La desaparición de los derechos sociales en la UE

Vicenç Navarro
Público

Uno de los principios básicos que Jacques Delors había enunciado para crear un sentido de pertenencia a la UE era crear una comunidad europea, identificando la pertenencia a tal comunidad con el ejercicio de derechos sociales aplicados a toda ella. Incluso el concepto de establecer un pasaporte europeo tenía como objetivo el de ir avanzando en esta línea en el desarrollo de tal comunidad.

Hoy, sin embargo, la Unión Europea está yendo en dirección contraria, es decir, se está diluyendo y destruyendo esta percepción de pertenencia. Uno de los primeros pasos en esta dirección ha sido la aceptación por parte de las autoridades europeas correspondientes de la demanda del gobierno conservador británico, liderado por el Sr. Cameron, como condición para permanecer en la Unión Europea, de que los ciudadanos de la Unión Europea que emigren y trabajen en el Reino Unido no tengan los mismos derechos sociales, como el seguro de desempleo, hasta después de una larga estancia en el país. Se establece así la categoría de trabajador extranjero, dentro de la UE, con distintos derechos a los que tienen los trabajadores locales.

Esta medida ya ha dado pie a otra propuesta, incluso más dura, por parte –nada menos- que del gobierno Merkel, en Alemania, el país que, por cierto, se ha beneficiado más de la supuesta libre circulación de trabajadores dentro de la UE. Nada menos que la Ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, la socialdemócrata Andrea Nahles (que fue, en su día, la dirigente de las juventudes del Partido Socialdemócrata, y gran esperanza de las izquierdas de tal partido), ha propuesto que los trabajadores extranjeros procedentes de otros países de la UE tengan que haber vivido en Alemania durante cinco años antes de recibir los derechos sociales relacionados con el trabajo. Y, con cierto cinismo, ha dicho que “yo apoyo completamente la libertad de movimientos, pero no la libertad de acceso a los derechos sociales, lo cual es distinto”.

De esta manera se establecen tres tipos de trabajadores. Uno, los trabajadores locales. Otro los extranjeros procedentes de la UE. Y un tercero que incluye los refugiados, inmigrantes de países que no son de la UE. Ni que decir tiene que esta división reforzará el mundo empresarial, pues la falta de unidad de derechos imposibilita la unidad de acción de los instrumentos en defensa de la clase trabajadora, tales como los sindicatos, que se sienten debilitados con estas divisiones, aprovechadas cínica y constantemente por el mundo empresarial.

El ataque frontal al mundo del trabajo
Pero esta disolución de los derechos sociales ha alcanzado su máxima expresión en la nefasta (y no hay otra manera de definirlo) decisión de la Tribunal de Justicia de la UE, tomada en el periodo 2007-2008, que indica que la libertad económica de los empresarios en Europa tiene prioridad sobre los derechos sindicales a los convenios colectivos. Es sorprendente (y es un indicador de la enorme debilidad de los sindicatos) que no haya habido movilizaciones generales frente a tal decisión (ver Esther Lynch, “If Europe Takes Trade Union Rights For Granted… We Risk Losing Them”, Social Europe Journal, 09.05.16). Ni que decir tiene que tal decisión de dicho tribunal viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948, que indica que “toda persona tiene el derecho a formar y/o formar parte de un sindicato para la protección de sus intereses”. Ahora bien, la Europa que era el sueño de las fuerzas progresistas se está transformando en una pesadilla.

Fuente original:
http://www.caffereggio.net/2016/06/04/la-desaparicion-de-los-derechos-sociales-en-la-ue-de-vicenc-navarro-en-publico/#

E. P. Thompson. Marxismo e Historia social, nuevo libro

Desde luego, las circunstancias del presente obligan a comprender aspectos como las dinámicas de funcionamiento del sistema capitalista, los nuevos marcos de relaciones laborales, las identidades y las formas culturales extendidas entre los grupos sociales, o el surgimiento de nuevas formas de acción colectiva como respuesta a la crisis económica y al retroceso sistemático de derechos que impone la actual gobernanza neoliberal. En este contexto, nos estamos encontrando con la formación de nuevos sujetos y movimientos sociales que, desde sus condiciones materiales cotidianas,desde diferentes tradiciones y ámbitos culturales, están sufriendo la experiencia de la pauperización, de la restricción de libertades y de la pérdida de expectativas, al tiempo que desarrollando, también,una experiencia común de difusión de nuevas y viejas ideas, de movilización y de combate político. Y es que la emergencia de nuevos sujetos políticos, en especial de aquellos representantes de la clase trabajadora o de las clases populares, como nos mostró Thompson, se construye a través de las experiencias concretas de opresión, de participación y de lucha política, en las que se pueden fundir tradiciones culturales anteriores con elementos nuevos, proponiendo una hegemonía alternativa y una economía moral de la multitud, que bien podría aprovechar los ricos legados de las diversas tradiciones de la izquierda en la batalla por la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social y, en última instancia, por la emancipación humana.

Toda la obra de E. P. Thompson, hito esencial en el modo de pensar la historia, es una notable aportación para renovar el aparato metodológico y conceptual con el que analizar nuestro pasado y presente. En sus estudios sobre la construcción de la clase obrera, mostró cómo esta no era un mero producto de estructuras económicas, sino sujeto que interviene activamente en su propia conformación: dirigió nuestra mirada a la vida cotidiana, a la cultura popular, a las reivindicaciones de los más desfavorecidos, en suma, a la experiencia como elemento decisivo en la constitución de la clase. Nos enseñó a ver la historia desde abajo.

E. P. Thompson. Marxismo e Historia social retoma las categorías, herramientas y debates que este historiador nos ofreció: el impacto de la crisis económica, el ataque a los derechos sociales y civiles en muchos países, la crisis de representación política… De la mano de E. P. Thompson es posible comprender la historia como reflexión encaminada a una acción colectiva que se origine desde abajo, desde los sujetos obreros y populares a los que el grandioso historiador dedicó su análisis y su compromiso vital.

Plan B Europa: La lucha por los derechos laborales y sociales

Intervencion Mikel Noval en las Jornadas Plan B Europa

El capital ha pasado a la ofensiva a todos los niveles para acabar con todo lo que suponga el poder organizado de manera colectiva, lo que afecta, obviamente, al poder sindical. El sindicalismo tiene que hacer frente a esta realidad, ser una herramienta útil para confrontar con ese modelo, tanto en los centros de trabajo como en la calle. ELA ha optado por ser un instrumento de lucha para los trabajadores y trabajadoras precarias.

3 ejemplos de estos días:

-Kutxabank-
Hemos hecho campaña, con movilizaciones y manifestaciones, para defender un sistema financiero público vasco. Estuvimos en contra de la conversión de las Cajas en Banco, y estamos dificultando su privatización y salida a Bolsa. Hemos actuado como sindicato, y también siendo parte de una alianza entre organizaciones sindicales y sociales (en la que toman parte los colectivos antideshaucios, entre otros).

En el Banco no hemos aceptado un nuevo recorte de 380 empleos, vía prejubilaciones, y estamos llevando a cabo una campaña para conseguir que 170 eventuales, que trabajan en situación precaria y discriminatoria, dignifiquen sus condiciones de trabajo.

-Residencias de Bizkaia-
Un sector feminizado y precarizado. En 2013 se consiguió, vía movilizaciones y paros, un convenio que blindó la reforma laboral, es decir, garantizó su no aplicación. Fue un convenio para 3 años. Ahora la patronal quiere eliminar ese blindaje e imponer recortes salariales y aumento de la jornada y de la precariedad. ELA, con un 66% de representatividad, se ha levantado de la mesa esta misma semana y ya tentemos un calendario de movilizaciones.

-Laminaciones Arregi (Grupo Celsa Atlantic)-
Empresa que ha represaliado a sindicalistas. La empresa destruyó empleo castigando a quienes pertenecían a determinadas organizaciones sindicales. Los tribunales dieron la razón a nuestras demandas. La batalla ha durado cuatro años, en las que la empresa incumplía sistemáticamente las resoluciones. Pero gracias a la lucha de los trabajadores y trabajadoras y del apoyo social que se ha producido, se ha conseguido un acuerdo que recupera los derechos vulnerados. Sin duda, el compromiso del sindicato en esta batalla ha sido clave para conseguirlo.

Consideramos que la acción sindical tiene que enfocarse en gran medida hacia la lucha por los derechos de los colectivos más precarios. Para esa lucha el sindicalismo tiene que seguir desarrollando las formas tradicionales de organización (la organización de los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo es más necesaria que nunca para dar respuesta a los ataques que estamos sufriendo). Otra cosa es que debe adaptar su organización a los cambios tan grandes que se están produciendo en el mundo del trabajo.

Además, cada día tratamos de buscar otras formas, otras dinámicas de actuación y de lucha. Vamos a señalar dos ejemplos de formas de actuación diferentes:

a) La campaña Jai egunetan jai (los domingos y festivos no se trabaja)
Vivimos una sociedad que potencia valores tan poco saludables como el consumo. Para ello una de las estrategias es la de extender los horarios comerciales. En el País Vasco llevamos años de dura pelea en la que hemos logrado que los comercios no abran los domingos y festivos. Las tiendas de más de 150 metros cuadrados no abren ninguno en todo el año. Somos una excepción en el Estado español, que disgusta a las grandes cadenas y a los políticos que legislan para sus intereses. Nos tachan de anacrónicos, de antiguos, de poco modernos o de ir contra el turismo. Cuando no de violentos.

La defensa de las condiciones de trabajo de este sector, también feminizado, y del derecho a conciliar su vida laboral, familiar y personal; la defensa de un modelo de comercio más pequeño y de cercanía; la defensa de un ocio basado en otros valores. Todo esto ha permitido crear una alianza sindical y social, con organizaciones de consumidores, con asociaciones de comerciantes, que defendemos seguir con cero aperturas en festivos. Sabemos que si aceptamos una nos van a llevar al modelo de Esperanza Aguirre: 365 días de apertura al año, salvo los bisiestos, con 366.

b) La resistencia y la propuesta en alianza entre organizaciones sindicales y sociales
Tenemos muy claro que la movilización social es el camino imprescindible para el cambio de las políticas. Para ello hay que confrontar con los poderes económicos, financieros y mediáticos. Quienes defienden el actual status quo no tienen ningún reparo en utilizar toda la artillería de la que disponen, que es mucha, para impedir cambios reales. Pueden aceptar pequeños cambios pero siempre que no cuestionen el fondo del reparto cada vez más injusto de la riqueza. Pero el cambio radical va a tener una oposición frontal, no pacífica.

Para conseguir ese cambio de las políticas ni siquiera es suficiente que el gobierno de turno lo quiera realizar. Los gobiernos del cambio son sometidos a presiones y chantajes tremendos. Es imprescindible la movilización y la presión social para que, desde fuera de las instituciones, desde la calle, la gente, el pueblo, lo exija.

La desmovilización social, delegar la acción en quienes pueden llegar o han llegado al gobierno, y confiar en que ya está todo hecho, es equivocado. Con desmovilización social ese cambio real no se va a producir.

Es imprescindible articular una alianza sindical y social que trabaje por el cambio radical de las políticas, y que sea independiente del poder económico y de los partidos políticos. Se requiere un movimiento social con capacidad de diagnóstico y acción propio. Y eso es algo aplicable en Euskal Herria o en toda Europa.

Trabajamos en la práctica en esa dirección.
6 huelgas generales.
-Mayo de 2009, para exigir un cambio de las políticas. Si no, decíamos, vendrían los recortes;
-junio de 2010, contra la reforma laboral de Zapatero;
-enero de 2011, contra la reforma de pensiones acordada por Zapatero, CCOO, UGT y CEOE (retraso de la edad de jubilación, recorte de las nuevas pensiones y poner las bases para la pérdida de poder adquisitivo generalizada de las pensiones);
-marzo de 2012, contra la reforma de Rajoy;
-septiembre de 2012, contra los recortes de de Rayoy;
-mayo de 2013, ante el anuncio de una nueva reforma de pensiones y por los Derechos laborales y sociales dignos.

Las últimas huelgas, junto a otro tipo de movilizaciones, las convocamos desde una Plataforma de organizaciones sindicales y sociales que compartimos unos elementos básicos: la necesidad de dar una alternativa radical al sistema (no valen parches); aceptación de trabajo conjunto entre organizaciones grandes y pequeñas. En la práctica esto supuso la configuración de un espacio con todos los sindicatos menos CCOO y UGT (la crítica al denominado diálogo social es otro elemento común) y la inmensa mayoría de los movimientos sociales que trabajan ámbitos diversos como el feminismo, la lucha contra la exclusión, etc.

Cuando convocamos la última huelga general decidimos poner en marcha un proceso participativo con el objetivo de poner en común nuestras alternativas al modelo económico y social dominante. Esto es lo que ha dado lugar a la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.

Una vez acordada dicha carta decidimos dar un paso más: la interpelación política. Y con ello vinieron las manifestaciones del 14 de marzo de 2015 demandando la aplicación de un Programa Social.

Por último, Alternatiben Herria, que tuvo lugar el 24 de octubre pasado en Bilbao. Al hilo del llamamiento Alternatiba “Cambiar el sistema, no el Clima”, se tomaron las calles de Bilbao para mostrar que existen ya alternativas reales, en aspectos diferentes como las finanzas éticas, la soberanía alimentaria, las energías renovables, etc. Fue una combinación de espacio formativo y participativo, celebrado en ambiente festivo.

Sin duda tenemos mucho que mejorar, mucha tarea por hacer. Dar respuesta a las necesidades de la clase trabajadora es un reto permanente. Pero tenemos la convicción de que la lucha y la confrontación son el camino, tanto en los centros de trabajo como en la calle. Nuevas y tradicionales formas de organización y de lucha. Este es el camino por el que transitamos en Euskal Herria, dando muestra de un sindicalismo que está vivo, muy vivo.

Como decía un antiguo miembro del sindicato: vivimos tiempos apasionantes. Es lo que nos toca y vamos a intentar hacer todo lo posible por estar a la altura de ese reto.

Lo que no se dice sobre el crecimiento de las desigualdades sociales

Por fin, el gran crecimiento de las desigualdades que hemos estado experimentando en la mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte ha pasado a ser noticia, con un número cada vez mayor de fórums y conferencias dedicando atención a este tema, presentándolo como un problema. Incluso el Foro de Davos, uno de los centros de reflexión neoliberal con mayor impacto mediático, dedicó este año a este tema un espacio importante de su programa. Es interesante notar, sin embargo, que lo que ha estado ocurriendo con el tema de las desigualdades es muy semejante a lo que ha ocurrido con el cambio climático. Como en el caso de este último, la sabiduría convencional en aquellos países (dominada desde los años ochenta por el dogma neoliberal) negaba, al principio, su existencia. Se decía que, en contra de lo que aseguraban algunos “radicales extremistas” (el menos ofensivo de toda una larga retahíla de insultos), no había ningún cambio climático. Cuando la evidencia de que sí había tal cambio era ya abrumadora, la sabiduría convencional lo admitió, tras mucha resistencia y recelo, pero añadió –inmediatamente– que este no era causado por la intervención humana. Se debía –decía la sabiduría convencional– a cambios cíclicos de la naturaleza sobre los que la intervención humana tenía poco que hacer.

Una evolución similar ha ocurrido ahora con el crecimiento de las desigualdades. Primero se negó que existiera, acusándonos, a aquellos que señalábamos que era una realidad con terribles consecuencias sociales y económicas, de “radicales aguafiestas”. Más tarde, ante la evidencia abrumadora que cuestionaba este dogma, admitieron su existencia, pero negaron que se debiera a decisiones políticas concretas tomadas por instituciones públicas altamente influenciadas por los grupos financieros y económicos (que configuraban la sabiduría convencional neoliberal del conocimiento económico), atribuyendo dicho cambio a hechos como “la globalización de la actividad económica”, “la introducción de nuevas tecnologías” u otras argumentaciones, hechos que se consideraban (erróneamente) apolíticos, determinados por la propia lógica y dinámica del sistema económico. En realidad, cada uno de estos hechos supuestamente apolíticos era resultado de decisiones políticas tomadas por los Estados, cada uno de ellos influenciado por aquellos grupos financieros y económicos, que dominaban el proceso de gobernanza de cada país.

¿Por qué han crecido las desigualdades?

En realidad, la fuerza más determinante en la evolución de las desigualdades sociales y de su crecimiento ha sido el grado de influencia que los propietarios y gestores del gran capital (es decir, del mundo de las grandes empresas financieras, industriales y de servicios, y que incluye personas e instituciones que obtienen sus ingresos a partir de la propiedad del capital) han tenido sobre sus Estados. Cuanto mayor ha sido su influencia sobre el Estado, mayor han sido las desigualdades en un país. Cuanto, por el contrario, mayor ha sido la influencia del mundo del trabajo (es decir, de la mayoría de la población que deriva sus rentas del trabajo, con escasa propiedad) sobre los Estados, menores han sido las desigualdades. La evidencia de que ello es así es abrumadora. Durante el periodo 1947-1979 (el llamado “periodo dorado del capitalismo”), cuando el mundo del trabajo tenía más poder, el crecimiento de la riqueza de los países se repartió más igualitariamente que no durante el periodo 1979-2013, cuando –con la revolución neoliberal iniciada por el Presidente Reagan y la Sra. Thatcher– el mundo del capital fue el que claramente dominó las instituciones del Estado. Durante este último periodo, como resultado del crecimiento de la productividad, hubo un aumento de la riqueza, que se concentró en los sectores más pudientes de la población que derivan gran parte de sus ingresos de la propiedad del capital.

Estos datos muestran que las causas del crecimiento de las desigualdades son primordialmente políticas, es decir, que derivan de decisiones tomadas por el Estado como resultado del grado de influencia diferencial que tienen sobre ese Estado el mundo del capital y el mundo del trabajo. La época neoliberal (1980-2013) ha sido la época de mayor dominio del Estado por parte del capital, habiéndose alcanzado unos niveles nunca vistos desde principios del siglo XX. En EEUU, por ejemplo, el 10% más rico de la población posee el 77,1% de toda la riqueza, mientras que el 90% restante posee el 22,9%. En realidad, el 40% de la población no tiene ninguna propiedad; todo lo contrario, está endeudada. El 20% que le sigue tiene solo un 3,3% de toda la riqueza, seguido de otro 20% que tiene un 10% de toda la propiedad. La suma de ello (40+20+20) muestra que el 80% tiene solo un 13,3% de la riqueza. (Los datos que presento en este artículo proceden de John Schmitt “The Economy and the Evolution of Income and Wealth”. Public Policy Program. The Johns Hopkins University. 20 de febrero de 2014)

Esta enorme concentración de la riqueza, causa mayor del crecimiento de las desigualdades, ha motivado el movimiento popular de protesta conocido en EEUU como el Occupy Wall Street (claramente influenciado por el movimiento de los indignados, el 15-M, de España), que denuncia al 1% de la población (que controla, en gran medida, la propiedad de los medios financieros –basados en Wall Street) como el centro del poder financiero y económico, y por lo tanto, político y mediático del país.

No es el 99% contra el 1%, sino el 90% contra el 10%

Ahora bien, aun cuando el número de 1% -que incluye el grupo dominante del poder financiero, económico, político y mediático del país- es un número muy gráfico y didáctico para mostrar el grado de concentración del poder en EEUU, es una cifra que subestima el problema político al que tiene que hacer frente cualquier estrategia encaminada a revertir dicha concentración. Este 1%, que controla el 35,6% de toda la riqueza, va seguido de un 9% que controla otro 39,5%. El problema, pues, no es solo el 1%, sino que incluye también al otro 9%, que juntos suman en total un 77,1% de toda la riqueza. Este 9% son los grandes propietarios del capital industrial y de servicios, así como los sectores sociales que se benefician claramente del sistema de propiedad actual, y que incluye, entre otros, a los dirigentes mediáticos, la intelectualidad del régimen, la clase dirigente del funcionariado y la mayoría de la clase política gobernante, todos ellos sirvientes de las estructuras del poder. Junto al 1% del capital financiero representan lo que en Estados Unidos se llama la Corporate Class. De ahí que el conflicto no es del 99% de la población contra el 1%, sino del 90% contra el 10%, teniendo este último un enorme poder. Los grandes gurús mediáticos, por ejemplo, no son parte del 1%, pero si del otro 9% que sirve al sistema controlado por el 1%, y que se opondrá por todos los medios a que cambie el sistema que los beneficia.

El declive del sistema democrático

Esta enorme concentración de la riqueza ha sido consecuencia de las intervenciones del Estado, que han favorecido sistemáticamente y abusivamente desde los años ochenta al capital a costa del mundo del trabajo. Y cuando digo a costa quiero decir que las rentas del capital han subido como consecuencia de que las rentas del trabajo han disminuido. En otras palabras, el crecimiento de la riqueza, como resultado del aumento de la productividad (incluida la productividad laboral), no ha repercutido tanto en el mejoramiento de las rentas del trabajo como en el crecimiento desmesurado de las rentas del capital. En realidad, el salario por hora (controlado por inflación y tipo de trabajo) en EEUU fue menor en 2013 que en el año 1978.

La situación en España es muy semejante a la que ocurre en EEUU. La enorme influencia del 10% más rico de la sociedad (tanto en el Estado como en la sociedad civil) está causando el enorme crecimiento de las desigualdades. Y ello ocurre, tanto directamente como indirectamente, a través de las políticas públicas del Estado. Entre las directas están las políticas fiscales, por ejemplo, que benefician sistemáticamente al capital a costa del trabajo. Y entre las indirectas, está el gasto público. Por ejemplo, la reducción del empleo público y de la capacidad adquisitiva del empleado público (y con ello, el descenso de la renta nacional que va al mundo del trabajo) se hace para poder pagar los rescates a la banca y pagar la deuda pública (propiedad, en su gran mayoría, de la banca), con lo cual se está haciendo una transferencia de fondos públicos del 90% de la población española, cuya renta procede del trabajo, al 1% que deriva sus ingresos de la propiedad del capital financiero (del cual depende el otro 9%, que está al servicio del 1%) que controla el sistema de gobernanza del país.

Y es esta enorme concentración de la riqueza la que está destruyendo la democracia. Pero le aseguro a usted que no leerá todo esto en los medios. Un artículo como este no se puede publicar en los cinco rotativos más importantes del país. Le ruego que lo distribuya.
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/9270/lo-que-no-se-dice-sobre-el-crecimiento-de-las-desigualdades-sociales/
Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Ataque a los jueces que frenan los despidos colectivos

En los últimos años de crisis económica y recortes, los jueces españoles han alcanzado un protagonismo especial como defensores de los derechos de los ciudadanos. “En este momento los jueces españoles están siendo valorados muy positivamente porque están luchando contra la corrupción. También han sido pioneros en la lucha contra los desahucios y están teniendo mucho protagonismo en otros temas que afectan a los ciudadanos como las preferentes o las cláusulas abusivas. Creo que en estos momentos la percepción que hay es que los jueces están tutelando los derechos de la gente más desfavorecida socialmente, como muestra también el tema de la reforma laboral. La gente ve como la última confianza que tiene es acudir al juez”, afirma Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en una entrevista para el dossier sobre la Justicia en el número de febrero de la revista de La Marea.

Sin embargo, el Gobierno está intentando cortarles las alas a los jueces, especialmente en los casos de despidos colectivos (EREs) en los que los tribunales han estado más del lado de los trabajadores que de las empresas desde que muchos conflictos laborales acabasen en los juzgados a consecuencia de la reforma laboral. La Troika –Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional (FMI)- advertía en sus últimos informes sobre el rescate a la banca española de que los jueces eran un obstáculo.

El Ministerio de Trabajo ya retocó la legislación para reducir el margen de interpretación de los tribunales en los EREs. Y en enero, el Tribunal Supremo ratificó la reforma laboral y pidió a los jueces que no se excedan a la hora de evaluar las causas de los despidos colectivos. “El legislador de 2012 ha querido, y así lo ha hecho constar en la exposición de motivos de la Ley 3/2012, que los órganos jurisdiccionales encargados del enjuiciamiento de los despidos colectivos no sustituyan al empresario en la elección de las medidas concretas a adoptar, limitando su control a verificar que las causas económicas alegadas existen, que tienen seriedad suficiente para justificar una reestructuración de los objetivos y de los recursos productivos de la empresa, que no son por tanto un pretexto o excusa para despedir, y que la supresión o amortización de puestos de trabajo acordada es una medida apropiada (o una de las medidas apropiadas) para hacerles frente”, dijo el máximo órgano del poder judicial en un comunicado.

Al parecer no ha sido suficiente. Hace unos días, el FMI advirtió al Gobierno de España que “la eficacia de reformas pasadas se vio menoscabada, en parte, por una interpretación restrictiva por parte de los tribunales“. Esta recomendación ha provocado una respuesta contundente por parte de los jueces españoles que piden al Ejecutivo de Mariano Rajoy amparo del sistema judicial ante estas críticas de las organizaciones internacionales.

“Con estas manifestaciones el FMI está sugiriendo la supresión del poder judicial en material laboral y la vuelta a las relaciones laborales del siglo XIX, cuando no existían derechos. Con sus pretensiones este organismo internacional parece querer convertirse en una divinidad de adoración obligatoria. Sin embargo, debemos poner de manifiesto que los jueces españoles únicamente están sometidos al imperio de la ley y de los principios constitucionales, según establece nuestro ordenamiento jurídico. Además, esta actuación judicial es la propia de un Estado Constitucional con división de poderes, en la que nuestros tribunales son la garantía ante cualquier vulneración de derechos”, dijo Jueces para la Democracia en un comunicado.
Thilo Schäfer. La Marea
Fuente: http://www.lamarea.com/2014/02/02/ataque-los-jueces-que-frenan-los-despidos-colectivos/

El ataque a la Catalunya social

Los últimos datos del Eurostat, la agencia de recogida de datos de la Unión Europea (UE), y del Idescat, la agencia de recogida de datos de Catalunya (con datos homologables a los del Eurostat), permiten conocer la situación social de España, incluyendo Catalunya. Tales datos muestran un gran deterioro de la situación social en España y en Catalunya. En este artículo me centro en Catalunya, donde tal deterioro ha sido incluso más acentuado, y en las razones para tal deterioro comparando la situación de Catalunya con el promedio de los países de la UE-15.

Empecemos por el mercado de trabajo. La tasa de ocupación de la población es mucho más baja en Catalunya que en el grupo de países de la UE de similar desarrollo económico al nuestro (es decir, a la UE-15), y esto se debe a la escasa disponibilidad y gran destrucción de puestos de trabajo que caracterizan el espectacular deterioro del mercado de trabajo. Esto también explica la elevadísima desocupación (especialmente elevada entre los jóvenes), una de las más altas de la UE-15, una situación que no cambia. El porcentaje de personas que están paradas durante más de un año es casi tres veces más elevado en Catalunya que en la UE-15. Catalunya es también uno de los países de la UE-15 con mayor precariedad entre los trabajadores. Es más, y en contra de la opinión de los economistas ultraliberales que tienen gran visibilidad en los medios de información, tanto privados como públicos, incluyendo los medios públicos catalanes, como TV3 y Catalunya Ràdio, Catalunya es uno de los países con mayor flexibilidad laboral, como lo muestra el hecho de que Catalunya tenga uno de los porcentajes más bajos de trabajadores con contrato fijo de la UE-15. Y es también uno de los que tiene salarios más bajos (y que han bajado incluso más durante los años de crisis).

Una situación igualmente preocupante aparece en cuanto al gasto público social (que financia la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales públicos, las escuelas de infancia públicas, los servicios de dependencia públicos, la vivienda social, y un largo etcétera). Catalunya tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15, y esto a pesar de ser uno de los países más ricos de la UE-15 (su PIB per cápita es el 110% del de la media de la UE-15). Este menor gasto público no se debe al hecho de que Catalunya tenga menos necesidades. Todo lo contrario. En educación, por ejemplo, el porcentaje de la población de 20 a 64 años que ha conseguido al menos la enseñanza secundaria es de los más bajos de la UE-15. Una cosa parecida ocurre en la sanidad pública, una de las sanidades europeas con menor gasto público sanitario por habitante.

Y en contra de lo que la sabiduría convencional mediática y política promueve en Catalunya, la mayor causa de este deterioro de la Catalunya social no se debe primordialmente al déficit fiscal (llamado belicosamente por los independentistas catalanes “expolio de Catalunya por el Estado español”) –que existe, aunque en cantidades menores de las que se presentan por ellos, como he documentado en mis trabajos–, sino en el “expolio de una clase (las clases populares) por una minoría (que vive en Catalunya y es catalana)”. Las leyes que han causado este deterioro de la situación social de Catalunya, perjudicando a las clases populares (con las sucesivas reformas laborales y los recortes sociales), las han aprobado partidos políticos catalanes en las Cortes españolas, que sistemáticamente han favorecido a una minoría a costa de la mayoría de la población. Y algunos de ellos (representantes de las minorías), como CiUhan prometido, como ocurrió hace unos días, al mundo empresarial que cuando consigan la independencia bajarán sus impuestos, mientras que algunos de los gurús ultraliberales independentistas que aparecen en TV3 son conocidos defensores de la total privatización de las pensiones públicas.

La mayor causa del atraso histórico de la Catalunya social es el enorme dominio que las fuerzas conservadoras y liberales (en alianza con las fuerzas políticas de la misma sensibilidad política existentes en el Estado español) han tenido en la vida política y mediática de Catalunya (y España, de la cual Catalunya es parte) desde los años cuarenta, tanto durante la dictadura como durante el periodo democrático. No es por casualidad que los países que están también a la cola de la UE-15, que son Grecia y Portugal, hayan sido países que han tenido dictaduras ultraconservadoras sustituidas por democracias muy limitadas, altamente influenciadas por intereses económicos y financieros que han configurado sus políticas públicas. Hablar solo de nación sin hablar de clase es insuficiente para entender el problema social de Catalunya. Esta es la realidad ignorada, cuando no ocultada, en los mayores medios de información y persuasión en Catalunya.
Vicenç Navarro.
El Plural