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miércoles, 13 de abril de 2016

Estas son las claves para ajustar bien las cuentas con Hacienda. Las numerosos cambios en la campaña de la renta obligan a revisar con detalle los datos.

La campaña de Renta 2015 ha empezado ya. Tiene sus tiempos. Acabará definitivamente el próximo 30 de junio, aunque para quienes les salga “a pagar” y quieran domiciliar el pago, la ventanilla electrónica se cerrará el 25 de ese mes. En persona, las cuentas con Hacienda se podrán realizar desde el 10 de mayo (la cita previa se podrá solicitar desde el 4) y hasta el mismo 30 de junio.

Es importante cumplir los plazos. En primer lugar, porque cuanto antes se presente la declaración, teóricamente antes se cobra si es Hacienda la que debe dinero al contribuyente. En segundo lugar, porque de no hacerlo (o hacer mal la declaración), la Agencia Tributaria pasa la correspondiente factura. Si el contribuyente advierte, tras presentar su IRPF 2015, un error a su favor (se ha aplicado alguna deducción sobre la que no tenía derecho, por ejemplo) debe hacer una declaración complementaria lo más pronto posible. Antes del 30 de junio, no hay recargo; después sí: un 5% de la diferencia a ingresar en los tres meses siguientes, el 10% si se hace antes de seis meses y el 15% si es entre los seis y los 12 meses siguientes. Pasado ese plazo, el recargo será del 20% y, además, habrá que pagar intereses de demora.

Son muchas, muchísimas, las novedades de la Renta 2015. Tantas que, para bien o para mal, sorprenderán a casi todos los contribuyentes. Conviene más que nunca revisar datos y tener en cuentas las peculiaridades fiscales propias de cada Comunidad Autónoma. A continuación, se exponen los pros y contras que deberá tener en cuenta el contribuyente a la hora de ajustar cuentas con Hacienda.

CAMBIOS QUE JUEGAN A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
Entre los cambios que probablemente generen una cierta satisfacción sobresalen:

1. Como máximo (al margen de lo que haya decidido alguna Comunidad Autónoma), se paga el 46% de impuestos. (47% en 2014, pero 54% en 2012).

2. El tipo mínimo a pagar se ha reducido al 19% (en algunas comunidades autónomas llega al 21,5%) desde el 24,75% de 2014.

3. Los mínimos personales y familiares suben: 5.500 euros (en lugar de 5.151 euros); los de los descendientes (2.400 y 2.700 euros por primer y segundo hijo, por ejemplo, frente a los 1.836 y 2.040 euros del pasado año) y los de los ascendientes (1.150 euros de forma general y para los mayores de 75 años, 2.550 euros).

4. Aparecen los “impuestos negativos”: se aplican nuevas ayudas sociales (deducciones) a las familias numerosas por valor de 1.200 euros (ó 2.400 euros, si son “especiales”).

5. Han pasado a estar exentas las becas para investigación: tanto las públicas como las concedidas por las entidades sin fines lucrativos y las fundaciones bancarias. Tampoco tributan ni la Renta Mínima de Inserción (con cierta limitación) ni las ayudas a víctimas de delitos violentos y violencia de género ni las rentas obtenidas en procedimientos concursales por quitas y daciones en pago.

6. No se pagan impuestos por los beneficios obtenidos en los Planes de Ahorro a Largo Plazo siempre y cuando éstos se hayan mantenido 5 años.

7. Bastan 5 años (no 10) de antigüedad para que las rentas que se obtienen de los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS) estén exentas.

8. Los primeros 6.000 euros de ganancias obtenidas por la venta de acciones, inmuebles, fondos de inversión…, al margen de si se han obtenido en más o menos de un año, pasan a tributar al 19,5%; las que superen esta cantidad y hasta 50.000 euros, al 21,5% y el resto al 23,5%.

9. En este ejercicio ya se pueden compensar los rendimientos positivos del capital mobiliario (intereses de depósitos, por ejemplo) con pérdidas patrimoniales (venta de acciones, fondos…) y viceversa con un límite del 10%.

10. También es posible, y hasta en un 25%, compensar entre sí pérdidas y ganancias en la base imponible general.

11. Se ha elevado a los 2.500 euros anuales deducibles el importe de las aportaciones a planes de pensiones a favor de los cónyuges con rendimientos inferiores a 8.000 euros anuales.

12. Es posible desgravarse un 50% de los primeros 150 euros donados a ONGs, fundaciones…y un 27,5% del resto de las aportaciones (este porcentaje sube al 32,5% si lo dado no ha cambiado en tres años).

MODIFICACIONES CON UN IMPACTO NEGATIVO EN EL BOLSILLO
El desconcierto, sobresalto o susto puede llegar de la mano de estas otras 12 novedades, tal y como, señalan los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha):

1. Como máximo, un contribuyente puede reducir sus ingresos en 8.000 euros por sus aportaciones a planes de pensiones (no 10.000 euros). A un tipo impositivo del 40% por ejemplo, se “pierden” 800 euros.

2. Se ha eliminado la reducción general de los rendimientos del trabajo de 2.652 euros. En su lugar hay un gasto deducible de 2.000 euros, que solo aumenta en casos especiales (desempleados con cambio de residencia).

3. Las personas mayores de 65 años en activo pierden sus reducciones fiscales.

4. Las indemnizaciones por despido en 2015 están exentas hasta un máximo de 180.000 euros.

5. El porcentaje de reducción de los rendimientos irregulares es ahora del 30% y no del 40% y, además, con nuevas condiciones.

6. Se ha eliminado la exención de los primeros 1.500 euros anuales en dividendos o participaciones en beneficios.

7. Adiós a actualizar por la inflación (coeficientes de corrección monetaria) el valor de compra de la vivienda para calcular la ganancia obtenida por su venta. Ésta será así mayor y más impuestos se habrán de pagar.

8. Los “descuentos” que se aplicaban sobre las ganancias en la venta de acciones, viviendas, fondos… comprados antes del 20 de enero de 2006 tienen un tope máximo: 400.000 euros.

9. Se ha suprimido la deducción estatal por alquiler de vivienda habitual para todos aquellos inquilinos que firmaron sus contratos de alquiler a partir de 2015 (salvo que la Comunidad Autónoma lo permita).

10. Los propietarios de una vivienda destinada al alquiler solo pueden reducir su rendimiento neto positivo en un 60%, no el 100% como antes, si el inquilino era menor de 30 años.

11. Los inmuebles urbanos no arrendados ni afectos a actividades económicas, excluyendo la vivienda habitual y el suelo no edificado, generan una renta a efectos fiscales del 2% del valor catastral -el 1,1% si el valor ha sido revisado a partir del 1 de enero de 1994-. La reforma fiscal ha reducido este plazo a 10 años, por lo que se aplicará más generalizadamente ese 2%.

12. Las personas mayores de 65 años que hayan vendido su vivienda habitual tienen, si quieren que sus ganancias estén exentas de impuestos, 6 meses para constituir una renta vitalicia asegurada, con un límite de 240.000 euros. (Sin condiciones hasta ahora).

http://economia.elpais.com/economia/2016/04/07/actualidad/1460038512_414787.html
(Foto de Rosa Peña: Primavera en mi barrio. Rivermark. Santa Clara. California)

viernes, 15 de enero de 2016

‘Hacienda somos todos’, entre el axioma y el eslogan. La precisión de la abogada del Estado resulta desdichada por dos razones: era innecesaria y transmite la idea de que decenios de pedagogía fiscal han sido una farsa

Extraño resulta este proceso por el caso Nóos. El fiscal actúa en la práctica como un abogado defensor, Hacienda produce informes sin parar para que quede claro que la infanta Cristina no ha cometido delito y la Abogacía del Estado se comporta como eficiente auxiliar de la defensa. Nadie entiende que la Unidad de Delitos contra la Hacienda Pública escriba otro informe para argüir que Cristina de Borbón no cometió delito fiscal, porque tal escrito repite los argumentos expuestos durante todo el proceso. El ministerio podía haberse ahorrado el papel y las horas de trabajo de la funcionaria (Caridad Gómez Mourelo). Y menos todavía se entiende que, en el curso de su encendida exposición exculpatoria, la abogada del Estado, Dolores Ripoll, asombrara a los presentes explicando que la frase Hacienda somos todos “es de ámbito publicitario y no aplicable a derecho”. Solo le faltó añadir “y los Reyes son los padres”, pero Cayetana Álvarez de Toledo no se lo hubiera perdonado.

No es que no se entienda lo que quería decir la señora Ripoll. Pretendía trasladar a la sala con la contundencia debida (o la requerida por sus superiores) que los delitos o infracciones fiscales del caso solo afectan a la Hacienda pública; no perjudican al conjunto de los ciudadanos. Por tanto, si el perjudicado único (Hacienda) no reclama, pues se aplica la doctrina Botín y asunto resuelto. Pero el caso es que, primero, es discutible que en este caso solo haya un damnificado (Hacienda); existe una obligación o principio de redistribución justa de las cargas tributarias (artículo 31 de la Constitución). Un delito o infracción fiscal lesiona los intereses de todos los ciudadanos; y, en virtud de ese daño social, Hacienda debería haberse presentado contra los autores de los presuntos delitos en el caso Nóos.

Segundo, la Abogacía del Estado podría haber recurrido sencillamente al “no hay delito; no acusamos a la Infanta”, más corto e igual de dudoso, aunque menos conflictivo. Pero la abogada se empeñó no solo en negar, sino en “defender a la defensa” de Cristina de Borbón y cayó en el despropósito. Cuando la señora Ripoll dice que el venerable (nació en 1977) eslogan Hacienda somos todos es mera publicidad y no es aplicable a derecho, ¿se refiere a la frase en sí o a los principios constitucionales en que está basada, que obligan a todos los españoles a contribuir a las cargas del Estado? Aunque el primero no sea aplicable, los segundos sí lo son. Y, por tanto, como queda dicho, no es solo Hacienda quien tiene que contabilizar su daño. La precisión de la señora Ripoll resulta desdichada por dos razones: era innecesaria y transmite a los ciudadanos la idea de que decenios de pedagogía fiscal han sido una farsa.

Y una farsa es lo que están representando algunas instituciones públicas en este caso. Hacienda va en cabeza de las extravagancias, porque, igual que sucedió con los pagos en negro del PP, ha invertido totalmente sus prácticas inquisitorias; si con los contribuyentes en general solo cree lo que está documentado y sellado en papel timbrado, en lo que se refiere a Nóos acepta cualquier cosa que se diga en defensa de Cristina de Borbón.

http://elpais.com/elpais/2016/01/12/opinion/1452625537_540670.html

jueves, 2 de julio de 2015

Un país para ricos

Adolfo Muñoz, Txiki

Alfonso Basagoiti, ex-Consejero de Hacienda del Gobierno Vasco, ex-presidente del Círculo de Empresarios y ahora consejero de Euskaltel ha dicho que las vacaciones fiscales “se hicieron rematadamente mal” porque la rebaja de impuestos “se aplicó a pocas empresas” y debió hacerse a todas. Si se hubiera hecho así –dice- “no hubiera habido ningún problema con la UE”. No quiere que las empresas paguen impuestos y no dice la verdad cuando afirma que las empresas vascas pagan más impuestos que las españolas.

La realidad es que en base a subvenciones, bonificaciones y exenciones establecidas en el Impuesto de Sociedades, las empresas o pagan muy poco o no pagan nada.

ELA ha celebrado un Seminario sobre fiscalidad en Donostia los días 18 y 19 de Junio. En él se ha analizado el trato fiscal privilegiado para las rentas que no son de trabajo. Estas son las conclusiones del Seminario.

1.- Los gobiernos favorecen la acumulación de capital a la vez que las Haciendas desfiscalizan esas rentas para que no paguen impuestos. Esos mismos Gobiernos con la patronal atacan a los salarios y las Haciendas deciden que los impuestos recaigan, fundamentalmente, sobre las rentas de trabajo. Por eso aumentan las desigualdades. La competencia fiscal entre países basada en la bajada de impuestos al capital y a las empresas destroza un modelo de sociedad justo y solidario. No es casualidad que los países que mejor están respondiendo a la crisis sean los que más presión fiscal y gasto público tienen.

2.- El poder político y económico no tienen ningún interés en materia fiscal en favorecer la información y la participación social. Hacen creer a la ciudadanía que bajando los impuestos a los ricos ganamos todos. Nos tratan como si fuéramos idiotas. Las Haciendas Vascas son un reino de opacidad; una “caja negra” en la que una pequeña élite, muy cercana al mundo empresarial, decide los impuestos.

3.- La capacidad normativa de las Haciendas Vascas (Concierto y Convenio) se concreta en que tengamos 7 puntos de presión fiscal menos que la media europea (incluso menos que en España). De establecer la presión fiscal media europea se recaudarían 6.600 millones de euros más. Los beneficiados son las rentas altas, empresariales y de capital. En realidad, desde hace muchos años, no ha existido una política fiscal propia en el ámbito vasco. Las Haciendas de los cuatro territorios se han limitado a copiar y pegar lo que hacia Madrid estableciendo, eso sí, más ventajas fiscales a empresas y capital. Rajoy, para tratar de evitar una debacle electoral, anuncia que bajará los impuestos -a sus amigos- en el IRPF y en Sociedades. ¿Alguien duda sobre qué harán las Haciendas Vascas?

4.- Es un contrasentido que la decisión sobre los ingresos esté en manos de las Administraciones que menos gasto tienen a su cargo, las Diputaciones. Este sistema, en la CAPV, deja la política fiscal en manos de un órgano sin control democrático, el Órgano de Coordinación Tributaria. Hay que acabar con los reinos de Taifas en que se han convertido las Haciendas, garantizar la participación social y establecer la decisión y el control democrático en el Parlamento vasco.

5.- Contrariamente a lo que dicen CONFEBASK y la CEN, la fiscalidad vasca es, de todas las del Estado, la que más privilegios recoge para las empresas. Es un grave error, que también comete la izquierda política, prestar atención al tipo nominal (porcentaje) del Impuesto. El tipo nominal no dice nada sobre lo que en realidad pagan las empresas ya que ha sido pervertido con un sinfín de exenciones, bonificaciones y subvenciones -innumerables e inútiles- pensadas para que las empresas o paguen poco o no paguen nada en el Impuesto de Sociedades.

6.- ELA llama la atención sobre la influencia de la patronal en la decisión de los impuestos. Sufrimos situaciones que debieran estar prohibidas, como que un Secretario General de una patronal pase a ser Diputado de Hacienda. Un ejemplo de esa connivencia han sido las vacaciones fiscales. Una decisión, la de incumplir el mandato de Europa, que fue adoptada de común acuerdo entre las Haciendas y Confebask y por la que hemos tenido que pagar 30 millones de € de multa. La fiscalía, en esa “desobediencia contumaz” que duro muchos años, no ha visto voluntariedad para apreciar delito.

7.- Las normas fiscales vascas regulan sistemas de elusión fiscal para usar sociedades interpuestas con el único objeto de no pagar impuestos. Además, las Haciendas Vascas, no han adoptado ninguna medida efectiva para impedir la evasión de capitales a paraísos fiscales. Al contrario, cuando Madrid ofrece una amnistía fiscal para regularizar los capitales evadidos, nos enteramos por los medios de comunicación que en las Haciendas Vascas existe un trato más favorable para el evasor que el que ofrece el Estado. Los paraísos fiscales existen porque los Gobiernos quieren. Más allá de la hipocresía, los gobiernos no tienen interés en acabar con los ellos; al contrario, los usan como escusa en su cruzada para dar privilegios al capital.

8.- La lucha contra el fraude no es una prioridad de la Haciendas. No hay voluntad y, como consecuencia, tampoco medios humanos suficientes para proceder a inspeccionar las rentas y actividades en las que se concentra el fraude. Si a la pasividad de las Haciendas se le suma la inexistencia de una policía judicial especializada y que los jueces que tramitan los delitos fiscales carecen de una formación específica, es fácil entender por que los delitos fiscales son tan excepcionales. ELA exige reforzar las medidas coercitivas para obligar a las rentas que se refugian en el fraude, la elusión y la evasión a cumplir con sus obligaciones.

9.- ELA exige, además, que la política de distribución de renta se haga por la vía del gasto social y no con ventajas fiscales. La mayor parte de las ventajas fiscales establecidas en los diferentes impuestos (subvenciones, deducciones, exenciones…) tienen un componente netamente regresivo, beneficiando a quien más renta obtiene.

10.- ELA constata -y lamenta- la inmensa fuerza que tiene el sistema para integrar, también en fiscalidad, a las fuerzas políticas que alcanzan responsabilidades institucionales. El resultado no puede ser, en nuestra opinión, que la disputa institucional se haga a costa de relativizar la política social. Sin cambio en la política fiscal es imposible el cambio en la política social. Sin pedagogía fiscal alternativa la derecha seguirá imponiendo políticas antisociales.

El sistema fiscal vasco permite al capital la elusión, la evasión y el fraude. El problema no termina ahí porque, además, ese capital -que no paga impuestos- tiene un gran control sobre el poder político para condicionar que el gasto público se dirija a satisfacer sus intereses destruyendo el gasto social.
Adolfo Muñoz, "Txiki", Secretario General del sindicato ELA

sábado, 18 de abril de 2015

Juguetes para un tiempo prohibido

La detención de Rodrigo Rato no es la demostración de que el Gobierno no se casa con nadie, es un fracaso en todos los órdenes


Cuenta Federico Trillo, que es un hombre muy sentido, que cuando Rodrigo Rato se opuso a la invasión de Irak en el Consejo de Ministros Aznar le miró con “tristeza infinita”. Es imposible que Aznar mire con “tristeza infinita” y no ver en su lugar a Manu Chao (“infinita tristesa, infinita tristesa, yo siempre estaré a tu lado, radio mano papá chango”). Sólo habían pasado dos años desde que Fraga pegase los carteles electorales bajo una lluvia de huevos y fuese corriendo Aznar a Vigo, como Hugo Sánchez, a decir que al PP no se le gana “a huevos”. Luego, con orgullo infinito, le dijo a Rato que era el “mejor ministro de Economía de la historia de España en muchos años” sin especificar cuántos: durante el aznarismo se podía ser el mejor de la historia durante algunas horas.

Rato entonces era Dios, y lo siguió siendo tras dos derrotas: la suya ante Rajoy y la de su partido ante el PSOE. Aspiraba a ser presidente del Gobierno y acabó, como premio de consolación, siendo jefe de Estado, que es el estatus del director-gerente del FMI. Del Audi al Lincoln, y de Madrid a Washington. Volvió a Estados Unidos, pero ya a la Costa Este. En su juventud, que no se acaba nunca, la poderosa familia Rato lo había enviado a estudiar a California. Rato volvió de las playas convertido en una especie de Jim Morrison, el Rey Lagarto. De la época se guardan fotografías que muestran a Rato de jipi rico consumido por la nostalgia, como si estuviese a punto de ser arrancado de un mundo al que por un instante creyó pertenecer. El sueño se derrumbó cuando empezó otro, en el momento en que Ramón Rato entró en el despacho de Fraga, tiró la chequera a la mesa y dijo: “Manolo, el chico quiere ser diputado”. Entre los años que pasaron desde que a Fraga le tiraban chequeras y empezaron a tirarle huevos Rato multiplicó panes y peces: hizo el milagro económico español, marca registrada.

En todo ese tiempo no perdió de vista su vocación, que es la de actor. Cuando dirigía el FMI se presentó en un pequeño teatro de Washington para hacer de Alfonso VII en La venganza de Don Mendo al grito de "cese ya el atambor, que están mis nobles cansados de redobles, y yo ahíto de tanto parchear y tanto pito", un lenguaje del que años después bebió el PP para anunciar los recortes. Rato fue uno de los mejores actores de la obra, o eso dijo la crítica. Iba ataviado con una capa de terciopelo, un traje azul de época con ribetes dorados, una corona de rey y una espada de plástico, ropajes que en Strauss-Kahn hubieran desatado el pánico.

Esto ocurrió en mayo de 2006, un punto de inflexión porque Rato no volvió a cambiarse de ropa. Desde entonces, cúspide de su carrera política, se apareció mentalmente a todos, incluidos sus compañeros del PP, como un rey medieval. Todo lo que sucedió luego hay que circunscribirlo a la exagerada impunidad de un monarca. En la famosa salida de Bankia a Bolsa, cuando Rato le da a la campana (doblaban por nosotros), en realidad está blandiendo la espada de plástico envuelto en su capa de terciopelo, ahíto de tanto parchear y tanto pito.

Xoguetes para un tempo prohibido es el título de una novela que Carlos Casares, el añorado y querido Carlos Casares, publicó en 1975. Habla de una generación brillante llena de sueños que se precipita contra la impotencia, la desolación y el desencanto de su época. Hay algo de eso en la burbuja económica de los noventa, la formidable tramoya sobre la que se habría de crecer España hasta convertirse en un país moralmente higiénico, desahogado de tramas perfectamente criminales, de actitudes colectivas que tenían más de sangrante en lo legal, con sus sueldos millonarios por representación, indemnizaciones excesivas pese a la incompetencia y sociedades superpuestas, que en lo ilegal, pues al fin y al cabo lo ilegal debe ocultarse y lo legal, aun repugnante, habría de ocurrir ante nuestros ojos.

La detención de Rato no es la demostración de que el Gobierno no se casa con nadie, entre otras razones porque lo que se hizo ayer fue aventar públicamente, con sobreactuación de telenovela, un divorcio. Es un fracaso en todos los órdenes, incluida la puesta en escena, esa coquetería de cortar el tráfico, avisar a la prensa y plantar doce agentes en un portal para llamar al telefonillo y decir ante los micrófonos: “somos la policía, abran” en una frase muy “Jose, ábrenos, que somos nosotras”. Y la mano en la nuca por si Rato se olvidó de saber bajar la cabeza, una mano de telediario, casi de escaleta (yo sufrí esa mano en una detención en Canarias; me bajaron la cabeza tan ostensiblemente que antes me la levantaron un poco, como para coger carrerilla, mientras los vecinos -esos terribles vecinos españoles, que dijo Max Aub- salían a los balcones a pedir que se limpiase el barrio y me llamaban “terrorista” o algo aún peor, “gallego”, y aunque fue una mano en tensión había algo de dulzura, de calambre en el roce, tanto que hasta lamenté que el agente se sentase delante).

Al final el papel de Rato, como el de Pujol, ha sido el de Boyhood: políticos cuya estatura crece de forma real hasta hacernos olvidar que se tratan de una ficción. La interpretación ha sido tan perfecta que ellos mismos dictaban la moral y las leyes en las que permanecían atrapados. Allí donde se depositó el poder de forma más ruidosa, en Cataluña, en Andalucía, en Valencia, en Madrid, ha ido devorándose a sí mismo bajo la perversión del "no matarás" de Hanna Arendt desplazado al séptimo mandamiento: el mal perdió la característica de ser una tentación, así que en lugar de tener la tentación de robar, lo que había era la tentación de no hacerlo. Cualquier vistazo al pasado es un ejercicio de nostalgia y horror. Ni siquiera Rato y sus antiguas declaraciones de Robin Hood superan a las del pobre maestro de yoga que dijo en El Confidencial: “Si Zapatero meditara como Rato no habría crisis económica”. O el eco de los mandamases del PP en el balcón de Génova celebrando la victoria de 2011, cuando se llenó de tal forma que alguien empezó a gritar: “¡Que se va a caer, que no aguanta tanta gente!”. Y la imagen del exvicepresidente detenido, tristeza infinita; el autor del supuesto milagro español al que le faltó gritar desde el portal, rodeado de policía, la revelación del cura de Cotobade en su lecho de muerte: “¡Todo era mentira!”.
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2015/04/17/actualidad/1429263577_514610.html

jueves, 29 de mayo de 2014

Oxfam afirma que las familias tributan 50 veces más que las grandes empresas. La ONG pide al Gobierno que cambie las leyes tributarias, cuyo peso recae sobre el consumidor

Los responsables de Oxfam Intermón han pedido este miércoles al Gobierno que acometa una reforma fiscal que permita financiar adecuadamente las políticas sociales tras los ajustes sufridos, ya que, con el actual sistema, las familias aportan casi 50 veces más a las arcas públicas que las grandes empresas. Se trata de una de las conclusiones del informe sobre el sistema tributario español denominado Tanto tienes, ¿tanto ganas? Fiscalidad justa para una sociedad más equitativa, que han presentado en rueda de prensa el director general de la ONG, José María Vera, y la responsable de investigación, Teresa Cavero.

Cavero ha incidido en que el sistema tributario en España recauda poco, siete puntos por debajo de la media europea, y que el grueso de la recaudación proviene del trabajo y el consumo de los ciudadanos y no de las rentas del capital ni de los beneficios de las empresas. Las familias aportan alrededor del 90% de la recaudación y las empresas el resto, el 10%, y de ese porcentaje menos del 2% corresponde a las grandes compañías, según el informe.

Por ello, y ante una futura reforma fiscal, Oxfam Intermón ha pedido al Gobierno, a través de una campaña, que corrija las "ineficacias" del sistema y los "desequilibrios" causados por las medidas de austeridad aplicadas desde 2010, "que han mermado la capacidad adquisitiva de las familias españolas con subidas de impuestos, bajadas de salarios y recortes en servicios sociales". Para lograr "una fiscalidad justa para una sociedad equitativa", aconsejan recaudar más, pero con un mayor esfuerzo de las personas más ricas y de las grandes empresas, pero también "poner coto" al fraude fiscal y garantizar la progresividad de forma que se tribute en función de la capacidad y de la actividad económica.

El informe destaca los beneficios fiscales concedidos a las empresas en 2011 (28.210 millones), que el 80% de esta cantidad correspondió a las grandes empresas y que estas, sin embargo, abonaron 3.012 millones en impuestos de sociedades.

El 72% del fraude fiscal (43.0000 millones) en España corresponde a grandes fortunas y empresas, con lo que según Cavero es "mucho más eficiente" atajar el fraude por esta vía que por otras con menor repercusión. La economía sumergida, estimada en un 25%, y el fraude fiscal está haciendo, según Cruzado, que España pierda con respecto a otros países de la UE una media de 40.000 millones.
Fuente: El País.

miércoles, 21 de mayo de 2014

Las cinco estrategias favoritas de los ricos para evadir impuestos

Empresarios, deportistas, músicos, actores, financistas forman parte de esta élite mundial que elude por todos los medios posibles el cumplimiento de sus obligaciones impositivas.

El impacto económico-social de estas maniobras no es marginal. Se estima que el monto total de la evasión fiscal equivale a cinco veces el tamaño de la economía global y es un factor de peso en la creciente desigualdad mundial.

Segun un informe, las 91.000 personas más ricas del planeta controlan una tercera parte de la riqueza mundial (y dan cuenta de la mitad de los depósitos en paraísos o guaridas fiscales) y unas 8,4 millones de personas –un 0,14% de la población mundial– tiene el 51% de la riqueza. Estas son las cinco vías favoritas de los multimillonarios para pagar menos y acumular más:

1. Subdeclaración impositiva

El monto a pagar al fisco depende de la declaración impositiva.
El primer paso de toda evasión es subdeclarar las ganancias obtenidas.

...Para hacerlo tienen una red profesional muy aceitada que, según críticos como James Henry, de la Universidad de Columbia, se han convertido en una parte estructural del actual sistema financiero...

2. Registrar empresas en "guaridas" o paraísos fiscales

En su estudio "The price of offshore revisited" (El precio real de las Guaridas Fiscales") James Henry calcula que hay cuando menos unos US$21 millones de millones en estas "guaridas fiscales" (traducción literal del término original en ingles "Tax Haven"), suma aproximadamente semejante al PIB de Estados Unidos y Japón, es decir, de la primera y tercera economías mundiales. Uno de las guaridas favoritas de este dinero son las Islas Caimán, que tienen 85 mil compañías registradas: más compañías que población...

El portal de análisis financiero Fútbol Finanzas publicó recientemente una lista de lujo de jugadores que usaron técnicas similares en los últimos 20 años.

Desde el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, hasta leyendas del deporte como el brasileño Roberto Carlos, el portugués Luis Figo y el búlgaro Hristo Stoichkov formaban parte de la lista.

3. Testaferros

Una manera de invisibilizar el rastro de la persona en cuestión es nombrar a un testaferro que actúa como presunto propietario del bien o compañía.

"Se puede nombrar a un testaferro por razones legítimas, por ejemplo, para no atraer publicidad sobre la inversión en cuestión en el caso de alguien que está en la mira público. Mientras se informe a las autoridades impositivas no hay evasión. El problema empieza cuando no se informa, porque entonces lo que se está haciendo es pagar impuestos por una masa menor de dinero", señala Stevens...

4. Fijar residencia en otro país

Los países con bajos impuestos suelen ser los favoritos de músicos, artistas y deportistas. En los 70 fue el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, quien fijó residencia primero en Francia y luego en Estados Unidos para huir de los entonces altos impuestos británicos. Mick Jagger

En los años 70, Mick Jagger se mudó primero a Francia y luego a EE.UU. para huir de los altos impuestos en su país natal.

En diciembre de 2012, el actor francés Gerard Depardieu renunció a la ciudadanía francesa en protesta por los altos impuestos que proponía el gobierno de Francois Hollande, se mudó a Bélgica y obtuvo un pasaporte ruso, donde hay un impuesto único del 13%...

5. Aprovechar vacíos legales

La red de asesores y especialistas que rodean a los millonarios son expertos en encontrar vacíos legales de los sistemas impositivos.

En muchos casos no se trata de evasión fiscal sino de elisión fiscal, un mecanismo perfectamente legal: todos tenemos derecho a pagar menos impuestos siempre que lo hagamos dentro de la ley...

El futuro

Los problemas fiscales que tienen todos los países desarrollados y la fragilidad del sistema financiero internacional han colocado a la evasión impositiva en el ojo público, centro de un debate global...
Fuente: BBC.

martes, 22 de abril de 2014

Renta y Hacienda

Los plazos de la campaña

1 de abril. Comienza la campaña. Se puede solicitar y pedir el borrador a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria y confirmarlo.
4 de abril. Tres días después del comienzo de la campaña se inician las devoluciones.
23 de abril. Inicio de la presentación de las declaraciones por internet a aquellas personas obligadas a hacerlo.
5 de mayo. Comienza el servicio de cita previa para aquellos que quieran tramitar y confeccionar sus declaraciones en las oficinas de la Agencia Tributaria.
12 de mayo. Inicio del servicio de confección de declaraciones en oficinas de la Agencia
25 junio. Finaliza el plazo de presentación para las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria del primer plazo de ingreso.
27 de junio. Último día para pedir cita previa para las gestiones en las oficinas de la Agencia Tributaria.
30 junio. Acaba la campaña de la Renta 2013.
Fuente, El País
Más aquí.

sábado, 15 de febrero de 2014

Cuando Hacienda le investiga. Qué opciones tiene el contribuyente si el fisco discrepa de su declaración

En pocos días se dará el pistoletazo de salida a la campaña de renta 2014. De nuevo, preparar y verificar datos, confirmar borradores, hacer cuentas por la venta de la vivienda… En general, para la mayoría, todo discurrirá con normalidad. Pero para algunos no será así. Sepa qué opciones tiene cuando Hacienda discrepa de su declaración.

Llegará una carta certificada de la Agencia Tributaria. Inevitablemente surgirá una cierta preocupación (incluso aunque no haya motivo alguno) y una primera duda: dar por recibida la carta o no. La respuesta es sencilla: Hacienda tiene previsto todo un sistema de notificaciones que hará que antes o después (mandará una segunda carta; puede publicar un anuncio en los distintos boletines oficiales; puede hacerlo en su página web…) dé por hecho que el contribuyente “está avisado” de lo que sea que le quiera comunicar. El declarante podrá retrasar algo el procedimiento en cuestión pero éste seguirá adelante.

La realidad es que, en la mayor parte de los casos, esas primeras cartas certificadas de la Agencia Tributaria (AEAT) son “requerimientos de comprobación de datos”. La cuestión es que los contribuyentes presentan en el caso del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) una “autoliquidación”, incluso cuando confirman un borrador elaborado por la AEAT, y es su responsabilidad revisarlo y rectificarlo si es necesario. Por su parte, Hacienda cruza la información declarada con terceros: empleadores, pagadores, bancos, notarios… y, en ocasiones, “surgen discrepancias”, tal y como explican desde el Sindicato del Cuerpo Técnico de Hacienda de la AEAT y de los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Las más comunes: la deducción por vivienda habitual de los que aún tienen derecho a ella, especialmente en los casos de ampliación de la hipoteca, pues Hacienda puede “dudar” de que no se haya empleado el dinero en algo distinto; los arrendamientos (falta documentación); la aplicación de deducciones sin justificación; o la no inclusión de determinados rendimientos del trabajo que puede ser que realmente no se hayan cobrado ese ejercicio. El contribuyente tiene diez días tras la comunicación para “aclarar” esos datos y la Administración hasta seis meses para contestar si está o no conforme con ellos.

El proceso suele ser más rápido y termina en una buena parte de los casos sin llegar a más, bien porque la AEAT acepta las aclaraciones, bien porque el contribuyente corrige sus errores.

Sin embargo, en los casos en los que “no hay acuerdo” (o en algunos, directamente sin el paso anterior pues considera que con la información que posee es suficiente), Hacienda envía lo que se conoce como paralela bajo el nombre de “notificación del trámite de alegaciones y propuesta de Liquidación Provisional” en la que ya calcula la cuantía por IRPF (y especifica el resultado exacto, según su criterio, a pagar o a devolver); señala los hechos y fundamentos de derecho que ha tenido en cuenta y da otro plazo de diez días para que el contribuyente presente las alegaciones pertinentes (algo que podrá hacer en el Registro de las sedes de la AEAT, en su web o por correo postal). Además, hay que tener en cuenta un “pequeño detalle” que, en ocasiones, aparece: una sanción (un 15% sobre la cantidad que se ha dejado de pagar), si Hacienda considera que el contribuyente ha tenido “ánimo defraudatorio”, es decir, que a conciencia ha intentado no cumplir sus obligaciones fiscales.

Si la Administración acepta las alegaciones presentadas: fin del proceso. El contribuyente no pagará sanción y recibirá el dinero pertinente si es que Hacienda debía devolverle alguna cantidad. Y si el contribuyente tenía que pagar algo a Hacienda (lo que es conveniente hacer, según Gestha, para evitar que se le apliquen intereses de demora pues en sus comunicaciones la Administración suele dejar claro que no se interrumpe el proceso) se le devolverá. El contribuyente puede estar tranquilo porque ha demostrado que, por ejemplo, de buena fe se aplicó la deducción por aportaciones a una fundación (muy habitual en algunos colegios concertados); o que no se incluyeron rentas del trabajo pues no se cobraron y se puede verificar; o que la ampliación de la hipoteca se destinó a la rehabilitación de la vivienda…

Lo difícil empieza a partir de ese momento para quienes reciben otra carta de Hacienda con una “notificación de resolución de liquidación provisional”. Quiere decir que no se admiten sus alegaciones. Se les pueden imponer mayores sanciones, que pueden variar entre el 50% y el 150% de lo defraudado en opinión de la Administración.

De nuevo, para el contribuyente se abren dos vías: la primera, dar conformidad a esa liquidación provisional en cuyo caso Hacienda le rebajará la sanción, si la hay, un 30% y pagar en tiempo con lo que tendrá otro descuento del 25%. La segunda, iniciar el camino de los recursos. Recursos que, advierten desde Gestha, siempre hay que presentar contra la liquidación provisional y contra la sanción impuesta.

El particular puede, en el plazo de un mes, presentar un “recurso de reposición” contra la propia Administración aportando toda la documentación que considere oportuna para justificar su posición. La cuestión es que será de nuevo la propia Administración quien en los trámites anteriores no aceptó sus alegaciones quien le conteste, por lo que las posibilidades de que cambie su criterio son escasas. Puede saltarse este paso y directamente e interponer una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) correspondiente, órgano que ya no depende de la Agencia Tributaria y, por tanto, puede aceptar otros criterios. Parece complicado, pero no lo es: se trata de nuevo de presentar en el registro de cualquier oficina de la AEAT los documentos necesarios para justificar su actuación. No precisa de abogado y basta con explicar claramente en una carta el por qué no está conforme con Hacienda. Si el contribuyente quiere que se interrumpa el proceso de pago (para que no apliquen los intereses de demora) debe solicitarlo y presentar un aval, que permita a la Administración tener la tranquilidad de que tiene fondos para saldar sus deudas tributarias.

A partir de ese momento, solo cabe recomendar paciencia. El TEAR tarda una media, según los técnicos, de casi dos años en resolver las cuestiones planteadas. Pero es cierto que en ocasiones falla a favor del contribuyente.

jueves, 19 de diciembre de 2013

Cómo ahorrar en el pago fiscal

Pocos días son los que quedan ya para cerrar 2013. Un tiempo suficiente, sin embargo, para, en relación con la próxima declaración de renta, reducir los impuestos a pagar. Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), “un contribuyente puede estar dejando de ahorrar de media 3.591 euros en su declaración de la renta por no acogerse antes de que termine el año a algunas de las deducciones más comunes y no aprovechar los cambios introducidos en la Ley del IRPF”. Bien es verdad también que lograr ese ahorro fiscal —no se incluye el ahorro tributario generado por la compensación de plusvalías con minusvalías— también tiene un coste: la inversión adicional que como media se necesita para agotar al máximo las deducciones suma 16.595 euros.

En la estimación de casi 3.600 euros de posible ahorro fiscal ante la declaración del IRPF de 2013 —se presentará en mayo de 2014— , la parte más significativa, según Gestha, se corresponde con las aportaciones a planes de pensiones (suman 2.245 euros). Dado que reducen directamente la base imponible del contribuyente —se rebajan sus ingresos generales—, en cierto modo garantizan “un ahorro fiscal desde un mínimo del 24,75% hasta un máximo del 52% de la inversión realizada, llegando al 56% en el caso de Andalucía, Asturias y Cataluña”. Como en ejercicios anteriores, estas están fijadas en un máximo de hasta 10.000 euros, 12.500 euros para mayores de 50 años (con límites del 30% y 50% de la suma de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas). Hay que recordar que si el cónyuge no dispone de rentas netas del trabajo ni de actividades económicas, o no son superiores a los 8.000 euros, se pueden hacer aportaciones adicionales a un plan de pensiones a su nombre por un máximo de 2.000 euros.

Los técnicos de Hacienda fijan el posible ahorro en casi 3.600 euros
En torno a la vivienda se concentra el segundo capítulo más abultado de los posibles ahorros fiscales, con un promedio de 624 euros (amortizaciones adicionales de 4.163 euros), según Gestha. Los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual o realizaran algún pago para su construcción antes del 1 de enero de 2013 mantienen el derecho a la desgravación en el año 2014 (15% sobre un máximo de 9.040 euros) y sucesivos siempre que hubieran deducido por esta vivienda en 2012 o en años anteriores. Para apurar al máximo esta posibilidad, las cuotas mensuales pueden tener un tope de 753,33 euros por persona y año. Por cada 1.000 euros de amortización anticipada (reducción del volumen de deuda), el ahorro fiscal es de 150 euros. Conviene recordar que las hipotecas firmadas antes del 20 de enero de 2006 perdieron ya el pasado año su derecho a compensación, que permitía aplicar un porcentaje del 20% de deducción sobre los primeros 4.507,59 euros.

La parte más complicada, pero también posiblemente más rentable, de lograr ahorros fiscales afecta a la obtención de ganancias y pérdidas patrimoniales. Desde el pasado 1 de enero, las ganancias obtenidas (venta de acciones, fondos de inversión…) en un plazo inferior a un año tributan en la base general del IRPF (por tanto, hasta por un 56%). Retrasar, aunque solo sea un día, una operación de este tipo directamente supone rebajar la carga fiscal hasta unos tipos fijos, que varían del 21% sobre los primeros 6.000 euros al 25% hasta 24.000 euros y el 27% por encima de esa cantidad. No compensará prorrogar la operación si el conjunto de rentas es bajo y se tienen tipos inferiores a estos.

Aún hay más: las pérdidas, cada una en su correspondiente plazo, se pueden compensar entre sí. En el caso de las pérdidas a corto plazo, si no hay suficientes ganancias, pueden utilizarse para reducir hasta el 10% del conjunto de rendimientos anuales del particular (y durante cuatro años). Se puede así no solo dejar de tributar por las ganancias, sino también por las rentas. El ahorro puede llegar al 56% de cada 1.000 euros de pérdidas.

El reparto de las ventajas fiscales es desigual en favor de los que más ganan
Sobre desinversiones hay más alternativas fiscales para reducir impuestos, aunque estas están limitadas a determinados colectivos. Es el caso de quienes suscribieron antes del 20 de enero de 2006 seguros de vida e invalidez cuando estos generaban rendimientos en plazos superiores a los dos años, que al menos en este ejercicio siguen teniendo la posibilidad de aplicarse reducciones sobre los mismos entre el 40% y el 75%.

Como ya sucedía el pasado año, este también conviene si se puede elegir cuándo cobrar una renta del trabajo, siendo esta susceptible de ser reducida en un 40% (bonus o algunos premios de antigüedad irregulares, por ejemplo) y no sobrepasar el límite de 300.000 euros.

Aún hay otras tres recomendaciones adicionales lanzadas por los técnicos: realizar donativos a ONG, fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, sindicatos…, dado que gozan de porcentajes de deducción de entre el 10% y el 25%; llevar a cabo aportaciones a cuentas ahorro-empresa (deducción del 15%, hasta el límite de 9.000 euros anuales) y contribuir a la financiación de los business angels o del capital semilla. La Ley de Emprendedores, aprobada el pasado mes de septiembre, establece, con efectos desde enero de este año, que los inversores que se incorporen al accionariado de estas empresas por un plazo que oscila entre 3 y 12 años tendrán derecho a una deducción del 20% en la cuota estatal del IRPF de la inversión realizada, siendo 50.000 euros anuales la base máxima de la deducción, limitada a una participación nunca superior al 40% del capital de la entidad.

Gestha reconoce que todos los declarantes pueden optimizar su declaración en función de su renta, aunque, en su opinión, son precisamente el 3,5% de los contribuyentes con mayores ingresos (aquellos que ganan más de 60.000 euros anuales) los que acaparan las mayores ventajas fiscales, por lo que la media de ahorro no representa realmente al ciudadano medio. De hecho, según estos expertos, el ahorro declarado con las cinco deducciones más comunes del IRPF se extiende desde los 1.357 euros de un asalariado mileurista hasta los 1.952 euros en el caso de ganar 30.000 euros anuales. Mientras alguien que ingresa más de 150.000 euros se está deduciendo unos 5.705 euros de media; quien disfruta de mayores ingresos consigue deducirse una media de 8.294 euros. La media del ahorro fiscal utilizando todas las deducciones suma 2.204 euros, según Gestha.

El País.

jueves, 12 de septiembre de 2013

La Ley de Protección de Datos evidencia las mentiras del PP sobre el ordenador de Bárcenas

El PP ha mentido (para variar) afirmando que la Ley de Protección de Datos obliga a borrar y formatear los ordenadores una vez que el usuario los devuelve a la empresa. Y en base a ese pretexto destruyeron las pruebas obrantes en el ordenador del honrado Luis Bárcenas.

Sin embargo, esta ley “impide expresamente borrar cualquier información que pueda ser necesaria para una investigación policial en curso”. Y así lo ha destacado Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas (AI) y experta en protección de datos.

De hecho, como señala la misma fuente “en la ley de protección de Datos viene que ante una investigación criminal esa información tiene que quedar guardada en la empresa a disposición de las autoridades. La empresa está obligada por ley a guardar la información que pueda tener en ese ordenador, no se puede entregar a otro empleado”.

En esta línea “una cosa es destruir información y otra es bloquear información”. El bloqueo de la información implica que como empresario no la puedo utilizar, pero que debo tenerla ahí guardada, a efectos legales o administrativos”, continúa la letrada.

ESA INFORMACIÓN DEBE MANTENERSE A DISPOSICIÓN DE HACIENDA DURANTE CINCO AÑOS

Como bien señala la abogada: “la a actividad de Bárcenas no se ve sólo afectada por la Ley de Protección de Datos, sino que hay otras normas que exigen conservar esa información”. Así, el trabajo de Bárcenas como tesorero debe estar a disposición de Hacienda durante cinco años de igual modo que el PP debería guardar la información contenida en su ordenador a efectos del Tribunal de Cuentas.

En este sentido, la experta en protección de datos muestra que el argumento del PP “no tienen ningún sentido. Es una actividad demasiado específica como para permitirse el lujo de aplicar la Ley de Protección de Datos con esa libre interpretación. Una cosa es destrucción y otra es el bloqueo de la información”.

De igual modo, la especialista ha destacado que ni siquiera es el procedimiento que normalmente se lleva a cabo, pues en caso de despido “lo normal es que se elimine la información personal que este señor crea que le puede afectar y que quiera eliminar pero que se haga una copia de seguridad de la información como tal antes de resetear el ordenador”.

NI TAN SIQUIERA HAN SEGUIDO EL PROCEDIMIENTO NORMAL

Resulta de igual modo patéticamente sospechoso que la banda organizada de Rajoy y Cospedal ni tan siquiera han seguido el procedimiento habitual. “Si una empresa estuviera obligada a eliminar toda información del ordenador, se arriesgaría a perder información valiosa para la compañía, porque eliminarlo todo puede suponer terminar con proyectos en los que se haya estada trabajando y que tenga información importante para la empresa a efectos comerciales e industriales”, explica la abogada Tejerina.

Una vez más, las bocas embusteras de la derecha española vuelven a vomitar mentiras. De cualquier modo, la actuación del PP no debe extrañarnos. A fin de cuentas, borrar las pruebas es el procedimiento habitual de los criminales.
Gustavo Vidal Manzanares, es abogado y Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración

domingo, 18 de agosto de 2013

Grandes empresas españolas pasaron de tributar 12.673 millones en 2006 a 3.012 millones en 2011

Agencias

El informe anual de recaudación de 2011, publicado esta semana, completa el retrato del descalabro en el impuesto de sociedades en España, que grava los beneficios de las empresas. Los gigantes empresariales, los grupos consolidados, aprovecharon a fondo durante cinco años la reforma del impuesto, que bajó tipos, y su generoso sistema de deducciones. Pasaron de pagar a las arcas públicas 12.673 millones en 2006 a 3.012 millones en 2011, menos de la cuarta parte. Una cantidad que supone apenas el 3,5% de los 85.984 millones de beneficios declarados ese año. Y un boquete descomunal en los ingresos públicos.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) aprobó en 2007 una reforma del impuesto de sociedades para bajar por primera vez en democracia el gravamen teórico sobre los beneficios empresariales: del 35% al 30% (del 30% al 25% para las pymes). Lo que se había planteado como una reforma gradual, tuvo una aplicación casi inmediata por la presión de la derecha catalana (CiU); la anunciada “poda” de las generosas deducciones que disfrutaban las grandes empresas quedó en casi nada. El entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes, defendió que el impacto en la recaudación sería manejable, porque la bajada de impuestos mejoraría la competitividad y los resultados de las empresas, lo que acabaría repercutiendo en las arcas públicas.

Cuando la crisis irrumpió en 2009, y pese al desplome de los ingresos, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero aún abrió la mano a más beneficios fiscales —permitió acelerar la amortización de activos, lo que, en la contabilidad, rebaja los beneficios sobre los que se tributa—. Un tímido intento de cambio de rumbo al final de la legislatura no evitó el desastre: muchas grandes empresas aprovecharon a fondo las ventajas dadas para reducir a la mínima expresión sus pagos a Hacienda.

La crisis ha penalizado con dureza los beneficios de las compañías, grandes y pequeñas. Pero el impacto en la recaudación, por esas facilidades legales, fue mucho mayor. Los resultados empresariales sujetos al impuesto pasaron de 209.642 millones en 2006 a 143.890 millones en 2011, una caída del 31%. La cuota líquida, lo que pagaron todas las empresas a Hacienda por los resultados, bajó en el mismo periodo de 40.529 a 12.665 millones, un 68%. En el caso de los grupos consolidados, ese descenso fue del 76%.

Según la Agencia Tributaria, en 2011 había casi 4.000 grupos consolidados, que integraban en sus cuentas unas 32.000 empresas. Las normas fiscales permiten a estos conglomerados, que copan el Ibex 35, compensar los resultados de compañías del grupo (restar las pérdidas de unas a los beneficios de otras) para rebajar la factura fiscal.

Pero además de esa ventaja genérica, los grupos consolidados son los que mejor aprovechaban el generoso régimen de exenciones, deducciones y beneficios que regía hasta 2011. Las 32.000 sociedades integradas en estos 4.000 gigantes cosecharon ese año un resultado positivo de 85.948 millones, frente a los 57.941 millones que lograron el resto de empresas, más de un millón. Pero tras la aplicación de los diversos ajustes en la base imponible y la cuota del impuesto, la factura fiscal de los grupos consolidados adelgaza hasta un tercio de lo que pagan el resto de las empresas españolas al fisco por este tributo.

Si se incluye a todas las empresas, la aportación a Hacienda asciende al 8,8% de los beneficios declarados en 2011, cuando un lustro antes pagaban más del 19%. De nuevo, es bastante menos que lo que pagan las familias en el IRPF, un 11,9% de su renta bruta.

Si la comparación de lo que las empresas ingresan al fisco es con la base imponible, los grupos consolidados, que parten de un tipo teórico del 30%, pagan solo un 17,7%. El resto de empresas, con un tipo teórico del 25% para las pymes y del 30% para las compañías que no consolidan, apenas llegan al 19%.

lunes, 15 de abril de 2013

La subida de impuestos; el bueno, el feo y el malo. España recauda el 90 % de los trabajadores.


La subida de impuestos
El problema de la economía española no es fundamentalmente de exceso de gasto público —que es cinco puntos inferior a la media europea—, sino de bajos ingresos, de escasa recaudación. No es que el Estado gaste mucho, es que muchos ciudadanos y empresas no pagan impuestos o no pagan lo que deberían y les corresponde. Los impuestos en nuestro país los pagan fundamentalmente las clases medias y no las altas.

El argumento anterior está contenido en el documento Bases para la reforma fiscal, que el PSOE ha presentado y que se incorpora, lo quiera o no el Gobierno, al debate sobre los impuestos en España después de las contradictorias declaraciones hechas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, y que son previas al paquete de reformas que va a presentar el Ejecutivo en el Consejo de Ministros del próximo día 26. Con este pretenden convencer a Bruselas para que relaje el ritmo de reducción del déficit de nuestro país (al menos un año y medio más para obtener un déficit del 3% del PIB, lo que nos llevaría al ejercicio 2016). Mientras Jiménez Latorre, en una intervención muy balbuceante, decía que habría cambios en el diseño de la estructura fiscal para atenerse a las recomendaciones de la UE (subida de impuestos, en el neolenguaje que ha inventado el Gobierno del PP desde que llegó a La Moncloa), Montoro era tajante: no va a haber subida de impuestos en España, aunque se está en fase de reestructuración de nuestra carga tributaria (otra versión de la subida de impuestos en el mismo neolenguaje, dado los precedentes conocidos).

Si al PP le falta credibilidad cuando habla de impuestos (los sube cuando promete bajarlos), al PSOE le ocurre algo parecido cuando presenta unas bases para el cambio de la estructura impositiva tan rotundas como estas últimas, pendientes de concretar, pero bien elaboradas y argumentadas. ¿Por qué no lo hizo en la larga etapa de su Gobierno, cuando una reforma fiscal para que el sistema español sea más eficaz y justo hubiera tenido prioridad respecto a otras de las llamadas reformas estructurales? ¿Por qué coquetearon con las tesis, tan poco socialdemócratas, de quienes defendían el tipo único o afirmaban que la distribución solo se consigue vía gastos y no vía ingresos? ¿Por qué movieron la cabeza de arriba abajo frente a aquella tontería que tanto daño les ha hecho de que bajar impuestos también es de izquierdas en una sociedad con tantas necesidades como la española, que pretendía llegar a la convergencia real con los países de nuestro entorno? Y también, ¿por qué no se la exige Bruselas al Gobierno con la misma vehemencia que la reforma laboral, la energética, la de las pensiones, la financiera…?

Los datos son apabullantes: la presión fiscal es ocho puntos inferior a la media europea (del 32,4% al 40,1%); de todo lo que se recauda en España el 90% procede de las rentas del trabajo medias y bajas (9 de cada 10 euros recaudados vienen de este tipo de rentas, vía IRPF, cotizaciones sociales, IVA e impuestos especiales), siendo el 10% restante (uno de cada 10 euros recaudados) lo que aportan los contribuyentes más ricos, las rentas de capital y las empresas.

En España, el 10% de los ciudadanos más ricos acumula un patrimonio 135 veces más elevado que el 20% más pobre de la sociedad española.

Hay dos formas de defraudar y no cumplir con Hacienda: una legal, no pagando impuestos gracias a los mecanismos de ingeniería fiscal que existen; y otra ilegal, no pagando, haciendo fraude fiscal. Según el PSOE, para aumentar los ingresos en España no es necesario subir los impuestos a las rentas de trabajo, sino tapar los agujeros del sistema fiscal por los que se escapan sin pagar, o pagando menos de lo que deben, ese 10% de contribuyentes que acumulan la mayor riqueza del país. La propuesta socialista sobre un sistema fiscal más eficaz y justo, dedicando (al revés de lo que se ha hecho en los últimos Presupuestos Generales) más recursos a la administración fiscal, es una idea fuerza que no debe abandonar la plaza pública.

lunes, 9 de julio de 2012

Hacienda da nuevas facilidades para la regularización después de que los asesores de los defraudadores criticasen que no lograban suficientes ventajas

Hacienda está dispuesta a dar todas las facilidades a los defraudadores para que se acojan a la amnistía fiscal.
Tras abrir el proceso al blanqueo del dinero en efectivo, ahora el ministerio de Cristóbal Montoro ha abandonado la idea de gravar con un 10% todos los activos ocultos aflorados tras las críticas de los asesores de los defraudadores, que consideraban que eso no era suficientemente ventajoso para ellos. Ahora, según la nueva interpretación de la Dirección General de Tributos, en lugar de gravar todos los capitales aflorados, se conformará con que tribute al 10% la parte generada en los ejercicios no prescritos (solo tres, en el caso de la amnistía fiscal), manteniendo la exención de intereses y recargos. Con ello, habrá casos en que a los evasores les baste pagar menos del 1% de todo lo defraudado. Además, Hacienda les garantiza que hará la vista gorda con esas declaraciones, pues señala que “no resulta procedente” su comprobación.
El Gobierno ha flexibilizado la amnistía fiscal, el procedimiento con el que pretende recaudar 2.500 millones y aflorar un capital escondido en paraísos fiscales de al menos 25.000 millones. Algunos despachos de abogados y asesores fiscales habían manifestado dudas sobre la oportunidad de acogerse al proceso de regularización fiscal. Consideraban que no existían suficientes garantías jurídicas para los que decidan aflorar su patrimonio oculto —tienen que pagar un gravamen del 10% sobre los bienes ocultos, muy inferior a los impuestos que han dejado de abonar— y sostienen que había otras vías para legalizar el dinero opaco de forma más barata.
De hecho, ninguna gran fortuna se ha acogido aún a este proceso desde su entrada en vigor a principios de junio.
Ahora el Ministerio de Hacienda permitirá que los defraudadores regularicen su situación pagando menos del 10% previsto y aclara que no comprobará las declaraciones de los que se acojan al proceso. La Dirección General de Tributos divulgó el pasado lunes un “informe sobre el procedimiento de regularización derivado de la presentación de la declaración tributaria especial”. El documento, que contiene 17 cuestiones, revela que Hacienda no vigilará a los defraudadores que se acojan a la amnistía. “No resulta procedente una comprobación aislada de la declaración tributaria especial”, señala el último punto del informe, fechado el pasado 27 de junio. Además, Hacienda permite, “en el caso de que el contribuyente pueda acreditar la titularidad de los bienes correspondientes a ejercicios prescritos —anteriores a los últimos cuatro años—, declarar los bienes correspondientes a ejercicios no prescritos”.
De esta forma, los evasores podrán legalizar el dinero oculto obtenido después de 2007 solo con pagar un 10% pero si pueden acreditar que este dinero ya era suyo antes de 2008 pagarán solo el 10% de los intereses y podrá regularizar todo el capital... leer más aquí.
El Tesoro sugiere a los bancos que hagan la vista gorda con la amnistía fiscal