-Los franquistas asesinaron en el Campo de Gibraltar a más de mil civiles indefensos. Una sociedad democrática no puede permitir homenajes ni lugares de culto a genocidas

La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en La Sauceda y El Marrufo (Afresama) y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar queremos manifestar:

-Ningún genocida puede tener un monumento en una sociedad sana y democrática. Los restos de Franco, José Antonio y demás autores intelectuales y materiales del genocidio contra el pueblo español no pueden descansar en un lugar público convertido en homenaje permanente al fascismo y sus terribles consecuencias.

-Quienes predican que hay que amar al prójimo y poner la otra mejilla frente al agresor no pueden permitir que sus símbolos amparen a los responsables de una guerra contra el pueblo español que costó la vida a más de un millón de personas, el exilio de más de medio millón y el fusilamiento o la cárcel para centenares de miles de hombres y mujeres inocentes.

-Sabemos los nombres y apellidos de unas seiscientas personas que fueron fusiladas en el Campo de Gibraltar por los sublevados contra la democracia española. Aquí no hubo guerra, sólo una represión feroz y cruel contra una población civil indefensa perpetrada según el plan de los militares traidores al pueblo que en Andalucía asesinaron a unas 60.000 personas inocentes en las tapias de los cementerios o en las cunetas de las carreteras. Los historiadores aseguran que esa cifra de 600 desaparecidos hay que multiplicarla al menos por tres para saber cuantas personas fueron realmente asesinadas. La mayoría de los fusilamientos los cometieron los fascistas al principio de la guerra sin juicio previo, sin ninguna instrucción policial y no hay rastro documental de buena parte de ellos. Sólo en Algeciras, que en 1936 tenía 22.000 habitantes, los fascistas fusilaron a más de 300 personas. En La Línea, sólo en un día, el 19 de julio, las tropas sublevadas asesinaron a más de cien personas junto al cuartel de Ballesteros.

-Nos sentimos profundamente ofendidos, agraviados e indignados por la proliferación estos días en la televisión, las radios y los periódicos de comentaristas y tertulianos que defienden abiertamente a los genocidas y el genocidio. ¿Se imaginan ustedes qué podrían sentir las familias de Miguel Ángel Blanco o de Ernest Lluch si cada vez que alguien fuese a hablar en la tele del aniversario de los atentados de Hipercor aparecieran miembros de ETA o HB defendiendo los atentados y la lucha armada? Pues eso es lo que sentimos nosotros todos estos días. Un asco tremendo y un dolor sin consuelo. Con la diferencia de que los asesinos de nuestros padres y abuelos no fueron sometidos a juicio, no pagaron por sus crímenes y encima han gozado y gozan de impunidad y respetabilidad para una parte de la sociedad que siguen sin romper con el franquismo.

-El juez Garzón le puso nombre a 115.000 personas asesinadas por las huestes franquistas cuyos restos siguen esparcidos por las cunetas y fosas comunes de los cementerios de toda España. Cualquier Estado civilizado y democrático haría lo mínimo: Ordenar una investigación judicial, hallar los restos mortales de todos ellos, devolvérselos a sus familias, poner nombre y apellidos a los culpables de tanto crimen, juzgarlos y reparar el daño sufrido por las víctimas. Pero amparado por un aparato judicial en gran parte heredero del franquismo, los jueces se han escudado en la Ley de Amnistía de 1977 para decir que los crímenes de los funcionarios, militares, policías y dirigentes del franquismo están perdonados, y que por eso no hay nada que investigar ni fosas que descubrir.

Europa, la ONU, y todos los organismos internacionales de derechos humanos no paran de ponerle la cara colorada al Gobierno español. Los crímenes de genocidio, los crímenes contra la humanidad nunca prescriben. Es obligación del Estado investigarlos y reparar a las víctimas o sus familiares. Afresama y el Foro pusieron una denuncia en el juzgado de Jerez cuando aparecieron los restos de los 28 fusilados del Marrufo. Pero el juez decretó el archivo de la causa. Nuestra abogada presentó el pertinente recurso, también rechazado. Luego entregamos toda la documentación sobre La Sauceda y el Marrufo y la de los 600 asesinados en el Campo de Gibraltar al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzosas e Involuntarias y a los abogados de la querella presentada en Argentina contra los criminales franquistas que investiga la jueza María Servini.

-Nos gustaría pensar que en España hay jueces a los que se les cae la cara de vergüenza viendo cómo tiene que venir una jueza de otro país a hacer su trabajo. Nosotros alentamos y apoyamos con todas nuestras fuerzas la acción de la jueza Servini y de cualquier otra instancia internacional que colabore en romper la impunidad del franquismo. La razón, el derecho natural y los principios más elementales de la justicia nos asisten. Esperamos que el nuevo Gobierno de España no se limite solo a sacar los restos de Franco del valle de Cuelgamuros, clausure los monumentos de exaltación al fascismo y elimine toda la simbología franquista que aún existe en este país.

-Y esperamos que se anulen las condenas dictadas por los tribunales franquistas contra nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. Los traidores al pueblo español juzgaron y condenaron por rebelión a quienes sólo habían permanecido fieles al orden constitucional. La justicia al revés. Los traidores juzgando y condenando a los traicionados. El Estado español debe devolver a nuestros familiares el buen nombre que jamás han perdido en nuestras conciencias.

Blas Infante, un notario de pueblo defensor de los jornaleros y los trabajadores, fue asesinado por un pelotón de fusilamientos compuesto por falangistas. Sus restos mortales yacen aún en una de las fosas comunes del cementerio de Sevilla junto a los de otros cuatro mil asesinados. En 1940, Blas Infante, cuando llevaba cuatro años muerto, fue condenado por rebelión y a su familia se le impuso una multa de 20.000 pesetas de las de entonces. Andalucía necesita reparar esta aberración. Los andaluces necesitamos recuperar los restos de Blas Infante, los de sus compañeros de fosa y los de las 60.000 personas asesinadas por los franquistas.

Necesitamos saber quiénes y cómo los asesinaron y necesitamos que el Estado heredero asuma su responsabilidad, anule las sentencias contra las víctimas y condene a los culpables de su asesinato. Y si alguien (Ejército, Guardia Civil, Iglesia católica, Tribunal Supremo, o presidente de Gobierno) pide perdón por tanto crimen y tanta infamia, mucho mejor.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=246335

_- La ONU pide cuentas al Gobierno y al Supremo por la condena al juez Garzón

_- El Comité de Derechos Humanos de la ONU exige aclaraciones al Estado español sobre el procesamiento y la condena del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a raíz de sus investigaciones sobre los desaparecidos del franquismo y sobre la corrupción del Partido Popular (PP), conocida como los casos Gürtel y Bárcenas. Como se recordará, Garzón fue acusado de practicar “escuchas ilegales” a los abogados de un procesado de la trama Gürtel que estaba en prisión preventiva, y resultó procesado por presunta prevaricación y condenado hace cuatro años por el Tribunal Supremo, que lo expulsó de la carrera judicial.

A primeros de este año Garzón apeló al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través del despacho especializado Human Rights in Practice que dirige Helen Duffy, por el carácter arbitrario de las investigaciones y enjuiciamientos penales a los que fue sometido y que llevaron a su inhabilitación como juez. El escrito de Duffy recoge la insólita imputación penal de Garzón por acoger las denuncias y llevar a cabo investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista, que a día de hoy continúan impunes.

También recoge su incriminación por las decisiones judiciales de investigar la trama de corrupción que afecta al PP y cuyas denuncias acabaron implicando al tesorero del partido, Luis Bárcenas, nombrado por el presidente Mariano Rajoy. Los requerimientos de información cursados por Garzón a la banca suiza acabaron destapando la fortuna a nombre de Bárcenas (más de 40 millones de euros) y aportaron documentación comprometida para el propio Rajoy.

Cierto es que para entonces (primeros meses de 2013), la instrucción judicial de la trama de corrupción y presunta financiación opaca y paralela del PP, ya no la dirigía el magistrado Garzón, sino su sucesor en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, pues el Tribunal Supremo ya le había condenado y expulsado de la carrera judicial. Lo hizo amparándose en la supuesta ilegalidad de una escuchas a los imputados que, sin embargo, no fueron suspendidas, sino que mantuvo el instructor del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, después de que Garzón se inhibiera al aparecer diputados autonómicos en la trama y, por tanto, aforados, cuales eran los populares Alberto López Viejo, Benjamín Martín Blasco y Alfonso Bosch.

El escrito sobre persecución política por vía judicial del magistrado Garzón también relata cómo el Supremo le mantuvo procesado por un supuesto delito prescrito a sabiendas de que había prescrito. Era la denuncia del ente Manos Limpias sobre un supuesto lucro del juez con becas de una entidad bancaria a cambio de un trato de favor judicial. Este proceso había sido archivado por dos veces y aunque el juez instructor conocía perfectamente la prescripción, no lo archivó hasta que Garzón fue condenado por la investigación de la trama Gürtel.

La denuncia del exmagistrado español ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha sido avalada por los dictámenes periciales de trece profesores, jueces y expertos de alto nivel en el ámbito internacional. La profesora española Araceli Manjon-Cabeza Olmeda ha emitido informe sobre la Ley de Prevaricación; seis expertos han peritado el caso a la luz de los estándares internacionales de impunidad y los otros seis han redactado sus informes bajo la lupa de los estándares internacionales sobre la independencia judicial.

Ahora el Comité de la ONU, en cuyo Consejo de Seguridad se sienta el Gobierno español hasta 2018, emplaza al Estado español (Tribunal Supremo y Gobierno) a que responda sobre las coacciones, presiones y vulneración de la independencia del juez Garzón; sobre la interpretación sin precedentes de la prevaricación para procesarle y condenarle, y también sobre las normas de prescripción de los crímenes de lesa humanidad aplicados en España, en contraste con el derecho internacional, por las que fue acusado y procesado Garzón. Los magistrados del Supremo que lo condenaron, entre los que se cuenta el nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza(1), y el Gobierno que preside Rajoy tienen un plazo de seis meses para fundamentar sus respuestas y contestar.
Nota:
Con este último requerimiento de la ONU, el gobierno de Rajoy se encuentra una vez más emplazado a nivel nacional e internacional por sus "malas prácticas" de él y su partido, en muchos casos claramente delictivas,... Eso sumado a que gobierna gracias a la abstención del PSOE, pues más del 60% de los ciudadanos españoles no le votó, parece una razón más de peso para que siguiendo "la práctica democrática internacional" y la decencia política democrática, hubiese ya dimitido.

(1) Ha llegado la noticia hoy del fallecimiento de Maza en un hospital de Buenos Aires, no sabemos que hacía allí. El gobierno se ha limitado a dar el pésame a la familia. No sabemos si se informará más del caso.

https://www.cuartopoder.es/espana/2016/11/13/la-onu-pide-cuentas-al-gobierno-y-al-supremo-por-la-condena-al-juez-garzon/

El Consejo de Europa critica que España deje la búsqueda de las víctimas del franquismo en manos de los familiares

El comisario de Derechos Humanos advierte de la dificultad de acceder a los archivos militares
Agencias

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha reprochado a España que deje los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en manos de las propias familias, quienes se enfrentan a “obstáculos” como el hecho de que sea “prácticamente imposible” acceder a los archivos, especialmente los militares.

En un informe el comisario Nils Muižnieks lamenta que el alcance de la Ley de Memoria Histórica siga siendo “limitado” y su aplicación deficiente, debido a la “falta de presupuesto” que se destina para cumplir los objetivos de reparar a las víctimas y sus familiares, así como a luchar contra la exaltación de la represión, en particular, a través de la retirada de símbolos y monumentos franquistas.

“En cuando a la investigación y la sanción de los responsables, muy poco se ha hecho, debido, entre otros factores, a la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977“, prosigue el documento, que pone de relieve la ausencia de una “cifra oficial” sobre el número de desaparecidos y víctimas de la desaparición forzada a falta de una “base de datos centralizada”.

Por ello, el comisario de Derechos Humanos se remite a la investigación que llevó a cabo el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que calculó que fueron 114.226 personas entre el 17 de julio 1936 y diciembre 1951, una cifra que “no pudo ser confirmada de forma fiable porque se bloqueó la investigación”.

Apunta que cerca de 30.960 hijos de detenidos republicanos fueron “presuntamente” entregados a familias que apoyaban al régimen y otros fueron enviados a centros del Auxilio Social. “Muchos de estos niños fueron adoptados sin el conocimiento o consentimiento de sus familias biológicas que, hasta la fecha, no saben de su suerte y paradero”, añade.

“LEY DE MEMORIA HISTÓRICA SIGUE EL MODELO DE FRANCO”
El jurista Miguel Ángel Rodríguez Arias, que denunció por primera vez ante la ONU la pasividad de España en la búsqueda de los desaparecidos, ha subrayado que Naciones Unidas, el tribunal de Estrasburgo o la Corte Interamericana de Derechos Humanos han coincidido en que el “Estado en ningún caso puede cargar sobre los hombros de los familiares la iniciativa de buscar a los afectados”.

Rodríguez Arias, autor del libro ‘El caso de los niños perdidos del franquismo. Crimen contra la humanidad’, ha denunciado además que la Ley de Memoria Histórica de 2007 “siguió el modelo de la orden de Franco del 1 de mayo de 1940, que establecía que los familiares debían pedir permiso al gobernador civil para ser ellos quienes buscaran a los ejecutados a cambio de desgravarse fiscalmente”.

“El Gobierno de Zapatero estableció que las familias pidieran permiso administrativo, emprendieran las búsquedas y a cambio se daban subvenciones, en lugar de seguir el modelo internacional de que el Estado busque a los desaparecidos”, ha proseguido el jurista, para entender que su norma vulnera los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

Gilbert Grellet: “No ayudar a la República en 1936 fue un error”. El periodista y escritor francés sostiene que París y Londres podrían haber cambiado el curso de la historia de haber actuado contra la sublevación militar en España

París y Londres podrían haber cambiado el curso de la historia de haber apoyado en el verano de 1936 a la República Española contra la sublevación militar. ¿Por qué no lo hicieron? Es la cuestión que el periodista y escritor francés Gilbert Grellet plantea en su libro, de reciente aparición,  Un été impardonnable (un verano imperdonable; editorial Albin Michel). “Fue una enorme injusticia”,  dice Grellet en un café de París. “El Gobierno español democrático tenía todo el derecho a comprar armas para defenderse”. Mientras los golpistas contaron de manera inmediata con la ayuda de Adolf Hitler y Benito Mussolini, los Gobiernos de Francia y Reino Unido se entregaban a una política de no intervención para evitar la guerra en Europa y el avance de Moscú. Es la razón por la cual Grellet considera no solo que París y Londres (además, de Washington) obraron injustamente, sino que se equivocaron de estrategia.

“Algunos dirán: ‘imperdonable’ es una palabra fuerte”, ha escrito el primer ministro francés Manuel Valls prologando este libro. “Sí. Es fuerte. Pero justa”. Valls ocupa hoy el palacio de Matignon y utiliza la misma mesa de Léon Blum, un hombre clave de esta historia, que abandonó a su suerte al Gobierno español a pesar de sus firmes convicciones socialistas y democráticas. “Blum perdió parte de su alma”, dice Grellet sobre su posición acerca de la guerra civil española.

PREGUNTA. Dice usted que Li­se London es la persona que le animó a escribir este libro.
RESPUESTA. Sí. Lise London es una francesa de origen español (su apellido era Ricol) a la que conocí hace 10 años, cuando asistía a una reunión de las Brigadas Internacionales en Madrid con motivo del 70º aniversario del inicio de la Guerra Civil. Hablamos de su historia [luchó en la Resistencia y fue capturada por los nazis] y de las Brigadas Internacionales, pero me dijo que a ella lo que le interesaba era el asunto “imperdonable” de la no intervención de las democracias occidentales. Como ve, ella misma me dio el título. Es un asunto que retomé ya de vuelta en París, en 2012, cuando Lise London murió.

P. Usted destaca en su libro la brutalidad de los primeros meses de la guerra.
R. En su momento me interesó especialmente el libro del historiador Francisco Espinosa sobre la columna de la muerte, la de los legionarios y moros que salieron de Sevilla en los primeros días de agosto para subir a Madrid pasando por Extremadura y Toledo. Fue terrible.

P. Hace usted un muy duro retrato de Léon Blum, un político tan apreciado en Francia.
R. Es verdad. Blum es un hombre interesante que ocupa un importante lugar en la historia de Francia. Fue el presidente del Consejo del Gobierno del Frente Popular e hizo muchas cosas desde el punto de vista social, como la limitación de la jornada laboral a 40 horas semanales o el derecho a las vacaciones pagadas. Con respecto a España, sin embargo, fue un desastre. Estaba muy influido por el Quai d’Orsay [el Ministerio de Exteriores] y ahí estaba Alexis Leger, secretario general del Ministerio, que consideraba que no se podía hacer nada sin el acuerdo de los ingleses, que defendían la política de distensión. En Londres influyeron mucho Stanley Baldwin [primer ministro], Anthony Eden [secretario de Estado de Asuntos Extranjeros] y también Winston Churchill, que no estaba entonces en el Gobierno, pero ejercía una gran influencia en los círculos conservadores. Publicaba un artículo semanal en el Evening Standard en el que criticaba de una manera sistemática al Gobierno republicano español, al que tachaba de comunista y bolchevique, lo que no era cierto. Churchill creía al principio que era más fácil entenderse con Hitler que con Stalin y era muy amigo de Blum. Le visitaba siempre que venía a Francia. Fue en una de esas reuniones cuando le aconsejó: “Keep out of Spain”.

P. Llega usted a decir que Blum perdió su alma por no ayudar a la República Española.
R. Sí, porque finalmente fue una enorme injusticia no ayudar a un Gobierno amigo, socialista, que tenía todo el derecho a comprar armas para defenderse de los militares. Perdió su alma y al mismo tiempo se equivocó, porque, si se hubiera aliado con los ingleses para oponerse a Hitler, quizá habría evitado la Segunda Guerra Mundial. Fue el mismo error que se cometió con la ocupación de Renania en marzo de 1936.

P. En descargo de Blum cuenta usted que era judío y que la presión de la prensa de la derecha era enorme. Dice incluso que ningún político del siglo XX ha sido tan calumniado como él.
R. No creo que ser judío fuera un factor importante en este caso. Fue más bien la presión de la prensa de la derecha, como Acción Francesa, un periódico que fue muy agresivo contra él. Hay que tener en cuenta que la derecha y la extrema derecha francesas flirteaban con Hitler y Mussolini y preferían que Franco ganara la guerra.

P. A finales de la Guerra Civil, tanto Churchill como el presidente americano Roosevelt reconocieron haberse equivocado. ¿Nunca hizo Blum lo mismo?
R. Nunca admitió su error. Siempre dijo que gracias a la no intervención se había evitado la guerra, lo que no fue cierto.

P. Usted fue el jefe de France Presse en España durante cinco años, de 2005 a 2010. Supongo que durante ese tiempo también comprendió que la Guerra Civil y la división social seguían muy presentes en la sociedad española.
R. Exacto. En aquellos años se debatía la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, que quedó descafeinada, y se produjo la caída de Garzón, que a mí me pareció un disparate. Un juez que había sido tan importante en la persecución de Pinochet, expulsado de la magistratura por querer investigar los crímenes del franquismo. ¿Cómo era posible?

P. ¿Cree que España sigue sin tener superada esa etapa de su historia?
R. Adoro España y no quiero criticar a ese país, pero tuve esa impresión hace 10 años y ahora recuerdo aquello cuando veo que la alcaldesa de Madrid quiere aplicar la Ley de Memoria Histórica y, por tanto, desechar los símbolos franquistas. La pregunta es por qué los anteriores alcaldes, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, no hicieron nada entre 2007 y 2015.

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/03/11/babelia/1457720199_544614.html?rel=lom

Garzón, "Soy el último exiliado del franquismo”

El exmagistrado de la Audiencia Nacional liderará el equipo jurídico de Assange
Desde su inhabilitación, Garzón ha creado un bufete y una fundación pro derechos humanos.

Cuenta Baltasar Garzón entre risas que, al verle caminar solo, sin escoltas, hay gente que le para por la calle y se ofrece a escoltarle hasta el sitio donde vaya. Lo dice mientras entra en el parque del Retiro sin esas sombras que le han acompañado y protegido durante años de una larguísima lista de enemigos —la más larga que ningún juez podría escribir en España— y cuya retirada abrupta provocó un duro enfrentamiento con el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa. “La escolta no es un servicio de mayordomía que presta el Estado”; el riesgo de Garzón no viene “de los terroristas, sino de la ciudadanía”, dijo el número dos de Interior. Él dice que no tiene miedo. Sigue recibiendo amenazas de muerte, pero ya no en España, sino en los sitios donde ahora trabaja: Colombia, México..., donde sí tiene protección.

Hace algo más de dos años y dos meses que bajó las escaleras de la Audiencia Nacional por última vez, suspendido cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial después de que el juez Luciano Varela, instructor de la causa contra él por la investigación de los crímenes del franquismo, dictara siete resoluciones en un día para forzar su suspensión. Y han pasado casi seis meses desde que fue condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas de Gürtel, poniendo fin a una carrera judicial de 31 años, 22 de ellos en la Audiencia Nacional, desde donde desarticuló el entramado de ETA, desmanteló multitud de redes de narcotráfico y blanqueo, y ordenó la detención del general Pinochet. “Yo soy juez, no ex. Todavía tengo mi título”, se resiste. Está decidido a luchar “hasta el último aliento” en todas las instancias judiciales por que un tribunal diga que esa sentencia “nunca debió dictarse”.

 Del vacío que esa condena ha dejado en Garzón habla la delirante lista de trabajos y compromisos que ha adquirido para rellenarlo: además de asesorar a la justicia colombiana y a la mexicana en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, supervisa la reforma de la función judicial en Ecuador, asesora a la cámara de diputados argentina en asuntos de derechos humanos, colabora con la Unesco y con la Universidad de Seattle, ha creado una fundación para promover la jurisdicción universal y acaba de asumir la defensa del enemigo público número uno de EE UU, el fundador de Wikileaks, Julian Assange.

Seguir aquí en El País.

Garzón crea una fundación internacional para promocionar los derechos humanos

La iniciativa se propone también impulsar la justicia universal. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la inscripción de la Fundación Internacional Baltasar Garzón promovida por el exjuez de la Audiencia Nacional y que presidirá él mismo. Entre sus fines figura la defensa de los derechos humanos en España y en el mundo, así como el impulso de los principios de la jurisdicción universal y justicia internacional "con el fin de desarrollar los mecanismos necesarios para combatir la impunidad".

 La fundación nace con una dotación inicial de 30.000 euros que aporta el propio Garzón. Entre los miembros de su patronato figura como vicepresidente primero Shlomo Ben Ami, ex ministro israelí de Seguridad Pública y de Asuntos Exteriores, y como vicepresidente segunda, Maria Carmen Durán Martínez, profesora y fundadora de la asociación Despera Cambados de la lucha contra la droga en Galicia.

 Entre los vocales de la fundación figuran José Antonio Martín Pallín, juez jubilado del Tribunal Supremo; el escritor Manuel Rivas y el periodista radiofónico Luis del Olmo, además, de Maria Garzón, hija del juez, expulsado de la carrera judicial tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. Garzón está ahora pendiente de una petición de indulto presentada ante el ministerio de Justicia por un grupo de juristas. PERE RÍOS El País, Barcelona 27 JUN 2012.

Jueces progresistas europeos piden hoy ante el ministerio la medida de gracia para el exjuez Garzón

La iniciativa cuenta con el “consentimiento” del exmagistrado inhabilitado por el "caso Gürtel".

La vicepresidenta elude revelar si el Gobierno aceptará el indulto

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que siempre ha tenido buenas palabras para el hoy exjuez Baltasar Garzón, que nunca (ni en los momentos de mayor enfrentamiento del magistrado con el PP por el caso Gürtel) criticó su actuación —al contrario que otros dirigentes de su partido—, va a tener que manejar en los próximos meses una patata caliente: decidir sobre su indulto.

La asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (Medel), en representación de unos 15.000 jueces y fiscales de países miembros de la UE, ha presentado a última hora de la mañana de hoy ante el Ministerio de Justicia la petición de clemencia para que se devuelva al exmagistrado la condición de juez que perdió tras ser condenado por prevaricar en la instrucción del caso Gürtel. Lo hacen porque consideran de una “severidad desproporcionada, indiscriminada y extraordinaria” la pena de 11 años de inhabilitación que impuso el Tribunal Supremo a Garzón el pasado febrero. E insisten en que, cuando el entonces juez de la Audiencia Nacional ordenó grabar las conversaciones de los cabecillas de Gürtel con sus abogados en la cárcel, su motivación no respondía a ninguna “perversion ética” sino al intento de frenar la actividad delictiva de la trama.

La iniciativa ha sido aprobada, sin ningún voto en contra, por las asociaciones que conforman Medel, entre ellas las españolas Unión Progresista de Fiscales —que ha apoyado el texto— y Jueces para la Democracia —que se ha abstenido—, según informa Europa Press. Jueces por la Democracia, sin embargo, ha enviado esta mañana un comunicado asegurando que la asociación no ha sido "consultada ni informada" de la decisión de presentar la solicitud de indulto, y sin aclarar si la respalda o no.

El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José María Mena aseguró ayer jueves, en el Círculo de Corresponsales Extranjeros, que la petición de indulto se hace en nombre de Garzón, con su consentimiento, aunque no en su representación. “Tiene que quedar claro que Garzón no pide el indulto. No ha habido diálogo personal con él, sino a través de terceras personas", dijo. También recordó Mena que un Gobierno del PP —el de José María Aznar— indultó a un juez condenado por prevaricación (Javier Gómez de Liaño) y que en los últimos años se han visto indultos “escandalosos”, como el del consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz (lo indultó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero) o el de los dos condenados por el caso Yak-42 (recién indultados por el Gobierno de Mariano Rajoy).

Los juristas de Medel subrayan la “abrumadora" actividad al servicio de la Justicia del que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia económica y los crímenes de lesa humanidad, y en la defensa de los derechos humanos. Sus "ingentes servicios prestados" al "prestigio internacional" de la Justicia, dicen, se demostraron a lo largo de "1.000 casos con más de 8.000 imputados".

El presidente de Medel, Antonio Cluny, explicó que la asociación ha decidido intervenir porque “no es un asunto interno de España”, sino que afecta a “un juez que es un paradigma que ha influido en la manera de trabajar de muchos países y ha proporcionado avances significativos en materia de derechos humanos".
http://www.airpano.ru/files/San-Francisco-Golden-Gate-USA/1-2  La tramitación del indulto puede llevar meses. El ministerio tendrá que pedir ahora los informes pertinentes a la sala del Supremo que dictó la sentencia de inhabilitación (que previsiblemente se mostrará en contra del indulto) y a la fiscalía (que previsiblemente se mostrará a favor, porque durante el juicio reclamó la absolución de Garzón), y con todo eso decidirá. En los últimos meses Justicia ha concedido indultos con todos los informes a favor, con algunos a favor y otros en contra o incluso con todos en contra.

En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha eludido revelar si el Gobierno admitirá el indulto, con la excusa de que, según el Ministerio de Justicia, todavía no ha sido registrada ninguna petición.

  El País. Foto. El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena y el presidente de la Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, Antonio Cluny. / ULY MARTÍN

Garzón recurre al TC la condena por las escuchas del Gürtel. El juez considera que la sentencia condenatoria del Supremo es "arbitraria, irrazonable y manifiestamente injusta"

El juez Baltasar Garzón ha recurrido hoy en amparo ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a once años de inhabilitación por ordenar intervenir las comunicaciones que varios de los imputados en el "caso Gürtel" mantuvieron en prisión con sus abogados.

El recurso, de más de doscientos folios y redactado por el despacho de abogados Amparo Legal, sostiene que la sentencia dictada por el alto tribunal es "gravísimamente inconstitucional", ya que Garzón fue condenado por un delito que no existe en las leyes españolas, ya que la cuestión de las escuchas está pendiente de una ley que las regule. Los abogados del juez recuerdan, en este sentido, que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reclamado en varias ocasiones a España que legisle en esta materia.

La defensa de Garzón concluye que esta laguna legal ha hecho que el juez fuera condenado "por ir en contra de los criterios particulares" de los magistrados que formaban el tribunal y que el Supremo construyó "a la medida" el delito de prevaricación del que el exmagistrado de la Audiencia Nacional fue declarado culpable. Según el recurso, una condena dictada en esas circunstancias "supone la puerta abierta a cualquier juicio y condena por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica seria de cualquier juez con el Tribunal Supremo, acabando así con la independencia judicial".

Los abogados de Garzón tachan la resolución del alto tribunal de "arbitraria, irrazonable y manifiestamente injusta" y afirman que la sentencia "parece como si estuviera de antemano, ya que prescinde de todas las pruebas y de hechos fundamentales que se probaron en el juicio".

Vulneración de derechos
El recurso, por último, señala que la condena vulnera la independencia judicial, ya que supone "la criminalización de un criterio judicial contrario al del Tribunal superior, al suponer la negación de las legítimas facultades de los jueces sobre las pruebas y de interpretar las leyes aplicables mientras no haya una legislación clara".

Para sus abogados, lo que hizo Garzón al ordenar las escuchas de la Gürtel fue "cumplir con su obligación de buscar la verdad en la investigación de delitos de corrupción, sin violar ninguna ley ni nada parecido y empleando medios absolutamente legítimos en España y en otros países".

Leer aquí en Hoy.

Derecho a conocer la verdad, que se haga justicia y obtener la reparación

El jurista y juez Baltasar Garzón defiende en este artículo que se mantenga la investigación de los crímenes franquistas, la creación de una Comisión de la Verdad para lograr la reparación histórica de las víctimas y el logro de 500.000 firmas para hacer la petición al Congreso.

Están frescas aún las palabras del Tribunal Supremo por las que, en forma de sentencia, se me “absolvía”, después de casi dos años de suspensión de funciones debido en gran parte a injustificadas paralizaciones del proceso, de un supuesto delito de prevaricación por haber intentado investigar, y que lo hicieran otros jueces territorialmente competentes, los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad. Esta investigación no debería quedar enterrada como lo están más de 100.000 personas desaparecidas en los campos españoles, cuyos restos recuerdan la dignidad de quienes exigen justicia, frente a la indignidad de quienes lo hicieron y la indiferencia de quienes permiten que la justicia siga ausente, asumiendo la vergüenza internacional del olvido y el silencio.

Aquella sentencia, en alguno de sus renglones, alude a la legítima aspiración de las víctimas a saber lo que sucedió, cómo y por qué, pero considera que la verdad histórica no es del mundo de la justicia y con ello desconoce el derecho humano de las mismas a la verdad, la justicia y la reparación, y da la espalda a la comunidad internacional que, en materia de derechos humanos, establece exactamente el principio contrario. Con esta decisión, de hecho, tales derechos han quedado arrinconados y destruidos, y las víctimas escasamente compensadas al permitírseles algunos testimonios conmovedores en el juicio seguido contra mí; pero incluso eso ha tenido que ser cuestionado por un voto particular ejemplo de lo que la justicia no puede ni debe ser en un marco democrático y de derecho.

El auto de la misma sala del pasado 29 de marzo (dictado, entre otros, por el magistrado Luciano Varela y el presidente Juan Saavedra, que mantuvieron, insistentemente, mi supuesto actuar delictivo por intentar investigar los crímenes del franquismo y proteger a las víctimas) resuelve la competencia en favor de los jueces de instrucción territoriales para la apertura de las fosas y recuperación de los cuerpos, algo que quedó perfectamente claro y diáfano en mi resolución de inhibición de 26 de diciembre de 2008, que ni siquiera mencionan. Visto el tenor de aquella resolución (“... en presencia de indicios objetivables de la existencia de restos de posibles víctimas de delitos susceptibles de localización (sic) —salvo cuando de la propia noticia contenida en la denuncia o querella se derive la inexistencia de responsabilidad penal actualmente exigible (sic)— pueda instarse del juez de instrucción competente, según el artículo 14,2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la práctica de las diligencias dirigidas a datar aquellas acciones criminales y, si fuera necesario, a la identificación de los afectados”), no garantizan, ni siquiera el supuesto mínimo de reparación al no exigir, como deberían, la realización de aquel derecho indiscutible y universal de las víctimas, limitándose a citar normas internacionales que, de hecho, no aplican...

La falsedad en la que vivimos respecto de los crímenes ha sido potenciada por la sentencia del Supremo.

Leer todo el artículo en El País.

Las lágrimas del Juez Garzón

Las lágrimas del Juez Garzón hoy son mis lagrimas.

Hace años, un medio día, conocí una noticia que fue de las mayores alegría de mi vida: el procesamiento de Pinochet.

Este medio día he recibido otra noticia, ésta de las más tristes y desesperanzadas: que quien se atrevió con los dictadores ha sido apartado de la magistratura por sus pares. O mejor dicho, por jueces que nunca procesaron a Pinochet ni oyeron a las víctimas del franquismo.

Garzón es el ejemplo de que el campesino de Florencia no tenía razón cuando, en plena Edad Media, hizo sonar las campanas de su iglesia a difuntos ya que, dijo, la justicia había muerto. Con Garzón sabíamos que las leyes y su espíritu estaban vivos porque le veíamos actuar.

Con el apartamiento de Garzón de la Audiencia Nacional de España las campanas, después del repique a gloria que harán los falangistas, los implicados en el caso Gurtell, los narcotraficantes, los terroristas y los nostálgicos de las dictaduras, volverán a sonar a muerto, porque la justicia y el estado de derecho no han avanzado, no han ganado en claridad y quien no avanza, retrocede.

Tocarán a muerto, sí, pero millones de personas saben señalar el cadáver, que no es el de Garzón, esclarecido, respetado y querido en todo el mundo, sino de quienes, con todo tipo de argucias, no quieren una sociedad con memoria, sana, libre y valiente.

En El cuaderno de Saramago, en 14 mayo de 2010

Las sentencias sobre Garzón

Por lo que sé, y he leído completa la sentencia condenatoria, estoy persuadido de que en ninguno de los tres procesos contra Garzón ha habido pruebas para ir más allá del “error judicial” en la interpretación de su competencia como juez. Lo de la “prevaricación” no ha sido posible probarlo en ningún caso; obedece a interpretaciones con un fuerte componente discrecional, impropio de la certidumbre que requiere el proceso penal.

Allá la conciencia del Supremo y sus jueces; y allá, la de los jueces que tienen que callar. Por demócrata, acato la sentencia condenatoria, pero nadie me apartará de mi convicción sobre su grave insuficiencia probatoria. De su lectura, yo jamás podría concluir que está probada la prevaricación del juez, jamás. Indudablemente, estoy decepcionado con el Supremo de manera muy grave.— José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete. Vitoria. EL País, 29 FEB 2012. Cartas al director

Una España muere y otra festeja.
Muere la España de la verdad y festeja la derecha. Lo hace hasta cuando despide a sus muertos, porque “la calle es suya” y por eso pueden enterrar a cómplices de dictaduras como si de héroes de la democracia se tratase. Mientras, las víctimas de un dictador siguen sin descansar en paz.

Ahora, ya da igual absolver o culpar a quien ha luchado por la verdad de este país, el objetivo está cumplido y las víctimas del franquismo muertas, les faltó poner en la sentencia “y bien muertas”. Dice el Tribunal Supremo, que es una equivocación el intentar abrir una investigación por los crímenes que se cometieron en una época de vergüenza para nuestra historia y calificarlos como “crímenes contra la humanidad”. En España sólo se puede realizar una investigación cuando existe una persona física sobre la que realizarlo y la última no hace mucho que ha muerto. La calle es suya, la memoria de los muertos también.

¿Cómo se te ocurre, amigo?, ellos mandan y controlan, ellos juzgan y sentencian. A mi abuelo, José Crespo, lo mataron de la única forma que saben hacerlo, como te han juzgado a ti, con su usual cobardía, con mentiras de los que se creen de una casta superior.
No te rindas, Garzón, hemos conseguido mucho y seguiremos caminando, nos levantaremos una y otra vez, hasta que los veamos sentados ante un verdadero “Tribunal Supremo”.
La España de la verdad no muere, sólo le han helado el corazón.— Israel García Crespo.

Garzón, absuelto de la causa de los crímenes del franquismo. El Supremo exonera al exjuez. Una semana después de ser expulsado de la carrera judicial.

El Tribunal Supremo ha absuelto al exjuez Baltasar Garzón por seis votos a uno en la causa de los crímenes del franquismo, en la que estaba acusado del delito de prevaricación, informa Efe. La decisión judicial llega una semana después de que el exjuez fuese expulsado de la carrera judicial tras haber sido inhabilitado a 11 años por las escuchas del caso Gürtel.

El fallo da la razón a Garzón, acusado por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, han informado fuentes del alto tribunal. La sentencia será notificada a las partes a las 13.30 horas. El voto particular lo ha emitido el magistrado José Manuel Maza. Además hay un voto particular concurrente de Julián Sánchez Melgar.

El alto tribunal pone fin así al último proceso que tenía pendiente contra el exjuez de la Audiencia Nacional, a quien recientemente condenó a 11 años de inhabilitación por autorizar la intervención de las escuchas del caso Gürtel. El Supremo también archivó por prescripción la causa por los cobros de la Universidad de Nueva York.

El tribunal, presidido por Carlos Granados, ha dado a conocer este lunes la sentencia, que tiene como ponente al juez Andrés Martínez Arrieta. La Sala enjuiciadora ha estado completada por los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero. Este último redactó la resolución en la que se condenó a Garzón a 11 años de inhabilitación.

En este procedimiento, la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, solicitaban que Garzón  fuera multado e inhabilitado por 20 años,a máxima pena prevista en el Código Penal para este delito. A su entender, vulneró "a sabiendas" la Ley de Amnistía de 1977 al abrir una causa contra el franquismo.

Tanto el fiscal Luis Navajas como su abogado defensor, Gonzalo Martínez Fresneda, pidieron durante el juicio su libre absolución y el archivo del procedimiento. Entre otras cuestiones, aludieron a la doctrina Botín, aplicada por primera vez al presidente del Banco Santander y según la cual la apertura del juicio no procedía si actúa en solitario la acusación popular.

En la séptima y última sesión del juicio, el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 aprovechó el turno de última palabra para asegurar que su "conciencia está tranquila porque tomó las decisiones" que creyó "ajustadas a Derecho" para "perseguir, sancionar o castigar los crímenes masivos" de desapariciones forzadas y actuó en defensa de las víctimas del "desamparo"...

Un grupo de observadores internacionales relacionados con organizaciones de derechos humanos asistió a la sala de vistas, mientras que a las puertas del Supremo se celebraron numerosas manifestaciones de apoyo a Garzón al grito de "¡Justicia!" y "¡vergüenza!". Leer todo en El País

Más aquí: La ONU arremete contra el juicio a Garzón por investigar el franquismo. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos recuerda que España debería revocar la ley de amnistía de 1977.

http://politica.elpais.com/politica/2012/02/10/actualidad/1328893390_180356.html

El apoyo de juristas y observadores internacionales a Baltasar Garzón

¿Cómo situamos este juicio en el marco internacional? ¿A qué derechos de las víctimas de los genocidios nazi y fascista puede afectar? ¿A quién anima en el continente que se autoproclama defensor de los Derechos humanos? ¿Y, fuera del continente, tenemos en cuenta las violaciones que vienen realizando EEUU e Israel? ¿Es posible el revisionismo histórico en Europa por parte de los genocidas? ¿Se está en España en la lucha entre franquismo y democracia desde 1936?

Por lo que se refiere al Estado español, el problema dela Memoria Histórica cruza el corazón del presente. Estar a favor de Garzón o en contra desde posiciones de izquierda deja de ser lo primero si nos ponemos ante el significado de su juicio. Los franquistas se felicitan y se premian ante el procesamiento. El juicio a Garzón es el resorte franquista (“No consiento que en mi presencia se hable mal de Franco”, declara Juan Carlos de Borbón) para atemorizar y corregir la tendencia social de condena de los crímenes franquistas y llevar a sus responsables a juicio. El propósito de los fascistas es aferrarse a los órganos de poder para que todo siga atado y bien atado. Pero los Crímenes de Lesa Humanidad no prescriben, y hay tribunales internacionales que los persiguen, y sabemos que más pronto que tarde van a ser juzgados.

Prestigiosos juristas y observadores internacionales relacionados con los Derechos Humanos siguen sumándose a numerosas declaraciones de apoyo al juez Baltasar Garzón. Tras nuevas manifestaciones de la ciudadanía en su defensa y en protesta por los juicios de la vergüenza, Crónica Popular recoge algunas de las opiniones y argumentos en pro de los derechos humanos y de la aplicación del Derecho Internacional que se están produciendo.

María Ángeles Siemens. Directora general del Comité Español del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y presidenta dela Asociación de Derechos Civiles.

“Forma parte del Derecho Internacional y de los derechos humanos el reconocimiento y la reparación a las víctimas. En el juicio a Garzón no se discute su argumento, sino la defensa del Derecho Internacional. Hasta ahora el Tribunal Supremo se ha negado a escuchar a las víctimas del franquismo, algo insólito.”

Manuel Ollé. Presidente dela Asociación Pro Derechos Humanos de España.
“Desde la independencia que representamos no entendemos cómo se puede abrir la causa contra Garzón cuando los crímenes del franquismo son de lesa humanidad. España tiene obligaciones claras con el Derecho Internacional.”

Alicia Moreno. Abogada e integrante del Comité Coordinador de Rights Internacional Spain
“En un auto del 28 de mayo de 2009, en Granada, el juez de aquel auto declaró que eran crímenes contra la humanidad. Nadie le denunció. El 15 de abril de 2009 se dictó otro auto en los mismos términos. El 2 de julio de 2009 otro juez abre un auto similar declarando que los crímenes del franquismo son crímenes contra la humanidad. Luego Garzón no es el único que juzga estos crímenes, pero si es el único que va a ser juzgado.

El Tribunal Supremo olvida que al militar argentino Adolfo Scilingo la Audiencia Nacional le juzgó y condenó a 640 años de cárcel por crímenes contra la humanidad; que en 2003, en el caso Guatemala, también juzgó por crímenes contra el Derecho Internacional. Debe saber que el ministerio fiscal avala los juicios contra los cambios sobre los campos de exterminio nazi, y el juicio de Nuremberg es uno de los seguidos.

El juez instructor del juicio a Garzón parece desconocer lo expuesto aquí diciendo que juzgar los crímenes franquistas es propio de una imaginación exacerbada por parte de Garzón.”

Hugo Relva. Consejero jurídico de Amnistía Internacional.
“Está clara la imprescriptibilidad de los crímenes franquistas. España es parte de la Convención de 1999 sobre el Derecho en/de los Tratados dela ONU, y todo tratado firmado por un Estado debe ser cumplido, y no puede (Artículo 27) no cumplir basándose en su derecho interno. La prescripción de los crímenes de lesa humanidad no es autorizada por el Derecho Internacional. Los crímenes contra el Derecho Internacional no prescriben.”

Reed Brody. Portavoz de Huwman Right Watch.
“Es la primera vez que en un país dela UE es juzgado un juez por aplicar los Derechos Humanos. Si eso ocurriese en países de Oriente la reacción sería inmediata. “La independencia de jueces y abogados no es un fin sino un medio”, ha declarado el Ministro de Justicia brasileño. ¿Las víctimas del franquismo tienen menos derechos que las víctimas del pinochetismo? En Naciones Unidas los relatores han declarado que para proteger a la sociedad debe protegerse la independencia de los jueces, para lo que deben contar con cierto grado de inmunidad; la respuesta a una sentencia es la invalidación de la sentencia. Procesar a un juez conduce a la timidez de los jueces. El mensaje que envían los que juzgan a Garzón es que el juez que incomoda sufre represalias. No se puede aceptar que se impida la aplicación del Derecho Internacional.

Aquí no han dejado ver y sentir la repercusión internacional para mantener oculta ante el pueblo la importancia de los crímenes franquistas y las denuncias internacionales, y de esa manera tratan de evitar que repercuta en la sociedad”. Ramón Pedregal Casanova. Crónica Popular- Fuente: http://www.cronicapopular.es/?p=7553

"La sentencia ha caído como una bomba allá, acá y en todo el mundo". La prensa internacional recoge las reacciones a la inhabilitación del juez Garzón.

Declaraciones y comunicados de Federación Internacional de Derechos Humanos, la FIDH sobre nuestro país en general, aquí.

Y sobre lo que considera la doble vulneración de la independencia judicial en el juicio contra el juez Garzón por el T. Supremo, aquí.

Más: El Congreso recibe la recomendación de la ONU de tipificar la desaparición forzosa.

Los grupos de la izquierda se quejan del parón en la aplicación de la ley de Memoria Histórica.

El PP pide respeto para el Supremo mientras los partidos de izquierda critican la condena a Garzón

Aguirre:"Creo que es un día muy alegre para la democracia y no muy triste".

Cayo Lara (Izquierda Unida): "Hoy es un día triste para la justicia española y para los demócratas". "Nos llama poderosamente la atención la celeridad del Supremo para condenar a un juez que persigue delitos de presunta corrupción mientras los presuntos corruptos todavía no se han sentado en el banquillo".

 "Vamos a tener dificultades para explicarles a nuestros hijos que los buenos fueron condenados y los malos no se han sentado en el banquillo".

Gaspar Llamazares (IU): "Es una injusticia monstruosa". "Un un linchamiento y un escándalo". Leer más aquí en El País.

Los del brindis. Los jueces que se enfrentan a las mafias, como los fiscales y policías, están solos ante el peligro. Leer todo el artículo de Manuel Rivas en El País.

Dirán lo que quieran los jueces, pero este es el juez. Y ahí lo ven, sacrificado en una pira en cuyo encendido han ido colaborando muchos, hasta la sentencia final... por ahora. ... El Juez. 

Juan Cruz, en El País.

Garzón condenado a 11 años de inhabilitación

El juez Baltasar Garzón ha sido condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas en prisión a los corruptos del caso Gürtel, trama vinculada al PP, lo que implica su expulsión de la carrera judicial. La condena añade además el pago de una multa y las costas. En una sentencia durísima, los jueces del Supremo acusan a Garzón de haber utilizado “prácticas de regímenes totalitarios” utilizando los mismos argumentos que el juez instructor, Alberto Jorge Barreiro. Garzón, según su abogado, Francisco Baena Bocanegra, está "desolado" y estudia ya si recurre ante el Constitucional.

Para sus jueces, Garzón causó “una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa y demás derechos afectados anejos al mismo”. La sentencia homenajea al instructor Alberto Jorge Barreiro, al utilizar sus palabras y tildar de “laminación” de esos derechos la disposición de las escuchas. Incluso utiliza sus mismos razonamientos en el sentido de que Garzón habría “colocado a todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho contemporáneo, al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados”.

También le atribuye prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido”.

Según la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, “ninguno de los métodos de interpretación del derecho usualmente admitidos que hubiera podido seguir el acusado respecto de esos preceptos, le habría conducido a concluir de forma razonada que es posible restringir sustancialmente el derecho de defensa, con los devastadores efectos que ocasiona en el núcleo de la estructura del proceso penal, en las condiciones en que lo hizo”,...

Leer todo aquí en El País.

Opiniones de algunos juristas extranjeros; Henrik Janbell y Caroline Edelstam, aquí.

Hoy en el "New York Times": "Procesar a Garzón es una ofensa a la justicia y a la historia"

Parece que por fin a la derecha no democrática, dogmática, totalitaria y dictatorial se ha metido en un callejón sin salida de desprestigio internacional. En una editorial del día 5 del NYT (Ya colgada en este blog ese día), el diario de más prestigio de los EE.UU., y también mundial, lanza una desautorización hacia el tribunal que juzga a Garzón por haber intentado atender las demandas de los familiares de asesinados en la guerra civil y después de la guerra y que continúan en fosas perdidas por campos y cunetas.

El recurso al universal derecho de amparo, al que todo tribunal tiene obligación de atender, aquí se ha ignorado sistemáticamente y lo que es más chocante e injusto, cuando un juez pretende abrir una investigación para procurar ese amparo, se ve increíblemente sometido a juicio y retirado de su función de juez. Ya la justicia europea había condenado los hechos como injustos y que no prescriben por su propia naturaleza.

El país lo comenta:
"La verdad a juicio en España". Así se titula el editorial que el prestigioso diario estadounidense The New York Times publica hoy en defensa del juez Baltasar Garzón. "España es ahora una democracia viva, pero el juicio contra Baltasar Garzón iniciado la pasada semana [el de la memoria histórica] es un preocupante eco del pensamiento totalitario de la era de Franco", asegura la cabecera para quien el juez estaba amparado por el derecho internacional cuando estableció que ante crímenes contra la humanidad no podían aplicarse leyes de amnistía.

"Miles de fosas siguen cerradas", recuerda el diario NYT.

...el Tribunal Supremo "nunca debió haber aceptado este caso", abierto, recuerdan, tras la denuncia de "dos grupos de extrema derecha".

El diario llama también la atención sobre el hecho de que en España, "donde los procesos contra magistrados son poco frecuentes", un solo juez tenga tres causas abiertas, lo que "podría frenar la independencia judicial"... "El juez Garzón es a veces innegablemente ambicioso, pero procesarle por investigar en los crímenes de la era franquista es una ofensa a la justicia y a la historia. El Tribunal Supremo debe absolverle", concluye el periódico...

Leer más aquí en El País.
Leer más sobre el juicio.

Truth on Trial in Spain. La verdad a juicio en España.

Inglés.

Terrible crimes were committed during and after Spain’s 1936-39 civil war that no court has yet examined or judged. No one knows how many people were taken away, tortured and murdered. Now, one of Spain’s top investigating magistrates, Baltasar Garzón, is on trial for daring to open an inquiry into those atrocities.

Spain is now a vibrant democracy, but Judge Garzón’s trial, which opened last week, is a disturbing echo of the Franco era’s totalitarian thinking. He faces criminal charges that could suspend him from the bench for 20 years for defying an amnesty enacted in 1977 to smooth the transition to democracy. He rightly counters that under international law, there can be no amnesty for crimes against humanity and that unsolved disappearances — thousands of mass graves are unopened — constitute a continuing crime.

In 2008, Judge Garzón briefly began an official inquiry, ordering the opening of 19 mass graves and symbolically indicting Gen. Francisco Franco and several former officials, none still alive, for the disappearance of more than 100,000 people. An appellate court shut the inquiry down. The next year, two far-right groups brought criminal charges against the judge for defying the amnesty law. The government’s prosecutor argued that no crime had been committed, but the Supreme Court accepted the case.

Separately, Judge Garzón faces criminal charges for rulings in two other politically charged cases. We cannot judge the merits of these. But criminal prosecution of magistrates for their rulings is rare in Spain, and could chill judicial independence.

Judge Garzón became famous for his prosecutions of Basque terrorists, Argentine torturers, Chile’s former dictator, Gen. Augusto Pinochet, and Spanish politicians. His powerful enemies now see a chance to end his career.

Judge Garzón is undeniably flamboyant and at times overreaches, but prosecuting him for digging into Franco-era crimes is an offense against justice and history. The Spanish Supreme Court never should have accepted this case. Now it must acquit him.

Español.

Crímenes terribles fueron cometidos durante y después de guerra civil de 1936-39 de España que ningún tribunal ha examinado o juzgado. Nadie sabe a cuántas personas se llevaron, torturaron y asesinaron. Ahora, uno de los jueces de instrucción, más importantes de España, Baltasar Garzón, está siendo juzgado por haberse atrevido a abrir una investigación sobre esas atrocidades.

España es ahora una democracia brillante, pero el juicio del juez Garzón, que abrió sus puertas la semana pasada, es un inquietante eco del pensamiento totalitario de la era de Franco. Se enfrenta a cargos penales que le podría suspender durante 20 años por desafiar a una amnistía promulgada en 1977 para facilitar la transición a la democracia. Con razón, los relatores dicen que, en virtud del derecho internacional, no puede haber amnistía para los crímenes de lesa humanidad y que las desapariciones no resueltas - miles de fosas comunes han sido abiertas - constituyen un delito continuado.

En 2008, el juez Garzón inició una breve investigación oficial, ordenando la apertura de 19 fosas comunes y acusando simbólicamente al general Francisco Franco, y varios ex funcionarios, ninguno ya con vida, por la desaparición de más de 100.000 personas. Un tribunal de apelaciones cerró la investigación. Al año siguiente, dos grupos de extrema derecha se querellaron contra el juez por desafiar la ley de amnistía. El Fiscal del gobierno argumentó que ningún crimen se había cometido, pero el Tribunal Supremo aceptó el caso.

Por otra parte, el juez Garzón se enfrenta a cargos penales por fallos en otros dos casos políticamente cargadas. No podemos juzgar los méritos de los mismos. Pero la persecución penal de los magistrados a sus resoluciones es poco frecuente en España, y podría dañar la independencia judicial.
El juez Garzón se hizo famoso por sus juicios contra terroristas vascos, torturadores argentinos, el ex dictador de Chile, general Augusto Pinochet, y los políticos españoles. Sus poderosos enemigos ahora ven una oportunidad para poner fin a su carrera.

El juez Garzón es sin duda llamativo y se extralimita a veces, pero perseguirlo por cavar en los crímenes del franquismo es un delito contra la justicia y la historia. El Tribunal Supremo español no debería haber aceptado este caso. Ahora bien, debe absolverlo.

NYT

Algo que cualquiera puede ver

El juicio que se desarrolla en la Sala II del Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por un posible delito cometido durante su instrucción del caso Gürtel es una buena ocasión para repasar cuál es el marco general de los casos de prevaricación judicial en España. 

Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, entre 1995 y 2009 se presentaron en España 4.962 causas contra jueces, magistrados y fiscales (obviamente, no todas por prevaricación, dado que los fiscales no pueden cometer ese delito y que existen otras posibles acusaciones, como malversación o apropiación de fondos).

 En cualquier caso, de esas casi cinco mil causas, el 97,88% no fueron admitidas o fueron archivadas antes de llegar a juicio oral por los órganos competentes, es decir, los Tribunales Superiores de Justicia. Y del resto, solo un 1,55%, terminó en una sentencia condenatoria.

Los juicios por prevaricación judicial son extraordinariamente infrecuentes: se puede calcular que en los últimos ocho años se han reconocido, como máximo, 20 resoluciones judiciales "prevaricadoras", incluidas las de algunos jueces de paz, algo así como una por cada siete millones de resoluciones. Por eso, asombra que a un solo juez se le hayan abierto tres juicios por tres posibles delitos de prevaricación, muy diferentes entre sí, y en muy pocos meses.

En el caso que se enjuició esta semana, determinados aspectos de la instrucción del caso Gürtel, la Sala II del Tribunal Supremo no debía decidir si las actuaciones de Garzón fueron correctas o no (ya fueron consideradas erróneas y revocadas por otras instancias), sino si las adoptó sabiendo que eran injustas o por una ignorancia increíble. Se trataba de decidir si Garzón cometió en este caso un delito de los llamados de "infracción del deber", es decir, un delito que lesiona la confianza de la ciudadanía en el ejercicio de la función judicial. Según jurisprudencia del propio Tribunal Supremo (sentencias de 1996 y 1998), para decidir si existió prevaricación es necesario que la ilegalidad sea tan evidente que revele "por sí" la injusticia, el abuso, con el plus de la antijuricidad, por supuesto. Es decir, que exista una "absoluta notoriedad de la injusticia", "que se vea clara y patente, que no permita duda alguna al respecto". Más aún, dice la sentencia de 1996, que "sea tan patente y grosera que pueda ser observada por cualquiera".

A la vista de la situación actual, no parece que la ciudadanía sienta lesionada su confianza en la justicia por culpa de la actuación errónea del juez Garzón. Tampoco que la injusticia eventualmente cometida por el juez sea tan grosera que sea observada por todo el mundo, desde el mismo momento en que los fiscales no la apreciaron y que existe polémica al respecto dentro del propio estamento judicial.

Las encuestas demuestran que existe efectivamente una gran desconfianza en la Administración de Justicia, pero que está motivada por otras razones. Por ejemplo, por el hecho de que un juez condenado por cohecho pueda volver a ejercer, porque, según el Tribunal Supremo, tener antecedentes penales impide el acceso a la carrera judicial, pero no la permanencia en ella. Tampoco ayudan jueces que mantienen en la cárcel a personas que ya deberían estar en libertad, que insultan a ciudadanos de distinta sexualidad o creencias o que tardan meses en escribir sus sentencias. Probablemente muchas de esas casi cinco mil causas presentadas en estos años contra jueces corresponden a casos en los que mantuvieron actitudes injustificadas o dictaron resoluciones erróneas.

¿Quién no se acuerda del escándalo que provocó en 2004 la Sala de lo Civil del propio Tribunal Supremo al condenar a 11 magistrados del Tribunal Constitucional a pagar, cada uno, 500 euros en concepto de responsabilidad civil por la no admisión "arbitraria" de un recurso de un abogado?  En aquella ocasión, el Tribunal Constitucional reprochó al Supremo actuar con desconocimiento del ordenamiento jurídico: era inexcusable saber que las resoluciones del Constitucional en casos de recurso de amparo no pueden ser enjuiciadas por ningún otro órgano judicial. Todo el mundo sabía que detrás de la alocada decisión de Tribunal Supremo latía una cuestión fundamental: un serio debate sobre ámbitos de competencia. Pero una cosa es diferir sobre esos aspectos (o sobre el modelo ideal de juez) y otra transformar esa irritación en nada menos que una condena del Tribunal Constitucional (o de un juez que no es ni corrupto, ni incompetente).

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ El País, 22/01/2012

Observadores internacionales acudirán al segundo juicio contra Garzón

"El mundo entero tiene los ojos puestos en las represalias que se están aplicando a Garzón", asegura Human Rights Watch.
La organización advierte, junto a Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas del "enorme daño" a la imagen de España.

Observadores internacionales acudirán a partir de mañana al segundo juicio contra el juez Baltasar Garzón, este por abrir una investigación por los crímenes del franquismo. Así lo han confirmado esta mañana tres organizaciones internacionales: Human Rights Watch, AmnistÍa Internacional y la Comisión Internacional de Juristas, que han prometido vigilar muy de cerca el proceso. "El mundo entero tiene los ojos puestos en este juicio y en las represalias que se están aplicando a Garzón", ha asegurado el consejero jurídico y portavoz de Human Rights Watch, Reed Brody.

A Human Rights Watch le preocupa el "efecto intimidación a nivel internacional" que este juicio pueda tener sobre otros jueces que investigan violaciones de derechos humanos."Garzón se ha hecho muchos enemigos. Es un juez que molesta, que incomoda, que violenta. El mundo necesita jueces que molesten, que incomoden, como él, es la esencia de un Estado democrático. No queremos jueces que digan sí señor frente al poder. Garzón es un juez con valor, de ahí la reacción internacional. Si le estuvieran juzgando por hacer su trabajo borracho, como se ve que hay algunos jueces que lo hacen en España, no estaríamos aquí", ha añadido Brody, para quien una condena causaría un "enorme daño" a la imagen de España: "La justicia española se está haciendo daño a sí misma".

 
"Abandonar a un juez que aplica el derecho internacional en auxilio de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos es atentar contra uno de los pilares del Estado de derecho", ha asegurado Pedro Nikken, presidente de la Comisión Internacional de Juristas, y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Es extremadamente preocupante que al juez Garzón se le amenace con el castigo por abrir una investigación. Sentaría un precedente muy peligroso en la justicia española". "Hay gente que lo critica por aparecer mucho en la prensa, pero todo eso no tiene nada que ver y si es eso lo que se está pretendiendo escarmentar aquí, es inaceptable".

Martín Pallín: "Esto nunca debería haber ocurrido".

El magistrado retirado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, miembro también de la Comisión Internacional de Juristas, ha defendido el intento de Garzón por investigar los crímenes del franquismo y atacado su procesamiento por ello. "He resuelto más de 1.000 casos de competencia entre jueces. Ser competente o no no es un delito. Por cierto, el Tribunal Supremo tiene desde hace dos años metido en una carpeta el asunto de la competencia sobre los crímenes del franquismo después de que dos jueces, de Granada y El Escorial, declararan que no eran competentes al tratarse de delitos de jurisdicción universal. Esto nunca debería haber ocurrido». 

Continuar aquí en El País.

Garzón vuelve al banquillo, ahora por investigar los crímenes franquistas

La defensa pedirá que se le aplique la 'doctrina Botín' para que no siga el juicio.

El juez Baltasar Garzón volverá mañana al Palacio del Tribunal Supremo para ocupar por segunda vez el banquillo de los acusados y ser sometido a juicio por su investigación de los crímenes del franquismo. Esta vez se enfrenta a la pena máxima prevista para el delito de prevaricación, 20 años de inhabilitación que pide para él el pseudosindicato Manos Limpias, del ultraderechista Miguel Bernard.

El juicio arrastra muchas pasiones y las organizaciones de la Memoria Histórica están decidas a respaldar a Garzón y a hacerse notar con concentraciones y movilizaciones de protesta contra el juicio. Amnistía Internacional (AI) se anticipó el pasado viernes con un comunicado en el que considera "escandaloso" que se juzgue por prevaricación una "investigación de violaciones de derechos humanos".

Garzón tendrá que volver al banquillo sin conocer la sentencia de las escuchas Gürtel, que puede tardar todavía en hacerse pública. Según fuentes del Supremo, el juicio de las escuchas le ha salido a Garzón mejor de lo esperado. Salió indemne y hasta reforzado del interrogatorio de la acusación; los policías de la brigada antiblanqueo respaldaron su versión de que las escuchas eran la única manera de evitar el blanqueo desde la prisión a través de determinados abogados y de que dio instrucciones para preservar el derecho de defensa. Por añadidura, la calidad jurídica de los informes de los fiscales Antolín Herrero y Pilar Fernández Valcárcel y el discurso del abogado defensor, Francisco Baena, van a obligar a los magistrados a tener que aquilatar...

seguir aquí. En "El País"