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martes, 26 de junio de 2018

Lo que nos dice la experiencia sobre los modelos de colaboración pública-privada en el ámbito de la gestión sanitaria.

Marciano Sánchez Bayle

Desde hace años, y en medio de la ofensiva neoliberal para desmantelar y privatizar los sistemas sanitarios públicos, se ha puesto en marcha la llamada “colaboración público-privada” (CPP) en el sector sanitario público.

Una CPP es un contrato realizado entre la administración pública y una o varias empresas privadas por el que:

• La empresa privada financia, construye y gestiona algún elemento de un servicio publico y

• La empresa privada cobra a lo largo de varios años, ya sea mediante las tarifas abonadas por los usuarios (tasas, etc.), mediante los pagos de la administración pública o una combinación de ambos.

Como muy bien señala David May (PSI 2015) conviene recordar que el concepto de CPP no se utilizó antes de los anos 1990, pero las concesiones han existido durante mucho tiempo antes.

La base de las CPP consistía en que la empresa privada se comprometía a invertir su propio dinero y, a cambio, el Estado garantizaba a la empresa el monopolio en el suministro de ese servicio en la zona, y así la empresa podía obtener un retorno sobre el capital cobrando a los usuarios. Las concesiones se utilizaron con frecuencia en el siglo XIX para implantar sistemas de agua, gas y electricidad, así como ferrocarriles, que implicaban una elevada inversión de capital.

Pero el modelo CPP no fue capaz de proporcionar la magnitud de inversión requerida para los servicios universales a precios asequibles, por lo que, en general, fueron reemplazadas por entidades públicas que utilizaban financiación publica.

La versión moderna de las CPP, en la que el gobierno paga a la empresa privada (en lugar de los consumidores), fue inventada en Reino Unido en los anos 1980 por el gobierno de Margaret Thatcher. La introducción de reglas fiscales neoliberales redujo el endeudamiento estatal y la capacidad fiscal del estado, pero el gobierno quería poder invertir en infraestructura publica. Las CPP se plantearon como la solución, bajo el nombre de Iniciativa de Financiación Privada (PFI sus siglas en ingles). Aunque el gobierno se compromete a sufragar la inversión, como si él mismo hubiera tomado prestado el dinero, durante un periodo de muchos años que suele ser variable según los casos (entre 10 y 30 años), las normas contables permitían tratarlas como un préstamo privado, no como un préstamo o endeudamiento publico, de modo que el dinero puede tomarse prestado sin infringir las normas fiscales. La política también era atractiva para el gobierno de Thatcher, ya que representaba otra forma de privatización, permitiendo a las empresas privadas beneficiarse del dinero publico, y exigiendo a los servicios públicos que proporcionaran oportunidades comerciales rentables para la empresa privada, que pronto quedaron en manos de grandes multinacionales y fondos de inversión o de capital-riesgo.

Las CPP nacieron como una estratagema contable, una manera de sortear las propias restricciones del gobierno sobre el endeudamiento publico, y siguen teniendo una gran atracción para los gobiernos y las instituciones internacionales. De la misma forma que empresas como Enron habían intentado ocultar sus auténticos pasivos trasladándolos ‘fuera del balance’, los gobiernos comenzaron a utilizar las CPP como estratagemas…. gracias a las que las cuentas públicas imitaban la contabilidad creativa de algunas empresas privadas. Desde la caída de Enron, estas estratagemas han sido prohibidas para las empresas, pero las CPP –que se fundamentan en los mismos principios de maquillar/esconder el endeudamiento real– son frecuentemente promovidas por los gobiernos.

Para las empresas privadas implicadas –bancos, constructoras y empresas de servicios– las CPP representan una oportunidad comercial sumamente atractiva. Un solo contrato (generalmente suscrito por la propia administración publica) les proporciona una fuente de ingresos seguros y de alta rentabilidad durante muchos años. Las empresas pueden presionar a los políticos para garantizar que los gobiernos creen CPP, y las renegocien creando modificaciones y con ellas incrementos del endeudamiento y de los beneficios muchas veces durante la duración del contrato.

Desde el principio, la PFI fue criticada tanto por la derecha como por la izquierda por ser mucho mas cara que el uso de financiación publica, por perjudicar a los servicios, y por tratarse de una ‘estafa’ para encubrir la inversión y el endeudamiento publico real. Sin embargo, fue adoptada e incrementada por posteriores gobiernos del Reino Unido, y se creó una unidad especial dentro de la Tesorería, integrada principalmente por ejecutivos del sector privado, con el propósito de que actuara como un centro permanente dentro del gobierno para promover proyectos PFI.

Esta forma de actuar y los mecanismos utilizados para ello se han convertido en el modelo para las unidades de CPP creadas por numerosos gobiernos de todo el mundo.

Reino Unido ha utilizado las CPP para construir una amplia gama de edificaciones e infraestructuras: hospitales, escuelas, carreteras, ferrocarriles, instalaciones de defensa, y oficinas gubernamentales. Conforme se ampliaron los limites neoliberales de endeudamiento de la administración publica, también lo hicieron las CPP (por ejemplo, en Europa, donde las normas de la UE empezaron a limitar el endeudamiento publico al 3 por ciento del PIB).

Así se extendió inicialmente a Nueva Zelanda, Australia, Canáda y EE.UU., países todos ellos que empezaron a utilizar la CPP como un componente de la política de privatización, y una forma de maquillar unos presupuestos maquillados mediante la ocultación del endeudamiento.

En los países en desarrollo, los bancos de desarrollo y las empresas multinacionales fomentaron la proliferación de la CPP en los anos 1990, especialmente en los sectores del agua y de la energía, como parte de la promoción general de la privatización –y como una forma de evitar las restricciones fiscales que las mismas instituciones financieras internacionales imponían en los países en desarrollo–. La principal forma de privatización del agua eran las concesiones o los contratos de arrendamiento, que son una forma tradicional de CPP. En el sector energético, se ha producido una introducción generalizada de productores independientes de energía (IPP por sus siglas en ingles) con la compra de la electricidad por el sector público garantizada a largo plazo. Los CPP se han enfrentado a una fuerte resistencia popular y a importantes movilizaciones en su contra en muchos países, lo que ha conducido a la rescisión por ejemplo de numerosas concesiones de agua.

En diversas ocasiones se han señalado los aspectos generales de las contradicciones existentes entre el mercado, la provisión y gestión privada, y la garantía de un derecho básico como es el de la protección a la salud (ver: M Sánchez Bayle La privatización de la asistencia sanitaria en España. Fundación Alternativas. Documentos de trabajo Nº: 182/2014), por lo que no voy a incidir mas en el tema y voy a centrarme en la experiencia que existe sobre las denominadas “colaboraciones público-privadas” en nuestro país, y esto con algunas limitaciones importantes porque, si en general la administración sanitaria peca de escasa transparencia, en este tema la opacidad es casi total, y las cosas se conocen porque ha pasado tiempo y porque se ha puesto mucho empeño en averiguar los datos.

Como ya se ha señalado, las CPP no son ni mucho menos exclusivas del sector sanitario, pero en él han tenido un importante desarrollo; desde el Reino Unido, donde se iniciaron los primeros experimentos, se han extendido a muchos otros países en casi todo el mundo (España, Portugal, Italia. Canáda, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Chile, Perú, etc.) y continúan numerosos intentos de expansión. Un hecho a resaltar es que en Latinoamérica son generalmente empresas de titularidad y origen español (aunque ya se han convertido en sucursales de multinacionales norteamericanas o alemanas) las que están siendo la punta de lanza de esta expansión del modelo CPP.

En España, se han desarrollado dos modelos de CPP en los centros sanitarios, la denominada iniciativa de financiación privada (del que hay 7 centros en Madrid, uno en Baleares, otro en Castilla y León y otro en Galicia), y las “concesiones administrativas”, también conocido como modelo Alzira por ser este el primer centro donde se implantó (con 5 centros en Valencia y 4 en Madrid). Cuando se iniciaron los hospitales PFI en nuestro país, ya existía amplia experiencia en otros países y se había publicado en 2006 en el Boletín de la OMS un articulo que señalaba que el modelo tenía muchos e importantes problemas, y que la única ventaja conocida era que las construcciones se realizaban en el plazo señalado (en España esta supuesta ventaja no se produjo de manera generalizada llegando al extremo de que un hospital de Vigo se abrió con 4 años de retraso).

De los datos de la experiencia en nuestro país pueden extraerse los siguientes problemas para estos modelos de CPP:

Incremento de los costes
Se ha constatado un notable aumento de los costes de estos centros: en el caso de los 7 hospitales PFI de Madrid, con un coste de construcción de 701 millones €, en el año 2011 las empresas concesionarias habían recibido 761,3 millones € de acuerdo con el contrato inicial, quedando pendientes 4.284 millones €. Pero, es más, se descubrió gracias a un Informe del Tribunal de Cuentas que en 2010 se les habían concedido 80 millones € sobre el contrato inicial, y aprobado un aumento de 9,1 millones € del canon. No es pues de extrañar que en 2010 el coste por cama anual fuera de 434.868 € frente a los 277.235 € de los centros de gestión tradicional. Lo mismo puede decirse del hospital de Burgos cuyo sobre coste inicial se ha disparado aún más con las sucesivas modificaciones (de 1.000 millones € del contrato inicial, frente a un coste de construcción de menos de 200 millones, estamos en 1.700 millones € en 2017), y del hospital de Vigo, que ha pasado de un presupuesto de 331,7 millones € en su construcción por el modelo tradicional a un contrato de 1.566,4 millones €.

Por otro lado, en varios casos se ha demostrado que la inversión inicial que supuestamente realizan las empresas adjudicatarias no es tal, ya que recurren a créditos públicos de la Banca Europea de Inversiones avalados por los correspondientes gobiernos de las CCAA, por lo que su aportación y su riesgo es cero.

Otro hecho constatado en el caso de Madrid es que la parte publica de los hospitales PFI asume costes que por contrato pertenecen a las concesionarias; así se ha evidenciado en el hospital de Majadahonda, donde el personal de mantenimiento durante años fue pagado por el SERMAS, y en el hospital de Vallecas donde la jardinería y personal administrativo eran del SERMAS a pesar de corresponder a las concesionarias, que sin embargo no pagaba ni recibía ningún recorte en el canon. En Alzira, recientemente, la Consejería ha reclamado a la concesionaria 102 millones DE € correspondientes a salarios de personal estatutario que durante 3 años había trabajado “gratis” para Ribera Salud.

Hipotecan a la política sanitaria
Y lo hacen porque se trata de contratos a muy largo plazo que impiden la necesaria flexibilidad y capacidad de adaptación que debe tener el servicio sanitario a las necesidades de la población, y también porque los contratos garantizan actualizaciones automáticas de las cantidades a percibir (ligadas al IPC o similar según cada caso concreto) que no tienen relación con la evolución de los presupuestos sanitarios públicos (durante la crisis, recortes de cerca del 20% de los presupuestos de las CCAA) lo que ha agravado los recortes de los centros públicos acaparando los centros de gestión privatizada una parte cada vez mayor de una tarta más pequeña.

Mala calidad de la construcción y equipamientos
Otro aspectos reseñable y bastante generalizado es la mala calidad de la construcción y los equipamientos de estos centros; así se ha comprobado en los hospitales PFI de Madrid por la propia inspección del Ministerio de Trabajo, en el nuevo hospital de Vigo, que tuvo incluso que paralizar su apertura por estos problemas, y en el hospital de Burgos, con numerosas incidencias.

Disminuyen el número de camas y el personal sanitario.
Los hospitales PFI han disminuido el número de camas y personal sanitario no solo en ellos sino, de manera derivada, en los centros de gestión tradicional. Así, en la Comunidad de Madrid el numero de camas financiadas públicamente pasó de 15.531 en 2009 a 15.035 en 2015 (un 3,19% menos) y, por el medio, se habían abierto 11 nuevos hospitales, con lo que hemos conseguido un record Guinness de construir hospitales y en paralelo disminuir el número de camas gracias a la reducción de camas en los centros de gestión tradicional, que han pasado de 14.749 camas a solo 13.504; ello, evidentemente producido para favorecer el negocio de los nuevos centros. En el caso del hospital de Vigo también se ha producido una reducción importante de las dotaciones (camas, quirófanos, consultas, etc).

También se ha detectado una disminución del número de profesionales sanitarios, tanto médicos como de enfermería (por cama y por habitante adscrito al centro) en estos modelos, más acusado en el caso de las “concesiones administrativas” que en los PFI, que frecuentemente asumen el personal de un centro preexistente.

Eliminan el personal no sanitario
En los centros PFI de Madrid se eliminó el personal no sanitario, desapareciendo 26 categorías (lo que supuso 19.500 trabajadores menos). Un hecho llamativo que se ha detectado es que el personal contratado por las concesionarias era netamente inferior al fijado en los pliegos de condiciones, así como que se producía una sistemática subcontratación de estas tareas a veces con una intolerable rotación de las subcontratas; en uno de los centros, en 1 año se hicieron cargo de las mismas tareas 11 subcontratas.

Empeoran las condiciones laborales
En el Reino Unido, el 13% de las enfermeras tituladas son reemplazadas por ayudantes de atención sanitaria. Los hospitales PFI tenían entre un 20 y un 30% menos de plantilla que los públicos (14% menos de médicos y enfermería, 38% menos de personal de apoyo). El NHS (sistema de sanidad británico) calcula en 100.000 el número de puestos de trabajo menos (el 10% de la plantilla) 36.000 de ellos en el 2007. Como resultado, se produjo un éxodo en enfermería: el 45 % de las enfermeras tituladas en 4 años se fueron al extranjero, lo que explica la elevada demanda de estos profesionales en otros países (Portugal, España).

En Madrid, las concesiones administrativas tienen mas horario (40 horas frente a 37,5) y menores retribuciones (300 € mensuales de promedio).

Externalizan o privatizan aspectos claves
De entrada, dejan en manos de empresas privadas (frecuentemente subcontratas) los almacenes y distribución, la documentación clínica y administrativa (poniendo en riesgo la confidencialidad de los datos sanitarios), el mantenimiento integral, con resultados desastrosos en el caso de los hospitales de Madrid, la lavandería y esterilización (con graves problemas de abastecimiento y calidad), la limpieza y el catering (tiempo antes privatizados en casi todos los centros), los residuos urbanos, el transporte interno-externo y la gestión auxiliar, el apoyo administrativo, recepción y centralita, la cafetería, Parking y tiendas (también privatizados en los centros de gestión tradicional). Todo ello dificulta la coordinación entre estos aspectos, muchos de ellos clave para la actividad asistencial.

Además, se ha privatizado en otras empresas el laboratorio (en Madrid); el control del funcionamiento de los centros (en Galicia y Madrid); la informática está privatizada y, además, utilizan distintos sistemas informáticos que el resto de la red publica, con problemas de accesibilidad de la información; y el centro de llamadas está privatizado y se utiliza para derivaciones sistemáticas al sector privado. La extracción de sangre periférica se privatizó con resultados negativos, y en salud mental se privatizaron Centros de Salud Mental, hospitalización de agudos y larga estancia, centros de apoyo, etc.

La radiología se centraliza en el anillo radiológico, empresa pública situada en uno de los hospitales.
Las privatizaciones recogidas en el segundo párrafo suponen un incremento de costes que no están registrados en los costes calculados en los contratos, por lo que el sobrecoste real es muy superior al descrito.

Aumentan los costes para la población
Los costes de los servicios prestados por las concesionarias, por ejemplo el parking, se incrementan de manera exponencial dificultando seriamente la accesibilidad a las personas con menos recursos.

Acaban en manos de grandes multinacionales que hipotecan la soberanía y la prestación de un servicio básico
Aunque las PFI y las concesiones inicialmente se concedieron a empresas nacionales, éstas han acabado vendiendo su participación a grandes multinacionales que hipotecan la soberanía en la prestación de un servicio público básico. Que sepamos, hasta ahora son:

Hospitales de Parla, Coslada y Arganda en manos de LBIP.BV, en manos de LLoyd Bank. Majadahonda, comprado por DIF, fondo holandés.

Ribera Salud en manos de Centene, fondo de EEUU de aseguramiento y provisión sanitaria. Valdemoro y Fundación Jiménez Diaz, en manos de Fresenius (fondo de pensiones alemán que es mayoritario en la prestación privada con fondos publicos: mas de 1.500 millones € en el ultimo año). Torrejón, pertenece a Sanitas-BUPA, multinacional inglesa con presencia en Europa, Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda y Arabia.

El gran problema de estas multinacionales es que, por un lado, tienen una gran capacidad de presión (económica y política) sobre las administraciones públicas y, por otro, si no les interesan las condiciones de rentabilidad pueden “desaparecer”, cerrando centros y provocando un problema de cobertura asistencial.

Favorecen las corruptelas
La gran opacidad que caracteriza estos modelos favorece las corruptelas y/o la corrupción. En nuestro país se han identificado dos tipos: por un lado, las denominadas eufemísticamente “puertas giratorias” (así, dos exconsejeros madrileños que habían impulsado las privatizaciones acabaron en altos cargos de las empresas beneficiadas por éstas, cuando su escasa cualificación y conocimientos sanitarios son notorios). Por el otro, varias de estas adjudicaciones (hasta el presente la del hospital Son Espases y la de los centros PFI de Madrid) se encuentran en los tribunales por presunto cobro de comisiones y/o derivación de fondos a campañas electorales.

Empeoran la atención sanitaria al poner los intereses económicos y la rentabilidad por delante del derecho a la salud
Este es un tema de gran complejidad porque hay pocos datos (de nuevo, la opacidad) y existen diferencias entre los dos modelos de CPP (PFI y concesiones). En cualquier caso, este empeoramiento viene por dos vías: por un lado la directa, la mas complicada de demostrar, aunque existen casos como el hospital de Stafordshirre, una fundacion trusts del Reino Unido donde sendos informes del parlamento y del NHS establecieron que se había producido un exceso de mortalidad de entre 400 y 1.200 personas en 4 años, debido a los incentivos comerciales que primaban en el centro. En nuestro país hay un informe de UGT en la Comunidad Valenciana que cuantifica en 2.752 la mortalidad atribuible a la política privatizadora en esa comunidad autónoma.

La segunda vía es la del deterioro que producen los sobrecostes unidos a los recortes en el conjunto del sistema sanitario. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se han disparado las listas de espera, pasando la quirúrgica de 27.672 pacientes en junio de 2005 a 82.758 en septiembre de 2017 (recuérdese, después de abrir 11 nuevos hospitales), y en esa misma fecha el número de pacientes en lista de espera de consultas externas era de 403.338 personas y 118.273 en espera de pruebas diagnosticas, lo que hace un total de 604.369 personas en lista de espera (el 9,29% de la población total). O sea que la implantación de estos nuevos modelos no ha mejorado la situación asistencial, sino que la ha empeorado.

Las PFI son un primer paso para la privatización total
Una cuestión a tener en cuenta es que las PFI, al menos en Madrid, han querido ser convertidas por el gobierno regional en “concesiones administrativas” en el año 2012, lo que se logró parar por la amplia movilización social y profesional.

La ciudadanía prefiere la gestión pública
No sólo las movilizaciones expresan el rechazo generalizado de profesionales y ciudadanos ante estos fenómenos privatizadores, sino que las encuestas lo recogen también; así, el último Barómetro Sanitario (2016), ante la pregunta de cómo esta mejor gestionada la sanidad pública el 68,9% contesta que si lo hace la administración publica frente al 13,3% que piensa que lo hacen mejor las empresas privadas (por cierto el 71,1% en Cataluña y el 70,4% en Madrid).

Algunos Gobiernos autonómicos están iniciando procesos de reversión y/o de paralización de proyectos CPP
Otro fenómeno a tener en cuenta es la reversión que se esta produciendo de este tipo de “experimentos”. En Aragón, el gobierno (en ese momento del PP) reintegró el CASAR (un consorcio) a la red pública, y en Valencia el 1 de abril de este año se ha producido la reintegración del hospital de Alzira a la red pública, prometiéndose además que se hará lo mismo con el Hospital de Denia. Además, de han paralizado muchos proyectos, cuatro hospitales en Castilla La Mancha, dos en Extremadura, uno en Aragón y otro en Castellón (estos dos últimos casos con gobiernos del PP). Es decir, muchas administraciones públicas están reconociendo por la vía de los hechos que estos modelos no son buenas alternativas para la provisión de servicios sanitarios.

De todo lo expuesto, creo que queda bastante claro los muchos inconvenientes que tiene la denominada “colaboración público-privada” que han sido también reconocidos a nivel internacional, por múltiples estudios (el ultimo en 2014, el Informe del Comité de Expertos sanitarios de la UE). Y, por ello, es una obligación tanto desde el punto de vista económico como sanitario volver a la gestión pública de los recursos sanitarios, paralizando las privatizaciones y recuperando los centros privatizados.

Esta recuperación puede llevarse a cabo mediante 4 mecanismos:

1.  La no renovación de los contratos a la expiración de los mismos. Es lo que se ha hecho en Alzira, y tiene el inconveniente de que los contratos generalmente tienen plazos muy dilatados que prolongarían excesivamente en el tiempo la necesaria recuperación de los centros privatizados.

2. La compra por parte de la administración pública de todas o algunas de las empresas propietarias de las concesiones. Es una evidencia, como ya se ha señalado, que muchas de las empresas que recibieron inicialmente las concesiones vendieron sus participaciones en las mismas por múltiples motivos: necesidad de liquidez, desinterés por continuar en las UTEs una vez concluidas las obras (caso de las constructoras), incluso quiebra de las mismas. Dado que las administraciones pública deben de autorizar estas ventas, es el momento de hacerse con la propiedad.

3. Seguimiento exhaustivo del cumplimiento de los contratos ejercitando la capacidad sancionadora ante los incumplimientos. La experiencia señala que el incumplimiento es la norma ante la pasividad de las administraciones públicas que, en teoría, deberían ejercer el control de las concesiones, y de ahí proviene una parte importante de la elevada rentabilidad de las empresas concesionarias. Aparte de que es imprescindible un adecuado control para garantizar la calidad de la atención sanitaria a la ciudadanía, es obvio que un estricto control favorecería la tendencia de las empresas incumplidoras a revertir los centros.

4. Por fin, la expropiación de los centros por motivos de interés general, teóricamente posible, pero la que entraña mas dificultades por el laberinto legal en que se vería envuelta incluidas las dificultades que plantean las normativas de la UE y otros tratados internacionales.

Obviamente, ha quedado demostrado que la privatización sanitaria debe y puede revertirse, y que ello depende básicamente de la voluntad política de hacerlo. Ahora bien, conviene hacerlo con prudencia, estudiando caso a caso los contratos existentes y valorando los pasos a dar en cada caso concreto, y que ello puede hacerse en cada comunidad autónoma independientemente de las demás, aunque es evidente que la reversión tiene un cierto efecto domino. Por supuesto, seria de gran ayuda que se derogasen las leyes estatales y autonómicas que favorecen esta privatización, así como la elaboración de una legislación que garantizase y reforzase la provisión y la gestión pública en el Sistema Nacional de Salud.

Conviene recordar también que esta política no será posible si no se cumplen tres premisas fundamentales: gobiernos progresistas y/o de izquierdas, un sector profesional significativo que apoye la Sanidad Pública, y un amplio apoyo social, que se exprese tanto en una opinión pública predominante a favor del sistema público de salud como en movilizaciones masivas en su apoyo.

Es muy importante avanzar en este camino con celeridad porque de su logro depende la calidad de la atención sanitaria, la garantía de la universalidad de la misma y, en suma, la protección de la salud de la población.

Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Vicepresidente de la Internacional Association of Helth Policy y miembro del Comité Científico del Observatorio Iberoamericano de Políticas y Sistemas de Salud.

Fuente:
http://www.mientrastanto.org/boletin-168/ensayo/los-modelos-de-colaboracion-publico-privada-en-el-ambito-de-la-gestion-sanitaria-

lunes, 28 de mayo de 2018

La Sanidad empieza a recuperarse pero aún no llega al nivel de 2011. El real decreto de los recortes cumple seis años sin que haya una evaluación consistente de su efecto.

El sistema sanitario público muestra signos de que empieza a recuperarse del real decreto de abril de 2012 que supuso un recorte en la financiación, en el personal, implicó el aumento de la aportación de los usuarios mediante los cambios en el copago y, como consecuencia, de su insatisfacción. Y, además, dejó sin atención a las personas en situación irregular. En el sexto aniversario de la entrada en vigor de aquella norma, Amnistía Internacional le ha puesto voces a lo que consideran que fue “una receta equivocada”.

El real decreto 16/2012 supuso un cambio drástico del sistema nacional de salud. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había anunciado poco antes su intención de que se ahorrarán 10.000 millones entre sanidad (7.000 millones) y educación (los otros 3.000 millones). Seis años después, no hay un estudio que haya evaluado en su conjunto el impacto de las medidas acordadas por el departamento que dirigía Ana Mato, pero sí hay indicadores de su impacto.

En general, este llegó a su máximo rondando 2014, y ahora empiezan a recuperarse, aunque no se ha llegado al nivel previo a la crisis. Por eso Sanhita Ambast, directora del informe cualitativo que ha hecho Amnistía Internacional (AI) con 343 entrevistas a pacientes, profesionales y expertos seleccionados de Andalucía y Galicia no duda en decir que “la sanidad española ha perdido una década”.

Estos son algunos números que reflejan esta evolución.
Gasto sanitario público. Este superó los 70.000 millones de euros en 2009; en 2014 fue de 62.000 millones. Desde entonces se ha recuperado algo, pero aún no ha llegado al nivel de antes de la crisis, dijo Ambast. “Estos recortes presupuestarios no tienen sentido. Nos hemos sentido insultados, humillados e impotentes”, declaró un usuario a Amnistía. “Curiosamente, en mi hospital desmontaron la unidad de hemofilia después del decreto”, afirmó ayer en la presentación del trabajo Álvaro González, un andaluz con esta enfermedad.

La Sanidad empieza a recuperarse pero aún no llega al nivel de 2011

Personal contratado. Según el Ministerio de Hacienda, en 2012 había más de 500.000 trabajadores en el sistema sanitario; en 2014 bajaron a 480.000. Estas cifras también han aumentado desde entonces, pero sin llegar a las de 2012. Los profesionales denuncian la precariedad y la pérdida de salario, porque han sufrido la eliminación de pagas, el aumento de jornada laboral (de 35 a 37,5 horas semanales) y que los gestores solo pudieran cubrir una de cada 10 bajas como todos los funcionarios. “Muchos enfermeros atienden hasta 33 casos complejos al día. Tuvieron que dejarlo porque les resultaba imposible”, dice un profesional preguntado por AI.

La Sanidad empieza a recuperarse pero aún no llega al nivel de 2011
Lista de espera quirúrgica. Este dato refleja fielmente el impacto de los recortes. En diciembre de 2016 llegó a contar con 614.000 personas con una demora media de 115 días. En 2010 eran menos de 400.000 personas que esperaban 65 días de media. “Con un bulto en el pecho y una madre que murió de cáncer tardaron más de nueve meses en diagnosticarme”, dice Patricia a AI. En junio de 2017 ha habido una pequeña mejoría (604.000 personas y 104 días de espera).
La Sanidad empieza a recuperarse pero aún no llega al nivel de 2011

Gasto farmacéutico. El real decreto supuso que 400 medicamentos dejaran de estar financiados por la sanidad pública, aparte de que los pensionistas empezaron a pagar parte de lo que cuestan sus medicinas. El resultado fue que el gasto farmacéutico, que ya estaba descendiendo por el impulso dado a los genéricos, pasó de 11.100 millones en 2011 a 9.200 millones en 2014, y a partir de ahí empezó a subir. En 2017 cerró con 10.200 millones. “Este mes no voy a la farmacia porque no me puedo permitir los medicamentos que tengo que pagar”, dice una mujer en el informe de AI. Cobra una pensión de 320 euros al mes. El caso de E. no es único. Aunque hay pocos trabajos, uno de Valencia publicado hace un año calculaba que un 7% del os jubilados habían dejado de tomar medicamentos tan importantes como los que evitan que se formen coágulos tras haber superado ya algún problema cardiovascular.

La Sanidad empieza a recuperarse pero aún no llega al nivel de 2011

El diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha preguntado al Gobierno por los ahorros conseguidos gracias a los cambios en el copago de medicamentos, pero este le contestó con los datos generales del gasto por recetas. Fuentes del Ministerio de Sanidad afirman que no tienen ese dato y que es muy complicado de conseguir.

Usuarios.
El real decreto restringió el acceso al sistema sanitario a las personas jubiladas, en paro o que estuvieran cotizando a la Seguridad Social. Los mayores perjudicados fueron los migrantes sin permiso de residencia, que quedaron relegados a usar las urgencias, salvo que fueran mujeres embarazadas o menores. Médicos del Mundo tiene documentados más de 4.000 casos de extranjeros que en estos seis años han tenido que suspender tratamientos que recibían antes, o que se les ha pedido que paguen por ellos o se les ha intentado facturar la atención en urgencias. Si se comparan los datos del INE con el de las tarjetas sanitarias, se ve que en 2011 había 207.000 personas en España sin acceso a la sanidad. En 2012 eran 961.000, y en 2013, casi 1,3 millones. Gran parte son extranjeros residentes de la UE. Un reciente trabajo de la Universidad Pompeu Fabra estima que la mortalidad entre los extranjeros sin papeles ha subido un 15% con los recortes. La cifra de no asegurados ha bajado a menos de 600.000. No hay estudios claros sobre este fenómeno, pero coincide con un descenso de la migración y con la puesta en marcha en muchas comunidades de medidas para darles atención (muchas de las cuales fueron en un primer momento recurridas por el Gobierno central).



Satisfacción. El resultado de toda esta situación se refleja en el Barómetro Sanitario. En 2011, el 24% de la población pensaba que el sistema sanitario funcionaba muy bien; en 2014, este porcentaje bajó al 17,7%. En 2016 había cierta recuperación (un 19,8%). “Estoy muy enfadada. La atención de salud pública debería ser intocable”, afirma una auxiliar de enfermería en el informe de AI.

La Sanidad empieza a recuperarse pero aún no llega al nivel de 2011

https://politica.elpais.com/politica/2018/04/24/actualidad/1524578785_368919.html

martes, 13 de marzo de 2018

Las pensiones

¿Peligra el futuro de las pensiones? Miren Etxezarreta, miembro del seminari Taifa, asegura en ‘AR’ que se trata de una campaña mediática promovida desde las instituciones. “Esta campaña parte del capital financiero y está apoyada por el Banco Mundial”, comenta. Además, Miren asegura que el problema demográfico no es una excusa para que las pensiones suban menos que los precios. “El Estado español ha crecido mucho desde 1977 tenemos más que el doble de la riqueza que había, pero no hay más del doble de viejos”, afirma.



Entrevista | Juan Torres, catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla.

¿En qué consiste la reforma de las pensiones planteada ahora desde el gobierno del PP? ¿A quiénes afectará?
Esta reforma persigue exactamente lo mismo que todas las anteriores: disminuir su alcance y cuantía, hacer que la gente desconfíe cada día más en el sistema público a base de debilitarlo para que su ahorro (quienes tengan) se vaya yendo al sector privado e ir avanzando progresivamente hacia su privatización.

¿A qué objetivos crees que responde esta reforma? ¿Tiene alguna relación con los demás recortes del Gobierno central?
Reformas de este tipo se vienen haciendo en coyunturas de expansión. Por tanto, no están justificadas por la crisis. Es una mentira gigantesca afirmar que los gastos corrientes del estado ligados al bienestar social (educación, salud, pensiones, dependencia, etc.) son los que provocan la deuda. Los datos muestran que esos gastos corrientes han generado, por ejemplo desde 1989 una deuda que no llega ni al 15%. La diferencia hasta casi el 100% actual son los intereses financieros y la deuda suscrita para pagarlos.

¿Qué alternativas pueden plantearse para hacer más robusto el sistema público de pensiones?
Si se acepta que las pensiones públicas se financien con las cotizaciones sociales (también podrían financiarse mediante impuestos generales), para que el sistema tenga ingresos suficientes (como se ha demostrado en los años anteriores) basta con que haya un nivel de empleo aceptable y una distribución de la renta mínimamente equitativa. Otra mentira vergonzosa es hacer creer que la insostenibilidad del sistema de pensiones públicas deriva del aumento de nuestra esperanza de vida. Lo que de verdad lo puede hacer insostenible es el incremento continuado del paro y de la desigualdad entre salarios y rentas del capital.

¿Qué tipo de movimiento crees que necesitamos para frenar esta reforma e impulsar otras iniciativas alternativas?
La única posibilidad de frenar esta reforma y otras parecidas es que la población conozca sus razones y se enfrente decididamente a ellas, movilizándose en las calles y centros de trabajo y creando un sujeto político capaz de ganar elecciones y de poner en marcha otro tipo de políticas.

¿Hay una salida antineoliberal y anticapitalista a la crisis?
Para mí antineoliberal y anticapitalista es lo mismo porque creo que el neoliberalismo es simplemente el capitalismo de nuestra época. Y no es que haya una salida anticapitalista es que no puede haber otra. Las crisis son consustanciales al capitalismo. Basta conocer un poco la historia. Si se sale de esta (también la historia nos enseña que se sale de todas) vendrán otras. El capital le está dando salida a base de reforzar sus intereses y de dejar las cosas más o menos como estaban, salvo en cuanto a derechos laborales, lo que constituye la antesala de otras nuevas crisis. La alternativa es resolver esta crisis modificando las relaciones sociales, las formas de propiedad, el modo de producir y de consumir. Algo se ha avanzado en eso en algunos lugares pero a la vista está que no suficientemente. Ese es el reto.

Más sobre pensiones aquí:
http://www.juantorreslopez.com/?s=Pensiones&submit=Buscar+en+la+web

miércoles, 18 de enero de 2017

¿Por qué hay que oponerse a cualquier tipo de copago de servicios sanitarios y de medicamentos?



La nueva Ministra de Sanidad ha anunciado su decisión de ampliar el copago de los medicamentos para los pensionistas que cobren más de 18.000 euros anuales. Utiliza para justificarla argumentos que, no por haber sido esgrimidos por Consejeros y Ministros anteriores, resultan menos vergonzosos. Se pervierte el sentimiento popular de justicia, “que pague más, quien más tiene”, que tiene su aplicación fundamental en la aplicación de los impuestos directos sobre la riqueza para intentar legitimar – con el mismo argumento - una nueva restricción económica en el acceso a los medicamentos, que, sin duda alguna, abrirá el camino a otras más.

Es una gigantesca trampa que intenta culpabilizar y enfrentar entre si a quienes menos tienen, ocultando el saqueo generalizado de las arcas públicas que se ha producido vía reducción de impuestos a las rentas más altas (el escarnio de las SICAV sigue vigente), amnistías fiscales, el rescate de la banca privada, la evasión de capitales y tantos etcéteras, por no hablar de la miseria de las pensiones o de los incrementos brutales de la explotación que supone la generalización de la precariedad.

Además, el establecimiento de barreras económicas para el acceso a un elemento central del sistema sanitario – al que se accede mediante prescripción facultativa y precisamente cuando se está enfermo, es un crimen cotidiano.

Tras el primer año de entrada en vigor del Real Decreto Ley 28/2012, del gobierno del PP, que cínicamente llevaba por título “de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social”, un estudio realizado en Madrid arrojaba el estremecedor dato (obtenido mediante encuesta y por lo tanto muy inferior al real) de que cerca del 20% de los pensionistas no acudían a retirar de la farmacia los medicamentos prescritos. Resultados semejantes se han obtenido en estudios relativos a la introducción del copago en otros países, con la particularidad de que ese 20% de la población es el que concentra todos los riesgos desde el punto de vista de la salud; es el mismo a quien se desahucia por no pagar el alquiler, el que devuelve los alimentos en la caja del supermercado o a los que hipócritamente se califica de “pobres energéticos”.

El argumento de que la cantidad exigida – un máximo de 8 euros mensuales - es simbólica (¿para quién?) es un insulto para la mayoría de pensionistas (y activos), que con ingresos inferiores a los 600 euros, tiene que decidir entre comer, pagar la luz o retirar los medicamentos.

Pero hay que recordar, para la juventud, o para los desmemoriados, que los discursos destinados a justificar los copagos son añejos.

Quien abrió el debate acerca de la conveniencia de hacer pagar a las personas enfermas por los fármacos que les prescribe su médico fue el Informe Abril Martorell (1991), elaborado a instancias de un ejecutivo del PSOE que gobernaba con mayoría absoluta.

El primer “medicamentazo” fue obra también del PSOE en 1993. La Ministra Ángeles Amador, hoy flamante “consejera” de Red Eléctrica Española, fue quien llevó a cabo por primera vez la exclusión de determinados fármacos de la financiación por la sanidad pública. El segundo de ellos vendría de la mano del PP en 1998. Muchos de los medicamentos eran, y son, de uso frecuente en enfermedades crónicas. Se esgrimieron argumentos confusos y contradictorios. Si no eran eficaces, habría que haberles eliminado del Registro. Si se pretendía favorecer el buen uso de los medicamentos, es injustificable que los excluidos por su dudosa utilidad pasaran a ser objeto de publicidad en medios masivos, con lo que cualquier atisbo de racionalidad desaparecía por completo. Así, se da el caso de que un medicamento como el Frenadol, prohibido en varios países de la UE, es objeto aquí de propaganda masiva.

Los objetivos de ahorro son también falaces. Tras un breve periodo de reducción tras la adopción de las medidas, el gasto farmacéutico vuelve a dispararse. En el caso de la financiación selectiva de medicamentos, se eliminaron los medicamentos más baratos y menos rentables, que fueron sustituidos por otros más convenientes para la cuenta de resultados.

Los objetivos de ahorro son una falacia e incompatibles con el poder aplastante de la industria farmacéutica, a cuyo servicio han estado todos y cada uno de los ministerios y consejerías del Estado español.

Lo que importa saber es que son capaces de inventarse cualquier cosa para conseguir los objetivos de los intereses empresariales a los que sirven. A modo de ejemplo valga este hecho que viví en mi época de diputada, precisamente cuando el PSOE intentaba rodear de legitimidad social su primer “medicamentazo”. El argumento usado entonces para neutralizar la resistencia social fue la acusación de fraude masivo en las recetas de pensionistas que los jubilados usaban para obtener medicamentos gratis para toda la familia. Los medios de comunicación masivos se hicieron eco y expandieron el “relato”, sin más fundamentos. CC.OO y UGT lo apoyaron activamente llevando a cabo una “campaña de educación sanitaria” entre sus afiliados, con folletos y charlas destinados a colaborar en la eliminación de dicho fraude. Ante la persistencia de mis preguntas dirigidas a altos cargos del Ministerio en sede parlamentaria acerca de cuales eran los datos que avalaban tales acusaciones de fraude, la respuesta que obtuve fue que tras un estudio realizado sobre decenas de miles de recetas en Madrid habían aparecido 25 dudosas.

El copago de medicamentos, que como tantas veces se ha repetido es repago, sirve a un doble objetivo esencial para la gestión empresarial y la privatización de la sanidad pública:

Si el 80% del gasto es consumido por el 20% de la población de más edad, enfermos crónicos y personas con escasos recursos, eliminarles del acceso a la sanidad, como muy bien saben las mutuas patronales y las aseguradoras privadas, garantiza el negocio.

Hacer pagar por los medicamentos prescritos va eliminando uno de los valores esenciales de la sanidad pública frente a la privada: la gratuidad en el momento de uso.

A estas alturas debería estar perfectamente claro que lo que queda de los servicios públicos está en el punto de mira. Y que todo ataque que preparan va precedido de un “relato”, de un montaje mejor dicho, que carece de cualquier fundamento que no sea favorecer los intereses que representan. Es una guerra de clases que tiene ganadores y perdedores, y el arma más letal es dar crédito a su propaganda, de forma que nuestra fuerza sea preventivamente destruida.

Ángeles Maestro es médica, técnica superior de Salud Pública. Fue diputada del Congreso y portavoz de Sanidad por IU. Es miembro de Red Roja

lunes, 18 de julio de 2016

La nueva mercantilización de la sanidad: de la gestión de hospitales a la lista de trasplantes

Santiago Sáez y Lara Palma
La Marea

Tras el fracaso del modelo Alzira en Madrid y Castilla-La Mancha, el sector privado busca ahora sectores vitales como los trasplantes, la investigación o el big data. “¿Qué no pagaría alguien que necesite un riñón para saltarse una lista de espera?”, se pregunta la radióloga Luisa Lores.

“La infiltración de la sanidad por las empresas privadas tiene mucha presencia de la sanidad norteamericana, que es una sanidad muy mercantilista y muy desigual”. Luisa Lores, radióloga del Complejo Hospitalario de Pontevedra y miembro de la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública, lleva años estudiando la privatización del aparato sanitario español. Una de las empresas estadounidenses que preocupan a Luisa es Centene Corporation. La multinacional, con base en St. Louis, Missouri, intentó entrar en la sanidad de nuestro país en 2013. Llegó a obtener la concesión de la Comunidad de Madrid, a través de la sociedad puertorriqueña HIMA San Pablo, para la construcción y gestión de tres hospitales (en Parla, San Sebastián de los Reyes y Aranjuez). El proyecto, puesto en marcha por el entonces presidente regional, Ignacio González (hoy investigado por su presunta relación con las tramas Gürtel y Púnica), fue paralizado por las huelgas de la sanidad y la justicia. El gobierno de González, finalmente, abandonó el plan, en el que también se habían adjudicado hospitales a Ribera Salud y Capio (hoy IDC Salud).

Centene, no obstante, no se quedó de brazos cruzados. En 2014, la multinacional estadounidense compró a Bankia la mitad de Ribera Salud por 60 millones de euros. Además, según informaciones publicadas en el diario El Confidencial, Centene tiene una opción para adquirir la otra mitad, propiedad del Banco Sabadell. De esta forma, la compañía de Missouri, que también ha comprado a Adeslas y Asisa, sitúa parte de sus negocios en la Comunidad Valenciana, donde ya controla tres hospitales en las provincias de Valencia y Alicante (Alzira, Torrevieja y Elche).

Cambio de modelo
El “modelo Alzira” de privatización de la sanidad (también llamado “PPP”) fue el elegido por la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, con casos en otras comunidades como Cataluña y Galicia. El modelo se basa en conceder a una empresa privada la construcción y gestión integral del centro durante un tiempo, a cambio de un canon anual.

No obstante, la implantación de la privatización de la sanidad por medio del modelo Alzira ha dejado de ser la preferida, tras la paralización de los procesos en Madrid y Castilla-La Mancha y los problemas surgidos en los centros en funcionamiento: “El modelo PPP es muy costoso, y les resulta menos rentable gestionar hospitales. Es una muy buena noticia para la sanidad pública que no se haya seguido por ese camino, porque para profesionales y pacientes es nefasto. Pero no debemos pensar que se van a quedar ahí. Quieren quedarse con todo”, afirma Lores.

“Antes intentaban hacer pequeñas empresas fragmentadas dentro de los hospitales e ir infiltrando con inversión privada aquellas que les interesaban más. Eso supuso muchos problemas sindicales, así que ahora lo que les interesa es la investigación, los datos, la sangre, los trasplantes… ese tipo de cosas”, explica la radióloga gallega.

Trasplantes privados
Uno de los ámbitos en los que, a juicio de Luisa Lores, la privatización de la sanidad produce mayor rechazo social es en el de los trasplantes. “Hay un enorme problema en quién gestiona la lista de espera de trasplantes”, explica la facultativa, que pone como ejemplo la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo (FRIAT).

La FRIAT es una fundación privada sin ánimo de lucro, perteneciente a la familia Álvarez de Toledo, muy próxima al Partido Popular. Para Lores, tiene que ser “totalmente incompatible” la actividad privada con la gestión de las listas de espera y los datos de trasplantes: “Una persona que necesita un riñón tiene que pasarse años conectado a una máquina. ¿Qué no pagaría alguien para saltarse una lista de espera?”.

Fuente: http://www.lamarea.com/2016/06/30/la-nueva-mercantilizacion-la-sanidad-la-gestion-hospitales-la-lista-trasplantes/

sábado, 18 de junio de 2016

La crisis económica está vinculada a 260.000 muertos más por cáncer. Investigadores de Harvard calculan la factura mortal de la recesión en los países de la OCDE.

El colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y la caída del banco de inversión Lehman Brothers en 2008 aparecen en paralelo a la muerte por cáncer de decenas de miles de personas a miles de kilómetros de allí, en la Unión Europea. La crisis económica global, desencadenada por la crisis financiera estadounidense, está asociada a al menos 260.000 fallecimientos por cáncer que no habrían ocurrido sin la recesión, 160.000 de ellos en la UE, según una estimación publicada hoy en la revista médica The Lancet. Esta presunta factura mortal de la crisis se reduce al periodo 2008-2010 y a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que no incluye a gigantes como China e India.

El nuevo estudio, realizado por científicos de universidades como Harvard, Oxford y el Colegio Imperial de Londres, sugiere que “el desempleo y el gasto público en salud están significativamente asociados con la mortalidad por cáncer”. El análisis emplea datos de 70 países con unos 2.000 millones de habitantes, de entre 1990 y 2010, tomados de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial.

Los resultados muestran que un 1% de aumento en el desempleo de un país está asociado a 0,37 muertes adicionales por todos los tipos de cáncer analizados por cada 100.000 personas. El trabajo también relaciona un recorte del 1% en gasto público en sanidad como porcentaje del PIB con 0,0053 muertes adicionales por cada 100.000 habitantes.

“Una limitación de nuestro estudio es que no podemos probar que haya causa y efecto, más bien demostramos una asociación entre la crisis económica y la mortalidad por cáncer”, reconoce a Materia el médico Mahiben Maruthappu, investigador del Colegio Imperial de Londres y uno de los principales autores del estudio. Maruthappu, de 27 años, es además asesor del responsable del Servicio Nacional de Salud inglés, por lo que influye en el destino de 100.000 millones de libras destinadas al gasto sanitario.

Los autores defienden que existe un vínculo causal porque, en países sin cobertura sanitaria universal, el acceso a la sanidad puede depender de tener un empleo. “Sin trabajo, los pacientes pueden ser diagnosticados tarde y recibir un peor tratamiento o recibirlo con retraso”, subraya en un comunicado Rifat Atun, experto en salud pública de la Universidad de Harvard. “España no sufrió muertes adicionales durante la crisis económica y creemos que esto se debe, principalmente, a la alta accesibilidad de su sistema de salud”, aplaude Maruthappu.

En EE UU, donde todavía hay más de 35 millones de personas sin cobertura sanitaria, los científicos calculan que se produjeron 18.000 muertes adicionales por cáncer entre 2008 y 2010. En México, casi 4.000 fallecimientos más. Para el equipo de Maruthappu, sus resultados son “un argumento sólido a favor de la cobertura sanitaria universal”. Los países peor parados son aquellos con economías frágiles y sin cobertura global, como Malta, Kuwait y Polonia. Solo 75 de 194 países analizados tienen una legislación que promete una cobertura sanitaria universal.

El epidemiólogo Miquel Porta, catedrático de salud pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, aplaude el nuevo trabajo, aunque cree que “es probable que incluso subestime el impacto” de la crisis. El estudio, subraya Porta, se centra más en la atención médica (diagnóstico y tratamiento del cáncer) que en la prevención primaria, la que actúa sobre las causas.

“Muchos estudios, y la simple vivencia cotidiana, indican que con la recesión se han resentido gravemente las políticas públicas y privadas de control de los factores ambientales, laborales, alimentarios y sociales que más cáncer causan”, explica el epidemiólogo. “Además de las condiciones de vida, pueden haber empeorado algunos hábitos individuales que también desempeñan un papel en la aparición de muchos cánceres, como el tabaquismo (por ejemplo, por la precariedad laboral y las angustias económicas), la alimentación y la actividad física, ya que es más difícil pagar un gimnasio”, añade Porta.

“Tanto en España como en Italia hemos descrito que aumenta el número de exfumadores que vuelven a fumar. Y lo atribuimos a la crisis”, coincide Esteve Fernández, investigador del Instituto Catalán de Oncología y presidente de la Sociedad Española de Epidemiología.

http://elpais.com/elpais/2016/05/24/ciencia/1464113124_099317.html?rel=lom

sábado, 29 de agosto de 2015

El hambre y la pobreza se instrumentalizan para usarse como un arma de fuego


Un estado emocional transitorio de satisfacción plena que percibe el ser humano al alcanzar exitosamente una meta deseada, sea ésta una experiencia física y/o mental percibida como agradable. La felicidad es un estado emocional primario –como también lo es la sorpresa, el asco, el miedo, la ira y la tristeza–, cuyo patrón de conducta, tales como respuestas motrices, endocrinas y autonómicas son reconocibles independientemente de diferencias culturales, raciales o sociales en los seres humanos. Si la “felicidad” dependiera única y exclusivamente de las condiciones materiales, de las facultades cognitivas y de la salud física y mental del individuo, de acuerdo al juicio de Tales de Mileto, deberíamos concluir que la “felicidad” le es ajena a la mayor parte de los seres humanos. 

A “los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos…” Roque Dalton

Cuenta Diógenes Laercio que Tales de Mileto, considerado uno de los siete sabios en la antigua Grecia, ante la pregunta de uno de sus discípulos acerca de quién es feliz, respondió lo siguiente: “El sano de cuerpo, abundante en riqueza y dotado de entendimiento”. Mientras que para John Lennon y Paul McCartney en los años sesenta del siglo pasado, la felicidad era un arma caliente –“Happiness is a warm gun”–, tan caliente como el cañón del revólver que utilizó Marc David Chapman para asesinar a John aquella gélida noche de diciembre de 1980, y para muchas personas en el mundo actual, globalizado y neoliberal, la felicidad consiste en poseer “cosas” materiales, sobre todo dinero.

La Grecia de Tales estaba dividida en tres clases sociales: Los ciudadanos, los metecos y los esclavos. Los primeros eran los únicos que podían poseer tierras y dedicarse a la política. En esta clase social militó, sin duda alguna, Tales el Sabio. Los metecos, es decir los extranjeros residentes, podían meter sus narices libremente solo en la banca, en los asuntos sociales, comerciales y administrativos de la polis (ciudad). Y, por último, en el escalafón más bajo, estaban los esclavos, los parias de la época, los que sudaban la gota gorda, para que los ciudadanos y los metecos pudieran dedicarse a las actividades políticas, sociales, artísticas y académicas.

Tales de Mileto se dedicó –según dicen– a observar el cielo y la tierra. Hermipo, el poeta ateniense, cuenta que una vieja en una ocasión habiendo sacado a Tales de casa para que observase las estrellas en el firmamento, éste salió a la calle como un bólido celeste, sediento por conocer los secretos del cosmos, con tan mala suerte que no reparó en el hoyo que tenía ante sus pies. Todavía no se conocía en aquellos días la existencia de los agujeros negros, aunque, los había por todos lados. Al escuchar el feroz grito doloroso del Sabio la vieja contestó compungida: “¡Oh Tales, tu presumes ver lo que está en el cielo, cuando no ves lo que tienes a los pies!“. La sabiduría de Tales de Mileto –a pesar del famoso traspié o tortazo– es indiscutible y su aporte en el campo de las matemáticas, de la geometría aprendida de los egipcios, de la física, de la astrología y de la filosofía, lo convirtieron en el primer pensador del hemisferio occidental, quien buscó una explicación racional del mundo en que vivimos.

Muchas de las sentencias filosóficas que se le atribuyen como propias todavía tienen aplicación en la sociedad moderna. Por ejemplo, sabemos por experiencia propia que no hay algo más difícil en la vida que conocerse a sí mismo o que es muy fácil dar consejos a otros o que es más sabio el tiempo, porque todo lo descubre o que raras veces veremos a un tirano viejo (con la excepción de Pinochet, quien murió en sus cómodos aposentos a la avanzada edad de 91 años).

Ahora, si bien es cierto que el concepto de “felicidad” de Tales de Mileto, es en sentido estricto egocentrista, elitista y discriminante, la “búsqueda de la felicidad” ha sido fuente de inspiración para el neoliberalismo anglosajón. Tales de Mileto descendiente de una familia noble fenicia fue producto de su época y como tal, reflejó el pensamiento autosuficiente de la élite intelectual griega. Hermipo escribe en su obra “Vidas” que Tales daba gracias a la fortuna por tres cosas:
1. la primera, por haber nacido hombre y no bestia;
2. la segunda, por ser varón y no mujer;
3. y la tercera, por ser griego y no bárbaro.
Y no pudo ser de otra forma ya que Tales no cuestionó ni la organización social ni la organización política de la sociedad en que vivió, la que excluyó del derecho de ciudadanía, la quintaesencia en la Grecia antigua, a las mujeres, a los extranjeros, a los esclavos y a los libertos (esclavos liberados).

¿Qué es la felicidad?
Pero esta conclusión es falsa, ya que la felicidad es uno de los estados emocionales básicos en el ser humano. Más bien, diría yo, que la sentencia de Tales de Mileto coincide mejor con el concepto moderno de bienestar. En consecuencia con ello, es erróneo suponer que los ciudadanos suizos, islandeses, daneses y noruegos son más felices que los habitantes de Togo, Burundi, Siria y Benín, por tener los primeros un desarrollo económico más fuerte y una superestructura más eficiente y organizada. Pero no nos confundamos, bienestar socio-económico no es sinónimo de felicidad ni tampoco el vivir en la opulencia.

¿Quién garantiza la felicidad?
Nadie. Ni siquiera las naciones más ricas y poderosas del planeta pueden garantizar la felicidad; por la sencilla razón de que la “felicidad” no es un traje Armani que vestimos el sábado por la noche ni un Patek Philippe ni un Porsche Panamera Turbo ni la más bella sortija ni tampoco la más sonora carcajada de un payaso del Cirque du Soleil. Aunque no me sorprende ni es blanco de mis críticas que alguien pueda “sentirse feliz” conduciendo un coche deportivo de lujo. La felicidad no conoce fronteras ni mediciones, así pues, no es de extrañar que un guajiro pobre también pueda sentirse feliz y contento cantando la Guantanamera allá en su bohío o un cipote mocoso cazando lagartijas en la campiña cuzcatleca con una hondilla de guayabo. La felicidad, por ser una emoción inherente a la naturaleza humana no se encuentra en ningún lugar del universo, salvo en el cerebro de cada individuo. Por lo tanto, la “búsqueda de la felicidad” en la sociedad de consumo más que un “derecho inalienable” es una fatamorgana político-ideológica para obnubilar el alma y la razón de los consumidores. No así, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad social, a la educación y al trabajo, que sí son derechos inalienables del hombre.

¿Quién garantiza entonces los derechos humanos de todos los ciudadanos?
La sociedad moderna ha hecho de las “cosas” materiales un fetiche y ha convertido al “poderoso caballero, Don Dinero”, en el nuevo Mammon de la humanidad.

¿Es que el hombre moderno no tiene la capacidad ni la disposición para vivir en una sociedad, en la cual todos los ciudadanos contribuyan, de acuerdo a sus capacidades y facultades, al desarrollo de una economía socialista sostenible, a fomentar el acopio cultural y a garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos?

Al parecer sí. Pues hasta la fecha, todos los intentos por construir una sociedad en la cual no haya explotadores ni explotados han fracasado.

¿Es que nadie puede imaginarse vivir en una sociedad de personas íntegras, cultas y libres? Este es el dilema de la humanidad: ¡Socialismo o barbarie! Tal como lo expresara Rosa Luxemburg hace 99 años.

En su insistente y obcecada búsqueda de maximizar el rendimiento en sus transacciones, el capitalismo neoliberal impuso su voluntad a rajatabla a nivel mundial en 1989 a través del decálogo del consenso de washington, las “nuevas tablas de la ley” del mercado internacional. Mientras tanto, el intercambio comercial desigual entre países ricos y pobres seguirá produciendo hambre, enfermedades, desempleo y éxodo económico, pues el bienestar y “felicidad” de unos pocos significa la miseria y desgracia de muchos. Esta asimetría socio-económica de las políticas neoliberales es el germen de la violencia, el crimen organizado y la corrupción en los países catalogados como los “más tristes” del mundo (http://worldhappiness.report/).

En este sentido, la felicidad no es un arma de fuego, como dice la canción de los Beatles, sino el hambre y la pobreza.

Roberto Herrera
Blog del autor: http://robiloh.blogspot.de/

martes, 14 de julio de 2015

Cuba es el primer país en eliminar la transmisión de madre a hijo del VIH

La Organización Mundial de la Salud ha validado que el país caribeño ha sido el primero en lograr erradicar la transmisión en el embarazo o el parto de este virus y de la sífilis.

Leer la noticia: http://elpais.com/elpais/2015/06/30/ciencia/1435677308_417885.html

 PD.:
¡¡¡No me lo puedo creer!!!.

Pero si Cuba es un país del tercer mundo y, además, tiene sanidad pública que nos machacan con que no es, ni eficiente, ni eficaz. Carecen de la sanidad privada, que es la buena.

¿No nos estarán engañando? Es muy fuerte esta noticia.

Aquí nos sacan hasta en la TVE, cuando operan a un niño, repito a un niño, para evitarle parte del sufrimiento o malformación que padecía. Lo que me crea vergüenza ajena, pues pienso en los otros miles de niños que mueren simplemente de hambre y nos gastamos el dinero en una fragata o un avión de combate, diciendo que es para nuestra defensa. Lo cual ya causa millones de muerte por hambre de inocentes que podrían, sin necesidad de atacar ni hacer daño a nadie, ser evitadas.

Y allí, en Cuba, con estos procedimientos, evitan el sufrimiento, la enfermedad y la muerte prematura de miles de niños, y además, se podrán copiar los procedimientos, pues a esos países no se les respeta los derechos de propiedad intelectual o copyright, si es que los reivindican.

¿Lo imitarán para evitarlo también en el mundo?
¿Descubrirán que es una falsedad de sus políticos?
¡Será una conspiración de la OMS? En ese caso ¡¡¡Abajo con ella!!!
 ¿Alguien me puede explicar esto?

lunes, 6 de julio de 2015

El 70% de los españoles rechaza la gestión privada de la sanidad (de el País) ¿Privatización en diferido?

El Partido Popular ha aceptado las condiciones impuestas por Ciudadanos para gobernar en la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes se mostró muy orgullosa de aceptar esas condiciones y nos aseguró que la sanidad no se privatizaría.

Recientemente ha habido una información en la que se decía que la adscripción a las compañías sanitarias privadas se había incrementado notablemente desde que comenzó la crisis. Por otra parte, otros informes nos hablan del aumento de las listas de espera en la sanidad pública.

Mucho me temo que los gestores de los hospitales públicos no van a ser cambiados, con lo que las cosas seguirán con la misma tendencia, es decir, seguirán aumentando las listas de espera y la gente se inscribirá en la sanidad privada para ser atendida más rápidamente. Si la población acaba pasando mayoritariamente a la red privada por la falta de atención inmediata en la pública, se habrá conseguido que las empresas privadas obtengan mayores beneficios que con el anterior proceso.  Madrid 25 JUN 2015 -

sábado, 2 de mayo de 2015

Francia prueba que se puede recuperar para el Estado hospitales privatizados como los españoles

El Gobierno francés anuló un contrato con la adjudicataria de la concesión, que había disparado los costes, y prevé un ahorro de 700 millones de euros

La historia del centro situado al sur de París es paralela a la del hospital de Burgos, que costará en 30 años cerca de 2.000 millones de euros

La Comunidad Valenciana rehízo la concesión del centro de Alzira para garantizar la rentabilidad a la contratista y Madrid, a petición de las empresas, aumentó el canon a las gestoras privadas de hospitales

¿Tienen algo en común París y Burgos? ¿Y con Alzira? ¿Y con Valdemoro? Sí. Todos tienen hospitales gestionados y construidos por empresas privadas a cambio de un canon económico pagado con dinero público. En el caso castellanoleonés, ambos hospitales tienen una vida paralela. Pero el francés ha regresado a manos del Estado y el burgalés es todavía un agujero para las cuentas públicas.

Las similitudes entre París y Burgos ejemplifican esta historia de cesión ruinosa a empresas de servicios públicos. Y sus diferencias también ilustran la manera de abordar el fracaso de la apuesta privatizadora. Los dos se planificaron casi en las mismas fechas, se ejecutaron bajo la fórmula de la colaboración público-privada y tuvieron un sobrecoste descomunal. La solución para los dos centros sí que ha sido diferente: el Gobierno francés llegó a un acuerdo con la adjudicataria para anular el contrato, mientras que la Junta de Castilla y León pretende pagar por el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) el doble de lo que había previsto en los próximos 30 años. La asociación 'Sanidad Pública Sí' pide al Gobierno regional que considere la posibilidad de copiar esa respuesta invocando el "interés general" y ha convocado una mesa de partidos para estudiar la propuesta.

En 2006 la Administración gala adjudicó a la empresa Eiffage la construcción de un hospital que diera servicio a los municipios de Evry y Corbeil, cercanos a la capital, en la región de Essonnes. El contrato establecía un importe de 344 millones de euros y un canon a pagar durante 30 años a la concesionaria y explotadora del servicio de 35 millones anuales.

Esas cifras variaron considerablemente: su puesta en marcha tuvo tal sobrecoste que su valor estimado llegó a los 600 millones de euros. La factura del primer año fue finalmente de 44 millones, es decir, nueve más de los previstos, que tuvo que pagarse incluso antes de que el hospital estuviera acabado. Un informe de la Cámara de Cuentas concluyó que la operación público-privada conllevó para las arcas públicas 1.200 millones, mientras que "una obra pública financiada con préstamos" hubiera costado 760 millones.

Este es el primer paralelismo con el HUBU, que se planificó en 2007 para sustituir al hospital General Yagüe. El presupuesto que en principio iba a tener Eficanza –la concesionaria, que está integrada por OHL, un fondo de capital riesgo del Banco Santander y una sociedad en la que está detrás el empresario Miguel Méndez Pozo, entre otras– era de 242 millones de euros.

Sin embargo, el Gobierno regional ha aprobado hasta cuatro modificados que han supuesto un sobrecoste de 657 millones de euros. El canon anual de explotación, que inicialmente se situó en 35 millones de euros, se disparó hasta los 75 millones el primer año. A ese ritmo, el hospital costará a los burgaleses cerca de 2.000 millones de euros en tres décadas.

Además, el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera compensó los sobrecostes para que el conglomerado de empresas que explota el hospital mantuviera la rentabilidad del 6,92%. Incluso avaló el préstamo de 128 millones de euros pedido por la empresa pública Sociedad Patrimonial de Castilla y León SA al Banco Europeo de Inversión que fue a parar al centro privatizado. Bruselas ha abierto un expediente de infracción a España por las posibles "irregularidades contables y administrativas en el proceso de adjudicación, contratación y gestión del hospital".

Ninguna de las dos adjudicatarias cumplieron las fechas de entrega y ambos centros, de tamaño y número de camas similares, comenzaron a funcionar más tarde de lo que se había fijado en el contrato. En los dos casos la entrega del hospital se retrasó hasta 2012. Los dos mantuvieron una planta cerrada una vez puesto en marcha. "El hospital tiene tal sobrecoste y ha generado tal cantidad de gastos para que las empresas concesionarias tengan negocio que ahora no tiene recursos. Como a las adjudicatarias tienen que pagarlas por contrato, lo hace no cubriendo bajas, amortizando las plazas y cerrando toda una planta", denunció el pasado mes de mayo el líder del PSOE en la región, Luis Tudanca.

El rescate con dinero público de un proyecto de hospital fiado a la iniciativa privada se ha ido reproduciendo en España desde que arrancara el primer centro diseñado con este modelo: el valenciano de Alzira a finales del siglo XX. Tras adjudicar el centro a Ribera Salud, el Gobierno valenciano rompió el contrato porque, tal y como está redactado, a la concesionaria no le salían las cuentas. Rehízo el sistema ampliando el radio de acción del hospital (es decir, el número de pacientes) y Ribera Salud volvió a dirigir el centro. Ahora cinco complejos hospitalarios trabajan de esa manera.

En la Comunidad de Madrid, las empresas concesionarias de los hospitales creados a base de colaboración público-privada exigieron, y obtuvieron, una revisión al alza del canon que paga el Ejecutivo regional dirigido por el Partido Popular para equilibrar su rentabilidad.

7.000 fallos en la construcción
El director del Centre Hospitalier Sud-Francilien (CHSF) en aquel momento, Alain Verret, constató en un informe realizado por funcionarios más de 7.000 fallos en la construcción. Entre los errores había algunos tan graves como problemas de electricidad, defectos en el sistema de agua caliente, fallos en la distribución de los gases medicinales o una distribución del mobiliario que era un nido potencial para las bacterias, entre otros.

En el hospital burgalés no se ha llevado a cabo una auditoría de este tipo, aunque los trabajadores denuncian que "las calidades son inferiores a lo que se había proyectado, que tiene unos acabados desastrosos, un diseño imposible y el acceso es rocambolesco". "Si en el hospital francés había 7.000 fallos, en este hay 70.000", señalan desde la asociación 'Sanidad Pública Sí' de Burgos.

El último episodio peligroso tuvo lugar la semana pasada, cuando una de las puertas de salida del parking cayó sobre una ambulancia destrozando la luna. "Afortunadamente no hubo que lamentar heridos, pero imagínate que hubiera caído sobre una persona", se queja uno de los portavoces de la asociación.

Francia busca una solución: ahorra 700 millones
Ante la insostenible situación financiera del hospital CHSF y su calidad deficitaria, el anterior director, Alain Verret, que se negó a firmar la entrega del centro por parte de la constructora, intentó buscar una solución alternativa. Así, planteó a las autoridades públicas la posibilidad de rescindir el contrato con la adjudicataria invocando al "interés general".

"Teníamos suficientes elementos: las condiciones económicas del contrato eran desequilibradas y el hospital sufrió fallos en la construcción –relató Verret–. Había 7.000 fallos constatados. Propuse redimir parcialmente el contrato de arrendamiento. Había que poner unos 70 millones sobre la mesa, pero fue rechazado. Creo que el objetivo del Gobierno era abrir el hospital antes de las presidenciales", concluyó.

Verret contaba con el apoyo del socialista Manuel Valls, que en aquel momento era alcalde de uno de los municipios a los que cubre geográficamente el hospital. "Hay que salir de la colaboración público-privada –expresó en octubre de 2011–. Puede servir para financiar la construcción de un estadio de fútbol pero de ninguna manera un hospital".

La derrota de Nicolas Sarkozy en mayo de 2012 provocó un cambio de rumbo en el futuro del hospital. Las autoridades gubernamentales negociaron con la empresa que explotaba el centro para anular el contrato. El acuerdo se produjo en abril de 2014, cuando el hospital CHSF llevaba dos años en marcha.

A partir de octubre de este año, el centro pasará a ser de titularidad exclusivamente pública. La adjudicataria recibirá una indemnización de 171 millones de euros por la rescisión del contrato, pero aun así las arcas públicas salen ganando. Por un lado, la sociedad renunció a una demanda de unos 200 millones de euros por un sobrecoste que no había sido satisfecho y, en total, la Administración ahorrará unos 700 millones de euros, según las cuentas oficiales, al evitarse el pago del canon durante las próximas dos décadas.

Y Burgos, ¿qué?
Con este precedente, la asociación 'Sanidad Pública Sí' de Burgos está convencida de que esa solución es posible también en el HUBU, ya que la legislación española también determina la modificación de los contratos públicos "por razones de interés público". "El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta", dice el artículo 210 de la Ley de Contratos del Sector Público.

La asociación ha convocado una mesa de trabajo para que todos los partidos que se presentan a las autonómicas de mayo debatan junto al exdirector del hospital francés las posibles soluciones para el HUBU. Podemos y PSOE ya han confirmado la asistencia al acto, que se celebrará el próximo 28 de abril. Ese mismo día por la tarde, Alain Verret ofrecerá la conferencia "Así se recuperó un hospital como el nuestro", a las 19:30 horas en la Casa de Cultura de Gamonal. Unos días más tarde la asociación de defensa de la sanidad pública forzará a los partidos a retratarse sobre su posición sobre el hospital en un debate acerca del sistema sanitario.

miércoles, 4 de marzo de 2015

Oriol Mitjà. El joven médico que va a erradicar la segunda enfermedad humana


Hay un par de fotografías históricas que dejan claro que la humanidad, cuando quiere, puede superar en bondad y poder a cualquiera de los dioses adorados por las 4.000 religiones diferentes que existen en el mundo. La primera imagen muestra al cocinero somalí Alí Maow Maalin, de 23 años, con el cuerpo lleno de úlceras. En la segunda foto, tomada unos meses después, aparece el mismo joven pero sonriente, con sus heridas sanadas. Alí Maow Maalin fue, el 26 de octubre de 1977, la última persona que se infectó de manera natural de viruela, una enfermedad que llegó a matar a más de medio millón de personas al año, incluidos cinco reyes europeos solo en el siglo XVIII. Gracias a una campaña de vacunación masiva, la viruela fue la primera, y única hasta la fecha, enfermedad humana erradicada de la faz de la Tierra.

“Técnicamente es posible que veamos la foto del último enfermo de pian en 2017”, sostiene el médico español Oriol Mitjà. En el mundo rico, la palabra pian no dice nada. Pero en las regiones remotas de algunos países tropicales es una peste que azota donde se acaban los caminos, allí donde los médicos son como seres imaginarios de los que hablan los más viejos. El pian es una enfermedad olvidada provocada por una bacteria, emparentada con la sífilis, que sin tratamiento deforma los huesos, deja las piernas como lunas en cuarto menguante y llega a borrar, literalmente, la cara de las personas afectadas, sobre todo niños.

Ahora, el pian, que afecta a unas 500.000 personas, puede desaparecer del planeta gracias a una estrategia que, según se ha anunciado este miércoles, funciona. Un personaje del dramaturgo alemán Bertolt Brecht proclamaba: “Desgraciada la tierra que necesita un héroe”. En este caso, la tierra desgraciada son 13 países de África, el sudeste asiático y el Pacífico occidental, con los que se ceba el pian. Y el héroe es Oriol Mitjà.

En 2010, cuando tenía 29 años, el joven investigador aterrizó en la remota isla de Lihir, en Papúa Nueva Guinea, para trabajar como médico. Llegaba con un premio extraordinario de licenciatura y un máster en Londres sobre enfermedades tropicales bajo el brazo. Al poco de llegar, pasó por su consulta un niño con un síntoma que no había estudiado ni había visto antes en una estancia en India: una úlcera roja en el brazo del tamaño de una moneda de dos euros. Un médico local le puso al día: “Es el pian”.

La enfermedad llevaba olvidada medio siglo. En 1952, cuando había 50 millones de afectados en el mundo, la Organización Mundial de la Salud y Unicef pusieron en su punto de mira al pian con el objetivo de erradicarlo. Iniciaron una campaña de tratamiento masivo con inyecciones de penicilina en 46 países. Doce años después, el número de casos clínicos se había reducido un 95%. Entonces, se decidió relajar el cerco y la bacteria resurgió, volviendo a borrar rostros de niños en las regiones más pobres de los países más pobres.

Mitjà, enfrentado a un enemigo derrotable con un simple antibiótico, decidió no sumarse a la desidia de las autoridades. Junto a su director de tesis, Quique Bassat, ambos del Instituto de Salud Global de Barcelona, se puso a diseñar una estrategia para combatir el pian. Necesitaban un tratamiento más sencillo que un pinchazo de penicilina, una medida que requiere personal médico entrenado y genera miedo entre la población. En 2012, anunciaron los resultados de un estudio con 250 niños en la revista británica The Lancet: con una sola pastilla de otro antibiótico, la azitromicina que en los países ricos se suele emplear para bronquitis y otitis, los chavales con pian se curaban.

Animada por el impulso del español, la OMS decidió retomar el objetivo de erradicar el pian y se fijó como meta el año 2020. Como se necesitan tres años sin casos para dar una enfermedad por extinguida, el último enfermo de pian tendría que ser curado en 2017. Faltaba demostrar que la estrategia de Mitjà funcionaba a gran escala. Y funciona.

Un nuevo estudio que se publica este miércoles en la revista The New England Journal of Medicine muestra los resultados de una campaña de tratamiento masivo para la mayor parte de los 16.000 habitantes de la isla de Lihir. En solo un año, entre 2013 y 2014, la proporción de enfermos cayó casi un 90%. La presencia de la enfermedad en la población pasó del 2,4% al 0,3%. Y el estudio continúa con seguimientos para llegar a los cero casos.

“Nuestros resultados demuestran que, técnicamente, la estrategia puede erradicar la enfermedad en 2020”, explica Mitjà por teléfono desde Papúa Nueva Guinea, donde coordina el Centro Médico de Lihir, a 48 horas de viaje desde su casa en España. En su hospital, el pian ha desaparecido. Cuando llegó en 2010, el médico novato se acercó a los colegios de la zona para conocer la extensión de la enfermedad que acababa de descubrir en su consulta. Solicitó a los profesores que pidieran a sus alumnos con úlceras que se levantaran. “La mitad de la clase se ponía en pie”, recuerda. Otros, con la cara borrada o los huesos torcidos, ni siquiera querían ir al colegio y se quedaban en casa.


Los 13 países donde la enfermedad es endémica. Leer más aquí.

jueves, 26 de febrero de 2015

El gran debate es el debate que no hay

Otra vez se amanece con noticias de que no hay dinero para pagar las universidades. Que los profesores y los alumnos cuestan mucho y que no hay dinero. Mañana tocará el de la sanidad. Que los médicos y las medicinas cuestan demasiado y que los pacientes gastan mucho.

Pero nunca se plantea un debate semejante sobre si es sostenible tener un montón de Parlamentos autonómicos, uno nacional, un Senado, una monarquía con dos reyes y dos reinas, coches blindados con chófer para esas personas, aviones con catering de lujo, empleados para coser alfombras, etcétera.

A lo mejor si en un país no hay dinero hay que ser más humildes en todo, no solo en los servicios públicos, y es muy posible que si realmente hubiese una democracia y se preguntase a los ciudadanos si prefieren tener educación y sanidad o un Estado lleno de lujos y símbolos, prefiriesen lo primero.

Pero ese debate, ese, nunca se produce, pues los que se benefician de esos lujos y los que se atechan bajo esos símbolos son los mismos que impulsan los debates, mientras que los ciudadanos somos los que simplemente estamos forzados a pagar.—
 Oviedo 25 FEB 2015 

jueves, 22 de enero de 2015

RECORTES SANITARIOS » Un millón de funcionarios ven recortados sus servicios médicos

Pacientes de oncología y cardiología son forzados a cambiar de centro.

Millón y medio de personas —un millón de funcionarios y medio millón de sus familiares beneficiarios— se enfrentan, en 2015, a recortes en la asistencia sanitaria que les presta la mutualidad Muface, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Las tres grandes aseguradoras privadas que este año han firmado el concierto con Muface (Adeslas, Asisa y DKV) han recortado su cartera de médicos y hospitales, de forma que hay especialidades e incluso centros enteros a los que ya no pueden acudir. Ello ha motivado que personas ya en tratamiento hayan tenido que cambiar de hospital o que se vean obligadas a solicitar autorizaciones para cada una de las pruebas o las consultas que necesitan.

Es lo que le ha sucedido a una funcionaria del Estado, con 34 años en Muface, que pide el anonimato para contar su historia. Le detectaron un cáncer de pulmón, a finales de 2013, y fue operada en su hospital, el HM Sanchinarro, a través de la aseguradora Adeslas. Al pedir hora en noviembre para su revisión trimestral, en enero, le preguntaron si era “de Adeslas particular o de Adeslas Muface”. “Ya no atendemos a nadie de Muface”, asegura que le contestaron. Ahí empezó una peregrinación por diferentes oficinas para enterarse de qué estaba sucediendo. Tras mucho insistir, Adeslas accedió a continuar su tratamiento un año. “Pero dicen que las pruebas me las van a hacer en otro sitio”, precisa.
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Mutualismo

Los funcionarios del Estado pueden elegir dónde recibir su asistencia sanitaria: con entidades privadas o en la sanidad pública. A 1 de diciembre de 2014, había 1.518.434 personas adscritas a Muface. Algo más del 81% escogieron la privada el año pasado, entre una de las aseguradoras que firmaron el concierto con Muface.

Los mutualistas eligen, a principios de año, entre la pública y la privada, y dentro de esta, con qué aseguradora entre las que han firmado el concierto. Este año lo han hecho Adeslas, Asisa, DKV e Igualatorio de Cantabria. En todos los casos, tienen garantizadas las mismas prestaciones. Sin embargo, las aseguradoras deciden con qué hospitales o con qué médicos contratan a su vez esos servicios. En 2015, las aseguradoras ya no tienen convenio con varios centros sanitarios del Grupo Quirón. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) informa de que ninguna de las tres grandes aseguradoras ofrece ya los tres hospitales de este grupo en Barcelona. En Madrid, los funcionarios siguen pudiendo acudir a San José y San Camilo, las clínicas más pequeñas. En el hospital más grande, el de Pozuelo, se han limitado las especialidades que cubren las compañías, añade.

"Si hay un problema, ¿adónde voy de urgencias?"

Esther (nombre figurado) asegura haber vivido “un suplicio” en las últimas semanas. Esta funcionaria, del Cuerpo Nacional de Policía, de 53 años, padece un cáncer de ovarios del que recayó el año pasado. “Llevo ocho años con mi oncóloga. Se ha creado una complicidad. Me conoce y conoce mi caso. Sabe lo que me va bien y lo que no. En una enfermedad como el cáncer, la confianza hace mucho”, explica. Tras operarse, el año pasado, ha seguido yendo a revisión a su hospital, el Quirón de Pozuelo, a través de la aseguradora Adeslas. Cuando se enteró de que había cambios en el convenio de los funcionarios, llamó para enterarse: “Me dijeron que con la tarjeta de Muface ya no me atendían, que a partir de ahora mi aseguradora tendría que autorizarme cada cosa. Pero fue el hospital el que me lo dijo. Adeslas nunca me informó de nada”.

Empezó a presentar instancias. Quería que siguieran tratándola en su hospital de siempre, con el equipo de siempre. “No me contestaban. Tengo que empezar otra vez con la quimioterapia y he estado en un sinvivir. La otra vez tuve tranquilidad, pero ahora todo son nervios e incertidumbres”, relata. El viernes pasado, por fin le autorizaron la quimioterapia, pero ahora no sabe a qué atenerse en el futuro. “De palabra, sin darme nada por escrito, en la Quirón aseguran, por ejemplo, que no puedo acudir en caso de emergencia. ¿Si tengo una complicación, adónde voy de urgencias?”, se pregunta.

Un portavoz del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas asegura que la continuidad asistencial de los pacientes con dolencias graves —el mismo hospital, el mismo médico— está garantizada en los seis meses siguientes a la baja del catálogo de proveedores de un centro sanitario o de una especialidad. En el caso de pacientes de las especialidades de Oncología y Psiquiatría, este periodo se alarga hasta un año.

Muface entiende la continuidad asistencial, es decir, el tratamiento en el mismo centro, “en sentido amplio”, explica dicho portavoz. Es decir, los casos en los que a un paciente se le autoriza a seguir con las consultas con su oncólogo, pero le mandan a otros centros para hacerse las pruebas o para las urgencias no serían legales. “Si un paciente se siente perjudicado, que pida amparo a Muface”, añade. Fuentes de Adeslas aseguraron que están cumpliendo "a rajatabla" lo que indica el convenio e indicaron que entienden el nerviosismo de los pacientes pero piden tranquilidad porque todos "van a seguir con su médico".
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2015/01/20/actualidad/1421791624_348636.html

Sobre los seguros
En su edición del pasado 21 de enero informan ustedes de los increíbles recortes y cambios que están efectuando Muface y sus aseguradoras a los funcionarios, sin comunicarles una sola palabra. Ponen ustedes un par de casos de Adeslas. Creo que será interesante avisar a los que están en Asisa de que también a nosotros nos están machacando. Hube de pasar una revisión en la Dexeus de Barcelona y sólo cuando llegué allí desde Madrid supe que Muface ya no lo cubría. Lo más canallesco es que tanto Asisa como Muface ocultan la información. No hay modo de saber qué han eliminado y qué queda. No hay guías, no hay catálogos, no hay listas y si alguien se aventura en la Red puede acabar en los huesos.

Me parece que ni un sólo político ha dicho una palabra al respecto. Los más escépticos suponemos que es una iniciativa del Gobierno para que muramos los más viejos y salgamos más baratos.- A 22 ENE 2015 - El País. Cartas al director.

sábado, 10 de enero de 2015

No admitamos recortes en sanidad

Estuve frente al Ministerio de Sanidad apoyando a los enfermos de hepatitis C. El Gobierno no está tratándoles con el medicamento que cura más del 50% de los casos. Es caro, dicen. También es caro un transplante o un tratamiento contra el cáncer; miedo me da cuando los contables deciden sobre los tratamientos. Es caro el medicamento, seguro que lo es, pero salva vidas. No creo que los rescates de autopistas, de Castor, los AVE a ninguna parte o los aeropuertos sin aviones salven vidas, aunque sí engorden bolsillos. No admitamos recortes en sanidad, sobre todo cuando continuamos viendo derroche en otras áreas innecesarias.— Collado Hermoso, Segovia 2 ENE 2015 - El País.