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lunes, 7 de mayo de 2018

El blindaje constitucional de la educación concertada.

"No hay arma más peligrosa que el conocimiento en manos del pueblo al que hay que engañar para que no rompa sus cadenas”
(Philippon de la Madeleine, (1734-1818).

En las últimas semanas se ha puesto el foco en las escuelas que segregan por sexo a raíz del reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que no solo avala la constitucionalidad de los colegios que segregan por sexo sino que apoya el blindaje de la LOMCE a los conciertos educativos de este tipo de escuelas y, por ende, a los conciertos educativos en general.

Antes de entrar a comentar el contenido de la sentencia es necesario entender de dónde venimos para darnos cuenta de que el fallo del TC es un retroceso sin precedentes en la garantía del derecho fundamental a la educación.

La razón de ser de las escuelas concertadas
Durante la década de los 80 los conciertos educativos se concibieron como una medida transitoria para dar cobertura a la escolarización universal, ya que la red de escuelas de titularidad pública era insuficiente para cubrir toda la demanda. Era una medida temporal que parecía ganar tiempo para, con el paso de los años, ir consolidando una oferta educativa enteramente pública. Por ejemplo, son muchas las cooperativas de educación que nacieron en la época franquista y que pasaron a ser de titularidad pública en los años posteriores.

Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. En determinadas comunidades autónomas -con Madrid y Cataluña a la cabeza- se fueron naturalizando e institucionalizando los conciertos educativos de las escuelas privadas, aumentando año a año su número a pesar de haber perdido su razón de ser. Dichos conciertos ya no se justificaban por las necesidades de escolarización. Desde 2009, la propia Ley de Educación de Catalunya ya no diferencia entre centros públicos y centros privados, pasando a hablar de sistema educativo sostenido con fondos públicos.

Actualmente nos encontramos ante la paradoja de que muchos centros privados con conciertos educativos no tienen demanda suficiente. Sin embargo, se siguen aumentando las dotaciones y las asignaciones presupuestarias. A la vez, se cierran líneas y colegios públicos, forzando un traspaso de alumnos hacia la escuela privada concertada que luego la administración justifica en la libertad de los padres de escolarizar a los hijos en centros privados (libertad que luego hay que pagar con dinero público).

Los presupuestos públicos están financiando a las escuelas privadas por dos vías: 1) mediante la dotación de conciertos; y 2) mediante las subvenciones públicas.

En Cataluña, los presupuestos confirman la prioridad del gobierno en la financiación de los centros privados. Mientras que el gasto por alumno en la escuela pública se ha reducido un 20,3% desde el curso 2010-2011, el gasto en conciertos educativos es la única partida que en este periodo de tiempo se ha visto incrementada. A lo que hay que añadir las modificaciones presupuestarias no sujetas al control parlamentario, o las subvenciones públicas que reciben los centros privados y que —dicho sea de paso— es imposible contabilizar por la falta de transparencia de la propia administración.

Qué son y cómo funcionan las escuelas concertadas
Las escuelas concertadas son empresas privadas cuyo negocio es la educación. Se basan en los criterios de la oferta y la demanda y, por supuesto, en su propio ideario. Como son centros de titularidad privada no les son aplicables las normas que desarrollan el derecho a la educación, tales como las que regulan el funcionamiento de los centros educativos, los consejos escolares de centro, la regulación y control del profesorado, los comedores escolares, la regulación sobre la escuela inclusiva, y un largo etcétera. De hecho, mientras que en la escuela pública (hasta ahora) las familias tienen derecho a participar con voz y voto en los Consejos Escolares, en la concertada esto no sucede. Mientras que los comedores escolares de las escuelas públicas se rigen por un decreto del gobierno y es la administración quien fija el precio máximo de los menús, en la concertada no sucede lo mismo. Mientras que en los colegios públicos el profesorado accede mediante oposiciones u otro tipo de concursos públicos, en los concertados son los propios centros privados los que escogen a su profesorado mediante sus mecanismos internos. Mientras que en la escuela pública al profesorado se le aplican los procedimientos públicos sancionadores, en la concertada el centro privado es quien se autorregula. Mientras que el acceso a la educación pública es gratuito y universal, en la privada (concertada) hay pago de cuotas mensuales de escolarización y reserva del derecho de admisión. Y estos son solo unos pocos ejemplos.

Lo peligroso de la sentencia que conocimos el pasado 10 de abril no es tanto el blindaje de los conciertos educativos con las escuelas que segregan por sexo como el blindaje de cierto modelo educativo empresarial, basado en la cultura de la organización, en la competencia y en la reproducción de las estructuras patriarcales.

Es la consolidación de la educación como un bien de mercado y no como un derecho fundamental que debe ser garantizado mediante una educación pública, gratuita y universal, con inversiones que, desde una política pública ajena a los vaivenes de los gobiernos, garantice el acceso en condiciones de igualdad de todos los niños y niñas.

El propio TC nos recuerda en la sentencia el derecho de las escuelas privadas a establecer un ideario propio como parte de la libertad de creación de centros, en cuanto equivale a la posibilidad de dotarlos de un determinado carácter o una determinada orientación. Esta especificidad, sigue la sentencia, explica la garantía constitucional de libertad de centros, que no es otra cosa que “una expresión concreta del principio de libertad de empresa que también consagra la Constitución”.

Parece que el TC, en esta última sentencia, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid nos quiere dejar claro el carácter empresarial de los centros privados y la necesidad de protegerlos hasta la última consecuencia. La libertad de empresa estaría por encima del principio de igualdad y no discriminación que consagra el artículo 14 CE.

En Madrid y en Cataluña son muy pocas las escuelas privadas que a día de hoy no estén sujetas a concierto educativo. La mayoría de escuelas privadas concertadas son religiosas, y no sorprende que todas ellas sean católicas.

En España, el 70% de escuelas que segregan por sexo son del Opus Dei y el resto se reparten entre las diferentes Órdenes.

La segregación por razón de sexo no es la única segregación que favorece la escuela concertada. También está la segregación por razones socioeconómicas y por creencias religiosas. En la escuela concertada parece que la única religión válida y digna de estar sometida a concierto económico sea la católica. El TC parece no haberse dado cuenta de la clara preferencia de los poderes públicos por la dotación de conciertos económicos a los centros privados de educación católica en el marco de un Estado aconfesional que, por otra parte, ampara el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con sus convicciones. Se omite que los centros educativos públicos ya ofrecen dicha formación religiosa, pero que a diferencia de los centros privados está abierta a todas aquellas confesiones aceptadas por el Estado. Los alumnos reciben la formación religiosa que los padres escogen.

Segregación por razones socioeconómicas
Hace pocas semanas, el Presidente de la Confederación de Escuelas Cristianas admitía en una entrevista la segregación por motivos económicos en la escuela concertada mediante el pago de cuotas. La solución que proponía era más módulos de conciertos y que el concierto cubriera el cien por cien del gasto para así estar en condiciones de igualdad con la escuela pública. Ahora bien, defendía férreamente la importancia de la titularidad privada y la importancia de mantener su funcionamiento. En pocas palabras, lo que reclamaba era que el gobierno pague los gastos y que ellos se queden con los beneficios.

Es sorprendente la disparidad de los precios de las cuotas entre escuelas concertadas según la población y el barrio donde se encuentren y según su perfil elitista. A las cuotas mensuales hay que añadir el coste del comedor escolar, los libros de texto, el material escolar, el transporte y otros costes que dependen del perfil y actividad del centro privado concertado.

Si bien el propio Tribunal Constitucional recupera la STC 86/85, de 10 de julio (FJ2) para afirmar la dimensión prestacional del derecho a la educación que corresponde a los poderes públicos en las condiciones de obligatoriedad y gratuidad que exige el artículo 27.4 CE, en su argumentación tendente a blindar los conciertos educativos olvida que las escuelas privadas concertadas no son gratuitas para los alumnos que acceden a ellas. Es imposible, desde un punto de vista económico, acceder en condiciones de igualdad, lo que determina una segregación por razones socioeconómicas en el modelo de educación concertada.

En este sentido la financiación de las escuelas privadas va en detrimento del artículo 14 y del artículo 9.2 CE, así como del artículo 27.2 CE. La igualdad real no se puede conseguir si existe desigualdad en el acceso a la educación por razones socioeconómicas, siendo imposible que la educación tenga por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en condiciones de igualdad.

Segregación por razón de sexo y de género
La gran expectativa de la comunidad educativa se concentraba en la valoración por el Tribunal Constitucional del artículo 84.3 LOE, que blinda el modelo de la educación diferenciada y los conciertos económicos con los centros que la imparten.

El TC ampara el artículo 84.3 LOE argumentando que la separación entre alumnos y alumnas en la admisión y organización de las enseñanzas responde a un modelo concreto para el mejor logro de los objetivos comunes a cualquier tipo de enseñanza. Por lo tanto, se trataría de un sistema meramente instrumental y de carácter pedagógico, fundado en la idea de optimizar las potencialidades propias de cada uno de los sexos.

Sorprende el argumento esgrimido porque más adelante explica la sentencia que la educación diferenciada no vulnera los artículos 9.2, 14 y 27.2 CE: la separación por razón de sexo no llevaría implícita una educación diferente por ser niño o niña, y de ser así el centro sí incurriría en la vulneración de los preceptos mencionados.

Salta a la vista la incongruencia del TC. Si partimos de la base de que la educación debe ser igual, independientemente de su sexo, ¿cómo se sustenta la necesidad de un instrumento pedagógico que persiga optimizar las potencialidades de cada uno de los sexos?

Del texto de la sentencia solo se pueden extraer dos cosas. Por un lado, que el TC entiende que los hombres y las mujeres no son iguales y por esto está justificada la educación diferenciada para educar de acuerdo a las diferentes concepciones de lo masculino y lo femenino —como así se muestra en la propaganda en espacios como el transporte público o la televisión—. Por otro, que sin atractivos sexuales próximos es más fácil que los alumnos no se despisten y puedan optimizar sus potencialidades, lo que justificaría el instrumento pedagógico segregacionista.

Esta ideología heteronormativa de fondo, negadora del impulso sexual entre personas del mismo sexo, vuelve inservible el propio instrumento pedagógico y lo hace susceptible de inconstitucionalidad por negar los derechos LGTBI.

Para justificar jurídicamente su argumento, el TC se hace eco de la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960). Según ésta, siempre que el Estado lo permita la creación o el mantenimiento de sistemas de enseñanza separados para los alumnos del sexo masculino y para los del sexo femenino no constituye discriminación.

El TC desecha la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer de 1979 (ratificada por España en 1983), que alude al compromiso de los Estados al estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr el objetivo de eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza. El TC entiende que no se trata de una norma prohibitiva y que en nuestro sistema ya se ha logrado el objetivo de estimular la educación mixta, por ser el modelo que predomina en España.

Hay que recordar que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos son normas de mínimos, pensadas para que puedan ser cumplidas por todos los Estados de la Comunidad Internacional. Es decir, los Estados tienen que garantizar como mínimo aquello que se establece en los mismos. Es más, los Estados están obligados a ampliar el contenido de los derechos fundamentales y no hacer retrocesos en su interpretación y garantía. El propio Tribunal Constitucional admite que “el Derecho internacional de los derechos humanos únicamente establece un mínimo que las normas constitucionales sobre derechos fundamentales y la entera Constitución pueden completar y ampliar”.

El TC concluye que el sistema de educación diferenciada es una opción pedagógica que no puede entenderse como discriminatoria y, por ello, puede formar parte del derecho del centro privado a establecer su carácter propio.

Pero esto no es todo. Lo importante de esta sentencia no era solamente dilucidar si los colegios privados que segregan por sexo eran o no constitucionales, sino determinar si los poderes públicos debían financiarlos por la vía de los conciertos educativos y/o las subvenciones públicas, que es lo que verdaderamente pretende blindar el artículo 84.3, último párrafo, de la LOE, cuando dice que “en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar (…) un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto”. Hasta ahora las Comunidades Autónomas podían decidir no dotar de conciertos económicos a este tipo de escuelas.

Pues bien, el Tribunal Constitucional tenía aquí una oportunidad histórica para obligar a los poderes públicos a no discriminar a las mujeres y al colectivo LGTBI desde la niñez y contribuir a una sociedad más igualitaria en un futuro cercano.

Distintamente, el TC señala que la gratuidad garantizada constitucionalmente no puede referirse exclusivamente a la escuela pública, ya que ello implicaría la obligatoriedad de tal enseñanza pública e impediría la posibilidad real de elegir la enseñanza básica en cualquier centro privado. Y añade que eso vulneraría tanto el derecho de los padres a elegir centro docente como el derecho de creación de centros. Concluye que los centros privados de educación diferenciada deben concurrir en condiciones de igualdad con el resto de los centros educativos, proclamando así la constitucionalidad del último párrafo del artículo 84.3 LOE.

Parece ser que el TC ha hecho una reinterpretación de su propia jurisprudencia. Hasta ahora la elección de centro de los padres no se traducía en un derecho de los mismos sobre un modelo pedagógico; la libertad de creación de centros docentes no conllevaba una obligación económica por parte de la administración; y la ayuda a los centros docentes privados no encerraba un derecho subjetivo a la prestación pública.

Esta sentencia era una oportunidad para adaptar la norma a la realidad social. Pero, una vez más, la educación no es una cuestión de Estado sino de gobiernos al servicio del poder económico y de la iglesia católica. Ningún partido político con opción a ganar unas elecciones negaría la igualdad de género y los derechos del colectivo LGTBI, pues se sabe de la impopularidad de eso. Pero en este caso, la doctrina del Tribunal Constitucional ha venido a amparar la idea de una legislación a conveniencia de poderes no nombrados. El blindaje del artículo 84.3 LOE, y de la segregación en las escuelas que éste permite por razón de sexo, es un claro retroceso del principio de igualdad en relación al derecho a la educación.

Lidón Gasull Figueras es la directora de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) y abogada

Fuente:
http://www.mientrastanto.org/boletin-168/notas/el-blindaje-constitucional-de-la-educacion-concertada

miércoles, 11 de abril de 2018

La tasa de repetidores es muy superior en la escuela pública que en la privada. Un estudio de Educación alerta de la horquilla de más del 15% entre alumnos de la ESO según su centro escolar.

El porcentaje de alumnos que pasa de curso, ya sea con todas las asignaturas aprobadas o con algunas suspensas, varía entre los centros públicos y privados, llegando las diferencias hasta a 17 puntos porcentuales a favor de los segundos. El 83,3% es el porcentaje medio del alumnado que pasa de curso o promociona para el conjunto de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en los centros públicos, porcentaje que se eleva al 91,5% en la enseñanza concertada y al 98,1% en la enseñanza privada no concertada.

Además, dentro del alumnado que promociona, el porcentaje medio del que lo hace con todas las materias superadas es del 68,2% para los centros públicos, del 78,5% para la enseñanza concertada y del 92,7% para la enseñanza privada no concertada. Por tanto, el alumnado de ESO de los concertados y privados repite menos que el de los públicos o pasa de curso con menos suspensos.

Son datos recogidos en un informe del Ministerio de Educación (con los resultados académicos del curso 2014-15), donde se especifica que en Segundo de la ESO las diferencias señaladas llegan a 17,2 puntos porcentuales. Esto ocurre en Segundo de la ESO; si la tasa media que pasa de curso es del 85% del alumnado, la cifra en los centros públicos es del 81,2%, en los concertados el 92% y en los privados no concertados del 98,4%.

Por otra parte, en el curso 2014-15 los alumnos promocionaron menos en Segundo de la ESO y Segundo de Bachillerato ya que sólo pasó de curso el 85% y el 78,2%, respectivamente. En Segundo de Bachillerato aprobó el curso el 73,8% del alumnado de los públicos y, en cambio, el 89,9% de los privados.

http://www.diariodesevilla.es/sociedad/repetidores-superior-escuela-publica-privada_0_1231677265.html

P.D.: Esta noticia unida a la que hoy aparece en varios diarios (entre ellos el Hoy y El País) donde "el Constitucional avala la educación segregada", cierra el círculo del injusto y desigual tratamiento de la educación en España; ¿eres pobre? pues te aguantas con una educación de tercera. ¿Eres rico? pues tú tienes libertad de elección de centro y además te subvencionamos la educación privilegiada de tus hijos. Con lo cual se le da la vuelta al hecho de que los impuestos están para compensar la desigualdad e integrar más y mejor a los desfavorecidos de la fortuna y disminuir las desigualdades y la pobreza. Aquí los impuestos de TODOS, están para conceder privilegios a los poderosos, subvenciones a los colegios privados, a los campos de golf, a los viajes en el AVE, a las universidades privadas, a los toros, a la organizaciones de exaltación fascista de la dictadura de 40 años, a determinadas religiones, etc, etc.

Por otra parte, el estudio que presenta el actual Ministerio del PP, que está claramente a favor de la enseñanza privada y concertada, sirve sutilmente para  sesgar a favor de los suyos "el éxito escolar". Claramente muestra, sin más, que en "sus centros" imparten "mejor educación" pues tienen más éxito. Sin adentrarnos en las estrategias de los diferentes centros a favor de criterios "flexibles" para conseguir más o menos porcentajes de aprobado (cómo "el caso Cifuentes" ha mostrado que la manipulación de las notas para que "los suyos" aprueben incluso sin cumplir los criterios exigibles, llegan hasta los grados y maestrías de la Universidad). Sabemos por múltiples investigaciones y estudios, que el principal factor de éxito académico colectivo es el factor económico, dicho de forma más simple y sencilla, del dinero de los padres,... No es el centro educativo el más importante, aunque tenga su importancia. Pero este hecho se oculta deliberadamente, con lo cual, las notas parecen depender más del centro que del factor realmente más importante; el nivel adquisitivo. Y de alguna manera, al subvencionar aún más la enseñanza privada y concertada, aumentamos el nivel económico de las clases más pudiente, "defendamos a los nuestros" (como afirmó la ministra Cospedal, del PP) y por lo tanto mejoremos más las notas y aumentemos más la desigualdad, las diferencias y las injusticias, con nuestra acción de gobierno.

viernes, 12 de enero de 2018

El gobierno conservador inglés nombra a Toby Young para ayudar a dirigir el nuevo regulador de las universidades del gobierno.

Owen Jones:

Eso te aclara todo lo que necesitabas saber sobre este corrupto gobierno conservador.

El pionero (defensor) de la escuela "privada libre" Toby Young describió a los niños de la escuela primaria de clase trabajadora que consiguieron una plaza en la U. de Oxford como "universalmente poco atractivos" y "estudiantes de pregrado pequeños y vagamente deformados"

Al escribir sobre la clase en un libro de 1988 titulado The Oxford Myth, Young relató cómo "la llegada de "manchas*" habían cambiado la universidad. Era como si todas las fantasías meritocráticas de todos los educadores de la década de 1960 se hubieran hecho realidad y todos los niños de Harold Wilson hubieran sido dejados pasar por la puerta", escribió.

PD.:
Es un ejemplo claro de como los conservadores ingleses, igual que sus pares en España y todo el mundo, sitúan en puestos claves a personajes cuya historia pasada y currículo, los define como enemigos de la posibilidad de que los hijos de la clase trabajadora también puedan llegar a la Universidad. Y, sobre todo, pone en evidencia su empeño en impedir la igualdad de acceso a la educación para todos, independientemente de la clase social, sexo, etnia, religión o minoría a la que se pertenezca.

* Mote de desprecio con el que lo conservadores se referían a los estudiantes de clase trabajadora.

martes, 29 de agosto de 2017

_- La guerra contra la educación pública en USA y tan parecida a España.

_- En este país de guerras hay una que sí –más allá de la retórica oficial– determinará el futuro de esta democracia: la gran disputa nacional en torno a la educación pública.

La ofensiva de los autoproclamados reformadores de la educación está compuesta por algunas de las fuerzas más poderosas del país, entre ellos los hombres más ricos de Estados Unidos, el gobierno federal, el sector financiero, los grandes medios y sus ideólogos, quienes afirman que el problema central de un sistema de enseñanza público en descomposición (?) son (únicamente) los maestros de baja calidad (que han seleccionado y formado el sistema) y sus sindicatos que defienden el statu quo.

La solución que proponen, financiada por miles de millones en fondos privados, es someter el sistema de educación a un modelo empresarial guiado por ejecutivos, donde se evalúa a los docentes exclusivamente en función de exámenes estandarizados (aplicados al alumnado) y se mide todo por esquemas de datos (independiente del contexto social, económico y cultural de ese alumnado) bajo normas que se aplican al sector privado. A la vez, se busca aplicar el libre mercado al sector educativo, con esfuerzos para privatizar algunos segmentos y contratar cada vez más servicios del sector privado en la enseñanza pública.

En esta guerra, el enemigo son los maestros y sus sindicatos, a quienes culpan de resistir el cambio, proteger sus intereses mezquinos, que ponen encima de los de sus estudiantes, y de culpar a factores socioeconómicos por sus deficiencias.

Tal vez la expresión mejor conocida de este argumento fue la película documental Esperando a Superman, de 2010, que presentó un sistema educativo compuesto de maestros mediocres y complacientes, casi como burócratas, padres de familia frustrados y sindicatos del magisterio con el solo interés de proteger a sus afiliados. Según la película, la única y mejor solución son las llamadas escuelas chárter, que reciben fondos públicos, pero son administradas de manera privada, exentas de varias regulaciones, entre ellas, la obligación de contratar sólo profesores sindicalizados, y algunas pueden ser operadas con fines de lucro (hay más de 4 mil escuelas chárters en 40 estados del país, y ahora suman 5 por ciento de las escuelas públicas). Los críticos las acusan de ser la punta de lanza de la privatización.

Ineficiencia y mediocridad
El argumento sobre la mediocridad e ineficiencia de la educación pública se ha nutrido con informes de instituciones y personalidades muy destacadas, desde la secretaria de educación, Arne Duncan, a algunos de los medios más influyentes del país. Bill Gates se ha obsesionado con el hecho de que el sistema de enseñanza pública ya no produce la calidad de trabajadores de alta capacitación técnica que requiere el país para competir a nivel mundial, algo que Barack Obama ha reiterado al insistir en que los estudiantes estadounidenses no pueden competir con los coreanos. Un grupo de trabajo del prestigioso Consejo de Relaciones Exteriores, encabezado por la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice y el ex jefe de educación pública de la ciudad de Nueva York Joel Klein, dio la alarma de que el pobre desempeño educacional estadounidense en el contexto global representaba una grave amenaza a la seguridad nacional.

El noventa por ciento de los alumnos estadounidenses están en centros públicos, alrededor de 50 millones actualmente. El gasto federal, estatal y municipal en enseñanza supera 600 mil millones dólares al año. Como afirma David Denby en The New Yorker, el debate sobre el futuro de la educación es en parte sobre empleo, poder y dinero, y ahora es parte de la lucha ideológica entre el gobierno, como garante del bien comunitario, y la competencia del mercado como un creador potencial de excelencia.

Por lo menos desde hace una década –algunos dicen que esta guerra empezó hace 20 años– este movimiento reformista ha sido financiado en gran parte por empresarios y sus fundaciones, la más sobresaliente la de Bill Gates (Microsoft), la familia Walton (de Walmart), Mark Zuckerberg (Facebook) y Eli Broad (su fortuna es de la aseguradora Sun Life) y Michael Bloomberg (de Bloomberg y actual alcalde de Nueva York). Estos han invertido miles de millones en programas de privatización de escuelas públicas (las llamadas escuelas chárter), en financiar think tanks, agrupaciones de ideólogos, centros de expertos, medios y periodistas, y en el apoyo a ideas para autoridades locales, estatales y federales, logrando imponer su agenda a escala nacional.

Ellos ya definen y determinan en gran medida el debate sobre las políticas en el sector en este país, y tienen entre sus filas a los jefes de educación de casi todas las principales ciudades del país, hasta el propio secretario de educación, Arne Duncan, y su jefe, Barack Obama (como también a su antecesor, George W. Bush).

Privatización o escuelas chárter
Junto con ellos se ha integrado a este movimiento reformista un sector de nula experiencia y, anteriormente, ningún interés en la enseñanza pública: el financiero, que ahora también financia escuelas chárter, promueve reformas para establecer el modelo empresarial y condiciona sus contribuciones sustantivas a políticos en torno al apoyo a iniciativas favorecidas por los reformadores.

Desde 2002, la pieza central del movimiento reformista ha imperado sobre el panorama de la enseñanza pública, cuando el entonces presidente George W. Bush promulgó la ley No child left behind o NCLB (ningún niño dejado atrás), donde se establece el uso de los resultados de exámenes estandarizados estatales a estudiantes para medir el desempeño de maestros y escuelas, que en algunos casos puede llevar al despido de docentes y hasta la clausura de los centros y despido de planteles. Por tanto, con cada año se obliga a que los maestros y administradores dediquen cada vez más tiempo, esfuerzo y atención a estos exámenes, ya que determinan, cada vez más, su futuro.

Al llegar Obama a la Casa Blanca, su secretario de educación formuló un programa, Race to the top o RTTT (Carrera a la cima), que promueve una competencia entre estados para ampliar el uso de estos exámenes, la elaboración de más medidas y programas para la evaluación estadística de estudiantes y maestros con base en los exámenes, y la creación de más escuelas chárter a cambio de fondos federales.

NCLB y RTTT son las coronas del movimiento reformista empresarial, y sus consecuencias se sienten a lo largo y ancho del país. Su argumento fundamental es que, con base en estas reformas, los maestros por fin serán evaluados con objetividad, y con ello hay un proceso de rendición de cuentas en el sistema.

Mero negocio: antirreformistas
El problema, según los críticos de estas reformas, es que ni el diagnóstico de los reformadores, ni sus recetas están basadas en los hechos, lo cual ha llevado a críticos a considerar que las reformas tienen más que ver con negocios y una visión neoliberal que con la función y propósito de la educación pública. Citan numerosos estudios, investigaciones y datos que demuestran que las reformas no han generado los resultados prometidos, que el diagnóstico está viciado por graves errores en evaluación. Subrayan que el eje del modelo de reforma, los exámenes estandarizados, no puede ser usado para medir el desempeño de maestros y escuelas, según expertos nacionales y hasta directores de algunas de las empresas que se dedican a eso, incluyendo la Rand Corporation y la agencia de investigaciones sobre métodos de evaluación escolar de la Academia Nacional de Ciencias.

Por otro lado, en años recientes se ha revelado que en Nueva York, Houston, Chicago, Washington y otros lugares los políticos han inflado y manipulado los resultados de los exámenes que tanto señalan como pruebas del éxito de sus reformas.

La educación pública está bajo ataque de las fuerzas de la privatización, por gente que hace promesas falsas, declaró Diane Ravitch, profesora en la Universidad de Nueva York, quien hace una década fue una de las reformadoras más prominentes del país, ex secretaria asistente de educación en la presidencia de Bush padre, autora de 10 libros sobre políticas e historia de la educación, entre otros logros destacados, quien ahora es tal vez la voz nacional más eminente en contra de los reformistas.

En un discurso el año pasado, agregó que los profesionales educativos (maestros y profesorado de secundaria) están bajo ataque de aquellos que culpan (y responsabilizan) a los maestros por condiciones más allá de su control. Desean quitarles su profesionalismo y convertirlos en técnicos de exámenes. También advirtió que “si logran quitar a los maestros el derecho de negociar el contrato colectivo, silencian sus voces.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/01/03/politica/002n1pol?partner=rss

martes, 22 de marzo de 2016

El gasto público en educación se retrotrae a niveles de 2000 y las familias gastan un 33% más. INFORME DE LA FUNDACIÓN BBVA Y EL IVIE



Un estudio de la Fundación BBVA y el IVIE pone de manifiesto la caída del gasto público en educación después de la crisis y revela cómo las familias han compensado con su bolsillo los recortes de la inversión en la enseñanza. La educación pública sufre mucho más las consecuencias que la concertada.

El gasto público total en educación creció en España de 2000 a 2009 un 36%, pero con la crisis económica comienza una senda continuada de descenso hasta acumular una caída del 15% desde entonces hasta 2014, año en que experimenta un ligero repunte, según se extrae del informe Cuentas de la Educación en España 2000-2013. Recursos, gastos y resultados elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Los autores del estudio, hecho hoy público, analizan los datos estadísticos del sistema educativo desde comienzos del siglo XXI (2000-2014) y concluyen que, a la luz de los datos, sería necesario dotar al sistema educativo de de un fondo de reserva para darle estabilidad y garantías de futuro.

"La financiación pública de la educación ha sido irregular en el último ciclo económico, generando tensiones no deseables en estas actividades", advierten los autores del informe, coordinado por Francisco Pérez, director de investigación del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia, y Ezequiel Uriel, profesor investigador del Ivie y catedrático de la misma universidad.

El impacto de contener el déficit
El estudio refleja el impacto que han tenido sobre la educación las medidas adoptadas por el Gobierno a raíz de la crisis económica para contener el déficit: si bien el gasto por alumno creció con intensidad (un 25%) desde 2000, desde 2008 retrocede un 20% hasta recuperar en 2013 los niveles de partida.

El trabajo pone de manifiesto que la financiación del gasto de la totalidad de los centros de formación reglada, desde la educación infantil a la universitaria, se reparte de la siguiente manera: un 80,4% correspondiente al sector público (33.949 millones de euros en 2013), un 17% a las familias (7.173 millones de euros) y tan sólo un exiguo 2,6% (1.101 millones de euros) a empresas y otras entidades), con lo que la aportación de las administraciones públicas a la financiación de los centros públicos representan el 91% de los fondos que les sustentan. Por esta razón "los ajustes de gastos en las cuentas públicas han sido determinantes de la trayectoria irregular de la financiación de estos centros educativos".

Por ello sería necesario crear un mecanismo similar al de la seguridad social, desvinculado de la coyuntura económica, capaz de proteger el sistema educativo de posibles ajustes durante crisis intensas y duraderas como la actual e igualmente capaz de controlar el crecimiento del gasto en las fases de expansión económica y vincular la financiación a los resultados formativos para hacerlo más eficiente".

La educación depende de decisiones políticas
"Desde el año 2000, la evolución del gasto educativo en España se ha caracterizado por una trayectoria irregular y dependiente del ciclo económico", destacan los autores. La crisis ha frenado su ritmo de crecimiento previo, situado en el entorno del 3% anual.

Después de alcanzar en 2011 un máximo de 73.662 millones de euros constantes de 2013, el gasto total (público y privado) en educación se redujo un 5,7% hasta situarse en 2014 en 69.461 millones de euros. "Este ajuste ha tenido su origen fundamental en el comportamiento del gasto público, que se redujo 7.000 millones entre 2009 y 2014, habiendo repuntado en 2015 para situarse en 41.165 millones de euros, según estimaciones provisionales".

Los autores advierten de que la caída del gasto público en educación ha puesto en riesgo la estabilidad financiera del sistema educativo" y recomiendan "orientar las políticas educativas a largo plazo; promover el acceso a la educación infantil y fortalecer la educación primaria; orientar la gestión de los centros a los resultados y ampliar el esfuerzo en formación ocupacional".

Las familias tiran del bolsillo para compensar El informe revela que las familias han incrementado su gasto en educación en un 28% desde 2009, lo que da fe "del compromiso más estable de las familias con el gasto educativo durante la crisis, a pesar de que también han sufrido caídas de ingresos en los últimos años", si bien hay grandes diferencias según la titularidad del centro al que acuden y el nivel educativo.

En líneas generales, la trayectoria de los últimos años del gasto público en educación contrasta significativamente con la del gasto de los hogares, que ha mantenido una evolución más regular, y creciente durante la crisis, pasando de 9.567 millones de euros en 2000 a 12.766 millones en 2013 (ambas cifras en euros de 2013).

"Así pues, las familias han mantenido el gasto en educación durante la crisis y lo han incrementado en un 33% desde principios de siglo, compensando en parte la caída reciente del gasto público. Mientras que el crecimiento del gasto en educación de las familias entre 2000 y 2009 fue de un 5%, desde 2009 hasta la actualidad ha crecido un 28,2%".

El peso del gasto en educación de las familias españolas en el gasto final de la economía alcanza el 0,5% del producto interior bruto (PIB) y es superior a la media europea (0,4%), mientras que el gasto del sector público es claramente inferior (3,8% frente a 4,6%).

Las extraescolares, libros y transporte, la mayor partida de gasto
Los mayores incrementos de gasto de las familias se han producido en el nivel universitario y en la educación privada", resalta el informe. La mayor parte del gasto de las familias en educación se dedica a actividades extraescolares y a bienes y servicios conexos como libros y transporte.

"Las familias destinan un 39,2% de su gasto a clases lectivas, y la mitad de esta partida se concentra en la educación infantil y primaria, los niveles educativos en los que se cursan más años de formación, siendo la financiación pública más limitada en educación infantil. En segundo lugar, la compra de bienes y servicios conexos, como uniformes, libros o transporte escolar representa un 25,5%. Los servicios y actividades complementarias suponen un 23,9% y las actividades extraescolares, dentro y fuera del centro, el 11,4%".

Asimismo, como es lógico, el gasto de los hogares en educación aumenta en función del nivel de renta: los de mayores ingresos dedican un porcentaje cuatro veces superior al de las familias de ingresos menores. También se ve muy influido por el nivel de estudios de los progenitores y la titularidad del centro al que acuden los alumnos: el gasto se duplica cuando es un centro privado concertado y se cuadruplica cuando es privado no concertado.

Los ajustes afectan principalmente a la educación pública
Así, tras los ajustes, la financiación pública de los centros públicos se situaba en 2013 al nivel de la de 2004, y los recursos por alumno equivalían a los de 2001. Por el contrario, las familias han aumentado sus contribuciones a la financiación de la educación pública del 4,3% al 6,3% entre 2009 y 2013 ya que las tasas universitarias han aumentado, elevando sus aportaciones hasta el 21% en este nivel educativo.

En cambio, los recursos de los centros privados -concertados y no concertados- apenas han retrocedido durante la crisis debido a que sus fuentes de financiación están más diversificadas y se han comportado mejor.

Las aportaciones de las administraciones a la enseñanza privada a través de los conciertos educativos representan algo más del 55% de los recursos de los centros privados de infantil y primaria y el 61% de los de educación secundaria y profesional. "Estas aportaciones se han comportado de manera más regular que las realizadas a los centros públicos, al evitarse en gran medida los ajustes".

Asimismo, las aportaciones de los hogares a la financiación de la educación privada han ganado peso a lo largo del periodo 2000-2013 y representan alrededor del 45% del total de los ingresos de estos centros, siendo obviamente mayores en los centros no concertados.

Su importancia es también superior en la educación universitaria privada -en la que no hay conciertos- donde llegan a representar casi el 90% de los ingresos.

En definitiva, los investigadores subrayan que el sistema educativo español es similar en muchos de sus rasgos a los de los países desarrollados, pero identifican importantes problemas de eficiencia, equidad y también de inestabilidad financiera, derivados fundamentalmente de una deficiente programación a medio plazo del gasto público.

"España necesita hacer un esfuerzo mayor para mejorar la educación reglada y la formación a lo largo de la vida laboral. Eso no significa sólo gastar más sino, sobre todo, gastar mejor, con objetivos y programas de actuación a largo plazo", señalan los autores.
http://www.expansion.com/economia/2016/03/08/56deaeb2e2704e62538b4657.html

jueves, 10 de marzo de 2016

Mitos fuera: la privada-concertada NO supone un ahorro para el Estado

El jueves 12 de junio se presentaba en el Congreso de los Diputados un informe titulado "El coste de la plaza escolar en la pública y en la concertada", elaborado por el área de Educación de Izquierda Unida.

El informe que ha partido de los datos facilitados por el Ministerio de Educación y el INE de 2011 y en el que se han aplicado "criterios metodológicos necesarios para poder comparar ambos costes en condiciones homogéneas, según realiza la OCDE o la UE", concluye que el coste de ambos modelos, público y privado-concertado, si prestasen los mismos servicios, sería prácticamente igual.

El supuesto ahorro al Estado por plaza escolar con el que se suele defender la privada-concertada, en el informe se relaciona con: El mayor número de alumnado por aula en la privada-concertada y menor profesorado (en 2011 los centros públicos tuvieron una media de 21,2 alumnos y 1,98 profesores por cada clase, mientras que en los concertados los grupos tuvieron como media 23 estudiantes y fueron atendidos por 1,68 profesores)

El nulo interés por escolarizar en la privada-concertada alumnado que requiera mayor atención educativa y, por tanto, más recursos (cita el informe que casi el 82% del alumnado inmigrante se encuentra matriculado en escuelas públicas, y entre el otro 18% que estudia en centros concertados –que suponen un 22% del total de escuelas primarias y secundarias, frente al 6,5% de media europea– una parte, según se señala, "no responde al perfil de alumnado inmigrante de bajo nivel socioeconómico y con mayores necesidades de apoyo educativo, sino a estudiantes procedentes de otros países desarrollados y/o de clases sociales elevadas que no requieren recursos complementarios")

Por su total desinterés por ubicarse en áreas poco rentables, como son las zonas rurales o los municipios de menor población, donde el coste medio por alumno es bastante mayor, según viene constatando el Consejo Escolar del Estado en sus informes anuales", según recoge también el informe. Y también, en la diferencia salarial entre el profesorado de la Escuela Pública y el de la privada-concertada. Teniendo en cuenta todas las variables, el informe concluye que la plaza escolar en un centro público, supone 4.185 euros y en un centro privado-concertado, 4.184 y que "Si la educación pública requiere aparentemente mayor inversión por puesto escolar es para poder llegar a todos los lugares y atender a todo tipo de alumnado; además de ofrecer todas las modalidades educativas y mejores condiciones laborales a sus trabajadores".

Queda claro a partir del informe que en torno al tema "se ha fabricado un mito interesado, basado en estudios que carecen del debido rigor, sobre la creencia infundada de que, en educación, lo privado es más rentable que lo público, cuando –incluso en términos estrictamente económicos– resulta imposible mantener esa tesis".

Informe de costes de plazas escolares, Observatorio por la Educación Pública  (desde la entrada se puede descargar el documento)

http://escuelasinexclusiones.blogspot.com.es/2014/06/mitos-fuera-la-privada-concertada-no.html

viernes, 15 de mayo de 2015

El primer paso para una escuela democrática: fuera las empresas de la educación

La privatización de los servicios sociales públicos como la sanidad y la educación se está ejecutando de una forma que colma los sueños más queridos de cualquier capitalista: financiación pública, clientela asegurada y beneficios privados.

Y el negocio privado sólo es posible seleccionando a la persona usuaria, introduciendo pagos complementarios (que también es una medida de selección económica), incrementando la explotación de los trabajadores y disminuyendo la calidad del servicio.

Así como en la sanidad la gestión por parte de empresas privadas de hospitales ha generado una cierta movilización, en la educación, ni los grandes sindicatos, ni los partidos políticos (ni los de la “casta”, ni los nuevos) se atreven a llamar las cosas por su nombre: los conciertos educativos constituyen la principal forma de privatización de la enseñanza. Ninguna voz de entre ellos exige una sola red pública de calidad y la declaración de los conciertos como especie en extinción. En definitiva, que no se financie con dinero público la enseñanza privada.

Y no se trata de fundamentalismos ideológicos. Es incompatible el negocio privado con una educación universal y de calidad. Si el fracaso escolar se concentra en los hijos y las hijas de la clase obrera no es porque tengan menos inteligencia. En ellos y ellas se resume de forma condensada el drama del paro, de los desahucios, de tener unos padres angustiados por no poder llegar a fin de mes, de no tener sitio adecuado para estudiar, y en definitiva, lo que cada generación arrastra de ese expolio secular del acceso a la cultura y a la información al que el capitalismo condena a la clase obrera. Y muchísimo más a la clase obrera inmigrante.

Son esos niños y niñas los que entorpecen el negocio de los colegios privados, religiosos o laicos; de la misma forma que las personas mayores, las enfermas crónicas y las pobres en general son evitadas por los supuestos hospitales públicos de gestión privada y enviados a la sanidad pública.

Los copagos/repagos de los colegios concertados cumplen una doble función: excluyen a los niños y niñas de familias más pobres y engrosan con ellos sus cuentas de resultados.

La menor explotación del personal docente y una relación nº de alumnxs /profesor más favorable era, hasta hace poco, un factor diferencial de la calidad de la enseñanza pública con respecto a la privada. Al igual que en la sanidad la ausencia de lujos en la pública se asociaba con una mejor calidad en la asistencia, en la educación pública, la cualificación del profesorado, el menor número de alumnxs por aula, el personal de apoyo, los horarios razonables, aseguraban a la gente informada una calidad incomparablemente mayor en la escuela pública.

Los brutales recortes presupuestarios han causado drásticas caídas en la calidad de la enseñanza pública y el abandono escolar creciente de los niños y niñas de familias obreras con menos recursos.

Esos recortes se “justifican” por el pago de la enorme Deuda Pública, que se ha construido transfiriendo masivamente fondos públicos a la empresa privada.

Por eso, ahora que tenemos delante unas elecciones autonómicas, no son creíbles “apuestas decididas por la enseñanza pública”, que no vayan acompañadas del compromiso de anteponer las necesidades sociales al pago de la Deuda y de acabar con la financiación pública de la enseñanza privada.

No pagar la Deuda es condición indispensable para construir una red pública de enseñanza de calidad y eliminar progresivamente los conciertos educativos, pero no es suficiente.

Una escuela democrática debe ser gestionada por las madres y padres, por personal educativo y por el alumnado.

Pero, aun eso, no es lo esencial.

El problema de fondo que una democracia de verdad debe plantearse es cómo el sistema educativo sirve para que todos los niños y niñas desarrollen todas sus capacidades y cómo construye en ellos y ellas una conciencia crítica, base auténtica de la Dignidad, que les haga reaccionar para impedir cualquier injusticia, sufrida por cualquier otra persona, en cualquier parte del mundo.
Ángeles Maestro
* Artículo escrito para la revista Pim Pam Pum, Red Roja Vallekas Journal. Nº 6

jueves, 5 de junio de 2014

España figura a la cabeza de la UE en privatización de la escuela. Es el segundo país, tras Bélgica, con menos alumnos en aulas públicas

El capital privado avanza de forma moderada en los sistemas educativos


Hay un debate que no ha centrado la campaña de las elecciones del 25-M y que influye, sin embargo, en el tipo de educación que reciben los jóvenes europeos: ¿en manos de quién está la enseñanza? En la respuesta a esa pregunta, España se aparta de sus colegas de la UE. Es el segundo país con más alumnos en aulas concertadas (privadas subvencionadas) o completamente privadas, solo tras Bélgica, y se sitúa hasta 22 puntos por encima de la media —en el caso de primaria— en el porcentaje de estudiantes que se educan en centros bajo una gestión o capital privados. La privatización, aunque minoritaria en Europa salvo excepciones, como España, ha avanzado en la última década, y un temor inquieta a los sindicatos europeos: la educación, alertan, puede no quedar excluida del futuro Tratado de Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos, que se negocia con poca publicidad. La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés) reclama la “salvaguarda” de la educación de esos “intentos liberalizadores”. Les preocupa que se abra (más) la mano al negocio con el servicio público. A otros no les parece una mala idea.

Un 32% de los alumnos españoles de primaria aprenden en la escuela concertada o privada (un 68% en la pública), un porcentaje que baja ligeramente en secundaria, bachillerato y FP (ver gráfico), según los últimos datos de la OCDE, de 2011. La controversia sobre el modelo educativo ha vuelto a ponerse encima de la mesa en España, después de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP,  impusiera en abril en dos municipios (Parla y Rivas) los primeros colegios concertados religiosos, pese a la oposición de sus Ayuntamientos, en manos del PSOE e IU, respectivamente.

Lo cierto es que, en la media de los países europeos, los escolares cursan primaria muy mayoritariamente en la enseñanza pública (un 90%, frente a un 10% en las otras opciones) al igual que en secundaria. Bélgica y España se desmarcan de esa tendencia, junto con Holanda, que también ha tenido una fuerte tradición histórica de educación privada concertada.La OCDE precisa que sus datos sobre este país están en desarrollo y hay que remontarse a 2004 para encontrar una estadística de Eurostat que sitúa el peso de la concertada en algo más del 70%. En la no obligatoria, a partir de bachillerato, la proporción de privada en la media de la UE resulta algo mayor (17%), pero, en todo caso, los estudiantes en aulas públicas no bajan del 80%. ¿Por qué España es diferente?

“En los años ochenta, el régimen de conciertos se entiende como una apuesta por la universalización de la educación, porque no había oferta suficiente. Muchos pensaron que era algo coyuntural, pero con el paso de los años tanto los Gobiernos del PP como del PSOE han seguido apostando por este modelo”, apunta Antonio Olmedo, profesor de Política Educativa de la Universidad de Roehampton (Londres) y del Instituto de Educación londinense.

El Ejecutivo socialista reguló entonces los conciertos para ordenar las subvenciones que desde los sesenta venía recibiendo la Iglesia para crear colegios. La libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, recogida en la Constitución, ha sido, por otro lado, esgrimida siempre por los conservadores para defender a las escuelas católicas.

La Iglesia ha estado históricamente detrás de la educación concertada y privada de España —también en el caso de Bélgica, donde la fuerte influencia eclesial y el apoyo de las fuerzas políticas liberales a la educación privada explican su tradicional apuesta por este modelo—, pero hace algunos años grandes fondos de inversión han entrado a aprovechar parte del pastel. “Como Dinamia, con más de 5.000 alumnos en sus colegios Laude”, señala Olmedo, quien también cita a Cognita, “el mayor grupo británico de educación privada, que tiene el respaldo de la familia propietaria de la cadena de ropa C&A”.

“Nosotros no estamos en contra de la concertada o la privada, pero sí de que se privatice lo público para beneficiar a algunos”, arguye Sergio Gutiérrez, eurodiputado socialista. El PP no ha atendido a este periódico por problemas de agenda de sus europarlamentarios, pero los Cuadernos de Pensamiento Político de la fundación FAES, su laboratorio de ideas, defienden las alternativas a la pública. “Los centros de iniciativa privada han demostrado tener más demanda que los centros públicos, son más baratos para el contribuyente y en promedio ofrecen una mejor calidad de la enseñanza”, dice uno de sus artículos.

...Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. “No podemos decir que haya una ola general privatizadora en Europa, pero en algunos países sí hay una ofensiva en ese sentido, como en Reino Unido y Suecia”, apostilla este experto.

De los dos casos citados por este catedrático, el de Suecia resulta especialmente llamativo. La privatización de la escuela monopoliza el debate político de cara a las elecciones generales del próximo septiembre. “Es la conversación favorita de los profesores a la hora del café, sobre todo por cómo ha bajado el nivel de los estudiantes que llegan a la universidad, especialmente en matemáticas”, confiesa el profesor de Pedagogía de la Universidad sueca de Boras Ramón Garrote.

Un Gobierno liberal conservador introdujo en los noventa las escuelas privadas financiadas con dinero público. En la última década, el país nórdico ha pasado de tener solo un 2,6% de alumnos en educación concertada en bachillerato a un 17%. Y la evolución de los resultados de Suecia en PISA resulta significativa: el batacazo ha sido considerable. En 2000, Suecia obtenía resultados en matemáticas, lectura y ciencias por encima de la media de la OCDE (y de España). En el último examen internacional, el de 2012, ha perdido 34 puntos en matemáticas, 27 puntos en ciencias y 23 en lectura, de forma que el país nórdico ha pasado a quedar por debajo de la media en todas las disciplinas, e incluso de España, que le ha sacado ocho puntos en matemáticas, 11 en ciencias y cinco en lectura.

“No creo que la privatización esté relacionada con los resultados de Suecia en PISA”, asegura Ulf P. Lundgren, exdirector de la Agencia Nacional de Educación sueca. A la hora de evaluar la reforma que permitió la gestión privada de los colegios, Lundgren no obvia, sin embargo, que “han aumentado las diferencias entre las escuelas”, que “los centros independientes tienen profesores peor formados que los del sistema público” , y que hay “casos en los que el propietario ha hecho fortuna con los impuestos de los ciudadanos y otros en los que los colegios han tenido problemas financieros y han cerrado, provocando una pérdida de un año de estudio a los alumnos”, según explica por escrito a EL PAÍS. La quiebra de los colegios John Bauer, de gestión privada, que dejó en la calle a casi 3.000 alumnos (fueron recolocados), ha impactado a la sociedad sueca.

La profesora emérita de la Universidad de Uppsala Ulla Riis sí relaciona ambos fenómenos. “Los alumnos con mejor nivel sociocultural han ido a las escuelas concertadas, y los de peor estatus a las públicas”, explica. “Eso ha provocado la pérdida del llamado efecto del compañero de pupitre, según el cual se ha estudiado que los alumnos de mejor rendimiento académico ayudan a mejorar los resultados de todo el grupo, y las expectativas de padres y tutores sobre el grupo también motivan que todos eleven su rendimiento”, abunda...

“La segregación educativa y cultural es un efecto clásico de estos sistemas”, destaca Olmedo. “En general, los sistemas segregadores obtienen peores resultados que los generales. Suele aumentar el rendimiento de una parte de la sociedad, pero no del conjunto”, explica. “Y ahí entra la apuesta política. ¿Quién nos interesa que obtenga buenos resultados?”, se pregunta.
Fuente: El País.

domingo, 13 de octubre de 2013

¿Mejor en la guardería o con una ‘madre de día’? Hay familias que prefieren dejar a sus hijos con cuidadoras que atienden a un grupo pequeño

La fórmula, común en países como Alemania o Francia, carece de cobertura legal en España


Hace una década, Inés Gámez regresó a Madrid tras ejercer durante tres años como educadora infantil en Berlín. No trabajaba en escuelas, sino en su propia casa, con grupos de un máximo de cuatro niños menores de tres años. La llamaban tagesmütter, que significa madre de día, un oficio regulado y subvencionado en Alemania. También lo está en otros países europeos como Reino Unido, donde se denomina childminder (cuidadora de niños), y en Francia, assistante maternelle (asistente maternal). No son meras cuidadoras. “Somos profesionales que ofrecemos un servicio pedagógico, no asistencial, en una vivienda familiar en lugar de una guardería tradicional”, aclara Gámez.

Al instalarse de nuevo en España, Gámez no se planteó buscar empleo en una escuela infantil, ni pública ni privada. “No me veía en aulas con 20 niños. Es imposible atender bien a tantos a la vez”, explica. Quería seguir trabajando en casa, con grupos reducidos, pero se encontró con que en España existe un absoluto vacío legal para esta actividad. No había ninguna normativa que la avalase, estableciendo parámetros como el tipo de formación necesaria para ejercer esta función o las normas básicas de seguridad. Tampoco había ninguna norma que la prohibiera. Así que decidió importar el modelo empleándose como autónoma. Fue la primera en Madrid. Hoy hay dos asociaciones que agrupan a medio centenar de profesionales en la capital, una de ellas fundada por la propia Gámez, mientras surgen iniciativas similares en otras ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla o Pamplona, con precios parecidos a las tarifas de las escuelas privadas. “Hay una demanda creciente de familias que quieren un ambiente más familiar que el que ofrecen las escuelas infantiles, pero que a la vez sea profesional”, asegura... ver más en El País aquí. 

No más de cuatro niños por vivienda

• Las madres de día acogen a menores de tres años en sus casas un máximo de ocho horas al día y en grupos de no más de cuatro niños. Si hay alguno de menos de 12 meses, suelen reducir el grupo a tres porque los bebés requieren más cuidados.
• Las casas suelen tener un espacio al aire libre o un parque cerca. Usualmente tienen una habitación para cunas y las medidas de seguridad habituales en hogares con niños.
• Las cuotas varían según las ciudades y las zonas. Generalmente, son un poco más altas que las de los centros infantiles privados.
• Todas las madres de día tienen una titulación específica. Suelen ser educadoras infantiles, pedagogas o psicopedagogas.
• Las formas de contratación del servicio varían en cada caso. Unas se dan de alta como autónomas, otras se emplean como trabajadoras del hogar y algunas crean asociaciones con las familias para trabajar como empleadas de esa entidad. En todos los casos se contratan seguros de responsabilidad civil para el cuidado de niños.
• Las vacaciones son las mismas que las escolares, excepto en verano. Suelen cerrar solo en agosto.



miércoles, 25 de septiembre de 2013

Con tener buenas notas ya no basta para conseguir un buen empleo. El análisis crítico, saber comunicar una idea o tener nociones de economía son hoy esenciales para competir en cualquier disciplina


Un grupo de graduados en Derecho en California (EE UU) demandó hace unos meses a sus universidades por haberles creado falsas expectativas laborales. Tras haber invertido en sus estudios el equivalente a decenas de miles de euros, no lograban encontrar un empleo. El destino para muchos graduados universitarios, tanto allí como en otros muchos países, es dedicarse a doblar ropa en algunos grandes almacenes. “Incluso nuestras mejores escuelas están fracasando a la hora de preparar a los estudiantes para el siglo XXI”, admite Tony Wagner, experto en educación de la Universidad de Harvard (1). Esto preocupa en EE UU, donde la tasa de paro es del 7,4%, según datos del Gobierno federal. En España esta cifra escala hasta el 50% para quienes solo tienen la ESO y ronda el 20% para los licenciados, según datos oficiales. Aunque el fenómeno es global, España se ve especialmente azotada con más de un cuarto de su población en paro. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué impide encontrar un trabajo? Según muchos expertos, la clave está precisamente en la falta de adecuación entre la formación y las necesidades de las empresas.

El número dos de recursos humanos del gigante tecnológico Google, el rumano Laszlo Bock, declaró recientemente que el expediente académico “ha dejado de importar”. Según este ejecutivo, no hay correlación entre las notas obtenidas y el posterior rendimiento profesional. Como mucho, anotó, los buenos registros académicos sirven “para encontrar el primer empleo”. Algo que en cualquier caso puede tener una gran trascendencia futura. Según el catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid Antonio Cabrales, ese primer empleo “condiciona el resto de tu trayectoria profesional”. Es decir, que el currículum aún importa.

“Lo que sucede es que el currículum ya no es solo tu expediente académico, sino el conjunto de habilidades y experiencias adquiridas”, explica Juan José Dolado, coautor de Propuestas para la reforma de la Universidad español, un trabajo del think tank progresista Fundación Alternativas...El último índice de competitividad del Foro Económico Mundial, liderado por Suiza, Singapur y Finlandia —todos ellos también con excelentes resultados en el informe PISA de educación—, sitúa a España en el puesto 36, con una nota de 4,6 sobre 7. Suiza, a la cabeza, obtiene un 5,72. España tiene pues algunos escalones que subir tanto en materia de competencias educativas como en competitividad económica...

El representante sindical de UGT y profesor Ramón Sans niega la mayor: “No hay ningún problema en la formación. Esta es eficiente y efectiva. El problema con la inserción laboral radica en la baja tasa de empleo”. Una idea que comparte Paula Guisande, secretaria de Juventud del sindicato Comisiones Obreras de Madrid, para quien la falta de ajuste entre oferta y demanda en el mercado laboral “no tiene que ver con la formación de los trabajadores, sino con unas políticas que están llevando a la economía a un punto muerto y unas reformas laborales que han facilitado el despido”.
Más en El País.
(1) No es la Educación, así en general la que está fracasando, es la sociedad en la que estamos inmersos la que lleva al paro a millones de personas incluso las muy bien preparadas. Una parte muy importante de la hegemonía neoliberal imperante consiste en denigrar a la educación y acusarla de causar el paro por su ineficacia, lo cual es una treta con dos objetivos; el primero culpar a la propia educación de la situación económica actual y no al propio neoliberalismo con su capital financiero a la cabeza y, en segundo lugar, preparar a la opinión pública para privatizar el sector público educativo y reconvertirlo en un negocio lucrativo más, en vez de mantener y mejorar el servicio público de Educación con calidad para todos. Ya en el propio artículo los representantes sindicales de UGT y CC.OO. niegan la mayor; es decir, que el paro y las dificultades de encontrar empleo estén causados por la falta de nivel educativo.

martes, 3 de septiembre de 2013

El coste de la educación. Por favor, dejen de insultar nuestra inteligencia

Lo primero que quiero es agradecerle a Lucía Figar una comunicación que nos resulta de gran utilidad, sin duda compensará con creces el coste que nos ha generado a los contribuyentes. Asimismo me gustaría recordarle que estos 5.100 euros de los que nos habla salen precisamente de nuestra condición de contribuyentes, o sea de nuestros impuestos; del mismo sitio que sale su salario, el de sus consejeros, sus coches oficiales y sus asesores nombrados a dedo. Sin embargo, a día de hoy no hemos recibido nunca una carta en la que nos detallen el coste que supone para nosotros el mantenimiento de dicha estructura.

Desconozco si el motivo de esta información es la de evitar que “abusemos” de las escuelas públicas, como en su día intentaron con la famosa “factura sanitaria”; lo que sí sé es que a la mayoría de los que optemos por esta opción nos costará unos 270 euros al mes, eso si el bebé no tiene menos de un año, porque en ese caso la cuota ascendería a 330 euros. En muchos casos la diferencia con las escuelas privadas es mínima e incluso inexistente.

No nos están regalando nada. Por favor, dejen de insultar nuestra inteligencia.
— María A. Encinas Cabrero. Cartas al director de El País

viernes, 21 de junio de 2013

Fabuloso éxito de la Escuela Pública. RESULTADOS DE SELECTIVIDAD » “No me importaría ser político”, dice el madrileño con mejor nota en selectividad Anatolio Alonso, con un 9,95, reivindica la escuela pública donde se ha "criado"



Un 9,95 le ha valido a Anatolio Alonso Crespo, alumno del instituto público Juan de la Cierva de la capital, para alzarse con el título de mejor nota media entre sus calificaciones del bachillerato y de la selectividad en la Comunidad de Madrid. Muy alejado de la imagen de empollón — pendiente en la oreja y cara de pillo—, y muy comprometido con la escuela pública, Anatolio va para médico, aunque no descarta otras posibilidades. “No me importaría ser político”, confiesa. Ese futuro, al menos, es el que querrían sus padres, aunque él tampoco dude en criticar a la clase gobernante: “La selección de los que llegan en política se hace a la inversa. Falta meritocracia”.

Su madre, Laura Crespo, ingeniero agrónomo e investigadora, vigila desde la distancia y con orgullo cómo su hijo despacha con soltura a los medios. “Así es como mejor se lucha por la escuela pública. Él mismo decía que estudiaba tanto por eso”, señala. No es de extrañar que Anatolio haya heredado este compromiso forjado en el ámbito familiar. El joven de 18 años ha acudido a su instituto a las doce de la mañana con la camiseta verde de Escuela pública de tod@s para tod@s y ha reivindicado una enseñanza para todos y de calidad. "La escuela pública es donde me he criado y donde me ha formado. Aquí se ven personas que puede que no sean tan brillantes como en el bachillerato de excelencia, pero así es la sociedad", indica. “Mi círculo de amigos tiene el mismo compromiso que yo, aunque puede que no sea mayoritario en gente de nuestra edad. Todo el mundo debería ir a las manifestaciones", añade.

“Es un alumno sensacional. Buen compañero, trabajador y muy interesado en la ciencia. Le gusta ampliar temas”, opina Amalia Pastor, su profesora de biología en tercero de la ESO y segundo de Bachillerato. Incluso con el curso académico ya terminado, Pastor asegura que Anatolio ya le ha pedido que le oriente sobre conferencias de biologías que se celebren en Madrid en verano.

Lejos de que estas inquietudes académicas le alejen de otras actividades propias de la edad, Anatolio hace deporte todos los días —ahora atletismo, antes baloncesto— y afirma que no ha dejado de salir ningún fin de semana. “Las últimas dos semanas de selectividad sí que he apretado más y me he quedado en casa. Yo sabía que me había salido bien, pero creo que la suerte también tiene algo que ver”, admite. Su nota más alta ha sido, evidentemente, un 10 en filosofía, inglés, matemáticas y física; y la más baja un 9,5 en lengua.

Marisa Aguirre, jefa del departamento de lengua del Juan de la Cierva y una de las profesoras y tutoras de Anatolio en cursos pasados, cuenta que es un alumno "excelente", informa Victoria Torres Benayas. Y destaca, por si queda alguna duda, que "se caracteriza por su interés por saber y conciencia social muy desarrollada". Aguirre expresa en nombre de todos los profesores la satisfacción por la nota de Anatolio y porque "han aprobado el 100% de los alumnos y con unas notas altísimas". "Anatolio fue seleccionado para el programa de Bachillerato de Excelencia, pero lo rechazó porque quería seguir con sus compañeros y profesores", declara Aguirre, que hace hincapié en que es un "instituto público no bilingüe". El Juan de la Cierva, situado en Arganzuela, fue uno de los más activos de la marea verde, la protesta de los profesores madrileños contra los recortes.

"La nota media lograda por los estudiantes de nuestro instituto es paralela a la de los bachilleratos de excelencia sin contar con sus medios", subraya la jefa del departamento de lengua. Sin embargo, un portavoz de la Consejería de Educación señala que el dato no es exacto. Este instituto tiene una media del 7,14 frente al 8,06 del San Mateo, el centro que alberga el bachillerato de excelencia, informa Pilar Álvarez.

Desde el centro, la jefa del departamento de lengua replica que en el caso de los bachilleres de excelencia, los alumnos entran con una nota mínima de ocho mientras que en el resto de centros "los chicos entran a partir del cinco y con hasta dos asignaturas suspensas, siempre que no sean lengua y matemáticas". "Apenas son 82 centésimas de diferencia teniendo en cuenta los medios que tienen ellos y los recortes que hemos sufrido nosotros", añade Marisa Aguirre.

La segunda mejor nota ha sido la de Aida Izquierdo, que ha alcanzado una media de 9,925, tras superar la selectividad con 13,925 —esta prueba puntúa como máximo hasta 14—. A diferencia de Anatolio, Izquierdo cursaba estudios en un colegio e instituto privado, el centro Legamar de Leganés. En declaraciones a Efe, Izquierdo se ha mostrado muy contenta por su resultado, que ha conocido a través de la aplicación de su teléfono móvil en Gandía, donde está de vacaciones con unos amigos.

También estudiante de ciencias, Izquierdo va a estudiar medicina como Anatolio y quiere hacerlo en la Universidad Complutense. Su secreto ha sido estudiar todos los días "un poco" —"unas dos o tres horas al día", ha especificado—. La estudiante ha recibido ya las llamadas de sus padres, que le han dicho que están "orgullosos" de ella, así como de responsables del centro. Fuente: El País.
Más noticias relacionadas. La pública saca más nota en la selectividad, pero lleva menos alumnos a la universidad. Fuente: El diario Montañes.

martes, 26 de octubre de 2010

Gabriel García Márquez

...Mi compatriota Augusto Ramírez me había dicho en el avión que es fácil saber cuándo alguien se ha vuelto viejo porque todo lo que dice lo ilustra con una anécdota. Si es así, le dije, yo nací ya viejo, y todos mis libros son seniles. Una prueba de eso lo son estas notas.
... por los años cuarenta, Giovanni Papini declaró que América Latina no había aportado nada a la humanidad, ni siquiera un santo, como si le pareciera poca cosa. Se equivocó, pues ya teníamos a santa Rosa de Lima, pero no la contó, quizás por ser mujer. Su afirmación ilustraba muy bien la idea que siempre han tenido de nosotros los europeos: todo lo que no se parece a ellos les parece un error y hacen todo por corregirlo a su manera, como los Estados Unidos. Simón Bolívar, desesperado con tantos consejos e imposiciones, dijo: "Déjennos hacer tranquilos nuestra Edad Media".
...Que cada quien pueda vivir y hacer sólo lo que le gusta, desde la cuna hasta la tumba. Al mismo tiempo, todos estamos de acuerdo, al parecer, en que debemos estar alerta contra la tendencia del Estado a desentenderse de la educación y encomendarla a los particulares. El argumento en contra es demoledor: la educación privada, buena o mala, es la forma más efectiva de la discriminación social. Leer más en El País.