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lunes, 7 de mayo de 2018

El blindaje constitucional de la educación concertada.

"No hay arma más peligrosa que el conocimiento en manos del pueblo al que hay que engañar para que no rompa sus cadenas”
(Philippon de la Madeleine, (1734-1818).

En las últimas semanas se ha puesto el foco en las escuelas que segregan por sexo a raíz del reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que no solo avala la constitucionalidad de los colegios que segregan por sexo sino que apoya el blindaje de la LOMCE a los conciertos educativos de este tipo de escuelas y, por ende, a los conciertos educativos en general.

Antes de entrar a comentar el contenido de la sentencia es necesario entender de dónde venimos para darnos cuenta de que el fallo del TC es un retroceso sin precedentes en la garantía del derecho fundamental a la educación.

La razón de ser de las escuelas concertadas
Durante la década de los 80 los conciertos educativos se concibieron como una medida transitoria para dar cobertura a la escolarización universal, ya que la red de escuelas de titularidad pública era insuficiente para cubrir toda la demanda. Era una medida temporal que parecía ganar tiempo para, con el paso de los años, ir consolidando una oferta educativa enteramente pública. Por ejemplo, son muchas las cooperativas de educación que nacieron en la época franquista y que pasaron a ser de titularidad pública en los años posteriores.

Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. En determinadas comunidades autónomas -con Madrid y Cataluña a la cabeza- se fueron naturalizando e institucionalizando los conciertos educativos de las escuelas privadas, aumentando año a año su número a pesar de haber perdido su razón de ser. Dichos conciertos ya no se justificaban por las necesidades de escolarización. Desde 2009, la propia Ley de Educación de Catalunya ya no diferencia entre centros públicos y centros privados, pasando a hablar de sistema educativo sostenido con fondos públicos.

Actualmente nos encontramos ante la paradoja de que muchos centros privados con conciertos educativos no tienen demanda suficiente. Sin embargo, se siguen aumentando las dotaciones y las asignaciones presupuestarias. A la vez, se cierran líneas y colegios públicos, forzando un traspaso de alumnos hacia la escuela privada concertada que luego la administración justifica en la libertad de los padres de escolarizar a los hijos en centros privados (libertad que luego hay que pagar con dinero público).

Los presupuestos públicos están financiando a las escuelas privadas por dos vías: 1) mediante la dotación de conciertos; y 2) mediante las subvenciones públicas.

En Cataluña, los presupuestos confirman la prioridad del gobierno en la financiación de los centros privados. Mientras que el gasto por alumno en la escuela pública se ha reducido un 20,3% desde el curso 2010-2011, el gasto en conciertos educativos es la única partida que en este periodo de tiempo se ha visto incrementada. A lo que hay que añadir las modificaciones presupuestarias no sujetas al control parlamentario, o las subvenciones públicas que reciben los centros privados y que —dicho sea de paso— es imposible contabilizar por la falta de transparencia de la propia administración.

Qué son y cómo funcionan las escuelas concertadas
Las escuelas concertadas son empresas privadas cuyo negocio es la educación. Se basan en los criterios de la oferta y la demanda y, por supuesto, en su propio ideario. Como son centros de titularidad privada no les son aplicables las normas que desarrollan el derecho a la educación, tales como las que regulan el funcionamiento de los centros educativos, los consejos escolares de centro, la regulación y control del profesorado, los comedores escolares, la regulación sobre la escuela inclusiva, y un largo etcétera. De hecho, mientras que en la escuela pública (hasta ahora) las familias tienen derecho a participar con voz y voto en los Consejos Escolares, en la concertada esto no sucede. Mientras que los comedores escolares de las escuelas públicas se rigen por un decreto del gobierno y es la administración quien fija el precio máximo de los menús, en la concertada no sucede lo mismo. Mientras que en los colegios públicos el profesorado accede mediante oposiciones u otro tipo de concursos públicos, en los concertados son los propios centros privados los que escogen a su profesorado mediante sus mecanismos internos. Mientras que en la escuela pública al profesorado se le aplican los procedimientos públicos sancionadores, en la concertada el centro privado es quien se autorregula. Mientras que el acceso a la educación pública es gratuito y universal, en la privada (concertada) hay pago de cuotas mensuales de escolarización y reserva del derecho de admisión. Y estos son solo unos pocos ejemplos.

Lo peligroso de la sentencia que conocimos el pasado 10 de abril no es tanto el blindaje de los conciertos educativos con las escuelas que segregan por sexo como el blindaje de cierto modelo educativo empresarial, basado en la cultura de la organización, en la competencia y en la reproducción de las estructuras patriarcales.

Es la consolidación de la educación como un bien de mercado y no como un derecho fundamental que debe ser garantizado mediante una educación pública, gratuita y universal, con inversiones que, desde una política pública ajena a los vaivenes de los gobiernos, garantice el acceso en condiciones de igualdad de todos los niños y niñas.

El propio TC nos recuerda en la sentencia el derecho de las escuelas privadas a establecer un ideario propio como parte de la libertad de creación de centros, en cuanto equivale a la posibilidad de dotarlos de un determinado carácter o una determinada orientación. Esta especificidad, sigue la sentencia, explica la garantía constitucional de libertad de centros, que no es otra cosa que “una expresión concreta del principio de libertad de empresa que también consagra la Constitución”.

Parece que el TC, en esta última sentencia, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid nos quiere dejar claro el carácter empresarial de los centros privados y la necesidad de protegerlos hasta la última consecuencia. La libertad de empresa estaría por encima del principio de igualdad y no discriminación que consagra el artículo 14 CE.

En Madrid y en Cataluña son muy pocas las escuelas privadas que a día de hoy no estén sujetas a concierto educativo. La mayoría de escuelas privadas concertadas son religiosas, y no sorprende que todas ellas sean católicas.

En España, el 70% de escuelas que segregan por sexo son del Opus Dei y el resto se reparten entre las diferentes Órdenes.

La segregación por razón de sexo no es la única segregación que favorece la escuela concertada. También está la segregación por razones socioeconómicas y por creencias religiosas. En la escuela concertada parece que la única religión válida y digna de estar sometida a concierto económico sea la católica. El TC parece no haberse dado cuenta de la clara preferencia de los poderes públicos por la dotación de conciertos económicos a los centros privados de educación católica en el marco de un Estado aconfesional que, por otra parte, ampara el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con sus convicciones. Se omite que los centros educativos públicos ya ofrecen dicha formación religiosa, pero que a diferencia de los centros privados está abierta a todas aquellas confesiones aceptadas por el Estado. Los alumnos reciben la formación religiosa que los padres escogen.

Segregación por razones socioeconómicas
Hace pocas semanas, el Presidente de la Confederación de Escuelas Cristianas admitía en una entrevista la segregación por motivos económicos en la escuela concertada mediante el pago de cuotas. La solución que proponía era más módulos de conciertos y que el concierto cubriera el cien por cien del gasto para así estar en condiciones de igualdad con la escuela pública. Ahora bien, defendía férreamente la importancia de la titularidad privada y la importancia de mantener su funcionamiento. En pocas palabras, lo que reclamaba era que el gobierno pague los gastos y que ellos se queden con los beneficios.

Es sorprendente la disparidad de los precios de las cuotas entre escuelas concertadas según la población y el barrio donde se encuentren y según su perfil elitista. A las cuotas mensuales hay que añadir el coste del comedor escolar, los libros de texto, el material escolar, el transporte y otros costes que dependen del perfil y actividad del centro privado concertado.

Si bien el propio Tribunal Constitucional recupera la STC 86/85, de 10 de julio (FJ2) para afirmar la dimensión prestacional del derecho a la educación que corresponde a los poderes públicos en las condiciones de obligatoriedad y gratuidad que exige el artículo 27.4 CE, en su argumentación tendente a blindar los conciertos educativos olvida que las escuelas privadas concertadas no son gratuitas para los alumnos que acceden a ellas. Es imposible, desde un punto de vista económico, acceder en condiciones de igualdad, lo que determina una segregación por razones socioeconómicas en el modelo de educación concertada.

En este sentido la financiación de las escuelas privadas va en detrimento del artículo 14 y del artículo 9.2 CE, así como del artículo 27.2 CE. La igualdad real no se puede conseguir si existe desigualdad en el acceso a la educación por razones socioeconómicas, siendo imposible que la educación tenga por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en condiciones de igualdad.

Segregación por razón de sexo y de género
La gran expectativa de la comunidad educativa se concentraba en la valoración por el Tribunal Constitucional del artículo 84.3 LOE, que blinda el modelo de la educación diferenciada y los conciertos económicos con los centros que la imparten.

El TC ampara el artículo 84.3 LOE argumentando que la separación entre alumnos y alumnas en la admisión y organización de las enseñanzas responde a un modelo concreto para el mejor logro de los objetivos comunes a cualquier tipo de enseñanza. Por lo tanto, se trataría de un sistema meramente instrumental y de carácter pedagógico, fundado en la idea de optimizar las potencialidades propias de cada uno de los sexos.

Sorprende el argumento esgrimido porque más adelante explica la sentencia que la educación diferenciada no vulnera los artículos 9.2, 14 y 27.2 CE: la separación por razón de sexo no llevaría implícita una educación diferente por ser niño o niña, y de ser así el centro sí incurriría en la vulneración de los preceptos mencionados.

Salta a la vista la incongruencia del TC. Si partimos de la base de que la educación debe ser igual, independientemente de su sexo, ¿cómo se sustenta la necesidad de un instrumento pedagógico que persiga optimizar las potencialidades de cada uno de los sexos?

Del texto de la sentencia solo se pueden extraer dos cosas. Por un lado, que el TC entiende que los hombres y las mujeres no son iguales y por esto está justificada la educación diferenciada para educar de acuerdo a las diferentes concepciones de lo masculino y lo femenino —como así se muestra en la propaganda en espacios como el transporte público o la televisión—. Por otro, que sin atractivos sexuales próximos es más fácil que los alumnos no se despisten y puedan optimizar sus potencialidades, lo que justificaría el instrumento pedagógico segregacionista.

Esta ideología heteronormativa de fondo, negadora del impulso sexual entre personas del mismo sexo, vuelve inservible el propio instrumento pedagógico y lo hace susceptible de inconstitucionalidad por negar los derechos LGTBI.

Para justificar jurídicamente su argumento, el TC se hace eco de la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960). Según ésta, siempre que el Estado lo permita la creación o el mantenimiento de sistemas de enseñanza separados para los alumnos del sexo masculino y para los del sexo femenino no constituye discriminación.

El TC desecha la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer de 1979 (ratificada por España en 1983), que alude al compromiso de los Estados al estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr el objetivo de eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza. El TC entiende que no se trata de una norma prohibitiva y que en nuestro sistema ya se ha logrado el objetivo de estimular la educación mixta, por ser el modelo que predomina en España.

Hay que recordar que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos son normas de mínimos, pensadas para que puedan ser cumplidas por todos los Estados de la Comunidad Internacional. Es decir, los Estados tienen que garantizar como mínimo aquello que se establece en los mismos. Es más, los Estados están obligados a ampliar el contenido de los derechos fundamentales y no hacer retrocesos en su interpretación y garantía. El propio Tribunal Constitucional admite que “el Derecho internacional de los derechos humanos únicamente establece un mínimo que las normas constitucionales sobre derechos fundamentales y la entera Constitución pueden completar y ampliar”.

El TC concluye que el sistema de educación diferenciada es una opción pedagógica que no puede entenderse como discriminatoria y, por ello, puede formar parte del derecho del centro privado a establecer su carácter propio.

Pero esto no es todo. Lo importante de esta sentencia no era solamente dilucidar si los colegios privados que segregan por sexo eran o no constitucionales, sino determinar si los poderes públicos debían financiarlos por la vía de los conciertos educativos y/o las subvenciones públicas, que es lo que verdaderamente pretende blindar el artículo 84.3, último párrafo, de la LOE, cuando dice que “en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar (…) un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto”. Hasta ahora las Comunidades Autónomas podían decidir no dotar de conciertos económicos a este tipo de escuelas.

Pues bien, el Tribunal Constitucional tenía aquí una oportunidad histórica para obligar a los poderes públicos a no discriminar a las mujeres y al colectivo LGTBI desde la niñez y contribuir a una sociedad más igualitaria en un futuro cercano.

Distintamente, el TC señala que la gratuidad garantizada constitucionalmente no puede referirse exclusivamente a la escuela pública, ya que ello implicaría la obligatoriedad de tal enseñanza pública e impediría la posibilidad real de elegir la enseñanza básica en cualquier centro privado. Y añade que eso vulneraría tanto el derecho de los padres a elegir centro docente como el derecho de creación de centros. Concluye que los centros privados de educación diferenciada deben concurrir en condiciones de igualdad con el resto de los centros educativos, proclamando así la constitucionalidad del último párrafo del artículo 84.3 LOE.

Parece ser que el TC ha hecho una reinterpretación de su propia jurisprudencia. Hasta ahora la elección de centro de los padres no se traducía en un derecho de los mismos sobre un modelo pedagógico; la libertad de creación de centros docentes no conllevaba una obligación económica por parte de la administración; y la ayuda a los centros docentes privados no encerraba un derecho subjetivo a la prestación pública.

Esta sentencia era una oportunidad para adaptar la norma a la realidad social. Pero, una vez más, la educación no es una cuestión de Estado sino de gobiernos al servicio del poder económico y de la iglesia católica. Ningún partido político con opción a ganar unas elecciones negaría la igualdad de género y los derechos del colectivo LGTBI, pues se sabe de la impopularidad de eso. Pero en este caso, la doctrina del Tribunal Constitucional ha venido a amparar la idea de una legislación a conveniencia de poderes no nombrados. El blindaje del artículo 84.3 LOE, y de la segregación en las escuelas que éste permite por razón de sexo, es un claro retroceso del principio de igualdad en relación al derecho a la educación.

Lidón Gasull Figueras es la directora de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) y abogada

Fuente:
http://www.mientrastanto.org/boletin-168/notas/el-blindaje-constitucional-de-la-educacion-concertada

miércoles, 11 de abril de 2018

La tasa de repetidores es muy superior en la escuela pública que en la privada. Un estudio de Educación alerta de la horquilla de más del 15% entre alumnos de la ESO según su centro escolar.

El porcentaje de alumnos que pasa de curso, ya sea con todas las asignaturas aprobadas o con algunas suspensas, varía entre los centros públicos y privados, llegando las diferencias hasta a 17 puntos porcentuales a favor de los segundos. El 83,3% es el porcentaje medio del alumnado que pasa de curso o promociona para el conjunto de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en los centros públicos, porcentaje que se eleva al 91,5% en la enseñanza concertada y al 98,1% en la enseñanza privada no concertada.

Además, dentro del alumnado que promociona, el porcentaje medio del que lo hace con todas las materias superadas es del 68,2% para los centros públicos, del 78,5% para la enseñanza concertada y del 92,7% para la enseñanza privada no concertada. Por tanto, el alumnado de ESO de los concertados y privados repite menos que el de los públicos o pasa de curso con menos suspensos.

Son datos recogidos en un informe del Ministerio de Educación (con los resultados académicos del curso 2014-15), donde se especifica que en Segundo de la ESO las diferencias señaladas llegan a 17,2 puntos porcentuales. Esto ocurre en Segundo de la ESO; si la tasa media que pasa de curso es del 85% del alumnado, la cifra en los centros públicos es del 81,2%, en los concertados el 92% y en los privados no concertados del 98,4%.

Por otra parte, en el curso 2014-15 los alumnos promocionaron menos en Segundo de la ESO y Segundo de Bachillerato ya que sólo pasó de curso el 85% y el 78,2%, respectivamente. En Segundo de Bachillerato aprobó el curso el 73,8% del alumnado de los públicos y, en cambio, el 89,9% de los privados.

http://www.diariodesevilla.es/sociedad/repetidores-superior-escuela-publica-privada_0_1231677265.html

P.D.: Esta noticia unida a la que hoy aparece en varios diarios (entre ellos el Hoy y El País) donde "el Constitucional avala la educación segregada" Cierra el círculo del injusto y desigual tratamiento de la educación en España; ¿eres pobre? pues te aguantas con una educación de tercera. ¿Eres rico? pues tú tienes libertad de elección de centro y además te subvencionamos la educación privilegiada de tus hijos. Con lo cual se le da la vuelta al hecho de que los impuestos están para compensar la desigualdad e integrar más y mejor a los desfavorecidos de la fortuna y disminuir las desigualdades y la pobreza. Aquí los impuestos de TODOS, están para conceder privilegios a los poderosos, subvenciones a los colegios privados, a los campos de golf, a los viajes en el AVE, a las universidades privadas, a los toros, a la organizaciones de exaltación fascista de la dictadura de 40 años, a determinadas religiones, etc, etc.

Por otra parte, el estudio que presenta el actual Ministerio del PP, que está claramente a favor de la enseñanza privada y concertada, sirve sutilmente para  sesgar a favor de los suyos "el éxito escolar". Claramente muestra, sin más, que en "sus centros" imparten "mejor educación" pues tienen más éxito. Sin adentrarnos en las estrategias de los diferentes centros a favor de criterios "flexibles" para conseguir más o menos porcentajes de aprobado (cómo "el caso Cifuentes" ha mostrado que la manipulación de las notas para que "los suyos" aprueben incluso sin cumplir los criterios exigibles, llegan hasta los grados y maestrías de la Universidad). Sabemos por múltiples investigaciones y estudios, que el principal factor de éxito académico colectivo es el factor económico, dicho de forma más simple y sencilla, del dinero de los padres,... No es el centro educativo el más importante, aunque tenga su importancia. Pero este hecho se oculta deliberadamente, con lo cual, las notas parecen depender más del centro que del factor realmente más importante; el nivel adquisitivo. Y de alguna manera, al subvencionar aún más la enseñanza privada y concertada, aumentamos el nivel económico de las clases más pudiente, " defendamos a los nuestros" (como afirmó la ministra Cospedal, del PP) y por lo tanto mejoremos más las notas y aumentamos más la desigualdad y las injusticias, con nuestra acción de gobierno.

jueves, 5 de abril de 2018

Golpe a la educación pública

Cristina Fallarás
La Marea

El Tribunal Constitucional apoyará la constitucionalidad de la ‘Ley Wert’ y la segregación de alumnos por sexo con subvenciones públicas

El Tribunal Constitucional (TC) apoyará la ponencia redactada del magistrado conservador Alfredo Montoya que defiende la constitucionalidad de la Ley Wert. Entre otros, apoyará tres apartados muy cuestionables de esta norma impulsada por el exministro de Educación que ya fueron recurridos por el PSOE: las subvenciones públicas a los centros educativos que segregan a su alumnado por sexo; la potestad de los centros para seleccionar a su alumnado y segregarlo en “itinerarios académicos”; y aquella que incluye la clase de Religión en el currículo académico, a la que se debe imponer una alternativa obligatoria.

Según ha avanzado la Cadena Ser, la ponencia ultraconservadora “será aprobada por el pleno de los magistrados gracias a la mayoría conservadora del tribunal”. El TC considera que la defensa de la segregación por sexos, una de las medidas más polémicas, “entra dentro del ámbito de la libertad de enseñanza y, por tanto, este tipo de centros tiene derecho a recibir subvenciones públicas para su desarrollo”. Así pues, la decisión del TC no solo supondrá un golpe a la educación pública, sino también un apoyo claro a las escuelas privadas religiosas.

Esto sucede en un momento especialmente delicado, cuando se discute en el Congreso un posible pacto educativo que, con este varapalo, parece llamado a fracasar. De nuevo. En España, las leyes educativas se han ido sucediendo de manera que cada Gobierno entrante ha aprobado la suya. En 1980 se aprobó La Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE), que no entró en vigor; en 1985, el Gobierno socialista de Felipe González aprobó la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE); en el año 90 hizo lo propio con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE). Por su parte, el Partido Popular aprobó en 2002 la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que tampoco llegó a aplicarse; el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impuso en 2006 la Ley Orgánica de Educación (LOE) y el de Mariano Rajoy aprobó en 2013 la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Esta última, también llamada Ley Wert, es la que viene a refrendar el Tribunal Constitucional.

Situación preocupante
“Hoy son pocos los partidos políticos que se declaran a favor de una escuela pública, única y laica”, explica Antonio Movellán, presidente de Europa Laica. “Más bien todos han asumido la escuela neoliberal, la libertad de educación. etc… Esa idea de la escuela como lugar de emancipación social se ha perdido ya que no se aspira a una sociedad igualitaria”. Ahí es donde viene a incidir la aprobación del capítulo destinado a avalar la selección de los alumnos por parte de los centros. Esto tiene como consecuencia la creación de guetos educativos, y lo que se denomina “segregación escolar por nivel socioeconómico”, es decir, que los alumnos ricos estudien con los ricos y los pobres, con los pobres, fuente de abismales desigualdades económicas y sociales, según los expertos.

No hay que olvidar que España, según un informe reciente informe reciente elaborado por varios investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), es el sexto país de la Unión Europea con mayor segregación escolar por nivel socioeconómico. Detrás solo quedan Bulgaria, la República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Hungría. Y especialmente preocupante resulta el caso de la Comunidad de Madrid, segunda región europea con mayor segregación escolar por nivel socioeconómico. Detrás de esta solo queda Hungría.

Movellán, implicado en la negociación del pacto educativo, puntualiza que “sin embargo, y teniendo en cuenta el desmadre de la escuela concertada en España, algunos entonan el mea culpa, caso del PSOE, y ahora dicen ‘hemos ido demasiado lejos y tenemos que poner ciertos límites'”. Y añade que resulta significativo el caso de Ciudadanos, que “defiende con uñas y dientes una escuela neoliberal como si la educación fuera un negocio como otro cualquiera y donde se escudan en la libertad educativa para defender, en verdad, el mercado de la educación”.

Religión y religiosos
En cuanto a la segregación de los alumnos por sexo, supone un apoyo abierto a los centros privados de orientación religiosa, que este curso 2016-2017 cuentan con más de dos millones de alumnos en sus filas. Y, por lo tanto, favorece a la Iglesia católica, institución que regenta la inmensa mayoría de los centros concertados, es decir, aquellas escuelas privadas que reciben subvenciones por parte del Estado.

Cabe recordar que, según datos de Europa Laica, los aproximadamente 4.000 centros privados concertados que existen en España hoy suponen a las arcas públicas más de 5.500 millones de euros anuales.

Fuente: http://www.lamarea.com/2018/03/19/la-marea-golpe-a-la-educacion-publica/

miércoles, 28 de febrero de 2018

La LOMCE, el sindicalismo, la educación y más. Entrevista a Agustín Moreno, profesor y defensor de la educación pública “El PP y C’s coinciden en lo básico: poca inversión y maquillar la Lomce sin tocar la presencia de la Iglesia

La trayectoria de Agustín Moreno (Madrid, 1951) está marcada por el corazón y los sentimientos de un soñador errante. Así se describe a vuelapluma este profesor jubilado que ha dejado una profunda huella en la batalla inacabada a favor de la educación pública en España. Pero la realidad es tozuda y se obstina en mostrar otra cara. La de la razón y la ideología. Nació en Usera, en el seno de una familia de desplazados toledanos durante la Guerra Civil y estudió ingeniería técnica industrial en la Universidad Laboral de Sevilla, “un invento de Franco para captar a los hijos de los trabajadores para que dieran soporte a la industrialización y al sistema productivo”. Militante histórico de CC.OO, fue amigo y colaborador de Marcelino Camacho, y ha compartido infinidad de aventuras con buena parte de la dirección sindical más combativa de la historia de España. Desde los encausados en el Proceso 1001, las direcciones confederales de CC.OO en los años ochenta y la UGT de Nicolás Redondo. Pero tras la crisis del sindicato y su salida de él en 1996, se inclinó por la docencia, que le sirvió para conocer las ganancias colectivas que proporciona una educación pública y de calidad. Ahí descubrió el otro mundo. Como profesor de Historia en diferentes institutos. Moreno acaba de jubilarse sin dejar por ello de combatir las vertientes ásperas y oscuras del sistema. “Los amigos de las sombras funcionan bastante mejor, y con más inteligencia, que aquellos que trabajan por la luz”, dice a modo de epitafio. Su compromiso por el bienestar de la clase obrera y su rechazo a las políticas neoliberales le han granjeado el respeto unánime del amplio y fracturado abanico que compone la izquierda española. Desde algunos sectores del PSOE a destacados pensadores libertarios.

¿El sindicalismo se encuentra sitiado por el sistema?
Corro el riesgo de equivocarme en mis opiniones porque soy un simple afiliado de base de CC.OO y ya no participo en ninguna estructura sindical ni tengo los elementos de juicio que puedan tener los actuales responsables del sindicato. Sin embargo, es obvio que tiene muchos problemas. Uno de los más importantes es la incapacidad que han mostrado para romper con el modelo de concertación social que comenzó a fraguarse a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando la correlación de fuerzas era mucho más favorable. Hasta entonces, la unidad de acción sirvió para hablar de tú a tú al poder, es decir, al gobierno y a la patronal. Pero la crisis de 1996 fue decisiva para el declive sindical porque terminó consolidando un modelo de negociación basado en la política del mal menor. Bajo mi punto de vista, esta estrategia ha resultado un fracaso porque no ha traído beneficios para los trabajadores sino, más bien, una aplicación expansiva de los recortes laborales. La cosa se volvió escandalosa con las dos últimas reformas, la de 2010 de Zapatero y la de 2012 de Rajoy. El golpe que asestaron al movimiento sindical fue tremendo.

La negociación colectiva, por ejemplo, ha pasado de ser el principal ámbito de actuación a convertirse en un sueño lejano.

La posición sindical ha quedado muy debilitada. Hoy acuden a la mesa de negociación con un brazo atado a la espalda. Se ha perdido la ultraactividad de los convenios, que aunque parezca un término muy técnico no es otra cosa que la salvaguarda de las condiciones laborales y salariales, lo que está obligando a los sindicatos a buscar acuerdos contrarreloj.

¿Cuál de las dos reformas les hizo más daño?
La de Rajoy fue más dura pero ambas tuvieron la misma responsabilidad en el deterioro del mercado de trabajo.

¿Y cuál es la responsabilidad de los sindicatos?
En mi opinión, han olvidado la horizontalidad histórica en la toma de decisiones. Noto un cierto alejamiento de la dirección con las bases y también con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. No pongo en duda que mantienen contacto con sus afiliados pero ya no lo hacen mediante instrumentos tan válidos como las asambleas, la participación directa y otras actividades cuya utilidad era permitir que la militancia asumiera su protagonismo. También hay casos recientes en donde el sindicalismo ha funcionado muy bien. Mira la lucha en Coca Cola. Pero, en general, la jerarquización interna también ha sido un factor de debilitamiento. Ya por último, yo añadiría la campaña sistemática de desprestigio orquestada contra ellos. Cuando el poder no logra integrar a un oponente, lo desacredita. Y, hasta cierto punto, comprendo que actúe de esa forma contra organizaciones que defienden posturas contrarias al sistema. El problema llega cuando son los sindicatos quienes dan motivos para ello. Su gran reto, y donde se juegan su futuro, es ver si son capaces de representar y defender al precariado, a los trabajadores pobres que cada día abundan más.

¿Cuál le ha decepcionado más?
Algo doloroso fue lo de Fidalgo, que ahora está en FAES o en el instituto de Empresa o en qué sé yo. Hace poco leía unas declaraciones suyas alabando a Cospedal. Hombre, ¡qué quiere que le diga!. Esas cosas hacen mucho daño a las organizaciones porque cada cual no sólo debe jugar con corrección el papel que le toca en cada momento sino que luego tiene que mantener una dignidad ante lo que ha representado dentro de una organización. No digo que no tenga derecho a reorganizar su vida, incluso a reinventarse, pero cuando se tiene una responsabilidad tan fuerte como la que tuvo Fidalgo se debe mantener una cierta ética. Las puertas giratorias en el sindicalismo me parecen mucho más imperdonables que en los partidos políticos. Los sindicatos deben estar dirigidos por las personas más honradas pero tienen que ser vigilados como si fueran ladrones. Es una máxima del movimiento obrero.

Dice Warren Buffet que vivimos una lucha de clases y la oligarquía están ganando. ¿Erró Marx en su análisis?
Visto desde una perspectiva histórica, el optimismo de Marx debe seguir vigente. Algún día terminarán imponiéndose las fuerzas del orden, que no son otras que las fuerzas del cambio hacia una sociedad mucho más justa de la que hoy tenemos. Desde ese punto de vista, la superioridad moral y teórica de la izquierda respecto a las fuerzas conservadoras es que cuestiona un mundo profundamente desigual, hecho a la medida de una élite minoritaria. El optimismo histórico marxista consiste en mantener viva la esperanza de que la transformación acabará llegando.

Sin embargo, ni la crisis global ha permitido el más mínimo cambio. Al contrario. La desigualdad ha crecido y las corrientes conservadoras han reforzado su poder.

Es que son muy habilidosos para romper al rival, para dividirlo y desmantelarlo. Y también para halagarlo hasta convertir en muñecos a dirigentes políticos y sindicales que parecían inquebrantables. Esas han sido sus armas toda la vida. La gran reflexión siempre ha sido que con el sufragio universal estarían perdidos. Pues bien, como se está viendo, fue un error porque han demostrado su capacidad para lograr que millones de personas en paro, obreros, pensionistas y jubilados, voten a partidos corruptos que son los responsables de su situación. Todo esto me recuerda un poco al tren de los hermanos Marx en el Oeste, donde quemaban vagones para hacer funcionar la locomotora. Aquí es lo mismo, se liquida el sistema público para que los beneficios empresariales no se detengan.

¿Y cómo se puede frenar esa máquina?
Entiendo que es muy difícil. Los amigos de las sombras funcionan bastante mejor, y con más inteligencia, que aquellos que trabajan en la luz. En mi opinión, el último ejemplo es lo que ha sucedido en Catalunya.

¿Por qué?
Porque colocando en primer plano del debate público la negativa al derecho a decidir han ocultado sus vergüenzas y la incompetencia política del gobierno de Rajoy. Desde la corrupción a los datos económicos, sociales y la deuda desorbitada que tenemos. De hecho, creo que ha comenzado una involución política en España, la que va desde el centro-derecha hacia la derecha. Es que incluso rechazar la monarquía puede ser un motivo de delito. El inmovilismo ha jugado esta partida de manera perfecta y es un serio aviso a todos los que nos sentimos republicanos. El único problema de Rajoy es que no ha calculado bien sus movimientos y el gran beneficiado de todo esto está siendo Ciudadanos.

¿Considera que Ciudadanos es una opción de derecha?
Hoy, está disputándole al PP el voto de la ultraderecha. El carácter que ha mostrado durante los últimos meses así lo indica. Su propuesta para Catalunya era la aplicación más dura del artículo 155 y está recogiendo los frutos. Ciudadanos llegó a la política para neutralizar cualquier posibilidad de cambio en España sirviendo como receptor del voto perdido del PP y, en menor medida, también del PSOE. La operación les está saliendo cuadrada. Los votos que huían por la puerta del PP debido a la corrupción han empezado a entrar por la ventana de Ciudadanos. El asunto de fondo para ellos es mantener el sistema intacto.

Uno de los caballos de Troya en estos momentos y que usted conoce a la perfección es el sistema educativo. ¿Hacia dónde se dirige?
Está atravesando por una etapa difícil y complicada. Hay dos grandes hechos objetivos que lo están arrastrando hacia un grave deterioro. Uno son los recortes brutales. Hablamos de cerca de 9.000 millones y 45.000 profesores menos desde el inicio de la crisis. Estos datos significan que estamos en el 4% de inversión, dos puntos menos que la media europea, y la previsión es reducirlo aún más, hasta el 3,8%, para el próximo año. El segundo problema es la Lomce, una ley profundamente segregadora que está diseñada para responder a la lógica productiva de la derecha española. Y digo esto porque pone en relación la educación, el mercado de trabajo, el modelo social y nuestro modelo de democracia. Es decir, intentan implantar un sistema educativo más devaluado que sirva a un modelo de trabajo basado en mano de obra barata. Esto terminará configurando una sociedad menos cohesionada en una democracia de baja calidad, sin crítica, dócil. En un país donde el motor productivo es el turismo, su lógica es sencilla: ¿Por qué invertir en un sistema educativo cualificado? ¿Para que nuestros ingenieros, científicos, filósofos e investigadores se vayan a trabajar al extranjero? Si a todo esto añadimos que los pocos recursos se canalizan por la vía de las concertadas, el golpe que están dando al sistema es brutal. Portugal es un ejemplo en sentido contrario. Allí han decidido eliminar los conciertos educativos porque han apostado decididamente por la cohesión social. La consecuencia es que su economía es cada vez más sólida y tiene una perspectiva de futuro bastante mejor que la nuestra. A poco que nos descuidemos su protagonismo en la UE será mayor que el nuestro.

En España se pidió la derogación y paralización de la Lomce. ¿En qué ha quedado?
Aquí volvemos a ver la inteligencia de la derecha para dar la vuelta a las cosas. Nos han metido en un avispero como es una subcomisión educativa que debe crear las bases para un pacto de Estado. Pero ya lo han reducido de antemano mediante una negociación entre los partidos políticos en el que se ha excluido la participación, en términos del debate, de la sociedad civil. Es un paripé en el que se ha invertido un año entero de comparecencias que a lo mucho servirá para maquillar la actual ley pero sin lograr un compromiso de financiación. Si a la derecha le parece que el conocimiento es caro pronto verán cuál es el coste de la ignorancia.

¿Cuál es el precio?
Altísimo: desigualdad, exclusión, segregación y cárcel. Si se busca un pacto verdadero en materia de educación deberíamos comenzar por trabajar un acuerdo que potencie el sistema en su conjunto. Y si se quiere limita a lograr un compromiso de financiación se debería tener en perspectiva alcanzar el 7% del PIB, que es el que hoy tiene Finlandia, y además blindado en relación al artículo 135 de la Constitución. Pero nada de esto está sobre la mesa. ¿Qué es más importante para el futuro de España, salvar unas autopistas o fortalecer la educación? La respuesta es obvia. Otro elemento clave es fortalecer el sistema público porque el concertado es una anomalía en relación a lo que está haciendo el resto de Europa. Somos el tercer país que más dinero destina a la educación concertada después de la hipercatólica Bélgica y de Malta.

¿Qué posiciones políticas hay ante el pacto educativo?
Unos con posiciones más liberales y otros con planteamientos más conservadoras, el PP y Ciudadanos coinciden en lo básico: poca inversión y maquillar la Lomce pero sin tocar la presencia de la Iglesia ni la financiación de la red privada con el dinero de todos. Para ellos es la clave para evitar que sus hijos se junten en un aula con los de la clase obrera. El asunto capital será ver si el PSOE entra ahí.

¿Puede hacerlo?
Yo quiero pensar que no, aunque hay posibilidades de que lo haga. La educación es de las pocas banderas que les queda para distinguirse un poco de la derecha y si capitulan creo que será su hundimiento. Como cometa la torpeza de legitimar la Lomce y se descuelgue del “Documento de bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político” suscrito por un centenar de organizaciones, entidades educativas, de catedráticos y de cabezas pensantes de este país, tendrá problemas. Que pregunten sus dudas a los portugueses para saber cómo están abordando el problema de la educación concertada.

¿Por qué en España se favorece tanto a la educación concertada?
Por el poder que sigue teniendo la Iglesia, favorecida por un concordato que no sólo es preconstitucional sino que es anticonstitucional porque va en contra del artículo 14. Y también por los intereses económicos. Los de la propia Iglesia y los de otros grupos económicos que han encontrado un pastel extraordinario en el mundo educativo. La tendencia es considerar a los servicios públicos como un bien mercantil. Una de las consecuencias de esta política es la presencia de la religión como asignatura obligatoria evaluable. Es un sinsentido y es un disparate.

A menudo se utiliza la educación como arma arrojadiza. Se habla de adoctrinamiento para atacar al rival. Lo hemos visto en Catalunya pero ¿cómo se educa en España?

La pedagogía está inventada y no es más que el arte de acompañar al niño, a la niña, a los jóvenes en general, en su desarrollo personal. Esa es la esencia de la educación. Sin embargo, se diseña desde arriba para instruir y dirigir el crecimiento de los menores de edad. A mí me gustaba mucho mantener entrevistas con los padres de los alumnos para evaluar conjuntamente la evolución del chico o la chica durante un trimestre. Lo que buscaba con ellas era un cierto compromiso. Y solía explicarles que evitaran repetir a sus hijos todo lo que les quieren porque eso ya lo saben. Es preferible darles confianza, que sepan que creemos en ellos.

Y en su opinión, ¿el poder confía en los ciudadanos?
No, el poder manipula. El modelo es segregador. Primero en primaria, luego en secundaria con los programas de mejor aprendizaje y rendimiento. Después con la formación profesional básica, que son callejones sin salida; en cuarto de la ESO con los cuatro itinerarios, la competencia de unos centros con otros. Y ahí están las pruebas externas y los ránquin. En fin. La carrera de obstáculos en el sistema educativo español es tremenda. Es una selección destinada a elegir a una pequeña élite y la escuela intenta reproducir ese sistema social con todas sus desigualdades. Hemos llegado a un punto en el que los hijos de la clase obrera tienen un techo de cristal que resulta muy difícil superar.

Y manejarse en este modelo educativo, ¿no provoca frustración?
Hay compañeros que después de muchos años de compromiso y lucha se han ido dando saltos de alegría. Yo, sin embargo, he ido cantando a trabajar hasta el último día. Quizá porque sólo he ejercido durante 20 años y pertenezco a la tropa de refresco. Pero en los últimos años es cierto que se ha producido una gran evasión de buenos docentes en España, aquellos que participaron activamente en el movimiento de renovación pedagógica de los años 70 y 80, y que al cumplir 60 años han decidido retirarse. Yo pedí prórroga de actividad para regalar seis años más a los chicos, no a la administración, sino a la causa de la educación pública.

Pero la docencia siempre fue una profesión vocacional. Si se pierde la ilusión, la calidad se resiente.

Se ha perdido bastante aquella ilusión pedagógica de los años 80, aunque no del todo. Sigue habiendo muchos profesores que intentan mejorar a diario y mientras exista esta gente hay motivos para la esperanza. Hemos vivido situaciones más difíciles. Hicimos un gran trabajo durante el franquismo, ¿cómo no lo vamos a hacer en democracia pese a que tengamos leyes lesivas? También depende mucho de cómo nos lo tomemos nosotros, los maestros.

¿Qué debe aportar un maestro?
Bajo mi punto de vista, un profesional de la docencia tiene que combinar tres planos: El de hacer bien su trabajo, el de fomentar complicidades con sus compañeros y con las familias, y el de protestar en defensa de la escuela pública. Hay que creer en los chicos y no actuar como si te importaran un pepino, algo que captan a la perfección. En esta profesión se suda mucho la camiseta aunque la administración no siempre lo reconozca.

Es usted optimista.
Es que si el pesimismo se instala en nuestras cabezas estamos perdidos. Por lo tanto me tomo el optimismo como un imperativo moral. Estamos obligados a dar todas las batallas por las buenas causas y la educación pública es una de las más importantes. Esto nos obliga a ponernos de acuerdo con otros que, aunque no piensen igual, estén abiertos a establecer vínculos de solidaridad dentro de un modelo capitalista que no se preocupa por el bienestar general. Vivimos en un sistema insostenible caracterizado por la desigualdad social y la crisis medioambiental. El capitalismo es el desorden.

Fuente:
http://ctxt.es/es/20180214/Politica/17908/Entrevista-Agustin-Moreno-educacion-izquierda-sindicalismo.htm

viernes, 12 de enero de 2018

El gobierno conservador inglés nombra a Toby Young para ayudar a dirigir el nuevo regulador de las universidades del gobierno.

Owen Jones:

Eso te aclara todo lo que necesitabas saber sobre este corrupto gobierno conservador.

El pionero (defensor) de la escuela "privada libre" Toby Young describió a los niños de la escuela primaria de clase trabajadora que consiguieron una plaza en la U. de Oxford como "universalmente poco atractivos" y "estudiantes de pregrado pequeños y vagamente deformados"

Al escribir sobre la clase en un libro de 1988 titulado The Oxford Myth, Young relató cómo "la llegada de "manchas*" habían cambiado la universidad. Era como si todas las fantasías meritocráticas de todos los educadores de la década de 1960 se hubieran hecho realidad y todos los niños de Harold Wilson hubieran sido dejados pasar por la puerta", escribió.

PD.:
Es un ejemplo claro de como los conservadores ingleses, igual que sus pares en España y todo el mundo, sitúan en puestos claves a personajes cuya historia pasada y currículo, los define como enemigos de la posibilidad de que los hijos de la clase trabajadora también puedan llegar a la Universidad. Y, sobre todo, pone en evidencia su empeño en impedir la igualdad de acceso a la educación para todos, independientemente de la clase social, sexo, etnia, religión o minoría a la que se pertenezca.

* Mote de desprecio con el que lo conservadores se referían a los estudiantes de clase trabajadora.

lunes, 30 de octubre de 2017

_- Una perspectiva desde la crítica al "Apagón Pedagógico Global". La salida de EE.UU. de la UNESCO.



La UNESCO (1945) es un órgano del sistema de Naciones Unidas, que surge en el marco del Tratado de Bretton Woods (1944/1945). En consecuencia, es una instancia del sistema de gobernanza global, que emana de la culminación de la segunda guerra mundial. La UNESCO tiene unas características singulares, pues en buena medida es el resultado indirecto del triunfo de la ampliación de la cobertura educativa en la URSS, entre 1917-1945, que demostró al mundo cómo un Estado comprometido con la agenda social podría alcanzar logros extraordinarios en la ruta de la universalización educativa, que le permitiera mejorar el desarrollo nacional. En este sentido, la UNESCO representó la esperanza de los pueblos del mundo de alcanzar una paz duradera mediante la justicia social y la democratización del conocimiento.

La universalización educativa mundial, mediante el fortalecimiento y expansión de los sistemas escolares nacionales, bajo la orientación estratégica de la UNESCO, es dialécticamente hablando, una conquista de los sectores humildes y progresistas del mundo, por lo tanto su creación y funcionamiento se convierte en un hecho progresivo. Esta conquista (empalmó) coincidió con los nuevos requerimientos del capital trasnacional, que necesitaba reactivar el aparato productivo mundial en el periodo de postguerra, en cuya perspectiva los sistemas escolares, las escuelas, los liceos, las universidades, fueron vistos como espacios formadores de ciudadanía para el consumo (y la mejora de la producción). La creación de una masa de consumidores a escala mundial, formados a través de los sistemas escolares de todo el orbe, hizo que el capitalismo mundial viera con buenos ojos el surgimiento de la UNESCO y sus políticas fundacionales de universalización educativa.

Como he insistido en reiterados artículos, publicaciones, videos y conferencias, dos aspectos de la propuesta inherente a la UNESCO molestan a los intereses del capital. La primera, las pedagogías que constituyen un intento desde el campo científico, por comprender el hecho y las dinámicas formativas, mucho más allá de las aulas, lo cual constituía de por sí un riesgo para el capital, ya que promueven un pensamiento relacional que vincula temas y agendas aparentemente inconexas, como presupuesto público-PIB y educación, escuela y relación capital-trabajo, ciencia y soberanía nacional, entre otros. Por ello, desde los cincuenta del siglo XX, el complejo industrial cultural inicia una operación de propaganda que impulsa modas que fragmentan las pedagogías. Las políticas educativas dejan de ser pedagógicas para presentarse con énfasis en algunos de sus componentes (didácticas, planificación, gestión escolar, evaluación, currículo, calidad educativa), en distintos momentos históricos, que van desde ese momento hasta el presente. El objetivo de esta iniciativa del capital es despedagogizar e instrumentalizar la enseñanza como simple tecnología de aprendizaje. La segunda, el magisterio que enseña a aprender de manera crítica molesta a los señores del dinero mundial, pues este enfoque educativo convierte la construcción de ciudadanía en un acto de generación de conciencia política y no en un simple acto de formación para el consumo (mercancías, democracia, obediencia).

Se inician operaciones propagandísticas a escala planetaria para señalar que no se necesita estudiar y formarse profesionalmente para enseñar, que cualquiera puede enseñar, como un acto político orientado a la progresiva destrucción de la carrera y la profesión docente. Este proceso, desigual y combinado de despedagogización y quiebre de la profesión docente, tiene un capítulo estelar en las narrativas que promueven la disolución de la escuela que conocimos (la desescolarización como culmen de "la libertad y progreso" en el momento que se estaba generalizando la educación pública de cierta calidad) . Sin ese contexto, es imposible comprender en profundidad las implicaciones del anuncio de EE.UU. de retirarse de la UNESCO, seguido por una decisión similar del gobierno Israelí.

Eso si, esta no es la primera tensión, con amenazas de ruptura, entre EE.UU. y la UNESCO. En realidad es un nuevo capítulo en la disputa histórica entre las propuestas de educación para todos y todas y, la visión mercantilista respecto al propósito de los sistemas escolares nacionales. Pero esta puede ser la crisis que marque el punto de partida para arrebatarle institucionalmente a la UNESCO la agenda educativa. Por ello debemos estudiar, discutir y analizar tanto los orígenes de las crisis de EE.UU. con la UNESCO, como expresiones de este proceso y su eventual impacto en el devenir del organismo mundial. Veamos algunas pinceladas al respecto.

Primera crisis EE.UU. - UNESCO
Desde la década de los ´50, el gobierno de los Estados Unidos ha polemizado con decisiones y resoluciones de la Conferencia General, el Comité Ejecutivo y las Conferencias Sectoriales, alegando que el interés nacional de ese país, es superior a decisiones de las mayorías de los países miembros del órgano de cooperación multilateral. Esto se debe en buena medida, en lo interno, a que la nación más poderosa del mundo, define prioridades para la orientación de su sistema educativo que no son necesariamente complementarias con la visión de la mayoría de países miembros; en lo externo, a la valoración económico-productiva-industrial-militar y geopolítica que hacen en cada momento, sobre el impacto de una política educativa sobre la lógica de dependencia neocolonial o el peligro de una eventual ruptura de la misma.

A pesar de estas diferencias, EE.UU. se mantuvo por décadas en la UNESCO, votando en contra o vetando algunas de sus decisiones. La política de preeminencia de la perspectiva del mercado sobre el de la educación como derecho humano, de los sistemas escolares como un servicio versus la mirada de la misma como bien público, marcó buena parte de los debates en ese periodo. Esto se rompe con la llegada de la perspectiva neoliberal a la economía mundial.

Segunda Crisis EE.UU. – La UNESCO
Precisamente en 1985, en medio del impulso de la primera generación de políticas públicas asociadas a la globalización económica y la mundialización cultural, tanto Estados Unidos como el Reino Unido (en 1986) deciden abandonar la UNESCO, alegando serias diferencias con el órgano de Naciones Unidas, por –señalan ellos- la politización del organismo educativo internacional y su supuesta hostilidad contra “las instituciones básicas de una sociedad libre, especialmente contra el libre mercado y la libertad de prensa”. De lo que se trataba en realidad era de atacar el consenso alcanzado por los países miembros, respecto a la educación como derecho ciudadano, presionando para convertir la agenda educativa en un servicio transable en el mercado. El capital comienza a intentar construir una nueva correlación de fuerzas al interior de la UNESCO, que se corresponda a las exigencias del modo de producción de ese momento.

De hecho, en los ochenta del siglo XX, el neoliberalismo impulsa el discurso de la crisis de eficacia y legitimidad de los Estados nacionales, que -según esa perspectiva- se expresaban en lo educativo en déficit de calidad y pertinencia. En consecuencia, promueven distintas modalidades de privatización de la escuela pública, que pasan por la desinversión en lo sustantivo de los sistemas escolares: docentes, planta física, programas alimentarios y bibliotecas, argumentando una supuesta búsqueda de calidad educativa y pertinencia de la acción escolar mediante el traspaso de los sistemas escolares a la gestión privada . Esta dinámica se encuentra y complementa con el desembarco de la primera ola de la revolución científico–tecnológica. El negocio de la industria informática y la comunicación analógica se constituye en un componente fundamental en la dinamización de la economía global. Las economías latinoamericanas que venían saliendo de las crisis de las deudas externas de los ochenta, reciben una renovada presión, no sólo para disminuir el gasto público educativo, sino que comienzan a verse asediados por las narrativas que proponen que lo sustantivo del presupuesto en educación vaya migrando a la adquisición de chatarra tecnológica de rápida obsolescencia. Así, desde lo educativo, se contribuye a dinamizar la economía mundial en detrimento de la estabilidad y sostenibilidad de los propios sistemas escolares.

La UNESCO seguía siendo una referencia importante en la defensa de la educación pública. La UNESCO sin EE.UU. logra impulsar la declaración de Jomtien (1990) de educación para todos, la Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES, 1998) y el Foro de Dakar (2000). Paradójicamente, solo meses después de realizada la Conferencia Mundial de Educación Superior, la UNESCO elimina su dirección de educación superior y la convierte en una pequeña división, en lo que sería la primera gran capitulación institucional del organismo en la conducción protagónica de un sector de la educación, ante el emerger de renovadas presiones de los organismos económicos globales.

La tercera revolución industrial (1985/1995) genera nuevas tensiones en el campo educativo. No se trata solo de una transición de la Enseñanza Asistida por Radio (EAR), a la Enseñanza Asistida por la Televisión (EAT) hasta llegar a la Enseñanza Asistida por Computadora (EAC), sino que la virtualidad, la conexión bidireccional en tiempo real, así como las nuevas formas de comunicación relacionadas a la sociabilidad de los “nativos digitales”, comienzan a colocar en debate la propia existencia de la escuela, el liceo y la universidad como les conocimos. El neoliberalismo educativo ve en la tercera revolución industrial una posibilidad de disminuir los costos educativos y optimizar la construcción de ciudadanía para el consumo, mediante las innovaciones que acompañan al desembarco del Internet.

En un primer momento, los organismos económicos globales impulsan y presionan -desde lo externo e interno- para que se produzca un giro en el discurso y las actividades de la UNESCO. Ello hace que el organismo internacional pase de la generación de contenidos que modelen y orienten el debate mundial en educación –como lo venía haciendo- a una especie de institución centrada en “mirarse el ombligo” mediante el énfasis en la administración de su propia burocracia y la interpretación de los designios educativos del G8, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI) y OCDE.

El propósito no era otro que sacar a la UNESCO de la articulación del debate educativo mundial, subordinar su trabajo a los organismos económicos globales y, avanzar desde el modelo de privatización educativa de finales del siglo XX, a la neo privatización del siglo XXI. Esta operación se percibe con especial nitidez al revisar el perfil de los últimos directores generales del organismo, quienes ya no expresan un pensamiento educativo propio o de un sector de la sociedad mundial, sino que son la más clara expresión de equipos burocráticos, quienes firman documentos hechos por terceros, por encargo.

A pesar de ello, la UNESCO seguía viviendo de su “prestigio” fundacional y del trabajo realizado en el siglo XX. Muchos educadores, público en general e incluso “decisores” tenían y tienen una percepción ingenua del organismo mundial, que lo coloca como una instancia neutral. En ese sentido, EE.UU. revisa su decisión de retirase de la misma, pues su opinión resulta importante, en la configuración de los nuevos imaginarios de sociedad y gobernabilidad, así como un lugar de enunciación privilegiado para construir narrativas que hagan “culturalmente digeribles” las soluciones que se plantea la gobernanza mundial, ante los conflictos culturales y de cambio político, que a escala planetaria genera el neoliberalismo.

La salida de EE.UU., Reino Unido y Singapur había creado una crisis presupuestaria de la organización, sin precedentes en su historia. Ello contribuyó a que la UNESCO, en muchos casos, “mirara para otro lado” y obviara el abordaje tanto de los problemas civilizatorios del milenio como el estudio en profundidad del impacto de la tercera revolución industrial en los sistemas educativos y el futuro de la escuela.

Tercera crisis EE.UU. - La UNESCO
En el año 2003 Estados Unidos vuelve a la UNESCO, en lo que algunos catalogan como una operación tipo Caballo de Troya, orientada a producir el quiebre de la agenda educativa del organismo. Ya el Reino Unido lo había hecho en 1997 y Singapur volvería cuatro años después de los norteamericanos, en el 2007. La justificación del reingreso de EE.UU. se hizo bajo el manto del apoyo a la multiculturalidad, la ciudadanía planetaria y la paz, fundamentalmente después de los acontecimientos del 11-S.

En esta nueva etapa (2004/2005) EE.UU. coincide con las críticas que formulan algunos países del Grupo Latinoamericano respecto al ostentoso uso que hacen directivos del organismo de los fondos aportados por los países miembros. Se cuestiona por ejemplo, que quienes viajan en primera clase aérea y pernotan en hoteles de lujo, es la alta burocracia uneskiana, mientras se disminuyen sensiblemente los fondos para investigación educativa e intervención sobre el terreno por parte de la UNESCO.

Una vez que el neoliberalismo ha roto mucho de los tejidos sociales que caracterizaban a las sociedades capitalistas del siglo XX, requiere la construcción de una nueva hegemonía cultural para el modelo de producción en construcción y puesto en marcha. EE.UU. entiende el papel que la UNESCO puede jugar en la coyuntura, básicamente en la recolección de los “vidrios rotos” por sus acciones económicas, políticas, militares y culturales en todo el mundo. EE.UU. pasa a tener un peso del 22% del financiamiento del organismo; es decir casi una cuarta parte del presupuesto operativo de la UNESCO es aportado por la administración norteamericana. Esta operación cierra el anillo financiero sobre el organismo de Naciones Unidas, haciendo que casi el 50% de su presupuesto dependa de los grandes países capitalistas, incluidos Japón y China. Con el reingreso de EE.UU., Reino Unido y los aportes de las potencias capitalistas, el neoliberalismo logra construir la dependencia financiera de la institución con estos socios, aunque sus órganos de decisión muestren aún algunos “grados de libertad”.

A partir de 2008 comienzan a evidenciarse presiones crecientes desde el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico (OCDE), por asumir para sí, la agenda educativa global. Incluso, los impulsores de esta perspectiva comienzan a señalar abiertamente que la UNESCO debe abandonar su papel de articulador educativo, y que –según dicen- debería concentrarse en los temas de Cultura y Comunicación. Desde esa mirada le correspondería a los organismos económicos globales (BM/OCDE), tomar la direccionalidad estratégica de la educación. Pero esto no se queda en un deseo, progresivamente la OCDE –especialmente desde 2008- a través de las pruebas PISA comienza a marcar el territorio de la educación primaria y secundaria con sus paradigmas de estandarización, mientras que el Banco Mundial hace lo propio con la educación superior. El BM acaba de publicar su informe mundial de la educación superior (2016/2017), en el que ya se asume como interprete y orientador del sector. Instancias como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y más recientemente la Corporación Andina de Fomento (CAF) pugnan por disputar alguna influencia regional y/o subregional en la agenda educativa de los primeros niveles del sistema educativo regional, montando “tienda aparte“ de la UNESCO.

En ese marco, en el año 2009, es electa Irina Bokova como Directora General de la UNESCO. Bokova, de origen búlgaro, altamente relacionada con la diplomacia de la nueva Rusia capitalista, es acompañada en la Dirección Adjunta de Educación por el señor Qian Tang, de origen chino. Así, los países que coordinan la agenda neoliberal logran asegurar la influencia del G8+China en las decisiones del organismo educativo mundial. Tres temas coloca en agenda la nueva dirección de la UNESCO: el ingreso de Palestina como Estado miembro pleno del organismo, alcanzar un acuerdo mundial sobre Educación Para Todos (EPT) que contenga acuerdos mínimos en materia presupuestaria y, la inclusión de la agenda educativa en los nuevos objetivos del milenio u ODS, como terminaron denominándose.

En la trigésima sexta Conferencia General realizada en 2011 se abre el debate sobre el ingreso de Palestina como Estado miembro pleno de la UNESCO. Me correspondió estar y votar a favor de tal decisión. La respuesta inmediata de EE.UU. e Israel fue la de “congelar” sus aportes a la UNESCO por tal decisión. Extrañamente la Dirección General de la UNESCO, la señora Bokova, no desarrolló un plan “B”, para ubicar en otros Estados miembros –por ejemplo el mundo árabe- los recursos faltantes por la decisión de EE.UU. e Israel. Esta incomprensible indecisión de la dirección de la UNESCO generó una nueva crisis financiera del organismo, que llevó a la institución a colocarse de hecho, a la cola de la agenda del Banco Mundial y la OCDE, por su limitada capacidad de iniciativa e incidencia en los debates y acciones de esta etapa. En la práctica, la falta de iniciativa de la dirección general de la UNESCO llevaron a que el eje de los debates educativos sustantivos lo asumieran los organismos económicos globales.

Esta errática actuación continuó con el Foro Mundial de Educación (Incheón, 2015) en el cual se debatía el futuro de la educación para todos y todas y, donde los docentes, las maestras y los profesores de aula, fueron los grandes ausentes en la construcción del debate y la toma de decisiones. La limitada presencia docente se expresó a través de la Internacional de la Educación (IE) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la educación (CLADE), contrastando con el protagonismo del Banco Mundial, la OCDE y la perspectiva empresarial en la cita de Corea del Sur. La buena nueva que significaba el alcanzar un consenso mundial respecto a la base mínima de un 6% del PIB y un 20% del presupuesto público destinado a la educación, se vio empañada por el temor que estos recursos no fueran a mejorar las condiciones de trabajo y salario de los docentes ni las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, sino terminaran en las manos de las grandes trasnacionales de la informática, como sector dinámico de la economía global y como requerimiento para transformar drásticamente la educación conforme a las exigencias de la cuarta revolución industrial (2014/2020). Al concluir esa cita 236 educadores, pedagogos y autores educativos de los cinco continentes lanzamos una carta que cuestionaba lo ocurrido en Incheón y alertaba sobre el riesgo de un Apagón Pedagógico Global; carta en tres idiomas que ya lleva más de treinta mil firmas de respaldo.

La orientación del objetivo educativo de los ODS (2015-2030), el objetivo cuatro, hacia la calidad educativa con pertinencia, nos hizo recordar el eje de las políticas neoliberales que fueron dadas a conocer desde la década de los ochenta del siglo XX. La estandarización educativa, la evaluación a estudiantes y docentes con patrones homologados dan cuenta del lugar de aprobación de este objetivo: la OCDE y el BM.

Cuarta crisis EE.UU. - UNESCO
En esa nueva realidad, la UNESCO convoca a su Conferencia General, a la cual le corresponderá elegir a las autoridades que le conducirán durante los próximos ocho años. Es sintomática del tiempo actual de la UNESCO la candidatura del DGA actual Qian Tang, de origen chino y quien ha ido ascendiendo en la escala burocrática de la UNESCO desde la propia dirección de recursos humanos, instancia que le correspondió dirigir. Los otros candidatos son el Sr. Polad Bülbüloglu de Azerbaiyán, el Sr. Pham Sanh Chau de Viet Nam, la Sra. Moushira Khattab de Egipto, el Sr. Hamad bin Abdulaziz Al-Kawari de Qatar, el Sr. Juan Alfonso Fuentes Soria de Guatemala, el Sr. Saleh Al-Hasnawi de Iraq, el Sr. El-Khoury Lacoeuilhe del Líbano y la Sra. Audrey Azoulay Francesa. Los candidatos con más opción pertenecen al mundo árabe y quien les disputa el espacio es la candidata francesa Audrey Azoulay, de origen judío, quien fuera asesora cultural del Presidente francés François Hollande en los años 2014-2016 y Ministra de Cultura y Comunicación de Francia 2016-2017.

La crisis de orientación estratégica del organismo se presenta ahora con claras incidencias en su vida interna. En materia de gestión, los empleados de la UNESCO presentaron de manera pública para la valoración en la próxima Conferencia General que inicia en Noviembre de 2017, sus cuestionamientos respecto al manejo del organismo. En el documento titulado
“DOCUMENT 202 EX/5. FOLLOW-UP TO DECISIONS AND RESOLUTIONS ADOPTED BY THE EXECUTIVE BOARD AND THE GENERAL CONFERENCE AT THEIR PREVIOUS SESSIONS. Part IV. HUMAN RESOURCES ISSUES” los trabajadores de la UNESCO exponen serias observaciones sobre la evolución de la UNESCO hacia un organismo que ha normalizado los contratos temporales de muchos de los directivos y personal clave de los institutos miembros, así como respecto a una desmejora sensible de las condiciones laborales del personal que contrasta con lo que ocurre con la burocracia. Esta pareciera ser la “punta del iceberg” de una dinámica de flexibilización institucional que amenaza a la existencia del propio organismo. El documento en cuestión expone la necesidad de iniciar un serio proceso de transformación institucional para evitar su decadencia y pérdida de influencia mundial.

La decisión respecto a Hebrón (2017) que se convierte en el detonante público de la nueva decisión de EE.UU. e Israel, de abandonar la UNESCO y sus aportes financieros al organismo, pareciera en realidad ser solo un pretexto que -a mi juicio- cuenta con dos claras intenciones. La primera de carácter “electoral” respecto al proceso que se dará en la Conferencia General de 2017 de sustitución, por parte de los países miembros, del rostro que ocupa el cargo de Director General de la UNESCO. En este sentido, ante la posibilidad que el cargo sea ocupado por un árabe, la salida de estos dos países, sirve de excusa para lanzar un mensaje a los países miembros, aún indecisos, respecto a que lo “políticamente correcto” para los intereses norteamericanos es el apoyo a la candidatura de la Sra. Azoulay. El triunfo de un candidato árabe sería intolerable para Tel Aviv, socio ideológico de la administración norteamericana. Al final, hoy 14 de Octubre de 2017, el primer resultado señala que el Comité Ejecutivo en pleno respaldó la candidatura francesa y la presentará ante la Conferencia General el 10 de Noviembre de 2017. Pareciera allanarse el camino para una solución negociada que permita el retorno de EE.UU. e Israel a la UNESCO.

Llama la atención que sea una Ex Ministra de Cultura quien dirigirá los destinos de la UNESCO, quien tendrá de partida el desafío de enfrentar las voces que plantean que la UNESCO debe dejar la agenda educativa y concentrarse en la cultura y la comunicación. Apuesto a que el voto mayoritario del Comité Ejecutivo a su favor, apunte a fortalecer la agenda educativa de la UNESCO, pero la última palabra al respecto la tendrá la nueva DG de la UNESCO.

Segundo, en cualquier caso, gane quien gane la elección para la Dirección General de la UNESCO -en una victoria cantada ante la Conferencia General de Noviembre de 2017- la real agenda del capitalismo mundial en materia educativa la expresa la actual Secretaria de Educación de la Administración de Trump, la Sra. Betsy DeVos, quien impulsa el modelo de educación en casa, de virtualización de los procesos educativos, de mercantilización de la actividad escolar, de la educación como un servicio, elementos asociados a un desarrollo de lo educativo en la vorágine que anuncia la cuarta revolución industrial. La nueva Directora General de la UNESCO, estará altamente tensionada por las mutaciones neoliberales del siglo XXI, el impacto de la cuarta revolución industrial y su incidencia en los sistemas escolares; esperemos que le permitan navegar de manera autónoma en este mar sacudido por la tormenta de las incertidumbres civilizatorias y la transformación del modo de producción capitalista.

El escenario ideal para los EE.UU. es que la agenda educativa la determinen los órganos económicos globales a partir de las orientaciones del G8; es decir, la disolución de las responsabilidades educativas de la UNESCO; veremos hacia donde apuntará la gestión de la inminente nueva figura central del organismo multilateral educativo. Para los pueblos del mundo, para las maestras y los profesores, para la juventud, los niños y niñas que sueñan con un mañana más justo, libre y solidario, la UNESCO representa la organización con mayor capacidad para garantizar educación para la inclusión y la democratización del conocimiento, indispensables para un mejor futuro, por ello no dudamos en defender las enormes potencialidades de un espacio como ese para un mañana de paz e igualdad en el mundo. Por los momentos, le deseamos éxito a la Sra. Azoulay, esperando que su gestión se oriente a la satisfacción de las aspiraciones y necesidades educativas de los mas humildes de la tierra. Si esa es su orientación, seguro estoy que coincidiremos en el trabajo de defensa de la educación pública, gratuita, popular y de calidad.

El autor es actualmente el Coordinador Internacional de la RED GLOBAL/GLOCAL POR LA CALIDAD EDUCATIVA. Director Nacional de Venezuela ante el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE-UNESCO).
Caracas, Octubre de 2017

viernes, 27 de octubre de 2017

En el centenario de la revolución rusa. 1. El proyecto educativo bolchevique: la escuela única del trabajo..

Jaume Carbonell

¿Cuál es el sentido y el contenido de los debates, propuestas y realizaciones para fomentar al "hombre nuevo" en la primera época de la revolución socialista? ¿Y cuáles sus logros y dificultades? Qué se hizo y qué quedó por hacer.

Marx y Engels sentaron las bases de la pedagogía socialista. Pero hay que esperar al triunfo de la revolución soviética, liderada por Lenin al frente del partido bolchevique, para que dichos principios se profundicen e intenten plasmarse en una realidad concreta que se propone la transformación de una sociedad regida por la explotación de las clases dominantes en una sociedad comunista al servicio de las clases trabajadoras. Una oportunidad histórica y hasta cierto punto inesperada -multitud de previsiones situaban este estallido revolucionario en un país industrializado- y un reto mayúsculo.

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martes, 29 de agosto de 2017

_- La guerra contra la educación pública en USA y tan parecida a España.

_- En este país de guerras hay una que sí –más allá de la retórica oficial– determinará el futuro de esta democracia: la gran disputa nacional en torno a la educación pública.

La ofensiva de los autoproclamados reformadores de la educación está compuesta por algunas de las fuerzas más poderosas del país, entre ellos los hombres más ricos de Estados Unidos, el gobierno federal, el sector financiero, los grandes medios y sus ideólogos, quienes afirman que el problema central de un sistema de enseñanza público en descomposición (?) son (únicamente) los maestros de baja calidad (que han seleccionado y formado el sistema) y sus sindicatos que defienden el statu quo.

La solución que proponen, financiada por miles de millones en fondos privados, es someter el sistema de educación a un modelo empresarial guiado por ejecutivos, donde se evalúa a los docentes exclusivamente en función de exámenes estandarizados (aplicados al alumnado) y se mide todo por esquemas de datos (independiente del contexto social, económico y cultural de ese alumnado) bajo normas que se aplican al sector privado. A la vez, se busca aplicar el libre mercado al sector educativo, con esfuerzos para privatizar algunos segmentos y contratar cada vez más servicios del sector privado en la enseñanza pública.

En esta guerra, el enemigo son los maestros y sus sindicatos, a quienes culpan de resistir el cambio, proteger sus intereses mezquinos, que ponen encima de los de sus estudiantes, y de culpar a factores socioeconómicos por sus deficiencias.

Tal vez la expresión mejor conocida de este argumento fue la película documental Esperando a Superman, de 2010, que presentó un sistema educativo compuesto de maestros mediocres y complacientes, casi como burócratas, padres de familia frustrados y sindicatos del magisterio con el solo interés de proteger a sus afiliados. Según la película, la única y mejor solución son las llamadas escuelas chárter, que reciben fondos públicos, pero son administradas de manera privada, exentas de varias regulaciones, entre ellas, la obligación de contratar sólo profesores sindicalizados, y algunas pueden ser operadas con fines de lucro (hay más de 4 mil escuelas chárters en 40 estados del país, y ahora suman 5 por ciento de las escuelas públicas). Los críticos las acusan de ser la punta de lanza de la privatización.

Ineficiencia y mediocridad
El argumento sobre la mediocridad e ineficiencia de la educación pública se ha nutrido con informes de instituciones y personalidades muy destacadas, desde la secretaria de educación, Arne Duncan, a algunos de los medios más influyentes del país. Bill Gates se ha obsesionado con el hecho de que el sistema de enseñanza pública ya no produce la calidad de trabajadores de alta capacitación técnica que requiere el país para competir a nivel mundial, algo que Barack Obama ha reiterado al insistir en que los estudiantes estadounidenses no pueden competir con los coreanos. Un grupo de trabajo del prestigioso Consejo de Relaciones Exteriores, encabezado por la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice y el ex jefe de educación pública de la ciudad de Nueva York Joel Klein, dio la alarma de que el pobre desempeño educacional estadounidense en el contexto global representaba una grave amenaza a la seguridad nacional.

El noventa por ciento de los alumnos estadounidenses están en centros públicos, alrededor de 50 millones actualmente. El gasto federal, estatal y municipal en enseñanza supera 600 mil millones dólares al año. Como afirma David Denby en The New Yorker, el debate sobre el futuro de la educación es en parte sobre empleo, poder y dinero, y ahora es parte de la lucha ideológica entre el gobierno, como garante del bien comunitario, y la competencia del mercado como un creador potencial de excelencia.

Por lo menos desde hace una década –algunos dicen que esta guerra empezó hace 20 años– este movimiento reformista ha sido financiado en gran parte por empresarios y sus fundaciones, la más sobresaliente la de Bill Gates (Microsoft), la familia Walton (de Walmart), Mark Zuckerberg (Facebook) y Eli Broad (su fortuna es de la aseguradora Sun Life) y Michael Bloomberg (de Bloomberg y actual alcalde de Nueva York). Estos han invertido miles de millones en programas de privatización de escuelas públicas (las llamadas escuelas chárter), en financiar think tanks, agrupaciones de ideólogos, centros de expertos, medios y periodistas, y en el apoyo a ideas para autoridades locales, estatales y federales, logrando imponer su agenda a escala nacional.

Ellos ya definen y determinan en gran medida el debate sobre las políticas en el sector en este país, y tienen entre sus filas a los jefes de educación de casi todas las principales ciudades del país, hasta el propio secretario de educación, Arne Duncan, y su jefe, Barack Obama (como también a su antecesor, George W. Bush).

Privatización o escuelas chárter
Junto con ellos se ha integrado a este movimiento reformista un sector de nula experiencia y, anteriormente, ningún interés en la enseñanza pública: el financiero, que ahora también financia escuelas chárter, promueve reformas para establecer el modelo empresarial y condiciona sus contribuciones sustantivas a políticos en torno al apoyo a iniciativas favorecidas por los reformadores.

Desde 2002, la pieza central del movimiento reformista ha imperado sobre el panorama de la enseñanza pública, cuando el entonces presidente George W. Bush promulgó la ley No child left behind o NCLB (ningún niño dejado atrás), donde se establece el uso de los resultados de exámenes estandarizados estatales a estudiantes para medir el desempeño de maestros y escuelas, que en algunos casos puede llevar al despido de docentes y hasta la clausura de los centros y despido de planteles. Por tanto, con cada año se obliga a que los maestros y administradores dediquen cada vez más tiempo, esfuerzo y atención a estos exámenes, ya que determinan, cada vez más, su futuro.

Al llegar Obama a la Casa Blanca, su secretario de educación formuló un programa, Race to the top o RTTT (Carrera a la cima), que promueve una competencia entre estados para ampliar el uso de estos exámenes, la elaboración de más medidas y programas para la evaluación estadística de estudiantes y maestros con base en los exámenes, y la creación de más escuelas chárter a cambio de fondos federales.

NCLB y RTTT son las coronas del movimiento reformista empresarial, y sus consecuencias se sienten a lo largo y ancho del país. Su argumento fundamental es que, con base en estas reformas, los maestros por fin serán evaluados con objetividad, y con ello hay un proceso de rendición de cuentas en el sistema.

Mero negocio: antirreformistas
El problema, según los críticos de estas reformas, es que ni el diagnóstico de los reformadores, ni sus recetas están basadas en los hechos, lo cual ha llevado a críticos a considerar que las reformas tienen más que ver con negocios y una visión neoliberal que con la función y propósito de la educación pública. Citan numerosos estudios, investigaciones y datos que demuestran que las reformas no han generado los resultados prometidos, que el diagnóstico está viciado por graves errores en evaluación. Subrayan que el eje del modelo de reforma, los exámenes estandarizados, no puede ser usado para medir el desempeño de maestros y escuelas, según expertos nacionales y hasta directores de algunas de las empresas que se dedican a eso, incluyendo la Rand Corporation y la agencia de investigaciones sobre métodos de evaluación escolar de la Academia Nacional de Ciencias.

Por otro lado, en años recientes se ha revelado que en Nueva York, Houston, Chicago, Washington y otros lugares los políticos han inflado y manipulado los resultados de los exámenes que tanto señalan como pruebas del éxito de sus reformas.

La educación pública está bajo ataque de las fuerzas de la privatización, por gente que hace promesas falsas, declaró Diane Ravitch, profesora en la Universidad de Nueva York, quien hace una década fue una de las reformadoras más prominentes del país, ex secretaria asistente de educación en la presidencia de Bush padre, autora de 10 libros sobre políticas e historia de la educación, entre otros logros destacados, quien ahora es tal vez la voz nacional más eminente en contra de los reformistas.

En un discurso el año pasado, agregó que los profesionales educativos (maestros y profesorado de secundaria) están bajo ataque de aquellos que culpan (y responsabilizan) a los maestros por condiciones más allá de su control. Desean quitarles su profesionalismo y convertirlos en técnicos de exámenes. También advirtió que “si logran quitar a los maestros el derecho de negociar el contrato colectivo, silencian sus voces.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/01/03/politica/002n1pol?partner=rss

miércoles, 21 de septiembre de 2016

Elitismo educativo, escuelas concertadas y bilingüísmo

Publicado en 18 marzo, 2016
La educación española está marcada por una anomalía insólita en los países de nuestro entorno: el sistema de conciertos educativos. El 32% de los estudiantes españoles de primaria y secundaria estudian en colegios e institutos de gestión privada, en su mayor parte centros concertados subvencionados en su práctica totalidad con fondos públicos. Muy a grandes rasgos, la escuela concertada es un pilar de los privilegios de los que disfrutan las familias que ocupan aproximadamente el tercio superior de la distribución de rentas y cuyos intereses están manifiestamente sobrerrepresentados en las políticas públicas, los medios de comunicación y los programas de los partidos.

La historia española de la financiación con fondos públicos de la enseñanza de titularidad privada es bien conocida. En los años ochenta, el gobierno del PSOE estableció el sistema de conciertos educativos como una vía para asegurar una universalización rápida de la educación en un contexto en el que no existía suficiente oferta de educación pública. Esa medida, supuestamente transitoria, se encabalgó sobre una larga tradición franquista de subvención a fondo perdido a los colegios religiosos. Por eso los debates en torno a la escuela concertada se han desarrollado casi siempre en torno a la cuestión ideológica de la presencia de la religión en las aulas y el poder que el sistema de conciertos otorga a la iglesia.

En realidad, si ni los gobiernos del PSOE ni los del PP se han planteado jamás un proceso de incorporación de los centros concertados a la red pública no ha sido por razones religiosas sino políticas. La red de enseñanza concertada constituye un elemento central en el sistema de lealtades sociales que durante décadas ha vertebrado el régimen político español. Aún más, aunque la iglesia controla una parte significativa de la red concertada, la confesionalidad es una cuestión importante sólo para un porcentaje relativamente pequeño de las familias que acuden a esos centros. El sistema de conciertos educativos ha sido la forma en que el Estado ha asegurado a la clase media la transmisión de su patrimonio social y cultural, del mismo modo que la burbuja especulativa fue la forma en que le ofreció una vía individual de movilidad social intergeneracional a través de la transmisión del patrimonio inmobiliario. A menudo se señala que una vez igualadas las condiciones socioeconómicas la enseñanza concertada española no ofrece mejores resultados académicos. Es cierto, ofrece algo mucho más importante: la reproducción de las condiciones socioeconómicas.

El resultado es que en España la clase media real (no la aspiracional) disfruta de los privilegios sociales de la educación privada a un coste muy reducido. Este amplio grupo social ha podido esquivar una parte significativa de los problemas asociados a la escolarización de las clases populares y acumular un valioso capital social. El anecdotario sobre las vías de segregación que ponen en marcha los colegios concertados –que en teoría deberían garantizar las mismas condiciones de acceso que los colegios públicos– es inagotable. Abarcan desde los filtros económicos –como las famosas cuotas “voluntarias” o las actividades “complementarias” (añádanse cuantas comillas se considere necesario)– hasta la selección explícita y sin tapujos: en numerosos colegios concertados un criterio de admisión importante es ser hijo de un antiguo alumno.

¿Por qué desde la izquierda se pasa de puntillas sobre este problema? Me temo que la razón de esta timidez es muy antipática: la izquierda española está radicalmente atravesada por el clasemedianismo. La enseñanza concertada –sobre todo, por medio de las cooperativas de profesores o padres– se ha ido convirtiendo cada vez más en un refugio para familias laicas y progresistas con suficientes recursos económicos que buscan modelos educativos alternativos a los que ofrece la educación pública y una mayor capacidad de intervención en su comunidad educativa. No hay ningún motivo para dudar de la sinceridad de esas motivaciones, pero lo cierto es que la realidad de las cooperativas educativas laicas es también la de una profundísima segregación social.

Es un proceso aún minoritario y característico de las grandes ciudades, en especial en Madrid, Cataluña y País Vasco, pero apunta a una tendencia que posiblemente se acelerará en el futuro. El desembarco de la izquierda en la concertada con su discursos acerca de la innovación educativa, las pedagogías blandas o la transversalidad proporciona a esta red una cierta imagen de marca de la que carecía (hasta ahora su principal valor consistía sencillamente en que no era la pública). De hecho, la red de colegios laicos y progresistas es más elitista que la religiosa, que tienen su propio circuito low cost en el que tienen cabida algunos inmigrantes y personas procedentes de las clases populares.

Aún peor, la maquinaria segregadora de la concertada están contaminando cada vez más a la red pública. Empieza a ser frecuente que los centros públicos establezcan triquiñuelas en los procesos de admisión para promover una bunquerización social. Tanto en la Comunidad de Madrid como en el País Vasco, cada vez más centros públicos “prestigiosos” dan puntos en los procesos selectivos a los hijos de antiguos alumnos. Otros renuncian voluntariamente a tener comedor escolar para ahuyentar a los alumnos de bajos ingresos que optan a becas de comedor.

Pero seguramente la herramienta de discriminación social más ambiciosa que se ha ideado en España es el programa de bilingüismo de la Comunidad de Madrid (CAM), una auténtica pesadilla elitista. En la actualidad, la mayor parte de los colegios de educación primaria madrileños son bilingües –hay distritos enteros donde no hay ni un solo colegio no bilingüe– y los que no lo son sufren fortísimas presiones de la administración para que entren al redil. Hay que estar muy alienado por la anglofilia para no percibir que el programa bilingüe de la CAM es un delirio pedagógico sin parangón en ningún lugar del mundo, que ha convertido los centros educativos en academias de idiomas donde una parte significativa de las materias son imposibles de impartir porque alumnos y profesores no comparten las herramientas comunicativas mínimas. Es algo tan sencillo como que los profesores de primaria dan clase de ciencias naturales, historia o ciencias sociales en inglés (y sólo en inglés) a niños de 6, 7 u 8 años que… no hablan inglés.

Hay un dato curioso que permite entender el auténtico objetivo del bilingüísmo en los centros públicos de la CAM. En educación secundaria los resultados académicos de los estudiantes del programa bilingüe son peores en las materias impartidas en inglés pero mejores en matemáticas y lengua española. Es decir, aparentemente dar clase de ciencias en inglés, mejora tu rendimiento en lengua española. La explicación es que los programas bilingües expulsan a las familias más pobres y con menos recursos culturales y que obtienen peores resultados académicos. Al igual que la red de enseñanza concertada, los programas bilingües en educación primaria tiene un objetivo social: permiten que al llegar a la ESO los estudiantes puedan ser distribuidos en función de su nivel de inglés. Poco sorprendentemente, esta criba hace que los estudiantes de las aulas bilingües sean de piel más clara, más ricos y con mayor capital cultural que los demás.

El sistema educativo español, al menos en su tramo obligatorio, parece cada vez más el experimento de un discípulo loco de Bourdieu para observar la reproducción social a gran escala. Madrid es su laboratorio.

[Este texto es un extracto de un artículo más amplio (“Reescolarizar la escuela”) que he publicado en el número 16 de La maleta de Port Bou]

miércoles, 15 de junio de 2016

Marina ataca de nuevo. El filósofo ofrece a los partidos una apresurada hoja de ruta para un pacto educativo.



Cuarto Poder

El profesor José Antonio Marina está convocando a partidos políticos con representación parlamentaria a una reunión para que firmen una “hoja de ruta para un pacto educativo”. Lo hace por encargo de la Cátedra Nebrija-Santander en Inteligencia Ejecutiva de la Universidad Elio Antonio de Nebrija. Podemos imaginar lo que opinan tanto el banco como una universidad privada y elitista de un bien común como es la educación pública. Hace seis meses, el propio Marina había reclamado un pacto de estado sobre la educación al alimón con el neoliberal Luis Garicano, dirigente de Ciudadanos y responsable de su  programa económico y educativo.

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No es la primera vez que en plena campaña electoral hace  propuestas en materia educativa. Hay que recordar que antes de las elecciones del 26-J aceptó el encargo del ministerio de Educación del gobierno Rajoy para elaborar un libro blanco de la profesión docente. Era una buena manera de desviar la atención de los problemas de fondo de la educación (recortes y LOMCE) y  responsabilizar al profesorado con un falso debate. Ahora vuelve a la carga con el mismo equipo. Pero vayamos por partes y analicemos las condiciones y la legitimidad de la iniciativa.

Para firmar la hoja de ruta Marina pone unas condiciones que son propuestas-trampa. Plantea que el partido que gobierne tras las elecciones se comprometa, con la ayuda de la oposición, a mantener la LOMCE en vigor mientras no dispongamos de una nueva ley de educación. Algo totalmente inasumible para la mayoría social que ha luchado contra esta disparatada ley y para la amplia mayoría parlamentaria que el 5 de abril de 2016 aprobó su inmediata paralización. Supondría aceptar un marco legal impuesto por un partido que hoy solo representa a uno de cada cuatro electores; y su aplicación mientras no se alcanzase un acuerdo que se negociaría bajo las patas de los caballos y con una posición de fuerza de los conservadores.

Otra condición es que la escuela pública puede desarrollarse, como indica la Constitución, a través de una doble red: pública y concertada. Además de manipular la interpretación de la Constitución Española, pretende dar naturaleza de escuela pública a los centros concertados. La escuela pública es de todos y para todos o no lo es. No lo son los centros que segregan, discriminan y hacen negocio económico, ideológico o religioso con la educación. Aceptar ese planteamiento sería consagrar un modelo que se ha convertido en una una perversión educativa. El resto es retórica. No se dice nada de cómo asegurar la gratuidad o la escuela inclusiva, ni se ponen sobre la mesa asignaturas pendientes como la laicidad. Desde el punto de vista formal propone el viejo modelo de pacto político de “mesa camilla”, sin la participación de la comunidad educativa y de los expertos realmente cualificados que existen y llevan trabajando voluntaria y gratuitamente mucho tiempo.

En cuanto a la legitimidad hay que preguntarse ¿quiénes son la universidad Antonio de Nebrija y José Antonio Marina para convocar y querer pilotar un Libro Blanco para un Pacto Educativo? ¿Qué legitimidad tiene quién apuesta por lo privado? Por más que quiera arrogarse la representación del “núcleo” de “la sociedad civil”, el problema de Marina es que se representa a sí mismo. Y, en todo caso, a una universidad privada que tiene episodios oscuros en su pasado (compra de alumnado y poco rigor en la  selección del profesorado). La postura de Marina no es en absoluto neutral: ha trabajado para el gobierno del PP, coincide con los planteamientos de Ciudadanos y está rodeado de un equipo vinculado a intereses de centros concertados religiosos como la fundación Trilema.

Marina busca erigirse en protagonista de un supuesto proceso de negociación de un pacto educativo. También intenta sacar del aislamiento al partido que aprobó la LOMCE (PP) o al que se siente cómodo con su filosofía (Ciudadanos). Y de paso, hacer abstracción de las movilizaciones, reflexiones y propuestas en defensa de la escuela pública. Como es una persona inteligente, solo se puede entender su atrevimiento como un jugoso encargo o como el intento de influir políticamente, de ahí las prisas que intenta imponer para antes del 26-J. No hay que separar esta iniciativa del intento del PP de utilizar la educación como un  eje principal de su campaña electoraluna vez creada una base social con los centros concertados.

Si alguien tiene legitimidad para plantear un proceso de esta naturaleza es el centenar de organizaciones que han elaborado el  ‘Documento de bases para una nueva ley educativa’ . El Foro de Sevilla, la Marea Verde, las AMPAS, organizaciones estudiantiles, sindicatos de profesorado, partidos políticos progresistas, plataformas y entidades educativas, movimientos de renovación pedagógica… ellas sí representan la sociedad civil [ver su  Declaración de ilegitimidad de la propuesta de Pacto Educativo de Marina ]. Y han puesto su trabajo, reflexiones y propuestas al servicio de la sociedad para alcanzar un pacto social, político y territorial para una nueva ley. No necesitamos cicerones para esta tarea colectiva.

Como pasó con el llamado libro blanco del profesorado, la arrogante propuesta de Marina quedará en agua de borrajas y en un vano intento de lavar la cara a los responsables del mayor ataque que ha recibido nunca la educación pública. No pude haber pacto educativo que no se construya sobre la base de la derogación de la LOMCE y la reversión de los recortes. Como dice la Comisión permanente de las organizaciones y colectivos que han elaborado el Documento de bases para una nueva ley educativa: es una urgencia para que nuestro sistema educativo no siga creciendo en privatización y en desigualdad y expulsando al alumnado más vulnerable de las aulas.

Fuente:

http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/06/09/marina-ataca-nuevo/1492