_- El Gobierno afronta otra semana decisiva en el Congreso con tres medidas clave para su supervivencia. El Parlamento vota los Presupuestos, los impuestos a las grandes compañías y la reforma de la sedición.

_- El Gobierno y ERC se han afanado por desvincular la reforma del delito de sedición de los Presupuestos Generales del Estado, pero ambas cuestiones irán juntas a votación el próximo jueves en el Congreso. Tras unos días bajo la borrasca por la controversia política sobre la propuesta de modificación del Código Penal —que beneficiará directamente a los encausados por el procés independentista catalán— y la polémica aplicación de la ley del solo sí es sí, el Ejecutivo afronta una semana decisiva para su supervivencia. Y, aunque quedan algunos cabos sueltos, todo hace presagiar que una vez más quedará patente que este es un Gobierno con una mala salud de hierro: pese a la precaria situación parlamentaria del Ejecutivo y a sus tensiones internas, Pedro Sánchez tiene las cartas en su mano para salir airoso de otra votación clave.

El Congreso vivirá desde este lunes la semana más frenética del año. Comienza el debate final de los Presupuestos, con la comparecencia durante tres días de todos los ministros, antes de la votación final, el jueves. Ese día, la Cámara se pronunciará además sobre la ley que crea impuestos extraordinarios a grandes compañías y fortunas, aprobado la semana pasada en comisión tras suavizar algunas de las medidas sobre las empresas energéticas. Y todo eso coincidirá con el primer debate parlamentario sobre la supresión del delito de sedición, una de las grandes líneas de ataque de la oposición.

Los votos para dar luz verde a la propuesta de reforma de la sedición —que elimina este delito del Código Penal y crea a cambio un delito de desórdenes públicos agravados— están garantizados, a la espera de un trámite posterior que puede resultar más conflictivo por la anunciada iniciativa de ERC de plantear que se rebajen también las penas por malversación. Esta posibilidad, que desagrada incluso a aliados del Gobierno, ha contribuido a encender más los ataques de la derecha.

Seis circulares de la Fiscalía en los últimos 25 años vetaron la revisión de determinadas penas por cambios de la ley La norma del ‘solo sí es sí’ carece de la disposición transitoria de las anteriores reformas del Código Penal ERC aún no ha confirmado su apoyo a los Presupuestos y, de hecho, el pasado jueves se abstuvo cuando se votó en comisión la propuesta que irá a pleno. Lo mismo ha hecho EH Bildu, que afirma que aún negocia algunos asuntos pendientes. En privado, tanto fuentes del Gobierno como de las dos fuerzas políticas coinciden en que habrá acuerdo.

El otro gran aliado de Sánchez, el PNV, confirmó este domingo su voto favorable a los Presupuestos. “Hemos conseguido aprobar nada menos que el 70% de nuestras enmiendas”, resaltó su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, en San Sebastián. El grupo nacionalista ha pactado que se renueve el cupo vasco, junto a inversiones adicionales de 70 millones para su comunidad. El PNV aún tratará de sacar adelante alguna propuesta más, al igual que el PDeCAT, cuyos cuatro valiosos diputados tampoco han anticipado su posición.

Faltan por cerrar algunos flecos con Más País, Compromís, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe. Con respecto a las mayorías que permitieron sacar adelante los dos Presupuestos anteriores, el Gobierno ha incorporado un nuevo apoyo, el de Coalición Canaria, que no participaba del llamado bloque de investidura. Las dos diputadas de esa formación aprobarán por primera vez las cuentas de Sánchez, tras arrancar medidas como la gratuidad de bonos de transporte para autobús y tranvía en las islas.

Impuestos extraordinarios
El tercer gran examen de la semana para el Gobierno es el de la medida que se ha presentado como el símbolo del giro a la izquierda del Gabinete: los impuestos extraordinarios a las compañías energéticas, la banca y las grandes fortunas. El Ejecutivo ha hecho concesiones a los dos partidos situados en el campo más centrista de sus apoyos parlamentarios, PNV y PDeCAT, lo que propició que saliese de la comisión un texto suavizado. Socialistas y Unidas Podemos aceptaron enmiendas de esos grupos que permiten a las energéticas excluir del pago de los gravámenes a la parte de su negocio sometida a precios regulados y a sus actividades en el extranjero.

El proyecto sobre los nuevos impuestos muestra el juego de equilibrios del Gobierno tratando de contentar a la vez al PNV y al gran competidor electoral de este, EH Bildu. Ambas formaciones reclamaban que en Euskadi y Navarra los gravámenes sean recaudados por sus respectivas haciendas forales. El Ejecutivo lo asumió, pero pactándolo con Bildu, no con el PNV, un gesto para favorecer el apoyo de la izquierda abertzale a los Presupuestos.

La apresurada tramitación de la ley sobre los nuevos impuestos ha estado rodeada de controversia. No solo la oposición, también PNV y PDeCAT han deplorado las prisas del Ejecutivo. Ante las protestas de varios grupos, el Gobierno tuvo que rectificar en 24 horas su decisión inicial de vetar todas las enmiendas presentadas —incluida la que finalmente se aprobó para suavizar las condiciones a las energéticas— alegando que distorsionaban los ingresos previstos en los Presupuestos aún sin aprobar. Las protestas arreciaron ante el hecho de que el impuesto a las grandes fortunas no figurase en el texto inicial, sino que se incorporase en una enmienda, lo que impidió que los demás grupos la pudiesen enmendar a su vez. No ha sido la derecha la única en descalificar esta maniobra. “Es una perversión del sistema”, lamentó Ferran Bel, portavoz del PDeCAT.

Si no se produce una sorpresa mayúscula, las cuentas y los nuevos impuestos pasarán después al Senado y regresarán al Congreso para su aprobación definitiva en los últimos días del año.

_- 120 juristas denuncian una “manipulación pocas veces vista” en la actuación de la justicia en el caso catalán.

_- El Salto

Más de un centenar de juristas, entre ellos 30 catedráticos de Derecho Penal de todos los rincones del Estado, cuestionan las formas y el fondo legal de las decisiones de la Justicia en el conflicto entre España y Catalunya.

120 juristas han firmado un manifiesto en el que ponen en cuestión las decisiones judiciales tomadas en el contexto de la que denominan "la crisis política más grave vivida en nuestro país desde el golpe de Estado de 1981”. En concreto, denuncian las decisiones de la Fiscalía General del Estado y la titular del Juzgado Central de Instrucciones nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, unas medidas que han “originado repulsa y seria preocupación en los medios jurídicos españoles”.

Pese a reconocer posibles delitos en la actuación de diversos cargos del Govern y el Parlament catalán, que deben ser “investigados” y “sancionados”, los 120 profesores de Derecho Penal firmantes ponen en duda que el proceso judicial se haya hecho “con observancia estricta de nuestras leyes penales y procesales y respetando en forma exigente el principio de legalidad, de obligatorio cumplimiento”.

El delito de "rebelión"
Una de las principales objeciones desde el punto de vista jurídico es la aplicación del delito de “rebelión” presente en el artículo 474 del Código Penal a muchas de las caras más visibles del referéndum del 1-0. Para estos juristas, un elemento fundamental impide hablar de “rebelión”: la ausencia de violencia.

“Solo conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal puede llegar a afirmarse que los imputados, a la vista de los hechos que se les han atribuido, pudieron realizar este delito, o el de conspiración para la rebelión que requiere un acuerdo conjunto de llevarlo a cabo con esa misma violencia”, argumenta el manifiesto impulsado por los catedráticos de Derecho Penal de las Universidades Carlos III y de Granada Francisco Javier Álvarez García y María Luisa Maqueda Abreu.

Sedición, qué sedición
Otro de los cargos que han llevado a prisión a diez altos cargos del Govern y el Parlament que no tiene sostén jurídico, según los firmantes, es el de “sedición”, recogido en el artículo 544 del Código Penal. Si en el caso de la “rebelión” faltaba el ingrediente indispensable de la violencia, en el caso de la “sedición” falta el “alzamiento tumultuario”, tal como exige la ley. “Y no pueden atribuirse a aquellos sucesos ocurridos con anterioridad o realizados por otras personas distintas, ya que en Derecho Penal rige el principio de responsabilidad personal y sólo cabe juzgar a alguien por sus propios hechos”, apunta el manifiesto.

Qué pinta aquí la Audiencia Nacional
Una de las posibles irregularidades que ha rodeado el proceso judicial desde el principio es si la Audiencia Nacional tiene competencia para juzgar los delitos de “sedición” y “rebelión”. Para estos 120 juristas firmantes no cabe duda: no lo tiene: “Debe decirse con rotundidad que la Audiencia Nacional no es competente para conocer de los delitos de rebelión o sedición, y que tal entendimiento corresponde a la Audiencia Provincial de Barcelona”. Según detalla el escrito, la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 65.1 se refiere a los “delitos contra la forma de Gobierno” como materia propia de la Audiencia Nacional, y en ningún momento, señala el manifiesto, alude a los delitos de rebelión o sedición. En ese sentido, la argumentación de la jueza Carmen Lamela para reclamar su competencia constituye “una manipulación pocas veces vista en el ámbito forense”, denuncian.

Sobre todo porque había un precedente cercano que despejaba cualquier tipo de duda: en el Auto del 2 de diciembre de 2008 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, este órgano dictaminó que la Audiencia Nacional “nunca ha sido competente para el conocimiento del delito de rebelión”. Y lo mismo puede decirse, añaden, del delito de sedición.

Para justificar las razones que explican “esta manipulación pocas veces vista”, los juristas recuerdan que la propia Fiscalía, en el mismo auto de 2008, afirmó que el delito de rebelión “nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de Gobierno (…) por lo que es totalmente injustificado concluir (…) que la Audiencia Nacional posee competencia para su investigación y enjuiciamiento”.

Los juristas firmantes, entre ellos 30 catedráticos de Derecho Penal, no escatiman críticas destinadas a la jueza Lamela: “Resulta preciso, por otra parte, denunciar la falta de mesura de la titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 tanto en la fijación de fechas para prestar declaración (...), como en el dictado de las prisiones preventivas que, sin duda, han sido gravemente desproporcionadas y carentes de suficiente justificación, más allá de abstractas manifestaciones.

Fuente: http://www.elsaltodiario.com/independencia-de-catalunya/120-juristas-denuncian-una-manipulacion-pocas-veces-vista-en-la-actuacion-de-la-justicia-en-el-caso-catalan