De acuerdo con una investigación de Earthsight, IKEA es cómplice en la tala de hasta cuatro millones de árboles en Siberia para la fabricación de mobiliario infantil de la serie Sundvik.
Nada más fácil que hacer propósito de enmienda. En julio de 2020 la ONG británica Earthsight publicó un informe que revelaba cómo la multinacional sueca había estado adquiriendo madera de Ucrania procedente de la tala ilegal para fabricar sus muebles. Un año más tarde, Earthsight vuelve a publicar otro informe, al que El Salto ha tenido acceso antes de su publicación, sobre la misma compañía y en el que denuncia exactamente las mismas prácticas.
En esta ocasión se trata de la fabricación de mobiliario infantil —concretamente el de la popular serie Sundvik y que además de muebles incluye una casa de muñecas— con madera procedente de la tala ilegal de bosques en Rusia, el mayor exportador de madera del mundo. De acuerdo con la investigación de Earthsight, IKEA es cómplice en la tala de hasta cuatro millones de árboles en Siberia. Como ocurrió con la investigación del año pasado centrada en Ucrania, esta madera estaba certificada como “legal” y “sostenible” por el Forest Stewardship Council (FSC), ayudando a encubrir la operación, antes de enviarse a un fabricante indonesio que suministra muebles a centros de IKEA de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. La ONG británica ha llegado a calcular que alguien adquiere un producto que contiene esta madera cada dos minutos.
Earthsight ha invertido un año en visitar los lugares donde se produce la tala y analizar pormenorizadamente documentos oficiales y protocolos de aduanas
Como recuerda Earthsight, los bosques de Siberia son tan importantes como el Amazonas de Brasil y “las empresas madereras que suministran a IKEA y otros fabricantes están contribuyendo a una enorme pérdida de biodiversidad en la región, haciéndola cada vez más proclive a devastadores incendios”.
ExportLes
Como en sus investigaciones anteriores, Earthsight ha invertido un año en visitar los lugares donde se produce la tala y analizar pormenorizadamente documentos oficiales y protocolos de aduanas así como imágenes por satélite, una novedad que permite cazar a los infractores incluso en los lugares más remotos, como es el caso.
La matriz donde se origina este nuevo escándalo que salpica al gigante del mueble sueco es ExportLes, una empresa maderera propiedad del oligarca Evgueni Bakurov que opera en el oblast de Irkutsk. ExportLes ha estado acusada de violar las leyes de protección forestal y medioambiental en varias ocasiones, talando más árboles de los permitidos, también en zonas protegidas, bajo el pretexto de que se trataba de árboles enfermos.
La empresa maderera infringió hasta en 11 ocasiones entre 2012 y 2018 las licencias de tala, un delito gracias al cual acumuló 689.000 metros cúbicos adicionales de madera
Peor aún: en ocasiones los únicos árboles que quedan en pie son precisamente los muertos, porque no sirven para la producción de madera. Se trata de un modus operandi basado en los hechos consumados: cuando el sistema judicial ha terminado su investigación e incluso fallado en contra de Bakurov, el bosque ha desaparecido. Además, Earthsight denuncia que, como consecuencia de la tala, la erosión del suelo deja una peligrosa vía abierta para el control de inundaciones. Los operarios de ExportLes tampoco acostumbran a cumplir con la normativa que les obliga a retirar los restos de madera, lo que incrementa el riesgo de incendios, que se ceban con los bosques siberianos con una periodicidad cada vez más frecuente como consecuencia, también, del cambio climático. En 2019 la magnitud de los incendios forzó al Kremlin a movilizar a las fuerzas armadas para sofocarlos.
Bakurov se enorgullece con todo de su relación con Ikea. “Hemos elegido su compañía porque nos envía troncos más rápido de lo que nosotros podemos transferirle el dinero”, se dice que un representante de la empresa sueca le comunicó en una ocasión. Para conseguir esta proeza ExportLes recurre a algunas de las acciones ilegales arriba enumeradas. Según los documentos judiciales consultados por Earthsight, la empresa maderera infringió hasta en 11 ocasiones entre 2012 y 2018 las licencias de tala, un delito gracias al cual acumuló 689.000 metros cúbicos adicionales de madera, como señala la ONG británica, una cantidad suficiente para llenar el Royal Albert Hall casi ocho veces. Se calcula que ExportLes y otras empresas madereras propiedad de Bakurov (Deep Forest, Vertical-B y Vilis) han talado 2,16 millones cúbicos de madera de bosques protegidos en los últimos 10 años. Por este motivo, Earthsight denuncia que FSC incurre en ‘greenwashing’ a la hora de proporcionar su certificado a una madera que en realidad ha sido obtenido mediante la tala ilegal.
Una vez talada, la madera se envía a través de una firma de procesado de madera rusa, Uspekh, que suministra la materia después principalmente al fabricante de muebles indonesio PT Karya Sutarindo (PTKS), que se dedica a producir muebles, entre otros, para IKEA, que es su principal cliente (hasta un 96% de las ventas de PTKS en 2019 las registró la empresa sueca). Earthsight ha calculado que PTKS recibía troncos de 1.700 árboles mensuales procedentes, en su mayoría, de la tala ilegal realizada por ExportLes.
Estos muebles terminan a través de empresas de exportación europea en los expositores de las tiendas de IKEA de toda Europa. Quizá, en una ironía sombría, algunos de ellos terminen en Rusia, donde estos bosques centenarios, que han resistido durante siglos las bajas temperaturas extremas constituyen un símbolo nacional, apreciado por su población y que se encuentra presente como escenario en cuentos, mitos y leyendas de su rico folklore y hasta en el himno del país.
IKEA responde
Earthsight reclama a los gobiernos estadounidense y de la UE, como ha hecho antes, cambios en su legislación para evitar que se repitan casos como los de Ucrania, denunciado en su informe de 2020, o Rusia.
Como viene siendo práctica habitual de esta ONG británica, antes de publicar su informe lo remitieron a las empresas que en él aparecen, que negaron participar en cualquier tipo de actividad ilegal. IKEA reconoció recibir madera suministrada por las compañías de Bakurov, pero defendió que la madera había sido obtenida “legalmente”. Admitió, eso sí, que debido a algunas “prácticas preocupantes” que no especificó había suspendido sus relaciones con ExportLes esta primavera. FSC —no es la primera vez que se encuentra bajo sospecha— negó por su parte cualquier tipo de error en su certificación, pero retiró el sello a las empresas de Bakurov.
IKEA es el mayor consumidor de madera del mundo: 21 millones de metros cúbicos en 2019, casi el equivalente a un árbol por segundo
“Valoramos las acciones que IKEA y FSC han tomado en las últimas semanas”, afirma Sam Lawson, el director de Earthsight, en la nota de prensa remitida a los medios de comunicación, “pero siguen siendo completamente insuficientes”. “Se trata de problemas sistémicos que requieren soluciones sistémicas, que van más allá de un consumidor, de un suministrador o de un país”, continúa.
La ONG menciona en su informe el apetito voraz e insaciable de los consumidores europeos y asiáticos. Debido a su modelo de ‘fast furniture’, IKEA es el mayor consumidor de madera del mundo: 21 millones de metros cúbicos en 2019, casi el equivalente a un árbol por segundo. La posición de monipolio de la que goza la compañía –siempre a la búsqueda de nuevos mercados, mayores márgenes de beneficio y menores costes de producción– invita a las empresas de tala a violar la ley con tal de mantener como cliente a IKEA. “Los gobiernos en Europa y EE UU necesitan actuar urgentemente para detener el flujo de madera robada de una vez por todas”, apostilla Lawson. En las conclusiones de su informe, la ONG no deja lugar a dudas de que apelar al cliente es insuficiente: “Si la humanidad quiere evitar un colapso climático catastrófico, la única manera de que ocurra es a través de una acción gubernamental”.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/biodiversidad/ikea-investigacion-earthsight-tala-ilegal-arboles-rusia
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jueves, 22 de julio de 2021
martes, 11 de agosto de 2020
Ha muerto Pedro Casaldáliga, obispo en Brasil y defensor de los indígenas más pobres
"Las fronteras de la educación.
Un viejo proverbio enseña que enseñar a pescar es mejor que dar pescado.
El obispo Pedro Casaldáliga, que vive en la región amazónica, dice que sí, que eso está muy bien, muy buena idea, pero ¿qué pasa si alguien compra el río, que era de todos, y nos prohíbe pescar? ¿O si el río se envenena, y envenena a sus peces, por los desperdicios tóxicos que le echan? O sea: ¿qué pasa si pasa lo que está pasando?"
Eduardo Galeano
Descanse en paz el obispo Pedro Casaldáliga.
"Somos soldados derrotados de una causa invencible."
Pedro Casaldáliga
Un viejo proverbio enseña que enseñar a pescar es mejor que dar pescado.
El obispo Pedro Casaldáliga, que vive en la región amazónica, dice que sí, que eso está muy bien, muy buena idea, pero ¿qué pasa si alguien compra el río, que era de todos, y nos prohíbe pescar? ¿O si el río se envenena, y envenena a sus peces, por los desperdicios tóxicos que le echan? O sea: ¿qué pasa si pasa lo que está pasando?"
Eduardo Galeano
Descanse en paz el obispo Pedro Casaldáliga.
"Somos soldados derrotados de una causa invencible."
Pedro Casaldáliga
sábado, 13 de julio de 2019
La religión es el suspiro de los oprimidos
Vijay Prashad
06/07/2019
Sentado en una celda de una cárcel fascista en Italia, Antonio Gramsci se preguntaba sobre un problema que enfrentaban comunistas como él. En El manifiesto comunista (1848), Karl Marx y Friedrich Engels escribieron: “los trabajadores no tienen nada que perder salvo sus cadenas. Tienen un mundo que ganar”. Pero estas cadenas no eran meramente lazos materiales, las cadenas de la miseria que impedían que aquellos que no poseían propiedad, aparte de su propia habilidad para trabajar, fueran completamente libres. Esas cadenas avanzaban dentro de la mente, sofocando la habilidad de la mayoría de los seres humanos a tener un entendimiento claro de nuestro mundo. Sofocados, los trabajadores (quienes antes eran simpatizantes de movimientos socialistas y comunistas) se acercaron al fascismo. Llegaron a los partidos fascistas no por claridad, escribió Gramsci, sino por su conciencia contradictoria.
Por un lado, personas que pasan la mayor parte de su tiempo trabajando desarrollan una comprensión de la “transformación práctica del mundo”. Este marco está implícito en la actividad de los trabajadores, ya que el/la trabajador/a —dado el robo de su tiempo— a menudo se ve impedido/a de tener una “conciencia teórica clara de esta actividad práctica”. Por otro lado, el/la trabajador/a ha “heredado del pasado y ha absorbido acríticamente” una serie de ideas y prácticas que ayudan a moldear su acercamiento al mundo. Estas ideas y prácticas provienen de todo tipo de instituciones, como del aparato educacional del Estado, de instituciones religiosas y de las industrias culturales. Esas ideas heredadas no clarifican la experiencia práctica de los trabajadores, pero sin embargo ayudan a formar su visión de mundo. Es a esta dualidad a la que Gramsci llama “conciencia contradictoria”.
Si se acepta la perspectiva de Gramsci, entonces la lucha sobre la conciencia —la lucha ideológica— es una necesidad material. Para generaciones de trabajadores, los sindicatos, los partidos políticos de izquierda, y las formaciones culturales de izquierda proporcionaron las “escuelas” para elaborar y conectar la conciencia de los trabajadores y entregar una comprensión poderosa del mundo, la claridad para ver las cadenas que debían romperse. A lo largo de los últimos cuarenta años, por una serie de razones que identificamos en nuestro primer Documento de Trabajo, la afiliación sindical ha disminuido como también ha sucedido con los partidos políticos de izquierda. Las “escuelas” de los trabajadores ya no están disponibles. La conciencia contradictoria es más difícil de elaborar, por lo que ha habido un desplazamiento de los trabajadores hacia las organizaciones de jerarquías sociales (basadas en divisiones sociales de religión, raza, casta y otras manifestaciones similares).
Estamos en tiempos difíciles, con la balanza de la historia favoreciendo a la extrema derecha, incluyendo a fuerzas que han dividido nuestras sociedades según estas jerarquías sociales como casta, raza, nacionalidad y religión. La globalización ha fragmentado la vida social y creado una situación precaria en la que las personas ya no están seguras de cómo ganarse la vida y ya no pueden tener una vida social enriquecedora. La crisis terminal de la globalización llegó con la crisis financiera general de 2007-2008. El agente de la globalización —el neoliberalismo— se había apoderado de los partidos socialdemócratas a lo largo del mundo y los había comprometido. Ahora el campo se abrió a una alternativa al bando de la globalización. Por una serie de razones históricas, la izquierda entró a esta fase profundamente debilitada tras la crisis financiera global. La ultraderecha, por otro lado, tenía dos ventajas. Primero, no tuvo que crear a su electorado. Su base le ha sido entregada por las jerarquías y las divisiones de la historia. Solamente utilizó esas divisiones a su favor, siendo una de las líneas de división la pertenencia religiosa. Segundo, la ultraderecha no necesitó abordar los verdaderos problemas de la época, tales como el desempleo estructural y la catástrofe climática, sino que podía simplemente estigmatizar al Otro (migrantes, minorías religiosas) como un modo de consolidar su poder.
El Instituto Tricontinental de Investigación Social organizó un seminario de dos días en Túnez (Túnez) sobre religión y política para desarrollar una evaluación del rol de la religión en el crecimiento de la extrema derecha. Durante la primera sesión los investigadores de nuestros equipos en Delhi (Subin Dennis and Pindiga Ambedkar), Johannesburg (Nontobeko Hlela), y São Paulo (Marco Fernandes) hicieron sus presentaciones sobre el rol de la religión en cada uno de sus contextos sociales y políticos. Tanto el equipo de Brasil como el de India hablaron sobre el crecimiento abrumador del conservadurismo plebeyo a través del ascenso de Hindutva (en India) y del Pentecostalismo (en Brasil). Plantearon, como señaló el intelectual marxista Aijaz Ahmad, que estas fuerzas de derecha fueron fundadas “en un principio extrañamente gramsciano de que el poder político duradero solo puede surgir sobre la base de una transformación y consentimiento cultural previos, y que este amplio consentimiento cultural con la doctrina de la extrema derecha solo puede construirse a lo largo de un largo proceso histórico, desde abajo hacia arriba”. En Sudáfrica, la autoridad duradera del Congreso Nacional Africano, mayor aunque no exclusivamente enraizada en formas seculares de política, y el fracaso de las iglesias en hacer una entrada decisiva a la política le han dado un respiro de estas tendencias al país.
Durante las otras sesiones, intelectuales y académicos militantes de Turquía a Argelia, de Marruecos a Sudán, presentaron sus visiones sobre el rol de los Hermanos Musulmanes, cuyas políticas son similares a las de el RSS de la extrema derecha en India y el movimiento pentecostalista en Brasil. Las presentaciones mostraron cómo los Hermanos Musulmanes —como movimiento de masas— ha usado su control sobre la educación para moldear la conciencia contradictoria de la clase trabajadora.
En los escritos tempranos de Karl Marx está la idea de que la religión es aquello a lo que los trabajadores recurren para tener cierto consuelo de la crudeza del capitalismo. Como Marx escribió en 1844, “La miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo descorazonado, y el alma de condiciones desalmadas. Es el opio del pueblo”. Es una afirmación poderosa, una que busca entender por qué el pueblo recurre a la religión. Hoy en día, sin embargo, esto no adecuado. Se necesita más. Necesitamos comprender cómo estas organizaciones se aprovechan de los problemas psicosociales que se han intensificado entre la clase trabajadora. Proveen servicios —aunque limitados— para sanar de los grandes estreses de nuestra época. Esa práctica terapéutica atrae a los trabajadores, necesitados de la comunidad y el bienestar social ofrecidos a través de estas organizaciones. Necesitamos una visión más robusta del rol de la religión en nuestro tiempo, que es lo que nuestra investigación espera producir.
¿Cuál es el antídoto para esas ideologías e instituciones de jerarquía social? Construir instituciones populares, incluyendo sindicatos y organizaciones comunitarias. Pero este es un desafío enorme en nuestra época, cuando las formaciones socialistas se están atrofiando rápidamente. Es por esto que nuestros investigadores de Delhi fueron a conversar con K. Hemalata, la presidenta de la Central de Sindicatos de la India (CITU). Esta entrevista constituye nuestro Dossier 18 de julio, La única respuesta es movilizar a los trabajadores. Recomendamos encarecidamente que lo lean, estudien y hagan circular. Hemalata llega a su puesto en el sindicato a partir de su liderazgo en la Federación de Trabajadores y Ayudantes Anganwadi (cuidado infantil) de toda la India. Termina la entrevista con la potente frase que es su título: la única respuesta es movilizar a los trabajadores. Esta afirmación calentaría el corazón de Godavari Parulekar, la líder comunista india que pasó su vida construyendo ciudadelas para la clase trabajadora en las fábricas y los campos.
Más del 90% de los trabajadores en India están en el sector informal, la mayoría sin posibilidad de sindicalización. CITU tiene seis millones de miembros, un número considerable pero aún insuficiente en un país con 1.300 millones de personas. Durante las últimas décadas CITU ha desarrollado una serie de estrategias para organizar a los trabajadores informales, ya sean trabajadores de cuidado infantil o trabajadores en pequeñas fábricas. Hemalata habla enérgicamente sobre la necesidad de que los sindicatos se ocupen de cuestiones de jerarquía social (patriarcado, casta y fundamentalismo) y organicen a los trabajadores donde viven, no solo donde trabajan. Habla sobre la necesidad de organizar no solo a los trabajadores, sino a las comunidades en las que viven. La claridad ideológica y la flexibilidad organizativa de CITU le han permitido construir una federación fuerte, que ha estado dirigiendo las grandes huelgas generales que han convulsionado la política india, algunas con más de 200 millones de trabajadores en huelga.
Las cosas siguen graves. Las lluvias han comenzado en India. Esto ha traído un respiro de las catastróficas olas de calor que han cobrado la vida de trabajadores de la construcción y la agricultura. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de publicar un informe sobre las dificultades de trabajar en un planeta cada vez más caliente. Pero las recomendaciones de la OIT son débiles: más mecanización y más desarrollo de habilidades. El antídoto real a largo plazo es una mejor política para detener la catástrofe climática que se haga cargo de la raíz del problema: un sistema económico brutal (el capitalismo) que busca reproducir capital a costa del planeta y sus habitantes. A corto plazo, el antídoto es prevenir el trato abusivo a los trabajadores mediante el fomento a los sindicatos y otras formas de organización de la clase trabajadora. En Kerala (India), el gobierno del Frente Democrático de Izquierda apresuradamente prohibió el trabajo desde las 11 a. m. hasta las 3 p. m., para darle un descanso del calor a los trabajadores (por favor vean mi informe). Se necesitan soluciones y estrategias más creativas para enfrentar un sistema que está arriesgando destruir el planeta y aquellos que trabajan y viven en él.
Vijay Prashad Historiador y periodista indio, autor de numerosas obras, entre ellas 'The Darker Nations: A People’s History of the Third World and The Poorer Nations: A Possible History of the Global South', ha sido profesor del Trinity College y actualmente es director del Instituto Tricontinental en Delhi.
Fuente:
https://www.thetricontinental.org/es/newsletterissue/boletin-27-2019-la-religion-es-el-suspiro-de-la-criatura-oprimida/
06/07/2019
Sentado en una celda de una cárcel fascista en Italia, Antonio Gramsci se preguntaba sobre un problema que enfrentaban comunistas como él. En El manifiesto comunista (1848), Karl Marx y Friedrich Engels escribieron: “los trabajadores no tienen nada que perder salvo sus cadenas. Tienen un mundo que ganar”. Pero estas cadenas no eran meramente lazos materiales, las cadenas de la miseria que impedían que aquellos que no poseían propiedad, aparte de su propia habilidad para trabajar, fueran completamente libres. Esas cadenas avanzaban dentro de la mente, sofocando la habilidad de la mayoría de los seres humanos a tener un entendimiento claro de nuestro mundo. Sofocados, los trabajadores (quienes antes eran simpatizantes de movimientos socialistas y comunistas) se acercaron al fascismo. Llegaron a los partidos fascistas no por claridad, escribió Gramsci, sino por su conciencia contradictoria.
Por un lado, personas que pasan la mayor parte de su tiempo trabajando desarrollan una comprensión de la “transformación práctica del mundo”. Este marco está implícito en la actividad de los trabajadores, ya que el/la trabajador/a —dado el robo de su tiempo— a menudo se ve impedido/a de tener una “conciencia teórica clara de esta actividad práctica”. Por otro lado, el/la trabajador/a ha “heredado del pasado y ha absorbido acríticamente” una serie de ideas y prácticas que ayudan a moldear su acercamiento al mundo. Estas ideas y prácticas provienen de todo tipo de instituciones, como del aparato educacional del Estado, de instituciones religiosas y de las industrias culturales. Esas ideas heredadas no clarifican la experiencia práctica de los trabajadores, pero sin embargo ayudan a formar su visión de mundo. Es a esta dualidad a la que Gramsci llama “conciencia contradictoria”.
Si se acepta la perspectiva de Gramsci, entonces la lucha sobre la conciencia —la lucha ideológica— es una necesidad material. Para generaciones de trabajadores, los sindicatos, los partidos políticos de izquierda, y las formaciones culturales de izquierda proporcionaron las “escuelas” para elaborar y conectar la conciencia de los trabajadores y entregar una comprensión poderosa del mundo, la claridad para ver las cadenas que debían romperse. A lo largo de los últimos cuarenta años, por una serie de razones que identificamos en nuestro primer Documento de Trabajo, la afiliación sindical ha disminuido como también ha sucedido con los partidos políticos de izquierda. Las “escuelas” de los trabajadores ya no están disponibles. La conciencia contradictoria es más difícil de elaborar, por lo que ha habido un desplazamiento de los trabajadores hacia las organizaciones de jerarquías sociales (basadas en divisiones sociales de religión, raza, casta y otras manifestaciones similares).
Estamos en tiempos difíciles, con la balanza de la historia favoreciendo a la extrema derecha, incluyendo a fuerzas que han dividido nuestras sociedades según estas jerarquías sociales como casta, raza, nacionalidad y religión. La globalización ha fragmentado la vida social y creado una situación precaria en la que las personas ya no están seguras de cómo ganarse la vida y ya no pueden tener una vida social enriquecedora. La crisis terminal de la globalización llegó con la crisis financiera general de 2007-2008. El agente de la globalización —el neoliberalismo— se había apoderado de los partidos socialdemócratas a lo largo del mundo y los había comprometido. Ahora el campo se abrió a una alternativa al bando de la globalización. Por una serie de razones históricas, la izquierda entró a esta fase profundamente debilitada tras la crisis financiera global. La ultraderecha, por otro lado, tenía dos ventajas. Primero, no tuvo que crear a su electorado. Su base le ha sido entregada por las jerarquías y las divisiones de la historia. Solamente utilizó esas divisiones a su favor, siendo una de las líneas de división la pertenencia religiosa. Segundo, la ultraderecha no necesitó abordar los verdaderos problemas de la época, tales como el desempleo estructural y la catástrofe climática, sino que podía simplemente estigmatizar al Otro (migrantes, minorías religiosas) como un modo de consolidar su poder.
El Instituto Tricontinental de Investigación Social organizó un seminario de dos días en Túnez (Túnez) sobre religión y política para desarrollar una evaluación del rol de la religión en el crecimiento de la extrema derecha. Durante la primera sesión los investigadores de nuestros equipos en Delhi (Subin Dennis and Pindiga Ambedkar), Johannesburg (Nontobeko Hlela), y São Paulo (Marco Fernandes) hicieron sus presentaciones sobre el rol de la religión en cada uno de sus contextos sociales y políticos. Tanto el equipo de Brasil como el de India hablaron sobre el crecimiento abrumador del conservadurismo plebeyo a través del ascenso de Hindutva (en India) y del Pentecostalismo (en Brasil). Plantearon, como señaló el intelectual marxista Aijaz Ahmad, que estas fuerzas de derecha fueron fundadas “en un principio extrañamente gramsciano de que el poder político duradero solo puede surgir sobre la base de una transformación y consentimiento cultural previos, y que este amplio consentimiento cultural con la doctrina de la extrema derecha solo puede construirse a lo largo de un largo proceso histórico, desde abajo hacia arriba”. En Sudáfrica, la autoridad duradera del Congreso Nacional Africano, mayor aunque no exclusivamente enraizada en formas seculares de política, y el fracaso de las iglesias en hacer una entrada decisiva a la política le han dado un respiro de estas tendencias al país.
Durante las otras sesiones, intelectuales y académicos militantes de Turquía a Argelia, de Marruecos a Sudán, presentaron sus visiones sobre el rol de los Hermanos Musulmanes, cuyas políticas son similares a las de el RSS de la extrema derecha en India y el movimiento pentecostalista en Brasil. Las presentaciones mostraron cómo los Hermanos Musulmanes —como movimiento de masas— ha usado su control sobre la educación para moldear la conciencia contradictoria de la clase trabajadora.
En los escritos tempranos de Karl Marx está la idea de que la religión es aquello a lo que los trabajadores recurren para tener cierto consuelo de la crudeza del capitalismo. Como Marx escribió en 1844, “La miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo descorazonado, y el alma de condiciones desalmadas. Es el opio del pueblo”. Es una afirmación poderosa, una que busca entender por qué el pueblo recurre a la religión. Hoy en día, sin embargo, esto no adecuado. Se necesita más. Necesitamos comprender cómo estas organizaciones se aprovechan de los problemas psicosociales que se han intensificado entre la clase trabajadora. Proveen servicios —aunque limitados— para sanar de los grandes estreses de nuestra época. Esa práctica terapéutica atrae a los trabajadores, necesitados de la comunidad y el bienestar social ofrecidos a través de estas organizaciones. Necesitamos una visión más robusta del rol de la religión en nuestro tiempo, que es lo que nuestra investigación espera producir.
¿Cuál es el antídoto para esas ideologías e instituciones de jerarquía social? Construir instituciones populares, incluyendo sindicatos y organizaciones comunitarias. Pero este es un desafío enorme en nuestra época, cuando las formaciones socialistas se están atrofiando rápidamente. Es por esto que nuestros investigadores de Delhi fueron a conversar con K. Hemalata, la presidenta de la Central de Sindicatos de la India (CITU). Esta entrevista constituye nuestro Dossier 18 de julio, La única respuesta es movilizar a los trabajadores. Recomendamos encarecidamente que lo lean, estudien y hagan circular. Hemalata llega a su puesto en el sindicato a partir de su liderazgo en la Federación de Trabajadores y Ayudantes Anganwadi (cuidado infantil) de toda la India. Termina la entrevista con la potente frase que es su título: la única respuesta es movilizar a los trabajadores. Esta afirmación calentaría el corazón de Godavari Parulekar, la líder comunista india que pasó su vida construyendo ciudadelas para la clase trabajadora en las fábricas y los campos.
Más del 90% de los trabajadores en India están en el sector informal, la mayoría sin posibilidad de sindicalización. CITU tiene seis millones de miembros, un número considerable pero aún insuficiente en un país con 1.300 millones de personas. Durante las últimas décadas CITU ha desarrollado una serie de estrategias para organizar a los trabajadores informales, ya sean trabajadores de cuidado infantil o trabajadores en pequeñas fábricas. Hemalata habla enérgicamente sobre la necesidad de que los sindicatos se ocupen de cuestiones de jerarquía social (patriarcado, casta y fundamentalismo) y organicen a los trabajadores donde viven, no solo donde trabajan. Habla sobre la necesidad de organizar no solo a los trabajadores, sino a las comunidades en las que viven. La claridad ideológica y la flexibilidad organizativa de CITU le han permitido construir una federación fuerte, que ha estado dirigiendo las grandes huelgas generales que han convulsionado la política india, algunas con más de 200 millones de trabajadores en huelga.
Las cosas siguen graves. Las lluvias han comenzado en India. Esto ha traído un respiro de las catastróficas olas de calor que han cobrado la vida de trabajadores de la construcción y la agricultura. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de publicar un informe sobre las dificultades de trabajar en un planeta cada vez más caliente. Pero las recomendaciones de la OIT son débiles: más mecanización y más desarrollo de habilidades. El antídoto real a largo plazo es una mejor política para detener la catástrofe climática que se haga cargo de la raíz del problema: un sistema económico brutal (el capitalismo) que busca reproducir capital a costa del planeta y sus habitantes. A corto plazo, el antídoto es prevenir el trato abusivo a los trabajadores mediante el fomento a los sindicatos y otras formas de organización de la clase trabajadora. En Kerala (India), el gobierno del Frente Democrático de Izquierda apresuradamente prohibió el trabajo desde las 11 a. m. hasta las 3 p. m., para darle un descanso del calor a los trabajadores (por favor vean mi informe). Se necesitan soluciones y estrategias más creativas para enfrentar un sistema que está arriesgando destruir el planeta y aquellos que trabajan y viven en él.
Vijay Prashad Historiador y periodista indio, autor de numerosas obras, entre ellas 'The Darker Nations: A People’s History of the Third World and The Poorer Nations: A Possible History of the Global South', ha sido profesor del Trinity College y actualmente es director del Instituto Tricontinental en Delhi.
Fuente:
https://www.thetricontinental.org/es/newsletterissue/boletin-27-2019-la-religion-es-el-suspiro-de-la-criatura-oprimida/
domingo, 28 de octubre de 2018
Tu No Sabes. Maria Bethânia., canción
Tu No Sabes
Maria Bethânia
Tú que no sabes cuanta cosa yo haría
Por verte sonreír
Y tú no sabes hasta dónde llegaría
Para que seas feliz
Yo llegaría
Adonde van mis pensamientos
Encontraría una palabra que no existe
Para decirte en este verso casi triste
Lo muy grande que es mi amor
Y tú no sabes que las ansias de tu corazón
Son tanto para mí
Que sí hay razones
Para contestar que no
Yo siempre te digo sí
Y aunque a veces realidades me limiten
Las fantasías de mis sueños me permiten
Que yo haga más de las locuras
Que yo hice para que seas feliz.
Tú que no sabes
Que te amo tanto
Y la verdad es que
Mi amor no sabes cuanto.
Y cada día te quiero más.
Y solo yo sé lo que siento si no estás.
Tú que no sabes cuanta cosa yo haría
Por hacerte sentir
Que tan inmenso es
Mi amor y mi alegría
De verte sonreír
Mas si es preciso
Yo haría tanto más
Aunque yo sufra
Aún así yo soy capaz
De mucho más.
De las locuras que ya hice
Para que seas feliz
Maria Bethânia
Tú que no sabes cuanta cosa yo haría
Por verte sonreír
Y tú no sabes hasta dónde llegaría
Para que seas feliz
Yo llegaría
Adonde van mis pensamientos
Encontraría una palabra que no existe
Para decirte en este verso casi triste
Lo muy grande que es mi amor
Y tú no sabes que las ansias de tu corazón
Son tanto para mí
Que sí hay razones
Para contestar que no
Yo siempre te digo sí
Y aunque a veces realidades me limiten
Las fantasías de mis sueños me permiten
Que yo haga más de las locuras
Que yo hice para que seas feliz.
Tú que no sabes
Que te amo tanto
Y la verdad es que
Mi amor no sabes cuanto.
Y cada día te quiero más.
Y solo yo sé lo que siento si no estás.
Tú que no sabes cuanta cosa yo haría
Por hacerte sentir
Que tan inmenso es
Mi amor y mi alegría
De verte sonreír
Mas si es preciso
Yo haría tanto más
Aunque yo sufra
Aún así yo soy capaz
De mucho más.
De las locuras que ya hice
Para que seas feliz
domingo, 21 de octubre de 2018
_- La alianza de Trump con descuartizadores, escuadrones de la muerte y asesinos de niños: Arabia Saudí, Brasil e Israel
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
Introducción
Las últimas semanas, la Casa Blanca ha estrechado sus lazos con la versión contemporánea de los regímenes más crueles del mundo. El presidente Trump ha dado por buenas las explicaciones del “Príncipe de la Muerte” de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, que se ha graduado al pasar de cortar manos y cabezas en las plazas públicas a descuartizar cuerpos en consulados en el extranjero, el caso de Jamal Kashoggi.
Por otro lado, la Casa Blanca ha saludado calurosamente el triunfo electoral del candidato brasileño a la presidencia Jair Bolsonaro, ardiente defensor de torturadores, dictadores militares, escuadrones de la muerte y el libre mercado.
El presidente Trump se postra ante Israel y se jacta de esa relación, mientras su guía espiritual, Benjamin Netanyahu celebra el Sabbat con el asesinato y la mutilación de cientos de palestinos desarmados, especialmente jóvenes.
Estos son los “aliados naturales” de Trump. Todos ellos comparten valores e intereses, aunque cada uno tiene su método personal para deshacerse de los cadáveres de sus adversarios y disidentes.
Vamos a proceder a abordar el contexto político y económico general en el que actúa este trío de monstruos. Analizaremos las ventajas y los beneficios que llevan al presidente Trump a ignorar e incluso elogiar acciones que violan los valores y sensibilidades democráticos de Estados Unidos.
Para concluir, examinaremos las consecuencias y los riesgos resultantes de esta aceptación incondicional del trío de asesinos.
Contexto de la Triple Alianza de Trump
Los estrechos lazos del presidente Trump con los regímenes más despreciables del mundo parten de diversos intereses estratégicos. En el caso de Arabia Saudí, estaríamos hablando de las bases militares, la financiación de mercenarios y terroristas internacionales, las ventas multimillonarias de armas, los beneficios petroleros y las alianzas secretas con Israel contra Siria, Irán y Yemen.
Con el fin de conservar los beneficios que proporciona la relación con la monarquía saudí, la Casa Blanca está más que dispuesta a asumir ciertos costes sociopolíticos.
Estados Unidos está encantado de vender armamento y proporcionar asesores a la invasión genocida saudí al Yemen, que ha provocado la muerte de miles de yemeníes y el hambre de millones. La alianza de la Casa Blanca contra Yemen proporciona pocas recompensas económicas o ventajas políticas y tiene un valor propagandístico negativo, pero, a falta de otros estados clientelistas poderosos en la región, Washington se contenta con el príncipe Salman, “el descuartizador”.
Estados Unidos prefiere ignorar la financiación saudí a los terroristas islamistas opuestos a sus aliados en Asia (Filipinas) y Afganistán así como de las facciones rivales en Siria y Libia.
Por desgracia, el asesinato de un colaborador simpatizante de EE.UU, el periodista del Washington Post residente en EE.UU., Jamal Kashoggi, ha obligado al presidente Trump a iniciar un simulacro de investigación con el fin de distanciarse de la mafia de Riad. Posteriormente eximió al carnicero bin Salman inventando una historia sobre “elementos malvados” a cargo del interrogatorio (léase tortura) que le causó la muerte.
En Brasil, el presidente Trump celebró la victoria electoral de un neoliberal fascista, Jair Bolsonaro, porque coincide plenamente con sus prioridades: promete acabar con las regulaciones económicas y los impuestos corporativos a las multinacionales; es un ardiente defensor de la guerra económica de Trump contra Venezuela y Cuba; promete armar a los derechistas escuadrones de la muerte y militarizar a la policía; y garantiza secundar fielmente las políticas bélicas de EE.UU. en el extranjero.
No obstante, Bolsonaro no puede respaldar la guerra comercial de Trump, especialmente con China, receptora de casi el 40% de la agroindustria de exportación brasileña. Esto es así, principalmente, porque la élite de la agroindustria es uno de los principales apoyos financieros y en el Congreso de Bolsonaro.
Si tomamos en cuenta la escasa influencia de Washington en el resto de América Latina, el régimen neofascista de Brasil se convertiría en el principal aliado se Trump en la región.
Israel, por otro lado, es el principal mentor y jefe de operaciones en Oriente Próximo, además de un aliado militar estratégico.
Bajo el liderato de su primer ministro Benjamin Netanyahu, Israel se ha apoderado y ha colonizado la mayor parte de Cisjordania y ocupado militarmente el resto de Palestina; ha encarcelado y torturado a miles de disidentes políticos; ha cercado y provocado el hambre de un millón de gazatíes; y ha impuesto condiciones etno-religiosas para conseguir la ciudadanía israelí, negando los derechos básicos a más del 20% de los residentes árabes del supuesto “Estado judío”.
Netanyahu ha bombardeado cientos de pueblos, ciudades, aeropuertos y bases militares en apoyo de los terroristas del ISIS y los mercenarios occidentales. Israel interviene en las elecciones estadounidenses, compra los votos para el Congreso y se ha asegurado que la Casa Blanca reconozca Jerusalén como capital del Estado judío. Los sionistas de América del Norte y Reino Unido actúan como una quinta columna que garantiza la unánime cobertura informativa favorable a Israel y a sus políticas de apartheid.
El primer ministro Netanyahu se cerciora con ello del apoyo financiero y político incondicional de Estados Unidos y de tener a su alcance el armamento más avanzado.
A cambio, Washington se considera privilegiado por servir como soldado de a pie en las guerras diseñadas por Israel en Irak, Siria, Libia, Yemen y Somalia... e Israel colabora con EE.UU. en la defensa de Arabia Saudí, Egipto y Jordania. Netanyahu y sus aliados sionistas en la Casa Blanca consiguieron echar atrás el acuerdo nuclear con Irán e imponer a este país nuevas y más estrictas sanciones económicas.
Pero Israel tiene sus propios planes y es capaz de desafiar la política de sanciones de Trump con Rusia y su guerra comercial con China, pues está encantado de vender armamento e innovaciones tecnológicas a Pekín.
Mas allá del trío criminal
La alianza del régimen de Trump con Arabia Saudí, Israel y Brasil no se produce a pesar de su conducta criminal, sino a causa de la misma. Los tres estados tienen un historial comprobado de complicidad y participación activa en todas las guerras actuales promovidas por Estados Unidos.
Bolsonaro, Netanyahu y bin Salman sirven de modelo para otros líderes nacionales aliados con Washington en su cruzada de dominación mundial.
El problema es que este trío no basta para apuntalar la decisión de Washington de “fortalecer el imperio”. Como ya hemos señalado, el trío no está completamente de acuerdo con las guerras comerciales iniciadas por Trump: Arabia Saudí colabora con Rusia a la hora de fijar los precios del petróleo; Israel y Brasil hacen tratos con Pekín.
Está claro que Washington necesita otros aliados y clientes.
En Asia, la Casa Blanca se ha fijado otros objetivos para promover el separatismo étnico en China y anima a los uigures fomentando el terrorismo islamista y la propaganda lingüística. Trump apoya asimismo a Taiwán mediante ventas militares y acuerdos diplomáticos. Washington interviene en Hong Kong apoyando a los políticos separatistas y la propaganda mediática que a favor de la “independencia”.
Washington ha implementado una estrategia de cerco militar y guerra comercial contra China. La Casa Blanca ha conseguido juntar el apoyo de Japón, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas y Corea del Sur para apuntar a China desde las bases militares de dichos países. Sin embargo, por ahora no ha conseguido aliados para su guerra comercial. Ninguno de los supuestos aliados asiáticos de Trump respalda sus sanciones económicas.
Esos países son favorables al comercio y las inversiones de China y dependen de ellas. Aunque todos apoyan “de boquilla” a Washington y le proporcionan bases militares, difieren en temas tan importantes como la participación en las maniobras militares frente a las costas chinas y el boicot a Pekín.
Las iniciativas estadounidenses destinadas a sancionar y someter a Rusia se contrarrestan con los acuerdos petroleros y gasísticos vigentes entre Rusia, Alemania y otros países de la UE. Los lacayos tradicionales de Washington, como Gran Bretaña o Polonia, tienen poco peso político en este asunto.
Pero lo más importante es que la política de sanciones estadounidense ha provocado una alianza estratégica económica y militar a gran escala y de larga duración entre Moscú y Pekín.
Además, la alianza de Trump con el “trío de torturadores” ha creado divisiones internas. El asesinato saudí de un periodista residente en EE.UU. ha provocado boicots comerciales y llamamientos desde el Congreso a favor de tomar represalias. Asimismo, el candidato fascista de Brasil ha suscitado críticas liberales ante el encomio de Trump hacia la democracia de escuadrones de la muerte de Brasilia.
La oposición interna al presidente Trump ha conseguido movilizar a los medios de comunicación, lo que podría facilitarle una mayoría en el Congreso y una oposición de masas a esta versión pluto-populista (populista en su retorica, plutocrática en la práctica) de la construcción del imperio.
Conclusión
El proyecto de construcción imperial de Estados Unidos está cimentado sobre bravatas, bombas y guerras comerciales. Además, sus principales y más criminales aliados no son siempre de fiar. Hasta la fiesta del mercado de valores está a punto de terminar. La época de sanciones que sirven a sus objetivos está quedando atrás. Las broncas furibundas en la ONU provocan risas y bochorno.
La economía se enfrenta a nuevas crisis, no solo a causa del aumento de los tipos de interés. Las bajadas de impuestos son medidas que funcionan una sola vez: los beneficios se retiran y se embolsan. Cuando el presidente Trump inicie su retirada se dará cuenta de que no hay aliados permanentes, solo intereses permanentes.
A día de hoy, la Casa Blanca está sola y no cuenta con aliados que compartan y defiendan su imperio unipolar. La humanidad necesita dejar atrás las políticas de guerras y sanciones. La reconstrucción de Estados Unidos requerirá del nacimiento, desde abajo, de un movimiento popular potente que no esté en deuda con Wall Street o las industrias bélicas. Un primer paso sería romper con ambos partidos en el ámbito interno y con la triple alianza en el exterior.
jueves, 18 de octubre de 2018
Brasil: un país históricamente golpeado. La tragicomedia de errores de la primera vuelta en las elecciones del Brasil y el “¿Qué hacer?”, de Lenin, en la segunda vuelta.
Al leer y analizar la tragedia, Franz von Sickingen, en una carta fechada el 6/mar/1859, Karl Marx argumentó al respecto: la tragedia de Lassale tiene un error grave porque no ha sabido identificar el conflicto de base de aquel periodo histórico, que no se dio entre caballeros medievales y príncipes, sino entre campesinos y príncipes, ocurrido dos años después, entre 1524 y 1525.
Con ese argumento, el autor de El Capital (1867) nos proporcionó un verdadero axioma para el realismo estético: el acierto de la plasmación literaria de la historia como tragedia y de la tragedia como historia está en dependencia de la definición del conflicto que importa en una época dada, bajo el punto de vista de la lucha de clases.
Por consiguiente, errar el conflicto que define la tragedia de una época es incurrir en un error fatal, imperdonable, por el simple hecho de que el epicentro de la tragedia, no siendo visualizado ni debidamente representado, produce, como efecto, mistificaciones, equívocos evaluativos, desencuentros: una verdadera comedia de errores, tema, por ejemplo, de Don Quijote (1604/5), del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra.
En ese contexto, lo que habitualmente se llama tragicomedia, siendo la mezcla entre la tragedia y la comedia, cuando no se atiene al conflicto de base de una época dada, la tendencia que emerge es la transformación de dicho conflicto en tragicomedia: una tragedia figurada como comedia de los errores históricos acumulados.
Bajo ese punto de vista, la tragicomedia de la historia de la lucha de clases brasileña (y eso vale también para nuestra oligarquía, para nuestras Fuerzas Armadas...), como en el episodio de los molinos de viento de la novela Don Quijote, de Miguel de Cervantes, tiene que ver con el hecho de que tendencialmente hemos luchado contra blancos equivocados y, más allá, blancos producidos tácticamente para enredarnos y hacernos perder la cabeza, el corazón, en fin, el foco vital, en falsos conflictos, teniendo en cuenta la tragedia histórica que nos toca realmente: nuestro estatuto colonial.
Considerando los argumentos presentados, es posible señalar que la especificidad del conflicto de base de la lucha de clases brasileña tiene la siguiente configuración histórica: fuimos colonia de Portugal, de 1500 a 1822; de Inglaterra, entre 1822 y 1889; de EE.UU, considerando la Doctrina Monroe (1823), de 1889 hasta hoy. En ese sentido, el desafío histórico fundamental del pueblo brasileño, y, por extensión, de la Izquierda, no es otro sino este: independencia nacional (económica, política, militar, cultural, étnica, de género), con soberanía popular.
Por lo tanto, hace más de cien años los EE.UU someten al pueblo brasileño a un verdadero régimen de esclavitud, impidiendo su desarrollo económico, tecno-científico, su soberanía popular, cultural e histórica. En asociación con la no menos colonizada oligarquía interna, para ello, cada treinta años en promedio Tío Sam nos ha golpeado. El golpe de 1889, disfrazado con el advenimiento de la Primera República y el fin del Imperio. El golpe de 1930, que decretó el fin de la Primera República y el inicio de la Nueva República (nacida, como la anterior, golpeada). El golpe de 1954, con el desencadenamiento trágico marcado por el “suicidio” del presidente Getúlio Vargas. El golpe militar/mediático/empresarial de 1964, que fue, en rigor, la continuidad del golpe de 1930. Y el actual golpe jurídico/mediático/militar de 2016, que derribó a la presidente electa Dilma Rousseff.
Sin contar el hecho de que, en realidad, los golpes que hemos sufrido son continuos (como una permanente contrarrevolución), todos cumplieron el siguiente objetivo transversal: atacar la memoria económica, política, cultural (como el “incendio” del Museo de la UFRJ), sobre todo la de resistencia, que produjimos en los intersticios de los golpes. El primer efecto trágico de eso es: hemos sido un pueblo desmemoriado. El segundo efecto trágico (efecto del efecto, como una tragicomedia) es: a cada golpe nos volvemos más parecidos, de forma caricaturesca, con nuestro agresor. El tercer efecto (efecto del efecto del efecto) es: hemos tenido una relación de Ideal de Ego con el país que nos esclaviza. El cuarto efecto del efecto del efecto del efecto trágico es: ceguera histórica acumulada: lo que nos vuelve extremadamente vulnerables a la comedia de errores; a la tragicomedia de la lucha de clases contra los “molinos de viento”. Todo esto, se da igual en Colombia. Lo único que cambia es que hemos sido esclavos de menos países: España y EE.UU. De los otros, no nos hemos dado cuenta, jejeje. Ah, y que pocos han leído Don Quijote, jeje.
Un golpe por acumulación por destrucción del Estado brasileño
Nunca es tarde para recordar que el actual golpe fue protagonizado por la operación Lava Jato o Lava a Chorros, iniciada en marzo de 2014. Esta, imitando la operación Manos Limpias, en Italia, se asoció a los medios corporativos y, teniendo en cuenta el sistema jurídico brasileño, actuó y actúa fuera de la ley de comienzo a fin, sea en lo que se refiere a las conducciones coercitivas (todas ilegales); sea en lo que atañe a las prisiones preventivas (todas ilegales); sea en lo que toca a las delaciones premiadas, que deben cargar su lastre en pruebas objetivas y ser objeto del más absoluto secreto judicial, lo que efectivamente no ocurrió ni ocurre, una vez que la prueba ha sido lo que menos importa y que todo es usado, precisamente, para activar la “ametralladora giratoria” del sistema de calumnias de los medios corporativos, sin contar lo peor: la prueba tiende a ser la propia noticia: la calumnia.
Esto es, algo muy parecido a esa outra comedia (musical) de equivocaciones que es la canción Cowboy fora da lei, del rockero Raul Seixas, en la que el vaquero ya no es Bush II ni Obama (además, no hay vaqueros negros) pues ha sido reemplazado por un animador de reality shows, muy parecido a Hitler en sus acciones, ya no en el fenotipo, y también a Bolsonazi. En la letra solo hay que cambiar prefeito (alcalde) por presidente y se tiene a éste último de protagonista: “Mamãe, não quero ser prefeito/ Pode ser que eu seja eleito/ E alguém pode querer me assassinar/ Eu não preciso ler jornais/ Mentir sozinho eu sou capaz/ Não quero ir de encontro ao azar.” “Mamá, no quiero ser presidente/ Puede ser que yo sea elegido/ Y alguien pueda querer asesinarme/ No necesito leer periódicos/ Soy capaz de mentir solito/ No quiero ir contra el azar.” https://www.youtube.com/watch?v=4syrZTW2aiI
Considerando el golpe permanente, a la moda ‘Manual del Golpe’, de Gene Sharp, si en el ámbito de la sentencia televisada del Mensalão, en 2007 y 2008, el entonces presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, condenó, basado en lo que fue conocido como dominio del hecho y, por lo tanto, sin pruebas, algunos de los principales líderes petistas, como José Dirceu y José Genuíno, en el ámbito de la operación Lava Jato el dominio del hecho se transformó en acto de oficio indeterminado, justificando, de ese modo, la condena de Lula da Silva, igualmente sin pruebas, así como la propia economía brasileña, una vez que el combate a la corrupción nunca fue su verdadero blanco, sino más bien lo contrario: la operación Lava Jato sirvió de soporte para el saqueo de las grandes empresas brasileñas, ya no más por medio de las privatizaciones basadas en la acumulación por desposesión, para recordar la tesis de David Harvey de la década de 1990, sino por la acumulación por destrucción, con el objetivo de empujar al país hacia la categoría de países parias, bajo el punto de vista económico, tecno-científico y social.
En ese contexto, Bolsonazi no constituye una sorpresa. Así, no es verdad que los dueños de los medios de producción del golpe, EE.UU, prefiriesen un perfil de centro para dar continuidad al desgobierno Temer, como el candidato del PSDB, Geraldo Alckmin. Bolsonazi es el tipo escupido de la acumulación por destrucción del estado brasileño y, así, de su economía y de su sociedad. Bien entendido, él es la continuidad de la Propuesta de Enmienda Constitucional, PEC 55, que congeló los gastos del Estado brasileño por 20 años a partir del 2017, aunque fue aprobada en diciembre de 2016. http://www.lr21.com.uy/mundo/1313932-brasil-senado-aprueba-pec-55-gasto-publico
La tragicomedia de los errores de la resistencia al golpe y de la lucha contra Bolsonaro
El primer acto de resistencia, propiamente dicho, contra el actual golpe tuvo como bandera: “¡Fuera, Temer!”. Por medio de nuestra instituida ceguera histórica, que nos bloquea para avistar nuestro verdadero conflicto de base, nos dejamos llevar por una caricatura que no tenía ni tiene importancia alguna, por ser un cobarde corrupto chantajeado. Mientras tanto, la operación Lava Jato seguía destruyendo la economía brasileña y chantajeando no solo a toda la clase política, sino también a la propia jerarquía del judicial, incluyendo a los ministros del STF.
Mientras estaba suelto, Lula da Silva dio un show de resistencia consecuente. Sacó de escena el “¡Fuera, Temer!” y se concentró en una resistencia afirmativa, denunciando a sus perseguidores del poder judicial y llamando al pueblo común, que es más que la suma de sus partes, a votar a creer en el país y a luchar por la restitución de la soberanía nacional. Con eso, la operación Lava Jato sufrió un revés importante, en términos de apoyo popular e incluso el Partido de los Trabajadores, el blanco principal, recuperó parte de su imagen positiva, siendo anotado por todas las encuestas como el partido menos desgastado por la política fascista del falso combate a la corrupción.
Aunque consideremos que haberse entregado a sus verdugos “fuera de la ley” haya sido un error histórico, incluso después de su arresto, al insistir en la bandera “Elección sin Lula es fraude”, Lula consiguió poner en suspenso la actual elección tutelada por los golpistas (nunca fue tan posible la existencia de fraude en la urna electrónica), razón por la cual, incluso preso, su popularidad continuó en aumento, abonando a su vez la victoria en la primera vuelta, con amplia ventaja, de acuerdo con todas las encuestas, si pudiera presentarse.
En ese contexto, la tragedia de la lucha de clases brasileña, aunque de forma errante y titubeante, estaba enfrentando el conflicto histórico que importa, a saber: los articuladores internos del golpe, al servicio del Tío Sam, fueron visualizados por primera vez, por medio de la resistencia al golpe, resistencia protagonizada por Lula da Silva.
Sobre todo después de la decisión favorable de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que legitimó el derecho de Lula a ser candidato, a nuestro entender la decisión más acertada del PT habría sido mantener su candidatura hasta el final, poniendo así en suspenso unos comicios tutelados por los golpistas y que tienen como objetivo legitimar, vía urnas, el golpe dado a Dilma en 2016. Esa decisión, si se llevara a cabo, no obstante el efecto negativo de hacer que el PT no presentara candidato a la presidencia para los actuales comicios, contribuiría de forma fundamental a liberar el camino a Ciro Gomes, el candidato del Partido Democrático Laborista (PDT, en portugués, por Trabalhista), anotado en las encuestas como el más votado para derrotar a Bolsonazi en la segunda vuelta.
Sin embargo, como las decisiones políticas no siempre son maquiavélicas y las cosas son lo que resultaron y no lo que deseamos, la escogencia de Fernando Haddad, del PT (como cabeza de chapa) y Manuela d’Ávila, del PCdoB (como vice) enfrentó el primer desafío, el de la transferencia de votos del lulismo. En ese contexto, en las dos primeras semanas en que Haddad se presentó como candidato de Lula, el traslado de votos de éste para aquél no paraba de crecer, lo que hizo a aquél aproximarse, en las encuestas de intención de voto, a Bolsonazi, con una nítida tendencia a sobrepasarlo ya en la primera vuelta.
Una alerta roja, en el doble sentido del término, fue encendida entre los administradores del golpe: era necesario detener la transferencia de votos de Lula a Haddad, lo que fue hecho al mismo tiempo, por medio de los siguientes procedimientos:
Callar (y ya se sabe que, de acuerdo con Lyotard, “mandar a callar es como mandar a matar”) a Lula da Silva de cualquier manera, impidiendo cualquier entrevista con él, aunque tal decisión sea absolutamente inconstitucional: al cabo, golpe es golpe; La apropiación del autodeclarado apartidario movimiento “Él No”, aprovechándose de su marca de género para transformarlo en guerra de los sexos, repitiendo así la guerra de las razas del siglo XIX: entonces, no se hablaba de la única raza que hay, la humanidad; La divulgación criminal, hecha directamente por el “juez” (otro cowboy fora da lei) Sérgio Moro, de delaciones sin pruebas de Antônio Palocci, ex ministro de Lula y de Dilma Rousseff, contra éstos últimos;
Entrevista exclusiva, y no menos ilegal, al candidato Jair Bolsonazi realizada por un canal de TV de la Iglesia Universal del Reino de Dios, la Record, en el mismo horario y día del último debate entre los candidatos, hecho por TV Globo, con la ausencia de Jair Bolsonazi; Con rarísimas excepciones, la entrada en escena de las Iglesias Pentecostales del Brasil, con sus pastores no solo declarando su voto por el candidato del golpe, sino, más allá de eso, transformándolas, las Iglesias, en verdaderos comités o jihads de los evangélicos contra el candidato profano de la supuesta diversidad sexual;
Toda esa “jihad” (o guerra no santa) antipetista fue activada por medio de algoritmos instalados en soportes como Watts y redes (anti)sociales, multiplicando, así, memes caricaturescos, en el ámbito de la “lucha de los sexos”, con el objeto doble de detener las transferencias de voto de Lula a Haddad y, también, de incorporar las clases populares lulistas a la campaña del (b)andidato del golpe.
Ese conjunto de factores, como una bomba, activó una ola pro-Bolsonazi en vísperas de los comicios, transformando el “Ele Não” en “PT Não”, alimentando, así, de miedo y de odio, a millones de electores que votarían por Lula da Silva, pero que efectivamente no votaron por Fernando Haddad. Esa situación —una verdadera guerra híbrida contra la transferencia de votos de Lula a Haddad— no solo consiguió parar esa transferencia, sino también hacerla migrar al candidato de los golpistas, lo que explica la derrota de candidatos que estaban al frente de las encuestas, como Dilma Rousseff, quien concurría al senado por Minas Gerais, así como Fernando Pimentel, que aspiraba al gobierno de Minas; y también el combativo senador Roberto Requião, quien disputaba su reelección al senado por el Estado de Paraná, más allá de “ene” casos más... sin contar la emergencia del hasta entonces inexpresivo partido de Jair Bolsonazi, Partido Social Liberal (una imitación del partido de Hitler), que logró transformarse en la segunda mayor bancada de la Cámara de Diputados, formando mayoría con otras siglas inexpresivas, empujadas por la misma ola fascista que los factores de guerra híbrida ya descritos han motivado.
Evidentemente, la ola fascista solo fue posible por dos motivos y el primero es el más obvio: callar a Lula y sustituir la lucha de clases anti-colonial brasileña por la tragicomedia de los errores, que son desvíos de desvíos de nuestro conflicto histórico de base, ya analizados en este ensayo. El segundo motivo es: al no enfrentar la lucha de clases a partir de nuestro conflicto de base, pero por el sesgo de la tragicomedia de los errores históricos de la ceguera brasileña, los candidatos del PT con más chance de ganar, así como el propio Haddad, quedaron a la defensiva, favorecendo, así, la ola fascista pro-Bolsonazi que ocurrió en vísperas de los comicios, con su desenlace en el último domingo, precisamente, el día de la elección de la primera vuelta.
Conclusiones
Los administradores internos del golpe, con el epicentro en la operación Lava Jato, muy probablemente van a entrar en escena nuevamente en la segunda vuelta de las elecciones brasileñas, activando el fascismo del poder judicial contra la candidatura de Haddad. Todo puede suceder; lo peor, lo que significa que no está fuera del escenario la conducción coercitiva, seguida de prisión preventiva, de líderes petistas como la propia Dilma Rousseff, si dedujeran que eso tendría un impacto positivo a favor del candidato del golpe y de los golpistas.
Como estamos en el meollo de la tragedia de la colonización brasileña, no hay otra salida: Haddad necesita evitar a toda costa la tragicomedia de los errores, muchas veces activada por los propios administradores del golpe, para enfocar lo que realmente interesa: denunciar el golpe; como no es posible pensar la táctica ni la estrategia para la segunda vuelta, sin una crítica objetiva a los errores cometidos en la primera, pensamos lo siguiente al respecto:
1. El mayor error en la primera vuelta fue no haber enfrentado la injusticia de la estructura judicial. Ese fue y será el tema que los golpistas esgrimieron y esgrimirán y el PT quedó a la absoluta defensiva. Para el pueblo (no solo brasileño), Lula preso es señal de que cometió crimen de corrupción de hecho... no sin aclarar aquí, desde luego, que no se le metió a la cárcel por ningún delito y, menos, con prueba alguna en su contra: de eso hay suficientes documentos y testimonios, como los que aquí se adjuntan: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=240470 y http://www.rebelion.org/noticia.php?id=240897.
Es necesario desenmascarar esa injusticia enfocándose en la “justicia”, denunciando a Bolsonazi por sus tantos delitos (como el de usar testaferros para hacerse, con sus tres hijos, a 13 inmuebles en Rio de Janeiro, a través del programa “Minha Casa” de Lula) y, de paso, mostrando, por a+b, que Lula está preso injustamente y que, además, es un preso político: lo que no es cualquier cosa, sino un argumento jurídico, legal y constitucional que, de paso, denota violación del DIH (caso ONU decretando su libertad y venales jueces brasileños negándola) y del Estado de derecho, así como de la Ley brasileña. https://veja.abril.com.br/blog/sensacionalista/bolsonaro-anuncia-o-projeto-minhas-casas-minha-vida/.
Es necesario relacionar la estructura judicial al golpe y a la profundización de la crisis económica. Es necesario martillar en el mismo clavo o repetir hasta el cansancio, que la operación Lava Jato desempleó a millones de brasileños. Es necesario explicar al pueblo (también al colombiano y demás pueblos del mundo) cuál es el problema histórico de Brasil: su estatuto colonial. Es necesario comparar a Lula con Tiradentes, con Getúlio Vargas, con Juscelino Kubitschek;
2. Otro error grave fue el desvio del tema de la lucha de clases hacia el tema de la guerra de géneros, teniendo en cuenta la especificidad del caso brasileño, que en casi nada, a propósito, difiere del caso colombiano. Vimos que ese desvio no agrega votos y favorece tremendamente la candidatura del adversario: es el tema preferido por el nazi-fascismo;
3. Faltó, también en la primera vuelta, una crítica incisiva a la biografía política del adversario de la segunda, para mostrar cuál es su verdadero rostro, no el que se les quiere vender a los brasileños por parte de sus amigos fascistas/golpistas: puesto que, por contraste, se trata de un político que odia al trabajador, que votó para liquidar los derechos laborales y que buscará acabar con la jubilación del pueblo brasileño.
Como en Colombia ya empieza a hacerlo el MinFinca, no MinHacienda, Alberto Carraspillo, no Carrasquilla, atendiendo las “recomendaciones” del FMI y siguiendo los lineamientos del, en su orden, presidente y subpresidente Uribe/Duque, dado que, para completar la faena criminal, el primero de éstos sostiene que hay que elevar la edad de jubilación, en tanto, para él y solo para él, la edad promedio de las mujeres es mayor que la de los hombres (dato que se extrapoló al garete del reciente y manipulado censo) y que, por ende, dicha jubilación es insostenible. La única jubilación viable, en tal sentido y por ahora, sería la jubilación política del (b)andidato Bolsonazi y no por razones exiguas, sino de alto contenido jurídico y socio/político: los delitos ya citados y su peligrosísimo carácter racista, xenófobo, sexista, misógino y apologista de la tortura. En suma, un auténtico enajenado de lo que se conoce como la condición humana y, por contraste, lo más cercano a la desnaturalización del tipo Uribe/Trump/Peña Nieto/Temer/Piñera.
En fin, en ambos casos, el de Brasil y el de Colombia, también por ahora, no queda otra salida que irnos a la lucha de clases. Con voluntad y sin dilaciones. Se sabe que el enemigo no duerme: bueno, tampoco puede hacerlo por su rol hierático/hienático. Sus viles funciones se lo impiden. En cambio, a Haddad, le queda reivindicar la figura de Lula a través de su decidida/decisiva vocación de educador, político y, más que nada, humanista.
viernes, 9 de junio de 2017
Brasil: El desmembramiento del programa contra la esclavitud más famoso del mundo
El 28 de marzo inspectores federales llevaron a cabo una redada en una remota granja del río Araguaia, que bordea el límite oriental del bosque tropical del Amazonas en Brasil. Descubrieron a una familia de cinco personas, incluido un bebé, que vivían en un cobertizo de ganado con ratas, ranas y murciélagos. Carecían de retrete o agua potable y les habían pagado 550 dólares por dos años de trabajo agrícola. “Nunca imaginé que saldría de esta situación”, le dijo a los investigadores el patriarca de la familia, Luiz Cardoso da Silva, de 69 años. “Pensé que mi vida se terminaba aquí”. El caso lo llevan ahora los fiscales federales, que tienen pensado incoar proceso.
Desde 1995, Brasil ha dispuesto de uno de los programas más celebrados del mundo para el rescate de unos 161.000 esclavos modernos, aproximadamente, y castigar a las empresas que les maltratan. Pero con intereses empresariales estrechamente alineados con el presidente Michel Temer y facciones poderosas en el Congreso brasileño, estas protecciones se están viendo severamente minadas. Muchos elementos clave — una lista negra pública de empresas culpables y leyes laborales que permiten el castigo de grandes empresas por la actuación de contratistas — están amenazados. Se está recortando el número de inspectores federales que llevan a cabo las redadas. Y una proposición de ley intenta cambiar la definición de esclavitud, aboliendo en palabras buena parte de la misma. “Hoy tenemos en Brasil algunas de las leyes más avanzadas del mundo para combatir la esclavitud moderna”, declara a OZY Ronaldo Fleury, fiscal jefe laboral de Brasil. “Pero nos enfrentamos a una regresión de 130 años. Estamos hablando de tratar a la gente como seres humanos”.
Los esclavistas transportaron a casi cinco millones de africanos a Brasil — más de diez veces la cifra de los enviados a los Estados Unidos — desde el siglo XVI y hasta la abolición de la esclavitud en 1888. Desde 1995, equipos itinerantes de inspectores han liberado a casi 50.000 personas, como Cardoso da Silva y su familia, de “condiciones análogas a la esclavitud”, que es la amplia definición legal del país de trabajo forzado, servidumbre por deudas, condiciones degradantes que violan los derechos humanos o trabajo excesivo que pone en peligro la vida o la salud. La esclavitud es absolutamente preponderante en el bosque tropical amazónico, en los ranchos de ganado, en los campos de carbón vegetal y en la deforestación y tala ilegales de la selva. “Las escuadras móviles han sido enormemente eficaces”, declara Ginny Baumann, alto directivo de programas del Fondo para la Libertad, un organismo filantrópico privado dedicado a acabar con la esclavitud. “Pero la ‘lista sucia’ es la que ha puesto a Brazil por delante de cualquier otro país al desincentivar a las empresas”.
Esa lista negra pública de empresas a las que han pescado recurriendo a trabajo esclavo es hoy objeto de repetidos ataques. En diciembre de de 2014, un grupo de presión empresarial persuadió, según se supo, al Tribunal Supremo para que suspendiera la publicación de la lista, que servía para avergonzar a los transgresores y permitía sanciones tales como la retención de préstamos de bancos del Estado. La resolución se produjo tras una petición de la Asociación Brasileña de Promotores Inmobiliarios (Abrainc), que comprende muchas de las grandes empresas de construcción, entre ellas una filial de la macroempresa brasileña Odebrecht, la cual reconoció haber mantenido un programa masivo de sobornos y ha sido condenada asimismo por recurrir a trabajo esclavo. El mes pasado, la empresa se avino a pagar una multa de 9,5 millones de dólares por la forma en que trató a cuatrocientos trabajadores brasileños en la obra de construcción de un ingenio azucarero en Angola.
Ese fallo se anuló en mayo de 2016, pero el Ministerio de Trabajo declinó volver a publicar la lista, pese a que las Naciones Unidas le urgieran a ello. Sólo meses después de acciones legales por parte de fiscales laborales volvió a publicarse de nuevo sólo con 68 nombres. “El Ministerio de Trabajo ocasionó todos los problemas que pudo para evitar la publicación de la lista”, afirma Leonardo Sakamoto, coordinador de Repórter Brasil, una organización no gubernamental que hace campaña para erradicar la esclavitud“. Ahora los bancos públicos que se atenían a la lista ya no saben si es fiable o si seguirá publicándose en el futuro”.
Otro golpe fue el asestado el 31 de marzo, cuando el presidente Temer firmó un proyecto de ley que permite a las compañías subcontratar actividades centrales. El 92 % de los casos de trabajo esclavo implica subcontratación, lo mismo que ocho de cada diez accidentes industriales. La empresa española Zara, la mayor cadena de tiendas de ropa al por menor del mundo, ha reconocido que existía trabajo esclavo en la cadena de suministro que confeccionaba su ropa en Brasil en 2011. Vale, una multinacional brasileña que es la mayor productora del mundo de mineral de hierro, se enfrentaba también a acusaciones de que sus conductores subcontratados en una mina se vieron sometidos a condiciones “desagradables” y obligados a trabajar 23 horas sin parar, con una pausa de sólo 40 minutos.
La nueva ley hará más difícil que los tribunales juzguen responsable a una empresa grande si subcontrata sus actividades centrales a una firma a la que se descubra recurriendo a trabajo esclavo. “Está claro que existe una agenda empresarial detrás de estos cambios” afirma Fleury, el fiscal. “La subcontratación es condición necesaria de la existencia de trabajo esclavo”.
Quienes apoyan la ley, que tendrá efectos de amplio espectro sobre la economía y los derechos de los trabajadores de Brasil, afirman que ayudará reducir los trece millones de desempleados y contribuirá a la competitividad. “En modo alguno crea esta ley problema alguno para los trabajadores”, afirma el patrocinador del proyecto de ley, el diputado federal Laércio Oliveira. “Muy al contrario”.
Otra ley que se debate en el Congreso podría recortar de modo significativo la definición progresista de esclavitud, eliminando la mención de condiciones degradantes que violan los derechos humanos o de exceso de trabajo que amenaza la vida o la salud. Sólo se considerarían esclavitud las situaciones que presenten cautiverio, coacción o castigo.
En enero, un informe del Ministerio Público Federal de Brasil, un organismo de fiscales públicos, declaraba que el cambio representaba “una enorme regresión social, pues se retraía de una concepción moderna del trabajo esclavo, relegándola puramente a la noción clásica de esclavitud como restricción exclusivamente de la libertad física”.
Los inspectores de trabajo de Brasil, un elemento crucial en la lucha contra la esclavitud, también se han visto afectados por la campaña de austeridad que ha barrido el gobierno federal. El Ministerio de Trabajo dispone ahora sólo de cuatro unidades móviles de inspección, frente a las nueve de 2009. El número de esclavos rescatados ha ido también descendiendo constantemente, desde un máximo de 5.999 en 2007 a 749 en 2016, aunque el año pasado registró una prolongada huelga de inspectores. La cifra de inspectores también ha descendido de modo semejante, de 3.142 en 2008 a 2.450 en la actualidad, de acuerdo con el SINAIT, su sindicato nacional. “La lucha contra el trabajo esclavo sufrirá, por supuesto, las repercusiones de una cifra menor de inspectores”, afirma un portavoz.
Los activistas se preguntan cuánta presión más puede aguantar el sistema. “Estamos sufriendo una blitzkrieg de ataques simultáneamente”, dice Sakamoto, el coordinador de la ONG. “Sólo esperamos que podamos llegar a 2018 con la lucha contra la esclavitud todavía en marcha”.
Matt Sandy joven periodista británico formado en la Universidad de Warwick, trabajó como reportero para el dominical The Mail on Sunday. Radicado en Rio de Janeiro desde 2012, colabora frecuentemente con revistas como OZY o Time, y en medios como Al Jazeera America. En Brasil ha investigado casos como la lucha de los indígenas munduruku para preservar sus tierras amazónicas de un proyecto de presa hidroeléctrica, el escándalo de corrupción de la mina de oro de Serra Pelada o el asesinato de más de cincuenta indigentes sin techo en la ciudad de Goiânia.
Fuente: OZY, 28 de abril de 2017
Traducción: Lucas Antón
http://www.sinpermiso.info/textos/brasil-el-desmembramiento-del-programa-contra-la-esclavitud-mas-famoso-del-mundo
Desde 1995, Brasil ha dispuesto de uno de los programas más celebrados del mundo para el rescate de unos 161.000 esclavos modernos, aproximadamente, y castigar a las empresas que les maltratan. Pero con intereses empresariales estrechamente alineados con el presidente Michel Temer y facciones poderosas en el Congreso brasileño, estas protecciones se están viendo severamente minadas. Muchos elementos clave — una lista negra pública de empresas culpables y leyes laborales que permiten el castigo de grandes empresas por la actuación de contratistas — están amenazados. Se está recortando el número de inspectores federales que llevan a cabo las redadas. Y una proposición de ley intenta cambiar la definición de esclavitud, aboliendo en palabras buena parte de la misma. “Hoy tenemos en Brasil algunas de las leyes más avanzadas del mundo para combatir la esclavitud moderna”, declara a OZY Ronaldo Fleury, fiscal jefe laboral de Brasil. “Pero nos enfrentamos a una regresión de 130 años. Estamos hablando de tratar a la gente como seres humanos”.
Los esclavistas transportaron a casi cinco millones de africanos a Brasil — más de diez veces la cifra de los enviados a los Estados Unidos — desde el siglo XVI y hasta la abolición de la esclavitud en 1888. Desde 1995, equipos itinerantes de inspectores han liberado a casi 50.000 personas, como Cardoso da Silva y su familia, de “condiciones análogas a la esclavitud”, que es la amplia definición legal del país de trabajo forzado, servidumbre por deudas, condiciones degradantes que violan los derechos humanos o trabajo excesivo que pone en peligro la vida o la salud. La esclavitud es absolutamente preponderante en el bosque tropical amazónico, en los ranchos de ganado, en los campos de carbón vegetal y en la deforestación y tala ilegales de la selva. “Las escuadras móviles han sido enormemente eficaces”, declara Ginny Baumann, alto directivo de programas del Fondo para la Libertad, un organismo filantrópico privado dedicado a acabar con la esclavitud. “Pero la ‘lista sucia’ es la que ha puesto a Brazil por delante de cualquier otro país al desincentivar a las empresas”.
Esa lista negra pública de empresas a las que han pescado recurriendo a trabajo esclavo es hoy objeto de repetidos ataques. En diciembre de de 2014, un grupo de presión empresarial persuadió, según se supo, al Tribunal Supremo para que suspendiera la publicación de la lista, que servía para avergonzar a los transgresores y permitía sanciones tales como la retención de préstamos de bancos del Estado. La resolución se produjo tras una petición de la Asociación Brasileña de Promotores Inmobiliarios (Abrainc), que comprende muchas de las grandes empresas de construcción, entre ellas una filial de la macroempresa brasileña Odebrecht, la cual reconoció haber mantenido un programa masivo de sobornos y ha sido condenada asimismo por recurrir a trabajo esclavo. El mes pasado, la empresa se avino a pagar una multa de 9,5 millones de dólares por la forma en que trató a cuatrocientos trabajadores brasileños en la obra de construcción de un ingenio azucarero en Angola.
Ese fallo se anuló en mayo de 2016, pero el Ministerio de Trabajo declinó volver a publicar la lista, pese a que las Naciones Unidas le urgieran a ello. Sólo meses después de acciones legales por parte de fiscales laborales volvió a publicarse de nuevo sólo con 68 nombres. “El Ministerio de Trabajo ocasionó todos los problemas que pudo para evitar la publicación de la lista”, afirma Leonardo Sakamoto, coordinador de Repórter Brasil, una organización no gubernamental que hace campaña para erradicar la esclavitud“. Ahora los bancos públicos que se atenían a la lista ya no saben si es fiable o si seguirá publicándose en el futuro”.
Otro golpe fue el asestado el 31 de marzo, cuando el presidente Temer firmó un proyecto de ley que permite a las compañías subcontratar actividades centrales. El 92 % de los casos de trabajo esclavo implica subcontratación, lo mismo que ocho de cada diez accidentes industriales. La empresa española Zara, la mayor cadena de tiendas de ropa al por menor del mundo, ha reconocido que existía trabajo esclavo en la cadena de suministro que confeccionaba su ropa en Brasil en 2011. Vale, una multinacional brasileña que es la mayor productora del mundo de mineral de hierro, se enfrentaba también a acusaciones de que sus conductores subcontratados en una mina se vieron sometidos a condiciones “desagradables” y obligados a trabajar 23 horas sin parar, con una pausa de sólo 40 minutos.
La nueva ley hará más difícil que los tribunales juzguen responsable a una empresa grande si subcontrata sus actividades centrales a una firma a la que se descubra recurriendo a trabajo esclavo. “Está claro que existe una agenda empresarial detrás de estos cambios” afirma Fleury, el fiscal. “La subcontratación es condición necesaria de la existencia de trabajo esclavo”.
Quienes apoyan la ley, que tendrá efectos de amplio espectro sobre la economía y los derechos de los trabajadores de Brasil, afirman que ayudará reducir los trece millones de desempleados y contribuirá a la competitividad. “En modo alguno crea esta ley problema alguno para los trabajadores”, afirma el patrocinador del proyecto de ley, el diputado federal Laércio Oliveira. “Muy al contrario”.
Otra ley que se debate en el Congreso podría recortar de modo significativo la definición progresista de esclavitud, eliminando la mención de condiciones degradantes que violan los derechos humanos o de exceso de trabajo que amenaza la vida o la salud. Sólo se considerarían esclavitud las situaciones que presenten cautiverio, coacción o castigo.
En enero, un informe del Ministerio Público Federal de Brasil, un organismo de fiscales públicos, declaraba que el cambio representaba “una enorme regresión social, pues se retraía de una concepción moderna del trabajo esclavo, relegándola puramente a la noción clásica de esclavitud como restricción exclusivamente de la libertad física”.
Los inspectores de trabajo de Brasil, un elemento crucial en la lucha contra la esclavitud, también se han visto afectados por la campaña de austeridad que ha barrido el gobierno federal. El Ministerio de Trabajo dispone ahora sólo de cuatro unidades móviles de inspección, frente a las nueve de 2009. El número de esclavos rescatados ha ido también descendiendo constantemente, desde un máximo de 5.999 en 2007 a 749 en 2016, aunque el año pasado registró una prolongada huelga de inspectores. La cifra de inspectores también ha descendido de modo semejante, de 3.142 en 2008 a 2.450 en la actualidad, de acuerdo con el SINAIT, su sindicato nacional. “La lucha contra el trabajo esclavo sufrirá, por supuesto, las repercusiones de una cifra menor de inspectores”, afirma un portavoz.
Los activistas se preguntan cuánta presión más puede aguantar el sistema. “Estamos sufriendo una blitzkrieg de ataques simultáneamente”, dice Sakamoto, el coordinador de la ONG. “Sólo esperamos que podamos llegar a 2018 con la lucha contra la esclavitud todavía en marcha”.
Matt Sandy joven periodista británico formado en la Universidad de Warwick, trabajó como reportero para el dominical The Mail on Sunday. Radicado en Rio de Janeiro desde 2012, colabora frecuentemente con revistas como OZY o Time, y en medios como Al Jazeera America. En Brasil ha investigado casos como la lucha de los indígenas munduruku para preservar sus tierras amazónicas de un proyecto de presa hidroeléctrica, el escándalo de corrupción de la mina de oro de Serra Pelada o el asesinato de más de cincuenta indigentes sin techo en la ciudad de Goiânia.
Fuente: OZY, 28 de abril de 2017
Traducción: Lucas Antón
http://www.sinpermiso.info/textos/brasil-el-desmembramiento-del-programa-contra-la-esclavitud-mas-famoso-del-mundo
viernes, 28 de octubre de 2016
Niños esclavos
Leí Germinal de Zola a los catorce o quince años y recordé, antes incluso de haberla leído, aquella frase de Karl Marx que Gamoneda citaba en un poema extraordinario: “La vergüenza es un sentimiento revolucionario”. El libro, publicado en 1885, narra las causas, el desarrollo y el fracaso de una huelga de mineros en una zona del norte de Francia, y levantó una ola de indignación que se repite a cada nueva lectura. Zola muestra el capitalismo en su naciente y salvaje esplendor: ancianos famélicos, niños de nueve años empujando vagonetas, mujeres convertidas en bestias de carga, hombres exiliados de la humanidad a fuerza de fatiga, de latigazos y de hambre. Germinal debería ser de lectura obligatoria en colegios, institutos y universidades, pero los niños de hoy están muy ocupados eligiendo entre la carrera de camarero y la de empresariales.
La BBC acaba de emitir un obsceno reportaje de investigación donde abre en canal las entrañas del sistema capitalista: refugiados sirios, muchos de ellos menores de edad, cosiendo en talleres turcos para abastecer las tiendas de Asos y Mark & Spencer. No es nada que no hayamos visto ya, en la India, en Bangladesh, en Brasil, en tantos talleres de explotación infantil donde los responsables de Inditex siempre nos aseguran que no pasa nada. A ellos, desde luego, no se les mueve una ceja. En el reportaje, realizado con cámaras ocultas, los periodistas informan de una lavandería que surte de pantalones vaqueros a Zara y a Mango y donde los operarios -por llamarlos de algún modo- trabajan jornadas extenuantes de doce horas sin ningún tipo de prevención ni medidas de seguridad, expuestos a venenosas sustancias químicas sin llevar siquiera una mascarilla.
Esto se llama libertad de mercado y, por supuesto, tampoco pasa nada. Total, cuando degustamos un chuletón, no pensamos en el dolor y el sufrimiento de la vaca en el matadero, del mismo modo que cuando nos abrigamos con ciertas prendas compradas en Mango o en Zara, no pensamos en el pobre tipo que va a dejarse los ojos abrasados entre vapores letales sino en el dinero que nos estamos ahorrando. La vaca y el esclavo moderno son dos clases de mamíferos inferiores y cada día que pasa lo son más: más mamíferos y más inferiores. En el apartado de derechos y en ciertas cuestiones laborales básicas los jóvenes trabajadores son tan inconscientes como la vaca, mientras que algunos empresarios son más del estilo del lobo.
Los mineros franceses de 1885 tampoco tenían la menor idea de lo que era la lucha sindical y Zola les dio, desde el título al final de la novela, una nota de esperanza. Sin embargo, se equivocó. La conciencia social germinó décadas después, conoció una breve era de prosperidad y hoy día se ha agotado entre manadas de jóvenes rumiantes pastando en los prados neoliberales y muchedumbres de siervos reclutados en las guerras del Tercer Mundo. Nos han dicho mil veces que la sociedad del bienestar no era sostenible, pero lo que no parece muy sostenible son los imperios mercantiles y las grandes fortunas apoyadas en la sangre y el sudor de niños esclavos.
viernes, 2 de septiembre de 2016
Brasil :: Nuevo golpe contra la democracia: Impeachment contra Dilma. La condena a una gobernante digna e inocente por una banda de corruptos
Érase una vez una nación grande por su extensión y por su pueblo alegre, pese a ser víctima de injusticias. En su mayoría, sufría en la miseria, en las grandes periferias de las ciudades y en el interior profundo. Por siglos había sido gobernado por una pequeña elite rica que nunca se interesó por el destino del pueblo pobre. Como dijo un historiador mulato, fue socialmente “capado y recapado, sangrado y resangrado”. Pero lentamente estos pobres fueron organizándose en movimientos de todo tipo, acumulando poder social y alimentando un sueño de otro Brasil. Consiguieron transformar el poder social en poder político. Ayudaron a fundar el Partido de los Trabajadores. Un de sus miembros, sobreviviente de la gran adversidad y tornero mecánico, llegó a ser presidente. A pesar de las presiones y concesiones que sufrió de los adinerados nacionales y trasnacionales, consiguió abrir una significativa brecha en el sistema de dominación, lo cual le permitió realizar políticas sociales humanizadoras. Una población equivalente a la Argentina entera salió de la miseria y del hambre. Miles consiguieron su casita, con luz y energía. Negros y pobres tuvieron acceso, antes era imposible, a la enseñanza técnica y superior. Más que todo, entonces, sintieron rescatada su dignidad siempre negada. Se convirtieron en parte de la sociedad. Hasta podían, en cuotas, comprar un auto y tomar avión para visitar parientes distantes. Esto irritó a la clase media, porque veía sus espacios amenazados. De ahí nació la discriminación y el odio contra el pueblo.
Ocurrió que, en los 13 años de gobierno Lula-Dilma, Brasil ganó respeto mundial. Pero la crisis económica y financiera, por ser sistémica, nos afectó, provocando dificultades económicas y desempleo, lo que llevó al gobierno a tomar medidas severas. La corrupción endémica en el país se densificó en la Petrobras, envolviendo a altos cargos del PT, pero también de los otros principales partidos. Un juez parcial, con trazos de justiciero, hizo foco, prácticamente, sólo en el PT. Especialmente los medios masivos, empresariales y conservadores, consiguió crear el estereotipo del PT como sinónimo de corrupción -lo cual no es cierto, porque confunde la parte con el todo. Pero la corrupción condenable sirvió de pretexto para que las elites adineradas y sus aliados históricos planeasen un golpe parlamentario, porque mediante elecciones jamás triunfarían. Temiendo que la política orientada hacia los más pobres se consolidase, decidieron liquidarla. El método usado antes contra Vargas y Jango ahora fue retomado con el mismo pretexto: “combatir la corrupción” -en realidad, para ocultar la propia corrupción. Los golpistas usaron el Parlamento, del cual el 60% está bajo acusaciones criminales y le faltaron el respeto a los 54 millones de votos que eligieron a Dilma Rousseff.
Importa dejar en claro que atrás de este golpe parlamentario anidan los intereses mezquinos y anti-sociales de los dueños del poder, mancomunados con la prensa que distorciona los hechos y siempre se asocia a todos los golpes, juntamente con los partidos conservadores, con parte del Ministerio Público y de la Policía Militar (que substituye a los tanques) y una parte también de la Corte Suprema que, indigna, no se ajusta a la impacialidad. El golpe no es sólo contra la gobernante, si no contra la democracia de carácter participativo y social. Intentan llevarnos de vuelta al neoliberalismo más descarado, atribuyéndole casi todo al mercado que es siempre competitivo y nada cooperativo (por eso, conflictivo y anti-social). Para esto, se decidió demoler las políticas sociales, privatizar la salud, la educación, el petróleo y atacar las conquistas sociales de los trabajadores.
Contra la presidenta no se identificó ningún crimen. De errores administrativos tolerables, también cometidos por gobiernos anteriores, se derivó la irresponsabilidad gubernamental contra la cual se aplicó en impeachment. Por un pequeño accidente de bicicleta, se condena a la presidenta a muerte, castigo totalmente desproporcionado. De los 81 senadores que la juzgarán, más de 40 están procesados o investigados por otros crímenes. La obligan a sentarse en el banco de los acusados, donde sus verdugos deberían estar. Entre ellos hay 5 ex ministros.
La corrupción no es sólo monetaria. La peor corrupción es la de las mentes y los corazones llenos de odio. Los senadores pro-impeachment tienen la mente corrompida, porque saben que están juzgando a una inocente. Pero la ceguera y los intereses corporativos prevalecen sobre los intereses de todo un pueblo.
Aquí vale la dura sentencia del apóstol Pablo: “ellos encierran la verdad en la injusticia. Es lo que atrae la ira de Dios” (Romanos 1,18). Los golpistas llevarán en la cabeza, por toda la vida, la señal de Caín, que asesinó a su hermano Abel. Ellos asesinaron a la democracia. Su memoria estará maldita por el crimen que cometieron. Y la ira divina pesará sobre ellos.
Fuente:
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/08/26/brasil-la-condena-a-una-gobernante-digna-e-inocente-por-una-banda-de-corruptos/
sábado, 22 de agosto de 2015
"La desigualdad es motor de la segregación urbana". Entrevista al profesor Roberto da Silva (Universidad de Sao Paulo) en preparación del V Congreso Internacional de pedagogía social
Cristiano Morsolin
El catedrático británico David Harvey, uno de los geógrafos más citados y reconocidos por sus estudios en antropología, afirmó en Brasil que la desigualdad es el "motor" de la segregación urbana en la urbanización masiva de los últimos treinta años en el mundo. "El bienestar de la población y la calidad de vida no está siendo cuidada en ningún lugar del mundo por los procesos de urbanización masiva que se vienen dando desde hace treinta años siendo la desigualdad el mayor motor de la segregación urbana" resaltó el británico durante un seminario celebrado en Sao Paulo el pasado 9 de junio.
Harvey fue el principal invitado extranjero del Seminario Internacional "Ciudades Rebeldes" que ha debatido hasta el 12 de junio la transformación de las ciudades en beneficio de sus habitantes.
Entre los más de cuarenta ponentes se encuentran el reconocido economista Marcio Pochmann y el diputado federal y periodista Jean Wyllys, activista en defensa de los derechos de la comunidad homosexual y vencedor de una edición brasileña del programa de televisión "Big Brother" (Gran Hermano).
El británico hizo referencia a las nuevas alcaldías progresistas en España explicando que "están surgiendo nuevos grupos políticos en búsqueda de modos de decisión más democráticos, lo que supone que existe una voluntad política de cambiar y un derecho a ciudad".
Sobre ese "derecho a ciudad", los participantes de la apertura del encuentro destacaron la necesidad de una metrópoli alternativa con inclusión, oportunidades, desarrollo y solidaridad, donde se permita la discusión con la ciudadanía frente a la exclusión, la violencia, la explotación y la crisis, actual segregación.
De otro lado, Harvey comparó el valor de uso de las casas y el precio de mercado de las mismas afirmando que muchas de las inversiones en las ciudades tienen como objetivo satisfacer el lujo, pero luego en esas residencias nadie puede vivir debido a su elevado coste.
"Se está destruyendo el concepto ciudad como espacio en que sus habitantes conviven debido al desarrollo insostenible, efectos del neoliberalismo, urbanización militarizada, especulación inmobiliaria, falta de movilidad y de libertad acuñándose como un mero concepto político", apuntó.
Para el geógrafo, "todo es sometido a un cálculo monetario en el que nosotros no importamos pero el dinero si, y eso es el centro de un proceso de urbanización que está siendo impulsado por el poder del valor monetario" (1).
Este artículo tiene el objetivo de profundizar el derecho a la ciudad y la segregación urbana, temática que voy personalmente a debatir durante el V Congreso Internacional de Pedagogía Social bajo el lema “El lugar de la educación social, popular, comunitaria en las políticas públicas de Brasil”, importante evento organizado por la Universidad Estacio de Vitoria-Espirito Santo (Brasil), Ufes y Radier, en programa por los días 1-3 de septiembre de 2015 (2).
¿En São Paulo, policía militar que mata joven negro favelado, cumple con una política de Estado?
El 27 de mayo de 2015 un joven negro, Lucas Custodio de 16 años fue muerto por policías en la favela Sucupira, en Grajaú, al extremo sur de la ciudad de São Paulo.
Habría implorado a uno de los policías: “Não precisa me matar, senhor”. Estaba desarmado, fue esposado, llevado para un matorral y ejecutado. La Policia Militar no dio explicaciones, la Secretaría de Seguridad Pública no se pronunció, y el gobernador del estado Geraldo Alckmin (PSDB), se hizo el desentendido.
Los periodistas Claudia Belfort y Luis Adorno enviaron cinco pedidos de respuesta, de esclarecimiento y de entrevista a la Policía Militar y a la Secretaría de Seguridad Pública, que no obtuvieron respuesta. Durante los días siguientes enviaron nuevos mensajes para obtener información sobre el hecho. Ninguna contestación. En 2013 ante la muerte de un universitario blanco de 19 años, Casper Líbero, el gobernador Alckmin no sólo se pronunció indignado sino que anunció que encaminaría al Congreso Nacional un proyecto de ley para tornar más rígido el Estatuto del Niño y del Adolescente en caso de violencia cometida por menores. Menos de 10 días después fue a Brasilia a 1.000 km. de la sede de su gobierno a entregar su propuesta. Pero no se molestó el mes pasado en ir a Grajaú a 26 km. para dar una explicación o una palabra de conforto a la familia de Lucas, un joven favelado negro.
La conclusión de los periodistas es inevitable “en São Paulo, policía militar que mata joven negro favelado, cumple con una política de Estado” (3).
Jóvenes negros tienen 2,5 más chances de ser asesinados que los blancos
Un joven negro corre 2,5 veces más riesgo de morir asesinado que uno blanco, un estudio presentado este jueves y que refleja la gran vulnerabilidad a la violencia que sufren los afrodescedientes en el empobrecido nordeste del país. “La violencia contra la juventud negra se convirtió en un problema de estado en Brasil”, afirma el prefacio del Índice de Vulnerabilidad juvenil a la Violencia y la Desigualdad 2014, elaborado el pasado 7 de mayo de 2015 en conjunto por la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública, el gobierno federal y la Unesco (4).
El informe muestra que el nordeste es donde los brasileños negros de entre 12 y 29 años son más susceptibles a sufrir violencia y las consecuencias de la desigualdad que sus pares blancos de la misma franja etaria.
Según el reporte, en 2012 fueron asesinados 87 jóvenes negros por cada 100.000 individuos pertenecientes a ese grupo en el nordeste, mientras que la proporción de homicidios entre los jóvenes blancos de esa región fue de 17,4 por cada 100.000.
En el estado de Paraíba (nordeste), un joven negro corre 13,4 veces más riesgo de ser asesinado que uno blanco, muy por encima de la tasa promedio del país.
“Aunque la esclavitud terminó a fines del siglo XIX, lamentablemente no hubo un proceso de inclusión productiva, económica” de la población negra, afirmó el ministro de Derechos Humanos de Brasil, Pepe Vargas, durante la presentación del informe.
“Eso hace que en las periferias, donde la pobreza está más presente, también hay mayor presencia de afrodescendientes”, quienes todavía ven sus derechos económicos y sociales cercenados, agregó.
Según el reporte, el estado donde existe menor diferencia de riesgo relativo es Sao Paulo (sureste) , donde los jóvenes negros tienen 1,49 más chances de morir asesinados. Paraná (sur) es el único estado donde un joven blanco corre más riesgo de morir en un homicidio que uno negro.
El conjunto de esos datos conforma un índice que contempla además otros indicadores, como la mortalidad por accidentes de tránsito, la concurrencia a la escuela, la inserción en el mercado de trabajo, la pobreza en el municipio donde viven y la desigualdad.
Brasil, con más de 200 millones de habitantes, es el segundo país con mayor población negra del mundo (51,7%) después de Nigeria.
Históricamente, el nordeste concentra los mayores índices de pobreza, en contraste con el sur y sureste de Brasil, donde está la megalópolis Sao Paulo, capital económica del país.
Según la Secretaría Nacional de Juventud, el nuevo estudio será utilizado para orientar políticas públicas de reducción de violencia contra los jóvenes.
La “Pacificación” de Río de Janeiro y la intervención militar en las escuelas
Diego Ferrari es Asistente Social, Militante de Derecho Humanos, integrante de la Agrupación Filhos e netos por Memoria Verdade e Justiça en Rio de Janeiro. Participó de movimientos sociales como el Frente Popular Dario Santillán en Argentina, Y contribuyó como Coordinador Político Pedagógico en la ENFF del Movimiento Sin Tierra en Brasil.
Diego Ferrari (5) considera que “La política de seguridad pública de la ciudad de Río de Janeiro ocupa un lugar destacado entre las políticas públicas del estado brasileño. Se trata de superpoblar de policías militares determinadas zonas, alcanzando a ocupar escuelas públicas de ser necesario. En ese marco se produce una disputa en el territorio de las escuelas públicas de las favelas, entre el paradigma policíaco controlador y el de la educación como derecho y oportunidad.
La Ciudad de Río de Janeiro, al asumir su condición de ciudad global, se posiciona a escala mundial como la vidriera de América Latina. La “ciudad maravillosa”, elegida como sede para el desarrollo de múltiples mega-eventos, consolidó una gestión empresarial de la ciudad.
Según datos del Instituto Brasileño de Geografía e Estatística (IBGE), más del 14% de la población de la “ciudad maravillosa” vive en favelas. Son más de un millón y medio de personas viviendo en 43km2 de asentamientos informales. Se cuentan casi 1000 favelas, pero las ocho más grandes concentran el 40% de los habitantes totales en este tipo de barriadas.
Las UPP creadas a partir del 2008 -a través del emblemático caso de “la favela modelo”, Santa Marta en Botafogo-, se conciben como un “modelo de policía comunitaria”. Según datos del Instituto Pereira Pasos, después de 7 años de implementación del programa, la reducción de homicidios en las zonas de instalación de las UPP entre el 2009 y el 2012, a partir del 2013 se reduce generando registros de nuevos picos de violencia. Según datos del Nupevi (Núcleo de Pesquisa das Violências), citados por el investigador Marcos Barreira en el libro "Hasta el último hombre”, las UPPs están presentes en menos de 3% de las más de mil favelas de Río, mientras que las milicias dominan el 41,5% y el tráfico el 56%. Pero eso sí, las UPPs, cubren el 100% de las favelas de la zona Sur. La UPP forma corredores de seguridad y áreas militarizadas protegidas en las regiones de gran inversión: “La zona oeste está prácticamente olvidada y la Baixada Fluminese, que tiene los mayores índices de homicidio en el Estado, está completamente olvidada. Las armas y el poder paralelo se mudaron para el interior” (información verbal de un profesor de una escuela de la Rocinha.)
"La panza de la mujer de la favela es una fábrica de bandidos”, dijo Sergio Cabral Filho, ex gobernador del estado de Río de Janeiro (PMDB), que tuvo que renunciar después de las masivas movilizaciones de junio de 2013. Ocurre que las diferentes concepciones del sujeto que habita en las periferias urbanas llevan al desarrollo de diversas políticas públicas. Cabral es el responsable por la implementación de las UPP. Es que la "pacificación" se basa en una lógica propia de la guerra, una modalidad particular del ejercicio del poder, en la cual una de las partes en conflicto somete a la otra por medio del uso de la violencia. Pacificación en enfrentamiento con vistas la dominación. Pacificar la sociedad desde esa concepción supone entonces que una de las partes del conflicto se presente como externa a él, presentando un discurso que se esfuerza por hacer creer como orden universalmente válida, una forma particular de ordenamiento del mundo.
Es lo que el profesor universitario Carlos Vainer llama de ciudad de exepción: “un modelo basado en el control del acceso a los espacios públicos, a los espacios urbanos de una forma general. La ciudad de excepción no comienza con el agregado de los grandes eventos, comienza antes de eso, pero con certeza ella se consolida con los megaeventos y corre el riesgo de eternizarse, o sea, alterar de un golpe todos los paradigmas urbanos de la ciudad”. Básicamente, “esa ciudad de excepción”, está caracterizada por una gestión autoritaria y militarizada del espacio urbano.
La Pacificación y el territorio de la escuela
En el año 2014 fue creado el Programa Estatal de Integración en la Seguridad (Proeis), resultado de un convenio entre la Secretaria de Educación (Seeduc) e la Secretaría de Seguridad (Seseg). A través del mismo, las UPPs desarrollan “acciones sociales” en las 38 comunidades en las que se encuentran, utilizando como base de actuación, entre otros, el territorio escolar. De esta forma, por ejemplo, policiales “pacificadores” están encargados de “acompañar” el ausentismo escolar, además de garantizar la “seguridad” en la escuela por medio de su presencia en el cotidiano escolar.
En las publicidades difundidas ampliamente en los medios sobre el accionar policial de “proximidad con la comunidad”, se observan encuentros culturales, musicas, deportes. Sobre el carácter comunitario de la UPP, Beltrame afirma: "En el ámbito de las acciones sociales, el foco principal será la escuela." Las acciones sociales destinadas directamente a la construcción de hegemonía, pasan y entran en el “territorio escolar” a veces a través de el apoyo escolar en la mayoría de las favelas. En otras directamente la UPP funciona dentro del edificio escolar ocupando su territorio material.
Entrevistada sobre la presencia policial en la favela, la madre de un alumno de la escuela de la Rocinha descarga su opinión: “Esa idea de la UPP controlando el ausentismo escolar es ridícula. ¿Y cuando mi hijo falta a clase que sucede? ¿Le dan una cachetada? ¿Cuál es la formación que el policía militar tiene para lidiar con la educación de nuestros hijos? Queremos mas jardines de infantes, mas puestos de salud, mas proyectos sociales. Ahora que todo el mundo está viendo que ese plan de seguridad es un fracaso, nuestro secretario de seguridad pública viene a decir que está sólo. La UPP es política de control social y exterminio de pobre, solo no lo ve quien no quiere verlo.”
Un estudio hecho por la investigadora Joana Monteiro, de la Fundación Getúlio Vargas, afirma que estudiantes de escuelas instaladas en áreas de riesgo (incluyendo zonas de UPPs) obtienen menor puntaje en las pruebas. Los números lo confirman: Por lo menos en los resultados referentes a la Escuela Estadual Caic Theophilo de Souza Pinto, del Complexo do Alemão, en 9º ano del nivel de enseñanza fundamental obtuvo notas bajas. En los dos años que la escuela convivió con la presencia de una UPP en su território, no alcanzó los promedios estaduales.
El caso del Complexo do Alemão
En el año 2012, después de haber recibido un fuerte ataque en el container precario en el que funcionaba la UPP de Nova Brasilia en el complexo de Favelas llamado el Alemão, la secretaría de seguridad tomó la decisión de instalar la base de la UPP en el patio de la escuela de la favela.
La presencia de la Policia Militar en el Colegio Theophilo de Souza Pinto trajo una serie de conflictos en el cotidiano escolar que van desde, el patrullaje en horarios de entrada y salida de la escuela, revisar a alumnos a la entrada del edificio escolar o de camino para la escuela, hasta el impacto de balas en el frente de la escuela. En la escuela actualmente estudian 820 alumnos. Antes de la instalación de la base de UPP, la escuela supo recibir el doble de alumnos como matrícula, la deserción escolar es alarmante.
Padres de alumnos, estudiantes y profesores dicen que es común que la Policía Militar (PM) use la parte interna del colegio para intercambiar tiros con los grupos de traficantes, y ha ocurrido que alumnos quedan en la línea de tiro. Una serie de declaraciones pueden graficar la situación de la escuela. Las declaraciones que siguen fueron obtenidas durante el trágico mes de abril de 2015 en el territorio del Complexo, en el que varias muertes por “balas perdidas” afectaron la población, entre ellas el emblemático caso de Eduardo, un niño de 10 años:
“Mi escuela, querida, maltratada por el desprecio de este gobierno estadual. De acuerdo con la dictadura de la “pacificación”, en el Complexo, la escuela es un granero de vagabundos, y sus trabajadores conspiradores.” (Relato de una profesora del complexo do Alemão.)
“Esta escuela que se transformó en una porquería desde que la base militar entró.” (Relato de la madre de un alumno).
“La presencia ostentosa de policiales fuertemente armados en el interior de la escuela pone en riesgo toda la comunidad escolar, violenta principios pedagógicos y limita considerablemente el desarrollo de la educación. Para nosotrxs lxs profesores hoy el problema de violencia es la presencia de la UPP en la escuela.” (Declaraciones del SEPE, Sindicato Estadual de Profesionales de la Educación.)
“El patrullaje del barrio es en el mismo horario de la entrada y salida de la escuela. Usan a los chicos como escudo, yo digo, están errados. ¡Yo con mis impuestos ayudo a pagar el salario y las municiones de quienes están matando a mis vecinos amigos! Antes era común ver un barrilete y niños corriendo, ahora acá nadie corre porque recibe un tiro en la espalda. ¡Y esos nenes tienen que ver a esos mismos policías en la escuela!” (declaración de un vecino integrante de organizaciones de la favela.)
Sin embargo desde los lugares de poder se realizan declaraciones como las de la Secretaria de Estado de Educación (Seeduc) que afirmó:
“la presencia de la unidad de policía no trajo daños para el colegio. Los reclamos no representan la mayoría de los profesores y alumnos” (Declaración de representante de la secretaría)
El 4 de mayo del 2015, producto de la organización de los vecinos de la comunidad y los profesores de la escuela, se llevó a cabo una audiencia pública de comisiones de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, en el patio de la escuela. Asistieron varios diputados, dirigentes de las fuerzas de seguridad. Después de un nutrido intercambio, se pautó la salida de la UPP del territorio escolar.
"La fachada del colegio está cubierta de marcas de tiros, En la sala de la directora, al lado de la silla hay agujeros de tiros de fusil. Es incuestionable lo que la presencia de la sede de la UPP trajo para aquella escuela.” (Declaración del diputado Marcelo Freixo -PSOL-)
“Eso es incompatíble con el proceso pedagógico. Hay que elegir o la escuela o la UPP.” (Declaración del profesor elegido para hablar en representación del colectivo.)
El gremio estudiantil no se animó a participar de la audiencia por considerar que no tenian garantizada su seguridad al exponerse. Dejó una carta que fue leida por los profesores donde decían:
“Nuestro objetivo es restablecer la paz en nuestro ambiente de estudio, traer de vuelta los proyectos que perdemos para que la escuela sea un territorio neutro en este conflicto, así como lo era hace tres años atrás”. (fragmentos de la carta del gremio estudiantil leída durante la audiencia pública 4/5/2015)
Educación para todos y la estrategia de incluir para segregar
La obligatoriedad de la educación media ya sancionada en Argentina, México y creciente en muchos países del continente. En Brasil, la Enmienda Constitucional (EC) 59, establece el año 2016 como plazo final para la implementación de una Educación Básica Obligatoria hasta los 17 años de edad. Particularmente, en Río de Janeiro, la “ciudad maravillosa”, se renueva una disputa territorial en las escuelas de la periferia. la Enmienda Constitucional 59, sancionada en Noviembre de 2009, todos los sistemas de enseñanza de Brasileños deben adecuarse para garantizar 14 años de enseñanza escolarizada gratuita. Esta política que pone en tensión el viejo mandato selectivo y de de la enseñanza media, esconde la estrategia de “incorporar para segregar”.
No es lo mismo hablar de escuelas de la periferia, que de escuelas del centro de las grandes ciudades. ¿Alguien podría imaginar estos eventos policíacos en una escuela privada de los barrios nobles de la ciudad maravillosa? No son las mismas funciones para las escuelas de los centros que para las de las periferias. Las diferentes ofertas educativas, sumadas al avance de la privatización de la enseñanza, llevaron a la consolidación de diversas trayectorias escolares que generan el encierro de los diferentes sectores sociales en instituciones socio-culturalmente homogéneas. Es así que el mandato hegemónico actual de incorporar a toda la población en la escuela pública con un proyecto educativo precarizador, y diversificar la oferta educativa según los sectores sociales, torna más efectiva la segregación proyectada en el modelo de ciudad planificado. Desde la infancia, se consolida un mundo fragmentado donde las poblaciones viven vidas paralelas que difícilmente se crucen entre sí. Se apunta a la construcción de un mundo fragmentado, donde las poblaciones viven vidas paralelas.
En este mundo patas para arriba, se invierte también la función de la escuela de la periferia. Donde debería nacer el germen de esperanza de una transformación a través de la educación, se consolida por medio de la presencia policial, el modelo controlar que usa la violencia y la represión constante. Favorable al desarrollo del capital, y a la estructuración de la ciudad modelo, la política “pacificadora” en América Latina vuelve a violar sistemáticamente los derechos de la población.
De todas formas la resistencia siempre perdura, y bajo la piedra pesada de los tiempos, la flor vuelve a darnos su escándalo. La organización de la comunidad viene dando una disputa por su territorio. La escuela pública, a pesar de una desigual relación de fuerzas, se erige como el territorio de mayor legitimidad para la participación de padres, madres, alumnos/as y profesores/as, La escuela es todavía un lugar para el encuentro y la organización de los/as trabajadores, para expresar con dignidad la rabia cotidiana y para practicar colectivamente la construcción de alternativas”, concluye Sergio Ferrari.
Brasil aprobó la reducción de la edad penal de 18 a 16 años
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles 19 de agosto de 2015 en segunda instancia una nueva Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) a favor de la reducción de la edad de responsabilidad penal para los delitos graves.
En una votación que se extendió hasta bien entrada la noche de este miércoles, 320 diputados votaron a favor de la propuesta, 152 se mostraron contrarios y uno se abstuvo.
Una vez aprobada por la Cámara baja, el siguiente paso del proceso para la aprobación de esta enmienda constitucional es su votación en el Senado.
Esta propuesta promueve la reducción de la mayoridad penal, de los 18 a los 16 años, para los "crímenes hediondos" (graves), entre los que están la violación, el secuestro, el robo seguido de muerte y el homicidio cualificado, además del homicidio intencional y la lesión corporal seguida de muerte.
El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de la presidente Dilma Rousseff y otras fuerzas de izquierda votaron en contra de la medida con el argumento de que modificar la edad de responsabilidad penal no reducirá las tasas de inseguridad y violencia en el país.
Sin embargo, esta medida cuenta con el respaldo del presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, quien pese a ser miembro del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la formación mayoritaria en la coalición de gobierno, ha declarado su postura personal de oposición al Ejecutivo.
Cunha es uno de los políticos investigados a raíz del gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, y el miércoles, antes de la votación de la PEC, descartó que vaya a renunciar a la Presidencia de la Cámara de Diputados como piden sus detractores.
A principios de julio, Cunha logró la aprobación de la PEC en primera instancia de forma polémica al colocar este proyecto en la pauta de votaciones por segunda vez en menos de 24 horas, después de no haber conseguido sacar adelante una primera propuesta y conseguirlo luego con algunas modificaciones en el texto original.
A diferencia de la propuesta original, fueron excluidos en la nueva iniciativa los crímenes de terrorismo, lesión corporal y tráfico de drogas, y se anexó que los menores, entre 16 y 18 años juzgados como adultos pasen a cumplir sus penas en centros de reclusión diferentes de las actuales cárceles.
Pese a que se han pronunciado en contra de la medida importantes organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Unicef, los sondeos indican que la mayoría de la población aprueba la enmienda.
La actual legislación dicta que la reclusión de menores en reformatorios tenga un máximo de tres años, y los legisladores oficialistas contrarios a la PEC aprobada proponen que ese período podría aumentarse hasta entre ocho y diez años sin tener que reducir la edad de responsabilidad penal (6).
“La cárcel brasileña no rehabilita a nadie”
La izquierda progresista y los defensores de los derechos humanos, destacados académicos como Sergio Paulo Pinheiro, recuerdan que la reducción de la edad penal no garantiza de por sí una disminución de la violencia. “No tiene ningún sentido. Es una tontería, y más si tenemos en cuenta que el sistema penitenciario brasileño no recupera a nadie. El 80% de los presos reinciden y vuelve a la cárcel”, afirma Jailson Silva, fundador de la ONG Observatório de Favelas (7) y profesor universitario. “Es una solución conservadora que ha sido colocada en la agenda pública”, añade Alexandre Siconello, asesor de Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI).
Los datos muestran un panorama desolador. En el último año, se ha disparado el número de menores arrestados tras cometer algún tipo de delito. En Río de Janeiro, por ejemplo, cada hora se registra una detención de niños o adolescentes. En 2014, fueron arrestados 8.380 jóvenes, casi tres veces más que en 2010, cuando fueron 2.806. De ellos, el 41,53% cometió crímenes relacionados con el narcotráfico; el 27,92% practicó robos y el 13,65%, hurtos; y el 5,23% fueron arrestados con armas.
“En 2006 cambió la ley sobre drogas, que despenaliza bastante al usuario y mantiene la penalización para el traficante. Al mismo tiempo, en este periodo aumentaron mucho los crímenes relacionados con el narcotráfico. Hoy el 25% de la población carcelaria está formada por pequeños traficantes. La mayoría son jóvenes negros”, Alexandre Siconello, de AI.
Jailson Silva confirma ese dato y critica que los sistemas judicial y penitenciario no se planteen hacer un trabajo específico con este tipo de jóvenes. “El primer paso es reconocer que la política de droga es un fracaso completo. Hoy el número de presos por este motivo es absurdo. Lo primero que habría que hacer es despenalizar la venta de todas las drogas y regularla, de forma diferente según la substancia”, defiende este profesor.
El mismo año en el que el Estatuto del Niño y el Adolescente (ECA) cumple un cuarto de siglo, expertos y activistas coinciden en que la situación está cada vez peor. Crecen los índice de violencia, pero con un matiz: de los 21 millones de adolescentes brasileños, solo el 0,013% cometieron actos contra la vida, según datos de Unicef. El 90% de los crímenes de adolescentes son robos y otros atentados contra la propiedad (8).
Miembros del Comité de Derechos del Niño de la ONU como su Vice-Presidenta Sara Oviedo (Ecuador) dicen NO a la reducción de la mayoría de edad penal en Brasil (9).
Entrevista exclusiva al profesor universitario Roberto da Silva
PROF. DR. ROBERTO DA SILVA, Docente do Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação, Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação, fue un niño internado y privado de su libertad en FEBEM de Sao Paulo (como adulto ha activado una campaña de movilización internacional que tuvo el resultado de clausurar esta entidad estatal denunciada por Amnesty Internacional como lugar de abuso policial) y sabe que es la violencia institucionalizada del Estado.
PREGUNTA: ¿Cómo considera la reducción de la edad penal?
RESPUESTA: Brasil puede sufrir la suspensión de los sistemas internacionales de derechos humanos si reducir la edad legal. Brasil es signatario de todos los tratados y convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU. La abolición, suspensión o restricción de los derechos en virtud de estos tratados y convenciones por un Estado nacional requiere que se comunicará a todos los demás países signatarios. La reducción de la responsabilidad penal de los adolescentes viola varios principios de las normas internacionales y Brasil tendrá que comunicar y justificar la medida ante los192 países afiliados al sistema de la ONU. Es este requisito de la comunicación que puede resultar en la suspensión e incluso la expulsión del Brasil de los organismos como la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, entre otros. Eso sería lamentable, porque Brasil es un referente internacional en el ámbito de la protección de los niños y adolescentes, lucha contra el trabajo infantil y la regulación de la adopción internacional de niños.
PREGUNTA: ¿Con relación al PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS en cuales artículos se violaría?
RESPUESTA: Artigo 4º - Item 3. Los Estados Partes en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, las disposiciones han suspendido y los motivos de dicha suspensión. Cada Estado Parte hará una nueva comunicación, también por el Secretario General a través de las Naciones Unidas, la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.
Artigo 5º - Item 2. No podrá admitirse restricción o suspensión de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en el presente Pacto conforme a la ley, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor medida.
PREGUNTA: ¿Cuál es el objetivo del V Congreso Internacional de Pedagogía social que usted está organizando con toda una equipe de destacados académicos como Jacyara Silva de Paiva e Erineu Foerste?
RESPUESTA: El Congreso Internacional de Pedagogía social, en su quinta edición, es un evento dedicado a discutir en manera amplia la reglamentación de la educación social como profesión en Brasil y su relación con la formación en las áreas de la pedagogía social y de la teoría general de la educación social.
Este importante congreso cuestiona el lugar que debe ocupar la “educación popular, social y comunitaria en las políticas públicas de Brasil”, en un momento donde se discute el Sistema Nacional de Educación, el Plan Nacional de Educación, la Reforma de la enseñanza media y de la destinación de los recursos públicos a la Educación y también otros temas muy actuales como la reducción de la edad penal y la violencia en contra de la juventud negra y pobre de las periferias. Vamos a profundizar debates e investigaciones a partir también de experiencias internacionales y de buenas prácticas educativas populares y sociales realizadas aquí en Brasil. Esperamos que la realización de este congreso pueda trazar una importante contribución para la educación brasilera, en sus dimensiones económicas, políticas, sociales e culturales que hagan efectivos espacios sociales diversificados, mas allá de las escuela y salas de clase, como un cuerpo de conocimiento que sirva para la teoría general y las prácticas de educación social, popular y comunitaria y como disciplina científica.
Relatoría sobre los Derechos de la Niñez culmina visita a Brasil y se manifiesta en contra de la reducción de la edad de imputabilidad penal
La Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisionada Rosa María Ortiz, culminó su visita a Brasil, que tuvo lugar del 1 al 3 de julio de 2015 y que incluyó Brasilia y San Pablo. El objetivo fue promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país y expresar que la propuesta de reforma constitucional para rebajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para el caso de delitos graves es contraria a los estándares interamericanos de derechos humanos.
Durante su visita la Relatora fue recibida por diputados y senadores y se reunió con organizaciones de la sociedad civil y con líderes religiosos para tratar la temática. El 3 de julio, la Relatora participó en una audiencia pública ante la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo (ALESP) convocada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALESP, y por la ONG Visión Mundial. Participaron también de la audiencia pública concejales del municipio de São Paulo, representantes del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, de Visión Mundial, de la Universidad de São Paulo (USP), de la Red Evangélica Nacional de Acción Social (Renas), y jóvenes de la comunidad Lins de Vasconcelos en Rio de Janeiro, una de las zonas más afectadas por la violencia. Durante su viaje la Relatora también se encontró con jóvenes de la región de Capão Redondo, del estado de São Paulo, y de Lins de Vasconcelos y de la ciudad de Nova Iguaçu, del estado de Río de Janeiro, para dialogar sobre las condiciones de vida y de seguridad en las zonas donde éstos viven, muy afectadas por la violencia y el clima de inseguridad.
La Relatora expresó profunda preocupación por la propuesta de enmienda constitucional (PEC) nº 171 debatida por la Cámara de los Diputados de Brasil, la cual busca modificar la Constitución Federal de 1988 para reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para delitos contra la vida y crímenes considerados graves. Durante los días en los que transcurrió el viaje la propuesta fue rechazada en la Cámara de Diputados y colocada de nuevo a votación en la misma Cámara, con la introducción de algunos cambios en su enunciado. La votación tuvo lugar con menos de 24 horas de diferencia con la anterior, ocasión en la cual la propuesta fue aprobada. Para llevar a cabo el cambio en la Constitución brasileña, la propuesta todavía debe pasar por una segunda ronda de votación en la Cámara de los Diputados y debe ser aprobada en dos turnos de votación en el Senado Federal.
En el viaje, la Relatora subrayó que los instrumentos internacionales establecen que son “niños” todas aquellas personas menores de 18 años de edad y que los estándares establecidos por la Convención Americana, la Convención sobre los Derechos del Niños y por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos son inequívocos en garantizar el tratamiento diferenciado y especializado a las personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal. La Comisionada Ortiz afirmó que la propuesta además violaría el principio de no regresividad en materia de derechos humanos ya garantizados. La propuesta de rebaja de la edad penal constituye una grave violación de los derechos fundamentales de los adolescentes y está en contra de los tratados internacionales ratificados por Brasil.
La Constitución Federal brasileña actualmente establece que los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años no pueden ser responsabilizados de la misma manera que los adultos por sus conductas de infracción a las leyes penales y establece un sistema de justicia juvenil diferenciado, en atención a la condición de desarrollo de los niños y los adolescentes. La Constitución y el ECA actuales son concordantes con los estándares internacionales de derechos humanos, aunque su implementación precisa ser reforzada. La propuesta de reforma constitucional retrocede en los avances legales alcanzados por Brasil. La Relatora destacó que "Brasil fue el primer país en el continente en traducir la Convención sobre los Derechos del Niño en una ley específica para la niñez con el Estatuto da Criança e do Adolescente, y ésta fue una buena práctica que inspiró e influyó positivamente en toda nuestra región”.
Asimismo, la Relatora saludó los avances en materia legislativa e institucional en relación al Sistema de Garantía de Derechos a la niñez, particularmente el Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) y la entrada en vigencia de la Ley nº 12.594 en 2012, que reglamenta las medidas socio-educativas y establece el Sistema Nacional de Atención Socio-educativa (SINASE) para los adolescentes en conflicto con la ley, además de asentar la justicia restaurativa como principio de la justicia juvenil. Sin embargo, advierte que el SINASE precisa ser fortalecido para cumplir con su función de rehabilitación y que, a la vez, éste actúa en forma complementaria con el Sistema de Garantía de Derechos, el cual también debe ser reforzado para abordar las causas que llevan a adolescentes a cometer delitos.
Niños, niñas y adolescentes son más víctimas que agresores
Durante la visita, la Relatora señaló que los adolescentes son uno de los grupos más afectados por la violencia en el país. Según datos oficiales, la violencia fue la principal causa de muerte en los últimos 12 años en los adolescentes. En 2012 el 36,5% de los adolescentes entre 10 y 18 años de edad que perdieron la vida lo hicieron víctimas de un homicidio y como resultado de la violencia, en contraposición al 4,8% para el conjunto de la población. También en 2012, 56.000 personas fueron asesinadas en Brasil, de las cuales 30.000 eran jóvenes entre 15 y 29 años y, de ese total, 77% eran afrodescendientes. La mayoría de estos homicidios son practicados con armas de fuego y menos del 8% de los casos llegan a ser juzgados. Además de ser víctimas de la violencia letal, los niños también son diariamente victimizados por otras formas de violencia, en el hogar, en la escuela, incluso por las fuerzas de seguridad del Estado. La Comisionada dijo que “en los entornos en los que crecen los niños proliferan las armas de fuego, el tráfico de drogas y la presencia de organizaciones criminales, con habituales enfrentamientos armados y presiones de los grupos delictivos”.
Sin embargo los niños son acusados de ser los principales responsables de los delitos graves en Brasil. Pero, contrariamente a lo que se cree, datos recientes de Unicef indican que de los 21 millones de adolescentes brasileños, apenas el 0,013% ha cometidos delitos contra la vida. La vinculación de los adolescentes a la criminalidad está limitada, en grande parte, a delitos patrimoniales o relacionados con el microtráfico de drogas, los cuales se relacionan, en opinión de la Comisionada: “con el entorno socio-económico de exclusión y discriminación de la infancia pobre y afrodescendientes en un contexto de urbanización desorganizada que no logra ofrecer condiciones de vida dignas, y la insuficiencia de políticas sociales del Estado en materia de prevención de la violencia y garantía de derechos”. La Relatora también señala que escuchó de los parlamentarios que hay una demanda ciudadana en contra de la inmunidad de los adolescentes. Al respecto señala “es preocupante la inadecuada información, pues no existe tal inmunidad, ya que los niños que cometen actos delictivos son responsabilizados por los mismos a partir de los 12 años a través de un sistema de justicia juvenil que tiene como objetivo la rehabilitación y resocialización del niño, dicho sistema sí debe ser mejorado.”
Alternativas a la rebaja de la edad penal: prevención y fortalecimiento del ECA
La Relatora enfatizó que, según sus obligaciones internacionales, el Estado de Brasil debe adoptar medidas dirigidas a la prevención de la vinculación de niños, niñas y adolescentes con la criminalidad y la violencia. Además remarcó que el Estado debe sobre todo implementar políticas de apoyo a los niños, a sus familias y comunidades, además de fortalecer las políticas sociales que garanticen el acceso a derechos para las comunidades más excluidas y el sistema de protección a la niñez previsto en el ECA. En sus intervenciones también recomendó que Brasil promueva reformas en los sistemas de seguridad, con revisión de las estrategias policiales hacia una policía más amigable con la población, y se destinen esfuerzos al fortalecimiento de la ciudadanía entre los niños, niñas y adolescentes.
La Relatora hizo hincapié en la importancia de escuchar directamente a los jóvenes: “Lo que vi durante mi visita es que ningún adulto ve con tanta claridad y habla sobre el contexto de la violencia como estos niños y niñas. Mientras que los adultos escriben tesis, tejen comentarios largos, estos jóvenes pueden expresar la situación en 5 minutos, ya que ésta es su experiencia y, pueden ser parte de la solución.”
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia, concluye CIDH (10).
Conclusiones
En la literatura especializada el término “segregación” remite a la proximidad espacial donde se localizan las unidades familiares que son parte de un mismo segmento social y/o la distancia con otros grupos étnicos o socio-económicos. El concepto se utiliza para identificar a los grupos más pobres así como a los que más poseen. Estos últimos tienden a auto-segregarse, en muchos casos como forma de mostrar su poder patrimonial, viviendo en zonas exclusivas donde solo pueden acceder las personas de grandes fortunas. En otros casos, sectores medios se localizan en terrenos cerrados, “imitando” las conductas de los segmentos que concentran las riquezas de la sociedad.
Así, como señala Martha Schteingart, es posible diferenciar entre las formas de “segregación pasivas”, es decir que derivan de rechazos sociales y económicos a los más pobres, de las formas de “segregación activa”, que emerge en los comportamientos de aislamiento de los sectores más poderosos. Estas modalidades de segregación son expresiones de la desigualdad patrimonial, cultural y simbólica que imperan en las sociedades urbanas latinoamericanas. una de cuyas formas de reproducción son el uso y la tenencia del suelo urbano (11).
Existen muchos paralelismos entre la segregación en las escuelas que menciona Diego Ferrari y la realidad colombiana y el proceso de la educación popular como herramienta de movilización y concientización para superar la exclusión, que será objeto de mi reflexión en ocasión del próximo V Congreso Internacional de Pedagogía Social bajo el lema “El lugar de la educación social, popular, comunitaria en las políticas públicas de Brasil”, importante evento organizado por la Universidad Estacio de Vitoria-Espirito Santo (Brasil), Ufes y Radier, en programa por los días 1-3 de septiembre de 2015.
NOTAS
http://www.diariolasamericas.com/5051_portada-america-latina/3154815_david-harvey-afirma-en-brasil-que-desigualdad-es-motor-de-segregacion-urbana.html
http://ocs.ifes.edu.br/index.php/cips/V_CIPS
Claudia Belfort Em SP, PM que mata jovem negro favelado cumpre uma política de Estado Portal Ponte 02 06 2015. http://ponte.org/em-sp-pm-que-mata-jovem-negro-favelado-cumpre-uma-politica-de-estado/
http://www.abc.com.py/internacionales/brasil-jovenes-negros-tienen-25-mas-chances-de-ser-asesinados-que-los-blancos-1364261.html
http://upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/5384-brasil-la-pacificacion-de-rio-de-janeiro-y-la-intervencion-militar-en-las-escuelas
http://www.diariouno.com.ar/mundo/Brasil-aprobo-la-reduccion-de-la-edad-penal-de-18-a-16-aos-20150820-0050.html
http://www.observatoriodefavelas.org.br/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-05-18/un-brasil-asolado-por-la-delincuencia-quiere-condenar-a-sus-menores_794865/
https://www.youtube.com/watch?v=BoM-mce3QhA
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/078.asp
http://blogs.elpais.com/contrapuntos/2015/07/ciudades-latinoamericanas-imagenes-de-la-segregacion-y-realidades-desiguales.html
Cristiano Morsolin, investigador y trabajador social italiano radicado en Latinoamérica desde 2001, con experiencias en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil. Autor de varios libros, ha colaborado con la Universidad del Externado de Colombia, Universidad del Rosario de Bogotá, Universidad Politécnica Salesiana de Quito. Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS (Milán), investiga la relación entre movimientos sociales y políticas emancipatorias.
Blog del autor: https://diversidadenmovimiento.wordpress.com/
El catedrático británico David Harvey, uno de los geógrafos más citados y reconocidos por sus estudios en antropología, afirmó en Brasil que la desigualdad es el "motor" de la segregación urbana en la urbanización masiva de los últimos treinta años en el mundo. "El bienestar de la población y la calidad de vida no está siendo cuidada en ningún lugar del mundo por los procesos de urbanización masiva que se vienen dando desde hace treinta años siendo la desigualdad el mayor motor de la segregación urbana" resaltó el británico durante un seminario celebrado en Sao Paulo el pasado 9 de junio.
Harvey fue el principal invitado extranjero del Seminario Internacional "Ciudades Rebeldes" que ha debatido hasta el 12 de junio la transformación de las ciudades en beneficio de sus habitantes.
Entre los más de cuarenta ponentes se encuentran el reconocido economista Marcio Pochmann y el diputado federal y periodista Jean Wyllys, activista en defensa de los derechos de la comunidad homosexual y vencedor de una edición brasileña del programa de televisión "Big Brother" (Gran Hermano).
El británico hizo referencia a las nuevas alcaldías progresistas en España explicando que "están surgiendo nuevos grupos políticos en búsqueda de modos de decisión más democráticos, lo que supone que existe una voluntad política de cambiar y un derecho a ciudad".
Sobre ese "derecho a ciudad", los participantes de la apertura del encuentro destacaron la necesidad de una metrópoli alternativa con inclusión, oportunidades, desarrollo y solidaridad, donde se permita la discusión con la ciudadanía frente a la exclusión, la violencia, la explotación y la crisis, actual segregación.
De otro lado, Harvey comparó el valor de uso de las casas y el precio de mercado de las mismas afirmando que muchas de las inversiones en las ciudades tienen como objetivo satisfacer el lujo, pero luego en esas residencias nadie puede vivir debido a su elevado coste.
"Se está destruyendo el concepto ciudad como espacio en que sus habitantes conviven debido al desarrollo insostenible, efectos del neoliberalismo, urbanización militarizada, especulación inmobiliaria, falta de movilidad y de libertad acuñándose como un mero concepto político", apuntó.
Para el geógrafo, "todo es sometido a un cálculo monetario en el que nosotros no importamos pero el dinero si, y eso es el centro de un proceso de urbanización que está siendo impulsado por el poder del valor monetario" (1).
Este artículo tiene el objetivo de profundizar el derecho a la ciudad y la segregación urbana, temática que voy personalmente a debatir durante el V Congreso Internacional de Pedagogía Social bajo el lema “El lugar de la educación social, popular, comunitaria en las políticas públicas de Brasil”, importante evento organizado por la Universidad Estacio de Vitoria-Espirito Santo (Brasil), Ufes y Radier, en programa por los días 1-3 de septiembre de 2015 (2).
¿En São Paulo, policía militar que mata joven negro favelado, cumple con una política de Estado?
El 27 de mayo de 2015 un joven negro, Lucas Custodio de 16 años fue muerto por policías en la favela Sucupira, en Grajaú, al extremo sur de la ciudad de São Paulo.
Habría implorado a uno de los policías: “Não precisa me matar, senhor”. Estaba desarmado, fue esposado, llevado para un matorral y ejecutado. La Policia Militar no dio explicaciones, la Secretaría de Seguridad Pública no se pronunció, y el gobernador del estado Geraldo Alckmin (PSDB), se hizo el desentendido.
Los periodistas Claudia Belfort y Luis Adorno enviaron cinco pedidos de respuesta, de esclarecimiento y de entrevista a la Policía Militar y a la Secretaría de Seguridad Pública, que no obtuvieron respuesta. Durante los días siguientes enviaron nuevos mensajes para obtener información sobre el hecho. Ninguna contestación. En 2013 ante la muerte de un universitario blanco de 19 años, Casper Líbero, el gobernador Alckmin no sólo se pronunció indignado sino que anunció que encaminaría al Congreso Nacional un proyecto de ley para tornar más rígido el Estatuto del Niño y del Adolescente en caso de violencia cometida por menores. Menos de 10 días después fue a Brasilia a 1.000 km. de la sede de su gobierno a entregar su propuesta. Pero no se molestó el mes pasado en ir a Grajaú a 26 km. para dar una explicación o una palabra de conforto a la familia de Lucas, un joven favelado negro.
La conclusión de los periodistas es inevitable “en São Paulo, policía militar que mata joven negro favelado, cumple con una política de Estado” (3).
Jóvenes negros tienen 2,5 más chances de ser asesinados que los blancos
Un joven negro corre 2,5 veces más riesgo de morir asesinado que uno blanco, un estudio presentado este jueves y que refleja la gran vulnerabilidad a la violencia que sufren los afrodescedientes en el empobrecido nordeste del país. “La violencia contra la juventud negra se convirtió en un problema de estado en Brasil”, afirma el prefacio del Índice de Vulnerabilidad juvenil a la Violencia y la Desigualdad 2014, elaborado el pasado 7 de mayo de 2015 en conjunto por la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública, el gobierno federal y la Unesco (4).
El informe muestra que el nordeste es donde los brasileños negros de entre 12 y 29 años son más susceptibles a sufrir violencia y las consecuencias de la desigualdad que sus pares blancos de la misma franja etaria.
Según el reporte, en 2012 fueron asesinados 87 jóvenes negros por cada 100.000 individuos pertenecientes a ese grupo en el nordeste, mientras que la proporción de homicidios entre los jóvenes blancos de esa región fue de 17,4 por cada 100.000.
En el estado de Paraíba (nordeste), un joven negro corre 13,4 veces más riesgo de ser asesinado que uno blanco, muy por encima de la tasa promedio del país.
“Aunque la esclavitud terminó a fines del siglo XIX, lamentablemente no hubo un proceso de inclusión productiva, económica” de la población negra, afirmó el ministro de Derechos Humanos de Brasil, Pepe Vargas, durante la presentación del informe.
“Eso hace que en las periferias, donde la pobreza está más presente, también hay mayor presencia de afrodescendientes”, quienes todavía ven sus derechos económicos y sociales cercenados, agregó.
Según el reporte, el estado donde existe menor diferencia de riesgo relativo es Sao Paulo (sureste) , donde los jóvenes negros tienen 1,49 más chances de morir asesinados. Paraná (sur) es el único estado donde un joven blanco corre más riesgo de morir en un homicidio que uno negro.
El conjunto de esos datos conforma un índice que contempla además otros indicadores, como la mortalidad por accidentes de tránsito, la concurrencia a la escuela, la inserción en el mercado de trabajo, la pobreza en el municipio donde viven y la desigualdad.
Brasil, con más de 200 millones de habitantes, es el segundo país con mayor población negra del mundo (51,7%) después de Nigeria.
Históricamente, el nordeste concentra los mayores índices de pobreza, en contraste con el sur y sureste de Brasil, donde está la megalópolis Sao Paulo, capital económica del país.
Según la Secretaría Nacional de Juventud, el nuevo estudio será utilizado para orientar políticas públicas de reducción de violencia contra los jóvenes.
La “Pacificación” de Río de Janeiro y la intervención militar en las escuelas
Diego Ferrari es Asistente Social, Militante de Derecho Humanos, integrante de la Agrupación Filhos e netos por Memoria Verdade e Justiça en Rio de Janeiro. Participó de movimientos sociales como el Frente Popular Dario Santillán en Argentina, Y contribuyó como Coordinador Político Pedagógico en la ENFF del Movimiento Sin Tierra en Brasil.
Diego Ferrari (5) considera que “La política de seguridad pública de la ciudad de Río de Janeiro ocupa un lugar destacado entre las políticas públicas del estado brasileño. Se trata de superpoblar de policías militares determinadas zonas, alcanzando a ocupar escuelas públicas de ser necesario. En ese marco se produce una disputa en el territorio de las escuelas públicas de las favelas, entre el paradigma policíaco controlador y el de la educación como derecho y oportunidad.
La Ciudad de Río de Janeiro, al asumir su condición de ciudad global, se posiciona a escala mundial como la vidriera de América Latina. La “ciudad maravillosa”, elegida como sede para el desarrollo de múltiples mega-eventos, consolidó una gestión empresarial de la ciudad.
Según datos del Instituto Brasileño de Geografía e Estatística (IBGE), más del 14% de la población de la “ciudad maravillosa” vive en favelas. Son más de un millón y medio de personas viviendo en 43km2 de asentamientos informales. Se cuentan casi 1000 favelas, pero las ocho más grandes concentran el 40% de los habitantes totales en este tipo de barriadas.
Las UPP creadas a partir del 2008 -a través del emblemático caso de “la favela modelo”, Santa Marta en Botafogo-, se conciben como un “modelo de policía comunitaria”. Según datos del Instituto Pereira Pasos, después de 7 años de implementación del programa, la reducción de homicidios en las zonas de instalación de las UPP entre el 2009 y el 2012, a partir del 2013 se reduce generando registros de nuevos picos de violencia. Según datos del Nupevi (Núcleo de Pesquisa das Violências), citados por el investigador Marcos Barreira en el libro "Hasta el último hombre”, las UPPs están presentes en menos de 3% de las más de mil favelas de Río, mientras que las milicias dominan el 41,5% y el tráfico el 56%. Pero eso sí, las UPPs, cubren el 100% de las favelas de la zona Sur. La UPP forma corredores de seguridad y áreas militarizadas protegidas en las regiones de gran inversión: “La zona oeste está prácticamente olvidada y la Baixada Fluminese, que tiene los mayores índices de homicidio en el Estado, está completamente olvidada. Las armas y el poder paralelo se mudaron para el interior” (información verbal de un profesor de una escuela de la Rocinha.)
"La panza de la mujer de la favela es una fábrica de bandidos”, dijo Sergio Cabral Filho, ex gobernador del estado de Río de Janeiro (PMDB), que tuvo que renunciar después de las masivas movilizaciones de junio de 2013. Ocurre que las diferentes concepciones del sujeto que habita en las periferias urbanas llevan al desarrollo de diversas políticas públicas. Cabral es el responsable por la implementación de las UPP. Es que la "pacificación" se basa en una lógica propia de la guerra, una modalidad particular del ejercicio del poder, en la cual una de las partes en conflicto somete a la otra por medio del uso de la violencia. Pacificación en enfrentamiento con vistas la dominación. Pacificar la sociedad desde esa concepción supone entonces que una de las partes del conflicto se presente como externa a él, presentando un discurso que se esfuerza por hacer creer como orden universalmente válida, una forma particular de ordenamiento del mundo.
Es lo que el profesor universitario Carlos Vainer llama de ciudad de exepción: “un modelo basado en el control del acceso a los espacios públicos, a los espacios urbanos de una forma general. La ciudad de excepción no comienza con el agregado de los grandes eventos, comienza antes de eso, pero con certeza ella se consolida con los megaeventos y corre el riesgo de eternizarse, o sea, alterar de un golpe todos los paradigmas urbanos de la ciudad”. Básicamente, “esa ciudad de excepción”, está caracterizada por una gestión autoritaria y militarizada del espacio urbano.
La Pacificación y el territorio de la escuela
En el año 2014 fue creado el Programa Estatal de Integración en la Seguridad (Proeis), resultado de un convenio entre la Secretaria de Educación (Seeduc) e la Secretaría de Seguridad (Seseg). A través del mismo, las UPPs desarrollan “acciones sociales” en las 38 comunidades en las que se encuentran, utilizando como base de actuación, entre otros, el territorio escolar. De esta forma, por ejemplo, policiales “pacificadores” están encargados de “acompañar” el ausentismo escolar, además de garantizar la “seguridad” en la escuela por medio de su presencia en el cotidiano escolar.
En las publicidades difundidas ampliamente en los medios sobre el accionar policial de “proximidad con la comunidad”, se observan encuentros culturales, musicas, deportes. Sobre el carácter comunitario de la UPP, Beltrame afirma: "En el ámbito de las acciones sociales, el foco principal será la escuela." Las acciones sociales destinadas directamente a la construcción de hegemonía, pasan y entran en el “territorio escolar” a veces a través de el apoyo escolar en la mayoría de las favelas. En otras directamente la UPP funciona dentro del edificio escolar ocupando su territorio material.
Entrevistada sobre la presencia policial en la favela, la madre de un alumno de la escuela de la Rocinha descarga su opinión: “Esa idea de la UPP controlando el ausentismo escolar es ridícula. ¿Y cuando mi hijo falta a clase que sucede? ¿Le dan una cachetada? ¿Cuál es la formación que el policía militar tiene para lidiar con la educación de nuestros hijos? Queremos mas jardines de infantes, mas puestos de salud, mas proyectos sociales. Ahora que todo el mundo está viendo que ese plan de seguridad es un fracaso, nuestro secretario de seguridad pública viene a decir que está sólo. La UPP es política de control social y exterminio de pobre, solo no lo ve quien no quiere verlo.”
Un estudio hecho por la investigadora Joana Monteiro, de la Fundación Getúlio Vargas, afirma que estudiantes de escuelas instaladas en áreas de riesgo (incluyendo zonas de UPPs) obtienen menor puntaje en las pruebas. Los números lo confirman: Por lo menos en los resultados referentes a la Escuela Estadual Caic Theophilo de Souza Pinto, del Complexo do Alemão, en 9º ano del nivel de enseñanza fundamental obtuvo notas bajas. En los dos años que la escuela convivió con la presencia de una UPP en su território, no alcanzó los promedios estaduales.
El caso del Complexo do Alemão
En el año 2012, después de haber recibido un fuerte ataque en el container precario en el que funcionaba la UPP de Nova Brasilia en el complexo de Favelas llamado el Alemão, la secretaría de seguridad tomó la decisión de instalar la base de la UPP en el patio de la escuela de la favela.
La presencia de la Policia Militar en el Colegio Theophilo de Souza Pinto trajo una serie de conflictos en el cotidiano escolar que van desde, el patrullaje en horarios de entrada y salida de la escuela, revisar a alumnos a la entrada del edificio escolar o de camino para la escuela, hasta el impacto de balas en el frente de la escuela. En la escuela actualmente estudian 820 alumnos. Antes de la instalación de la base de UPP, la escuela supo recibir el doble de alumnos como matrícula, la deserción escolar es alarmante.
Padres de alumnos, estudiantes y profesores dicen que es común que la Policía Militar (PM) use la parte interna del colegio para intercambiar tiros con los grupos de traficantes, y ha ocurrido que alumnos quedan en la línea de tiro. Una serie de declaraciones pueden graficar la situación de la escuela. Las declaraciones que siguen fueron obtenidas durante el trágico mes de abril de 2015 en el territorio del Complexo, en el que varias muertes por “balas perdidas” afectaron la población, entre ellas el emblemático caso de Eduardo, un niño de 10 años:
“Mi escuela, querida, maltratada por el desprecio de este gobierno estadual. De acuerdo con la dictadura de la “pacificación”, en el Complexo, la escuela es un granero de vagabundos, y sus trabajadores conspiradores.” (Relato de una profesora del complexo do Alemão.)
“Esta escuela que se transformó en una porquería desde que la base militar entró.” (Relato de la madre de un alumno).
“La presencia ostentosa de policiales fuertemente armados en el interior de la escuela pone en riesgo toda la comunidad escolar, violenta principios pedagógicos y limita considerablemente el desarrollo de la educación. Para nosotrxs lxs profesores hoy el problema de violencia es la presencia de la UPP en la escuela.” (Declaraciones del SEPE, Sindicato Estadual de Profesionales de la Educación.)
“El patrullaje del barrio es en el mismo horario de la entrada y salida de la escuela. Usan a los chicos como escudo, yo digo, están errados. ¡Yo con mis impuestos ayudo a pagar el salario y las municiones de quienes están matando a mis vecinos amigos! Antes era común ver un barrilete y niños corriendo, ahora acá nadie corre porque recibe un tiro en la espalda. ¡Y esos nenes tienen que ver a esos mismos policías en la escuela!” (declaración de un vecino integrante de organizaciones de la favela.)
Sin embargo desde los lugares de poder se realizan declaraciones como las de la Secretaria de Estado de Educación (Seeduc) que afirmó:
“la presencia de la unidad de policía no trajo daños para el colegio. Los reclamos no representan la mayoría de los profesores y alumnos” (Declaración de representante de la secretaría)
El 4 de mayo del 2015, producto de la organización de los vecinos de la comunidad y los profesores de la escuela, se llevó a cabo una audiencia pública de comisiones de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, en el patio de la escuela. Asistieron varios diputados, dirigentes de las fuerzas de seguridad. Después de un nutrido intercambio, se pautó la salida de la UPP del territorio escolar.
"La fachada del colegio está cubierta de marcas de tiros, En la sala de la directora, al lado de la silla hay agujeros de tiros de fusil. Es incuestionable lo que la presencia de la sede de la UPP trajo para aquella escuela.” (Declaración del diputado Marcelo Freixo -PSOL-)
“Eso es incompatíble con el proceso pedagógico. Hay que elegir o la escuela o la UPP.” (Declaración del profesor elegido para hablar en representación del colectivo.)
El gremio estudiantil no se animó a participar de la audiencia por considerar que no tenian garantizada su seguridad al exponerse. Dejó una carta que fue leida por los profesores donde decían:
“Nuestro objetivo es restablecer la paz en nuestro ambiente de estudio, traer de vuelta los proyectos que perdemos para que la escuela sea un territorio neutro en este conflicto, así como lo era hace tres años atrás”. (fragmentos de la carta del gremio estudiantil leída durante la audiencia pública 4/5/2015)
Educación para todos y la estrategia de incluir para segregar
La obligatoriedad de la educación media ya sancionada en Argentina, México y creciente en muchos países del continente. En Brasil, la Enmienda Constitucional (EC) 59, establece el año 2016 como plazo final para la implementación de una Educación Básica Obligatoria hasta los 17 años de edad. Particularmente, en Río de Janeiro, la “ciudad maravillosa”, se renueva una disputa territorial en las escuelas de la periferia. la Enmienda Constitucional 59, sancionada en Noviembre de 2009, todos los sistemas de enseñanza de Brasileños deben adecuarse para garantizar 14 años de enseñanza escolarizada gratuita. Esta política que pone en tensión el viejo mandato selectivo y de de la enseñanza media, esconde la estrategia de “incorporar para segregar”.
No es lo mismo hablar de escuelas de la periferia, que de escuelas del centro de las grandes ciudades. ¿Alguien podría imaginar estos eventos policíacos en una escuela privada de los barrios nobles de la ciudad maravillosa? No son las mismas funciones para las escuelas de los centros que para las de las periferias. Las diferentes ofertas educativas, sumadas al avance de la privatización de la enseñanza, llevaron a la consolidación de diversas trayectorias escolares que generan el encierro de los diferentes sectores sociales en instituciones socio-culturalmente homogéneas. Es así que el mandato hegemónico actual de incorporar a toda la población en la escuela pública con un proyecto educativo precarizador, y diversificar la oferta educativa según los sectores sociales, torna más efectiva la segregación proyectada en el modelo de ciudad planificado. Desde la infancia, se consolida un mundo fragmentado donde las poblaciones viven vidas paralelas que difícilmente se crucen entre sí. Se apunta a la construcción de un mundo fragmentado, donde las poblaciones viven vidas paralelas.
En este mundo patas para arriba, se invierte también la función de la escuela de la periferia. Donde debería nacer el germen de esperanza de una transformación a través de la educación, se consolida por medio de la presencia policial, el modelo controlar que usa la violencia y la represión constante. Favorable al desarrollo del capital, y a la estructuración de la ciudad modelo, la política “pacificadora” en América Latina vuelve a violar sistemáticamente los derechos de la población.
De todas formas la resistencia siempre perdura, y bajo la piedra pesada de los tiempos, la flor vuelve a darnos su escándalo. La organización de la comunidad viene dando una disputa por su territorio. La escuela pública, a pesar de una desigual relación de fuerzas, se erige como el territorio de mayor legitimidad para la participación de padres, madres, alumnos/as y profesores/as, La escuela es todavía un lugar para el encuentro y la organización de los/as trabajadores, para expresar con dignidad la rabia cotidiana y para practicar colectivamente la construcción de alternativas”, concluye Sergio Ferrari.
Brasil aprobó la reducción de la edad penal de 18 a 16 años
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles 19 de agosto de 2015 en segunda instancia una nueva Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) a favor de la reducción de la edad de responsabilidad penal para los delitos graves.
En una votación que se extendió hasta bien entrada la noche de este miércoles, 320 diputados votaron a favor de la propuesta, 152 se mostraron contrarios y uno se abstuvo.
Una vez aprobada por la Cámara baja, el siguiente paso del proceso para la aprobación de esta enmienda constitucional es su votación en el Senado.
Esta propuesta promueve la reducción de la mayoridad penal, de los 18 a los 16 años, para los "crímenes hediondos" (graves), entre los que están la violación, el secuestro, el robo seguido de muerte y el homicidio cualificado, además del homicidio intencional y la lesión corporal seguida de muerte.
El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de la presidente Dilma Rousseff y otras fuerzas de izquierda votaron en contra de la medida con el argumento de que modificar la edad de responsabilidad penal no reducirá las tasas de inseguridad y violencia en el país.
Sin embargo, esta medida cuenta con el respaldo del presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, quien pese a ser miembro del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la formación mayoritaria en la coalición de gobierno, ha declarado su postura personal de oposición al Ejecutivo.
Cunha es uno de los políticos investigados a raíz del gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, y el miércoles, antes de la votación de la PEC, descartó que vaya a renunciar a la Presidencia de la Cámara de Diputados como piden sus detractores.
A principios de julio, Cunha logró la aprobación de la PEC en primera instancia de forma polémica al colocar este proyecto en la pauta de votaciones por segunda vez en menos de 24 horas, después de no haber conseguido sacar adelante una primera propuesta y conseguirlo luego con algunas modificaciones en el texto original.
A diferencia de la propuesta original, fueron excluidos en la nueva iniciativa los crímenes de terrorismo, lesión corporal y tráfico de drogas, y se anexó que los menores, entre 16 y 18 años juzgados como adultos pasen a cumplir sus penas en centros de reclusión diferentes de las actuales cárceles.
Pese a que se han pronunciado en contra de la medida importantes organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Unicef, los sondeos indican que la mayoría de la población aprueba la enmienda.
La actual legislación dicta que la reclusión de menores en reformatorios tenga un máximo de tres años, y los legisladores oficialistas contrarios a la PEC aprobada proponen que ese período podría aumentarse hasta entre ocho y diez años sin tener que reducir la edad de responsabilidad penal (6).
“La cárcel brasileña no rehabilita a nadie”
La izquierda progresista y los defensores de los derechos humanos, destacados académicos como Sergio Paulo Pinheiro, recuerdan que la reducción de la edad penal no garantiza de por sí una disminución de la violencia. “No tiene ningún sentido. Es una tontería, y más si tenemos en cuenta que el sistema penitenciario brasileño no recupera a nadie. El 80% de los presos reinciden y vuelve a la cárcel”, afirma Jailson Silva, fundador de la ONG Observatório de Favelas (7) y profesor universitario. “Es una solución conservadora que ha sido colocada en la agenda pública”, añade Alexandre Siconello, asesor de Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI).
Los datos muestran un panorama desolador. En el último año, se ha disparado el número de menores arrestados tras cometer algún tipo de delito. En Río de Janeiro, por ejemplo, cada hora se registra una detención de niños o adolescentes. En 2014, fueron arrestados 8.380 jóvenes, casi tres veces más que en 2010, cuando fueron 2.806. De ellos, el 41,53% cometió crímenes relacionados con el narcotráfico; el 27,92% practicó robos y el 13,65%, hurtos; y el 5,23% fueron arrestados con armas.
“En 2006 cambió la ley sobre drogas, que despenaliza bastante al usuario y mantiene la penalización para el traficante. Al mismo tiempo, en este periodo aumentaron mucho los crímenes relacionados con el narcotráfico. Hoy el 25% de la población carcelaria está formada por pequeños traficantes. La mayoría son jóvenes negros”, Alexandre Siconello, de AI.
Jailson Silva confirma ese dato y critica que los sistemas judicial y penitenciario no se planteen hacer un trabajo específico con este tipo de jóvenes. “El primer paso es reconocer que la política de droga es un fracaso completo. Hoy el número de presos por este motivo es absurdo. Lo primero que habría que hacer es despenalizar la venta de todas las drogas y regularla, de forma diferente según la substancia”, defiende este profesor.
El mismo año en el que el Estatuto del Niño y el Adolescente (ECA) cumple un cuarto de siglo, expertos y activistas coinciden en que la situación está cada vez peor. Crecen los índice de violencia, pero con un matiz: de los 21 millones de adolescentes brasileños, solo el 0,013% cometieron actos contra la vida, según datos de Unicef. El 90% de los crímenes de adolescentes son robos y otros atentados contra la propiedad (8).
Miembros del Comité de Derechos del Niño de la ONU como su Vice-Presidenta Sara Oviedo (Ecuador) dicen NO a la reducción de la mayoría de edad penal en Brasil (9).
Entrevista exclusiva al profesor universitario Roberto da Silva
PROF. DR. ROBERTO DA SILVA, Docente do Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação, Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação, fue un niño internado y privado de su libertad en FEBEM de Sao Paulo (como adulto ha activado una campaña de movilización internacional que tuvo el resultado de clausurar esta entidad estatal denunciada por Amnesty Internacional como lugar de abuso policial) y sabe que es la violencia institucionalizada del Estado.
PREGUNTA: ¿Cómo considera la reducción de la edad penal?
RESPUESTA: Brasil puede sufrir la suspensión de los sistemas internacionales de derechos humanos si reducir la edad legal. Brasil es signatario de todos los tratados y convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU. La abolición, suspensión o restricción de los derechos en virtud de estos tratados y convenciones por un Estado nacional requiere que se comunicará a todos los demás países signatarios. La reducción de la responsabilidad penal de los adolescentes viola varios principios de las normas internacionales y Brasil tendrá que comunicar y justificar la medida ante los192 países afiliados al sistema de la ONU. Es este requisito de la comunicación que puede resultar en la suspensión e incluso la expulsión del Brasil de los organismos como la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, entre otros. Eso sería lamentable, porque Brasil es un referente internacional en el ámbito de la protección de los niños y adolescentes, lucha contra el trabajo infantil y la regulación de la adopción internacional de niños.
PREGUNTA: ¿Con relación al PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS en cuales artículos se violaría?
RESPUESTA: Artigo 4º - Item 3. Los Estados Partes en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, las disposiciones han suspendido y los motivos de dicha suspensión. Cada Estado Parte hará una nueva comunicación, también por el Secretario General a través de las Naciones Unidas, la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.
Artigo 5º - Item 2. No podrá admitirse restricción o suspensión de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en el presente Pacto conforme a la ley, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor medida.
PREGUNTA: ¿Cuál es el objetivo del V Congreso Internacional de Pedagogía social que usted está organizando con toda una equipe de destacados académicos como Jacyara Silva de Paiva e Erineu Foerste?
RESPUESTA: El Congreso Internacional de Pedagogía social, en su quinta edición, es un evento dedicado a discutir en manera amplia la reglamentación de la educación social como profesión en Brasil y su relación con la formación en las áreas de la pedagogía social y de la teoría general de la educación social.
Este importante congreso cuestiona el lugar que debe ocupar la “educación popular, social y comunitaria en las políticas públicas de Brasil”, en un momento donde se discute el Sistema Nacional de Educación, el Plan Nacional de Educación, la Reforma de la enseñanza media y de la destinación de los recursos públicos a la Educación y también otros temas muy actuales como la reducción de la edad penal y la violencia en contra de la juventud negra y pobre de las periferias. Vamos a profundizar debates e investigaciones a partir también de experiencias internacionales y de buenas prácticas educativas populares y sociales realizadas aquí en Brasil. Esperamos que la realización de este congreso pueda trazar una importante contribución para la educación brasilera, en sus dimensiones económicas, políticas, sociales e culturales que hagan efectivos espacios sociales diversificados, mas allá de las escuela y salas de clase, como un cuerpo de conocimiento que sirva para la teoría general y las prácticas de educación social, popular y comunitaria y como disciplina científica.
Relatoría sobre los Derechos de la Niñez culmina visita a Brasil y se manifiesta en contra de la reducción de la edad de imputabilidad penal
La Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisionada Rosa María Ortiz, culminó su visita a Brasil, que tuvo lugar del 1 al 3 de julio de 2015 y que incluyó Brasilia y San Pablo. El objetivo fue promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país y expresar que la propuesta de reforma constitucional para rebajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para el caso de delitos graves es contraria a los estándares interamericanos de derechos humanos.
Durante su visita la Relatora fue recibida por diputados y senadores y se reunió con organizaciones de la sociedad civil y con líderes religiosos para tratar la temática. El 3 de julio, la Relatora participó en una audiencia pública ante la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo (ALESP) convocada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALESP, y por la ONG Visión Mundial. Participaron también de la audiencia pública concejales del municipio de São Paulo, representantes del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, de Visión Mundial, de la Universidad de São Paulo (USP), de la Red Evangélica Nacional de Acción Social (Renas), y jóvenes de la comunidad Lins de Vasconcelos en Rio de Janeiro, una de las zonas más afectadas por la violencia. Durante su viaje la Relatora también se encontró con jóvenes de la región de Capão Redondo, del estado de São Paulo, y de Lins de Vasconcelos y de la ciudad de Nova Iguaçu, del estado de Río de Janeiro, para dialogar sobre las condiciones de vida y de seguridad en las zonas donde éstos viven, muy afectadas por la violencia y el clima de inseguridad.
La Relatora expresó profunda preocupación por la propuesta de enmienda constitucional (PEC) nº 171 debatida por la Cámara de los Diputados de Brasil, la cual busca modificar la Constitución Federal de 1988 para reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para delitos contra la vida y crímenes considerados graves. Durante los días en los que transcurrió el viaje la propuesta fue rechazada en la Cámara de Diputados y colocada de nuevo a votación en la misma Cámara, con la introducción de algunos cambios en su enunciado. La votación tuvo lugar con menos de 24 horas de diferencia con la anterior, ocasión en la cual la propuesta fue aprobada. Para llevar a cabo el cambio en la Constitución brasileña, la propuesta todavía debe pasar por una segunda ronda de votación en la Cámara de los Diputados y debe ser aprobada en dos turnos de votación en el Senado Federal.
En el viaje, la Relatora subrayó que los instrumentos internacionales establecen que son “niños” todas aquellas personas menores de 18 años de edad y que los estándares establecidos por la Convención Americana, la Convención sobre los Derechos del Niños y por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos son inequívocos en garantizar el tratamiento diferenciado y especializado a las personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal. La Comisionada Ortiz afirmó que la propuesta además violaría el principio de no regresividad en materia de derechos humanos ya garantizados. La propuesta de rebaja de la edad penal constituye una grave violación de los derechos fundamentales de los adolescentes y está en contra de los tratados internacionales ratificados por Brasil.
La Constitución Federal brasileña actualmente establece que los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años no pueden ser responsabilizados de la misma manera que los adultos por sus conductas de infracción a las leyes penales y establece un sistema de justicia juvenil diferenciado, en atención a la condición de desarrollo de los niños y los adolescentes. La Constitución y el ECA actuales son concordantes con los estándares internacionales de derechos humanos, aunque su implementación precisa ser reforzada. La propuesta de reforma constitucional retrocede en los avances legales alcanzados por Brasil. La Relatora destacó que "Brasil fue el primer país en el continente en traducir la Convención sobre los Derechos del Niño en una ley específica para la niñez con el Estatuto da Criança e do Adolescente, y ésta fue una buena práctica que inspiró e influyó positivamente en toda nuestra región”.
Asimismo, la Relatora saludó los avances en materia legislativa e institucional en relación al Sistema de Garantía de Derechos a la niñez, particularmente el Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) y la entrada en vigencia de la Ley nº 12.594 en 2012, que reglamenta las medidas socio-educativas y establece el Sistema Nacional de Atención Socio-educativa (SINASE) para los adolescentes en conflicto con la ley, además de asentar la justicia restaurativa como principio de la justicia juvenil. Sin embargo, advierte que el SINASE precisa ser fortalecido para cumplir con su función de rehabilitación y que, a la vez, éste actúa en forma complementaria con el Sistema de Garantía de Derechos, el cual también debe ser reforzado para abordar las causas que llevan a adolescentes a cometer delitos.
Niños, niñas y adolescentes son más víctimas que agresores
Durante la visita, la Relatora señaló que los adolescentes son uno de los grupos más afectados por la violencia en el país. Según datos oficiales, la violencia fue la principal causa de muerte en los últimos 12 años en los adolescentes. En 2012 el 36,5% de los adolescentes entre 10 y 18 años de edad que perdieron la vida lo hicieron víctimas de un homicidio y como resultado de la violencia, en contraposición al 4,8% para el conjunto de la población. También en 2012, 56.000 personas fueron asesinadas en Brasil, de las cuales 30.000 eran jóvenes entre 15 y 29 años y, de ese total, 77% eran afrodescendientes. La mayoría de estos homicidios son practicados con armas de fuego y menos del 8% de los casos llegan a ser juzgados. Además de ser víctimas de la violencia letal, los niños también son diariamente victimizados por otras formas de violencia, en el hogar, en la escuela, incluso por las fuerzas de seguridad del Estado. La Comisionada dijo que “en los entornos en los que crecen los niños proliferan las armas de fuego, el tráfico de drogas y la presencia de organizaciones criminales, con habituales enfrentamientos armados y presiones de los grupos delictivos”.
Sin embargo los niños son acusados de ser los principales responsables de los delitos graves en Brasil. Pero, contrariamente a lo que se cree, datos recientes de Unicef indican que de los 21 millones de adolescentes brasileños, apenas el 0,013% ha cometidos delitos contra la vida. La vinculación de los adolescentes a la criminalidad está limitada, en grande parte, a delitos patrimoniales o relacionados con el microtráfico de drogas, los cuales se relacionan, en opinión de la Comisionada: “con el entorno socio-económico de exclusión y discriminación de la infancia pobre y afrodescendientes en un contexto de urbanización desorganizada que no logra ofrecer condiciones de vida dignas, y la insuficiencia de políticas sociales del Estado en materia de prevención de la violencia y garantía de derechos”. La Relatora también señala que escuchó de los parlamentarios que hay una demanda ciudadana en contra de la inmunidad de los adolescentes. Al respecto señala “es preocupante la inadecuada información, pues no existe tal inmunidad, ya que los niños que cometen actos delictivos son responsabilizados por los mismos a partir de los 12 años a través de un sistema de justicia juvenil que tiene como objetivo la rehabilitación y resocialización del niño, dicho sistema sí debe ser mejorado.”
Alternativas a la rebaja de la edad penal: prevención y fortalecimiento del ECA
La Relatora enfatizó que, según sus obligaciones internacionales, el Estado de Brasil debe adoptar medidas dirigidas a la prevención de la vinculación de niños, niñas y adolescentes con la criminalidad y la violencia. Además remarcó que el Estado debe sobre todo implementar políticas de apoyo a los niños, a sus familias y comunidades, además de fortalecer las políticas sociales que garanticen el acceso a derechos para las comunidades más excluidas y el sistema de protección a la niñez previsto en el ECA. En sus intervenciones también recomendó que Brasil promueva reformas en los sistemas de seguridad, con revisión de las estrategias policiales hacia una policía más amigable con la población, y se destinen esfuerzos al fortalecimiento de la ciudadanía entre los niños, niñas y adolescentes.
La Relatora hizo hincapié en la importancia de escuchar directamente a los jóvenes: “Lo que vi durante mi visita es que ningún adulto ve con tanta claridad y habla sobre el contexto de la violencia como estos niños y niñas. Mientras que los adultos escriben tesis, tejen comentarios largos, estos jóvenes pueden expresar la situación en 5 minutos, ya que ésta es su experiencia y, pueden ser parte de la solución.”
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia, concluye CIDH (10).
Conclusiones
En la literatura especializada el término “segregación” remite a la proximidad espacial donde se localizan las unidades familiares que son parte de un mismo segmento social y/o la distancia con otros grupos étnicos o socio-económicos. El concepto se utiliza para identificar a los grupos más pobres así como a los que más poseen. Estos últimos tienden a auto-segregarse, en muchos casos como forma de mostrar su poder patrimonial, viviendo en zonas exclusivas donde solo pueden acceder las personas de grandes fortunas. En otros casos, sectores medios se localizan en terrenos cerrados, “imitando” las conductas de los segmentos que concentran las riquezas de la sociedad.
Así, como señala Martha Schteingart, es posible diferenciar entre las formas de “segregación pasivas”, es decir que derivan de rechazos sociales y económicos a los más pobres, de las formas de “segregación activa”, que emerge en los comportamientos de aislamiento de los sectores más poderosos. Estas modalidades de segregación son expresiones de la desigualdad patrimonial, cultural y simbólica que imperan en las sociedades urbanas latinoamericanas. una de cuyas formas de reproducción son el uso y la tenencia del suelo urbano (11).
Existen muchos paralelismos entre la segregación en las escuelas que menciona Diego Ferrari y la realidad colombiana y el proceso de la educación popular como herramienta de movilización y concientización para superar la exclusión, que será objeto de mi reflexión en ocasión del próximo V Congreso Internacional de Pedagogía Social bajo el lema “El lugar de la educación social, popular, comunitaria en las políticas públicas de Brasil”, importante evento organizado por la Universidad Estacio de Vitoria-Espirito Santo (Brasil), Ufes y Radier, en programa por los días 1-3 de septiembre de 2015.
NOTAS
http://www.diariolasamericas.com/5051_portada-america-latina/3154815_david-harvey-afirma-en-brasil-que-desigualdad-es-motor-de-segregacion-urbana.html
http://ocs.ifes.edu.br/index.php/cips/V_CIPS
Claudia Belfort Em SP, PM que mata jovem negro favelado cumpre uma política de Estado Portal Ponte 02 06 2015. http://ponte.org/em-sp-pm-que-mata-jovem-negro-favelado-cumpre-uma-politica-de-estado/
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Cristiano Morsolin, investigador y trabajador social italiano radicado en Latinoamérica desde 2001, con experiencias en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil. Autor de varios libros, ha colaborado con la Universidad del Externado de Colombia, Universidad del Rosario de Bogotá, Universidad Politécnica Salesiana de Quito. Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS (Milán), investiga la relación entre movimientos sociales y políticas emancipatorias.
Blog del autor: https://diversidadenmovimiento.wordpress.com/
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