La ONU se pronuncia sobre el desalojo de una familia con dos menores que vivía en una habitación de alquiler. La ONU condena al Estado español por la vulneración del derecho a la vivienda

Enric Llopis


El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha condenado al Estado español por vulnerar el derecho a la vivienda, según establece un dictamen emitido el pasado 20 de junio. La ONU considera que las autoridades estatales (incluido el Gobierno de la Comunidad de Madrid) incumplieron con las obligaciones de garantizar una vivienda alternativa a una familia desahuciada, en octubre de 2013, en el barrio madrileño de Tetuán. Los cuatro miembros de la unidad familiar fueron desalojados de la habitación en alquiler donde residían, tras el proceso judicial iniciado por la arrendadora. En el apartado final de recomendaciones, Naciones Unidas recuerda que el Estado español tiene la obligación de proporcionar a los afectados una reparación efectiva. Así, tras evaluar la situación actual de las víctimas, en caso de que éstas no cuenten con una vivienda adecuada, tendrá que otorgarles una vivienda pública o adoptar una medida de similares características; y además, apunta el dictamen, concederles una compensación económica “por las violaciones sufridas”.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales implica obligaciones para los estados firmantes. Así, el Comité de la ONU insta al Estado español a garantizar que en los procesos judiciales por desahucio de inquilinos, los demandados puedan oponerse o presentar un recurso. Incluso va un punto más allá. Pide la adopción de medidas para que los desalojos de personas sin recursos sólo se ejecuten tras una consulta “genuina y efectiva” con los afectados; y de que el Estado haya “realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles”, para que las personas desahuciadas cuenten con una vivienda alternativa. El dictamen también exhorta a que el Gobierno desarrolle, en coordinación con las comunidades autónomas “y hasta el máximo de los recursos disponibles”, un plan que garantice el derecho a la vivienda adecuada de las personas con escasos recursos.

Los hechos evaluados por Naciones Unidas tienen como protagonistas a dos ciudadanos de nacionalidad española, Mohamed Ben Djazia; y argelina, Naquel Bellili, matrimonio que contaba con dos hijos de uno y tres años en el momento del desahucio (los dos tendrían derecho a una protección especial). Según la información que aportaron al Comité de la ONU los denunciantes, Mohamed Ben Djazia vivía en una habitación de alquiler en un piso de Madrid desde 1998, a la que se trasladó Naquel Belilli en 2009. Ambos abonaban la renta mensual del alquiler. Durante una década, el primero presentó trece solicitudes para acceder a una vivienda social del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA), sin resultado alguno. Además, hasta el 21 de junio de 2012 percibió el subsidio de desempleo. Pero al carecer de ingresos familiares, cesaron en el pago del alquiler durante los meses siguientes, de modo que la arrendadora les anunció que no prorrogaría el contrato. En ese momento (agosto de 2012), la familia no disponía de recursos ni alojamiento alternativo, por lo que permanecieron en la habitación.

En noviembre de 2012 la arrendadora presentó una demanda de juicio verbal de desahucio ante el Juzgado de Primera Instancia Número 37 de Madrid, que ordenó el desalojo el nueve de julio de 2013. Ante la orden de expulsión, la familia afectada pidió al juzgado que reiterara los oficios emitidos a los Servicios Sociales autonómicos y municipales; y se requiriera tanto al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) como a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) a que le proporcionaran una vivienda, después de más de una década de solicitudes. Las víctimas agotaron las vías legales. En septiembre de 2013 plantearon un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y una petición de medidas cautelares, además de una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Según consta en el relato de los denunciantes, los dos tribunales rechazaron las peticiones. El tres de octubre de 2013 se produjo finalmente el desahucio. Los afectados pasaron entonces diez días en un albergue municipal, y otros cuatro en el automóvil familiar.

El caso fue denunciado ante Naciones Unidas por el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). Uno de los argumentos esgrimidos fue que mientras la Comunidad de Madrid desatendió las solicitudes de vivienda social de los afectados entre 1999 y 2011, redujo durante esos años el número de viviendas públicas, que incluso vendió a entidades privadas; de ese modo se produjo una disminución del parque disponible en un contexto de severa crisis económica, subraya el CAES, que se apoya en un el Informe de Amnistía Internacional “Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España” (junio de 2015). Así, la entidad argumenta que en 2012-2013 el IVIMA y otras entidades de la Comunidad de Madrid vendieron 2.935 casas y otras propiedades a sociedades-fondos de inversión privados; y lo hicieron supuestamente “por motivos de equilibrio presupuestario”. Otro de los razonamientos apunta a que el proceso judicial no respetó las debidas garantías.

En un comunicado conjunto emitido por el CAES y Amnistía Internacional, se resalta que el dictamen de Naciones Unidas “pone al descubierto la violación sistémica del derecho a la vivienda en España”. Ello ocurre cuando se produce un desalojo “sin garantizar alternativa habitacional”, señalan las dos entidades a partir del criterio seguido por la ONU. “Los desalojos no deberían dar lugar a que los afectados queden sin vivienda”, según las obligaciones contraídas por España como parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El CAES y Amnistía Internacional subrayan asimismo la especial atención que los estados deben prestar cuando los desahucios afectan a menores.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) se ha pronunciado en términos similares, a través de un comunicado con el siguiente titular: “El estado español comete violaciones de derechos humanos con cada desahucio sin alternativa habitacional”. Además, destaca que la condena se refiere a un desahucio por extinción de contrato de alquiler. El hecho no resulta baladí, ya que, según explica la nota informativa, “el Gobierno de España alegó que los alquileres entre particulares son ajenos a la responsabilidad del Estado; y también negó cualquier tipo de vulneración, llegando a afirmar que el mercado de alquiler no está sometido a las normas internacionales de Derechos Humanos”.

La cuestión del alquiler no es ajena a la propuesta de Ley de Vivienda de la PAH, que los grupos antidesahucios impulsan en una campaña iniciada el pasado 22 de marzo. Presentado ante los diferentes grupos parlamentarios, el texto incluye cinco medidas “urgentes”: dación en pago retroactiva, moratoria de los desahucios, garantía de luz, agua y gas para todos los hogares, un incremento del parque público por la “movilización” de los pisos vacíos en manos de la banca y la regularización de los precios del alquiler, a partir de experiencias como las de París y Berlín. La batalla por materializar la propuesta coincide con el balance de desahucios del primer trimestre de 2017, presentado por el Consejo General del Poder Judicial: el número de lanzamientos aumentó un 2,2% respecto al mismo periodo de 2016, hasta alcanzar los 17.055; de esta cifra, la mayoría (9.612) se derivan de la Ley de Arrendamientos Urbanos, mientras que 6.372 corresponden a ejecuciones hipotecarias.

Por otro lado, la PAH subraya el apoyo recibido el pasado nueve de junio por la antigua relatora de Vivienda de la ONU, Raquel Rolnik, durante su visita a Barcelona. Rolnik, que desempeñó esta responsabilidad durante seis años, hasta 2014, grabó un vídeo en el que respaldaba la campaña por la Ley de la Vivienda de la PAH. En un informe publicado en agosto de 2012 la entonces relatora, arquitecta y urbanista brasileña afirmaba que el mercado inmobiliario “está sujeto a la lógica financiera, por lo que no ha generado soluciones adecuadas para los pobres”. En otro punto del documento advertía que la financiación de la vivienda en los mercados generalizó las “burbujas” en los precios inmobiliarios, lo que apenas contribuyó al acceso de los sectores empobrecidos a viviendas adecuadas y asequibles. Raquel Rolnik apuntaba asimismo que en el periodo 1997-2004 el precio medio de la vivienda se incrementó un 149% en España, un 139% en el Reino Unido, un 187% en Irlanda, un 112% en Australia, un 65% en Estados Unidos y un 227% en Sudáfrica. El colectivo antidesahucios hace hincapié en que, al frente del cargo en Naciones Unidas, Raquel Rolnik ya defendió la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) hipotecaria promovida por la PAH en 2013.

Una radiografía de los desahucios: pobreza, enfermedad y cuotas en ascenso

El 53,9% de las familias tienen que asumir una hipoteca superior a sus ingresos, según un informe del Observatori DESC basado en casos que han llegado a la PAH de Barcelona. El 10% de los hogares no ingresa nada. Un 49,5% de los encuestados sufren ansiedad.

El drama de los desahucios ha sido uno de los que más fuerza mediática ha alcanzado durante la crisis por su gravedad, pero también por la eficaz acción comunicativa y organizativa desarrollada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Precisamente esta organización ha sido la que ha permitido que el Observatori DESC haya podido elaborar, ante el déficit de datos oficiales, su informe Exclusión residencial en el mundo local: crisis hipotecaria en Barcelona 2013-2016. El texto es la conclusión de un trabajo desarrollado durante los últimos tres años en el que se han realizado entrevistas a casi un millar de personas que se han acercado a la PAH.

“Uno de los objetivos del informe es visibilizar los desahucios y el mal estado en el que se encuentra el derecho a la vivienda, pero también llenar el vacío de datos sobre la crisis hipotecaria”, explica Gabriele D’Adda, uno de los investigadores. Y estos son contundentes: el 90% de los impagos registrados se produjeron de 2010 a 2015, es decir, fueron causados directamente por la crisis económica. Los principales motivos -era una pregunta multirrespuesta- fueron, en un 68,1% de los casos, la pérdida del trabajo y el paso a una situación de desempleo y, en un 43,1%, la subida de la cuota hipotecaria. Un 32,1% alegó también como razón la cantidad de deudas contraídas y un 22,3% el divorcio o separación.

Los desahucios se han cebado con una clase social determinada, lo que se refleja, por un lado, en los barrios donde se concentra el mayor número de afectados, entre los que Sant Martí y Nou Barris se llevan la mitad. Por el otro, es significativo el dato de los ingresos netos mensuales por familia, que se sitúan en una media de 939 euros al mes, mientras que la cuota de la hipoteca alcanza, también de media, los 1.065 euros. Esto significa que el 53,9% de las unidades familiares tienen que asumir una cuota superior a sus ingresos. El 10% de los hogares estudiados no ingresa nada y el 7% sólo percibe entre 400 y 800 euros al mes. La situación se vuelve más dramática si se tiene en cuenta que más de la mitad de las familias con tres o más miembros no tiene ningún ingreso.

Las dificultades de las familias -de las que un 61,6% tienen al menos un menor- a la hora de pagar la hipoteca no sólo se viven en el momento de la ejecución hipotecaria. Un 24,8% de los hogares, una vez pagada la cuota mensual, se queda sólo con 400 euros para costear las necesidades básicas de sus miembros. Otros, un 7%, reciben ayudas para alimentar a su núcleo familiar por parte del Banco de Alimentos, de Cáritas o de la misma PAH. Con estos datos sobre la mesa, no resulta extraño que nueve de cada diez encuestados afirme que tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas, entre ellas la alimentación, el vestido o suministros. Todo esto acaba impactando de manera contundente la salud de los afectados, de modo que un 49,5% sufre ansiedad, un 33% depresión, un 17,8% insomnio y un 11% afirma que estas dificultades han provocado tensión familiar.

¿Quiénes son los bancos responsables de estas situaciones? El Observatori DESC también analiza esta cuestión, y entre ellos gana con diferencia Catalunya Caixa. “Un 40% de las hipotecas de los afectados son de esta entidad, que fue rescatada con fondos públicos”, recuerda Eduardo Salas, coautor del informe. “Si además sumamos al BBVA, que ha comprado Catalunya Caixa y se ha beneficiado también de la ayuda pública, la cifra sube al 50%”, añade. Después vendrían Bankia (con un 8% de las hipotecas de afectados), UCI (un 7%) y Banc Sabadell (un 7%). El 84% de estas hipotecas fueron firmadas en plena burbuja inmobiliaria, entre 2004 y 2007. En cuanto a los contratos, el informe destaca que “la mayoría de personas no sabían leer su contrato hipotecario, no conocían si contenían cláusulas o no abusivas”. Cuando llegan los problemas, también las faltas de respeto: el 36% de los encuestados asegura que ha recibido algún tipo de trato denigrante por parte del banco.


Fuente: http://www.lamarea.com/2016/10/26/una-radiografia-los-desahucios-pobreza-enfermedad-cuotas-ascenso/

Un juez declara que un banco no puede ejecutar una hipoteca si ha vendido toda su deuda

La resolución judicial considera que si una entidad cede íntegramente un préstamo hipotecario a un fondo de titulizaciones pierde el derecho a ser acreedora del mismo

 "Hay que concluir, razonablemente, que en supuestos en los que la participación del partícipe [el Fondo, según la resolución] en el préstamo hipotecario es total, la entidad emisora de la participación hipotecaria no está legitimada para instar su ejecución". Así de contundente se manifiesta el magistrado Jesús Miguel Alemany Eguidazu, del juzgado número 1 de Fuenlabrada, en la sentencia en que niega a ‘Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria Credifimo EFC’ el derecho a ejecutar las cantidades pendientes de pago de una hipoteca. El juez argumenta su negativa en que Credifimo EFC había cedido la adjudicación de la finca hipotecada al fondo de titulización de activos TDA25. Y añade: “Como se trata de un defecto procesal insubsanable, procede dictar auto dejando sin efecto la ejecución despachada”. Esto significa que una entidad financiera no tiene derecho a ordenar la ejecución de una hipoteca si esta hipoteca ha sido titulizada al 100%

La sentencia, a la que ha tenido acceso ahora CatalunyaPlural, está fechada el pasado 6 de marzo y deja “sin efecto la ejecución ordinaria despachada por la cantidad no cubierta en la ejecución hipotecaria", tal y como pedían las personas afectadas. En el escrito de oposición a la ejecución se alega, por una parte, que "el ejecutante cedió la adjudicación de la finca hipotecada a TDA25" y, de otro, que este Fondo habría adquirido la finca a un precio inferior "para posteriormente venderla sin pagar impuestos y como si se tratara de un sola transmisión privando al deudor de la posibilidad de conocer el beneficio real obtenido por el ejecutante, que, además, formalmente, conserva la acción ejecutiva para reclamar la deuda pendiente".

Esta sentencia va en la línea de la comunicación del Banco de España, recogida en el artículo ¿Revolcón a los desahucios? publicado por este medio el pasado 21 de abril, donde se decía: El Banco de España, en respuesta a una consulta realizada por el abogado Óscar Viera, ha emitido una comunicación que señala que para el caso de que un crédito o préstamo con cobertura hipotecaria haya sido 'titulizado' - convertir determinados activos, generalmente préstamos, en valores negociables en el mercado- la entidad originaria o sea la que concedió la operación crediticia, deja de ser la parte acreedora del vínculo contractual referido: “De conformidad con la Ley 19/1992, sobre régimen de sociedades y fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria, la titulación de un préstamo supone que la entidad que lo concedió deja de ser la acreedora del préstamo, aunque conserve por Ley la titularidad registral y siga manteniendo, salvo pacto contrario, su administración".

Por tanto, en un contrato de préstamo donde hay un acreedor y un deudor, cuando se produce la cesión del 100% del préstamo, según dice el Banco de España y corrobora la resolución judicial, la entidad bancaria deja de ser el acreedor hipotecario. En consecuencia y de confirmarse la sentencia, las entidades financieras en el caso de haber cedido a un tercero -a un 'Fondo de titulización'- los derechos que tenía sobre una determinada deuda, ya no formarían parte de la relación contractual y por lo tanto no tendrían nada que reclamar a título personal. Esta es la argumentación a la que recurre el juez Jesús Miguel Alemany para dar la razón a los ciudadanos de Fuenlabrada que se negaron a que Credifimo les ejecutara una hipoteca de la que ya no era propietaria.

¿Se han producido muchas ejecuciones hipotecarias por parte de entidades financieras y bancos a pesar de haber titulizado el préstamo? ¿Se pueden anular estas ejecuciones o las que puedan estar en curso en este momento y se encuentren en esta misma situación? La sentencia del juez Alemán abre la vía para hacerlo.

http://www.eldiario.es/catalunya/declara-ejecutar-hipoteca-titulizado-totalmente_0_427308004.html

Mucho que aprender del inmobiliario alemán

España copia de Alemania aspectos destructivos y regresivos, ignorando los que verdaderamente pueden inspirar para salir del agujero: un mercado inmobiliario más transparente, en el que especular es mucho más complicado y con gran espacio para la vivienda de alquiler. Unido a una justicia ágil, que funciona y es capaz de hacerse respetar, marca la diferencia radical con el desastre del ladrillo español.

En Alemania el piso tampoco se puede entregar a cambio de eliminar la deuda que originó. No hay dación en pago. Pero más allá de esta coincidencia se acaba la analogía: todo el contexto que ha dado lugar a la polémica en España, es decir una política económica irresponsable – el neocaciquismo del ladrillo de orígenes franquistas y que la democracia perpetuó- que favorece la construcción especulativa, y una población empujada a la compra y el endeudamiento, no se dan en Alemania. La dación en pago no existe, pero si el deudor ha devuelto una cantidad equivalente o superior a la que le habían prestado, la deuda se considera saldada.

Será un juez el encargado de decidirlo. Un juez en un país con una justicia ágil y operativa, sin la menor relación con la defectuosa tortuga judicial española. Otro importante matiz es que en Alemania existe la posibilidad de declaración de insolvencia privada.

Una persona natural puede declararse insolvente igual que una persona jurídica. La insolvencia personal establece para el insolvente la obligación de dedicar todos sus ingresos que superen el mínimo existencial para mantenerse, a pagar a sus acreedores y por un plazo máximo de siete años, pasado el cual la deuda se extingue y la persona puede volver a empezar. Así, la declaración de insolvencia de la persona natural, figura que no existe en España, no es ni una ruina ni una condena de por vida para el endeudado. Como máximo siete años de penuria.

La comparación resultará incomprensible sin atender a las diferencias de contexto. Que la condición del rescate de los bancos, es decir de asumir sus deudas con dinero público, sea no perdonar la deuda de sus clientes hipotecados y quebrados como resultado de la irresponsabilidad política y financiera, es algo que desafía el más elemental sentido de la decencia.

Ningún político alemán se atrevería a plantear algo tan descarado. Los bancos alemanes, que han sido grandes cómplices de muchos desmanes inmobiliarios en el extranjero, nunca financiarán en Alemania el 100% de un piso. Exigirán al comprador por lo menos el depósito del 20% o 30% de su valor. Y antes de dar un préstamo se examinarán los ingresos del solicitante: si la relación entre su salario y el pago hipotecario es desproporcionada el crédito se deniega o se exigirá más capital propio.

Igualmente incomparable es la situación del mercado inmobiliario en la que se coció el endeudamiento privado español. El mercado alemán es mucho más transparente y menos proclive a la especulación. Es más difícil que los precios de la propiedad y los alquileres se independicen de los datos fundamentales de la economía. Si vendes tu vivienda antes de diez años de haberla adquirido, su plusvalía te gravará. A diferencia de un país de alquileres caros y con poca oferta -lo que junto al dinero barato empujó al ciudadano a comprar vivienda- en Alemania hay tradicionalmente un mercado de alquiler asequible y un poder público que practica un equilibrio mucho más razonable que el español entre los derechos del inquilino y los del propietario rentista.

Cada ciudad publica anualmente su llamado “Mietspiegel”, el baremo de los precios medios de alquiler por metro cuadrado, con lo que se sabe enseguida si hay abuso. Los alquileres no pueden subirse por encima de ese baremo. Un truco de los propietarios para hacerlo, declarar unas “reformas” en la vivienda que justifiquen subidas, acaba de ser cortado de raíz en un barrio de Berlín particularmente especulativo (Prenzlauerberg), mediante la drástica decisión de prohibir tales reformas.

En Alemania hay, además, una amplia tradición de cooperativas de viviendas, construcción de viviendas sociales y de entidades mayoristas especializadas en el alquiler de viviendas. Por todo eso, la mayoría de los alemanes viven en viviendas de alquiler y no están obsesionados con el piso en propiedad característico de los españoles. La suma de eso con un estado de derecho que funciona y se hace respetar, es lo que marca la diferencia esencial con el primitivo y bárbaro panorama español.

Alemania es un país del que se pueden aprender muchas cosas en materia de buen gobierno. En Alemania hay otros mundos más allá de la precarización de minijobs, de la involución de las “reformas laborales” y de la prédica insensata de la austeridad que conduce al desastre a la Unión Europea.

Lamentablemente nuestra clase político-empresarial solo copia lo negativo y lo que fue pensado para una economía industrial-exportadora dotada de un robusto Estado social, muy diferente de la realidad española. Rafael Poch. La Vanguardia
Fuente: http://blogs.lavanguardia.com/berlin/?p=413

ADA COLAU, HA SIDO DETENIDA EN LAS PUERTAS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

MÁXIMA DIFUSIÓN POR FAVOR, ESTO YA ES INTOLERABLE. ADA COLAU, LA LUCHADORA CONTRA LOS DESAHUCIOS Y POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA, HA SIDO DETENIDA EN LAS PUERTAS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. ¡VOLVEMOS A REPETIR, POR FAVOR, MÁXIMA DIFUSIÓN!

El currículum de los de arriba

“La publicidad se basa en una cosa, la felicidad. Y, ¿sabes lo que es la felicidad? La felicidad es el olor de un coche nuevo. Es ser libre de las ataduras del miedo. Es una valla en un lado de la carretera que te dice que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien”
Don Draper, Mad Men.

Icíar Bollaín, directora de películas estimables como Te doy mis ojos (2003) y También la lluvia (2010), es la autora del vídeo publicitario de Navidad que ha realizado McCann Erickson para la marca Campofrío. En el anuncio, el payaso Fofó y otros comediantes tratan de levantar el ánimo de los españoles reivindicando aspectos positivos de España e ironizando sobre otros, como la emigración de los jóvenes o la cantidad de aeropuertos que "tenemos". El anuncio se complementa con la promoción del lema "El currículum de todos" en internet y la promesa de donar un euro a Cruz Roja Española por cada comentario que se deje en Twitter, Facebook o Instagram. Todos estos elementos hacen de esta campaña uno de los productos propagandísticos que mejor sintetiza la visión de la realidad que el establishment corporativo español quiere vendernos desde el inicio de esta crisis económica y constitucional. Uno que asume además las críticas de la indignación popular, pero para neutralizarla.

El anuncio sigue la línea de la campaña "Esto lo arreglamos entre todos", realizada por la misma agencia publicitaria en 2010 para el Consejo Superior de Cámaras. Aquella iniciativa contó con el apoyo de 18 grandes empresas y el soporte ideológico de un economista ortodoxo como Guillermo de la Dehesa, presidente del Centre For Economic Research y presente en numerosos consejos de administración, incluyendo por cierto el de Campofrío Food Group. Aunque el objetivo del anuncio de Bollaín es el de vender una marca empresarial, esta pretende arroparse en otra marca, la marca España. De la confianza en ésta depende nuestra propia autoestima y el éxito de la empresa. "La confianza es el elemento clave del funcionamiento de una sociedad y de una economía", escribía De la Dehesa en El País en abril de 2010, reivindicando la primera campaña y los animal spirits de Keynes. Poco antes, el mismo economista había reclamado que "prime el consenso frente a las ideologías". Las ajenas, se entiende. No era el único. En la misma época el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero proponía un discurso similar y basaba su política económica en la escurridiza confianza de los inversores.

El capitalismo produce, entre otras cosas, un régimen de afectos y hoy, en un capitalismo basado en la producción y explotación de lo inmaterial, más que nunca. Frédéric Lordon lo explica del siguiente modo: "el aguijón del hambre era un afecto salarial intrínseco, pero era un afecto triste; la alegría consumista [del fordismo] sí que es un afecto alegre, pero es extrínseco", mientras que el neoliberalismo "pretende producir afectos alegres intrínsecos. Es decir, intransitivos y que no se dirijan a objetos exteriores a la actividad del trabajo asalariado (como los bienes de consumo). Es por tanto la misma actividad la que hay que reconstruir objetiva e imaginariamente como fuente de alegría inmediata". Creo más bien que el neoliberalismo pretende jugar con todos ellos al mismo tiempo para conseguir la necesaria "servidumbre voluntaria". Reclama que el empleo asalariado sea la única vía de la realización personal, la fuente principal de autoestima, al mismo tiempo que impone su escasez ("el aguijón del hambre") y promueve afectos tristes como el miedo y la culpa para los no convencidos. La tensión que se genera con ello es evidente y si alguna vez se logra un equilibrio acaba saltando por los aires con los ajustes sociales que se imponen tras las depreciaciones financieras. El miedo y la culpa minan la autoestima, y en dosis excesivas, acaban con la confianza que requiere el funcionamiento de los mercados.

La empresa y los anunciantes son conscientes de ello, por lo que para reactivar el consumo desean compensar las "reformas estructurales" depresivas a las que no quieren renunciar con un canto a lo que nos une... como nación española. Aquí debe residir finalmente el consenso positivo que pedía De la Dehesa, lo que permite superar diferencias de ideología, de clase, de proyecto político y social. Según esta perspectiva, el conflicto, el antagonismo, solo puede generar actitudes negativas que afectan al amor propio e impide que realicemos nuestros sueños que, como bien expresa el currículum vítae, pasa necesariamente por el reconocimiento no de nuestros iguales, sino del empleador, que no deja de ser nuestro superior (para el caso de España, "la Merkel"). "Mantén una actitud positiva", rezan todas las recomendaciones sobre cómo redactar un buen CV y, en el colmo del cinismo, el anuncio de Campofrío. Si no encontramos empleo, será porque no tenemos o porque no sabemos vender nuestras virtudes, que lo son en tanto que parte de una nación.

En este contexto, la elección de Icíar Bollaín como directora no es inocente. Porque apunta una generación determinada -no precisamente a la más joven- e incorpora las referencias simbólicas de la movilización ciudadana con las que Bollaín se supone que simpatiza, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los Iaioflautas. De este modo actúa como los partidos políticos cuando incluyen conceptos y términos de los movimientos en listados programáticos donde su carga transformadora se disuelve entre lo viejo.

Contra lo que suele argumentarse, la capacidad fagocitadora de la publicidad comercial -o la propaganda política- no constituye per se la prueba de la futilidad de la movilización. Al contrario, es muestra de su fuerza y de cómo el capital necesita captar lo social para poder extraer valor. Lo que es de todos lo quieren para algunos. El riesgo está en que los movimientos se dejen engatusar y se petrifiquen en una identidad reconstruida y fijada por los de arriba. Nada que no pueda superarse si no olvidamos que lo que pretenden vendernos es justamente lo que nos están quitando.

Podríamos por tanto responder lo siguiente: 
Acusamos recepción de su currículum nacional-corporativo. Agradecemos su interés por nuestro estado de ánimo, por los movimientos y por el proceso constituyente. Le informamos que, finalmente, su candidatura no ha sido seleccionada para construir una democracia real, aunque guardaremos su historial en nuestra memoria para evitar cometer los mismos errores. Samuel.
Fuente: http://www.javierortiz.net/voz/samuel/el-curriculum-de-los-de-arriba
La imposición de lo positivo, de lo políticamente correcto.

TESTIMONIO DE UN DIRECTOR ANTE EL DESAHUCIO DE UNA ALUMNA

EL DESAHUCIO EN LAS AULAS. Por Elías Hacha, Director del IES Rodrigo Caro. Coria del Río (Sevilla)

"Llevo un cuarto de siglo enseñando en Institutos, inculcando la democracia, creyendo en la función pública como herramienta seria al servicio de la prosperidad y de la igualdad social. La mitad de ese tiempo, como director orgulloso de su equipo, de su claustro. Nunca antes había tenido la sensación de formar parte de una farsa."

Lo supe esta mañana. Alumna nuestra. Me informó el Vicedirector, un hombre con aguda conciencia social. Echaba humo. Yo, muy en mi lugar, sin dejar de entender su indignación, lo llamé a la prudencia. Me escuchó, pero me dio fuerte. No niego que mi obligada y profesional moderación me tiene todavía con un sabor amargo en la garganta. Educación para la ciudadanía. Ética. Religión católica y otras. Educación permanente en valores desde la transversalidad. La palabra al servicio de la democracia, una formación más allá de la mera adquisición de conocimientos. La insistencia, el ejemplo, la laboriosa tarea de corregirlos sin descanso en la esperanza de que nuestra adolescencia desemboque en una juventud de mujeres y hombres hechos y derechos. Y de repente, como una puñalada a traición, como un tornado que tambalea todo lo construido día a día y año tras año a base de rigor y de mimo, un hecho de legal brutalidad que extiende su evidencia por aulas y pasillos en unas pocas horas y amenaza la consistencia de todo cuanto había sido laboriosamente plantado, regado, cultivado: desahucian a la familia de una alumna de 2º de ESO. Miembros de la comunidad escolar. Compañeros.

*¿Desahucian, maestro? ¿Qué es eso?* Los echan de su casa. *¿Y puede seguir ocurriendo?* Puede que sí. *Pero, ¿por qué?* Por dinero. *Por dinero…entiendo…** pero, ¿y la policía?* Tiene que asegurar que se haga el desahucio. *Por dinero… entiendo… ¿y el alcalde?* No puede hacer nada. *Por dinero… entiendo…, ¿y los jueces?* Han tenido que ordenarlo. *Por dinero… entiendo…, ¿y nuestros representantes, los diputados, el gobierno, los que hacen las leyes? *Recomiendan que no se desahucie a la gente humilde. Lo recomiendan. Eso es todo. *Pero, ¿y los profesores?* ¿Los profesores? ¿Qué podemos hacer los profesores…? *No, perdón, maestro, quería decir… ¿qué pasa con lo que nos han enseñado los profesores? Nos han mentido ustedes. Deberían habernos enseñado que el principal valor no es el amor, ni la honradez, ni la libertad, ni el saber escuchar, ni la solidaridad, ni ninguna de esos rollos que nos vienen contando… Deberían habernos dicho desde el principio que el más importante de los valores es el dinero. Si esa era la respuesta, la clave por la que se mueve toda esta sociedad de la que ustedes son funcionarios, ¿por qué nos han mentido desde el principio? ¿Por qué nos lo han ocultado? ¿No será que en realidad pretenden convertirnos en personas equivocadas y débiles, en presas fáciles? ¿Por qué nos han engañado, señores maestros? No entiendo…*

Llevo un cuarto de siglo enseñando en Institutos, inculcando la democracia, creyendo en la función pública como herramienta seria al servicio de la prosperidad y de la igualdad social... Leer más aquí.

La codicia de la banca propició la concesión de hipotecas a insolventes. Las antiguas cajas captaron a extrabajadores de la construcción, ahora en paro

El problema se ha desbordado. Ni los gestores bancarios más pesimistas podían suponer que la locura inmobiliaria, el paro, las malas tasaciones, la ley hipotecaria y la falta de rigor concediendo créditos hipotecarios conducirían a dramas humanos tan terribles en los desahucios como los que se están viendo estos días. Las entidades preparan soluciones para atajar un asunto que les ha golpeado de lleno en su reputación. Algunas admiten ahora que buena parte de los desahuciados de ahora debían haber sido inquilinos de un piso, pero nunca propietarios. Un poco tarde para admitir errores.

Esa locura tiene cifras. Desde el comienzo de la crisis en 2008 se han abierto 350.000 casos de lanzamientos, que es como se denominan judicialmente a los desahucios, aunque solo 172.000 se han ejecutado, según fuentes bancarias. De estos, una parte son primeras residencias, mientras que el resto son viviendas en la playa, en la montaña, garajes, locales comerciales y naves industriales. Quedan 178.000 casos más que están en procedimiento judicial y es sobre los que quiere actuar con urgencia el Gobierno.

Aunque las entidades financieras no son partidarias de detallar cuántos pisos adjudicados acumulan en sus carteras, ya se conocen algunos datos. El banco malo, denominado sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), ha hecho público que recibirá 89.000 viviendas y 13 millones de metros cuadrados de suelo de las antiguas cajas nacionalizadas: Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia.

Pero las cifras de Bankia y de su matriz BFA son peores: acumula 100 millones de metros cuadrados (equivalente a todo el municipio de Las Palmas de Gran Canaria) de suelo improductivo; 45.000 viviendas sin vender y 15.000 locales, garajes... Un patrimonio inmobiliario que es un gigantesco homenaje a la incompetencia y a la falta de prudencia de los anteriores gestores de Caja Madrid y Bancaja.

Los ejecutivos que ahora están al frente de Bankia no lo niegan. Admiten que si no se hubiera “concedido créditos sin control, no se podría haber llegado a esta situación. Ha habido errores claros. La mejor demostración de ello es que la morosidad en el crédito hipotecario en el segmento de los inmigrantes supera el 5% frente al 3% del conjunto del sector”. Una cifra que subirá de forma notable por el incremento del paro y por la duración de la crisis, que ha provocado que haya dos millones de parados que no reciben prestación de desempleo. Precisamente el desempleo es, según la banca, una causa directa de este problema: “En un país con seis millones de parados es normal que mucha gente no pueda pagar sus deudas. Ahí se origina el problema y no ha rebotado a nosotros”, dicen en la banca.

Sin embargo, lo que no admiten con facilidad es que muchos de sus clientes eran trabajadores con contratos temporales a los que se les vendió pisos con créditos que suponían deudas enormes en relación con sus ingresos. Y esto no cumple el manual de las buenas prácticas bancarias, pese a que nadie —ni el Banco de España ni los auditores— lo denunciaron nunca.

En opinión de algún veterano gestor de una antigua caja, que son las entidades que acumulan tienen la peor parte de este problema, estas entidades confundieron su “vocación social con entrar de lleno en el segmento hipotecario de los inmigrantes, así como las clases sociales más populares. Tomaron este camino, ya de por sí arriesgado, sin contar con los sistemas de control de riesgos adecuados. La mezcla ha sido una bomba”.

Un ejecutivo describe este círculo vicioso: “El auge inmobiliario necesitó mano de obra intensiva, lo que hizo que efecto llamada en los inmigrantes. Vinieron a España a construir pisos y se les concedió créditos para que los compraran. Con la caída de la construcción se ha hundido todo: ellos han perdido el trabajo y van camino de quedarse sin sus viviendas”.

No solo buscaban clientes los bancos y las cajas, sino también otros intermediarios, como los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) y las sociedades financieras. Ambas fueron, habitualmente, más agresivas que las propias entidades y recolectaron una morosidad escandalosa. Cabe recordar que los tipos de interés estaban en sus niveles más bajos de la historia tras la llegada del euro y, además, la liquidez parecía un maná inagotable. La mezcla de estos dos factores permitió conceder créditos baratos y por enormes cantidades de euros. Buena parte de estos euros, por cierto, de bancos alemanes y franceses.

Una oferta de aquellos tiempos fue la “hipoteca bienvenida”. Era un producto financiero especialmente pensado para los inmigrantes y lo ofrecía, en 2005, la intermediaria financiera CreditServices. Con solo tres meses de trabajo en España, el inmigrante podía acceder a un crédito que cubría el 120% del valor de una vivienda. Todos los gastos y comisiones de gestión quedaban cubiertos y pasaba a ser propietario de un piso en España sin poner un euro. El crédito lo concedían entidades de Estados Unidos. La hipoteca bienvenida conseguía unos 50.000 clientes al año.

Según declaró el presidente de CreditServices, Javier López, a este periódico en 2010, “hay siete millones de hipotecas que, si los bancos no hacen un esfuerzo por refinanciar, van a caer”. Esas son las hipotecas bomba sobre las que ahora pende la espada de Damocles de posibles desahucios o impagos, en el mejor de los casos. Son los mismos préstamos que en octubre de 2007, el número dos del Santander, Alfredo Sáenz, bautizó como “hipotecas subprime. Claro que hay hipotecas subprime en España. Es una cuestión de puro sentido común. Los criterios por los que una hipoteca se considera subprime en los países anglosajones se pueden aplicar perfectamente a España”, afirmó Sáenz. ...

Pero allí estaban los “vicios que todos nos sabemos”, como dijo Sáenz. Un elevado porcentaje del valor (en general, se considera arriesgado un préstamo que cubra más del 80% del valor del bien hipotecado), una tasa de esfuerzo alta (que el comprador tenga que dedicar más del 35% de su renta a pagar los plazos) y las tasaciones “forzadas” que subían los precios. Los desahucios son la mutación más salvaje de estos errores en cadena y las entidades prometen medidas severas para evitar más escándalos. No será fácil. Leer más en El País.
El NYT vuelve a publicar noticias sobre España, esta vez sobre la ola de desahucios.

Un dictamen europeo considera abusiva la ley española de desahucios. Cree que no se protege al ciudadano ante la inclusión de cláusulas abusivas en las hipotecas

La norma europea exige "que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz.
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La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado este jueves que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.

El dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona en julio de 2011, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra Catalunya Caixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca. El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.

Conflicto con la normativa europea
La ley española no permite paralizar el desahucio invocando una cláusula abusiva, sino que esta cuestión debe solucionarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.En este contexto, algunos jueces bucean en la legislación para evitar desahucios mientras denuncian usura, abusos y un enriquecimiento injusto de los bancos.

En sus conclusiones presentadas este jueves, la abogada general recuerda en primer lugar que, al no existir en e derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales.

No obstante, el dictamen precisa que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas. En este sentido, la abogada general estima que "la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue".

"No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios", resalta Kokott.

Al contrario, la norma europea exige "que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa".

La abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación que posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación.

El dictamen de la abogada general no tiene carácter vinculante, pero el Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento posterior. Ver más en El País.
Foto del autor; floresta, alrededores de la Nava de Santiago. Badajoz.

EL DRAMA SOCIAL HIPOTECARIO. Los jueces sortean la dura ley del desahucio con veredictos vanguardistas. Magistrados denuncian usura, abuso y enriquecimiento injusto de los bancos

Una batalla sorda se libra en los juzgados. Sus resultados, en ocasiones, pasan desapercibidos, pero dejan huella. Magistrados que se enfrentan día a día al drama del desahucio bucean en la legislación y aplican fórmulas que evitan que el número de personas que quedan en la calle siga creciendo. Desde 2008 se han ejecutado 350.000 desahucios.

“Me pica la toga”, dice muy gráficamente la juez de Barcelona Gemma Vives. “Yo también soy persona. Hay que resolver conforme a justicia, con equidad y coherencia. No puedo saltarme la ley, pero tengo que matizarla”, reivindica. “Tenemos que buscar una salida, medidas cautelares para suspender las ejecuciones, pagos parciales, daciones en pago”, apunta el magistrado de Pamplona José Francisco Cobo. “Los ciudadanos están pagando un dineral para salvar los bancos, no parece justificado que les amparemos dándoles esa tutela que piden”, dice el juez Edmundo Rodríguez Achutegui. En las sentencias y autos, los jueces argumentan que se producen situaciones de “enriquecimiento injusto”, “abuso de derecho” y prácticas que no difieren mucho de la “usura”. Algunos fallos acusan a los bancos de ser los causantes de la crisis y describen la indefensión del desahuciado.

Navarra
Esta comunidad fue puntera en denunciar el sistema de desahucios. Todo empezó con esta pregunta: Tras ejecutar una hipoteca y adjudicársela al BBVA por el 50% de su valor de tasación, ¿se puede seguir reclamando la deuda a los afectados? La sección segunda de la Audiencia de Navarra, presidida por José Francisco Cobo, dictó un auto en 2010 donde respondió con un rotundo no, ratificó la decisión de una juez en la que se aplicaba la dación en pago y señaló a los bancos como responsables de la crisis y del drama de miles de familias. Este auto, “histórico” para las asociaciones de afectados, fue rectificado por el propio tribunal cuando el Constitucional validó el proceso de ejecución hipotecaria cuestionado por un juzgado de Sabadell.

Pero, en un auto del pasado 16 de julio, estos magistrados de Navarra vuelven a la carga. El juez Cobo explica su cambio de criterio y asegura que ante la imposibilidad de mantenerlo cómo se han buscado nuevas vías para evitar los abusos de los bancos: “Ahora ofrecemos una vía de solución en base al artículo 564 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la que el ejecutado puede hacer valer a través de un juicio ordinario determinadas causas de oposición”. Entre ellas cita el pago parcial de la cantidad por el enriquecimiento sin causa por el banco ejecutante, la dación en pago necesaria que regula el derecho foral de Navarra, la “increíble” bajada de precios de las viviendas, los excesos en la tasación y el precio por el que se adjudica en subasta. Francisco José Goyena, miembro de la misma sección que Cobo y ponente del “histórico” auto, lo hace en otra resolución reciente sobre una ejecución hipotecaria de Caja Navarra. Y habla de “la dramática situación que suponen los numerosísimos procedimientos consecuencia para una inmensa mayoría de ejecutados de una situación económica que no ha sido fruto de su voluntad, debiendo situarse su origen y responsabilidad en otras instancias”. Goyena recuerda las “feroces críticas” que recibió del ámbito financiero.

Girona
Una sentencia de la Audiencia de Girona, del 7 de abril de 2011, dejaba claro que el banco no debe adjudicarse un bien por un precio inferior al de su tasación, obtener un beneficio adicional revendiéndolo a un tercero y, además, seguir persiguiendo al deudor que no podía abonar las cuotas. “La actuación de banco incurre en abuso de derecho”, dice la sentencia, que firma el presidente de la Audiencia, Jaume Masfarré Coll, y es “contraria al principio de buena fe”. La sentencia dejaba sin efecto la ejecución hipotecaria de una vivienda que se tasó en 325.000 euros y que el Deutsche Bank se adjudicó por 162.500. “Se olvida a veces que en la interpretación y aplicación de las leyes los tribunales deben buscar aquella respuesta que, sin contravenirlas, sea más acorde con una decisión justa, que es lo que, en última instancia, la ciudadanía espera”, reza la sentencia.

Torrejón (Madrid)
Un auto del juzgado 3 de Torrejón de Ardoz (Madrid), del 10 de enero de 2012, habla del “enriquecimiento injusto” de Caja Madrid, hoy Bankia, por adjudicarse un inmueble a la mitad de su valor. El magistrado Carmelo Jiménez hablaba de “ejercicio abusivo y antisocial, hacía una descripción de la crisis y la comparaba con el crack de 1929. La aplicación de la regulación, explicaba, “conllevaría dejar exento de responsabilidad a uno de los partícipes, como entidad financiera, en la causación” de la crisis y le permitiría adquirir la vivienda “por un precio irrisorio”. El juez concluía que permitir que el banco reclamase además la deuda al desahuciado era amparar una operación “que no difiere mucho de la usura”.

Elche
Entre las resoluciones imaginativas cabe destacar el auto de la juez Encarnación Aganzo, del juzgado 5 de Elche (Alicante), en el que supeditaba la entrega del inmueble al Banco Popular a que dijera qué uso iba a darle: hasta que no fuera vendido a una tercera persona o arrendado a nuevos propietarios, instaba a que los desahuciados permanecieran en el inmueble pagando un alquiler.

Barcelona
¿Es el sistema de desahucios respetuoso con los consumidores? La pregunta la formuló en julio de 2011 el magistrado José María Fernández Seijo en un auto que plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. La cuestión se resolverá antes de navidades, según explica el juez, y puede ser determinante. De ser refrendada, podría declarar el sistema de desahucios español, uno de los más duros de Europa, “ilegal o contrario al derecho comunitario. El juez es taxativo: “Cuando haces la pregunta es porque piensas que el sistema es profundamente injusto”. Fuente: El Pais.

Un hombre se tira por el balcón en Valencia antes de ser desahuciado

El vecino, de 53 años, se lanzó al vacío desde el segundo piso y permanece hospitalizado Su esposa, que sufre depresión, se encontraba en la cama cuando su marido saltó a la calle

 ..."Yo solo vi a su hijo, que estaba pálido", relata María José. "Y las caras que hacían los bomberos y la policía: de indignación". "Porque la gente está caliente con esto de los desahucios", prosigue, "no se entiende cómo pueden quitar el piso y el dinero. La banca es la que manda en este país". "Y además no perdona", introduce Gregorio...

"Era muy jovial", describe Marisa, una administrativa de Net, la empresa de limpieza donde Manuel fue operario. "Yo hace mucho que no lo veo, porque él dejó de trabajar antes del ERE", explica refiriéndose al ajuste que hubo en este negocio de unas 25 personas. "La culpa de todo la tienen los bancos", arremete de nuevo.

Este drama ha supuesto una profunda conmoción en el barrio. En la calle del domicilio, Maestro Fernando Martín, casi todos los vecinos que pasan se arremolinan en corros para hablar sobre ello. Nadie se lo esperaba. Aunque sabían que estaba en paro no imaginaban una situación económica tan trágico. La familia no había contactado con ninguna de las plataformas de afectados por desahucios para pedir asesoramiento.

La noticia se suma a encuentro de ayer en Granada. Allí fue hallado el cadáver de un hombre de 53 años en un patio interior de un inmueble de la ciudad una hora antes de que fuera desahuciado de su vivienda, por la que había formalizado una hipoteca en 2007 de 240.000 euros. Fuente, El País.

Siete jueces denuncian los abusos del sistema legal de desahucios

Proponen que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los sobreendeudados Desde 2008, año en que comenzó la crisis, hasta hoy se han producido unas 350.000 ejecuciones hipotecarias en España. Cada día ocurren nuevos desahucios y el drama social de esta situación preocupa a los jueces.

Por esta razón el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encargó un informe detallado a siete magistrados, informe que será analizado hoy por el órgano rector de los jueces. En él se denuncian los abusos en el sistema legal de desahucios y se critica la "mala praxis" de las entidades bancarias.

Estos siete jueces atacan los abusos que ampara el marco legal de desahucios en España y de paso recuerdan que el sistema de cobro de créditos hipotecarios que está vigente hoy en nuestro país fue creado en 1909.

La "mala praxis" de los bancos
El informe, al que tenido acceso el diario El País habla de "mala praxis de las entidades bancarias" y propone medidas que protejan a las familias que se encuentran al borde del desahucio.

Los jueces reclaman que las ayudas del Estado a la banca se extiendan al cliente sobreendeudado, siempre que éste lo sea de buena fe, ya que "en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual", dice textualmente el informe.

Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Las conclusiones del texto acusan a la banca de una ligereza desmesurada a la hora de conceder crédito hipotecarios de forma generalizada "sin valorar las posibilidades reales del deudor". En concreto se afirma que realizaron una "comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos... (participaciones preferentes)".

El informe afirma que las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado en los últimos cuatro años y sólo en 2012 han aumentado un 20,6% respecto al año anterior. Los autores destacan que desde 2008 se han producido unas 350.000 ejecuciones hipotecarias en España y recuerdan que "no se trata de cifras frías. Cada procedimiento encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una drástica reducción de sus ingresos," no pueden pagar lo que deben.

Se necesitan "soluciones excepcionales"
Los siete jueces analizan la situación. Tras una ejecución hipotecaria el inmueble se adjudica al banco y "generalmente por un precio inferior al mercado" aumentando así los activos inmobiliarios de la entidad. Una vivienda más que seguramente no se ocupará en años ya que con la actual crisis económica ha descendido la demanda de pisos.

¿Cómo se puede salir de este círculo vicioso? La comisión de jueces propone un debate serio sobre el tema y piden "soluciones excepcionales" ante la situación excepcional que vive hoy la economía española.

En concreto, el informe presenta 18 medidas. Entre ellas los jueces proponen acuñar el término de "deudor hipotecario de buena fe" para añadir cambios en el marco jurídico que beneficien a aquellos que realmente lo necesiten.

Solicitan que el juez pueda otorgar moratorias para aplazar el pago de cuotas en casos concretoscomo desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o una larga enfermedad. También piden que la dación en pago se convierta en una "regulación imperativa en determinadas circunstancias": con la entrega de la vivienda se cancelaría el crédito.

Los jueces piden un mayor protagonismo para los hipotecados y plantean introducir mecanismos que permitan que el deudor pueda permanecer en su vivienda satisfaciendo un canon o buscando fórmulas como el arrendamiento o leasing. También reclaman la creación de comisiones mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el banco y el deudor y en las que estén presentes la banca, la administración y los consumidores.

El Código de Buenas Prácticas: un fracaso
En informe critica también el Código de Buenas Prácticas implantado por el ministro de Economía y Competitividad Luis De Guindos. Los jueces aseguran que esta medida estrella del Gobierno ha fracasado, entre otras cosas, porque era algo voluntario. "No se ha alcanzado el resultado perseguido, por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que solo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a esos beneficios", se queja el informe.

El Economista. Fuente: http://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/4346270/10/12/siete-jueces-denuncian-los-abusos-en-del-sistema-legal-de-desahucios-espanol.html

Más de 500 familias desalojadas por día en España

En medio de la crisis económica que afecta a España, más de 500 familias son desalojadas cada día en el país por no pagar el alquiler o las cuotas hipotecarias.

Desde 2008 se han producido cerca de 400.000 ejecuciones hipotecarias. En el primer trimestre de este año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entidad gubernamental, reportó 46.559 desahucios. Por día, 517 familias fueron desalojadas de sus hogares por incumplimiento de pagos.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una entidad creada para llamar la atención sobre el problema, estima que a este ritmo el país terminará el 2012 con más de 180.000 familias desalojadas.

Ada Colau, activista de los derechos de vivienda y fundadora de la PAH, se queja de que la legislación protege a los bancos pero no a las personas que pierden su trabajo y no pueden pagar los préstamos.

Ella dice que en la época del auge inmobiliario el gobierno "facilitó crédito irresponsable" y que ahora anuncia recortes en el gasto de educación y salud, mientras rescata a las entidades financieras.

La PAH recoge firmas para una iniciativa legislativa popular que propone, entre otras cosas, la suspensión de los desalojos durante la crisis y la asignación de viviendas desocupadas para alquileres sociales.

"Hay que tratar a la vivienda como un derecho", afirma Colau.

De la burbuja a las casas vacías
Entre 1997 y 2007 se construyeron 390.00 viviendas al año en España, y los precios de la propiedad aumentaron un 200%. Hoy en día, las casas están vacías.

Según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el censo de este año, entre 5 y 6 millones de viviendas en el país estarían vacías, lo que representa el 20% del parque de viviendas residenciales.

Cataluña es una de las comunidades autónomas más afectadas por la crisis de la vivienda. Allí se produce el 20% de los desahucios de España, según el CGPJ.

En las acciones colectivas de la PAH, las familias que perdieron sus casas legalmente tomaron cuatro edificios vacíos embargados por los bancos en Cataluña.

Ocupación
Un edificio de la calle Pompeu Fabra, en Terrassa (a 23 km de Barcelona), está ocupada por 11 familias desde el pasado mes de diciembre. La toma de viviendas fue una manera de llamar la atención de las autoridades y ejercer presión sobre los bancos. Y también la única forma de que estas familias tengan un techo, aunque temporal.

Esto explica José Arturo Ramírez, de 44 años, soldador desempleado desde hace cuatro años, que ocupa uno de los apartamentos con su esposa, dos hijos, yerno y nieto.

Ramírez es una de las víctimas del sector más castigado de esta crisis económica, el de la construcción. "Nadie tenía la menor idea de que terminaría así, pero los bancos sí lo sabían. Era muy fácil conseguir un préstamo", recuerda... seguir leyendo aquí en la BBC.

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Desahucios: Una tragedia social en primera persona

Cada día 72 familias valencianas han perdido su vivienda este año por, en la mayoría de los casos, no poder hacer frente a la hipoteca que habían contratado. Desde que empezó la crisis, en 2008, son 24.694. Un auténtico drama social que ya ha encendido las alarmas de expertos, políticos y activistas, que alertan de los riesgos para la cohesión social y la economía, aunque no se ponen de acuerdo en las medidas a tomar para paliar el problema. Pero más allá de las frías cifras, cada una de estas ejecuciones hipotecarias esconde una tragedia vivida en primera persona.
Parece una escena de una de las películas-denuncia de Ken Loach o, incluso, de una de aquellas cintas con las que John Ford retrató las miserias de la gran depresión de 1929. Pero desgraciadamente esto no es ficción ni es un pasado lejano en otro país. Los hechos suceden en unos locales sindicales de Valencia donde decenas de personas llenan a rebosar una sala demasiado pequeña. El momento es incómodo, tenso y grave y no solo por el insoportable calor que convierte los panfletos sindicales en abanicos improvisados. Se trata de una de las asambleas que la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) convoca para informar sobre sus recursos legales a aquella gente que teme perder su casa. Un abogado trata de hacer un resumen de la legislación hipotecaria y las mejores opciones que tienen quienes se encuentran ante la imposibilidad de seguir pagando sus letras. Aunque los moderadores piden que se dejen las preguntas para hasta el final de la exposición, la gente interrumpe constantemente con sus experiencias personales. Verdaderas historias de terror se entreven en cada comentario.

Entre el público se encuentran los casos más diversos: trabajadores en paro hasta agotar las prestaciones, autónomos que la crisis les ha llevado ha cerrar sus negocios, inmigrantes provenientes de la economía sumergida, maridos y esposas cuyo divorcio les ha complicado algo más que su vida sentimental, pensionistas que, en su día, avalaron la hipoteca de sus hijos con su propia vivienda creyendoque las propiedades inmobiliarias jamás bajarían de precio... Nerviosos, angustiados, toman notas con caras preocupadas y cuentan uno tras otro sus reuniones con los directores de oficina, con los funcionarios judiciales, con los servicios sociales. Se oyen parecidas promesas incumplidas, letras pequeñas de los contratos y el redactado farragoso de las resoluciones judiciales. El abogado –un chico joven que no parece muy cómodo en su situación- trata de explicarles que, en su opinión, muchos de los consejos y opciones que les ofrecieron fueron equivocados sino es que se acercaban directamente a la mentira y al fraude. Entre los presentes aumenta la desolación. A su desesperada situación, con la casa ya embargada o a punto perderla, se añade la sensación de impotencia, de haber sido engañados y de fracaso personal. Una portavoz de la PAH toma la palabra para animarlos: “Recordad que esto no es culpa vuestra, no es una situación personal sino social que afecta centenares de miles de ciudadanos. Nos han engañado a todos porque no teníamos forma de evitarlo y solo uniéndonos podremos cambiar esta situación”. Aunque a decir verdad no parece que esto alivie demasiado los presentes.

“Dejarle algo a nuestros hijos”

Fernando Simarro llegó de Putumayo, una de las regiones más violentas de Colombia hace seis años para evitar sus hijos se convirtieran en víctimas del conflicto. Hijo de un exiliado español le dieron la nacionalidad inmediatamente. “Llegué un viernes y el lunes ya estaba trabajando. Me encanta Valencia y al año pude traer mi esposa y mis hijos. Esto era la felicidad. Estaba en el paraíso”, recuerda. A su lado se sienta Elisabet Grijalbo, su mujer, quien de esta época tiene especialmente grabado la facilidad con que la gente cambiaba de empleo: “Decían 'este trabajo no me gusta' y lo dejaban y al poco ya tenían uno mejor. A nosotros nos parecía increíble”.

“El trabajo era duro pero el sueldo merecía la pena –continua Simarro- y al cabo de un tiempo decidimos que ya estaba bien de pagar alquiler y empezamos a buscar un piso para comprar. Lo hicimos pensando en nuestro hijos, para dejarles algo en un futuro”, precisa sin poder evitar unas lágrimas. Asegura que el banco les dio la hipoteca sin ningún aval y que tampoco cayeron en el error de comprar algo fuera de sus posibilidades. Se trataba de un sencillo piso en el Cabanyal, y aunque fuera un quinto sin ascensor era un hogar para su familia. Tampoco aprovecharon los intereses baratos para cargar la hipoteca con extras y el 20% de entrada lo pagaron de sus ahorros.

“Entonces nadie pensaba en el paro, parecía una situación imposible –continua- hasta que llegó la crisis” La empresa de electricidad donde trabajaba despidió la mitad de la plantilla pero los encargados le prometieron readmitirle cuando la cosa mejorara y como tenía el subsidio de paro estaba tranquilo. El problema es que desde entonces la empresa no solo no se ha recuperado sino que aún ha realizado más despidos. “A medida que no encontraba empleo me iba poniendo nervioso. Hicimos de todo, chapuzas en casas de conocidos, recoger naranjas, no me asusta trabajar, pero es que realmente no hay donde hacerlo”. Así, la hipoteca se fue comiendo la prestación de desempleo, luego la ayuda de 400 euros, sus ahorros, el cheque bebé por su último hijo... hasta que no quedó nada. “Hasta el final me negué a perder la casa, pero cuando vimos que realmente era imposible seguir pagando fuimos a hablar con el banco para dársela”.

Su sorpresa, pero, fue mayúscula cuando la directora les dijo que aún les quedaría una deuda de 60.000 euros. La razón es que su vivienda valía, ahora, la mitad del precio por el que el mismo banco la tasó en 2007. Ante esto se plantaron y decidieron no salir de la casa e intentar ganar la condonación de la deuda en los tribunales. “Nosotros ya asumimos perder la casa. Nos da igual, ya nos apañaremos, podemos empezar de cero, pero no podemos empezar a menos 60.000. No podemos dejar esta carga a nuestros hijos”.

“Perder la casa fue lo peor”

María Rosa Pérez vive desde hace meses con sus dos hijos en casa de su madre, y aunque sabe que esta situación es provisional no sabe cuando podrá resolverla. El 25 de junio dejó las llaves de su piso en el buzón tal y como le indicaron en la oficina bancaria donde tenía contratada la hipoteca. Ahora le reclaman 65.000 euros de deuda y ha solicitado un concurso de acreedores, una opción que es extremadamente difícil que el juzgado acepte para un particular, pero que es la única salida para rehacer su vida. “Perder la casa fue lo peor”, asegura y atrás quedó una lucha para salvarla que recuerda “a muerte” y que empezó cuando fue despedida por quedarse embarazada. Ahora ha conseguido trabajo por unos meses y confía en que sea el primer paso hacia la recuperación, pero es consciente que si el banco no renuncia a reclamarle la deuda quedará empujada inevitablemente hacia la economía sumergida. “Si me tienen que embargar todo el sueldo que supere el salario mínimo, como esperan que mantenga dos hijos?” se pregunta.

“Me tuteaba con el director del banco”

José prefiere no dar su apellido ni su cara “por lo que pueda pasar”. Su situación le trae muy nervioso y no está seguro de lo que sería capaz de hacer. Autónomo, la crisis le dejó sin clientes y sin derecho al paro. Con una hipoteca de 1.500 euros mensuales enseguida se saltó cinco letras y le rehipotecaron el piso. “Acepté porque pensé que sería temporal, pero al final he pagado 80.000 euros en intereses y mi deuda no ha bajado”. Ahora ya no puede pagar nada, ni tan siquiera la pensión a su ex-mujer, una situación angustiante para alguien que “a costa de meter muchas horas” se sacaba un sueldo holgado. Lo que más rabia le da es la insensibilidad del banco. “Cuando me compré el piso todo eran sonrisas y promesas y luego te retrasas un mes y ya no te lo pasan. Yo me tuteaba con el director del banco y ahora me evita si nos cruzamos por la calle”.

De momento sigue en el piso, pero a finales de mes lo subastan y el nuevo dueño –que puede ser el mismo banco- iniciará el proceso judicial para desalojarlo. Y después? Se encoge de hombros pero una cosa tiene clara: “No me voy a rendir”.

Los afectados se organizan

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se presentó en Valencia hace pocos meses pero ya se ha hecho famosa por sus espectaculares acciones en las que impiden, pacíficamente, las ejecuciones inmobiliarias. Pero tras esta faceta callejera la PAH acumula mucho trabajo invisible. “Asesoramos las familias que tienen problemas para pagar la hipoteca para evitar que sean víctimas de cláusulas abusivas en los contratos o se vulneren sus derechos en los procesos judiciales, tratamos de mediar con los bancos para encontrar soluciones y orientarlas para conseguir recursos de los servicios sociales si lo necesitan”, detalla Yolanda Prats, una de las portavoces del movimiento. Pero más allá de esto, tratan de organizar a los propios afectados para tratar de encontrar soluciones globales al problema de la vivienda. Su reivindicación estrella es una ley que obligue la llamada dación en pago, o sea que la entrega de la casa liquide automáticamente la deuda para lo cual quieren presentar una Iniciativa Legislativa Popular al Congreso, aunque de momento está bloqueada. Entre sus propuestas también está una auditoría del mercado de la vivienda para evitar estafas en las tasaciones y la creación de un parque de vivienda pública “usando los pisos vacíos propiedad de los mismos bancos que recibieron miles de millones de dinero público". Joan Canela i Barrull. Valencia Express.

Hipotecas, Bancos y Desahucios

Los jueces vascos anulan las cláusulas abusivas de decenas de hipotecas

Argumentan que los clientes no sabían el producto que les colocaban y, en algún caso, que fueron engañados
«¿Qué es un 'swap'?», preguntó el juez. La respuesta de la entidad financiera figura en el informe pericial que presentó durante la vista: «En la línea con las mejores prácticas de valoración de este tipo de instrumentos -indicó-, para poder estimar los pagos futuros asociados al comportamiento del activo subyacente, se asume como hipótesis de su evolución un proceso estocástico browniano geométrico compuesto por un factor determinista y otro aleatorio».
¿Han entendido algo? El cliente que había pleiteado contra la entidad financiera por haberle colocado un 'swap', tampoco; y la Administración de Justicia, otro tanto.
Los tribunales del País Vasco han dado ya la razón, al menos, a medio centenar de particulares y de pequeñas empresas que habían demandado a varios bancos y cajas de ahorro por haberles vendido ese producto financiero como si fuera un 'seguro' que se incorporaba a la hipoteca de un piso o a una línea de descuento de una empresa, en teoría para cubrirse contra subidas de los tipos de interés; en realidad, no les aclararon que la situación era distinta si bajaban. A la postre, se trataba de una operación de alto riesgo, conocida también como 'click', permuta financiera, etc., con la cual no sólo no se protegieron, sino que han acabado pagando más dinero, aparte del préstamo. Y sin poder hacer nada, ya que los costes de cancelación eran onerosos.
En el conjunto de España, las anulaciones judiciales de los 'swap' -con la obligación de devolver el dinero cobrado además del crédito-, ya se cuentan por varios cientos (unas doscientas sentencias aparecen en la web de afectados 'www.asuapedefin.com). Fue la Audiencia de Álava la primera que confirmó en Euskadi una condena de este tipo en 2009, a raíz de una demanda civil presentada por la asociación Ausbanc. Pero ya son varios los juzgados vascos de Primera Instancia y también la Audiencia de Vizcaya los que han puesto en el punto de mira esos productos, difíciles de explicar en los juicios incluso para las entidades que los habían vendido. Traducido a un lenguaje sencillo, los litigios consisten en que, bien un particular que quería contratar o renovar una hipoteca de interés variable, bien una pequeña empresa que tenía un préstamo, crédito o línea de descuento en análogas condiciones, fueron animados a apostar, sin tener conciencia de ello, a que el euribor subiría por encima de un nivel, y hasta un determinando punto, en cuyo caso el banco se comprometía a pagarles una suma.
Con esa contrapartida, los clientes creían haberse asegurado una cobertura para la hipoteca o el préstamo frente a los aumentos del precio del dinero, pero muchos no caían en la cuenta de que si los tipos bajaban por debajo de cierto límite, entonces serían ellos los que deberían abonar una suma adicional, además del importe de la operación crediticia. Y ese montante añadido se calcularía a través de unas fórmulas ininteligibles para un profano. Estas ofertas aparecieron en la mayoría de bancos y cajas de ahorro -pero no en las cajas vascas- desde mediados de la pasada década, tanto antes como después de la crisis de las hipotecas 'subprime' en 2007. En algunos casos, sobre todo a partir de 2008, solían ser la única posibilidad de obtener un préstamo o de renovarlo, y se planteaban a los clientes cuando la tendencia del precio del dinero ya no era a subir, como había ocurrido en 2006, sino a bajar. Los perjuicios no tardaron en aparecer cuando el Euribor viró a la baja y los afectados descubrieron las consecuencias de lo que habían firmado.
Derivados financieros
Los 'swaps' -se calcula que se han formalizado tres millones de en España- son derivados financieros y se llaman así porque equivalen a cruzar una apuesta sobre algo: a que el tipo de interés subirá o bajará, a que una moneda se depreciará o no, a que un crédito será fallido a no... Esa fórmula ha permitido a inversores profesionales y a empresas de gran tamaño alcanzar cierto de grado de cobertura en sus operaciones. En ocasiones esos productos se revenden en los mercados secundarios en paquetes complejos, opacos y desregulados, una práctica a la que se achaca el descarrilamiento financiero internacional de 2008. Warren Buffet, el inversor más rico del mundo, aseguró que no quería saber nada de esas operaciones porque no las entendía.
«Pero en el País Vasco se han vendido 'swaps' incluso a alguna persona que no sabe leer ni escribir», asegura un abogado bilbaíno que representa legalmente a ciudadanos que se consideran engañados por los bancos y que afirman haber sufrido perjuicios a causa de ello. Marisa Gracia, delegada de Ausbanc en el País Vasco, asegura tener «unas 300 demandas sólo en esta comunidad autónoma», a las que habría que añadir los casos que llevan otros bufetes. El perfil de los demandantes de Ausbanc no es, precisamente, el del cliente que asume un alto riesgo, una circunstancia que las entidades financieras han estado siempre obligadas a verificar, aunque ahora lo hacen en virtud de una regulación europea recogida en la legislación española. Esos clientes damnificados son parejas corrientes con la hipoteca de un piso, pequeños empresarios, un ganadero, un fabricante de quesos, un zapatero... Y no faltan profesionales versados en cuestiones legales, como abogados y hasta un miembro de la carrera judicial.
Actualmente, los jueces están dando la razón a la mayor parte de los ciudadanos que han presentado demandas contra los 'swaps' y que han pedido la anulación de esos contratos. Ahora bien, para ganar el caso hay que demostrar que se ha producido el 'vicio de consentimiento' recogido en el Código Civil; es decir, hay que dejar claro que a alguien le han vendido una cosa sin que supiera que se trataba de otra; y, además, sin haber tenido la posibilidad de enterarse, ya sea porque no le han informado de todo, ya porque le han hablado de manera equívoca o incomprensible ('el proceso estocástico browniano geométrico', por ejemplo).
No obstante, una sentencia de la Sala Primera de la Audiencia de Álava y que anula un 'swap', va un poco más allá y aprecia la existencia de dolo en un procedimiento; eso significa que, según el tribunal, ha existido un engaño urdido por la entidad financiera. «En definitiva -reza la resolución-, el ofrecimiento de un producto con una finalidad diferente a la real, ocultando las consecuencias negativas que supone para el cliente suscribirlo, y el ofrecimiento de una ampliación del crédito para vencer su natural prudencia, son constitutivas de la maquinación o insidia de las que habla el artículo 1.269 del Código Civil, porque nunca hubiera contratado sin la insistencia del banco, sin el convencimiento de que era una especie de seguro, y sin la oferta de ampliar el crédito que previamente ya disponía».
En principio, las resoluciones sobre los 'swaps' sólo se pueden recurrir al Tribunal Supremo (TS) si la reclamación excede los 250.000 euros. No obstante, el TS ha admitido un recurso contra una sentencia de la Audiencia de Asturias, en el que se considera como la cuantía en juego todo el préstamo.
Fuente: Diario Vasco

Un juzgado de Sabadell eleva una consulta al Constitucional sobre las cláusulas abusivas en las hipotecas

La petición paraliza en la práctica el proceso de embargo de una familia.

El juez paraliza un proceso de embargo por indicios del carácter ’abusivo’ de un contrato de hipoteca y pide al Constitucional que revise la legislación hipotecaria actual por dejar "desprotegidos" a los usuarios.

Dación en pago, una solución posible y necesaria
PP y PSOE se escudan en las competencias autonómicas para rechazar la dación en pago

Hace sólo un mes una sentencia obligaba por primera vez a dar por liquidada la deuda de una familia con su banco con la sola entrega de su piso.

La pasada semana se supo que el magistrado Guillem Soler, del juzgado número 2 de Sabadell, elevó una consulta al Tribunal Constitucional sobre la posible inconstitucionalidad de un proceso de embargo contra una familia del municipio. Esta consulta paraliza ’de facto’ el procedimiento.
El juzgado considera que la Ley que regula los embargos hipotecarios deja "poco margen de defensa" a los usuarios y, por lo tanto, podría vulnerar derechos constitucionales. Según el magistrado de primera instancia del juzgado número 2 de Sabadell, Guillem Soler, "el problema es que la Ley de Enjuiciamiento Civil impide que el juez entre a valorar si una cláusula es nula o no". De lo contrario, según el magistrado en este caso "no se debería haber subastado el piso".
"La consulta es importante porque refleja la frustración de muchos jueces que están llevando este tipo de procesos", ha declarado a DIAGONAL Ada Colau, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. "Tal y como está planteada la Ley, el juez no puede entrar a valorar ninguna de las circunstancias relevantes que pueden concurrir en un proceso de embargo, por ejemplo si en el hogar todo el mundo está en paro, o si había cláusulas abusivas en el contrato", detalla. Por otro lado, la semana pasada se emitió la primera sentencia en Cataluña por la que un juzgado aplica ’de facto’ la dación en pago, después de que el Juzgado de Primera Instancia Número 44 de Barcelona respaldara a mediados de este mes la doctrina de saldar una hipoteca tras el embargo. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) está difundiendo un modelo de solicitud de la dación en pago para aquellos hogares que se encuentran en proceso de embargo. La PAH aclara que, si bien estas sentencias no sientan jurisprudencia, sí pueden "dar pie a que más jueces se animen a interpretar la ley en el mismo sentido en que lo hicieron la juez y la audiencia de Navarra".Podéis descargar el modelo aquí: Modelo escrito Juzgado auto de Navarra
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Otra-sentencia-en-Cataluna-da-por.html