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miércoles, 4 de abril de 2018

_- Juan Torres López. Vertebrar España.

_- Juan Torres López y Roberto Viciano Pastor.
Ctxt.

Es imprescindible que exista el compromiso inequívoco de la gran mayoría de los españoles con un proyecto común de España, de nuestra España diversa, sin matices ni evasiones

LUIS GRAÑENA I

No hace falta decir que la situación que se está viviendo en Cataluña desde hace tiempo y que ha empeorado en los últimos meses sigue siendo realmente grave y peligrosa para la convivencia pacífica, no sólo entre la población catalana sino para el conjunto de los españoles. A corto plazo no hay salidas claras y nos parece muy ingenuo creer que el conflicto se puede resolver imponiéndose una parte (aunque fuera mayoritaria o tenga la legitimidad que tiene el Estado de derecho) sobre la otra (por muy minoritaria que fuera, que ni lo es ni lo va a ser).

Ahora bien, que en Cataluña se haya podido extender en tan gran medida la convicción de que una parte de la población, ni siquiera mayoritaria, puede imponer a la otra nada más y nada menos que la independencia, es decir, que haya brotado (y en tan poco tiempo) una dinámica tan totalitaria y excluyente no puede ser el simple resultado de procesos internos. También han debido influir los modos en que se ha planteado la relación y la convivencia de Cataluña y los catalanes con el resto de los españoles y con el conjunto de España.

A nuestro juicio, lo que ha sucedido es que el modelo del Estado de las Autonomías diseñado en la Constitución de 1978 ha llegado a un nivel de degeneración próximo a la insostenibilidad. Eso ha ocurrido, para colmo, en una coyuntura muy compleja: cuando los grandes partidos sobre los que ha pivotado nuestra democracia en los últimos cuarenta años (PP, PSOE y nacionalistas catalanes) entraron en barrena al no poder seguir tapando la corrupción que ha generado su gestión ni las vergüenzas del modo en que han gobernado la reciente crisis económica (sobre todo, CiU en Cataluña), y porque los partidos que nacieron como respuesta (Podemos y Ciudadanos) no supieron aprovechar las últimas elecciones generales para convertirse en ejes de la regeneración institucional que reclama la sociedad española.

II

La existencia de tensiones territoriales, como las de ahora, ha sido una constante a lo largo de nuestra historia y las diferencias entre nuestros pueblos es un hecho innegable que ha generado siempre fuerzas disgregadoras. Pero las respuestas, como en los últimos tiempos, no siempre han ido, desgraciadamente, en la línea de integrar y unirnos solidariamente en la diversidad.

La mayoría de las derechas españolas contempla el nacionalismo periférico según el estereotipo que describió magistralmente José Ortega y Gasset en su España invertebrada,como “un movimiento artificioso, extraído de la nada, sin causa ni motivos profundo”. De modo, seguía diciendo el filósofo madrileño, que hablar de regiones, de pueblos diferentes, de Cataluña, de Euskadi, parecería entonces como “cortar con un cuchillo una masa homogénea y tajar cuerpos distintos en lo que era un compacto volumen”.

Las izquierdas españolas, por su parte, sirvieron de contrapeso de los nacionalismos, del centralista español y de los periféricos, pero solo hasta que los golpistas españoles de 1936 consiguieron, con una magnífica operación de marketing, identificarse con la idea de España.

A partir de entonces “lo español” se convirtió en rasgo de identidad de la dictadura franquista y, como estúpida reacción, las fuerzas de izquierda se situaron enfrente de todo lo que pudiera sonar a España. Asumieron entonces como propias las posiciones identitarias, nacionalistas periféricas e incluso, en algunos casos, independentistas, como si éstas fueran, por oposición, las auténticas expresiones de la libertad y la democracia que la dictadura había pisoteado.

III

La tensión entre dos nacionalismos, uno más fuerte y cargado de vestigios imperiales y otro más débil y en expansión, pero ambos igual de excluyentes entre sí, impidió el nacimiento en democracia de un auténtico proyecto nacional de todos los españoles.

Sin ese proyecto, temerosos todos ante los embates del terrorismo nacionalista, y confiandos en que el nacionalismo moderado de la periferia ayudaría a consolidar el Estado democrático, a lo largo de la Transición se articuló una organización territorial de España que podríamos calificar de vergonzante, que no era ni una cosa ni la otra, y que fue diseñándose a golpe de tirones, de negociaciones bilaterales y de remiendos. Desde que se aprobó la Constitución de 1978 se ha venido produciendo una carrera sin fin de peticiones e incluso de chantajes, y la cesión continua de competencias y prebendas financieras por parte del Estado y de los partidos de ámbito estatal para evitar la activación de la agenda independentista de los nacionalismos vasco y catalán.

Con ese método de diseño y desarrollo, nuestro proceso de organización territorial ha terminado produciendo una descentralización asimétrica o incluso deformada y en constante proceso de reconfiguración. No llega a lo federal pero tiene componentes de confederación (régimen foral); tiene una enorme descentralización de las competencias y el gasto pero es muy dependiente del centro en el ingreso; la autonomía es muy amplia pero hay una escasa capacidad de codecisión y los mecanismos de interrelación entre las diferentes instancias de gobierno son muy débiles o casi inexistentes. Y, lo que resulta más importante, el Estado de las Autonomías no ha permitido que se cumpla el primer precepto que señala la Constitución en relación con la organización territorial del Estado en su artículo 139.1, que “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.

Para llenarse de contenido, las Comunidades Autónomas han exagerado su actividad normativa (785.000 páginas de nuevas leyes y reglamentos solo en 2016), creando un marasmo legal que dificulta la actividad económica y la necesaria unidad del mercado, que ha multiplicado innecesariamente la burocracia e inducido a la corrupción. Sin suficientes mecanismos de control y rendición de cuentas y en un marco de competencias duplicadas y mal diseñadas, las autonomías han generado un gasto y una deuda excesivos que no siempre han redundado en la mejora de los niveles de vida. El sistema de financiación autonómico ha tenido un diseño inadecuado y muy imperfecto que se ha resuelto siempre a base de competencia entre territorios, no siempre leal ni corresponsable. Y las competencias educativas y de medios de comunicación autonómicos se han utilizado, en demasiadas ocasiones, para fomentar la ideología nacionalista y el resentimiento y enfrentamiento entre las comunidades, en lugar del respeto, la concordia y la fraternidad entre las personas y los pueblos.

La consecuencia de todo ello ha sido paradójica: no solo no se ha podido evitar la puesta en marcha de la agenda independentista, sino que ésta se alimenta del mal diseño de nuestra organización autonómica y termina activándose, en el marco de un aumento de la inequidad y la desigualdad entre los españoles y entre nuestros territorios, y cuando el desarme de medios y competencias que sufre la administración central deja al Estado en situación de extrema debilidad (el alojamiento de las fuerzas de seguridad desplazadas a Cataluña en estrambóticos cruceros es una expresiva muestra de ello).

IV

La respuesta a la situación de crisis que estamos viviendo no puede ser la de volver a reproducir la lógica extremista del péndulo, como está tratando de hacer el Partido Popular (“ahogarlos por directa estrangulación: persiguiendo sus ideas, sus organizaciones y sus hombres”, escribió Ortega y Gasset). Tampoco la de exacerbar el nacionalismo español más rancio e igualmente totalitario que vuelve a confundir a toda Cataluña y a los catalanes en su conjunto con el independentismo. Igual de inútil es tratar de moverse en tierra de nadie o querer contentar a todos sacando recursos de donde no los hay, como hacen las izquierdas que siguen teniendo miedo incluso a mencionar el nombre de España. Ni vale el más de lo mismo, estirando el modelo actual mal diseñado, o tratar de multiplicar el número de naciones como si fueran piñones en una especie de café para todos elevado a la enésima y más absurda de las potencias. Nada de eso puede resolver nuestros problemas de ahora.

Por el contrario, nos parece que ha llegado el momento de enfrentarnos democráticamente, con serenidad, con generosidad y con rigor al asunto central que los españoles no pudimos contemplar abiertamente en 1978, quizá porque era materialmente imposible hacerlo en la situación en la que estábamos entonces, con la correlación de fuerzas y con la natural desconfianza mutua de aquel momento.

Es la hora de invertir el orden de las cosas. Ni se puede creer que la solución de los problemas territoriales de España puede venir de la recentralización, por muy de nuevo cuño que fuera, ni podemos continuar haciendo concesiones ad infinitum y continuos remiendos en el diseño del Estado Autonómico. Hay que comenzar, en primer lugar, por analizar rigurosamente lo que ha fallado. En segundo lugar, habría que consensuar el proceso que puede permitir que se plantee y resuelva democráticamente el problema básico de la legitimidad, efectiva y no solo formal, del proyecto común de España. Para ello es imprescindible que exista lo que a nuestro juicio hay que reconocer que no se ha logrado de modo real a causa del mal diseño del Estado de las autonomías: el compromiso inequívoco de la gran mayoría de los españoles con un proyecto común de España, de nuestra España diversa, sin matices ni evasiones. Un compromiso que creemos que en estos momentos solo puede venir de una refundación basada en la libre voluntad de los pueblos que componen nuestra Patria, sustituyendo la remota fundación por vía de guerras y de matrimonios dinásticos por una democrática en la que todos los pueblos de España, en plano de igualdad, puedan decidir si mantienen el proyecto común o lo abandonan, pero eso sí, con todas sus consecuencias para todos.

Vascos y catalanes, pero también el resto de los españoles, deberíamos decidir si estamos dentro o fuera. Y si los pueblos de España, como es de esperar, deciden libremente integrarse en la soberanía nacional española lo tendrán que hacer en plano de igualdad con el resto de los ciudadanos y pueblos de España, sin más hechos diferenciales que los estrictamente culturales, entendiendo que cualquier ser humano, sea cual sea su peculiaridad cultural o lingüística, tiene unos mismos derechos y unas mismas obligaciones, dejando atrás mecanismos feudales de articulación política y afrontando los graves problemas de futuro que tiene la España del siglo XXI, no sólo en el interior sino en nuestro entorno geopolítico.

Solo así nos parece posible lograr el rediseño del Estado que garantice lo que hasta ahora no hemos conseguido: que todos los españoles, siendo tan diferentes, tengamos igual derecho de acceso a los bienes y servicios públicos y que contribuyamos a sufragarlos en condiciones de equidad. Por ejemplo, disponiendo de un sistema de salud y cuidados nacional que permita atender las necesidades de todos los españoles de manera igualitaria, inmediata y sin obstáculos en cualquier parte del territorio nacional, o de un sistema educativo estatal que, preservando la educación en lenguas y tradiciones de los diferentes pueblos de España, contenga un pensum detallado común a todos los españoles y asegure el perfecto conocimiento del idioma vehicular común. Que garantice algo tan esencial como la coordinación y subordinación de las policías autonómicas con las fuerzas de seguridad del Estado que permitan una mayor eficacia y seguridad a todos los españoles; o que dispongamos de instituciones y mecanismos que permitan la coordinación efectiva, la codecisión y la solidaridad en la práctica entre todas las instituciones de nuestros diferentes territorios.

Somos conscientes de lo irreal que puede parecer este planteamiento en la situación en la que estamos, en medio de una gran crisis de confianza en las instituciones, de enfrentamiento entre diferentes poderes del Estado, abochornados por la corrupción, sin habernos recuperado del todo de la crisis económica, y con los partidos políticos fuertemente enfrentados e incapaces de generar alianzas o consensos de amplio calado. Pero ¿quién puede creer de verdad que un problema tan grave se resuelve solo con reformas de tercer nivel, por inercia, escapando o ganando votaciones por los pelos para huir hacia adelante, sin consenso y sin el apoyo de una mayoría social amplísima y verdaderamente transversal?

Es imprescindible el impulso ético ciudadano que lleve al parlamento y al gobierno, como preferencia de la mayoría social más amplia posible, verdaderamente transversal, la demanda de un consenso nacional profundo y de unidad.

Como dijo el ya mencionado Ortega, lo que impulsa y nutre la creación de auténticas naciones no es la fuerza, ni obligar y ni siquiera el convencer, sino “un proyecto sugestivo de vida en común”. Esto es lo que de verdad tendríamos que poner en marcha todos los españoles sin distinción, quizá recordando la máxima del sabio Albert Einstein: si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

Roberto Viciano Pastor es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.

Fuente: http://ctxt.es/es/20180314/Firmas/18463/Juan-Torres-VIciano-Pastor-Espa%C3%B1a-Politica.htm

miércoles, 24 de mayo de 2017

El IRPF y la campaña de la cruz.

Antonio Gómez Movellan

La conferencia episcopal está divulgando spots y videos en las redes sociales para animar a los católicos a poner una cruz en la casilla del IRPF. La iglesia católica utiliza el dinero del IRPF, según la memoria que la propia Iglesia presenta, para pagar al clero, para pagar gastos burocráticos de las diócesis y algunos otros gastos diversos como la televisión 13tv. Pero la realidad es que el Estado español, tras 40 años de Estado que se dice aconfesional, sigue financiando íntegramente lo salarios del clero diocesano. La Iglesia dice que esta recaudación es libre ya que, libremente, los ciudadanos pueden poner o no poner la cruz. En verdad la propia Iglesia Católica, en los acuerdos del año 1979, se había comprometido a autofinanciarse y no depender del Estado. Es un incumplimiento de los Acuerdos con la Santa Sede pero estos acuerdos constituyen la barricada que garantizan los privilegios de la iglesia católica, privilegios más propio de un Estado católico que de un estado aconfesional.

Una de las justificaciones que utiliza la iglesia católica para animar a poner la cruz en la casilla del IRPF es la caridad. La acción caritativa de la iglesia es tal, se argumenta, que la iglesia católica ahorra mucho dinero al Estado. Argumento mentiroso y falaz. En primer lugar, se debe subrayar que la situación en España es alarmante. Alarma que ha venido desde la propia OCDE, que en su último informe alerta sobre el hecho que el crecimiento no disminuye ni la pobreza ni la desigualdad en nuestro país. Pretender que a través de la caridad se resuelven estos gravísimos problemas sociales es una utopía. En realidad cuanta más caridad hay en una sociedad menos solidaridad y prestaciones sociales existen. Pero, además, la caridad constituye un grandísimo negocio y en el que la iglesia participa a fondo. La iglesia con el cuento de la caridad recauda centenares de millones de euros de todo tipo de administración (locales, del Estado y de la Unión europea). La inspección de Hacienda y las autoridades responsables en luchar contra el fraude deberían entrar a saco en estas organizaciones y fundaciones ya que muchos analistas sospechan que el famoso caso del chiringuito financiero Gescartera -donde decenas de órdenes, diaconías y fundaciones religiosas estaban involucradas- solo era la punta del iceberg del uso de fondos públicos por parte de las fundaciones religiosas.

Uno de los problemas que existen en España, desde siempre, es que en vez de imitar lo civilizatorio se busca una introspección hacia lo reaccionario: el famoso “que inventen ellos” de Unamuno. La ley francesa de 1905 de separación de iglesia estado en su artículo 2 establece claramente lo que es un Estado laico "La Republica no reconoce, ni paga salarios ni subvencionada a ninguna religión”. Todo lo contrario de lo que pasa en nuestro país donde el Estado no solo da un reconocimiento oficial a la iglesia católica también paga a su clero y financia muchas de sus actividades de adoctrinamiento. Es lamentable que en cualquier acto oficial, de cualquier institución oficial siempre haya algún cura sentado en lugar prominente pero lo más lamentable es que en los propios actos religiosos más relevantes siempre haya un cargo público o algún militar flanqueando a tal o a cual obispo. En España, por una vez, hemos inventado algo mágico: ¡un estado aconfesional que financia a la iglesia católica y paga los salarios del clero!

domingo, 7 de mayo de 2017

La debilidad del Estado Español ante la Iglesia católica


José Aguza Rincón

Un año más comienza la campaña de la declaración de hacienda en la que una gran parte de la ciudadanía deberá cumplir con la obligación de informar sobre sus bienes y patrimonios y digo una gran parte porque no toda cumple con tan importante deber. Amplios sectores relacionados con “el estado eclesial” se encuentran exentos de dicha obligación, aunque eso sí, para reclamar parte de lo que otros declaran y abonan, sí que lo hacen.

Como cada año, la Iglesia realiza sus campañas publicitarias pidiendo a los ciudadanos que marquen la casilla de la Iglesia para recibir de éstos a través del Estado un buen pellizco de sus impuestos. Sin embargo en los últimos años no tienen bastante con reclamar dicha casilla, sino que también solicitan marcar los dos apartados, el de la Iglesia y el de Fines Sociales… o sea recibir por todas partes. ¡Es inaudita la falta de moral y de ética de quienes predican la austeridad que se conviertan en individuos avariciosos y codiciosos, totalmente alejados de lo que su propia religión predica!.

Para empezar los católicos deberían escuchar las palabras de su propio pastor, el papa Francisco, cuando dice “El dinero corrompe, no hay escapatoria. Enferma el pensamiento y la fe y la hace andar por otros caminos. De ahí nacen las envidias y los conflictos que consideran la religión como una fuente de lucro”.

Por otra parte Mateo, el que fuera recaudador de impuestos, reconvertido en apóstol y evangelista (aunque existan fuentes que cuestionen esta última apreciación), ya lo decía en sus Evangelios VI.19 “No queráis amontonar tesoros para vosotros en la tierra…” y VI,24 “Ninguno puede servir a dos señores … No podéis servir a Dios y a las riquezas”.

La ignorancia es la madre de infinitos males y el pueblo español sigue siendo un pueblo ignorante y desconocedor de su historia, así como de los orígenes de algunos asuntos como el que nos incumbe. La sociedad actual vive una situación de parálisis intelectual permanente, aún a pesar de los modernos medios de comunicación con que cuenta.

En el siglo XVIII la Revolución Francesa terminaría con el poder de la monarquía y de la Iglesia, dando paso a una etapa de progreso, basándose en fundamentos como el pragmatismo, el empirismo y el racionalismo y de la que España poco ha aprendido.

El origen de estos “derechos” no corresponden a tiempos inmemoriales de la Iglesia, sino a épocas muy recientes y de acuerdos de la monarquía española con la curia, allá por el siglo XIX, concretamente a la década moderada (1844-1854) de la reina Isabel II, que a través de su ministro de Gobernación Pedro José Pidal, sería el responsable de firmar en 1851 el primer Concordato con la Santa Sede.

Con posterioridad a dicho acuerdo, los únicos Concordatos firmados correspondieron a gobiernos fascistas como el rubricado por Benito Mussolini, primer ministro del rey Víctor Manuel de Italia, en los Pactos de Letrán el 11 de febrero de 1929 con el cardenal Pietro Gasparri en nombre de Pío XI y más tarde el Reichskonkordat firmado el 20 de julio de 1933 por el de en aquel tiempo presidente alemán Paul von Hindenburg a través del vicecanciller Franz von Papen y el cardenal Eugenio Pacelli (más tarde llamado Papa Pío XII) en nombre del entonces Papa Pío XI.

Los artífices de regularizar las relaciones político-religiosas del Estado con la Iglesia, fueron inicialmente el propio Franz von Papen y el sacerdote católico político de derechas Ludwig Kaas, que previamente habían apoyado la Ley Habilitante que otorgaba plenos poderes al líder nazi Adolfo Hitler.

Y el último acuerdo recuperado en España en los años cincuenta y que sigue en vigor con las modificaciones de 1976 y 1979, vuelve a ser el Concordato entre el Estado Español y la Santa Sede, inicialmente firmado en época de la Dictadura de Franco en la Ciudad del Vaticano el 27 de agosto de 1953 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores Alberto Martín Artajo y su sucesor el embajador de España en la Santa Sede Fernando María Castiella y Maíz con el Secretario de Estado representante de la Iglesia Domenico Tardini.

Franco en la indispensabilidad de reconocimiento de su régimen nacionalcatolicista, buscaba incesantemente apoyos de miembros de la iglesia para perpetuar sus fines y en esa necesidad se dirige al Papa Pío XI con un tono de humildad y sumisión que más bien parece una carta humillante y rastrera, recordándole el centenario del primer Concordato español con la Santa Sede y solicitándole “lo antes posible la celebración de un Concordato según la tradición católica de la nación española… Y asegurarán una pacífica y fecunda colaboración entre la Iglesia y el Estado en España … Seguro de su comprensión y benevolencia postrado ante su Santidad, besa humildemente su sandalia el más sumiso de vuestros hijos”.

Así surgió de nuevo en España este indignante acuerdo, que a pesar de haber sido ratificado por la Constitución de 1978, habría que cuestionarse seriamente dicha constitucionalidad, dado que amparado por dicha norma, nadie ha presentado recurso contra el fondo del mismo ante el Tribunal Constitucional u organismos superiores como el de la Haya.

El Concordato español de 1953 reconocía que el Estado español se comprometía a sufragar los gastos de la actividades de la Iglesia y otorgarle privilegios legales, políticos, económicos y fiscales, a cambio de la potestad de Franco (además de pasear en todos los actos religiosos bajo palio) para nombrar obispos y el apoyo de ésta a su autárquico régimen para facilitar su reconocimiento internacional.

Entre los privilegios recibidos por la Iglesia estaban las exenciones fiscales, subvenciones para el mantenimiento de su patrimonio, restauración y construcción de nuevos edificios, el derecho a fundar estaciones de radio y publicaciones de libros, prensa y revistas, censura de material cultural (libros, prensa, radio, cine, música, etc.), matrimonios canónigos obligatorios para todos los católicos, monopolio en la enseñanza de la religión en las instituciones educativas tanto públicas como privadas o la exención del servicio militar para el clero, lo que dejaba muy clara la confesionalidad católica del Estado.

Tras la muerte del Dictador, este acuerdo fue sustancialmente modificado por otro firmado en Ciudad del Vaticano el 28 de julio de 1976 por el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, el propagandista católico Marcelino Oreja Aguirre y el Perfecto del Consejo para Asuntos de la Iglesia, el cardenal Giovanni Villot.

Con posterioridad se volvería a rectificar, firmando cuatro acuerdos entre España y la Santa Sede el 3 de enero de 1979, con total secretismo y alevosía cinco días después de la entrada en vigor de la Constitución del día 28 de diciembre de 1978 y publicándose en el BOE número 300 de 15 de diciembre de 1979 (páginas 28781-28784).

El acuerdo, como decía, negociado en secreto y paralelamente a la discusión de los textos de la Constitución y de la redacción del polémico artículo 16 que garantizaba la libertad religiosa y de culto, sería ratificado por el rey Juan Carlos, tras la firma de nuevo de Marcelino Oreja y del cardenal Villot.

Dichos acuerdos eran referentes a asuntos jurídicos, culturales y de enseñanza, asuntos económicos y de asistencia religiosa, además de multitud de disposiciones de difícil digestión democrática, como podrían ser las relacionadas con la conservación de patrimonio e inmatriculaciones, financiación de fondos públicos, actividades doctrinales y comerciales o régimen de exención de impuestos, lo que podríamos considerar como un paraíso fiscal legalizado.

El Estado con dicho acuerdo se sigue comprometiendo a colaborar con la Iglesia en la consecución de su adecuado sostenimiento económico a través de los presupuestos generales, asignándole un porcentaje del rendimiento de la imposición de renta que actualizará anualmente y que estará exenta de recortes independientemente de la situación de las arcas públicas, lo que no se respeta igualmente en el caso de servicios públicos como la enseñanza, la sanidad, las pensiones o la asistencia social.

Es más que criticable esta situación por parte de los distintos gobiernos democráticos y de grupos políticos, de los que no se salvan algunos que se dicen de izquierdas, que siguen participando como representantes públicos en actos religiosos o favoreciendo tanto privilegios eclesiásticos tanto económicos, así como de utilización y apropiación de espacios públicos, edificios, casas, plazas o locales, rayando el abuso y la legalidad.

No son pocos los grupos especialmente críticos, tanto de índole laicos, como cristianos que han reclamado a distintos gobiernos del PSOE o al actual Gobierno de Rajoy esta situación. Desde el teólogo Juan José Tamayo a colectivos como la Asociación de Teólogos Juan XXIII o Cristianos de Base han mostrado su rechazo a estos privilegios de la Iglesia católica en España.

En muchos casos se denuncia la supuesta aconfesionalidad del Estado, lo que supone el respeto al principio de separación entre éste y las diferentes confesiones, donde la escuela pública no debe impartir en su espacio ningún tipo de enseñanza confesional.

Opino que es tiempo de que la ciudadanía despierte de su aletargamiento místico y de esa apatía generalizada para que comience a reclamar lo que social y legalmente le corresponde.

José Aguza Rincón. Colectivo Prometeo. FCSM.

martes, 27 de enero de 2015

La devastación de los bienes públicos. Desde que llegó la crisis, todo es destrucción, acelerada a partir del actual Gobierno. No hay voluntad de reforma ni planes de mayor eficiencia

Venimos de un Estado pobre, menesteroso, por no decir miserable, más que endeudado, en permanente bancarrota desde la guerra de la independencia hasta la guerra de Cuba. En medio, guerras civiles entre liberales y carlistas y, después, los continuados desastres de la guerra de Marruecos, que prolongaron la situación de quiebra hasta bien entrado el siglo XX, cuando “pacificado” el protectorado marroquí, una enésima rebelión militar, con su secuela en forma de revolución obrera y campesina, arrasó de nuevo al Estado dejando aquella espantosa ruina que fue la herencia recibida por quienes penamos la suerte de nacer en los años del hambre.

Es un tópico de nuestra historia atribuir la floración de naciones, venidas a la existencia en la coyuntura de aquel fin de siglo, a una debilidad congénita del Estado español. ¿Debilidad, se podría preguntar, o más bien ausencia? Cuando Ortega publicó su apelación a la República, varios años después de que Azaña lanzara la suya, cerró su memorable artículo con un “¡Españoles, no tenéis Estado, reconstruidlo!”. El Estado español de los años veinte del siglo pasado se había convertido en una especie de sociedad de socorros mutuos, había escrito también nuestro más ocurrente filósofo. Ocurrencia genial en este caso, porque en efecto todo el aparato del Estado no daba más que para sostener a aquella sociedad que en otra ocasión el mismo Ortega calificó como vieja España.

El caso es que, entre el servicio de la deuda contraída para alimentar un ejército en permanente derrota, lamiéndose sus heridas en el exterior con sus recurrentes rebeliones en el interior, el Estado español careció de recursos, no ya para crear nación, sino para edificar centros escolares, construir institutos de enseñanza media, financiar centros superiores de investigación científica, levantar hospitales, extender ambulatorios, abonar pensiones, desarrollar servicios. La enseñanza primaria y media se abandonó en los centros urbanos a manos de la pléyade de órdenes y congregaciones religiosas que acudieron a España como a panal de rica miel cuando comprobaron que el Estado no dedicaba ni un céntimo al capítulo de salarios a maestros, y dejaba pasar décadas sin construir ni un solo instituto. En los hospitales de beneficencia se hacinaban los pobres, y los ambulatorios de la mal llamada Seguridad Social eran lugares sucios y malolientes, donde un médico mal pagado recibía al paciente sin dejar que se sentara, apestando a tabaco y recetando cualquier cosa en un minuto, después de echarle una mirada de abajo arriba en la que se concentraba la mezcla de desprecio y hastío que le provocaba aquella hora en que despachaba a una cincuentena de pacientes.

Ese fue el Estado que heredamos: nada de extraño que, cuando llegamos a la edad de la razón política, quisiéramos ser como los franceses. Parecerá una tontería, pero aquel querer ser como actuó al modo de espoleta, movilizando energías y recursos, despertando voluntades y agudizando inteligencias para acabar de una buena vez con el lamento y poner manos a la obra: en pocos años dejamos de querer ser como y emprendimos la tarea de ser como. En resumen: un Estado democrático al modo de Europa, con un potente sistema de salud, educación primaria universal y gratuita, institutos para enseñanza media, universidad en expansión, centros de investigación, pensiones. El español era por fin como los europeos un Estado sostenido en el compromiso keynesiano, en bienes públicos que amortiguan las desigualdades sociales inherentes al sistema capitalista.

Y de pronto, la política elaborada para hacer frente a la primera gran crisis del capital del siglo XXI rompe, contra los intereses de la mayoría, el pacto que sirvió de base a nuestro actual Estado social. Las listas de espera en la sanidad pública se alargan hasta el punto de sumar cientos de miles los pacientes que ven pasar meses y hasta años sin posibilidad de realizar una consulta, someterse a un análisis o sufrir una operación. Y si se mira al ámbito de la ciencia, el paisaje comienza a ser el de un territorio desertado, producto de una terapia de choque: drástica reducción de presupuestos, supresión de programas, cierre de equipos, investigadores a la calle. La majadera provocación de Miguel de Unamuno cuando de su pluma salió “que inventen ellos” no es nada comparado con el perverso designio que anima al Gobierno de esquilmar la producción científica en España.

Aunque la propaganda política se cebe en desprestigiar a los funcionarios como individuos que una vez conquistada su plaza se echan a sestear, es lo cierto que en la historia de la Universidad y de los centros superiores de investigación de España nunca se había publicado, debatido o celebrado simposios como en los últimos 30 años. Nunca tantos españoles han participado en tantos proyectos internacionales de investigación o han ganado una plaza docente en universidades extranjeras. Pero nunca tampoco han vivido tantos investigadores, con decenas de artículos publicados en las mejores revistas de su especialidad, tan en precario, como becarios hasta cumplidos los 40 años, o haciendo ya las maletas. Y el panorama no es muy diferente si se mira a la educación primaria y media: miles de profesores que habían concursado con éxito en oposiciones para plazas docentes y que solo pudieron ocuparlas de forma interina se han encontrado con el despido mientras se expanden los colegios concertados.

Tan recién construido como era nuestro Estado social, con apenas 30 años de vida, y ya se empeñan desde los Gobiernos en provocar su irreversible ruina, reduciendo presupuestos en sanidad, educación y ciencia, paralizando inversiones, expulsando a interinos, amortizando plazas de jubilados (10 por uno es nuestro precio), externalizando —¡qué negocio!— servicios, congelando salarios. Y como la política de destrucción de bienes públicos por las bravas, entregándoselos a precio de saldo a intereses privados, ha tropezado con fuertes resistencias en la calle, se ha sustituido por un deterioro programado: que nos hartemos de esperar tres, seis, nueve meses en una lista y vayamos adonde tendríamos que haber ido desde el principio, a la clínica privada; que la gente se espante al ver que sus hijos van a una clase donde los alumnos comienzan a ser multitud y los maestros parecen cansados.

Lo vamos a sentir, a llorar más bien, porque nunca hemos disfrutado en España de bienes públicos en tanta cantidad y de tan alta calidad como los construidos desde la Transición a la democracia hasta 2008. Pero desde que nos golpeó la crisis, todo es destrucción, acelerada a partir del retorno del Partido Popular al poder. Destrucción, no reforma, no planes en busca de mayor eficiencia, no mejora en la distribución y empleo de recursos, no propuestas para alcanzar mayores rendimientos, no políticas de personal que premien méritos y penalicen ausencias inexcusables. Reformar para qué, si se ahorra más y se acaba antes sacudiéndonos todo este peso de encima: esa es la política; y este el resultado: una amenazante devastación de bienes públicos que pone fin al periodo de mayor cohesión social vivido por la sociedad española desde que existe como sujeto político, o sea, desde la Constitución de Cádiz.

Lo que vendrá después, una vez culminada la operación, ya se puede imaginar: los bienes y servicios públicos emergerán de su ruina como propiedades privadas cuyo acceso por los ciudadanos estará en función de su diferente poder adquisitivo. No era bastante la agresión que las clases medias, en sus distintos niveles, han sufrido con la bajada de salarios nominales y reales, la masiva pérdida de empleos, los ERE y demás artefactos de liquidación de derechos laborales, que no contentos con todo eso, se aplican a dar la última puñalada: si necesitas ir al médico, hazte un seguro privado; si estás dotado para la ciencia, vete al extranjero; si quieres para tus hijos un colegio con un profesorado joven y motivado, págatelo de tu bolsillo. Esto es el mercado, so idiotas, nos dicen los que pretenden protegernos de la devastación que ellos mismos provocan en los bienes públicos. Y en esas estamos, con un mercado creciente y un Estado menguante, en trance de reducirse otra vez a sociedad de socorros mutuos.
Santos Juliá es historiador. Fuente: http://elpais.com/elpais/2015/01/14/opinion/1421264130_105197.html

viernes, 22 de agosto de 2014

Fósforo y libertad

En el último número de la revista Times, Robert Draper hacía una descripción de los políticos (libertarios)(1) neoliberales jóvenes —en términos generales, gente que combina la economía del libre mercado con unas opiniones sociales permisivas— y se preguntaba si iríamos camino de un “momento (libertario en adelante neoliberal) neoliberal”. No parece probable. Los sondeos indican que los jóvenes estadounidenses tienden, si acaso, a respaldar más que sus mayores la idea de una Administración más grande. Pero me gustaría plantear una pregunta diferente: ¿la economía neoliberal es realista?

La respuesta es que no. Y el motivo puede resumirse en una palabra: fósforo.

Como probablemente hayan oído, la ciudad de Toledo recomendaba hace poco a sus residentes que no bebiesen agua del grifo. ¿Por qué? Por la contaminación provocada por una proliferación de algas en el lago Erie, debida en gran parte a los residuos líquidos de fósforo procedentes de las granjas.

Cuando leí la noticia, me vino algo a la cabeza. La semana pasada, muchos peces gordos del Partido Republicano hablaban en una conferencia patrocinada por el blog Red State; y me acordé de un sermón antigubernamental que soltó hace unos años Erick Erickson, el fundador del blog. Erickson daba a entender que las normas gubernamentales opresivas habían llegado a un punto en el que los ciudadanos podrían sentir el impulso de “encaminarse hacia la casa de un legislador estatal, sacarlo a la calle y darle una buena paliza”. ¿A qué se debía su cólera? A que se habían prohibido los fosfatos en los detergentes para lavavajillas. Después de todo, ¿qué interés podían tener los funcionarios de la Administración en hacer algo así?

Una aclaración: los Estados que están a orillas del lago Erie prohibieron o restringieron en gran medida los fosfatos en los detergentes hace ya mucho, lo que durante un tiempo ha librado al lago del desastre. Pero hasta ahora no se ha podido controlar eficazmente la agricultura, y el lago está agonizando otra vez y harán falta más intervenciones gubernamentales para salvarlo.

La cuestión es que, antes de despotricar contra una injerencia gubernamental injustificada en nuestras vidas, tendríamos que preguntarnos por qué interviene la Administración. A menudo —no siempre, claro está, pero mucho más a menudo de lo que los incondicionales del libre mercado querrían hacernos creer— hay, de hecho, un buen motivo para que el Gobierno tome medidas. El control de la contaminación es el ejemplo más simple, pero no el único.

Los políticos neoliberales inteligentes siempre han sido conscientes de que hay problemas que el libre mercado no puede resolver por sí solo, pero sus alternativas a la Administración tienden a ser poco plausibles. Por ejemplo, es célebre el hecho de que Milton Friedman pedía la abolición del Organismo para el Control de Alimentos y Medicamentos. Pero, en ese caso, ¿cómo sabrían los consumidores que la comida y los medicamentos son de fiar? Su respuesta era que recurriesen a la responsabilidad civil. Afirmaba que las grandes empresas tendrían incentivos para no envenenar a la gente por el miedo a las demandas legales.

¿Creen que eso sería suficiente? ¿De verdad? Y, por supuesto, la gente que protesta por una Administración grande también tiende a defender la reforma de las leyes de responsabilidad civil y a atacar a los abogados procesalistas.

Lo más habitual es que los autodenominados políticos neoliberales se enfrenten al problema del fracaso del mercado pretendiendo que no existe e imaginando la Administración como algo mucho peor de lo que es...
Fuente: 17 AGO 2014  El País.
(1) Con todo respeto, en España libertario tiene un significado anarquista, ácrata. La palabra neoliberal o neocon, reflejaría mejor el significado real del concepto tan conservador del término.

viernes, 22 de febrero de 2013

¿Todo es falso ? Eso afirma el autor (Claro, salva algunas cosas para evitar la paradoja)

Es falso que la crisis sea sinónimo de depresión económica, y que esta sea un fenómeno meteorológico pasajero. La recesión es solo el síntoma del pasaje a un nuevo escenario, reflejo de un conflicto político entre quienes queremos vivir bien en sociedad y los que insisten en vivir mejor que los demás a costa de ella.

Es falso que alguien "nos vaya a sacar" de esta crisis. Mucho menos quienes la aprovecharon para forzar la creación de una sociedad más injusta.

Es falso que las deudas haya que pagarlas. No si esto implica la tiranía. No si seguimos sin incluir todos los costes en el balance, especialmente el coste ecológico y social.

Es falso que lo que necesitamos para llevar una vida digna, más allá de la mera supervivencia física, pueda ser deficitario. Los que preconizan esta falacia son los mismos que no ven problema alguno al consumo ilimitado -subvencionado si hace falta- de lo que no es necesario. Si no hay recursos disponibles es por voluntad política.

Es falso que el crédito se haya secado, las empresas hayan cerrado y el desempleo haya aumentado por culpa de un elevado gasto público. Por más veces que nos hayan contado esta mentira, no está de más repetir que es exactamente al revés. Es más, el reciclaje selectivo de la inmensa deuda privada en deuda pública no solo no ha devuelto el crédito sino que representa un auténtico saqueo colectivo.

Es falso que haya una crisis española, una crisis griega, otra portuguesa. Claro que existen particularidades territoriales, pero lo que hay es una crisis europea, que forma parte de otra sistémica cuyo alcance real apenas percibimos. Países en una situación coyuntural favorable pueden verse de pronto afectados por la suerte de los vecinos, por la sequía financiera o por la súbita sed de los poderosos. Las economías bailan al compás del movimiento de los capitales. Pero también de las luchas de sus productores.

Es falso que haya que "cumplir los deberes" que nos impone un ente lejano llamado Bruselas. La principal institución que los promueve es el Consejo, formado por gobiernos como el español.

Es falso que la política sea el problema y que la economía o lo público deban estar libres de influencias políticas. Son precisamente los que se presentaron como gestores y como técnicos los que nos han llevado al desastre. Falta politizar más, pero la política no puede ser reserva de una casta.

Es falso que la corrupción sea solo cosa de dos, el que corrompe y el corrompido. Suele haber terceros que creen beneficiarse de este arreglo, y que votan en consecuencia.

Es falso que la reforma laboral sirva para crear empleo. Su principal objetivo siempre fue disciplinarnos y fomentar la servidumbre voluntaria.

Es falso que el empleo nos haga libres y permita proveer por sí solo a nuestras necesidades básicas. Para la mayoría, el salario necesita compensarse siempre por otras vías: o mediante el gasto público (sanidad, educación), o mediante el crédito, o con una combinación de ambos. El neoliberalismo apostó todo al crédito y acabó provocando la mayor crisis financiera en décadas.

Es falso que el mérito asigne a cada uno en la posición en la que está. La producción es una tarea colectiva: que a muchos no les alcance para vivir ya es un robo.

Es falso que el dolor que nos infligen sea necesario, como afirmó sin sonrojo Mario Draghi en el Congreso de los Diputados. Cuando Draghi dice que la solidaridad consiste en "asegurar que la carga no sea soportada desproporcionadamente por determinados sectores o grupos de personas" se refería a los más ricos.

Es falso que el Banco Central Europeo tenga como principal objetivo "la estabilidad de precios". La manera en que ha intervenido durante la crisis y las declaraciones de sus presidentes muestran cómo ha servido de instrumento para aplicar una política económica antisocial.

Es falso que la alternativa al "ajuste" sea el crecimiento económico, si por tal entendemos la producción exponencial de bienes y servicios socialmente innecesarios, cuyo valor se apropian unos pocos sin consideración alguna de su coste medioambiental.

Es falso que la crisis económica pruebe que la dominación de clase sea más importante que la de género, racial, que la destrucción ecológica, o viceversa. Se puede y se deben afrontar todas.

Es falso que la izquierda partidaria pueda garantizar por sí sola una alternativa real a la cleptocracia. Las movilizaciones suelen producirse contra la derecha y apagarse tras el acceso al gobierno de fuerzas "progresistas". Pero es entonces cuando en realidad las movilizaciones deberían ser más potentes y a favor de una agenda común.

Todo es falso, salvo alguna cosa. La realidad que producen las mentiras. Lo que vivimos. Todo lo bueno que ya hacemos en común. Y lo que todavía podemos lograr juntos. Samuel. Quilombo

Fuente: http://www.javierortiz.net/voz/samuel/todo-es-falso

sábado, 1 de mayo de 2010

¿ESTADO VERSUS MERCADO? EL FALSO DILEMA

El desarme ideológico de las izquierdas explica que muchas de ellas hayan adoptado el esquema ideológico de las derechas, con las consecuencias que todos estamos viendo: la enorme crisis financiera y económica que estamos experimentando, y en cuya génesis encontramos las políticas liberales promovidas por los gobiernos de derechas y reproducidas en gran número de políticas llevadas a cabo por gobiernos de centroizquierdas.
Así pues, en la Unión Europea (UE), existe consenso en las instituciones europeas -desde el Consejo Europeo, a la Comisión Europea, pasando por el Banco Central Europeo-, de que hay que “apretarse el cinturón” y hacer sacrificios, lo cual quiere decir (en la mayoría de forums en que esta llamada a la austeridad se realiza) que hay que bajar los salarios (a través de reformas del mercado laboral, cuyo resultado será la disminución de la capacidad adquisitiva de las clases populares), y disminuir el gasto público para reducir el déficit y la deuda pública. Estas políticas se desarrollan dentro de un marco teórico en el que se considera que el mercado debe ser el que determine la distribución de los recursos, disminuyendo el intervencionismo del estado que dificulta el desarrollo y la eficiencia económica. Hoy, tanto las derechas como las izquierdas gobernantes comulgan con este credo. Y las diferencias políticas se reducen a cuánto mercado versus cuánto estado necesita la economía. Las izquierdas favorecen, en general, que el Estado tenga una función reguladora mayor y las derechas que la tenga menor. Pero por lo demás, ambas –las derechas y las izquierdas- coinciden en que el mercado debe ser el centro del quehacer económico.
Debido al enorme dominio de las derechas en los medios de información y persuasión, esta teoría ha alcanzado la categoría de dogma y como tal se reproduce a base de fe, en lugar de a partir de evidencia científica, puesto que ésta última demuestra claramente que este marco teórico no define la realidad existente hoy en la actividad económica que nos rodea. El Presidente Reagan, el gran gurú del pensamiento liberal (la sensibilidad dominante en las derechas, no sólo estadounidenses, sino también europeas), fue el presidente que aumentó más el intervencionismo público a base de incrementar considerablemente el gasto público durante su manato (de 21,6% al 23% del PIB) mediante el mayor crecimiento de los impuestos que un gobierno federal haya llevado a cabo en tiempo de paz en EEUU (reduciendo la carga fiscal del 20% de renta superior de la población, los más ricos de EEUU, pero aumentando la del 80% restante de la población) y permitiendo un gran crecimiento del déficit federal. El crecimiento del gasto público se dedicó, predominantemente, a tecnología militar y a subvenciones a las grandes corporaciones. Como bien dijo el ideólogo del pensamiento liberal en EEUU, John Williamson, “tenemos que reconocer que lo que el gobierno Reagan promueve a nivel internacional, no lo hace en su propio país” Institute for Internacional Economics. Washington DC. 1986).
El último ejemplo de la falsedad del modelo teórico “mercado versus estado” es lo que ocurre con el gasto farmacéutico. El capítulo farmacia consume alrededor de un 25-30% del gasto sanitario en la mayoría de países de la OCDE (en España es el 32%). Ello supone muchos millones de dólares o euros. EEUU se gasta 250.000 millones de dólares en productos farmacéuticos. Ahora bien, un porcentaje muy elevado (74%) es para comprar productos que tienen un precio inflado, resultado de estar patentado. Es decir, que para compensar lo que la industria farmacéutica define como costes de investigación, el estado le permite durante varios años tener un monopolio en la venta del producto, inflando su precio. No hay, pues, mercado que valga. Según el sistema de patentes, el estado no permite que haya mercado.
Esta práctica ocurre constantemente en el mal llamado libre mercado. Bill Gates no existiría si no hubiera sido porque el estado le dio el monopolio de Windows, prohibiendo alternativas. De ahí, la enorme fortuna de uno de los personajes más ricos del mundo. No fue el mercado, sino el estado el que creó a Bill Gates (permitiéndole unos ingresos de 60.000 millones al año, lo cual no podría ser de no existir tal patente). Pues bien, los costes que supone para la ciudadanía el sistema de patentes garantizadas por el estado se calcula que es alrededor de un 6,6% del PIB en EEUU (casi la tercera parte de los ingresos al estado federal). Recuerden que en todo ello el mercado no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de un monopolio garantizado por el estado. Seguir aquí.