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domingo, 19 de febrero de 2023

_- La injusticia también deteriora los mercados y sube los precios: hay que hacerle frente

_- La aprobación de un nuevo paquete de medidas económicas del gobierno de Pedro Sánchez contra la subida de precios es una buena noticia, pues puede reforzar la mejor senda que lleva la economía española respecto a las demás de la Unión Europea en crecimiento, creación de empleo e inflación. Y las propuestas de las que ha hablado su vicepresidenta Yolanda Díaz, orientadas a lograr la mayor equidad posible, van en la orientación correcta.

Cada vez está más clara una doble evidencia. Una, el mal funcionamiento de los mercados y la gran asimetría con que están funcionando como causa de las actuales subidas de precios. Otra, el efecto mucho más dañino que la crisis que estamos viviendo produce sobre los hogares más pobres y las empresas más débiles. Organismos como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Consejo Fiscal Europeo lo han señalado, así como la necesidad de que los gobiernos adopten medidas especialmente dirigidas a proteger a los más vulnerables.

Tal y como ya comenzó a hacer el gobierno de Pedro Sánchez, es imprescindible continuar proporcionando ayudas directas para evitar que se extienda la pobreza y cierren miles de pymes, microempresas o el negocio de trabajadores autónomos.

En esta tarea, se comprobará de nuevo lo difícil que es acertar en el objetivo de proporcionarlas a quien realmente las necesita sin establecer mecanismos tan complicados o burocráticos que las hagan finalmente inaccesibles para demasiadas personas. Al cortísimo plazo en el que hay que actuar no habrá tiempo para experimentos ni será el momento de hacerlos, pero las experiencias anteriores deberían llevarnos a plantear ya para el futuro nuevas formas de intervención en este sentido. Las ayudas pretendidamente orientadas a ser más eficientes si se dirigen a individuos, hogares o empresas concretas están dando resultados muy malos en demasiadas ocasiones e incluso a veces aberrantes, como en los Países Bajos, en donde un error del algoritmo ha producido una verdadera catástrofe para miles de personas empobrecidas que venían percibiendo ayudas sociales. Es ya obligado enfrentarse al pensamiento convencional y ser valientes. No están los tiempos para dejar en la indigencia a los más vulnerables y encima tirar el dinero por conservadurismos burocráticos o prejuicios ideológicos. Esperemos que el gobierno sea capaz de avanzar con éxito y prudencia en este sentido.

En todo caso, también sabemos desde hace tiempo que combatir la carencia por la vía de las ayudas puede paliar los problemas, pero no es ni la mejor vía ni la más económica. Hay que lograr que la generación de ingresos primarios sea por sí misma suficiente pues esa es la única forma de conseguir la estabilidad de los mercados, la innovación y el gasto necesarios para que las empresas salgan adelante y las personas puedan satisfacer dignamente sus necesidades.

Hay que ser consciente de que en estos momentos a nadie le interesa que se produzca una espiral precios-salarios. Pero eso es una cosa y otro permitir que estos últimos disminuyan. Una caída del consumo por esa causa, añadida a la que van a provocar en otros segmentos de los mercados la subida de tipos de interés, hundiría la economía, empezando por el cierre de miles de empresas.

Parece mentira que haya todavía líderes empresariales que sigan confundiendo el todo con la parte y sigan pensando que la deflación salarial generalizada les conviene. No hay duda de que es beneficiosa para las empresas que tienen clientela cautiva (la que no tiene más remedio que comprar sus bienes o servicios básicos como luz, telefonía, alimentos, ropa infantil, hipotecas, etc…). Ese segmento de grandes empresas tiene poder de mercado y obtiene aún más beneficios si bajan los salarios, pero la inmensa mayoría de las empresas pierden ventas y ganancias cuando eso ocurre. El crecimiento de los beneficios empresariales siete veces mayor que el de los salarios que se viene produciendo en nuestro país, como acaba de mostrar el Banco de España, constituye un auténtico agujero negro en donde las primeras en desaparecer serán miles de pequeñas, medianas y microempresas y trabajadores autónomos. Es una auténtica desgracia para nuestra economía que sus dirigentes no lo entiendan.

Por eso resulta imprescindible llegar a pactos de rentas orientados a incrementar la productividad, lograr un reparto más equilibrado de sus ganancias y que la fiscalidad incentive la creación de actividad y penalice al capital improductivo.

Las tareas para el gobierno no pueden acabar aquí. Cada vez son más las investigaciones que ponen de relieve que la subida de los precios que se está produciendo tiene mucho que ver con comportamientos oportunistas de las empresas que controlan la producción y distribución en los mercados. Así lo han denunciado las autoridades francesas, alemanas o austriacas recientemente, mientras que España va muy por detrás en materia de defensa efectiva de la competencia.

Incluso una economista que forma parte del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, señaló hace unos meses que un componente clave de la inflación actual son las ganancias de las empresas porque una parte de ellas tienen poder para fijar los precios y han repercutido sobre ellos sus costes (no salariales) más elevados: «Para decirlo de manera más provocativa, muchas empresas de la zona del euro, aunque no todas, se han beneficiado del reciente aumento de la inflación», dice esta economista (aquí).

La creciente asimetría de poder que permite que ocurra esto no se da solo entre las ganancias de esas grandes empresas que pueden fijar precios para beneficiarse de la inflación y los salarios, sino entre ellas y las docenas de miles de empresas que no lo tienen y a las que están situando al borde del precipicio.

Hacer frente a esa situación es fundamental y el gobierno español no debería tener miedo de afrontarla. No se trata, como dicen los burócratas de la patronal que defienden a ese segmento de empresas con poder de mercado, de querer atacar a las empresas sino justamente de todo lo contrario, de defenderlas de las depredadoras. La directora de la Autoridad Federal de Competencia de Austria, Natalie Harsdorf-Borsch, presentó el pasado mes de octubre un catálogo de equidad para empresas y anunció el inicio de una investigación en el sector alimentario de aquel país para tratar de determinar, entre otras cosas, a qué parte de la cadena de valor se destinó la mayoría de los aumentos de precios de los alimentos durante este año. Al hacerlo señaló: «La equidad en el mercado es un parámetro importante para garantizar mercados sostenibles en los que operan tanto pequeñas como grandes empresas».

No se trata, pues, de forzar a los mercados que funcionan bien para que proporcionen soluciones de reparto que nos parezcan satisfactorias. Es que hay mercados energéticos, bancarios y de la alimentación y otros productos de primera necesidad que están funcionando mal, muy injustamente, rompiendo las reglas de la competencia y permitiendo que unas pocas empresas fijen precios a su antojo, generando externalidades muy costosas para millones de empresas y consumidores y obligando a que los gobiernos tengan que realizar gastos extraordinarios, además de dejar en situación de extrema vulnerabilidad a una gran parte de la población. Los gobiernos tienen la obligación de intervenir, bien sean controlando esos abusos o generando canales alternativos que sorteen los mecanismos viciados en algunos mercados. Frente a la inequidad que eleva los precios y deteriora la economía, invertir en justicia es urgente, necesario, eficiente y rentable. 

Juan Torres López 

viernes, 3 de febrero de 2023

«La culpa no la tienen nuestras estrellas sino nosotros mismos» (Shakespeare).

Palabras pronunciadas el 31 de enero de 2023 en el acto de reconocimiento a Antonio Rodrígo Torrijos y José Manuel García Martínez, ambos objeto de una larga persecución política por parte de una jueza al servicio del poder económico.

Queridas amigas y amigos:
Muchas gracias por darme esta oportunidad de intervenir hoy aquí.
Tengo por costumbre no leer en este tipo de intervenciones, pero esta vez voy a hacerlo porque quiero decir lo que exactamente quiero decir.
Me hago ya mayor y he estado en cientos de actos, aunque quizá nunca en uno tan merecido y al mismo tiempo tan necesario como este.
Es merecido porque se trata de acompañar, de dar calor, de solidarizarnos con dos personas que han padecido durante casi 13 largos años el peso de la inmundicia judicial, de la injusticia y de la persecución política.

Las personas de bien no podemos dejar de manifestar nuestro reconocimiento a quienes ha sufrido tanto por un único y exclusivo motivo: la necesidad de eliminarlos social y políticamente.
Yo sé, todos los que estamos aquí lo sabemos, que Antonio y José Manuel (por cierto, José Manuel fue compañero mío de carrera, de colegio mayor y de piso en nuestra época de estudiantes) han sido capaces de soportar el peso de estos años de infamia judicial porque son dos personas íntegras, honestas, comprometidas; porque son dos comunistas amantes de la libertad y la democracia que seguramente no han dejado de pensar ni en un solo minuto de estos largos años en el ejemplo de los cientos de camaradas de su Partido, de los miles de demócratas españoles que dieron la vida o fueron torturados por defender a las personas más humildes, a las clases trabajadoras sin pedir nada a cambio. Lo mismo que hicieron ellos.

Yo sé que Antonio y José Manuel, José Manuel y Antonio, han llevado este sufrimiento con dignidad y con una serenidad ejemplar. A costa, eso sí, de su salud y de su patrimonio porque ni el más heroico de los seres humanos puede soportar sin herida ni dolor la maldad y el escarnio de una jueza sin escrúpulos que utiliza el sacrosanto poder que el pueblo le ha dado para combatir injustamente a quien no ha hecho otra cosa que defender a quienes menos tienen.

Ya no tiene arreglo y el daño perpetrado queda ahí pero, al menos, queridos José Manuel y Antonio, yo quiero deciros y creo que lo puedo decir en nombre de muchas personas, que estamos con vosotros. Que os queremos, os admiramos y os acompañamos. Que os agradecemos vuestro esfuerzo y vuestra generosidad, vuestra honradez, vuestro ejemplo y vuestra lucha.

Y os digo, queridos amigos, que tengáis la completa seguridad de que vuestro sufrimiento no ha sido ni va a ser en vano.

Pero no quiero hablaros solo a vosotros, queridos amigos.
Quiero aprovechar este momento para hablarle también a todas las personas que están aquí o que puedan vernos a través de las redes.
Lo durísimo que le ha pasado a Antonio y José Manuel ha sido, desde el primer momento, una auténtica cacería política. No ha sido un proceso judicial, sino una persecución llevada a cabo por una empleada del poder económico, de la oligarquía que se cree dueña de España, con el único fin, como he dicho, de facilitar que la derecha, sus representantes políticos, dispusieran del poder municipal.

Lo que se produjo en Sevilla fue una manifestación de las nuevas formas que adquieren los golpes de Estado de nuestra época. Los que se están produciendo en estos días, cuando el Partido Popular desobedece la Constitución. O la que permite que nada más y nada menos que el periodista Juan Luis Cebrián haya escrito en el diario El País hace unas semanas, leo textualmente, que «se podría pedir responsabilidad jurídica, y no solo política, al Gobierno y su presidente». Recordad esto, porque ese el objetivo, y es justo por eso por lo que dije al principio que este acto es necesario.

Es necesario que seamos conscientes de que la culpa de que pasen estas cosas no la tienen, como decía Shakespeare, nuestras estrellas sino nosotros mismos.

Permitidme que os diga solo dos cosas, con claridad. Con mucho cariño, pero con toda claridad
La primera es que algo parecido a lo que le ha pasado a José Manuel y Antonio os puede pasar mañana a todas vosotras y a todos vosotros.
Es verdad que no os van a quitar una concejalía, pero os van a quitar la pensión, la atención sanitaria, la educación… el día menos pensado os dirán que no podéis sacar el dinero del banco y se quedarán con lo poco que os quede.
Tenedlo presente y decídselo a quienes tenéis a vuestro alrededor: quisieron acabar con José Manuel y Antonio no porque fuesen tras ellos sino porque van detrás de vosotros.
Y lo segundo que os quiero decir es que eso pasó (y puedo volver a pasaros a vosotros) por mantener silencio, por callar, por asentir y por no salir a las calles contra la injusticia.

Decía el canciller alemán Willy Brandt que permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen. No lo olvidéis.
Y dejadme que os lo diga con sinceridad, con sinceridad y con dolor y también con algo de indignación. ¿Cuántos levantamos la voz cuando comenzó la cacería? ¿quién salió a la calle? ¿Quién denunció?
Yo firmé un artículo con 39 personas, pero menos de las que me dijeron que no sé qué o no sé cuánto y no quisieron firmar. La mayoría de ellas, las que no firmaron, de las que siempre han tenido y tienen todavía la boca llena de democracia, justicia, revolución o izquierdismo.

No tengáis la más mínima duda. Lo que le ha pasado a José Manuel y Antonio ha pasado porque, como escribió Erich Fromm, «el ser humano ha perdido la capacidad de desobedecer». Porque nos hemos acobardado y no somos capaces de decir ¡¡Basta ya!! cuando a nuestro lado hay explotación o injusticia.

Lo que pasó no fue el resultado solamente de la actuación de una jueza sin escrúpulos y corrupta sino del silencio de quienes teníamos que habernos levantado contra su infame conducta y la de otros jueces de su mismo perfil. No olvidemos que hay compañeros socialistas honestos condenados o incluso encarcelados en virtud de sentencias aberrantes, o de lo que se ha hecho con dirigentes de Podemos, como fruto igualmente de la persecución judicial del adversario que llevan a cabo algunos jueces de este país.
Tengo ya que terminar.

Yo sé que no está en el protocolo, pero quisiera pedir a la organización que me permita llamar aquí a José Manuel y a Antonio. Quiero darles en público un abrazo de afecto y de reconocimiento. Uno de esos abrazos que son de lo más bello y generoso que podemos hacer los seres humanos entre nosotros y que tanta falta hace que se prodiguen entre las gentes de izquierdas. Y quiero pediros a vosotras y vosotros que os levantéis y que aplaudáis, como forma de manifestarles que ese abrazo es de todos, no solo mío.
Aunque quiero pediros también algo más: al poneros en pie y al aplaudir miraros hacia dentro de vosotros mismos y haced asumid dos compromisos. El de ir a contar fuera lo que pasó con José Manuel y Antonio y, sobre todo, el de luchar siempre sin descanso para que este tipo de cosas no vuelva a suceder. 
Que vuestro aplauso a estos dos queridos amigos sea el compromiso de que nunca más vamos a callar ni consentir cuando delante de nosotros se produce una injusticia.

Querido Antonio, querido José Manuel: gracias, muchas gracias

domingo, 23 de agosto de 2020

GRANDES DISCURSOS DEL SIGLO XX. El alegato del líder indio en 1922 ante el tribunal que lo condenó por sedición. Cómo Gandhi encontró en la no violencia la mejor estrategia contra el Imperio Británico. Apaciguó los ánimos de una población dispuesta a una revuelta sangrienta

El Contexto

Perfecto conocedor de la ley y el derecho británicos tras haber estudiado en Londres y ejercer la abogacía durante más de dos décadas en la actual Sudáfrica, Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948) regresó a su país en 1915 reconocido ya como un destacado activista de los derechos sociales. No en vano, aquel humilde abogado de Porbandar, hijo de comerciantes, había logrado el reconocimiento de los miembros de la minoría india como ciudadanos de pleno derecho en los dominios británicos de la Unión Sudafricana mediante una estrategia que él mismo denominó satyagraha (apego a la verdad). Lo que no había conseguido la colaboración de la población india en el bando británico en las guerras bóer lo consiguió la apuesta por la desobediencia civil y pacífica a la ley que obligaba a todos los indios a registrarse en un censo específico.

En 1918 abanderó su primera gran causa en India: las masivas protestas pacíficas de los campesinos de las regiones de Champaran y Jeda, obligados a cultivar índigo para elaborar tinte y venderlo a bajo precio en lugar de cultivar alimentos.

El primer éxito del joven letrado indio fue el reconocimiento de los derechos civiles de la minoría india de la Unión Sudafricana

A esa primera causa pronto se sumaron otras. Como ya había pasado en Sudáfrica, pese a que más de un millón de soldados y trabajadores indios habían servido en Europa bajo la bandera de Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial, sus reivindicaciones civiles sólo obtuvieron por respuesta la denominada ley Rowlatt, que en 1919 concedía a las autoridades británicas plenos poderes en casos considerados de emergencia y limitaba las libertades indias. La ley pronto desembocó en el primer episodio sangriento, la conocida masacre de Amritsar, en el Punyab. El 13 de abril de ese año, una muchedumbre de diverso credo –sijes, hinduistas y musulmanes– celebraban el Vaisakhi (Año Nuevo) y el comandante militar británico, Reginal Dyer, ordenó abrir fuego a discreción en lo que consideró una acción de disidencia. Murieron cerca de 400 personas y más de un millar resultaron heridas.

Gandhi llamó de nuevo a la desobediencia civil y al boicot a los productos y empresas de la metrópoli y viajó por todo el país para promulgar esa respuesta no violenta ante el poder colonial, por más que se dieron diversos episodios violentos. “Sin nuestro apoyo, ni 100.000 europeos podrán dominar a nuestros pueblos”, proclamó, invitando también a la población musulmana a sumarse a la protesta. En septiembre de 1920 propuso al Congreso Nacional Indio abogar por el autogobierno, preferiblemente dentro del Imperio Británico, pero fuera de él si fuese la voluntad popular. Asimismo rehusó la participación de la población india en el régimen de representación local que fijó la reforma Montagu-Chelmsford, con las que los británicos trataron de reconducir la situación. El partido de Gandhi no se presentó a los comicios y el secretario de Estado británico para India, Edwin Samuel Montagu, dimitió. La situación política volvió a enquistarse.

Tras la masacre de Amritsar, el activista llamó a la desobediencia civil generalizada y el boicot a las empresas de la metrópoli. En diciembre de 1921, el Congreso Nacional Indio designó a Gandhi autoridad suprema y el filósofo y poeta bengalí Rabindranath Tagore –premio Nobel de Literatura en 1913– lo bautizó como Mahatma (alma grande). El 10 de marzo de 1922 fue arrestado en Bombay y el 18 condenado por sedición a seis años de cárcel. Fue excarcelado dos años después y en 1928, cumplida su condena, lideró una nueva protesta de resistencia pacífica contra las autoridades británicas contra el impuesto de la sal, cuyo monopolio estaba en manos del Gobierno colonial. Un nuevo paso hacia la independencia india.

Con esta sucinta información de Reuters informó La Vanguardia de la condena a Gandhi (tercera columna)

Opinión del periodista Enrique Fajardo (Fabián Vidal) sobre la condena a Gandhi en La Vanguardia del 24 de marzo de 1922

EL DISCURSO
“La no violencia es el primer precepto de mi fe.Y es el último precepto de mi fe. Pese a ello, tenía que tomar una decisión; o bien me sometía a un sistema que en mi opinión había causado un daño irreparable a mi país o bien me arriesgaba a que la furia de mi pueblo se desatara cuando entendiera la verdad que salía de mis labios. Sé que mi pueblo ha enloquecido en algunas ocasiones. Lo siento muchísimo; y por ello estoy aquí, para someterme no a un castigo menor, sino a un castigo en toda regla. No pido clemencia, no apelo a ninguna circunstancia atenuante.

”Así pues, estoy aquí para prestarme a cumplir la pena más alta que pueda serme infligida por lo que según la ley es un delito deliberado y por lo que a mí me parece el deber civil supremo. Lo único que puede hacer, señoría, es, como diré a continuación en mi declaración, o bien dimitir de su cargo o infligirme la pena más dura si cree que el sistema y la ley que usted contribuye a aplicar es buena para el pueblo. No espero que se produzca esa clase de conversión. Sin embargo, puede que cuando haya acabado con mi declaración, usted se haya hecho una idea de lo que arde en mi pecho y que ha dado alas al más loco riesgo que un hombre en su sano juicio puede correr.

”Pocos son los habitantes de la ciudad conscientes de cómo las multitudes prácticamente desahuciadas por la hambruna de India se están consumiendo hasta la inexistencia. Pocos son conscientes de que su miserable bienestar es fruto de la comisión que reciben a cambio del trabajo realizado para el explotador extranjero, que los beneficios y la comisión se obtienen de las masas. Pocos se dan cuenta de que el Gobierno establecido por ley en la India británica sigue en vigencia gracias a esa explotación de las masas. No hay sofistería ni malabarismo con las cifras que sirva de explicación convincente para la obviedad, para los esqueletos que se ven a simple vista en muchas aldeas. No me cabe ninguna duda de que tanto Inglaterra como los habitantes de las ciudades indias tendrán que responder, si es que hay un Dios en las alturas, por este crimen contra la humanidad que tal vez no tenga precedentes en la historia.

La no violencia es el primer precepto de mi fe. Pese a ello, o bien me sometía a un sistema que había causado un daño irreparable a mi país o bien me arriesgaba a que la furia de mi pueblo se desatara”

Mahatma Gandhi
”En este país, la misma ley se ha puesto al servicio del explotador extranjero. Mi experiencia en casos políticos en India me lleva a la conclusión de que en nueve de cada diez ocasiones los condenados eran totalmente inocentes. Su delito fue amar a su país. En los tribunales de India, en noventa y nueve casos de cada cien, a los indios se les ha negado la justicia en favor de los europeos.No se trata de una visión exagerada. Ésta ha sido la experiencia de casi todos los indios que han tenido algo que ver con esos casos. En mi opinión, la aplicación de la ley se ha prostituido por tanto de forma consciente o inconsciente en beneficio del explotador.

”La mayor desgracia es que los ingleses y sus socios indios de la Administración del país no saben que están involucrados en el delito que he intentado describir. Me siento satisfecho de que muchos funcionarios ingleses e indios crean sinceramente que aplican uno de los sistemas mejor ideados del mundo y que India avanza a un ritmo constante aunque lento. No saben que un sistema sutil aunque efectivo de terrorismo y un despliegue organizado de fuerza, por una parte, y la privación de todo poder de represalia o de autodefensa, por otra, han mutilado al pueblo y los ha hecho incurrir en el hábito de la simulación. Este horrible hábito se ha sumado a la ignorancia y al autoengaño de los administradores.

”El artículo 124-A en virtud del cual felizmente se me acusa sea tal vez el rey de los artículos políticos del Código Penal indio ideado para suprimir la libertad del ciudadano. El afecto no puede ser manipulado ni regulado por la ley. Si uno no siente afecto por una persona o cosa, debería ser libre para transmitir la total expresión de su desafecto siempre que no contemple ni fomente la violencia ni incite a ella. No obstante, el artículo en virtud del cual se nos acusa al señor Banker y a mí establece que el mero fomento del desafecto constituye un delito. He estudiado algunos casos juzgados por este artículo y sé que algunos de los más apreciados patriotas indios han sido condenados en virtud del mismo. Por lo tanto, considero un privilegio que se me acuse del mismo delito. He intentado por todos los medios comunicarles de la forma más breve posible la razón de mis desafectos.

Lo único que pueden hacer, señoría, es o bien dimitir de su cargo si siente que la justicia que debe administrar es un mal y que en realidad soy inocente, o bien infligirme la pena más severa”

Mahatma Gandhi

”No siento animadversión personal por ningún administrador en concreto ni mucho menos puedo sentir desafecto por su majestad el rey. Sin embargo, considero una virtud sentir desafecto por un Gobierno que en su totalidad ha hecho más daño a India que cualquier sistema anterior. India es menos valerosa bajo el mandato británico de lo que había sido jamás. Con esta creencia, considero un pecado sentir afecto por el sistema. Y ha sido un precioso privilegio para mí poder escribir lo que he escrito en los diversos artículos presentados como pruebas en mi contra.

”En realidad creo que he prestado un servicio a India y a Inglaterra al demostrar que la desobediencia es la forma de abandonar el estado antinatural en el que ambas naciones viven. En mi modesta opinión, la desobediencia al mal es un deber tanto como lo es la obediencia al bien. No obstante, en el pasado, la desobediencia ha sido expresada, con deliberación, en forma de violencia contra el perpetrador del mal. Mi cometido es el de demostrar a mis compatriotas que la desobediencia violenta sólo multiplica el mal y, puesto que el mal sólo puede sobrevivir gracias a la violencia, negarse a apoyar al mal requiere el abandono incondicional de la violencia.

”La no violencia implica la sumisión voluntaria al castigo por la desobediencia al mal. Por tanto, estoy aquí para dar la bienvenida y someterme de buen grado al cumplimiento de la pena más alta que pueda serme infligida por lo que según la ley es un delito deliberado y por lo que a mí me parece el deber civil supremo. Lo único que pueden hacer, señoría y señores asesores, es o bien dimitir de su cargo y así distanciarse del mal si sienten que la justicia que deben administrar es un mal y que en realidad soy inocente, o bien infligirme la pena más severa si creen que el sistema y la ley que consienten en administrar es buena para las personas de este país y que mi actividad es, por tanto, perjudicial para el bien común.

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/20191206/472018308412/gandhi-india-independencia-discurso-no-violencia-desobediencia-civil.html

miércoles, 10 de abril de 2019

__ “¡No quiero putos rojos de mierda en mi pelotón!” Un tribunal ordena procesar a un sargento por maltratar a un soldado a pesar de que el fiscal quería archivar el caso

_- “Mira a ver si encuentras un cartucho tirado por ahí y te puedes pegar un tiro y nos dejas en paz de una puta vez”. Para cualquier otra persona, esta frase podría sonar como una broma macabra. Pero en boca de su sargento, el soldado Francisco F. la interpretó como una incitación al suicidio. No hacía falta que le insistiera mucho. Según un soldado de su mismo pelotón, “se le veía afectado, hundido, apenado”, por lo que todos sus compañeros intentaban “arroparlo”.

La vida de Francisco se había convertido en un infierno desde que cayó bajo la férula del sargento Guillermo F. en la Compañía de Plana Mayor y Servicios del Batallón de Zapadores VII de la Brigada Galicia.

ordi, otro soldado, contó al juez que el sargento obligaba a Francisco a limpiarle su arma, le hacía dar vueltas de un lado a otro del cuartel sin justificación, le daba órdenes contradictorias y, cuando estaban comiendo, le mandaba dejar de comer para hacer café. Una vez preparado, no le permitía tomárselo. Si lo encontraba fumando un cigarrillo, se lo quitaba de las manos para fumárselo él.

“En ocasiones, mientras sus compañeros descansaban, el sargento le ordenaba bombear el fusil [hacer flexiones con el fusil sobre las manos], colocar minas o subir alguna cota”, añadió.

El suboficial le dijo al soldado Francisco que ojalá se pegara un tiro

Los epítetos con los que el sargento se refería al soldado eran “puta rata de mierda”, “rata de alcantarilla” o “perroflauta”. Además, se dirigía a él diciendo: “No quiero putos rojos de mierda en mi pelotón” o “haré de ti un hombre o un magullado cadáver” y “te voy a reventar”. Durante unas maniobras en Valladolid, Francisco se quedó dormido en el puesto de tirador. El sargento reunió a los soldados y, delante de todos, le amenazó: “Te juro por mi puto hijo que como te quedes dormido te saco del vehículo y te paso todo el pelotón por encima”.

Cuando tuvo que rellenar el Ipec de Francisco, el informe personal que marca el futuro profesional de los soldados (si siguen en el Ejército o son despedidos), el sargento escribió: “La mili a la que te apuntaste es la de zapadores. La mili de dar barrigazos y pasarlo mal en el campo. No la puta mierda de estar en la banda [de música] tocándote los cojones. Ahora si quieres renovar [el contrato] tomas por el culo”. El informe oficial tuvo que ser anulado y sustituido por otro sin palabras soeces, pero también negativo para el soldado.

Las humillaciones y malos tratos incluían golpes. El sargento le daba “pechazos” (puñetazos en el pecho), le tiraba piedras al casco e incluso ordenó hacer un pasillo para que pasara Francisco mientras le daban collejas (palmadas en la nuca).

“No se trataba de una situación anecdótica, sino habitual”, respondió el soldado Gabriel, compañero de la víctima, cuando se le preguntó con qué frecuencia sucedían estos hechos. Más lacónico, el soldado Jordi contestó: “Prácticamente a diario”.

Preguntado si el sargento discriminaba a los subordinados por sus ideas políticas, el soldado Diego explicó que Francisco y Esteban tenían una ideología que el suboficial calificaba de “roja”, por lo que “el trato que recibían era más duro”. Esteban reconoció que a él le llamaba “el rojo” y a Francisco “el segundo rojo”, aunque no le dio importancia.

A pesar de que cinco testigos confirmaron los malos tratos, el fiscal militar pidió el sobreseimiento provisional del caso, por considerar que “no han quedado acreditados los insultos, amenazas o agresiones que el soldado asegura haber sufrido”. Pero el tribunal militar, a petición de la abogada del soldado, Silvia Robledo, del despacho Suárez-Valdés, ha rechazado dar carpetazo y ha ordenado procesar al sargento por un delito de abuso de autoridad, castigado con penas de hasta cinco años de prisión.

El tribunal ha descalificado así a la Fiscalía, que se basó para pedir el sobreseimiento en las declaraciones de dos superiores, un teniente coronel y un capitán, quienes declararon “rotundamente no haber tenido conocimiento de malos tratos, insultos o amenazas ni haber recibido parte verbal ni escrito” de la víctima o de sus compañeros.

Un capitán instó a un compañero de la víctima a no denunciar el caso

No solo Francisco dijo que había hablado con los dos superiores, sino que también Jordi ha declarado que informó al capitán y que este le prometió llamar la atención al sargento, pero le pidió “que la cosa no saliera de allí, pues en los juzgados se lleva la situación al extremo y así nos vamos a cargar al Ejército”. La acusación cree que podrían haber incurrido en un delito de obstrucción a la justicia.


https://elpais.com/politica/2019/04/04/actualidad/1554395265_116493.html

viernes, 31 de agosto de 2018

_- ¿Son rentables las FAS?

_- Manuel Millera Rebelión

“El libro negro del Ejército español” se titula la última publicación del exteniente del ejército de Tierra, Luis Gonzalo Segura (LGS), y editado por Akal. Ya había sacado antes otros títulos, como “Un paso al frente” (2014) y “Código rojo” (2015) que le valieron arrestos, desprecios, castigos, y finalmente la expulsión. Como dice, es el libro que nadie más quiso escribir. Totalmente recomendable, casi obligatorio y muy significativo que no sea noticia en casi ningún medio. A pesar de la verdad que muestra, no ha sido denunciado por nadie, por ello es muy singular; cuenta a su manera, la historia oculta del Desastroso Ejército español, que ha dado en los últimos 2 siglos más de 50 golpes de estado.

Se suele discutir a menudo, la rentabilidad de la Seguridad Social (S.S.) para meternos en la cabeza, de manera machacona el NO... ¿Por qué nadie discute si son rentables las FAS, Fuerzas Armadas Españolas? ¿Existe complicidad del mundo del periodismo, empresarial, político o bancario? El ejemplo más significativo de puertas giratorias es el Señor de la Guerra, Pedro Morenés, que facturaba a su empresa Instalaza, desde su puesto de ministro Defensa, cantidades de hasta 115 millones, pero es tan sólo un eslabón de una terrible realidad. Puertas que vienen de la época de Franco, “cuando pagaba los servicios prestados a unos hombres que convenía tener contentos y tranquilos”

Una buena metáfora de las FAS es el desfile. Lo que mejor saben hacer (marcar el paso) es algo intrascendente, carísimo, obligatorio, no hay que pensar, y quien se sale de la norma, la paga. La disciplina y la adulación, los valores más repetidos en las FAS, son una trampa mortal, como una bomba con retardo, al ocultar la verdadera cara castrense: un mundo impenetrable, que juega con vidas humanas, para enriquecerse. Es sabido que los gastos militares se “reparten” y camuflan hábilmente entre varios ministerios de una manera que es casi imposible seguirles el rastro, del mismo modo que el dinero se desliza entre paraísos fiscales.

No solo es carísimo de por sí el ejército. Existe, según el autor, una corrupción generalizada, algunxs dirán: “casos aislados”... ¿les suena la frase?... Mudanzas, comida, ropa, adquisiciones, combustible, formación, huérfanxs... aparte de las armas, claro. Cualquier elemento es susceptible de generar ingresos extras; si usted ha hecho la mili, sabe que un simple sargento o brigada puede trampear las cuentas de la cantina. Un teniente realizaba en un solo año, unas 500 mudanzas falsas, por un coste medio de unos 3.500 €uros. En los 5-6 años que una sóla empresa realizó los traslados, se generó un montante de unos 10 millones de euros... En 1995, desaparecieron...¡4 millones de litros de gasoil!... en el barco Marqués de la Ensenada. En 1997 se planificaron compras por valor de 30.000 millones de €uros, para un armamento mayoritariamente innecesario y deficitario.

26.05.2003: accidente del Yak-42 causa la muerte de 62 militares españoles, más otros 12 ucranianos y 1 bielorruso. En 30 años, entre 1949 y 1978, fallecieron 227 pilotos, no por guerra, sino por siniestralidad interna y negligencia. Más de 400 en los últimos 80 años, pero no importa, la indemnización de un militar raso cuesta tan sólo 23.000 €uros. Aviones que no vuelan, paracaidistas lanzados al vacío con una caja de herramientas, armas que no funcionan y explotan al usuario, carros de combate Pizarro que no disparan, submarinos S-80 de bonito color que no flotan... los chistes de Gila se quedan cortos ante la ineficiencia de nuestras FAS. El Tribunal de Cuentas detectó en 2016, de una muestra de 55 contratos adjudicados, por valor de 296 millones de €uros, que en ninguno de ellos existía justificación del importe asignado.

El portaaviones Príncipe de Asturias no llegó a entrar nunca en combate; desde su botadura en 1982 hasta su desmantelamiento en 2013, costó unos 1.800 m €uros al contribuyente entre la compra, mantenimiento, sueldos y otros gastos. El submarino S-80 tenía un exceso de peso de 75 toneladas y 4 unidades nos costaron 2.100 m € para Navantia. Abengoa, Santa Bárbara, Indra, EADS CASA, ITP, Aorenova, Tecnovit, Electroop, Amper, empresas beneficiadas. Pero gracias a amenazas reales o inventadas, a seguir en la OTAN, creada para combatir al comunismo soviético, al juego de velar por nuestra seguridad y al miedo creado por el sistema, la ciudadanía acepta indirectamente, el enorme coste de las FAS, aunque es lo menos rentable del costo público.

En definitiva, “no deberíamos haber adquirido sistemas de armas que no vamos a utilizar, para escenarios de confrontación que no existen, con un dinero que no tenemos, y lo que es más grave, que en muchos casos no funcionan”. El trasvase de dinero entre la empresa privada y el estado es una cantidad inmoral, cuando se dan infinidad de recortes en necesidades básicas de la ciudadanía. Más de 32.000 millones destinados al gasto militar y al control social en 2018, el 2,75% del PIB en España, aunque en el presupuesto oficial figuren tan sólo unos 9.256 millones. LGS eleva esta cifra a los 40.000 millones. La cantidad dobla aproximadamente a la que se detrae cada año de los fondos de la S. Social. Propongo un plan a 10–20 años que sustituya un gasto por el otro.

La implicación de los bancos españoles en la industria de armas es tan extensa e importante, que el disparate de esta compra les ha reportado unos beneficios obvios y magníficos, con las repercusiones que ello tiene en los fondos privados de pensiones y otros valores en bolsa. Si las armas, la guerra y el miedo se imponen, la cultura y el pensamiento desaparecen. No vuelvan a decirnos que la S. Social no es rentable, resulta muy insultante. Léanlo este verano. En Salou, en Zarauz, en su casa del pueblo o de la Rotxa. A pesar de la modorra estival, les abrirá unos ojos como platos...

Manuel Millera es arquitecto

 https://www.rebelion.org/noticia.php?id=245821

martes, 17 de julio de 2018

La esclavitud fue y es una de las principales fuentes de riqueza

Javier Cortines
Rebelión

Cuando los españoles llegaron a América había unos 70 millones de habitantes. Un siglo y medio después la población se redujo a los 3,5 millones. Debido a la progresiva falta de mano de obra en los campos de la muerte, los españoles -y en mayor medida los ingleses-, se volcaron al comercio de esclavos negros.

Ese fenómeno, con esas cifras, lo explica muy bien Eduardo Galeano en “Las venas abiertas de América Latina”, obra a mi juicio imprescindible para conocer un poco qué pasó a ambas orillas del océano, convertido durante siglos en un inmenso Mar Mediterráneo donde se arrojaba por la borda a todo esclavo que dejaba de “ser explotable”, para saciar el hambre de los tiburones (sinónimo, cada vez más vigente, de mercaderes).

En general la mayoría de los pueblos europeos participaron, por etapas, en el genocidio (americanos nativos y negros africanos). Esos crímenes contra la Humanidad -que no se enseñan en las escuelas- están tan empapados de sangre que tardarán Eras en secarse. En limpiarse, nunca.

Gracias al comercio de esclavos negros el marqués de Comillas se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Eso explica, entre otras cosas, que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no quiera en su urbe ninguna estatua de ese aristócrata que, sin duda, contribuyó económicamente al esplendor de “la ciudad condal”.

Los mercaderes y la nobleza inglesa contribuyeron en gran medida al auge del imperio británico con el lucrativo comercio de esclavos negros, a los que se marcaba con hierro candente en el pecho, cual ganado, con las iniciales de su propietario.

En los campos de caucho, algodón, etc., los terratenientes europeos empleaban mano de obra esclava que trabajaba jornadas infernales y sin apenas comida. Millones morían agotados, sus mujeres eran violadas diariamente, los que huían eran cazados y sentenciados al látigo y la horca.

Leopoldo II de Bélgica (1835-1908) fue uno de los mayores genocidas de la Historia. En el Congo Belga -que fue literalmente propiedad suya desde finales del siglo XIX a principios del XX- murieron en los campos de caucho y en las minas alrededor de diez millones de esclavos (las cifras varían según los historiadores), es decir el 40% de la población de aquel entonces.

Como las plantaciones de caucho se encontraban en zonas silvestres los esclavos del Rey -que disponía de una legión de sicarios a su servicio- tenían que trepar a los árboles. Para que pudieran hacer su tarea se les quitaban las cadenas durante la jornada laboral y, para asegurarse de que no escaparan, se retenía como rehenes a sus mujeres e hijos.

En el caso de que optaran por la fuga se procedía a la amputación de manos y/o pies de su familia, independientemente de que fueran menores o niños. Bajo el reinado de Leopoldo II se registraron amputaciones y violaciones masivas de mujeres y menores, así como el exterminio completo de poblados donde se daban brotes de rebeldía.

Leopoldo II, que prácticamente se hizo con el monopolio mundial de caucho, amasó con el genocidio una inmensa fortuna sin tener que rendir cuentas a nadie. En 1906, presionado por la ONU, vendió “su propiedad” al Estado belga. El Congo no conseguiría su independencia hasta 1960.

Desde que “se abolió el trafico humano” los mercaderes encontraron otra alternativa para hacerse ricos, gracias a la globalización y a la deslocalización, y, en vez de explotar a negros y negras encadenadas, trasladaron sus centros de producción a los países del Tercer Mundo, a fábricas donde los menores y los débiles trabajan en infrahumanas condiciones de semiesclavitud.

¿No podríamos devolver un poquito de la riqueza que saqueamos a los migrantes que huyen de la hambruna y de las guerras? ¿Acaso somos tan miserables que sólo nos interesa “la memoria histórica” como un lujo cultural para hacer política en nuestro barrio?

El racismo -como sabemos todos- (por libros o por instinto) es económico. Somos racistas con los pobres, no con los ricos. Nadie expulsa a los jeques que amarran sus yates palacio en la Costa Azul. El problema de fondo (el de los migrantes) es abrumador, un espejo de lo que fuimos o somos. Mientras la revolución no se haga en serio y no construyamos un sistema económico internacional justo, seguiremos poniendo parches y dando palos de ciego.

Blog del autor:
http://www.nilo-homerico.es/

sábado, 18 de noviembre de 2017

_- La ONU pide cuentas al Gobierno y al Supremo por la condena al juez Garzón

_- El Comité de Derechos Humanos de la ONU exige aclaraciones al Estado español sobre el procesamiento y la condena del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a raíz de sus investigaciones sobre los desaparecidos del franquismo y sobre la corrupción del Partido Popular (PP), conocida como los casos Gürtel y Bárcenas. Como se recordará, Garzón fue acusado de practicar “escuchas ilegales” a los abogados de un procesado de la trama Gürtel que estaba en prisión preventiva, y resultó procesado por presunta prevaricación y condenado hace cuatro años por el Tribunal Supremo, que lo expulsó de la carrera judicial.

A primeros de este año Garzón apeló al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través del despacho especializado Human Rights in Practice que dirige Helen Duffy, por el carácter arbitrario de las investigaciones y enjuiciamientos penales a los que fue sometido y que llevaron a su inhabilitación como juez. El escrito de Duffy recoge la insólita imputación penal de Garzón por acoger las denuncias y llevar a cabo investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista, que a día de hoy continúan impunes.

También recoge su incriminación por las decisiones judiciales de investigar la trama de corrupción que afecta al PP y cuyas denuncias acabaron implicando al tesorero del partido, Luis Bárcenas, nombrado por el presidente Mariano Rajoy. Los requerimientos de información cursados por Garzón a la banca suiza acabaron destapando la fortuna a nombre de Bárcenas (más de 40 millones de euros) y aportaron documentación comprometida para el propio Rajoy.

Cierto es que para entonces (primeros meses de 2013), la instrucción judicial de la trama de corrupción y presunta financiación opaca y paralela del PP, ya no la dirigía el magistrado Garzón, sino su sucesor en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, pues el Tribunal Supremo ya le había condenado y expulsado de la carrera judicial. Lo hizo amparándose en la supuesta ilegalidad de una escuchas a los imputados que, sin embargo, no fueron suspendidas, sino que mantuvo el instructor del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, después de que Garzón se inhibiera al aparecer diputados autonómicos en la trama y, por tanto, aforados, cuales eran los populares Alberto López Viejo, Benjamín Martín Blasco y Alfonso Bosch.

El escrito sobre persecución política por vía judicial del magistrado Garzón también relata cómo el Supremo le mantuvo procesado por un supuesto delito prescrito a sabiendas de que había prescrito. Era la denuncia del ente Manos Limpias sobre un supuesto lucro del juez con becas de una entidad bancaria a cambio de un trato de favor judicial. Este proceso había sido archivado por dos veces y aunque el juez instructor conocía perfectamente la prescripción, no lo archivó hasta que Garzón fue condenado por la investigación de la trama Gürtel.

La denuncia del exmagistrado español ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha sido avalada por los dictámenes periciales de trece profesores, jueces y expertos de alto nivel en el ámbito internacional. La profesora española Araceli Manjon-Cabeza Olmeda ha emitido informe sobre la Ley de Prevaricación; seis expertos han peritado el caso a la luz de los estándares internacionales de impunidad y los otros seis han redactado sus informes bajo la lupa de los estándares internacionales sobre la independencia judicial.

Ahora el Comité de la ONU, en cuyo Consejo de Seguridad se sienta el Gobierno español hasta 2018, emplaza al Estado español (Tribunal Supremo y Gobierno) a que responda sobre las coacciones, presiones y vulneración de la independencia del juez Garzón; sobre la interpretación sin precedentes de la prevaricación para procesarle y condenarle, y también sobre las normas de prescripción de los crímenes de lesa humanidad aplicados en España, en contraste con el derecho internacional, por las que fue acusado y procesado Garzón. Los magistrados del Supremo que lo condenaron, entre los que se cuenta el nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza(1), y el Gobierno que preside Rajoy tienen un plazo de seis meses para fundamentar sus respuestas y contestar.
Nota:
Con este último requerimiento de la ONU, el gobierno de Rajoy se encuentra una vez más emplazado a nivel nacional e internacional por sus "malas prácticas" de él y su partido, en muchos casos claramente delictivas,... Eso sumado a que gobierna gracias a la abstención del PSOE, pues más del 60% de los ciudadanos españoles no le votó, parece una razón más de peso para que siguiendo "la práctica democrática internacional" y la decencia política democrática, hubiese ya dimitido.

(1) Ha llegado la noticia hoy del fallecimiento de Maza en un hospital de Buenos Aires, no sabemos que hacía allí. El gobierno se ha limitado a dar el pésame a la familia. No sabemos si se informará más del caso.

https://www.cuartopoder.es/espana/2016/11/13/la-onu-pide-cuentas-al-gobierno-y-al-supremo-por-la-condena-al-juez-garzon/

sábado, 17 de junio de 2017

_-"La pobreza es un estado mental": desigualdad y el mito de la meritocracia.

_-José María Agüera Lorente

«La injusticia siempre exige justificaciones y argucias; las causas justas mucho menos»
(Robert Trivers: La insensatez de los necios) 

 Oigo la escueta noticia a través de la radio: Ben Carson, el secretario de vivienda estadounidense, afirma que la pobreza es «un estado mental». Busco en internet qué hay tras lo que aparece en forma de titular en varios medios digitales. Así me entero de que el señor Carson, neurocirujano de oficio, fue el primer afroamericano en ser nombrado jefe de neurocirugía pediátrica en el Centro Infantil Johns Hopkins de Baltimore.

Negro, es decir, hombre perteneciente a una minoría que, atendiendo a los datos estadísticos de toda índole, es el grupo de la ciudadanía que más sufre la pobreza en un país de por sí con un importante índice de desigualdad; para ponerlo en cifras, el índice de Gini, que cuantifica la desigualdad en los Estados, se situó en la república norteamericana en 0,48 puntos según informe de 2015 , siendo en España de 0,33 puntos y del entorno de 0,25 en los países nórdicos, los de menor desigualdad del mundo dado que el máximo lo marca el 1. Pero como ciudadano de la desfavorecida minoría negra el secretario Carson es un magnífico exponente del american dream, igual que el personaje que interpreta Will Smith –antaño irreverente príncipe de Bel Air– en la película titulada En busca de la felicidad, en la que un desgraciado padre cambia su situación de patético loser por la de ejecutivo triunfador merced a su «mentalidad ganadora», la que precisamente el exneurocirujano ahora miembro de la administración Trump propugna que han de inculcar los padres a sus hijos. Por eso, seguramente y dicho sea de paso, en nuestro sistema educativo postLOMCE se haya considerado conveniente la implantación de una asignatura denominada «Cultura emprendedora y empresarial» con el fin de inculcar en nuestros jóvenes el «espíritu emprendedor» y promover el «autoempleo».

De modo que la pobreza –según cabe inferir de este planteamiento– es, principalmente, el efecto natural de un modo de afrontar los retos de la vida desde el derrotismo, actitud que bien pudo ser herencia de unos padres que fallaron a sus hijos a la hora de dotarles del sano espíritu emprendedor que les insuflara la fuerza moral del triunfador. O expresado en versión corta: si eres pobre, tú te lo buscas por cultivar el espíritu perdedor; ya que, como dicta la ética capitalista, el que trabaja, innova y emprende, siempre recibe su merecido premio.

Si la estructura social del Antiguo Régimen legitimaba las desigualdades entre los integrantes de los diversos estamentos mediante el discurso religioso, el cual hacía del designio divino el fundamento moral del orden establecido, en el caso de nuestro actual statu quo, que tiene en las desigualdades económicas el elemento decisivo que marca las diferencias sociales, habrá que buscar su legitimación no ya en la dimensión trascendente, que no es válida en una cultura secularizada, sino en la inmanente de la propia responsabilidad individual, muy acorde con la concepción liberal de la democracia, que es la preeminente. Así la aristocracia viene a ser reemplazada por la meritocracia. Es el mérito ahora y no la superioridad del linaje el que da razón de la riqueza material que viene a ser moralmente aprobada, puesto que ha sido ganada en buena lid por el individuo en un contexto de competición en igualdad de condiciones. En consecuencia, la desigualdad resultante del enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de otros no tiene por qué ser objeto de corrección, puesto que en nada contradice el canon de la ética capitalista. Meritocracia y aristocracia comparten el núcleo legitimador, que no es otro que la virtud (areté en griego), lo que otorga valor a algo o alguien (meritum en latín); y en el que se sustenta una jerarquía moralmente justa.

Considero que este constructo ideológico de la meritocracia es parte primordial de la ética de los trabajadores de las democracias modernas; y permite explicar en parte la casi inexistente resistencia y hasta resignación que caracteriza la actitud mayoritaria de la ciudadanía ante el crecimiento de la desigualdad económica y social. Cuando el ciudadano no trabaja, o tiene un trabajo indigno, cuando no logra darse a sí mismo la vida a la que el sistema le dicta que ha de aspirar como ideal, le ahoga la vergüenza del loser, del perdedor que no ha hecho méritos suficientes para obtener los favores del capital (yo lo he visto en personas de carne y hueso que conozco; apelo a la experiencia del lector). Aquí, como señala certeramente el filósofo Byung-Chul Han, descansa una parte principal de la estabilidad del orden establecido, que ha logrado en más de los que creemos hacer de su persona amo y esclavo a partes iguales; o dicho de otro modo, ha convertido al individuo en empresario empleador de sí mismo. No cabe, pues, la crítica a la sociedad, pues sólo uno es culpable de su propio fracaso.

La meritocracia va camino de convertirse, si no lo es ya, en una de esas creencias de las que hablaba José Ortega y Gasset hace casi un siglo en su ensayo titulado Creer y pensar; es decir, en una de esa clase de ideas que conforman el estrato más profundo de nuestro pensamiento, de las que no somos conscientes, pero con las que contamos sin más para hacer nuestras vidas, de tal modo que bien se puede decir que constituyen el continente de nuestras acciones. No vivimos con tales creencias, sino que estamos en ellas.

Hagamos méritos, entonces, y el sistema nos otorgará sus bendiciones. Seamos mejores, hagámoslo mejor que los otros, como dicta la regla dorada de la competición, y tendremos lo que nos merecemos. Y los que tienen más y son, en consecuencia más, es porque se han hecho merecedores de ello. Son mejores que los otros. Este sería el cuadro de la denominada por el economista francés Thomas Piketty «sociedad hipermeritocrática», un invento dice él de los Estados Unidos armado a lo largo de las últimas décadas con el fin de justificar la magnitud creciente de la desigualdad. Ésta va camino de alcanzar las cotas de concentración de riqueza extremas en las sociedades del Antiguo Régimen y en la Europa de la Bella Época (con típicamente el 90% de la riqueza total para el decil superior y el 50% para el percentil superior en sí mismo). Es el reparto según el modelo de la «sociedad hiperpatrimonial» o «sociedad de rentistas». Sólo que en este imperio del libre mercado global en el que nos hallamos instalados en nuestros días y que camina firme año tras año hacia el mayor crecimiento de la desigualdad el modelo es de una «sociedad de superestrellas» o una «sociedad de superejecutivos».

En cualquier caso los ganadores de semejante sociedad justifican la jerarquía que la estructura por el valor del mérito. Ahora bien, éste no es objetivo ni absoluto. Es muy difícilmente cuantificable y varía a lo largo del tiempo. Fijémonos por un momento en el salario de los altos ejecutivos, que no ha hecho más que crecer de forma exagerada en las últimas décadas, aumentando la brecha con respecto a los asalariados con menos sueldo de las empresas. ¿Cómo evaluar con objetividad su productividad marginal? ¿Cómo se mide la productividad individual cuando se forma parte de un equipo, de una estructura, de una empresa? Sus ganancias dependen más de las normas sociales vigentes entre ellos y los accionistas, así como de la tolerancia de los trabajadores de bajo nivel salarial y de la sociedad en su conjunto, para lo cual la batalla ideológica es decisiva. Como precisa el mismo Piketty: «Estas normas sociales dependen principalmente de los sistemas de creencias respecto a la contribución de unos y otros en la producción de las empresas y en el crecimiento del país. Teniendo en cuenta las enormes incertidumbres a este respecto no sorprende que estas percepciones varíen respecto a las épocas y a los países, y dependen de cada historia nacional particular. El punto importante es que, teniendo en cuenta lo que son estas normas en un país determinado, es difícil que una empresa particular se oponga a ellas». (A este respecto, el visionado de la película titulada El capital del incisivo director Costa-Gavras hará las delicias del lector con sensibilidad masoquista.)

La creencia, no obstante, del pensamiento liberal, que impregna la atmósfera mental que respira la ciudadanía, es que las notables diferencias en las retribuciones reflejan una desigualdad en el talento y la ejecución, necesaria para incentivar y alentar el trabajo duro, así como el reconocimiento del mayor esfuerzo, responsabilidad y estrés que conlleva el desempeño de los altos cargos. Este cuadro legitimador se resiente, sin embargo, cuando uno se entera de la ineptitud e incompetencia de muchos altos directivos, los cuales, empero, no dejan de cobrar sus escandalosas indemnizaciones, pensiones y bonus (¿necesitamos evocar la figura de nuestro ínclito Rodrigo Rato como referencia?). A ello hay que añadir que en el mundo real la productividad no es mero resultado del talento y esfuerzo de los individuos, sino del sistema socioeconómico en el que se desenvuelven.

El heterodoxo economista Ha-Joon Chang, profesor de Economía Política del Desarrollo en Cambridge, plasma meridianamente lo mucho que de mito tiene la meritocracia en este párrafo extraído de su libro 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo: «Esa idea tan extendida de que la única manera de que todas las personas reciban un salario correcto, y por lo tanto justo, pasa por que los mercados sigan su curso, es un mito; un mito del que habrá que olvidarse, comprendiendo lo que tiene de político el mercado y de colectiva la productividad individual, si pretendemos construir una sociedad más justa, en la que se decida cómo retribuir a las personas tomando en cuenta como se lo merecen la herencia de la historia y los actos colectivos, no solo el talento y el esfuerzo individual.»

Hay quien percibe, incluso, un proceso de secesión que pone en peligro la integridad del sistema democrático asociado a la legitimación meritocrática de la creciente desigualdad en la posesión de la riqueza. Los muy ricos constituirían ya un grupo de personas que han adquirido pautas de comportamiento e idiosincrasia exclusivas, resultantes en gran medida de identificar sus riquezas y las posiciones conquistadas en las últimas tres décadas con lo que conciben como su talento y su mérito singulares. Entienden que alcanzar las más altas cimas de la opulencia conlleva unos determinados derechos, que en realidad son privilegios, y que hacen todo lo posible por asegurar y acrecentar, segregándose del común de los mortales al mantenerse a salvo de los riesgos vitales e incertidumbre que no hacen más que aumentar en un mundo dominado por el omnipotente y veleidoso capital financiero. Es la tesis mantenida por los profesores Antonio Ariño y Juan Romero en su libro de hace un año titulado, precisamente, La secesión de los ricos, donde advierten, en efecto, del quebranto que se causa al fundamento mismo de la democracia cuando la ideología del mérito socava –como hemos apuntado más arriba– los principios políticos de la justicia y la igualdad legitimando la concesión de un poder tan desmesurado a determinados grupos.

La empatía social se resiente cuando no hay reconocimiento de la afinidad en la vulnerabilidad, que es el requisito casi indispensable según la filósofa norteamericana Martha C. Nussbaum para que los seres humanos se compadezcan. La meritocracia contribuye a reforzar el punto de vista desde el cual contemplamos a los perdedores del sistema como objetos distantes cuyas experiencias no tienen nada que ver con la vida propia. Su desdicha –pobreza, paro, exclusión social, pérdida de estatus...– es percibida no como algo inmerecido; es decir, la creencia es que la persona de la que se trate, de algún modo, ha provocado su propio sufrimiento. Las desigualdades devienen justas al asumir como evidencia irrefutable un terreno social en el que todos los individuos compiten en presunta igualdad de condiciones, ya que pueden recibir la educación que necesitan y son juzgados al margen de la colectividad en la que crecen. La socialización afirma la individualidad y sus virtudes, de forma que el triunfo y el fracaso se convierten en resultados de la actuación personal, incluida la pobreza, claro está, que es la consecuencia natural de la conducta de quienes no han sabido aprovechar las oportunidades que la vida y una sociedad abierta les ha brindado.

Es menester una buena dosis de autoengaño para no caer en la cuenta de las consecuencias políticas que todo esto acarrea, y que tienen que ver con la deslegitimación del estado de bienestar. El mito de la meritocracia es un barreno en el pilar de la solidaridad, uno de los que sustenta dicho estado de bienestar, cuyo presupuesto es que las desigualdades no son producto exclusivo de las acciones de los individuos que forman parte de él, o sea, que hay factores en la dimensión colectiva que objetivamente perjudican a unos y favorecen a otros al margen de sus méritos personales.

miércoles, 12 de abril de 2017

La Justicia no investigó al torero e hijo de la diputada del PP que pidió convertir en “abono para las cunetas” a los de Podemos

El pasado miércoles, la Audiencia Nacional condenaba a Cassandra -también conocida como Kira_95 en los fueros tuiteros-, a un año de prisión por un delito de humillación a las víctimas y de "enaltecimiento del terrorismo". A raíz de su condena, ELPLURAL.COM ha recordado a la Audiencia Nacional los tuits más bestias contra PSOE, Podemos e IU que dejaron 'pasar por alto'. Son las otras amenazas en redes sociales que la fiscalía nunca ha perseguido y que evidencian la existencia de un doble rasero judicial que varía en función de la ideología del protagonista que recibe los insultos y ataques en Twitter.

Entre las amenazas más destacadas y que nunca investigó la Justicia destaca la protagonizada por parte del torero e hijo de la diputada en la Asamblea de Madrid, María Josefa Aguado, Gabriel Picazo, en abril de 2014. En concreto, el torero lanzó la siguiente advertencia: “Querremos convertir en abono para las cunetas a toda esa panda de rojos radicales”.

Advertencia a Podemos
Un aviso que Picazo publicó en su página oficial de Facebook a los dirigentes de Podemos por llevar en su programa electoral la abolición de la tauromaquia. En la misma publicación, el torero advertía que no estarían exentos de convertirse en abono para las cunetas las “personas humildes y desesperadas que se dejen llevar por el populismo y el clima de corruptos que hay en España” y por tanto acabasen votando en las urnas al partido que lidera Pablo Iglesias.

Tras ser desvelado por ELPLURAL.COM, el comentario de Gabriel Picazo se convirtió en tendencia en Twitter. En parte debido a que Picazo es hijo de María Josefa Aguado, concejala presidenta del Distrito madrileño de Barajas, exportavoz del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes, e integrante en el puesto 39 en la lista del PP con la que Cristina Cifuentes se presentó a la Comunidad de Madrid. Se trata de la diputada autonómica que ahora se enfrenta a la Justicia por el ‘caso Gürtel’.

Disculpas y justificación de las amenazas
Tres días después del escándalo, el torero pidió disculpas también a través de Facebook: “Pido disculpas por parte de las palabras dichas en un desafortunado y equivocado comentario. Mi corazón no les desea el mal que ellos quiere para los taurinos. Me reitero en mi error”, afirmó Picazo. Sin embargo, a renglón seguido, el torero justificó sus amenazas ante la pasividad de la Justicia: “Mis palabras nacen de un sentimiento de indefensión, humillación, miedo, acoso y maltrato que sentimos muchos taurinos. Es el grito de la agonía de la muerte en vida a la que los radicales antitaurinos nos tienen sometidos apuntillándonos diariamente sin obtener una respuesta contundente de los que formamos parte de la fiesta más importante y representativa por la que se conoce a España en el mundo”.

http://www.elplural.com/…/la-justicia-no-investigo-al-torer…

lunes, 13 de marzo de 2017

“Ningún talento justifica los sueldos escandalosos en el IBEX 35”. Entrevista a Miren Etxezarreta, catedrática Emérita de Economía Aplicada y miembro del Seminari Taifa.

Enric Llopis


Corren vientos muy favorables para los grandes empresarios, que se están beneficiando en los últimos años de la devaluación salarial y la precariedad en el trabajo.

Uno de los casos más notables es el de los presidentes y Consejeros Delegados de las empresas del IBEX 35, cuyos ingresos anuales suman cifras estratosféricas. Esto no se justifica por ningún talento especial ni por tratarse de compañías privadas. Opina de este modo la catedrática Emérita de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, Miren Etxezarreta (Ordicia, 1936). Miembro del Seminari d’Economia Crítica Taifa, es autora de “¿Para qué sirve la economía?” (Paidós) y coautora de “Sin pensiones públicas, ¿Qué futuro?” (Icaria).

La entrevista tiene lugar antes de una conferencia-debate organizada en el Ateneu Popular de Xàtiva. -El presidente de Mercadona, Juan Roig, apareció ayer con aspecto triunfal en las portadas de los periódicos. La principal cadena de supermercados de España batió récords de ventas y contrataciones. Según el listado Forbes, Roig y su esposa, Hortensia Herrero, poseen la segunda mayor fortuna del estado español (8.000 millones de euros). “Nuestros trabajadores son de los más ricos de España”, afirmó en el acto de presentación del balance.

Son años muy buenos para los empresarios, que están obteniendo beneficios muy jugosos a costa de la disminución de los salarios y de la precariedad laboral, que en el estado español se está produciendo desde los años 70 pero sobre todo desde 2008. Que el señor Roig se permita decir que sus empleados son ricos, quiere decir que no tiene ni idea de cómo se vive con lo que paga a sus empleados. Es un señor al que le va muy bien, y que incluso afirmó: “Estoy totalmente a favor de la reforma laboral, y yo hubiera ido más lejos”. (El fue uno de los que aparecieron en algunas lista de los que donan al PP. ¿A cambio de nada?)

-El Gobierno celebra que febrero se haya cerrado con 74.080 nuevos afiliados a la Seguridad Social y 9.355 parados menos inscritos en las oficinas públicas de empleo. Mientras, según el Servicio Público de Empleo Estatal, más de un tercio de los contratos firmados en enero duraron menos de un mes. ¿Son realidades compatibles? (Uno de los objetivos de la política implícita del PP es hacerlas compatibles a costa del aumento de la desigualdad y la pobreza y, a la vez, convencer al máximo número de españoles de que es la ÚNICA política posible)

Encajan perfectamente. Podemos afirmar que hay más inscritos a la Seguridad porque cada contrato que dura menos de 30 días es una afiliación más. Si se firman contratos muy precarios, de pocos días, al final la suma de filiaciones es mayor. Pero si miramos cuántos afiliados en la Seguridad Social en días de trabajo completo, seguramente las cifras serían distintas.

-Uno de los sectores estratégicos, el de la estiba, se halla durante los últimos tiempos en el punto de mira. A los trabajadores se les califica de “privilegiados” y de hallarse blindados en una organización casi gremial…

Se está utilizando contra los trabajadores el argumento de los salarios. El hecho de que haya unos trabajadores que parece que ganen un sueldo decente en absoluto significa que se trate de unos “privilegiados”. Si les pagan ese jornal, es porque se lo han ganado. Creo que sería gravísimo que perdieran esta batalla, porque se pretende desregular el sector. Me quiero pronunciar públicamente a favor de la huelga de los estibadores. Si se les remunera con 60.000 euros anuales, supongamos, es porque se lo ganaron trabajando. Además, me gustaría saber cuántos pequeños y grandes empresarios perciben cantidades superiores, sin que nadie lo ponga en cuestión.

-Por otro lado el gobierno alardea de macrocifras, por ejemplo el superávit de la balanza por cuenta corriente.
¿Hay una utilización interesada de la estadística?
Es cierto que, en general, los datos macroeconómicos están funcionando bien. Pero se trata de cifras estadísticas de carácter general, y siempre que trazamos medias hay datos que se sitúan por encima y otros por debajo. En el caso de la balanza por cuenta corriente, es verdad que España está exportando bastante bien, pero es lógico, ya que nuestros salarios han disminuido con lo que se abaratan los costes. Y también se reducen las importaciones de la economía española, precisamente porque hay menos ventas en el interior. Pero todo esto tiene muy poco que ver con el bienestar de la población.

-Tal vez sí tenga que ver este titular reciente del periódico Cinco Días, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE): “El consumo de los hogares toca máximos e impulsa el PIB un 3,2% en 2016”.

El dato del consumo de los hogares me cuesta más entenderlo, porque no casa bien con la disminución de los salarios que se está produciendo. Es una media, que seguramente sea correcta, y a la que sólo encuentro dos posibles explicaciones.
La primera es que aquellos trabajadores que en los años de crisis no hayan perdido su empleo, no tengan ya el miedo que había en 2008 al hundimiento del euro. De hecho, muchas familias frenaron su consumo por lo que pudiera pasar. Si ese miedo ha desaparecido, estos trabajadores pueden empezar a consumir algo más.
Otra razón, menos positiva, es que posiblemente esté aumentando el crédito y el endeudamiento familiar. De hecho, cada día se están dando más facilidades al crédito para el consumo de los hogares: un automóvil, una televisión de plasma…

-Sin embargo, el INE señala que las remuneraciones de los trabajadores acumulan tres años consecutivos de alza.

Este aumento depende de la manera en que se mire. Hace unos años la porción de la riqueza nacional que correspondía a los salarios era superior al 50%, mientras que en 2016 se situó en el 47,23%. Lo importante es el año que se tome como punto de comparación. El porcentaje representado por los salarios seguramente haya disminuido respecto a 2006 y los años anteriores a la crisis.

-Algunos ingresos no han disminuido tanto. En 2016, los del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, fueron de 15,2 millones de euros; los del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, 9,3 millones de euros; la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, percibió 7,3 millones de euros; y el de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, 5,3 millones de euros.

¿Se justifica por el hecho de ser empresas privadas?
Es un escándalo. Se trata de empresas privadas, pero en un país hay que considerar no sólo lo que ocurre en los ámbitos estrictamente privados, sino también el impacto en el resto de la población. Mientras haya tanta gente en el paro y sobre todo con salarios insuficientes, hay personas que cobran esos sueldos sin que ello se justifique por su actividad. En todos los países capitalistas se producen estas diferencias.
¿Un premio al talento? Rotundamente, no. Hay mucha gente trabajando, investigando e impartiendo clases con un gran talento que no se corresponde con su salario.

-En 2016 las empresas del IBEX 35 ganaron en total 34.170 millones de euros, un 67% más que en 2015. El Banco Santander sumó unos beneficios de 6.204 millones de euros, el BBVA de 3.475 millones de euros (un 31,5% más que en 2015) e Inditex de 3.193 millones de euros.

Y normalmente las cifras se dan sin tener en cuenta muchos ítems que se incluyen como gastos, y que realmente se trata de partidas de beneficios. Pero dejémoslo así. Me parece que estas cifras de beneficios de los bancos se tendrían que justificar, sobre todo los que más dinero han recibido para su “rescate”. Tendrían que estar devolviendo al erario público una parte de lo que han recibido, y no hay mucha constancia de ello; o lo que se devuelve son pequeñas cantidades. Además, la “reestructuración” bancaria agrupa y disimula los beneficios, lo que hace más difícil la exigencia de devoluciones.

-El Tribunal de Cuentas ha cifrado en más de 120.000 millones de euros los recursos públicos comprometidos en el “rescate” financiero. ¿Son reales estas cifras?

Las considero bastante conservadoras. Otras estimaciones apuntan la cantidad de 250.000 millones de euros, y no me extrañaría que fuera así.
Hay que considerar muchos factores. Por ejemplo, cuando se inició la crisis en 2008, de inmediato se aumentó la cantidad asegurada en los depósitos bancarios de 20.000 euros a 100.000 euros. ¿Cuánta gente tiene en el estado español 100.000 euros ahorrados? Se trataba claramente de un mensaje a los no muy ricos, pero sí bastante poderosos, a quienes se les venía a decir: no os preocupéis que el Estado va a responder.

-Por último, el FMI examinará a la banca española en marzo, según ha informado el diario El País. ¿Constituyen una garantía estos controles?

El FMI es una institución pública organizada exclusivamente para reforzar los valores neoliberales, por lo que le parece muy bien que la banca gane mucho dinero. No sólo responde a los intereses del gran capital internacional, sino que está insistiendo en que España endurezca la reforma laboral y pague más rápidamente la deuda. Dicen que de ese modo la economía será cada vez más competitiva.

lunes, 11 de julio de 2016

La impunidad del hombre blanco. Tony Blair podrá escapar a la justicia, a pesar de su responsabilidad en la guerra ilegal de Irak establecida por el informe Chilcot

Los hechos establecidos por John Chilcot durante los siete años que ha durado la investigación son abrumadores. Es un auténtico acta de acusación que clama por algún tipo de satisfacción penal por las responsabilidades personales de Tony Blair. Fue una guerra ilegal e injusta, en la que se enmascaró un cambio de régimen bajo el disfraz de una guerra preventiva, ante la falsa amenaza de un ataque con unas armas de destrucción masiva inexistentes que podía producirse en 45 minutos.

El número de delitos probablemente sería largo, porque a las mentiras de la preparación de la guerra se añade la irresponsabilidad de quienes organizaron una caótica posguerra todavía más catastrófica. Si la invasión de Irak y el derrocamiento de Sadam Husein fueron ilegales y organizados con mentiras y manipulaciones, nada se hizo después que diera algo de legitimidad a la invasión y a la desaparición del déspota, como ha ocurrido tantas veces en la historia, en forma de beneficios para los iraquíes y de estabilidad en la región.

Al contrario, la destrucción de sus fuerzas armadas y de la estructura entera del Estado abrió las puertas al infierno de una guerra civil entre chiíes y suníes que en propiedad todavía no ha terminado y se ha convertido en el monstruo del Estado Islámico. Difícilmente sirve en este caso la doctrina del mal menor para defender los desastres ocasionados por esta guerra ante el mal mayor que todavía hoy Blair y Bush pretenden blandir con el espantajo de Sadam Husein.

Hay un delito que cuadraría perfectamente con lo que hicieron ambos en la guerra de Irak, con la ayuda diplomática y la complicidad política de Aznar. Es el crimen de agresión, surgido como figura jurídica en los juicios de Nuremberg contra el nazismo y reivindicado en el tratado de creación de la Corte Penal Internacional, el llamado Estatuto de Roma de 1998, como figura delictiva a incluir en el futuro a través de las enmiendas a dicho tratado, como así se hizo en la revisión de 2010. El problema es la no retroactividad de las leyes: cuando se cometió presuntamente el crimen, en 2003, todavía no estaba incluido en el Estatuto de Roma. Para colmo, los procedimientos de ratificación y de entrada en vigor solo convertirán en perseguible el crimen de agresión a partir de 2018.

La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) no ha ocultado su incomodidad con  el contraste entre la impunidad de los dirigentes occidentales cuando vulneran la Carta de Naciones Unidas y la exclusiva inculpación de ciudadanos africanos con los actuales instrumentos legales del tribunal. Los 39 inculpados hasta ahora son todos africanos. También son africanos los únicos jefes de Estado objeto de investigación o persecución legal, como el difunto líder libio Muamar el Gadafi o el actual presidente de Sudán del Norte, Omar Al-Bashir. Otro jefe de Estado africano, Hissène Habré, presidente de Chad entre 1982 y 1990, ha sido condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad, violación, esclavitud forzada y múltiples homicidios y asesinatos, por una corte especial creada por Senegal por encargo de la Unión Africana, en un caso ejemplar que ha hecho prescindible en esta ocasión la actuación de la CPI.

No es el único contraste. Ha habido al menos dos investigaciones y centenares de denuncias por crímenes de guerra por la muerte de detenidos iraquíes bajo custodia británica, algunas ante tribunales británicos y otros ante la CPI, aunque solo el cabo Donald Payne ha sido condenado a un año de prisión. Sería una cruel ironía que el Informe Chilcot sirviera para perseguir soldados y jefes militares británicos y no diera lugar en cambio a indagación alguna sobre Tony Blair. De ahí que la fiscalía de la CPI haya aclarado muy sutilmente en una nota que “sugerir que la CPI haya descartado la investigación sobre el ex primer ministro por crímenes de guerra pero pueda perseguir a los soldados es una deformación de los hechos”.

Ni un solo jurista ha expresado hasta ahora su confianza en que Tony Blair, al igual que George Bush, se sienten algún día en el banquillo, ya sea de sus respectivos tribunales nacionales ya sea de la CPI, a pesar de que lo han pedido parlamentarios británicos como Jeremy Corbyn o Alex Salmond y el obispo sudafricano y premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. En el caso del expresidente de Estados Unidos, porque el Senado de su país ni siquiera ha ratificado el tratado internacional que lo crea, a pesar de que su antecesor Bill Clinton lo firmó en Roma. George W. Bush boicoteó todo lo que pudo a la CPI y aprobó, incluso, un paquete legislativo para impedir que sus soldados y ciudadanos pudieran ser inculpados o perseguidos bajo la jurisdicción universal.

El Informe Chilcot tendrá una lectura fácil y demagógica: demuestra la impunidad del hombre blanco, del máximo responsable político frente a los soldaditos que obedecen órdenes, de los honorables mandatarios occidentales frente a los déspotas africanos y árabes. En el momento populista que atravesamos, las opiniones públicas exigen gestos ejemplarizantes y cabezas que rueden. Se da por descontado, en cambio algo que no lo está en absoluto en la gran mayoría de los países, como es que una comisión de investigación, por encargo del Gobierno, realice un ejercicio de transparencia de tanta trascendencia y llegue tan lejos en la documentación y determinación de responsabilidades políticas como ha hecho John Chilcot.

Una nueva paradoja del caso es que esto sucede en pleno Brexit, el movimiento soberanista que no solo pone en cuestión la dependencia de Reino Unido de la legislación y los tribunales de la UE sino incluso de la legislación internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. No es extraño ni anecdótico que Alex Salmond haya planteado la posibilidad de que Tony Blair sea juzgado algún día por crimen de agresión en los tribunales de esa Escocia que busca tras el Brexit su independencia y la adhesión a la Unión Europea.

Para el Parlamento británico el Informe Chilcot no es tan solo un ejercicio ejemplar de transparencia que demuestra el vigor de la democracia británica, sino también un estímulo para ratificar las enmiendas que introducen el crimen de agresión en el Estatuto de Roma y dificultar así que en el futuro alguien pueda repetir una actuación como la de Blair desde el número 10 de Downing Street. Aunque el caso Blair no llegue nunca a La Haya, donde tiene su sede la CPI, parece haber pocas dudas de la contribución a la justicia universal que ha hecho Reino Unido con la comisión Chilcot y su informe.

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/08/actualidad/1467987628_972382.html

martes, 10 de noviembre de 2015

Black Friday y Banco de Alimentos, las dos caras de la misma moneda

El Black Friday es el pistoletazo de salida al consumo desenfrenado navideño en Occidente. Una invención made in USA metida de rondón por la mercadotecnia de las multinacionales para avivar la fiebre de comprar a todo trapo: es lo que los políticos del mundo opulento llaman nuestro estilo de vida, un modo capitalista basado en la explotación laboral y el expolio de las materias primas y el trabajo esclavo e infantil de millones de personas en los países pobres de la periferia globalizada.

En nombre del calor de hogar occidental, la libertad y otras lindezas de enorme fachada escapista censuramos cualquier voz que ponga en cuestión las fechorías del sistema-mundo liderado por el hombre blanco instalado en el confort desigual de EE.UU. y la Unión Europea principalmente. Todo lo que huela a crítica del desfalco del primer al tercer mundo puede caber dentro de las categorías malévolas de antisistema o terrorista. Por supuesto, nuestro maravilloso estilo de vida es la cumbre de la civilización.

Lo normal es que cuando adquirimos una marca rutilante de tecnología punta informática, teléfonos móviles o una prenda textil a la última moda, entre otras mercancías de postín, hayan sido fabricadas o ensamblados sus distintos componentes en maquilas o centros de producción de territorios donde la legislación laboral y los regímenes fiscales son laxos o inexistentes. Nuestro estilo de vida devasta países enteros ofreciendo miseria a cambio de un bienestar consumista ficticio y despilfarrador.

Pero en España, junto a la llamarada festiva del Black Friday, surge al tiempo la inmensa ola de solidaridad promovida por los denominados bancos de alimentos, una caridad que puede practicarse al unísono mediante la calderilla que nos devuelven en caja. De esta manera, calmamos nuestra conciencia consumista y hacemos un favor solidario a la gente pobre. Y, faltaría más, este acto presuntamente altruista exonera de responsabilidad a los gobiernos y a sus políticas sociales. Además, sirve a las grandes cadenas comerciales para colocar excedentes y liberar espacio en sus almacenes de cara al subidón de ofertas, demanda y ventas del período Navidad-Fin de Año-Reyes. Una idea brillante donde las haya.

El sistema parece funcionar a las mil maravillas con esta doble iniciativa de propaganda masiva: con la mano derecha adoramos la emoción irrefrenable del fetiche de la mercancía y con la izquierda soltamos lastre ético dando una dádiva para que los que no pueden permitirse consumir ni tampoco salvar el día a día con dignidad se lleven a la boca un triste sucedáneo de solidaridad en forma de vianda coyuntural que jamás acabará con su condición de marginado.

El viernes negro y los bancos de alimentos se necesitan mutuamente, neutralizando la ideología que ambas iniciativas representan y desactivando las reivindicaciones sociales y políticas que podrían desencadenarse en los sectores y sensibilidades críticos con el statu quo.

Solidaridad de marca de alta gama
La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) hace un llamado a los potenciales voluntarios bajo el lema de Hazte un héroe, una recompensa sentimental, individualista y ética para movilizar a la gente de bien hacia sus proyectos de corte caritativo. Suelen nutrirse de personas jubiladas y prejubiladas preferentemente, aunque también se unen a sus campañas jóvenes de diferentes extracciones sociales, sumando en total unos 2.700 voluntarios que se sienten útiles a la sociedad y pueden observar in situ como siempre hay más pobres o en precario que uno mismo: así se cercenan de cuajo o se modifican con sutileza ideológica las opiniones críticas o alternativas a las oficiales para interpretar la compleja realidad social.

Además de lo dicho, en la FESBAL y sus filiales se reproduce de igual modo la estructura de la empresa capitalista al uso: jubilados y juventud como operarios de campo y la cúspide reservada para la intelligentsia de dirigentes y profesionales provenientes del campo privado de las finanzas y los negocios.

La presentadora de televisión Ana Rosa Quintana es el rostro más conocido usado de reclamo publicitario en 2015 para movilizar la recogida y donación de alimentos, un acicate popular para llegar directamente al corazón de la inmensa mayoría de la masa.

En nuestro país, este tipo de bancos de carácter social y paliativo empezaron a funcionar en 1996 y ya cuentan con 55 sedes provinciales. Similares instituciones o asociaciones sin ánimo de lucro legal se encuentran presentes en 22 países de la órbita europea.

Se supone que detrás de los bancos de alimentos estarían agazapados la Iglesia católica y el Opus Dei, aunque como es lógico sus logotipos no figuren por ningún sitio, aunque existen numerosas vinculaciones de directivos y exdirigentes de FESBAL con la obra pía de visionario y polémico Escrivá de Balaguer. Incluso muchos ejecutivos de marcas colaboradoras han salido de la escuela de negocios IESE, creada por el Opus y adscrita a la Universidad de Navarra. El secretismo y el cuidado exquisito en aparecer públicamente como laicos y puros de toda contaminación política o religiosa es muy escrupuloso. Sin embargo, Ana Mato, exministra de Sanidad y miembro del Opus Dei, ha mostrado pública y repetidamente sus simpatías por los proyectos de FESBAL.

No obstante lo referido, sí se sabe que en 2014 la Fundación Amancio Ortega ayudó a la estructura de la FESBAL con 4 millones de euros y el BBVA con 500.000 euros. Recordemos que el grupo Inditex del multimillonario Ortega y su marca estrella Zara han sido señalados por diversas instituciones internacionales como empresas que utilizan habitualmente mano de obra esclava y menores de edad en sus centros de trabajo de Asia y Sudamérica.

La Fundación Amancio Ortega también ofrece aportes económicos a Cáritas, organización que capta y distribuye importantes contingentes de alimentos del Banco en cuestión.

Algunas noticias relacionan a la multinacional Agbar, el Banco de Sabadell y al hijo primogénito de Jordi Pujol, del mismo nombre que el padre, con el impulso y nacimiento de los bancos de alimentos en España. Se conoce a ciencia cierta que colaboran estrechamente con la FESBAL marcas tan señeras como Carrefour, El Corte Inglés, Alcampo, Mercadona, Dia, RENFE y Makro, habiendo recibido premios a su labor por parte de Caja Rural, Eroski, Cruz Roja, Danone y Puleva. Incluso en 2012 se le otorgó el galardón Príncipe de Asturias a la Concordia.

Como vemos, el conglomerado de empresas vips es altamente significativo, una publicidad de prestigio ligada a la solidaridad que aumenta sus ventas y barniza a conveniencia su impacto social de índole benefactor y altruista, hundiendo más si cabe al comercio minorista. Las firmas distribuidoras que dan su apoyo a FESBAL controlan el 70 por ciento del mercado alimentario.

También merece la atención cuidada la mención especial de un vocal del Comité Ejecutivo de la FESBAL, Pedro Pujadó Viusá, con sucesivos cargos relevantes en el Grupo Moll-Prensa Ibérica, un imperio que controla medios de comunicación de ámbito local o regional, escritos, digitales, emisoras de radio y televisiones TDT, editoriales y firmas del sector de artes gráficas en Madrid, Catalunya, Baleares, Galicia, Asturias, Andalucía, Murcia, Canarias, Castilla y León y Comunidad Valenciana, manteniendo intereses empresariales en Australia y Portugal. Es relevante subrayar asimismo que el emporio Moll se adjudicó en tiempos de Felipe González las cabeceras más influyentes de la prensa del movimiento franquista.

El citado Pujadó ha tenido relaciones con más de un centenar de empresas en toda su trayectoria profesional. En los medios de Prensa Ibérica, a buen seguro, no saldrán noticias negativas o críticas contra los bancos de alimentos ni sus mecenas más generosos. Además, la publicidad gratuita envuelta en el formato noticia que da cobertura en los mass media más importantes de España a los eventos masivos de los bancos de alimentos dan pistas suficientes para pensar que detrás de estas iniciativas existen intereses ocultos muy poderosos. El repiqueteo mediático ha sido constante en estas semanas previas a las fiestas navideñas. Por algo será.

La solidaridad gestionada de manera privada interesa, y mucho, al sistema capitalista. Estamos ante un negocio vendido como social que juega en dos campos diferentes pero complementarios: ofrece amparo estético a la pobreza obviando las causas objetivas de la realidad social y política que la origina, al tiempo que lava la imagen de grandes empresas que tendrían bastante que ocultar en sus actividades y praxis cotidianas.

Nunca hay que dejar que los pobres piensen por sí mismos, ni tampoco que la gente corriente despierte de su marasmo consumista. La solidaridad alentada en la trastienda por las propias marcas transnacionales solo busca maquillar su fachada y sacarnos los cuartos anonadados ante tanta belleza moral y emocionalista. Para vender más, todo está permitido, hasta convertir en mercancía la miseria de los pobres.

Armando B. Ginés

miércoles, 26 de agosto de 2015

La Magdalena. Cuando se debate sobre prostitución chirrían la demagogia, la hipocresía o el puritanismo ?

A nadie le hace gracia que su hermana acabe en un burdel, pero a las putas se les guarda un cariño ancestral. Hasta el final del franquismo, un llamativo porcentaje de españoles perdió la virginidad con alguna de ellas y esa sensación es de las que no se entierran. Luis Buñuel —que las adoraba— sostenía que España era el país más reprimido de Europa. El clima moral era de risa. Muchos matrimonios nunca se veían desnudos y la que no llegaba virgen a la noche de bodas se sentía sucia y, sí, un poco golfa. Cómo no iban a ir de putas.

Contra todo pronóstico, entre los jóvenes de hoy, está de moda ir en pandilla a los puticlubs para hacerlo por primera vez. Les puede la ansiedad por saber qué se siente y no desperdician ni un minuto en tratar de seducir a una chica. Ellos también son espejo de su tiempo, uno de los menos románticos de la historia, dominado por la prisa, la negación del esfuerzo, el pragmatismo salvaje y el sentido del espectáculo. Los chicos acuden en grupo a olvidar la virginidad porque así es más divertido. El polvo espectáculo.

Pero alrededor de las putas florece un negocio escandalosamente sórdido que atrae a todo tipo de canallas. Es un inframundo en el que la degradación humana toca fondo. En España el problema se nos ha atragantado. Nuestra propuesta es una completa chapuza: aquí la prostitución es ilegal, pero de aquella manera. Se amaga estos días con un debate nacional e internacional que no termina de cuajar y, cuando se encara el asunto, suelen chirriar la demagogia, la hipocresía o el puritanismo.

Aspirar a liquidar la prostitución es como empeñarse en contar la arena del mar. (Se decía lo mismo de la esclavitud en occidente y se pudo contar -pues aún perdura en otros países-) Y no es sencillo dar en el clavo. Pero urge liberar de su tortura a las explotadas y humilladas y facilitar, a las que decidan ser putas, una vida decente (? ¡Qué bueno! ¿cómo se hará?). Y quien se acerque a ellas que lo haga con delicadeza (!toma¡, ¿será como él lo hace?). Sea por placer o porque, como inmortalizó Joaquín Sabina en Una canción para la Magdalena, esté más solo que la luna.

¡¡¡El artículo no tiene desperdicio, lleno de todos los tópicos típicos de los puteros, eso sí, que no les toquen a sus madres!!! ¿Las demás?, ¡¡¡ya es otra cosa!!!

Fuente: http://elpais.com/elpais/2015/08/05/estilo/1438791345_321037.html
Más: http://elpais.com/tag/prostitucion/a/

lunes, 27 de julio de 2015

La Corrupción deja a millones de personas hambrientas en India

Neeta Lal
IPS

Chottey Lal trabaja en la construcción en Noida, una localidad del norteño estado de Uttar Pradesh, en India. Este obrero de 43 años labora 12 horas diarias, pero lo que gana apenas le alcanza para alimentar a su familia de siete integrantes. Él y su esposa Subha cumplen con los requisitos para recibir la asistencia de alimentos básicos subsidiados, que deben adquirir en un comercio local específico, si todo funciona bien. Pero eso no sucede.

“Cuando vamos a la tienda, nos echan; el dueño nos dice que se quedó sin reservas y terminamos comprando alimentos en el mercado, que es caro y no nos alcanza para alimentar a toda la familia”, relató a IPS.

“Todo el mundo sabe que el comerciante vende los granos en el mercado negro. ¿Pero qué podemos hacer nosotros que somos pobres? Nos quejamos en la policía, pero no se han tomado medidas en su contra”, explicó Lal a IPS.

Savirti, de 50 años, y Kamla, de 39, también viven una situación terrible. Ambas son viudas y viven con sus hijos casados. Pero tuvieron que dedicarse a mendigar, porque los ingresos de la familia y las raciones de granos que reciben en las tiendas de precios justos no alcanzan para todos.

La corrupción que agobia al sistema público de distribución de alimentos impide que millones de personas pobres reciban los granos que les corresponden de acuerdo a la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria.

El sistema, compuesto por 60.000 comercios de precio justo, en este país de 1.200 millones de habitantes, suministra arroz, trigo, azúcar y queroseno a un precio inferior al del mercado.

El sistema procura ayudar a dos tercios de la población, con la entrega mensual de 35 kilogramos de granos subsidiados por persona, a un precio de entre una y tres rupias (entre 0,01 y 0,04 dólares) el kilogramo.

Sin embargo, solo 11 estados y territorios de la Unión implementaron la ley, aprobada por el parlamento en septiembre de 2013, mientras está pendiente en los 25 restantes.

Para peor, encuestas nacionales han revelado cómo comerciantes inescrupulosos (Qué palabra. ¡¡¡Corruptos!!! o criminales, pues cometen crímenes) desvían millones de toneladas de granos del sistema de distribución.

Los productos se terminan vendiendo en los mercados con un gran rendimiento o se exportan ilegalmente, en connivencia con funcionarios corruptos de la estatal Corporación de Alimentación de India. La mayor parte de los alimentos terminan en países vecinos como Nepal, Birmania (Myanmar), Bangladesh y Singapur.

Un estudio realizado por el gobierno el estado de Uttar Pradesh, donde vive Lal y su familia, concluyó que la superposición de agencias, la mala coordinación y la falta de responsabilidad administrativa se combinan en perjuicio del mecanismo de distribución.

El comité del juez D.P. Wadhwa, encargado por la Corte Suprema de India de supervisar sus órdenes en un caso de litigio de interés público sobre el derecho a la alimentación, emitió hace poco una dura crítica contra el sistema de distribución de alimentos.

Al investigar irregularidades en la cadena de distribución, el comité reveló que 80 por ciento de la corrupción ocurre antes de que los alimentos lleguen a las tiendas de venta al público.

Y peor aún, casi 60 por ciento de los alimentos que se distribuyen a través del sistema público o se pudren o se malversan en el camino.

“Lo que llega a los beneficiarios pobres ni siquiera suele estar en condiciones para el consumo”, explicó el especialista Devinder Sharma, quien dirige el Foro de Biotecnología y Seguridad Alimentaria, con sede en Nueva Delhi.

El creciente y sistémico abuso en la cadena de suministro de alimentos es un mal augurio para un país como India, con 194,6 millones de personas subalimentadas, el mayor número en todo el mundo, según un informe anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El informe remarca que ese número representa a 15 por ciento de la población del país, superando a China en cifras absolutas y en la proporción de personas subalimentadas.

“El mayor crecimiento económico no se ha traducido plenamente en un aumento del consumo de alimentos, y menos aún en una mejora de las dietas”, señala una parte dedicada a India del informe “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, 2015”, de la FAO.

Esa realidad, añade, “podría indicar que las personas pobres afectadas por el hambre no han conseguido beneficiarse del crecimiento general”.

Cerca de 1,3 millones de niñas y niños mueren al día en India por malnutrición, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La prevalencia de niños de bajo peso está entre las mayores del mundo, y es casi el doble de África subsahariana, lo que perjudica la morbilidad, la mortalidad, la productividad y el crecimiento económico, señala la OMS.

El Comité Shanta Kumar, encargado de revisar el sistema de distribución de alimentos, entregó a principios de este año un informe al primer ministro, Narendra Modi, en el que recomienda desarmar de forma gradual el programa y comenzar con la transferencia de dinero en efectivo.

La nueva propuesta, según el comité, permitirá disminuir de forma progresiva la dependencia de las personas más pobres en los comercios de alimentos subsidiados.

Lo graneros de India rebozan cada año de excelentes cosechas de trigo y arroz, pero los granos se roban desaparecen por culpa de intermediarios o se pudren bajo la lluvia, mientras millones de personas padecen hambre.

El gobierno también incurre en enormes gastos en los granos que suministra al sistema.

La pérdida de cereales a través del sistema de distribución de alimentos se eleva a 48 por ciento, según la encuesta, y las reservas que guarda suelen estar muy por debajo de los requisitos, lo que genera grandes costos de manutención.

Actualmente, alrededor de 23 por ciento de la población de India vive con menos de 1,25 dólares al día, el monto que mide oficialmente la pobreza.

Un ingreso que el Banco de Desarrollo Asiático considera inadecuado como medidor, que sugiere que se eleve a 1,51 dólares, lo que refleja mejor el monto necesario para mantener a una persona con un estándar mínimo de existencia.

Independientemente de cómo se mida la pobreza, está claro que en este país hay millones de personas que pasan hambre a diario. De hecho, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, las personas pobres aumentan año a año.

Para el especialista Ravi Khetrapal, alertó en diálogo con IPS que “si los pobres no acceden a la red de alimentos, morirán de hambre”.

La respuesta no es desmantelar el sistema, sino reformarlo, erradicar la corrupción y hacerlo más efectivo, sostuvo.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2015/07/corrupcion-deja-a-millones-de-personas-hambrientas-en-india/