrame» o «goteo» desde las rentas más altas que terminará beneficiando a toda la sociedad.

Los políticos neoliberales (no necesariamente ubicados en los partidos de la derecha) se saben bien el argumento, lo reiteran siempre que pueden y lo han llevado a la práctica allí donde han gobernado.

La presidenta Ayuso lo ha dicho muy claramente en diversas ocasiones: «Tenemos que ser atractivos y eso se hace sin maltratar con impuestos. Dándole un trato desigual a muchas personas que probablemente tienen un mayor poder adquisitivo pero crean más puestos de trabajo (aquí).

Sin embargo, esta tesis neoliberal ni tiene fundamento teórico ni funciona en la realidad.

Para que una bajada de impuestos aumente el consumo de los hogares debe darse un requisito esencial: la bajada debe concentrarse en las rentas más bajas que son las que se destinan en mayor medida a la compra de bienes y servicios. Si benefician principalmente a las más elevadas lo que ocurre es que aumenta el ahorro, Y lo que sabemos que ha ocurrido en los últimos años y con las reformas que proponen el Partido Popular y Vox es justo lo contrario, han salido siempre beneficiadas las rentas más elevadas.

El socialista Juan Lobato se lo mostró claramente en un debate a Iván Espinosa de los Monteros cuando este defendía como una medida «a favor de los trabajadores» la disminución de medio punto del IRPF para todos los niveles de renta en la Comunidad de Madrid (aquí). El socialista le mostró que, de esa manera, el 30% de los madrileños que tienen menos de 12,.000 euros de renta no tendrían ni un euro de beneficio, el 40% que gana menos de 30.000 tendría un beneficio de 5 euros mensuales, el 23% que gana menos de 60.000 se beneficiaría con 11 euros al mes y el 7% más rico, eso sí, podría tener un ahorro fiscal de hasta 4.500 euros (aquí). Por su parte, los técnicos del Ministerio de Hacienda estiman que el 9,3% de los madrileños que declara en el tramo más alto tendrían 20 veces más ahorro que el 30% que están en el tramo más bajo (aquí).

El segundo requisito que debiera darse para que una bajada de impuestos a los ricos como la que proponen PP y Vox genere más inversión es que esta dependa del mayor ahorro que se genera (supuestamente) rebajando la fiscalidad de las rentas más altas. Un supuesto verdaderamente irreal. La inversión depende de los beneficios esperados y, si acaso, de alguna otra variable como el coste del crédito necesario para financiarlo. Por tanto, lo más probable que ocurra después de bajar los impuestos preferentemente a los ricos es que el consumo de los hogares no baje y que se reduzca el gasto y la inversión públicos, de modo que las ventas se reducirán y los beneficios esperados serán menores. Y ni siquiera se puede creer que el aumento del ahorro se traduzca en mejores posibilidades para la inversión que crea más actividad productiva y más empleo porque es bien sabido que el sistema financiero ofrece hoy día las mejores alternativas de colocación de los fondos ahorrados en la inversión puramente especulativa.

No obstante, la mejor prueba de que bajar impuestos a los ricos no produce los efectos benéficos que dicen los neoliberales es comprobar lo que sucede en la realidad y los datos son abrumadores. En general, es fácil comprobar que los países en donde hay más renta per cápita y menos tasas de paro no son precisamente los que tienen tasas impositivas más bajas sino todo lo contrario. O, también, que ha habido tasas más elevadas de crecimiento económico en las etapas con fiscalidad más elevada. Y sobre el efecto en particular de los impuestos más bajos para las rentas más altas la evidencia empírica es igualmente clara. El último gran análisis sobre este asunto lo publicaron en diciembre David Hope y Julian Limberg, investigadores de la London School of Economics and Political Science. En él analizan las consecuencias económicas de los principales recortes fiscales para los ricos que se han producido en los últimos 50 años en 18 países de la OCDE y sus conclusiones son claras. Estos recortes se han traducido, en promedio, en un aumento de 0,8 puntos porcentuales en la parte superior del 1% de la renta nacional antes de impuestos pero ni el PIB real per cápita, ni la tasa de desempleo se han visto afectados por esos recortes. Sus efectos, dicen, «son estadísticamente indistinguibles de cero» (aquí).

En un libro de Emmanuel Saez y Gabriel Zucman publicado hace poco en España (El triunfo de la injusticia: Cómo los ricos evaden impuestos y cómo hacerles pagar) también se demuestra que «por primera vez en los últimos cien años, la clase trabajadora paga hoy tasas impositivas más altas que los multimillonarios» sin que eso haya venido acompañado de más inversión, más empleo y más actividad económica, sino todo lo contrario. Y también lo demuestra el Fondo Monetario Internacional que no parece que sea sospechoso de radicalismo: «aumentar la participación en los ingresos de los pobres y la clase media en realidad aumenta el crecimiento, mientras que una participación creciente en los ingresos del 20% más rico da como resultado un menor crecimiento, es decir, cuando los ricos se hacen más ricos, los beneficios no se difunden» (aquí).

En fin, las evidencias empíricas que muestran que lo que dicen los liberales como Aznar, Ayuso o los dirigentes de Vox es una pura mentira son abrumadoras. Lo único que consiguen con sus reformas fiscales es dar más renta a los más ricos sin mejorar la inversión, el empleo o la actividad económica.

Es lógico que quienes están al servicio de los ricos, o lo sean ellos mismos, digan esas mentiras para salvaguardar sus intereses. Lo impresionante, sin embargo, es que se las crean quienes podrían hacer cuentas fácilmente y comprobar que con esas reformas fiscales no se ven beneficiados; que, en contra de lo que les dicen, a cambio de ellas no hay más empleos, ni mejores salarios y que los servicios públicos son cada vez peores porque cuesta más trabajo financiarlos suficientemente. Resulta impresionante, pero a mí, la verdad, no me sorprende: a quienes veo en las calles tratando de convencer a la población de sus propuestas es a las derechas. Se han aprendido el mantra y lo repiten por cada esquina mientras que las izquierdas están en no sé bien qué otra cosa.

Últimamente, al finalizar mis charlas hago algo que vi hacer primero a mi querido amigo y maestro Vicenç Navarro: preguntar a los allí presentes si compran o leen habitualmente nuestros libros y escritos. Lo normal es que no sean más de 8 o 10 de cada 100 quienes dicen hacerlo. Por eso me resulta impresionante pero no me sorprende que quienes apenas tienen donde caerse muertos voten a las derechas que los engañan para quedarse con su dinero. Los progresistas que se supone deberían saberse bien los argumentos para convencer a sus compatriotas no se los saben y, si se los saben, no se van a la calle a convencerlos, como si creyeran que la gente simpatizará con sus propuestas por ciencia infusa. Eso, en el mejor de los casos, porque algunos se han creído el mantra y lo que pregonan es que bajar impuestos es de izquierdas.

https://juantorreslopez.com/para-que-sirve-bajar-impuestos-a-los-ricos-como-proponen-el-pp-y-vox/