Hasta ahora, nada es normal

La primera consecuencia política del rescate debería ser la creación de una comisión parlamentaria encargada de seguir las vicisitudes del crédito.
El anuncio de la solicitud de un rescate bancario en España con fondos de la Unión Europea ha puesto de manifiesto una alarmante falta de pulso político. La increíble manera en la que ha actuado el presidente del Gobierno, la atonía de su propio partido, que debería estar sobresaltado por la pésima gestión de la crisis, y la incierta actitud del principal partido de la oposición, el PSOE, atrapado por su inmediato pasado, han desvelado una falta de latido democrático que resulta inquietante.
 La primera consecuencia política de la puesta en marcha del rescate y de la entrada en vigor de la línea de crédito para los bancos debería haber sido la creación inmediata de una comisión parlamentaria encargada de seguir, con todo rigor, las vicisitudes de esos créditos y de recibir con puntualidad toda la información que se vaya produciendo sobre las operaciones en marcha. No basta con la subcomisión encargada de seguir el funcionamiento del FROB, que ya existe y que lleva una vida más bien mortecina, porque el tema desborda claramente ese pequeño escenario... más en EL País, Soledad Gallego. Las frases de Rajoy. La crisis del euro, más información en El País.

Un debate bien vivo

Poco a poco, en una parte de la izquierda europea se ha abierto paso el gran tema de discusión: la necesidad de regular la libertad económica, tan necesitada de normas como la libertad política. Para ese sector, lo que ha llevado a la actual crisis ha sido la extraordinaria desregularización del mundo financiero que se promovió, casi sin critica, desde los años de Ronald Reagan y Margaret Thatcher y la evidencia de que fueron Gobiernos progresistas, como los de Bill Clinton y Tony Blair, los que le dieron el empujón definitivo, aceptando la cada vez mayor ausencia de reglas y la progresiva desaparición del papel del Estado como garante de esas reglas.
Leer más a Soledad Gallego en El País.

Algo que cualquiera puede ver

El juicio que se desarrolla en la Sala II del Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por un posible delito cometido durante su instrucción del caso Gürtel es una buena ocasión para repasar cuál es el marco general de los casos de prevaricación judicial en España. 

Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, entre 1995 y 2009 se presentaron en España 4.962 causas contra jueces, magistrados y fiscales (obviamente, no todas por prevaricación, dado que los fiscales no pueden cometer ese delito y que existen otras posibles acusaciones, como malversación o apropiación de fondos).

 En cualquier caso, de esas casi cinco mil causas, el 97,88% no fueron admitidas o fueron archivadas antes de llegar a juicio oral por los órganos competentes, es decir, los Tribunales Superiores de Justicia. Y del resto, solo un 1,55%, terminó en una sentencia condenatoria.

Los juicios por prevaricación judicial son extraordinariamente infrecuentes: se puede calcular que en los últimos ocho años se han reconocido, como máximo, 20 resoluciones judiciales "prevaricadoras", incluidas las de algunos jueces de paz, algo así como una por cada siete millones de resoluciones. Por eso, asombra que a un solo juez se le hayan abierto tres juicios por tres posibles delitos de prevaricación, muy diferentes entre sí, y en muy pocos meses.

En el caso que se enjuició esta semana, determinados aspectos de la instrucción del caso Gürtel, la Sala II del Tribunal Supremo no debía decidir si las actuaciones de Garzón fueron correctas o no (ya fueron consideradas erróneas y revocadas por otras instancias), sino si las adoptó sabiendo que eran injustas o por una ignorancia increíble. Se trataba de decidir si Garzón cometió en este caso un delito de los llamados de "infracción del deber", es decir, un delito que lesiona la confianza de la ciudadanía en el ejercicio de la función judicial. Según jurisprudencia del propio Tribunal Supremo (sentencias de 1996 y 1998), para decidir si existió prevaricación es necesario que la ilegalidad sea tan evidente que revele "por sí" la injusticia, el abuso, con el plus de la antijuricidad, por supuesto. Es decir, que exista una "absoluta notoriedad de la injusticia", "que se vea clara y patente, que no permita duda alguna al respecto". Más aún, dice la sentencia de 1996, que "sea tan patente y grosera que pueda ser observada por cualquiera".

A la vista de la situación actual, no parece que la ciudadanía sienta lesionada su confianza en la justicia por culpa de la actuación errónea del juez Garzón. Tampoco que la injusticia eventualmente cometida por el juez sea tan grosera que sea observada por todo el mundo, desde el mismo momento en que los fiscales no la apreciaron y que existe polémica al respecto dentro del propio estamento judicial.

Las encuestas demuestran que existe efectivamente una gran desconfianza en la Administración de Justicia, pero que está motivada por otras razones. Por ejemplo, por el hecho de que un juez condenado por cohecho pueda volver a ejercer, porque, según el Tribunal Supremo, tener antecedentes penales impide el acceso a la carrera judicial, pero no la permanencia en ella. Tampoco ayudan jueces que mantienen en la cárcel a personas que ya deberían estar en libertad, que insultan a ciudadanos de distinta sexualidad o creencias o que tardan meses en escribir sus sentencias. Probablemente muchas de esas casi cinco mil causas presentadas en estos años contra jueces corresponden a casos en los que mantuvieron actitudes injustificadas o dictaron resoluciones erróneas.

¿Quién no se acuerda del escándalo que provocó en 2004 la Sala de lo Civil del propio Tribunal Supremo al condenar a 11 magistrados del Tribunal Constitucional a pagar, cada uno, 500 euros en concepto de responsabilidad civil por la no admisión "arbitraria" de un recurso de un abogado?  En aquella ocasión, el Tribunal Constitucional reprochó al Supremo actuar con desconocimiento del ordenamiento jurídico: era inexcusable saber que las resoluciones del Constitucional en casos de recurso de amparo no pueden ser enjuiciadas por ningún otro órgano judicial. Todo el mundo sabía que detrás de la alocada decisión de Tribunal Supremo latía una cuestión fundamental: un serio debate sobre ámbitos de competencia. Pero una cosa es diferir sobre esos aspectos (o sobre el modelo ideal de juez) y otra transformar esa irritación en nada menos que una condena del Tribunal Constitucional (o de un juez que no es ni corrupto, ni incompetente).

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ El País, 22/01/2012

PUNTO DE OBSERVACIÓN

Recuerden sus principios 

Hace ya muchos años que las democracias más prestigiadas del mundo reaccionan ante cualquier ataque de manera completamente inconsistente con los principios con los que fueron creadas y con las libertades civiles que aseguran defender. Sucedió a raíz del gravísimo atentado con las Torres Gemelas, en Estados Unidos, o contra el metro en el Reino Unido. Y está sucediendo otra vez en el caso de las filtraciones de Wikileaks, que no tienen absolutamente nada que ver con atentados ni con violencias, sino con la libertad de expresión y de comunicación.  Una vez más, conviene recordar la pregunta que se hicieron algunos intelectuales de las democracias emergentes a raíz del 11-S: "¿Está usando Occidente su dominio para preservar su poder o para preservar las reglas cívicas que él mismo estableció en el siglo XX?". 

Difícil poder explicar qué principios defienden las democracias "clásicas" cuando el Gobierno de Estados Unidos intenta bloquear a Wikileaks asegurando que los documentos que ofrece, por ser, en teoría, clasificados, no pueden ser descargados ni por funcionarios, ni por empresas que tengan contratos con la Administración norteamericana, ni, lo que es todavía más asombroso, por "individuos privados", por ejemplo, estudiantes, que, al bajarse esa información en sus ordenadores, están "poniendo en peligro sus posibilidades de acceder en el futuro a un puesto de trabajo dentro de la Administración pública". 

La Universidad de Columbia difundió esa advertencia del Departamento de Estado a través de su página de servicios y tuvo que ser su Escuela de Asuntos Públicos Internacionales la que diera la voz de alarma y defendiera que "los estudiantes tienen derecho a discutir cualquier información de la arena pública que consideren relevante para sus estudios o para su rol como ciudadanos globales, y de hacerlo sin temor a consecuencias adversas". Pero incluso la Escuela de Asuntos Públicos pasó por alto el aspecto más inquietante de la nota hecha pública por la Secretaría de Estado: con su advertencia, la Administración norteamericana está admitiendo que puede examinar y valorar las páginas web descargadas a lo largo de su vida por todos aquellos que aspiran a trabajar para ella. 

Hasta la impecable Biblioteca del Congreso, el último lugar en el que uno pensaría que se puede ejercer la censura, emitió un comunicado explicando que se veía obligada a bloquear el acceso a Wikileaks, "debido a las leyes en vigor sobre protección de documentos clasificados". "Cobardes", replicó en su propia página web un usuario de este excepcional centro de documentación. "Revisen el Código de Ética de las Bibliotecas Norteamericanas, que ustedes prometieron respetar". El punto dos de ese Código (www.ala.org) compromete a los bibliotecarios a luchar contra cualquier intento de censura de sus contenidos. 

Es posible que sea la reacción de la Administración norteamericana ante la revelación de los documentos, y no el contenido mismo de esos papeles, lo que termine realmente por minar la reputación de Estados Unidos. En el fondo, los documentos de la Secretaría de Estado no revelan secretos que le perjudiquen, sino las mentiras que han dicho en público, no ellos, sino buena parte de sus aliados, políticos españoles incluidos. Sea como sea, lo que es evidente es que los ciudadanos se sienten cada día menos seguros de la honestidad democrática de sus dirigentes. Basta con leer el último informe de la organización Transparencia Internacional sobre la percepción de corrupción en Estados Unidos y en la Unión Europea y su principal conclusión: los ciudadanos creen que ha crecido alarmantemente en los últimos años. 

El 73% de los europeos cree que hay más corrupción ahora que en 2006. Lo creen los españoles, pero también los alemanes (70%) e incluso los finlandeses (50%). La crisis financiera y económica está sin duda en el corazón de esta fuerte desconfianza en políticos y altos funcionarios, pero no estaría mal que no se agreguen más elementos desmoralizadores a una situación que está produciendo tanto agotamiento.

(SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 12/12/2010 El Pais)

¡Qué gran noticia! Sobre Wikileaks.

La mejor noticia que hemos recibido los periodistas en mucho tiempo respecto a los contenidos, la esencia, de nuestro trabajo profesional es la existencia de Wikileaks. Los grandes adelantos tecnológicos y la globalización digital han cambiado muchas cosas, nuestra manera de trabajar, la enorme velocidad a la que lo hacemos, la relación de nuestro trabajo con otras áreas de la comunicación, la interrelación con los lectores o espectadores, el acceso inmediato a textos lejanos, escritos en lenguas desconocidas, a imágenes captadas por testigos provistos de simples teléfonos móviles, etcétera. Han sido enormes y muy importantes cambios, que han alterado el sentido del mundo en el que nos movemos, nos han proporcionado ventajas impensables hace pocos años y, en cierto sentido, nos han acercado también al peligroso mundo del info-entretenimiento (vean en YouTube la formidable entrevista-show con José Montilla).
Pero sobre los contenidos, sobre la información (no la comunicación, que es otra cosa), sobre cómo enriquecer y acceder a esa información, lo único realmente positivo es Wikileaks: una caja electrónica protegida por sofisticados sistemas cifrados que permite a cualquier ciudadano depositar anónimamente documentos que se mantienen ocultos y que pueden afectar al interés común de la sociedad. La idea es que, a partir de ahí, un grupo de periodistas profesionales, entrenados en la verificación y valoración de la información, logre su publicación en medios influyentes y contrastados, y consiga que llegue al mayor número de ciudadanos posible.
La discusión sobre en qué consiste el interés público es muy antigua. El British Press Council llegó a una definición bastante sensata que puede ayudar a centrar un poco el debate sobre lo que es legítimo desde el punto de vista de la información periodística. Para el BPC es de interés público: 1) detectar y exponer delitos o graves faltas y conductas antisociales; 2) publicar datos que ayuden a proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, y 3) difundir información que impida que los ciudadanos sean confundidos o engañados por declaraciones o actos de individuos u organizaciones.
Wikileaks, al margen de la personalidad de su fundador y editor, el australiano Julian Assange (lean la entrevista publicada en este periódico el domingo pasado), es un instrumento extraordinario desde el punto de vista de los contenidos de las informaciones que sirvan a estos tres propósitos enunciados. Se trata, como aseguran los principios de Wikileaks, de combinar alta tecnología de seguridad con principios éticos y profesionales y, sobre todo, con la confianza de que existen personas, individuos, situados en lugares importantes que comulgan con la idea del interés público y que, en condiciones de seguridad propia, están dispuestos a facilitar esas informaciones y documentos que implican delito, engaño o riesgo para los ciudadanos. ¡Qué excelente noticia!
Es posible que parte de la crisis financiera hubiera podido ser evitada si personas que conocían los riesgos que corrían determinadas compañías inversoras, bancos y otras entidades de crédito hubieran podido filtrar, con total confianza y anonimato, documentos y escritos reveladores para que periodistas interesados en los contenidos de interés público, verificaran y lograran su difusión. Es posible que se hubieran podido evitar algunas muertes de civiles en Irak o en Afganistán y el uso de la tortura como método extendido de interrogatorio...
Leer todo el artículo de Soledad Gallego en "El País"
Más sobre el caso.
Pregunta del Chicago Tribune sobre el fundador de Wikileaks
“¿Por qué sigue vivo Julian Assange?”
Iroel Sánchez (la pupila insomne)
Un artículo de Jonah Goldberg, publicado el pasado 29 de octubre con el título “¿Por qué Julian Assange sigue vivo?”, en el rotativo estadounidense Chicago Tribune, se queja de que Estados Unidos no haga “nada en absoluto” para detener a Julian Assange y llega a barajar su asesinato como una posibilidad.
El autor comienza diciendo que le gustaría hacer una pregunta simple: “¿Por qué no está muerto Julian Assange?”, y agrega que “militares y otros funcionarios del gobierno insisten en que Wikileaks está haciendo grave daño a la seguridad nacional de Estados Unidos y va a hacer que personas mueran, entre ellos los valientes iraquíes y afganos que han arriesgado sus vidas y las vidas de sus familias para ayudarnos”. Goldberg iguala las filtraciones de Wikileaks con el delito -nunca probado- de los esposos Rosenberg, acusados de facilitar a la URSS información sobre la bomba atómica. Los Rosenberg fueron ejecutados en la silla eléctrica luego de un juicio amañado, que se insertó en el auge del anticomunismo norteamericano y su negativa a reconocer la capacidad científica soviética de alcanzar por sí misma la paridad nuclear.
La comparación con el célebre matrimonio es útil para comprender la pregunta que viene inmediatamente después: “¿Porqué no fue Assange garrotado en su habitación de hotel hace años?”, y para que nadie se equivoque, aclara a continuación que se trata de “una pregunta seria”. Mezclando en tono de burla versiones de Hollywood con las denuncias de The Nation y Oliver Stone sobre la implicación de la CIA en los atentados a Fidel y el asesinato de Kennedy, el artículo sugiere que “Assange sería una mancha de grasa en la autopista ya”.
Convirtiendo las víctimas en victimarios, el articulista dice: “No son sólo los estados-nación los que se ven amenazados por Wikileaks. Estos chicos pasan gran parte de su tiempo persiguiendo a las grandes corporaciones…”. Sin una palabra para los más de cien mil muertos en Iraq –más de 60 000 de ellos civiles-, documentados en las filtraciones de Wikileaks, el comentario trata de ridiculizar las denuncias sobre los crímenes de las agencias norteamericanas afirmando que “el mundo no es tan dramático como “bloggers, periodistas importantes para sí mismos y ex espías nostálgicos creen que es”.
Y más. El Pentágono ha desplegado un equipo de 120 personas para frenar sus filtraciones. Suecia, el país al que acudió a refugiarse, le ha negado el permiso de residencia. El hombre que destapa los documentos silenciados, el enemigo de las verdades oficiales, volvió a asestar ayer un nuevo golpe. Se llama Julian Assange. Tiene 39 años. Nos concedió una cita secreta en Londres / Consulta los documentos sobre Irak filtrados en la página de Wikileaks | CLAVES: Cómo navegar por los 'papeles de Irak'

la Semana contra la Pobreza

“Una generación dispuesta a dar un giro, un golpe de timón; una revolución donde las armas son tu voz” -El grito de mi generación, canción de la Semana contra la Pobreza-
Ya pasó la Semana contra la Pobreza, así que ya podemos cambiar la chapa de la solapa. ¿Qué toca esta semana? ¿Cambio climático? ¿Alguna enfermedad africana? Pásenme ya el manifiesto que lo firmo. Y avísenme de la mani, que si no llueve ni juega el Madrid me apunto. Sobre todo si al final hay concierto y coreamos una canción bonita.
Perdonen la mala baba, los lunes son así. Tengo en alta estima a muchas de las personas y colectivos que se han movilizado contra la pobreza en el mundo, y sé que trabajan mucho más que los días señalados en el calendario de las buenas causas. Pero me temo que este tipo de campañas y canciones, por bienintencionadas que sean, no consiguen más que una adhesión fofa por parte de los ciudadanos.
Empezando por el lema: “contra la pobreza”. Yo, por más que miro no veo pobreza por ningún lado. Pobres, un montón, pero nada de pobreza. Al contrario, por todas partes abundancia y lujo. Hay hambre, sí, pero las despensas del mundo están a rebosar. Hay gente en la calle, sí, y miles de pisos vacíos. Hay salarios de miseria, cierto, pero conviven con sueldazos y pensiones millonarias.
¿Dónde está la pobreza? O de otra manera: ¿por qué lo llaman pobreza cuando quieren decir desigualdad? Puede parecer un matiz semántico poco importante, pero define la forma de ver el problema. Supongo que si en vez de contra la pobreza convocan contra la desigualdad, va menos gente. Si suben un escalón más y llaman no contra la pobreza o la desigualdad, sino contra el sistema económico que la causa, menos todavía. Y si llegamos al final de la escalera y decimos “Contra el capitalismo”, huy, nos disuelve la policía. Y nos quedamos sin canción y sin artistas. (de Isaac Rosa) (ver aquí)

Asombroso dato
Hablar de cifras de hambrientos en el mundo suele producir una cierta incredulidad y, finalmente, indiferencia: ¿1.000 millones, 1.020 millones de seres humanos con hambre crónica? Quizá nos debería bastar con saber el asombroso dato de que hoy hay más personas desnutridas que hace una década, que la cifra se ha estado incrementando de forma lenta pero constante desde 1997 y que la última crisis económica mundial ha llevado la cifra de hambrientos a niveles históricos. Un balance realmente inesperado para un siglo XXI recién comenzado bajo el símbolo de la globalización y la tecnología.
¿Cómo es posible? ¿No se habla todo el rato de ayuda alimentaria, no hay más ONG que nunca, no ponen los Gobiernos más dinero en programas de ayuda al desarrollo? Pues no... seguir aquí (SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 18/10/2009)