La ONU se pronuncia sobre el desalojo de una familia con dos menores que vivía en una habitación de alquiler. La ONU condena al Estado español por la vulneración del derecho a la vivienda

Enric Llopis


El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha condenado al Estado español por vulnerar el derecho a la vivienda, según establece un dictamen emitido el pasado 20 de junio. La ONU considera que las autoridades estatales (incluido el Gobierno de la Comunidad de Madrid) incumplieron con las obligaciones de garantizar una vivienda alternativa a una familia desahuciada, en octubre de 2013, en el barrio madrileño de Tetuán. Los cuatro miembros de la unidad familiar fueron desalojados de la habitación en alquiler donde residían, tras el proceso judicial iniciado por la arrendadora. En el apartado final de recomendaciones, Naciones Unidas recuerda que el Estado español tiene la obligación de proporcionar a los afectados una reparación efectiva. Así, tras evaluar la situación actual de las víctimas, en caso de que éstas no cuenten con una vivienda adecuada, tendrá que otorgarles una vivienda pública o adoptar una medida de similares características; y además, apunta el dictamen, concederles una compensación económica “por las violaciones sufridas”.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales implica obligaciones para los estados firmantes. Así, el Comité de la ONU insta al Estado español a garantizar que en los procesos judiciales por desahucio de inquilinos, los demandados puedan oponerse o presentar un recurso. Incluso va un punto más allá. Pide la adopción de medidas para que los desalojos de personas sin recursos sólo se ejecuten tras una consulta “genuina y efectiva” con los afectados; y de que el Estado haya “realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles”, para que las personas desahuciadas cuenten con una vivienda alternativa. El dictamen también exhorta a que el Gobierno desarrolle, en coordinación con las comunidades autónomas “y hasta el máximo de los recursos disponibles”, un plan que garantice el derecho a la vivienda adecuada de las personas con escasos recursos.

Los hechos evaluados por Naciones Unidas tienen como protagonistas a dos ciudadanos de nacionalidad española, Mohamed Ben Djazia; y argelina, Naquel Bellili, matrimonio que contaba con dos hijos de uno y tres años en el momento del desahucio (los dos tendrían derecho a una protección especial). Según la información que aportaron al Comité de la ONU los denunciantes, Mohamed Ben Djazia vivía en una habitación de alquiler en un piso de Madrid desde 1998, a la que se trasladó Naquel Belilli en 2009. Ambos abonaban la renta mensual del alquiler. Durante una década, el primero presentó trece solicitudes para acceder a una vivienda social del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA), sin resultado alguno. Además, hasta el 21 de junio de 2012 percibió el subsidio de desempleo. Pero al carecer de ingresos familiares, cesaron en el pago del alquiler durante los meses siguientes, de modo que la arrendadora les anunció que no prorrogaría el contrato. En ese momento (agosto de 2012), la familia no disponía de recursos ni alojamiento alternativo, por lo que permanecieron en la habitación.

En noviembre de 2012 la arrendadora presentó una demanda de juicio verbal de desahucio ante el Juzgado de Primera Instancia Número 37 de Madrid, que ordenó el desalojo el nueve de julio de 2013. Ante la orden de expulsión, la familia afectada pidió al juzgado que reiterara los oficios emitidos a los Servicios Sociales autonómicos y municipales; y se requiriera tanto al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) como a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) a que le proporcionaran una vivienda, después de más de una década de solicitudes. Las víctimas agotaron las vías legales. En septiembre de 2013 plantearon un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y una petición de medidas cautelares, además de una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Según consta en el relato de los denunciantes, los dos tribunales rechazaron las peticiones. El tres de octubre de 2013 se produjo finalmente el desahucio. Los afectados pasaron entonces diez días en un albergue municipal, y otros cuatro en el automóvil familiar.

El caso fue denunciado ante Naciones Unidas por el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). Uno de los argumentos esgrimidos fue que mientras la Comunidad de Madrid desatendió las solicitudes de vivienda social de los afectados entre 1999 y 2011, redujo durante esos años el número de viviendas públicas, que incluso vendió a entidades privadas; de ese modo se produjo una disminución del parque disponible en un contexto de severa crisis económica, subraya el CAES, que se apoya en un el Informe de Amnistía Internacional “Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España” (junio de 2015). Así, la entidad argumenta que en 2012-2013 el IVIMA y otras entidades de la Comunidad de Madrid vendieron 2.935 casas y otras propiedades a sociedades-fondos de inversión privados; y lo hicieron supuestamente “por motivos de equilibrio presupuestario”. Otro de los razonamientos apunta a que el proceso judicial no respetó las debidas garantías.

En un comunicado conjunto emitido por el CAES y Amnistía Internacional, se resalta que el dictamen de Naciones Unidas “pone al descubierto la violación sistémica del derecho a la vivienda en España”. Ello ocurre cuando se produce un desalojo “sin garantizar alternativa habitacional”, señalan las dos entidades a partir del criterio seguido por la ONU. “Los desalojos no deberían dar lugar a que los afectados queden sin vivienda”, según las obligaciones contraídas por España como parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El CAES y Amnistía Internacional subrayan asimismo la especial atención que los estados deben prestar cuando los desahucios afectan a menores.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) se ha pronunciado en términos similares, a través de un comunicado con el siguiente titular: “El estado español comete violaciones de derechos humanos con cada desahucio sin alternativa habitacional”. Además, destaca que la condena se refiere a un desahucio por extinción de contrato de alquiler. El hecho no resulta baladí, ya que, según explica la nota informativa, “el Gobierno de España alegó que los alquileres entre particulares son ajenos a la responsabilidad del Estado; y también negó cualquier tipo de vulneración, llegando a afirmar que el mercado de alquiler no está sometido a las normas internacionales de Derechos Humanos”.

La cuestión del alquiler no es ajena a la propuesta de Ley de Vivienda de la PAH, que los grupos antidesahucios impulsan en una campaña iniciada el pasado 22 de marzo. Presentado ante los diferentes grupos parlamentarios, el texto incluye cinco medidas “urgentes”: dación en pago retroactiva, moratoria de los desahucios, garantía de luz, agua y gas para todos los hogares, un incremento del parque público por la “movilización” de los pisos vacíos en manos de la banca y la regularización de los precios del alquiler, a partir de experiencias como las de París y Berlín. La batalla por materializar la propuesta coincide con el balance de desahucios del primer trimestre de 2017, presentado por el Consejo General del Poder Judicial: el número de lanzamientos aumentó un 2,2% respecto al mismo periodo de 2016, hasta alcanzar los 17.055; de esta cifra, la mayoría (9.612) se derivan de la Ley de Arrendamientos Urbanos, mientras que 6.372 corresponden a ejecuciones hipotecarias.

Por otro lado, la PAH subraya el apoyo recibido el pasado nueve de junio por la antigua relatora de Vivienda de la ONU, Raquel Rolnik, durante su visita a Barcelona. Rolnik, que desempeñó esta responsabilidad durante seis años, hasta 2014, grabó un vídeo en el que respaldaba la campaña por la Ley de la Vivienda de la PAH. En un informe publicado en agosto de 2012 la entonces relatora, arquitecta y urbanista brasileña afirmaba que el mercado inmobiliario “está sujeto a la lógica financiera, por lo que no ha generado soluciones adecuadas para los pobres”. En otro punto del documento advertía que la financiación de la vivienda en los mercados generalizó las “burbujas” en los precios inmobiliarios, lo que apenas contribuyó al acceso de los sectores empobrecidos a viviendas adecuadas y asequibles. Raquel Rolnik apuntaba asimismo que en el periodo 1997-2004 el precio medio de la vivienda se incrementó un 149% en España, un 139% en el Reino Unido, un 187% en Irlanda, un 112% en Australia, un 65% en Estados Unidos y un 227% en Sudáfrica. El colectivo antidesahucios hace hincapié en que, al frente del cargo en Naciones Unidas, Raquel Rolnik ya defendió la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) hipotecaria promovida por la PAH en 2013.

Anda, Ken Loach, haz esta película si te atreves

Isaac Rosa
eldiario.es

El negocio turbio de la venta de vivienda protegida a fondos buitres en Madrid: si fuera una película, no nos la creeríamos de tanta brocha gorda como lleva Lo de los fondos buitres y las viviendas protegidas en Madrid, va Ken Loach y hace una película, y saldríamos todos del cine cabeceando y diciendo “no está mal, la intención es buena, pero es una historia maniquea, simplista, pelín demagoga: los malvados capitalistas contra la gente humilde, el especulador sin escrúpulos y los pobrecitos inquilinos. Demasiada brocha gorda, todo muy didáctico”.

Pues es verdad, Ken Loach, no se te ocurra hacer una película sobre la venta de viviendas protegidas en Madrid, porque no se la iba a creer nadie. “Un panfleto anticapitalista”, diría un crítico. Ni los madrileños nos la íbamos a creer. Míranos, lo preocupados que estamos por lo sucias que están las calles (que sí, que lo están), mientras llevamos años oliendo la Mierda con mayúsculas sin alterarnos demasiado.

Pero bueno, por si Ken Loach se queda sin ideas y no le importa arriesgarse con una historia inverosímil de puro verdadera, le paso un resumen del guión:

1-En plena crisis, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad se lían a vender viviendas públicas de alquiler protegido, destinadas a rentas bajas, jóvenes y familias vulnerables.

2-Las viviendas se venden en lotes, muy por debajo de su valor, y en un proceso con todo tipo de irregularidades (aunque esto lo sabremos después).

3-Varios “fondos buitres” se quedan con la mayor parte de viviendas, a la cabeza de ellos Fidere, filial de la compañía inversora Blackstone (que tiene nombre de empresa mala-malísima en una peli de Ken Loach, ¿verdad?). La misma Blackstone que también ha comprado hipotecas de familias a Catalunya Caixa, o que se está haciendo con cada vez más viviendas a precio de saldo, con la única oposición de la PAH.

4-El Ayuntamiento asegura que los inquilinos no notarán ningún cambio, que pueden estar tranquilos.

5-La nueva propietaria, nada más llegar, empieza a joder a los inquilinos (sí, he puesto “joder”, que en las pelis de Ken Loach se la pasan diciendo “fuck esto”, “fuck lo otro”). Les pone todo tipo de trabas, les sube el agua, y por supuesto les aumenta el alquiler en cuanto toca renovar contrato.

6-Empiezan los desahucios. Familia que no puede pagar la nueva renta, a la calle. Pero (atentos, que aquí es cuando el público dirá “anda ya, te has pasado tres pueblos, Ken Loach”) el Ayuntamiento de tapadillo se ocupa de realojar a toda prisa a los desahuciados, para que no le creen problemas al fondo buitre: el casero envía al Ayuntamiento el listado de próximos desahucios, y el consistorio se hace cargo de las familias para ahorrarle el coste social a la empresa.

7-Aparecen los primeros héroes, esos luchadores anónimos que siempre salen en las pelis de Loach: vecinos, inquilinos de viviendas ex-protegidas, que se organizan para denunciar lo que está pasando y llevar su lucha a los tribunales.

8-Los malos son desenmascarados por fin: los vecinos se organizan para resistir, el nuevo Ayuntamiento (gobernado por una abuelita entrañable y un puñado de perroflautas, qué me dices a eso, Ken) investiga lo sucedido y saca a la luz las irregularidades; la Cámara de Cuentas confirma lo que todos sospechaban (y los espectadores ya habíamos adivinado en el minuto uno): que fondos buitres y políticos estaban compinchados, que el proceso fue turbio, y que el negocio ha sido redondo, con c omisiones sospechosas y plusvalías a lo grande. A cambio, dejan una bomba de relojería para años.

9-Ahora viene el momento dramático, ese en que se nos encogerá el corazón: una mujer, Arancha Mejías, que se convirtió en portavoz espontánea de los afectados, que acusó a Fidere de ser, no buitre, sino hiena (“se comen la carroña financiera y se ríen de los vecinos”), sufre las consecuencias de su lucha: la empresa propietaria la echa de su casa, sin opción a seguir de alquiler. A la calle, tienes un mes para recoger tus cosas.

Ya ven, todo inverosímil, todo de brocha gorda. Todo real. Me falta rematar la historia, no sé si darle un final ilusionante, en el que se hace justicia, los culpables pagan y una ola de solidaridad arropa a Arancha (esta semana celebra Junta de Accionistas el fondo, lo digo por si alguien quiere pasarse a saludar); o un final pesimista en que los de siempre se salen con la suya y seguimos quejándonos de lo sucio que está Madrid, pero suciedad de la otra.

Lee íntegra la condena a Ana Botella y siete ex altos cargos por malvender pisos públicos.

Colau se estrena como alcaldesa parando un desahucio en Nou Barris. La alcaldesa convocará de urgencia la Mesa de prevención en la que participan los bancos

La alcaldesa de Barcelona ha anunciado que reforzará los recursos y revisará los protocolos para detener o prevenir los desalojos.

Colau ha acudido junto a la edil Janet Sanz al piso de una de una de las nueve familias que iban a ser desahuciadas este lunes asegurar que se había suspendido la ejecución del lanzamiento.

En el distrito más pobre de la ciudad y con la que considera la principal problemática: la vivienda, porque entiende que sin un techo "se vulneran otros derechos fundamentales". La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (Barcelona en Comú) se ha estrenado hoy en el cargo interviniendo para hacer lo que durante años hizo como activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH, de la que fue fundadora) detener un desahucio en el barrio de Trinitat Nova, en Nou Barris. Se trata del distrito que concentra las menores rentas de Barcelona y el mayor número de familias amenazadas con quedarse en la calle.

Solo hoy había previstos nueve desahucios en la zona. Algunos se pararon mediando en los juzgados el viernes pasado, y otros cinco se han suspendido esta misma mañana, aunque una familia ha preferido marcharse a una pensión para ahorrarse la angustia de no saber cuándo tendrán que dejar el piso, ha explicado.

La alcaldesa se ha presentado a las 8.30 horas en casa de una de las familias, una pareja con dos menores de la calle de Pedrosa, a quien ha encontrado "en la calle, con las maletas, esperando la comitiva judicial". Ha sido la propia Colau quien ha llamado a una oficina de Bankia cuya responsable, ha explicado, "ha confirmado que suspendían el desahucio desde los juzgados y la familia se ha podido quedar".

"Si no les hubiéramos confirmado la suspensión, probablemente se habrían marchado. Ahora trabajaremos para encontrar una solución más estable", ha relatado Colau tras describir que junto a la familia había una asistenta social, una educadora (como es preceptivo según el protocolo del Ayuntamiento cuando hay menores) y que al poco de llegar se han personado también los Mossos d'Esquadra. Colau ha hablado con la misma responsable de Bankia sobre un segundo caso, y después con otro directivo de BBVA. "En los tres casos ha habido llamadas de confirmación de la suspensión, y en los dos de alquiler, también", ha precisado la alcaldesa.

Los desahucios son parte del día a día en Nou Barris. En noviembre pasado, en un solo día las entidades tuvieron noticia de 15 casos y se desplegaron por todos los barrios del distrito en lo que convirtió en un maratón para los activistas. La mayoría de casos suelen corresponder a Ciutat Meridiana (conocida popularmente como Ciudad Desahucio), uno de los dos barrios más periféricos de la ciudad.

La gravedad del problema de la vivienda es tal en Ciutat Meridiana, que hay familias que acumulan varias órdenes de desahucio de un mismo piso: primero porque no pueden pagar la hipoteca; luego porque les dejan quedarse de alquiler y tampoco pueden pagar la cuota; y luego porque se quedan de okupas en el mismo piso.

En la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la regidora del distrito, Janet Sanz, y su gerente, Gemma Arau, la alcaldesa ha anunciado que una de sus prioridades en la primera reunión del Consejo de Gobierno del Ayuntamiento prevista para el viernes será convocar la Mesa de Prevención de Desahucios, un organismo que se creó a instancias de la PAH (de la que Colau fue fundadora) y que reúne a trabajadores municipales, representantes judiciales, de las entidades financieras y de las asociaciones de vecinos. "Lleva meses sin reunirse", ha asegurado la alcaldesa.

El grupo municipal de CiU, ahora en la oposición, ha criticado a Colau y a quien ha acusado de "hacer un uso oportunista de situaciones de vulnerabilidad". Según el grupo del alcalde saliente, Xavier Trias, los desahucios previstos para esta semana han sido suspendidos "a instancias del Gobierno municipal y con la intervención del distrito y los servicios sociales" y se han notificado a los afectados. En un comunicado, el grupo de CiU se refiere al caso de la familia de la calle de Pedrosa: "El referente [un técnico] del distrito de Nou Barris ha mantenido una reunión en la entidad financiera, Bankia, a las 8:15 horas para encontrar una salida al caso.

Después de la reunión se ha acordado suspender el desahucio. El referente se ha trasladado a la vivienda afectada para informar a sus ocupantes, donde ha coincidido con la alcaldesa". Los otros casos previstos se han resuelto, afirma la nota, con "aplazamientos, negociaciones de alquileres sociales, ofrecimiento de piso social o petición de suspensiones a los bancos".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/15/catalunya/1434366715_259611.html