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domingo, 14 de enero de 2024

Qué pasó realmente en el superpleno del Congreso. El Gobierno no puede gobernar en esta legislatura como lo hizo en la anterior. No se puede seguir exigiendo a los socios que aprueben primero y hablar después. Y entre los socios hay que contar con los cinco diputados de Podemos

En la sesión de este pasado miércoles quedó claro que la mayoría parlamentaria que “volvió” a investir a Pedro Sánchez como presidente de Gobierno tiene decidido que la ley de amnistía es absolutamente imprescindible para que se pueda debatir políticamente la integración de Catalunya en el Estado, el problema constitucional más importante al que ha tenido que enfrentarse España en los dos únicos procesos constituyentes democráticos que ha tenido en su historia: el de 1931 y el de 1977-78. Por motivos distintos y con consecuencias también distintas, en ninguno de ambos se ha conseguido encontrar una respuesta de aceptación generalizada con una vigencia indefinida. Se trata, por tanto, de una “asignatura pendiente”.

He puesto entre comillas “volvió”, porque la mayoría parlamentaria de la investidura de 2023 es la mayoría parlamentaria de la moción de censura de julio de 2018. No la de 2019. Todo el nacionalismo catalán y todo el nacionalismo vasco han sido necesarios en ambos casos. En la moción de censura fue la incorporación del nacionalismo catalán el que arrastró al PNV e hizo posible el éxito de la misma. Recuérdese que el PNV había pactado los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno presidido por Mariano Rajoy y que una de las condiciones que puso para votar la moción de censura fue la de que el nuevo Gobierno se comprometiera a la aprobación de dichos Presupuestos. En 2023 ha sido a la inversa. Fue la intervención de Aitor Esteban respondiendo a Alberto Núñez Feijóo en el debate de investidura de este último: “¿Núñez Feijóo o amnistía?, pues amnistía” la que dejó claro cuál era la cuestión de la que dependía que la legislatura pudiera echar a andar.

Echar a andar no quiere decir que la legislatura ya esté encauzada. Quiere decir que existe la posibilidad de una negociación política con una Constitución Territorial “no mutilada”. Que va a ser difícil, pero que es posible. A esa posibilidad es a la que se dijo sí este pasado miércoles. La necesidad de la amnistía va calando. De ahí que no haya sido ni siquiera especialmente polémico el debate de las enmiendas a la totalidad, a diferencia de lo que ha ocurrido con los debates y votaciones de los tres Decretos-leyes, que lo han sido porque a través de la no convalidación de los mismos lo que se perseguía era crear un ambiente que dificultara la continuidad de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de amnistía. Las derechas españolas daban por perdido el ataque frontal a la ley de amnistía, pero pretendían hacerla imposible de una manera oblicua mediante la no convalidación de los Decretos-leyes.

Como el lector ya sabe, la mayoría parlamentaria ha sobrevivido a la emboscada de las derechas. Los dos Decretos-leyes decisivos, que afectaban al Gobierno en su totalidad, han sido aprobados. De manera un poco estrambótica uno de ellos, pero han sido aprobados, que es de lo que se trataba. El lenguaje tanto verbal como corporal de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo lo dijeron todo. La derecha fracasó por completo y el Gobierno consiguió lo que se proponía, que no era más que comprobar que Junts va a ser muy exigente, pero que no está dispuesto a la ruptura. Hubiera preferido hacerlo con un coste de imagen menor al que tuvo que soportar, pero lo consiguió. Nada grave se rompió en la mayoría parlamentaria.

El tercer Decreto-ley que no fue convalidado no ha sido una derrota del Gobierno. Ha sido el resultado de la quiebra del grupo parlamentario de Sumar. No puedo pronunciarme con solvencia sobre el contenido del decreto, porque es una materia compleja a la que necesitaría dedicarle mucho tiempo para formarme una opinión inequívoca, pero, por lo que he escuchado en la Ser en la mañana del jueves y por lo leído en La Vanguardia a Pedro Vallín, 'Podemos o la falacia del nirvana', no parece que el voto negativo de los cinco diputados de Podemos esté justificado por encima de toda duda razonable. Más bien da la impresión de lo contrario. No es una reacción política ante una decisión gubernamental, sino un ataque pasional a la vicepresidenta Yolanda Díaz porque sí, es decir, sin una justificación objetiva y razonable, lo que va a obligar a Podemos a explicar su coincidencia con el PP y Vox en el rechazo a una medida que afecta negativamente a la parte del cuerpo electoral que puede encontrarse más próxima a los que Podemos dice querer representar.

La sesión del miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados dejó claro dos cosas:

1ª Que las derechas españolas siguen instaladas en la urgencia de derribar a Pedro Sánchez, porque no soportan su continuidad en la presidencia del Gobierno. Siguen sin aceptar que el resultado electoral, en lugar de ser un referéndum sobre el Gobierno Sánchez, como habían pretendido, ha sido un referéndum sobre la oposición del PP y Vox durante la legislatura. El cuerpo electoral no ha dado un Sí con mayúsculas a Pedro Sánchez, pero ha dado un No rotundo al tándem Alberto Núñez Feijóo-Santiago Abascal. Mientras no acepten esta realidad, tirarán piedras contra su propio tejado.

2ª Que el Gobierno no puede gobernar en esta legislatura como lo hizo en la anterior. Pedro Sánchez debería mirar a Francia y a lo que le está ocurriendo a Emmanuel Macron con el abuso del artículo 49.3 de la Constitución francesa, que es el equivalente políticamente a lo que se está haciendo en España con el artículo 86 de la Constitución. No se puede seguir exigiendo a los socios que aprueben primero y hablar después. Y entre los socios hay que contar con los cinco diputados de Podemos, que no son parte de la mayoría del Gobierno de coalición.

No sé si se le ha ofrecido a Podemos o no la posibilidad de tramitar el Decreto-ley, tras su convalidación, como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Si se le ha ofrecido esa posibilidad y la ha rechazado, la conducta de Podemos sería injustificable. Si no se le ha ofrecido, sería el Gobierno el que tendría que reflexionar. En todo caso, no es un problema que no se pueda resolver con relativa facilidad en las próximas semanas.

martes, 10 de enero de 2023

Carta a Sus Majestades los Reyes Magos con postdata para Felipe VI

Juan Torres López, Publicado en Público.es el 6 de enero de 2023

Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar: Habiendo comprobado desde mi infancia su extraordinaria generosidad y su mágica capacidad de transformar en realidad tantas de mis ilusiones, me permito pedirles en esta ocasión tan solo tres regalos sobre las cuestiones económicas de las que Sus Majestades saben que modestamente me ocupo.

Sobre la crisis que estamos viviendo, les pido que hagan que sea breve y leve y que las previsiones sobre su gravedad y naturaleza estructural que vengo realizando resulten equivocadas, aunque eso hiciera que se vendan menos ejemplares de mi nuevo libro Más difícil todavía que aparecerá en febrero.

En particular, quisiera pedirles que desplieguen Sus Majestades todo su poder para hacer que los organismos internacionales que constantemente nos supervisan y controlan y muy especialmente el Banco Central Europeo dejen de equivocarse en sus predicciones y, sobre todo, que no vuelvan a ser ellos, con sus medidas equivocadas, quienes creen los problemas que se supone deben resolver, como viene sucediendo desde hace décadas.

En relación con la economía española, me gustaría que Sus Majestades hicieran que se cumpla el vaticinio que vengo haciendo desde mayo de 2019, cuando comenzaba a manifestarse la crisis estructural que hay detrás de la subida de precios que estamos sufriendo: si nuestros gobernantes y las fuerzas sociales aciertan y son capaces de diseñar y asumir conjuntamente una estrategia nacional, de intereses del país y no de los grupos de más poder, España podrá aprovechar la gran oportunidad que esta crisis le brinda para que nuestra economía salga fortalecida y con mucho mejor desenvolvimiento.

Les pido, para que ello sea posible, que concedan a la derecha económica y política española el don de la generosidad y la virtud del realismo para que sea capaz de reconocer lo que de positivo hay en nuestra situación económica y no mientan sobre lo que de verdad ocurre para tratar de vencer de cualquier forma y en particular a base de mentiras, a sus adversarios. Sé que es mucho pedir a Sus Majestades que hagan patriotas a las derechas españolas, para que entiendan que España va mucho más allá de sus idearios conservadores e intereses oligárquicos, o que dejen de ser nacionalistas, excluyentes y en consecuencia totalitarias. Pero me atrevo a pedírselo confiando en su generoso poder y por el bien de los millones de españolas y españoles que estamos hartos de la polarización, del cainismo y del odio a quien no es exactamente igual que los nacionalistas, de uno u otro lado, que se creen exclusivos depositarios de la identidad de su patria.

Quisiera pedirles también, mis queridos Reyes Magos, que concedan al gobierno que ahora tiene la responsabilidad de decidir sobre los destinos de nuestra economía las dosis que sean suficientes de lucidez y prudencia para evitar que siga metiéndose innecesariamente en charcos que no conducen nada más que a enturbiar su buena gestión en las cuestiones más importantes. Esto, al revés que mi anterior petición, puede que parezca a Sus Majestades una cuestión nimia o apenas sin importancia, pero déjenme tomarme la osadía de indicarles que no es así. Resulta desolador que un gobierno que mejora las cifras del empleo, el problema que más han sufrido los españoles durante décadas, que combate la subida de precios con más éxito que los demás de su entorno, que está marcando a Europa las líneas a seguir y el que más medidas de protección a familias y empresas ha tomado en muchos años, eche fango sobre sus éxitos por sus continuas manifestaciones de división interna o por empeñarse en tomar medidas sobre cuestiones de segundo orden tan polémicas y desacertadas que ni sus partidarios podemos defender.

Para terminar, puesto que tengo entendido que todos los monarcas se consideran primos entre sí y que, por tanto, deben tener indudable ascendencia sobre nuestro actual Jefe de Estado, el Rey Felipe VI, me permito pedirles un último regalo a manera de suplicante postdata.

Deben saber Sus Majestades, que el artículo 56.1 de nuestra Constitución establece que el Rey «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones».

Sucede, sin embargo, que don Felipe de Borbón viene incumpliendo este mandato pues nada ha hecho para moderar y arbitrar con el fin de evitar la situación irregular en la que se encuentran algunas de nuestras instituciones, cuando el principal partido de la oposición se niega explícitamente y con argumentos expresamente ilegítimos a tomar las medidas a las que está obligado para hacer que nuestras funcionen con la regularidad y normalidad debidas.

El hecho de que la máxima autoridad de nuestro Estado, su representación primera y más elevada, el rey de España, no ejerza la función que le encomienda la ley de leyes es tan grave que me permito solicitarles que adviertan a su primo de la vergüenza y la indignación que su comportamiento está provocando en millones de sus compatriotas, hasta el punto de que él mismo está reforzando la idea de que más valiera que abdicara si sigue comportándose de esa manera. Algo que va a resultar obligado que le reclamen quienes defendemos el cumplimiento de la ley y la Constitución como base de la vida democrática.

En la confianza de que se hagan reales mis deseos, les deseo toda clase de felicidad y ya espero con renovada ilusión su llegada en 2024.


martes, 22 de noviembre de 2022

_- El Gobierno afronta otra semana decisiva en el Congreso con tres medidas clave para su supervivencia. El Parlamento vota los Presupuestos, los impuestos a las grandes compañías y la reforma de la sedición.

_- El Gobierno y ERC se han afanado por desvincular la reforma del delito de sedición de los Presupuestos Generales del Estado, pero ambas cuestiones irán juntas a votación el próximo jueves en el Congreso. Tras unos días bajo la borrasca por la controversia política sobre la propuesta de modificación del Código Penal —que beneficiará directamente a los encausados por el procés independentista catalán— y la polémica aplicación de la ley del solo sí es sí, el Ejecutivo afronta una semana decisiva para su supervivencia. Y, aunque quedan algunos cabos sueltos, todo hace presagiar que una vez más quedará patente que este es un Gobierno con una mala salud de hierro: pese a la precaria situación parlamentaria del Ejecutivo y a sus tensiones internas, Pedro Sánchez tiene las cartas en su mano para salir airoso de otra votación clave.

El Congreso vivirá desde este lunes la semana más frenética del año. Comienza el debate final de los Presupuestos, con la comparecencia durante tres días de todos los ministros, antes de la votación final, el jueves. Ese día, la Cámara se pronunciará además sobre la ley que crea impuestos extraordinarios a grandes compañías y fortunas, aprobado la semana pasada en comisión tras suavizar algunas de las medidas sobre las empresas energéticas. Y todo eso coincidirá con el primer debate parlamentario sobre la supresión del delito de sedición, una de las grandes líneas de ataque de la oposición.

Los votos para dar luz verde a la propuesta de reforma de la sedición —que elimina este delito del Código Penal y crea a cambio un delito de desórdenes públicos agravados— están garantizados, a la espera de un trámite posterior que puede resultar más conflictivo por la anunciada iniciativa de ERC de plantear que se rebajen también las penas por malversación. Esta posibilidad, que desagrada incluso a aliados del Gobierno, ha contribuido a encender más los ataques de la derecha.

Seis circulares de la Fiscalía en los últimos 25 años vetaron la revisión de determinadas penas por cambios de la ley La norma del ‘solo sí es sí’ carece de la disposición transitoria de las anteriores reformas del Código Penal ERC aún no ha confirmado su apoyo a los Presupuestos y, de hecho, el pasado jueves se abstuvo cuando se votó en comisión la propuesta que irá a pleno. Lo mismo ha hecho EH Bildu, que afirma que aún negocia algunos asuntos pendientes. En privado, tanto fuentes del Gobierno como de las dos fuerzas políticas coinciden en que habrá acuerdo.

El otro gran aliado de Sánchez, el PNV, confirmó este domingo su voto favorable a los Presupuestos. “Hemos conseguido aprobar nada menos que el 70% de nuestras enmiendas”, resaltó su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, en San Sebastián. El grupo nacionalista ha pactado que se renueve el cupo vasco, junto a inversiones adicionales de 70 millones para su comunidad. El PNV aún tratará de sacar adelante alguna propuesta más, al igual que el PDeCAT, cuyos cuatro valiosos diputados tampoco han anticipado su posición.

Faltan por cerrar algunos flecos con Más País, Compromís, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe. Con respecto a las mayorías que permitieron sacar adelante los dos Presupuestos anteriores, el Gobierno ha incorporado un nuevo apoyo, el de Coalición Canaria, que no participaba del llamado bloque de investidura. Las dos diputadas de esa formación aprobarán por primera vez las cuentas de Sánchez, tras arrancar medidas como la gratuidad de bonos de transporte para autobús y tranvía en las islas.

Impuestos extraordinarios
El tercer gran examen de la semana para el Gobierno es el de la medida que se ha presentado como el símbolo del giro a la izquierda del Gabinete: los impuestos extraordinarios a las compañías energéticas, la banca y las grandes fortunas. El Ejecutivo ha hecho concesiones a los dos partidos situados en el campo más centrista de sus apoyos parlamentarios, PNV y PDeCAT, lo que propició que saliese de la comisión un texto suavizado. Socialistas y Unidas Podemos aceptaron enmiendas de esos grupos que permiten a las energéticas excluir del pago de los gravámenes a la parte de su negocio sometida a precios regulados y a sus actividades en el extranjero.

El proyecto sobre los nuevos impuestos muestra el juego de equilibrios del Gobierno tratando de contentar a la vez al PNV y al gran competidor electoral de este, EH Bildu. Ambas formaciones reclamaban que en Euskadi y Navarra los gravámenes sean recaudados por sus respectivas haciendas forales. El Ejecutivo lo asumió, pero pactándolo con Bildu, no con el PNV, un gesto para favorecer el apoyo de la izquierda abertzale a los Presupuestos.

La apresurada tramitación de la ley sobre los nuevos impuestos ha estado rodeada de controversia. No solo la oposición, también PNV y PDeCAT han deplorado las prisas del Ejecutivo. Ante las protestas de varios grupos, el Gobierno tuvo que rectificar en 24 horas su decisión inicial de vetar todas las enmiendas presentadas —incluida la que finalmente se aprobó para suavizar las condiciones a las energéticas— alegando que distorsionaban los ingresos previstos en los Presupuestos aún sin aprobar. Las protestas arreciaron ante el hecho de que el impuesto a las grandes fortunas no figurase en el texto inicial, sino que se incorporase en una enmienda, lo que impidió que los demás grupos la pudiesen enmendar a su vez. No ha sido la derecha la única en descalificar esta maniobra. “Es una perversión del sistema”, lamentó Ferran Bel, portavoz del PDeCAT.

Si no se produce una sorpresa mayúscula, las cuentas y los nuevos impuestos pasarán después al Senado y regresarán al Congreso para su aprobación definitiva en los últimos días del año.

jueves, 2 de junio de 2022

_- Cuidar la mayoría de Gobierno.

_- Mucho ruido y pocas nueces reza un conocido refrán. No es de aplicación a esta legislatura más que en su primera parte. El ruido es realmente ensordecedor. Pero las nueces son muchas

El lector que me haya seguido en estos últimos años recordará que vengo sosteniendo reiteradamente que en la moción de censura que hizo presidente del Gobierno a Pedro Sánchez se hizo visible la única mayoría de Gobierno posible para la izquierda española. Para las izquierdas españolas, porque las izquierdas, igual que las derechas, son varias. Con las elecciones generales de diciembre de 2015 quedó claro que se había puesto fin al sistema de bipartidismo dinástico vigente desde la primera legislatura constitucional de 1979 y que se entraba en un nuevo ciclo político, en el que la imprevisibilidad en el sistema de partidos desde la perspectiva de la formación del Gobierno se convertiría en la normalidad. Hemos tenido desde entonces dos disoluciones anticipadas de las Cortes Generales por la imposibilidad de investir a un presidente de Gobierno y dos elecciones generales tras las cuales se ha conseguido investir a un presidente: Mariano Rajoy en 2016 y Pedro Sánchez en 2020. Hay que añadir la investidura a través de la moción de censura en julio de 2018.

Aunque la moción de censura de 2018 dio como resultado un Gobierno monocolor socialista con los 84 escaños que el PSOE había obtenido con la repetición de elecciones en 2016, la mayoría parlamentaria que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez en aquel momento sigue siendo una mayoría parlamentaria de Gobierno de una estabilidad y de una productividad sorprendentes.

La supervivencia del Gobierno parece estar pendiente de un hilo. La impresión es que puede caer en cualquier momento. Y sin embargo, la evidencia empírica de que disponemos no autoriza sacar esta conclusión. Todo lo contrario. Con base en el resultado de las elecciones generales de noviembre de 2019 se constituyó el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia española y, a pesar de que ha tenido que hacer frente a una pandemia de intensidad no conocida desde hacía más de un siglo y a una situación dificilísima como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia, ha conseguido aprobar un programa legislativo realmente sorprendente.

En 2020 la mayoría parlamentaria aprobó 3 leyes orgánicas y 11 leyes ordinarias, entre las que se debe destacar la Ley de Presupuestos. En 2021 se aprobaron 11 leyes orgánicas y 22 leyes ordinarias. Y en lo que llevamos de 2022 se han aprobado 4 leyes orgánicas y 8 leyes ordinarias. Si el presidente del Gobierno decide agotar la legislatura, será una de las más productivas de toda la democracia.

Mucho ruido y pocas nueces reza un conocido refrán. No es de aplicación a esta legislatura más que en su primera parte. El ruido es realmente ensordecedor. Pero las nueces son muchas. Hay una mayoría sólida de Gobierno. Del Gobierno que tiene, por mandato constitucional, que “dirigir la política interior y exterior” (art. 97 CE). Y que lo está haciendo con una visibilidad, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, como no se recordaba desde la época de Felipe González.

La solidez de la mayoría parlamentaria, en contra de lo que parece y a pesar de la campaña orquestada para hacer que no lo parezca, es más que notable. En mi opinión, se puede contemplar lo que queda de legislatura con cierta tranquilidad. E incluso más. Los autoproclamados “constitucionalistas” son minoría en el cuerpo electoral, que es el lugar de residenciación del poder. Tienen “ocupadas” algunas instituciones muy importantes, que se resisten a abandonar y cuentan con apoyos confesables e inconfesables, dispuestos a montar conspiraciones y a poner zancadillas. Pero su idea de España y de la Constitución es claramente minoritaria.

Es en el rechazo de esa idea de España en la que se asienta la solidez de la mayoría parlamentaria de Gobierno. El problema de esa mayoría parlamentaria es de cohesión interna, fundamentalmente como consecuencia del “naufragio” de la Reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya ante el Tribunal Constitucional. Las heridas infligidas por el gobierno de Mariano Rajoy al nacionalismo catalán están vivas todavía y sobre ellas las derechas, con la inestimable colaboración de determinados jueces y magistrados, no dejan de derramar sal y vinagre. La revisión de los indultos por el Tribunal Supremo que hemos conocido esta semana es un buen botón de muestra. Ello dificulta la acción de gobierno. Pero, a pesar de todos los pesares, la mayoría de Gobierno aguanta.

Me imagino que Pedro Sánchez, por instinto de conservación y porque así se lo estarán haciendo llegar sus asesores, es consciente de que, tras las próximas elecciones, únicamente podrá seguir como presidente con una mayoría parlamentaria similar a la que tiene en este momento. La moción de censura de 2018, la única que ha sido aprobada en toda la historia de la democracia española, estableció la línea divisoria en el sistema político de la Constitución de 1978. Mientras la visión de la Constitución territorial de España de las derechas sea la que se ha manifestado desde la presidencia del partido y del Estado por Mariano Rajoy, Pedro Sánchez será el beneficiario de la reacción negativa contra la misma del resto de la población española.

Esa coalición inicialmente negativa hay que cultivarla, como ha subrayado en alguna ocasión Yolanda Díaz. Tengo la impresión de que el presidente del Gobierno no lo está haciendo con la dedicación que merece. De ahí han venido algunos de los sustos de esta legislatura, que no deberían volver a producirse. Y menos con una polarización tan extraordinaria como la que tenemos y vamos a seguir teniendo.

Javier Pérez Royo

lunes, 17 de enero de 2022

_- El momento decisivo de la legislatura.

_- Al esfuerzo que han hecho los negociadores del texto por alcanzar un denominador común merece que se le dé una oportunidad de comprobar cuáles son los efectos que surte. Una norma jurídica no se sabe realmente lo que puede dar de sí hasta el momento en que es aplicada

Hasta el momento, a pesar de la enorme turbulencia política y económica casi desde el día en que Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno, la mayoría parlamentaria de la investidura se ha venido consolidando a través del ejercicio de las potestades legislativa y presupuestaria, que son las dos primeras funciones que el artículo 66.2 de la Constitución atribuye a las Cortes Generales. La mayoría de investidura se ha venido confirmando de manera reiterada como mayoría de gobierno, algo que no había ocurrido desde 2016.

En este mes de febrero de 2022 esa confirmación de la mayoría de investidura como mayoría de gobierno se va a ver sometida a una prueba más dura que todas aquellas por las que ha tenido que pasar en estos dos últimos años. El Congreso de los Diputados tiene que convalidar el Real Decreto-ley mediante el cual se ha aprobado la reforma laboral.

Aunque formalmente el Real Decreto-ley ha sido dictado por el Gobierno, todo el mundo sabe que el texto ha sido pactado con los agentes sociales que, conviene recordar, tienen un reconocimiento de su relevancia constitucional nada menos que en el artículo 7 incluido en el Título Preliminar de la Constitución.

Dada la naturaleza del pacto, lo más lógico y apropiado sería que el Real Decreto-ley fuera convalidado sin más, de acuerdo con lo previsto en el artículo 86.2 de la Constitución y que las Cortes no acordaran su tramitación, una vez convalidado, como “proyecto de ley por el procedimiento de urgencia”, posibilidad contemplada en el artículo 86.3 CE.

No creo que haya nadie que esté de acuerdo con lo establecido en dicho Real Decreto-ley al 100%. Ni siquiera los que han participado en la negociación. Pero parece ser, a tenor de las opiniones solventes manifestadas desde su aprobación, que supone una mejora de entidad respecto a la norma aprobada en su día por el Gobierno del PP sin negociación de ningún tipo.

Al esfuerzo que han hecho los negociadores del texto por alcanzar un denominador común merece que se le dé una oportunidad de comprobar cuáles son los efectos que surte. Una norma jurídica no se sabe realmente lo que puede dar de sí hasta el momento en que es aplicada. Esto ocurre con casi todas las normas jurídicas, pero más que en casi todas en una como la que acaba de ser aprobada para la reforma del mercado de trabajo.

Como nada impide que, una vez convalidado el Real Decreto-ley y comprobada si su eficacia es la que los negociadores esperan o no, se pueda proceder a su reforma, debería darse un voto de confianza a los negociadores y posponer la tramitación de un proyecto o una proposición de ley de reforma a la valoración que se hiciera de la experiencia acumulada mediante su aplicación.

Reabrir en sede parlamentaria en abstracto el debate antes de que se haya comprobado a través de la aplicación la eficacia de la reforma aprobada introduciría incertidumbres que se añadirían a las que ya se están generando como consecuencia de la propagación de las nuevas variantes de la Covid-19, el aumento de la inflación, la interrupción de las cadenas de suministros de componentes básicos para la producción industrial…

Cosa distinta es que en el debate previo a la convalidación se pongan de manifiesto cuales son las dudas que la norma suscita y que se pueda alcanzar un compromiso acerca de una rendición de cuentas ante el Congreso de los Diputados acerca de los resultados de la aplicación, a fin de que, si se considera conveniente, se puedan introducir las rectificaciones pertinentes. Se podría extender el compromiso a la fijación de una fecha razonable para el debate de rendición de cuentas.

En alguna ocasión ya he adelantado que la reforma laboral era la exigencia inexcusable de esta legislatura. En pocas semanas tiene que pasar la prueba decisiva.

domingo, 12 de septiembre de 2021

Lesmes no dimite y reparte culpas entre Gobierno y PP por el bloqueo del Poder Judicial.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces carga contra las razones del Ejecutivo para indultar a los líderes del procés y la reforma que impide que el CGPJ haga nombramientos en la cúpula judicial con el mandato caducado

— Casado pide en los argumentarios internos culpar a Sánchez del bloqueo del Poder Judicial

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha instado en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial a acabar con la “insostenible” situación en la que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces, que la semana pasada rebasó los mil días en funciones. Carlos Lesmes ha llamado a “las fuerzas políticas concernidas” a acabar con la "lucha partidista" y acordar en las próximas semanas el acuerdo “necesario” para la renovación.

Mil días de bloqueo en el Poder Judicial por decisión del PP
“Un deber que dimana de la Constitución no puede subordinarse a razones de oportunidad política”, ha dicho el también presidente del Tribunal Supremo, que ha descargado la responsabilidad en el Gobierno y en el PP —a los que ha pedido “patriotismo constitucional” y “generosidad”— y no ha aludido a la posibilidad de presentar su dimisión. Es la cuarta vez que Lesmes se refiere en este discurso a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuya situación de interinidad se remonta a diciembre de 2018. “No hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”, ha señalado ante el rey Felipe VI, la fiscal general del Estado, la ministra de Justicia y la Sala de Gobierno del Supremo.

El bloqueo a la renovación del CGPJ se ha mantenido desde 2018 por la repetición electoral de 2019 y la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. El Partido Popular se ha resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado, la que decide qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura. El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con once vocales elegidos a propuesta del PP, siete del PSOE, una de IU y otro del PNV. Al frente está Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar.

En los últimos meses los conservadores han desplegado toda una batería de condiciones cambiantes para pactar la renovación que van desde vetar la presencia de Unidas Podemos en las negociaciones a tipificar de nuevo el delito de referéndum o reformar la euroorden. También han puesto como excusa el sí de EH Bildu a los Presupuestos de 2021 o la posición del socio minoritario del Gobierno en contra de la monarquía. De forma más reciente han reclamado un cambio en el sistema de elección de los vocales para que los doce de extracción judicial sean seleccionados directamente por sus compañeros —como sucedía hasta 1985—, una reforma que el PP no promovió durante sus dos mayorías absolutas. En la actualidad los jueces hacen una criba de medio centenar de nombres, y luego los partidos eligen, siempre que alcancen esa mayoría en las Cámaras.

Durante su discurso, Lesmes también ha cargado contra la reforma que impide que el CGPJ pueda hacer nombramientos clave en la cúpula judicial con el mandato prorrogado. Hasta la aprobación de esa norma había realizado 74 designaciones en los principales tribunales, 21 de ellos en el Supremo, donde se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años. Esa norma fue promovida por PSOE y Unidas Podemos y contó con un amplio respaldo parlamentario. A juicio del presidente del CGPJ, esta norma “ha venido a agravar” la situación del CGPJ y ha asegurado que sólo en el Tribunal Supremo hay once vacantes sin cubrir de una planta de 79 magistrados.

Esta cuestión ha sido uno de los puntos de enfrentamiento con el Ejecutivo, donde siempre han considerado que el CGPJ caducado debería haberse limitado a decidir sobre cuestiones de gestión. La tensión con los partidos que sustentan el Gobierno de coalición se incrementó a raíz de la urgencia con la que ambos tramitaron esta iniciativa. El CGPJ, con el respaldo de 16 de sus 21 miembros, acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés y ambos partidos —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar. Este lunes, Lesmes ha reprochado a la Cámara que desatendiera “todas” las peticiones que realizó el CGPJ para pronunciarse sobre esta reforma.

En su discurso, el presidente del CGPJ también se ha referido a los indultos concedidos por el Gobierno a los líderes del procés y el hecho de que el ejecutivo haya justificado la medida de gracia por constituir "la concordia frente al resentimiento". Ha asegurado Lesmes que "nada más alejado de la realidad" y que "la justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos". Con esta crítica a la justificación política de los indultos ha querido ensalzar, ha dicho, "la labor de los jueces españoles, y muy especialmente del Tribunal Supremo, por su defensa del orden constitucional y de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento".

El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha pronunciado este discurso en el Tribunal Supremo ante la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado. La formación conservadora rechaza negociar la renovación de los vocales y propone ahora un nuevo sistema para elegir vocales que no puso en marcha cuando estaba en el Gobierno. En los argumentarios internos del partido, Casado pide incluso culpar a Pedro Sánchez de la no renovación del órgano argumentando que "la pelota, en el tejado de Sánchez".

Aunque no ha citado el bloqueo del Poder Judicial, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha alertado en su discurso de los "peligros" que acechan a la Justicia y ha señalado que, más allá de las tensiones propias y de los necesarios ajustes para lograr un sistema "más perfecto", la Justicia no debe convertirse en un "campo de batalla política" y "debe estar únicamente al servicio de la sociedad". En su intervención, Delgado también ha subrayado la necesidad de acometer "una profunda reforma" del Estatuto fiscal para dotarlo de mayor autonomía. 

sábado, 10 de julio de 2021

“Los republicanos están dispuestos a destruir la democracia para recuperar el poder”. Entrevista a Noam Chomsky

El Partido Republicano de hoy en día constituye una fuerza extremista que ya no cumple con los requisitos de un partido político en la corriente principal, y a buen seguro ya no se encuentra interesado en participar en la política “normal”. De hecho, el GOP [Grand Old Party, apelativo histórico habitual del Partido Republicano] de hoy se ciñe tanto a creencias extremas e irracionales que hasta los partidos y movimientos de la extrema derecha en Europa, entre ellos el Rassemblement National de Marine Le Pen, parecen convencionales por comparación.

La identidad política del GOP se ha visto drásticamente configurada por el expresidente Donald Trump, pero esas movimientos recientes no habrían sido posibles si no hubiera ya toda una serie de grupos que recorren la sociedad y la cultura norteamericanas (entre ellos, supremacistas blancos, cristianos evangélicos derechistas y activistas de la Segunda Enmienda [sobre el derecho a portar armas de fuego], por no mencionar más que a unos pocos) que han abrazado puntos de vista extremistas y “proto-fascistas” sobre la forma en que debería gobernarse el país y los valores que debería mantener. Para ellos, Trump era y sigue siendo la “gran esperanza blanca”. En este contexto, la base de votantes de Trump — que sigue creyendo en la idea de que les han robado las elecciones y apoya el GOP dirigido por Trump para extirpar la teoría crítica de la raza de los colegios y restringir el derecho al voto — lo dice todo sobre la naturaleza antidemocrática y amenazadora del GOP de hoy.

En la entrevista que sigue [a cargo, como es habitual en la revista Truthout, de su fiel interlocutor C. J. Polychroniou], Noam Chomsky, universalmente renombrado como activista e intelectual académico, explica lo que le ha sucedido al Partido Republicano y por qué está en juego algo más incluso que la democracia si las fuerzas “proto-fascistas” inspiradas por Trump regresan al poder.

C. J. Polychroniou: En el curso de las últimas décadas, el Partido Republicano ha experimentado una serie de transformaciones ideológicas: del conservadurismo tradicional al reaccionarismo y, por ultimo, a lo que podemos definir como “proto-fascismo”, en el que lo irracional se ha convertido en la fuerza impulsora. ¿Cómo explicamos lo que le ha ocurrido al GOP?

Noam Chomsky: Tu denominación “proto-fascismo neoliberal” me parece una caracterización bastante precisa de la actual organización política … dudo en llamarla “Partido”, habida cuenta de que podría sugerir que tuvieran algún interés en participar honestamente en la política parlamentaria normal. Más adecuado, me parece, es el juicio de de los analistas políticos del American Enterprise Institute, Thomas Mann y Norman Ornstein, de que el moderno Partido Republicano se ha transformado en una “insurgencia radical” que desdeña la participación democrática. Y eso fue antes de los martillazos de Trump-McConnell de los últimos años, que remachan la conclusión con mayor fuerza.

El término “proto-fascismo neoliberal” capta bien tanto los rasgos del actual partido como la diferenciación con el fascismo del pasado. El compromiso con la forma más brutal de neoliberalismo es evidente en el historial legislativo, y de manera crucial en la subordinación del Partido al capital privado, a la inversa del fascismo clásico. Pero los síntomas fascistas están ahí, entre ellos el racismo extremo, la violencia, el culto al líder (enviado por Dios, según el exsecretario de Estado Mike Pompeo), la inmersión en un mundo de “hechos alternativos” y un frenesí de irracionalidad. Y también de otras maneras, como en los extraordinarios esfuerzos en los estados en manos de los republicanos para suprimir la enseñanza en los colegios que no se adapte a sus doctrinas de supremacismo blanco.

Se está promulgando una legislación que prohíbe la enseñanza de la “teoría crítica de la raza”, el nuevo demonio, que substituye al comunismo y al terror islámico como plaga de la era moderna. La “teoría crítica de la raza” es la frase espantajo utilizada para el estudio de los factores estructurales y culturales sistemáticos en una horrenda historia, a lo largo de cuatrocientos años, de esclavitud y perdurable represión racista. El adoctrinamiento adecuado debe prohibir esta herejía. Lo que sucedió durante cuatrocientos años y está hoy bien vivo debe presentarse a los estudiantes como una desviación de la verdadera Norteamérica, pura e inocente, en buena medida como en los estados totalitarios bien manejados.

Lo que está ausente en el “protofascismo” es la ideología: el control estatal del orden social, incluyendo a las clases empresariales, y control del Estado en manos del Partido con el líder máximo al mando. Eso podría cambiar. La industria y las finanzas alemanas pensaron en un principio que podían doblegar a los trabajadores y la izquierda, a la vez que continuaban al mando. Aprendieron que lo que pasó fue otra cosa. La actual escisión entre el liderazgo empresarial más tradicional y el partido dirigido por Trump sugiere algo similar, pero sólo de modo remoto. Estamos lejos de las condiciones que llevaron a Mussolini, Hitler y sus secuaces.

Por lo que respecta a la fuerza impulsora de la irracionalidad, los hechos son ineludibles y deberían causar honda inquietud. Aunque no podemos concederle a Trump todo el mérito de ese logro, desde luego ha mostrado una gran habilidad a la hora de llevar a cabo una tarea que suponía un desafío: poner en práctica medidas políticas en beneficio de su electorado de gran opulencia y poder empresarial, a la vez que engañaba a las víctimas para que le venerasen como a su salvador. No es un logro baladí, e inducir una atmósfera de absoluta irracionalidad ha constituido un instrumento primordial, un requisito previo en la práctica.

Tendríamos que distinguir entre la base de votantes, hoy en día mayormente en manos de Trump, del escalón político (el Congreso), y distinguir ambos de una élite más tenebrosa que dirige realmente el Partido, McConnell y asociados.

Las actitudes entre la base de los votantes son verdaderamente siniestras. Eso, dejando aparte el hecho de que una gran mayoría de votantes de Trump cree que las elecciones fueron un robo. La mayoría cree también que “El tradicional modo de vida norteamericano está desapareciendo tan rápidamente que puede que tengamos que recurrir a la fuerza para salvarlo” y un 40 % adopta una posición más contundente: “si los dirigentes electos no protegen a Norteamérica, lo tendrá que hacer la gente misma, aunque requiera acciones violentas”. No resulta, quizás, sorprendente, cuando se informa de que una cuarta parte de los republicanos creen que “el mundo del gobierno, el de los medios de comunicación y el financiero están controlados en los EE.UU. por un grupo de pederastas que rinden culto a Satán y dirigen una red de tráfico global de niños”.

En el fondo hay preocupaciones más realistas sobre la desaparición del “tradicional modo de vida norteamericano”: un mundo supremacista blanco en el que los negros “saben cuál es su lugar” y no hay contagios de “anormales” que pidan derechos para los gais y otras obscenidades semejantes. Esa forma de vida tradicional desde luego que está desapareciendo.

Hay también elementos de realismo en las diversas teorías de la “gran substitución” que parecen consumir a buena parte de la base de Trump. Dejando aparte los absurdos sobre inmigración y conspiraciones de las élites, basta un simple vistazo a la distribución de nacimientos para mostrar que la dominación blanca va declinando.

Vale la pena recordar también las hondas raíces de esas preocupaciones. Entre los fundadores [de los EE.UU], había dos distinguidas figuras de la Ilustración, una de las cuales tenía la esperanza de que el nuevo país se viera libre de “mancha o mezcla”, roja o negra (Jefferson), mientras que la otra pensaba que a alemanes y suecos quizás se les debiera prohibir la entrada al ser demasiado “atezados” (Franklin). Los mitos de origen anglosajón predominaron a lo largo del siglo XIX. Todo esto aparte del racismo virulento y sus horrendas manifestaciones.

La preocupación por los cultos satánicos ya tiene bastante peligro, pero otras creencias profundamente irracionales son bastante más relevantes. Una de las revelaciones más amenazadoras de los últimos días fue una observación apenas advertida en el último informe de un grupo de la Universidad de Yale que sigue atentamente las actitudes respecto al cambio climático, ese eufemismo para el calentamiento del planeta que acabará con la vida humana organizada, a menos que pueda ponerse pronto bajo control. El informe descubrió que “En el ultimo año se ha producido un brusco descenso en el porcentaje tanto de republicanos liberales/moderados como de republicanos conservadores que creen que debería ser una prioridad del presidente y el Congreso desarrollar fuentes de energía limpia. Las actuales cifras representan un bajón absoluto desde que empezamos a realizar la encuesta en el año 2010”.

Entretanto, todos los días hay noticias que ofrecen información sobre nuevos desastres potenciales: así, por ejemplo, la publicación este 11 de junio de estudios que informan del derrumbe acelerado de un inmenso glaciar antártico que podría elevar el nivel del mar casi 50 centímetros, además de los recordatorios por parte de los científicos que avisan de que “El futuro está todavía abierto al cambio… si la gente hace lo necesario para que cambie”.

No cambiará mientras prevalezcan estas actitudes de las que se informa. A menos que se superen, eso podría suponer una sentencia de muerte si la actual estrategia del Partido Republicano tiene éxito en devolver a los desguazadores al poder. La estrategia es sencilla: sin que importe el daño que se haga al país y a su propia base de votantes, hay que asegurarse de que la administración no pueda hacer nada para poner remedio a graves problemas internos y embestir con una legislación al estilo Jim Crow [conjunto de leyes sureñas posteriores a la Guerra Civil norteamericana destinadas a impedir el voto de la población negra] para bloquear el voto de la gente de color y de los pobres, contando con la aquiescencia del poder judicial que McConnell y Trump han conseguido instalar.

El Partido no es un caso perdido. Los demócratas han contribuido al no conseguir ofrecer una alternativa constructiva que responda a las necesidades y justas aspiraciones de muchos de los que se han sumado en masa a las filas de Trump. Eso puede cambiar. Por ende, están cambiando las actitudes entre los republicanos más jóvenes, e incluso entre los jóvenes evangélicos, parte central de la base republicana desde los años 70.

Nada es irremediable.
En relación al escalón político, poco podemos decir. Con excepciones marginales, han abandonado cualquier apariencia de integridad. Las actuales votaciones constituyen un indicativo claro: total oposición republicana a medidas a favor de las cuales saben que están sus votantes, con el fin de garantizar que la administración Biden no llegue a nada.

La capitulación más abyecta del escalón político fue la del calentamiento global. En 2008, el candidato republicano a la presidencia, John McCain, tenia una propuesta limitada sobre el clima en su programa, y los republicanos del Congreso estaban considerando una legislación aneja. El conglomerado energético de los Koch [donantes más desmesuradamente opulentos de los republicanos] respondió en bloque y se extinguió toda chispa de independencia. Eso quedó muy en evidencia en las últimas primarias republicanas de 2016, antes de Trump: negación al 100 % de que esté pasando lo que está pasando, o algo peor, afirmando que tal vez sí, pero nosotros vamos de cabeza al desastre sin disculparnos (tal como afirmó John Kasich, a quien por su integridad se honró invitándole a hablar en la Convención Demócrata de 2020).

No se me ocurre ninguna objeción a lo que afirmas, pero me encuentro un poco desconcertado por la insistencia de Biden en tratar de llegar a acuerdos con los republicanos en algunas de las cuestiones de importancia a las que se enfrenta el país. ¿No es una quimera el enfoque bipartidista?

No del todo. El líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, sí que logró un triunfo del enfoque bipartidista. Abandonando un compromiso anterior con la legislación sobre cambio climático, Schumer se unió al republicano Todd Young para esconder un programa limitado de política industrial dentro de un proyecto de ley de los de “odio a China” que apelaba a sentimientos chovinistas compartidos. Los republicanos se aseguraron de que esos componentes significativos, como la financiación de la National Science Foundation se vieran reducidos. Young celebró ese triunfo declarando que “cuando futuras generaciones de norteamericanos dirijan la vista hacia nuevas fronteras”, no verán allí “plantada una bandera roja”, sino la nuestra, roja, blanca y azul. Qué mejor razón podría haber para revivir la manufactura nacional a la vez que se intenta socavar la economía china…en un momento en el que la cooperación es condición sine qua non de la supervivencia.

Mientras tanto, el Departamento de Defensa de Biden está reorientando recursos y planificación hacia la guerra con China, una forma de locura que apenas recibe atención, analizada con detalle en el Número 1 del Comité por una Política Juiciosa entre EE.UU y China, del 11 de junio de 2021.

Trump ha transformado el Partido Republicano en culto a la personalidad. ¿Es esta la razón por la que los líderes republicanos han bloqueado la creación de una comisión que investigue el asalto del 6 de enero al Capitolio?

Trump ha copado la base de los votantes, pero el escalón político se enfrenta a una disyuntiva. Durante mucho tiempo, la élite del Partido ha sido un club de ricos, indulgente con el poder empresarial más todavía que los demócratas, incluso después de que los demócratas abandonaran a la clase trabajadora en los años 70, convirtiéndose en un partido de Wall Street y los profesionales pudientes. El mundo empresarial estaba dispuesto a tolerar las payasadas de Trump mientras les sirviera lealmente, con cierto disgusto, puesto que manchaba la imagen que proyectan de “grandes empresas con alma”. Pero para sectores de importancia, el 6 de enero [fecha del asalto al Congreso] ya fue demasiado.

Los tipos como McConnell que dirigen el Partido se ven atrapados entre una furiosa base de votantes cautiva de Trump y los dueños de la economía a los que sirven. Una comisión de investigación, de ser honesta en algo, habría agrandado esta grieta, para la que han de encontrar un modo de sutura, si el Partido, tal cual es, ha de sobrevivir. Así que, mejor cancelarla.

Las mentiras, la propaganda y la restricción del derecho al voto se han convertido en los principios de gobierno del GOP de hoy en día. ¿Hasta qué punto van a funcionar en provecho del Partido Republicano y qué repercusiones tendrán en el actual clima político en general y en el futuro de lo que sea que quede de democracia en los EE.UU. en particular?

La estrategia de Trump, enormemente eficaz, de legitimar “hechos alternativos” se basaba en un interminable aluvión de mentiras, pero entre los escombros flotaban una cuantas declaraciones veraces. Una de ellas es que los republicanos no pueden ganar nunca unas elecciones limpias. Eso es un verdadero problema para el club de los ricos. Resulta difícil conseguir votos con el lema: “Te quiero robar. Vótame”. Eso deja sólo unas pocas opciones. Una consiste en impedir que vote la “gente equivocada”. La otra consiste en configurar el programa del Partido de manera que las medidas políticas queden ocultas por las apelaciones a “cuestiones culturales”. Y ambas se han perseguido activamente. Trump les dio a estas prácticas un giro particularmente vulgar, pero no las inventó él.

La actual oleada de legislación republicana al estilo Jim Crow resulta comprensible: La observación que hace Trump es precisa, y es probable que lo sea todavía más en el futuro con los cambios demográficos y la tendencia de los votantes más jóvenes a favorecer la justicia social y los derechos humanos, también entre los republicanos. Esos esfuerzos se han vuelto más factibles después de que el Tribunal [Supremo presidido por] Roberts vaciara la Ley de Derecho al Voto [Voting Rights Act] con la sentencia Shelby de 2013, que “preparó el escenario para una nueva era de hegemonía blanca”, tal como observó correctamente Vann Newkirk.

El desplazamiento de las medidas políticas por las “asuntos culturales” se remonta a la estrategia sureña de Nixon. Cuando los demócratas empezaron a apoyar una tibia legislación de derechos civiles, Nixon y sus asesores se dieron cuenta de que podia desviar el voto del Sur hacia los republicanos con apelaciones racistas, apenas disfrazadas.

Con Reagan había poco disimulo; la retórica y las prácticas racistas le salían de forma natural. Paul Weyrich, estratega nacionalista cristiano, convenció fácilmente a la dirección política de que, abandonando sus anteriores posiciones “pro-choice” [proabortistas] y pretendiendo oponerse al aborto, podían recoger el voto católico del Norte y el voto evangélico de reciente politización. A la mezcla se le sumó pronto la afición a las armas, que ahora llega a inquietantes absurdos como la reciente decisión que revoca la prohibición de los fusiles de asalto en California, de[l juez Roger] Benítez, fusiles, que son, al fin y al cabo, no muy diferentes de las navajas del ejército suizo [de acuerdo con Benítez]. Trump le añadió algo más a la mezcla. Como sus colegas demagogos de Europa, entendió bien que se puede utilizar a los refugiados para azuzar pasiones y miedos xenófobos. Sus apelaciones racistas también rebasaban lo normal.

Trump ha mostrado cierto genio a la hora de instilar venenos que discurren no muy por debajo de la superficie de la cultura y la sociedad norteamericanas. Por esos medios logró adueñarse de la base de votantes republicana. La dirección del Partido anda dedicada a la estrategia obstruccionista de sacrificar los intereses del país con el fin de recuperar el poder. Esto deja al país sólo con un partido político que funcione [el Partido Demócrata], desgarrado él mismo entre un liderazgo neoliberal y una base de votantes más jóvenes que son socialdemócratas.

Tu frase “lo que sea que quede de la democracia norteamericana” resulta pertinente. Por muy progresista que pudiera haber sido en el siglo XVIII — y habría mucho que decir sobre eso —, con los baremos de hoy la democracia norteamericana tiene profundas fallas en aspectos que para el principal Fundador, James Madison, ya iban poniéndose de manifiesto hacia 1791, cuando le escribió a Jefferson deplorando “la osada depravación de los tiempos”, pues los “agiotistas se convierten en la horda pretoriana del gobierno…a la vez sus instrumentos y su tirano; sobornado con sus larguezas, e intimidado por sus clamores y combinaciones”.

Esa bien podría ser una descripción de los últimos años, sobre todo a medida que el ataque neoliberal tenia como consecuencia completamente previsible poner el gobierno todavía más bajo el mando de concentraciones de poder privado que antes. Las “larguezas” resultan demasiado familiares como para tener que analizarlas. Una amplia investigación de las ciencias políticas más centrales ha demostrado que los “clamores y combinaciones” han dejado a la mayoría de los votantes sin representación, pues sus propios representantes hacen caso de las voces de los superricos, de opulentos donantes y cabilderos de grandes empresas.

El estudio más reciente, recurriendo a sofisticadas técnicas de inteligencia artificial disipa “las nociones de que la opinión de alguien sobre la política pública, fuera del 10% más elevado de norteamericanos opulentos, ayude a explicar esa política”. Thomas Ferguson, destacado especialista académico del poder de las “herramientas y tiranos” del gobierno, concluye que: “Conocer el área política, las preferencias del 10 % en lo más alto y las opiniones de un puñado de grupos de interés basta para explicarlos los cambios de política con una exactitud impresionante”.

Pero permanecen algunos vestigios de democracia, después incluso de los ataques neoliberales. No por mucho tiempo, probablemente, si el “proto-fascismo” neoliberal amplía su ascendiente.

Pero el destino de la democracia no tendrá en realidad gran importancia si los “proto-fascistas” recuperan el poder.

El medio ambiente que sostiene la vida no puede aguantar por mucho tiempo a los desguazadores de la era Trump del declive. Pocas cosas más tendrán importancia si se rebasan los puntos de inflexión irreversibles.

Noam Chomsky profesor laureado de la Universidad de Arizona y catedrático emérito de Lingüística del Massachusetts Institute of Technology, es uno de los activistas sociales más reconocidos internacionalmente por su magisterio y compromiso político. Su libro más reciente es “Climate Crisis and the Global Green New Deal: The Political Economy of Saving the Planet”.

Fuente: 
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martes, 21 de abril de 2020

_- Su suerte es nuestra suerte

_- Acabo de oír en televisión las emocionantes palabras del jefe de la oposición portuguesa Rui Rio, manifestando un apoyo cerrado e incondicional al gobierno de su país: “Señor primer ministro, cuente con la colaboración del PSD. Ayudaremos todo lo que nosotros podamos. Le deseo coraje, nervios de acero y mucha suerte. Porque su suerte es nuestra suerte”. Me he sentido orgulloso de la oposición que tiene la sociedad del país hermano. Porque es imprescindible la unidad para salir de esta crisis.

Y me he preguntado por los partidos de oposición de mi país. Con pena. Con rabia. Tanto el PP como Vox están mostrando una actitud desleal y miserable. (Ciudadanos parece haber aprendido las importantes lecciones que le ha dado la historia). Estoy avergonzado de la oposición que tenemos. “La peor crisis gestionada por el peor presidente de la historia de España”, dice el PP. “Que dimita este gobierno ilegítimo”, dice Vox. ¿Eso es ayuda? ¿Eso es lealtad? ¿Eso es unidad? ¿Eso es patriotismo? “Proponen firmar unos nuevos Pactos de la Moncloa porque quieren mantener a Pedro Sánchez en el poder”, dice el PP. Ante la propuesta de esos pactos de reconstrucción, Vox dice no acudirá a la cita y que llevará al gobierno a los tribunales por si hubiera existido “dejación de responsabilidades, imprudencia grave o, en su caso, delitos dolosos”, tal y como anunciaba este lunes, en rueda de prensa, el falangista eurodiputado y portavoz del partido, Jorge Buxadé. ¿Eso es colaboración? ¿Eso es solidaridad? ¿Eso es arrimar el hombro?

Se dice que las catástrofes unen a los pueblos. Pues eso no pasa en el nuestro. Si se puede destruir al gobierno que tiene que salvarnos del desastre, mejor. Si se puede cuestionar lo que hace, mejor que mejor. Y para ello, vale todo. Desde el insulto agresivo al bulo más falaz. “Su suerte es nuestra desgracia y su desgracia es nuestra suerte”, viene a decir la oposición.

Cómo no reconocer que el gobierno ha cometido errores. Cómo no aceptar que podría haber hecho las cosas antes o de otro modo, que podría haber informado más y mejor, que podría haber contado más con la oposición, que debería haber repartido material de protección con más celeridad y eficacia… Pero no se puede ignorar que la incertidumbre es total y que estamos inmersos en una crisis única, impredecible y devastadora.

No es negativa la crítica que ayuda, que estimula, que corrige, que orienta, que hace mejorar. Pero esta operación de acoso y derribo, esta descalificación irracional, persistente y mentirosa es repugnante e inadmisible.

He leído un excelente artículo de mi compatriota leonés Julio Llamazares, publicado en El País el día 3 de abril. Está cargado de una lúcida ironía.

“Lo que uno no se explica es que, viviendo en un país con más de 46 millones de expertos en pandemias, hayamos llegado a esta situación. En un país en el que todo el mundo sabía lo que se nos avecinaba con días y hasta semanas de antelación, no se comprende que nadie advirtiera a las autoridades sanitarias para que tomaran las medidas oportunas para protegernos. Que la autoridades sanitarias no tengan ni idea de virus no nos justifica al resto (carpinteros, fontaneros, escritores, periodistas, abogados, ingenieros de caminos…) no haberlas tomado por nuestra cuenta.

Tampoco se comprende bien que, sabiendo como sabemos lo que hay que hacer a cada momento, no solo ante una pandemia sino ante cualquier problema, elijamos siempre para que lo hagan por nosotros a los más ineptos.

Da igual cuál sea el gobierno; siempre es el más incapaz, el más impresentable y el más torpe. La oposición, en cambio, siempre está más preparada; lo que no se comprende bien es por qué no la elegimos para gobernar. Debe de ser que la población vota siempre lo contrario de lo que querría…”.

He visto horrorizado la sesión parlamentaria en la que se ha aprobado la prórroga del estado de alarma. Las intervenciones de la oposición (me refiero, sobre todo, al PP y a Vox) han sido nauseabundas. ¿No se dan cuenta de que ahora hay que remar en la misma dirección? ¿No piensan que es la hora de arrimar el hombro y no de poner zancadillas? ¿No se dan cuenta de que su posición es un escándalo para el mundo?

¿Cómo puede Vox votar en contra del estado de alarma? De 54 votos en contra, 52 pertenecen a Vox. ¿Qué quieren? ¿Qué salgamos todos a la calle? Ellos, que tanto y tan virulentamente atacan, ¿no habrían decretado el estado de alarma? ¿O es que lo único que les anima es decir no a cualquier propuesta del gobierno? Acaba de decir una portavoz de Vox que el gobierno, como es partidario de la eutanasia, la está aplicando a los ancianos de una forma feroz. Increíble acusación. Una afirmación que no muestra cómo es aquel al que acusan sino cómo es quien la formula.

Estoy harto de ver tantos bulos, tantos chistes, tanta mala baba contra el gobierno de mi país que, con sus errores, evitables unos e inevitables otros, está intentado sacarnos de esta crisis: Sánchez dimisión, dicen unos, cárcel para los ministros y el presidente del gobierno, dicen otros. ¡Cuánto odio, cuánto sectarismo en las actitudes y en las opiniones! ¡En estos momentos en los que tenemos el agua al cuello! Pero, ¿qué país es este?, ¿qué patria es la mía?

Si el presidente del gobierno español hubiese dicho sobre el coronavirus lo que afirmó el primer ministro británico Boris Johnson (o Bolsonaro, o Trump, o López Obrador o tantos otros…) la oposición le habría crucificado o habría tenido que exiliarse.

Cuando se dice que solo podemos salir de la crisis estando unidos, cuando se pide lealtad hacia las demás fuerzas políticas, cuando se dice que hay que remar en la misma dirección, la oposición suscribe todas esas frases, pero debe entender que la dirección la tiene que marcar la derecha. Hay un pequeño inconveniente: que la ciudadanía no dijo eso. La ciudadanía dijo en las urnas quién tenía que marcar la dirección. ¿Lo entenderán algún día? ¿Estaremos todavía a tiempo?

Para la oposición, el gobierno no hace nada bien y, si alguna cosa hace bien, la hace tarde. Y si la hace bien y a tiempo, la hace para su mayor gloria y no en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas “A usted solo le interesa el poder, a nosotros los españoles”, dice Pablo Casado con un cinismo insoportable. Por eso el PP no se presentará a las próximas elecciones ya que no quiere el poder. Y por eso Sánchez toma decisiones y hace todo lo que hace para los africanos o para los chicos. Los españoles no le importan un bledo. Qué barbaridad. Estoy profundamente escandalizado del comportamiento de la oposición.

Se dice que, cuando esto acabe, habrá que pedir cuentas de cómo se han hecho las cosas. Claro que si. De cómo actuó el gobierno. Pero también habrá que pedir cuentas por la actitud que ha tenido la oposición. Para la oposición el juicio empezó el primer día. Y nunca cesa. Es la hora de la unidad, es la hora de la acción, no del juicio.

He dicho en otras ocasiones y lugares que no me gusta el nombre “la oposición”. Me gusta más “la alternativa”. Porque, cuando se habla de oposición, se puede pensar que el deber es oponerse, sea a lo que sea. Y no. Porque no hay que oponerse a lo que se hace bien. Si se hablase de alternativa, se tendría que hacer hincapié en cómo se habría hecho en el pasado o cómo se haría en el futuro (de forma distinta y mejor que la de quien gobierna). Y los electores sabrán, en la próxima ocasión, por quién deben decantarse.

https://mas.laopiniondemalaga.es/blog/eladarve/2020/04/18/su-suerte-es-nuestra-suerte/

Coronavirus: por qué Portugal tiene un número de fallecidos 32 veces menor que su vecino España (y el inusual papel de su clase política)

miércoles, 8 de enero de 2020

_- Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Garzón, Yolanda Díaz y Manuel Castells serán los ministros de Unidas Podemos. El coordinador de IU asumirá la cartera de Consumo con competencias en materia de juego

_- Unidas Podemos entrará con fuerza en el Consejo de Ministros si este martes sale adelante la investidura. El partido de Pablo Iglesias, que será vicepresidente segundo, liderará carteras del ámbito social. Este domingo se conoció, aunque desde Unidas Podemos aún no confirman los nombres de manera oficial, que el sociólogo y economista Manuel Castells, elegido por En Comú Podem, estará al frente del Ministerio de Universidades y que Alberto Garzón, líder de IU, dirigirá la cartera de Consumo. Sus nombres, sumados a la presencia de Irene Montero como ministra de Igualdad y a Yolanda Díaz, de Galicia en Común, como titular de Trabajo, permiten a Iglesias mantener un ecuánime reparto de poder entre las fuerzas que sustentan a Unidas Podemos.

La prioridad de Iglesias desde que se conoció el preacuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos 48 horas después de las elecciones del 10-N siempre fue la de lograr este equilibrio de poder entre sus socios. Una vez cerrada su presencia en el Gobierno, al frente de una vicepresidencia, el punto de partida de la negociación con el PSOE fue la última oferta de Pedro Sánchez a Unidas Podemos durante la investidura fallida de julio: una vicepresidencia y tres ministerios. Pero ese reparto se quedaba corto.

La presencia de Irene Montero nunca estuvo en duda, así como la de Yolanda Díaz. Díaz, aunque es militante de IU, nunca fue vista como cota de poder del partido liderado por Garzón y su elección, de hecho, parte del propio Iglesias. La próxima ministra de Trabajo si el martes sale adelante la votación para investir a Sánchez es muy cercana a Podemos y, sobre todo a su líder, con el que mantiene una relación muy estrecha.

El tercer ministerio que estaba previsto desde el inicio fue el de Universidades, cuya elección del titular el propio Iglesias delegó personalmente en Ada Colau y Jaume Asens, según fuentes del partido.

La negociación para arrancar a Sánchez un cuarto ministerio cumplía para Podemos dos objetivos primordiales. En primer lugar la de ampliar las competencias bajo su manto al considerar que los ministerios ofrecidos estaban "desgajados" tras la decisión de Sánchez de retirar a la cartera de Trabajo las competencias en Seguridad Social y a Ciencia las de universidades. Y en segundo lugar, pero no menos importante, la de poder situar a Alberto Garzón dentro del Consejo de Ministros y dar así su cota de poder a IU.

En este año protagonizado por el bloqueo político y las citas electorales, la relación entre Podemos e IU tuvo sus altos y bajos. En el verano, tras la investidura fallida de julio, Garzón amagó con romper la línea mantenida por Unidas Podemos desde el principio de la negociación con el PSOE después de las elecciones de abril: la apuesta por el Gobierno de coalición. La amenaza de una segunda cita electoral llevó al líder de IU a deslizar la opción de una abstención de Unidas Podemos para facilitar la investidura de Sánchez. La disensión del líder de IU no fue más allá. A mediados de agosto, Iglesias reunió a la mesa confederal, en la que están presentes todas las fuerzas de confluencia, para explicar su postura de cara al pleno de investidura de septiembre. Desde entonces no ha habido voces disonantes. Todas las fuerzas de Unidas Podemos cerraron filas en torno a la idea de la coalición, incluso durante la campaña electoral de noviembre, en la que Iglesias repitió hasta la saciedad aquello de "las cosas importantes no siempre salen a la primera"

Una apuesta a todo o nada que nunca se vio tan lejos como cuando resultó que estaba más cerca: tras las elecciones del 10-N. Sánchez e Iglesias se enfrentaron esa noche electoral a unos resultados amargos para los dos, en los que ambos perdían diputados. Si en julio, con unos números mucho más amables, las cosas se torcieron hasta casi el insulto y los vetos personales —Sánchez cerró a Iglesias su entrada en un hipotético Gobierno de coalición— con menos diputados y mayor dependencia de otros partidos la situación parecía entonces mucho más compleja. No fue así. Esa misma noche empezó el intercambio de mensajes por el móvil y apenas unas horas después ambos líderes se sentaban para empezar a negociar el que será el primer Gobierno de coalición de España desde la Segunda República si este martes Sánchez logra su objetivo.

https://elpais.com/politica/2020/01/05/actualidad/1578225847_619783.html?rel=listapoyo

domingo, 18 de agosto de 2019

Un gobierno de izquierdas, ya

10 agosto, 2019
Diversas plataformas políticas y sociales han publicado un manifiesto titulado “Queremos un gobierno de izquierdas”. Pertenezco a uno de los grupos firmantes como es “El foro de Sevilla”, integrado mayoritariamente por profesores universitarios y que viene levantando su voz de forma contundente y reiterada por otra política educativa.

Recojo a continuación la parte sustantiva de ese Manifiesto, que suscribo íntegramente. Hace falta un gobierno, no cualquier gobierno a nuestro juicio. Hace falta un gobierno de izquierdas, que es lo que ha demandado la ciudadanía en las últimas elecciones.

“La organización y acuerdos desarrollados entre grupos afines, pero también diferentes, no se pueden ver defraudadas por la falta de cesión y entendimiento de los partidos políticos de izquierdas. Siempre hemos contado con el PSOE, PODEMOS, IU y Esquerra Republicana, porque comparten en lo fundamental su defensa de la escuela pública y su rechazo a la LOMCE, auténtico ataque a una educación democrática, plural y laica. Sabemos que la incapacidad para lograr un acuerdo que suponga un gobierno de izquierdas nos conducirá a unas nuevas elecciones que nos llevarían a un gobierno de los partidos conservadores o, en todo caso, a una situación similar a la actual. Por eso, persistimos en la necesidad de que la izquierda llegue a un acuerdo, o de lo contrario todo el trabajo, todos los apoyos y toda la esperanza en una educación progresista que restituya la democracia y equidad en nuestro sistema educativo sufrirán un serio revés.

No es nuestra labor hablar sobre la fórmula del acuerdo imprescindible, pero creemos que los partidos políticos pierden la perspectiva sobre el bien común y el interés de la ciudadanía, que sería conseguir que todos los niños y niñas tengan, desde el nacimiento, el mismo derecho a una educación de calidad y eso solo se consigue con una escuela plural y pública y con una inversión educativa adecuada que proporcione las plazas públicas necesarias, el profesorado y profesionales de la educación y las condiciones materiales suficientes para un sistema educativo que garantice la inclusión educativa.

La educación se está privatizando (la inversión pública dedicada a conciertos aumentó un 28,4% en 10 años mientras el gasto por estudiante en centros públicos se reducía un 7,5%) y la enseñanza de la religión sigue aumentando en la escuela pública y concertada, negando el derecho de libertad de conciencia al alumnado. Con la LOMCE y las políticas llevadas a cabo en los últimos años los currículos se estandarizan y los colegios compiten entre sí para conseguir los mejores alumnos y alumnas creando un sistema educativo segregado por niveles sociales (España ocupa en segregación escolar la quinta posición por la cola de la OCDE y la antepenúltima de los países de la OCDE en Europa), que solo conduce a la desigualdad y al fracaso escolar.

Necesitamos un gobierno de izquierdas para una nueva ley de Educación que asuma lo aprobado por toda la izquierda parlamentaria en la Comisión de Educación de febrero de 2018, en cuanto a la derogación de los Acuerdos concordatarios de 1979, que nos sitúe en un sistema educativo laico y, además, una ley que establezca que los poderes públicos dejen de financiar las escuelas con ideario propio.

Por todo esto reclamamos la conformación de un gobierno de izquierdas que asuma un compromiso por la educación pública, plural, laica y democrática que requiere la derogación de la LOMCE, el aumento de la financiación educativa y la construcción de una nueva ley educativa consensuada por las fuerzas políticas progresistas, sociales y la comunidad educativa”.

Hasta aquí el Manifiesto, que se ha difundido por la redes para conocimiento público.

La propuesta de la derecha de que el partido socialista presente un candidato diferente a Pedro Sánchez es claramente antidemocrática. Ha ganado las elecciones el partido socialista con ese candidato al frente de la formación. Eso es lo que ha votado la ciudadanía.

Cuando el Rey demanda acuerdos entre los partidos políticos para que no se repitan las elecciones está interpelando a todos, no solo a a Pedro Sánchez. Pero escucho a la derecha decir que es Pedro Sánchez el principal o el único que debe sentirse aludido. ¿Cómo puede sostenerse una postura tan cínica? Bastaría con que Ciudadanos se abstuviese en la votación de investidura. De esa forma se podría formar gobierno.

Hay más, con la abstención de Ciudadanos o del PP se conseguiría, según sus desgarradoras lamentaciones al respecto, evitar el pacto con los nacionalistas y los proetarras, que tan decididamente condenan. ¿Por qué no evitan algo tan pernicioso teniendo tan fácil solución en sus manos?

¿Cómo es posible que la izquierda no se ponga de acuerdo siendo tan necesario para el país? Repetir las elecciones sería un fracaso democrático. Después vendrían las inculpaciones: Ha sido por culpa… de los demás, siempre de lo demás.

El partido socialista (ya sé que no con el apoyo unánime de la izquierda) se abstuvo en la votación de investidura de Mariano Rajoy, propiciando un gobierno de derechas. Había que salir del bloqueo y apoyar al partido más votado.

Quienes tanto desean hacer por la nación todo lo posible, quienes se declaran tan patriotas, se muestran inflexibles en una postura que hace imposible salir del bloqueo. Preferirían que se repitiesen las elecciones. Quizás pudiesen sumar las tres derechas los votos necesarios para gobernar. Porque Ciudadanos le tiende un cordón sanitario al Partido Socialista, pero no se lo tiende a VOX. Vivir para ver. No, por Dios. Se acabó el bipartidismo. Es necesario pactar. Es decir, es necesario ceder. Necesitamos un gobierno de izquierdas, ya. Como ha exigido el electorado.

https://mas.laopiniondemalaga.es/blog/eladarve/2019/08/10/un-gobierno-de-izquierdas-ya/

jueves, 19 de julio de 2018

_- Una visión desde Colombia. Fuera pinochos, corruptos y lameculos: De Aznar a Rajoy

_- Manuel Humberto Restrepo Domínguez
Rebelión

Aznar, el rejuvenecido hombre representativo de la ultraderecha occidental, gobernó a España con el ímpetu del general franco y la debilidad del inexperto. Lo tomaron por sorpresa grandes fenómenos de alto impacto político y social, que intentó resolver con mentiras que al final lo llevaron al fracaso y le valieron su ridiculización con el apodo de pinocho, que cada vez que hablaba le crecía la nariz. Aznar gobernaba mal y ponía en riesgo la joven democracia española, la empujo hacia la derecha, celebraba con el Opus Dei los homenajes a Escrivá de Balaguer, promovió la economía inmobiliaria que provoco la burbuja que desbarató el sistema productivo y recortó las garantías a derechos y libertades. La imagen del hombre fuerte que quería mostrar se diluía con la del hombre atemorizado y autoritario, pero sumiso al imperio estadounidense de Bush al que apoyó en contra del pueblo español en la invasión de Irak y por el que humoristas y caricaturistas le inventaron la figura del “lameculos”.

Aznar enfrentó el derrame de 60.000 toneladas de fueloil del barco Prestige, lo que provocó uno de los mayores siniestros ecológicos marítimos, que quiso ocultar con mentiras. Cuando empezó el derrame, en vez de encarar el problema y buscar solución la orden fue empujarlo hacia altamar para esconder la realidad, que cobró una inesperada movilización de solidaridad de cientos de miles de jóvenes de todos los lugares tratando de deshacerse de la mancha tediosa, babosa y creadora de muerte (noviembre de 2002). El Gobierno por mentiroso hizo el ridículo. Cuando creía que todo estaba en el olvido y la sociedad estaba en calma, llegaron las multitudinarias manifestaciones de No a la guerra contra la intervención en Irak y poco después los atentados de la central de trenes de Atocha (11de marzo de 2004) que dejaron 192 muertos y 1.824 lesionados, aparte del impacto psicológico y moral en una sociedad que vivió una guerra civil y no quería repetir ese dolor. En complemento llegaron las nuevas mentiras de Aznar, que señaló apresurado a ETA y la sociedad no se lo creyó y volvió a salir a las calles, se juntaron miles de voces y se marcó el fin del pequeño “lameculos”. El legado de Aznar, a Rajoy, quedo en la imagen de corrupción de 12 de los 14 ministros que formaron parte de su Gobierno imputados, encarcelados o implicados en asuntos judiciales escabrosos. Situación comparable al régimen Uribe y lo que se esperaría de la fiel continuidad del sucesor Duque.

Después del gobierno de Rodríguez Zapatero la ultraderecha regresó al poder con Mariano Rajoy, que avanzó en la tarea inconclusa de Aznar, mientras este con Andrés Pastrana organizaba un frente de injerencia para influir en América Latina, que daba un giro a la izquierda. Rajoy durante el Gobierno de zapatero no dejo de hablar un solo día en los medios (como Uribe en el gobierno de Santos), era el jefe de la oposición y el mas inconexo e incoherente hombre mediático de la política que decía cosas como que sí, pero que mejor de pronto o que no pero que bueno, o que si algo funcionaba era porque podría funcionar y de toda cosa política decía lo contrario. De incoherencia a incoherencia, de mentira en mentira, de engaño en engaño se posiciono de primero hasta ser presidente. Después de siete años, lo sacan del Gobierno, con la misma facilidad con la que el aprobó los golpes de Estado por vía de la ley contra los presidentes de Honduras, Paraguay y Brasil. Así salió, deja el palacio, sin himnos ni vítores como lo hubiera querido, sin pena ni gloria, como uno más sin otro legado que corrupción. No hubo ríos de sangre, ni escandalo, salió como salen los mentirosos.

Bienvenida la nueva etapa que ojalá sea de restauración de la democracia, la vuelta a la libertad de los presos políticos de Cataluña y la recuperación de la España próspera, que habla y practica derechos y cuya democracia es ejemplo para apoyar a demócratas y defensores de la vida y de la paz y condenar criminales, a esos, a los verdaderos que se ocultan entre engaños. Mala noticia global para el proyecto Uribe-Duque, Pastrana y las ultraderechas de América latina, de Macri, Temer y otros que extrañarán el modelo de la reconquista de la que ellos son encomenderos y lameculos. Aznar-Rajoy, duros y autoritarios como el General Franco pero débiles y ridículos como el pobre pinocho malherido.

viernes, 1 de junio de 2018

ÚLTIMA HORA!!! SÁNCHEZ, PRESIDENTE. El líder del PSOE gana la moción de censura contra Rajoy al superar los 176 votos necesarios en el Congreso y se convierte en el séptimo presidente del Gobierno de la democracia.

Editorial de El País Un Gobierno inviable

La moción desalojará a Rajoy, pero no generará más estabilidad política

(¿Es un anuncio de la guerra abierta contra un gobierno que no será del agrado de los poderosos? Por lo pronto el montaje artificial de Ciudadanos no ha tenido el éxito esperado y los movimientos populares desde el 15 M logran una "pequeña" victoria que ha sido desalojar al PP de Rajoy. Y sabemos que la estabilidad es un factor que se crea, se destruye y se dirige desde las fuentes del poder real y en la sombra mediante los medios y otras muchas manipulaciones y grupos de presión.)

miércoles, 4 de abril de 2018

_- Juan Torres López. Vertebrar España.

_- Juan Torres López y Roberto Viciano Pastor.
Ctxt.

Es imprescindible que exista el compromiso inequívoco de la gran mayoría de los españoles con un proyecto común de España, de nuestra España diversa, sin matices ni evasiones

LUIS GRAÑENA I

No hace falta decir que la situación que se está viviendo en Cataluña desde hace tiempo y que ha empeorado en los últimos meses sigue siendo realmente grave y peligrosa para la convivencia pacífica, no sólo entre la población catalana sino para el conjunto de los españoles. A corto plazo no hay salidas claras y nos parece muy ingenuo creer que el conflicto se puede resolver imponiéndose una parte (aunque fuera mayoritaria o tenga la legitimidad que tiene el Estado de derecho) sobre la otra (por muy minoritaria que fuera, que ni lo es ni lo va a ser).

Ahora bien, que en Cataluña se haya podido extender en tan gran medida la convicción de que una parte de la población, ni siquiera mayoritaria, puede imponer a la otra nada más y nada menos que la independencia, es decir, que haya brotado (y en tan poco tiempo) una dinámica tan totalitaria y excluyente no puede ser el simple resultado de procesos internos. También han debido influir los modos en que se ha planteado la relación y la convivencia de Cataluña y los catalanes con el resto de los españoles y con el conjunto de España.

A nuestro juicio, lo que ha sucedido es que el modelo del Estado de las Autonomías diseñado en la Constitución de 1978 ha llegado a un nivel de degeneración próximo a la insostenibilidad. Eso ha ocurrido, para colmo, en una coyuntura muy compleja: cuando los grandes partidos sobre los que ha pivotado nuestra democracia en los últimos cuarenta años (PP, PSOE y nacionalistas catalanes) entraron en barrena al no poder seguir tapando la corrupción que ha generado su gestión ni las vergüenzas del modo en que han gobernado la reciente crisis económica (sobre todo, CiU en Cataluña), y porque los partidos que nacieron como respuesta (Podemos y Ciudadanos) no supieron aprovechar las últimas elecciones generales para convertirse en ejes de la regeneración institucional que reclama la sociedad española.

II

La existencia de tensiones territoriales, como las de ahora, ha sido una constante a lo largo de nuestra historia y las diferencias entre nuestros pueblos es un hecho innegable que ha generado siempre fuerzas disgregadoras. Pero las respuestas, como en los últimos tiempos, no siempre han ido, desgraciadamente, en la línea de integrar y unirnos solidariamente en la diversidad.

La mayoría de las derechas españolas contempla el nacionalismo periférico según el estereotipo que describió magistralmente José Ortega y Gasset en su España invertebrada,como “un movimiento artificioso, extraído de la nada, sin causa ni motivos profundo”. De modo, seguía diciendo el filósofo madrileño, que hablar de regiones, de pueblos diferentes, de Cataluña, de Euskadi, parecería entonces como “cortar con un cuchillo una masa homogénea y tajar cuerpos distintos en lo que era un compacto volumen”.

Las izquierdas españolas, por su parte, sirvieron de contrapeso de los nacionalismos, del centralista español y de los periféricos, pero solo hasta que los golpistas españoles de 1936 consiguieron, con una magnífica operación de marketing, identificarse con la idea de España.

A partir de entonces “lo español” se convirtió en rasgo de identidad de la dictadura franquista y, como estúpida reacción, las fuerzas de izquierda se situaron enfrente de todo lo que pudiera sonar a España. Asumieron entonces como propias las posiciones identitarias, nacionalistas periféricas e incluso, en algunos casos, independentistas, como si éstas fueran, por oposición, las auténticas expresiones de la libertad y la democracia que la dictadura había pisoteado.

III

La tensión entre dos nacionalismos, uno más fuerte y cargado de vestigios imperiales y otro más débil y en expansión, pero ambos igual de excluyentes entre sí, impidió el nacimiento en democracia de un auténtico proyecto nacional de todos los españoles.

Sin ese proyecto, temerosos todos ante los embates del terrorismo nacionalista, y confiandos en que el nacionalismo moderado de la periferia ayudaría a consolidar el Estado democrático, a lo largo de la Transición se articuló una organización territorial de España que podríamos calificar de vergonzante, que no era ni una cosa ni la otra, y que fue diseñándose a golpe de tirones, de negociaciones bilaterales y de remiendos. Desde que se aprobó la Constitución de 1978 se ha venido produciendo una carrera sin fin de peticiones e incluso de chantajes, y la cesión continua de competencias y prebendas financieras por parte del Estado y de los partidos de ámbito estatal para evitar la activación de la agenda independentista de los nacionalismos vasco y catalán.

Con ese método de diseño y desarrollo, nuestro proceso de organización territorial ha terminado produciendo una descentralización asimétrica o incluso deformada y en constante proceso de reconfiguración. No llega a lo federal pero tiene componentes de confederación (régimen foral); tiene una enorme descentralización de las competencias y el gasto pero es muy dependiente del centro en el ingreso; la autonomía es muy amplia pero hay una escasa capacidad de codecisión y los mecanismos de interrelación entre las diferentes instancias de gobierno son muy débiles o casi inexistentes. Y, lo que resulta más importante, el Estado de las Autonomías no ha permitido que se cumpla el primer precepto que señala la Constitución en relación con la organización territorial del Estado en su artículo 139.1, que “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.

Para llenarse de contenido, las Comunidades Autónomas han exagerado su actividad normativa (785.000 páginas de nuevas leyes y reglamentos solo en 2016), creando un marasmo legal que dificulta la actividad económica y la necesaria unidad del mercado, que ha multiplicado innecesariamente la burocracia e inducido a la corrupción. Sin suficientes mecanismos de control y rendición de cuentas y en un marco de competencias duplicadas y mal diseñadas, las autonomías han generado un gasto y una deuda excesivos que no siempre han redundado en la mejora de los niveles de vida. El sistema de financiación autonómico ha tenido un diseño inadecuado y muy imperfecto que se ha resuelto siempre a base de competencia entre territorios, no siempre leal ni corresponsable. Y las competencias educativas y de medios de comunicación autonómicos se han utilizado, en demasiadas ocasiones, para fomentar la ideología nacionalista y el resentimiento y enfrentamiento entre las comunidades, en lugar del respeto, la concordia y la fraternidad entre las personas y los pueblos.

La consecuencia de todo ello ha sido paradójica: no solo no se ha podido evitar la puesta en marcha de la agenda independentista, sino que ésta se alimenta del mal diseño de nuestra organización autonómica y termina activándose, en el marco de un aumento de la inequidad y la desigualdad entre los españoles y entre nuestros territorios, y cuando el desarme de medios y competencias que sufre la administración central deja al Estado en situación de extrema debilidad (el alojamiento de las fuerzas de seguridad desplazadas a Cataluña en estrambóticos cruceros es una expresiva muestra de ello).

IV

La respuesta a la situación de crisis que estamos viviendo no puede ser la de volver a reproducir la lógica extremista del péndulo, como está tratando de hacer el Partido Popular (“ahogarlos por directa estrangulación: persiguiendo sus ideas, sus organizaciones y sus hombres”, escribió Ortega y Gasset). Tampoco la de exacerbar el nacionalismo español más rancio e igualmente totalitario que vuelve a confundir a toda Cataluña y a los catalanes en su conjunto con el independentismo. Igual de inútil es tratar de moverse en tierra de nadie o querer contentar a todos sacando recursos de donde no los hay, como hacen las izquierdas que siguen teniendo miedo incluso a mencionar el nombre de España. Ni vale el más de lo mismo, estirando el modelo actual mal diseñado, o tratar de multiplicar el número de naciones como si fueran piñones en una especie de café para todos elevado a la enésima y más absurda de las potencias. Nada de eso puede resolver nuestros problemas de ahora.

Por el contrario, nos parece que ha llegado el momento de enfrentarnos democráticamente, con serenidad, con generosidad y con rigor al asunto central que los españoles no pudimos contemplar abiertamente en 1978, quizá porque era materialmente imposible hacerlo en la situación en la que estábamos entonces, con la correlación de fuerzas y con la natural desconfianza mutua de aquel momento.

Es la hora de invertir el orden de las cosas. Ni se puede creer que la solución de los problemas territoriales de España puede venir de la recentralización, por muy de nuevo cuño que fuera, ni podemos continuar haciendo concesiones ad infinitum y continuos remiendos en el diseño del Estado Autonómico. Hay que comenzar, en primer lugar, por analizar rigurosamente lo que ha fallado. En segundo lugar, habría que consensuar el proceso que puede permitir que se plantee y resuelva democráticamente el problema básico de la legitimidad, efectiva y no solo formal, del proyecto común de España. Para ello es imprescindible que exista lo que a nuestro juicio hay que reconocer que no se ha logrado de modo real a causa del mal diseño del Estado de las autonomías: el compromiso inequívoco de la gran mayoría de los españoles con un proyecto común de España, de nuestra España diversa, sin matices ni evasiones. Un compromiso que creemos que en estos momentos solo puede venir de una refundación basada en la libre voluntad de los pueblos que componen nuestra Patria, sustituyendo la remota fundación por vía de guerras y de matrimonios dinásticos por una democrática en la que todos los pueblos de España, en plano de igualdad, puedan decidir si mantienen el proyecto común o lo abandonan, pero eso sí, con todas sus consecuencias para todos.

Vascos y catalanes, pero también el resto de los españoles, deberíamos decidir si estamos dentro o fuera. Y si los pueblos de España, como es de esperar, deciden libremente integrarse en la soberanía nacional española lo tendrán que hacer en plano de igualdad con el resto de los ciudadanos y pueblos de España, sin más hechos diferenciales que los estrictamente culturales, entendiendo que cualquier ser humano, sea cual sea su peculiaridad cultural o lingüística, tiene unos mismos derechos y unas mismas obligaciones, dejando atrás mecanismos feudales de articulación política y afrontando los graves problemas de futuro que tiene la España del siglo XXI, no sólo en el interior sino en nuestro entorno geopolítico.

Solo así nos parece posible lograr el rediseño del Estado que garantice lo que hasta ahora no hemos conseguido: que todos los españoles, siendo tan diferentes, tengamos igual derecho de acceso a los bienes y servicios públicos y que contribuyamos a sufragarlos en condiciones de equidad. Por ejemplo, disponiendo de un sistema de salud y cuidados nacional que permita atender las necesidades de todos los españoles de manera igualitaria, inmediata y sin obstáculos en cualquier parte del territorio nacional, o de un sistema educativo estatal que, preservando la educación en lenguas y tradiciones de los diferentes pueblos de España, contenga un pensum detallado común a todos los españoles y asegure el perfecto conocimiento del idioma vehicular común. Que garantice algo tan esencial como la coordinación y subordinación de las policías autonómicas con las fuerzas de seguridad del Estado que permitan una mayor eficacia y seguridad a todos los españoles; o que dispongamos de instituciones y mecanismos que permitan la coordinación efectiva, la codecisión y la solidaridad en la práctica entre todas las instituciones de nuestros diferentes territorios.

Somos conscientes de lo irreal que puede parecer este planteamiento en la situación en la que estamos, en medio de una gran crisis de confianza en las instituciones, de enfrentamiento entre diferentes poderes del Estado, abochornados por la corrupción, sin habernos recuperado del todo de la crisis económica, y con los partidos políticos fuertemente enfrentados e incapaces de generar alianzas o consensos de amplio calado. Pero ¿quién puede creer de verdad que un problema tan grave se resuelve solo con reformas de tercer nivel, por inercia, escapando o ganando votaciones por los pelos para huir hacia adelante, sin consenso y sin el apoyo de una mayoría social amplísima y verdaderamente transversal?

Es imprescindible el impulso ético ciudadano que lleve al parlamento y al gobierno, como preferencia de la mayoría social más amplia posible, verdaderamente transversal, la demanda de un consenso nacional profundo y de unidad.

Como dijo el ya mencionado Ortega, lo que impulsa y nutre la creación de auténticas naciones no es la fuerza, ni obligar y ni siquiera el convencer, sino “un proyecto sugestivo de vida en común”. Esto es lo que de verdad tendríamos que poner en marcha todos los españoles sin distinción, quizá recordando la máxima del sabio Albert Einstein: si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

Roberto Viciano Pastor es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.

Fuente: http://ctxt.es/es/20180314/Firmas/18463/Juan-Torres-VIciano-Pastor-Espa%C3%B1a-Politica.htm

sábado, 25 de marzo de 2017

_--¿Trama? ¿Qué trama?

_--El Marqués de Villar Mir, en su despedida de la presidencia de OHL, declaraba: “Podemos no cabe en un gobierno, sería un desastre”. El neomarqués sabía bien lo que decía porque conoce bien nuestro objetivo: desarticular la trama para tener un país más justo y democrático.

¿Quiere usted saber qué es la trama? Lea el libro de Rubén Juste “Ibex 35. Una historia herética del poder en España”. Pero si 300 páginas le parecen mucho, le propongo que lea estas breves 700 palabras.

Para acercarse a la trama abra el grifo de su casa. Es probable que el agua que salga sea distribuida por Aqualia; Aqualia pertenece a la constructora FCC; FCC ya no es de las Koplowitz, ahora es de Carlos Slim, magnate mexicano que ha sabido hacer negocios en España gracias a su amigo Felipe González. ¿Quiere que el agua salga caliente? Entonces dependerá usted de las empresas de energía, responsables de que en España la factura de la luz y del gas sean de las más caras de Europa. Todas ellas tienen políticos en sus consejos de administración. Unos ejemplos rápidos: Miquel Roca, de Convergencia y abogado de la infanta Cristina, está en Endesa; Cristina Garmendia, ministra de Zapatero, en Gas Natural; Ángel Acebes, ministro de interior de Aznar durante el 11M, en Iberdrola.

¿Quiere usted saber más de la trama? Escuche a Francisco Correa, jefe de la Gürtel, diciendo que las constructoras OHL y ACS fueron las más beneficiadas en la era Aznar gracias, según él, a los pagos que hacían al PP. ACS fue además récord de España 2013 en número de filiales en paraísos fiscales (171 nada menos). OHL hasta hace unos meses estaba presidida por el Marqués de Villar Mir (nació sin sangre azul, pero Juan Carlos I le concedió el marquesado en 2011). El neomarqués de niño estudió en Colegio El Pilar y de mayor fue ministro de Hacienda antes de que en España se pudiera votar

¿Sigue usted queriendo saber qué es la trama? Acuérdese de las casi 3000 viviendas del IVIMA entregadas por Ignacio González, heredero de Esperanza Aguirre (condesa de Bornos), a Goldman Sachs por debajo del precio de mercado ¿Sabe quién trabaja para Goldman Sachs? Claudio Aguirre, primo de la condesa ¿Sabe quién asesora a Goldman Sachs para sus compras en España? La consultora Aguirre-Newman de la que es director de Investment Management Fernando Ramírez de Haro Aguirre (sí, el hijo de la condensa).

¿Quiere saber más de la trama? Recuerde aquel email que escribió José María Aznar Botella a Miguel Blesa en 2009: “Con los pelos que se ha dejado (mi padre) por ti, es impresentable lo que has hecho”. El hijo de Aznar y Botella quería vender a Caja Madrid una colección de pinturas por 54 millones, pero la caja la había tasado en solo 3. Aznar Botella tiene también entre sus méritos haber facilitado los negocios en España del fondo americano Cerberus (liderado por destacados miembros del Partido Republicano y del clan Bush, viejos amigos de su padre) pero no fue el primero en hacerlo ¿Quiere saber quién introdujo a este fondo en España? Oleguer Pujol (sí, el hijo de Jordi Pujol) que les facilitó que compraran la sede madrileña de PRISA (sí, del grupo PRISA) en Gran Vía 32.

¿Aún quiere saber más? Acuérdese de Botín librándose de 38 delitos fiscales porque la fiscalía no le acusó de nada (el Tribunal Supremo llamó a esto “doctrina Botín", otros lo llaman “mafia del canapé”). Botín siempre tuvo buen rollo con ZP. Tan bueno que ZP indultó a su consejero delegado Alfredo Sáenz. ¿Sabe usted quién es primer accionista del Santander? Blackrock. No le suena ¿verdad? Se trata de la mayor empresa de activos financieros del mundo. Son expertos en opacidad. Tanto que el New York Times los llama “el gigante silencioso”. Son también el primer accionista del BBVA y de Telefónica. Están también en Mediaset, Aena, Repsol, Iberdrola, Acerinox y hasta en los supermercados DIA. También asesoran gobiernos. Su presidente Larry Fink llegó a decir: “Hay que educar a la población europea para que vote al líder correcto que tome las medidas correctas”.

Por último ¿Quiere de verdad saber qué es la trama? El 21 de junio de 2016, a pocos días de que se votara en España, el Marqués de Villar Mir, en su despedida de la presidencia de OHL que dejaba a su hijo, declaraba: “Podemos no cabe en un gobierno, sería un desastre”. El neomarqués sabía bien lo que decía porque sabe que la trama es un bloque de poder que para mantener sus privilegios necesita que la mayor parte la población siga cargando con los costes de esos privilegios. El neomarqués sabía bien lo que decía porque conoce bien nuestro objetivo: desarticular la trama para tener un país más justo y democrático.

http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Trama-trama_6_621597851.html