Un estudio de la Fundación BBVA y el IVIE pone de manifiesto la caída del gasto público en educación después de la crisis y revela cómo las familias han compensado con su bolsillo los recortes de la inversión en la enseñanza. La educación pública sufre mucho más las consecuencias que la concertada.
El gasto público total en educación creció en España de 2000 a 2009 un 36%, pero con la crisis económica comienza una senda continuada de descenso hasta acumular una caída del 15% desde entonces hasta 2014, año en que experimenta un ligero repunte, según se extrae del informe Cuentas de la Educación en España 2000-2013. Recursos, gastos y resultados elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
Los autores del estudio, hecho hoy público, analizan los datos estadísticos del sistema educativo desde comienzos del siglo XXI (2000-2014) y concluyen que, a la luz de los datos, sería necesario dotar al sistema educativo de de un fondo de reserva para darle estabilidad y garantías de futuro.
"La financiación pública de la educación ha sido irregular en el último ciclo económico, generando tensiones no deseables en estas actividades", advierten los autores del informe, coordinado por Francisco Pérez, director de investigación del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia, y Ezequiel Uriel, profesor investigador del Ivie y catedrático de la misma universidad.
El impacto de contener el déficit
El estudio refleja el impacto que han tenido sobre la educación las medidas adoptadas por el Gobierno a raíz de la crisis económica para contener el déficit: si bien el gasto por alumno creció con intensidad (un 25%) desde 2000, desde 2008 retrocede un 20% hasta recuperar en 2013 los niveles de partida.
El trabajo pone de manifiesto que la financiación del gasto de la totalidad de los centros de formación reglada, desde la educación infantil a la universitaria, se reparte de la siguiente manera: un 80,4% correspondiente al sector público (33.949 millones de euros en 2013), un 17% a las familias (7.173 millones de euros) y tan sólo un exiguo 2,6% (1.101 millones de euros) a empresas y otras entidades), con lo que la aportación de las administraciones públicas a la financiación de los centros públicos representan el 91% de los fondos que les sustentan. Por esta razón "los ajustes de gastos en las cuentas públicas han sido determinantes de la trayectoria irregular de la financiación de estos centros educativos".
Por ello sería necesario crear un mecanismo similar al de la seguridad social, desvinculado de la coyuntura económica, capaz de proteger el sistema educativo de posibles ajustes durante crisis intensas y duraderas como la actual e igualmente capaz de controlar el crecimiento del gasto en las fases de expansión económica y vincular la financiación a los resultados formativos para hacerlo más eficiente".
La educación depende de decisiones políticas
"Desde el año 2000, la evolución del gasto educativo en España se ha caracterizado por una trayectoria irregular y dependiente del ciclo económico", destacan los autores. La crisis ha frenado su ritmo de crecimiento previo, situado en el entorno del 3% anual.
Después de alcanzar en 2011 un máximo de 73.662 millones de euros constantes de 2013, el gasto total (público y privado) en educación se redujo un 5,7% hasta situarse en 2014 en 69.461 millones de euros. "Este ajuste ha tenido su origen fundamental en el comportamiento del gasto público, que se redujo 7.000 millones entre 2009 y 2014, habiendo repuntado en 2015 para situarse en 41.165 millones de euros, según estimaciones provisionales".
Los autores advierten de que la caída del gasto público en educación ha puesto en riesgo la estabilidad financiera del sistema educativo" y recomiendan "orientar las políticas educativas a largo plazo; promover el acceso a la educación infantil y fortalecer la educación primaria; orientar la gestión de los centros a los resultados y ampliar el esfuerzo en formación ocupacional".
Las familias tiran del bolsillo para compensar
El informe revela que las familias han incrementado su gasto en educación en un 28% desde 2009, lo que da fe "del compromiso más estable de las familias con el gasto educativo durante la crisis, a pesar de que también han sufrido caídas de ingresos en los últimos años", si bien hay grandes diferencias según la titularidad del centro al que acuden y el nivel educativo.
En líneas generales, la trayectoria de los últimos años del gasto público en educación contrasta significativamente con la del gasto de los hogares, que ha mantenido una evolución más regular, y creciente durante la crisis, pasando de 9.567 millones de euros en 2000 a 12.766 millones en 2013 (ambas cifras en euros de 2013).
"Así pues, las familias han mantenido el gasto en educación durante la crisis y lo han incrementado en un 33% desde principios de siglo, compensando en parte la caída reciente del gasto público. Mientras que el crecimiento del gasto en educación de las familias entre 2000 y 2009 fue de un 5%, desde 2009 hasta la actualidad ha crecido un 28,2%".
El peso del gasto en educación de las familias españolas en el gasto final de la economía alcanza el 0,5% del producto interior bruto (PIB) y es superior a la media europea (0,4%), mientras que el gasto del sector público es claramente inferior (3,8% frente a 4,6%).
Las extraescolares, libros y transporte, la mayor partida de gasto
Los mayores incrementos de gasto de las familias se han producido en el nivel universitario y en la educación privada", resalta el informe. La mayor parte del gasto de las familias en educación se dedica a actividades extraescolares y a bienes y servicios conexos como libros y transporte.
"Las familias destinan un 39,2% de su gasto a clases lectivas, y la mitad de esta partida se concentra en la educación infantil y primaria, los niveles educativos en los que se cursan más años de formación, siendo la financiación pública más limitada en educación infantil. En segundo lugar, la compra de bienes y servicios conexos, como uniformes, libros o transporte escolar representa un 25,5%. Los servicios y actividades complementarias suponen un 23,9% y las actividades extraescolares, dentro y fuera del centro, el 11,4%".
Asimismo, como es lógico, el gasto de los hogares en educación aumenta en función del nivel de renta: los de mayores ingresos dedican un porcentaje cuatro veces superior al de las familias de ingresos menores. También se ve muy influido por el nivel de estudios de los progenitores y la titularidad del centro al que acuden los alumnos: el gasto se duplica cuando es un centro privado concertado y se cuadruplica cuando es privado no concertado.
Los ajustes afectan principalmente a la educación pública
Así, tras los ajustes, la financiación pública de los centros públicos se situaba en 2013 al nivel de la de 2004, y los recursos por alumno equivalían a los de 2001. Por el contrario, las familias han aumentado sus contribuciones a la financiación de la educación pública del 4,3% al 6,3% entre 2009 y 2013 ya que las tasas universitarias han aumentado, elevando sus aportaciones hasta el 21% en este nivel educativo.
En cambio, los recursos de los centros privados -concertados y no concertados- apenas han retrocedido durante la crisis debido a que sus fuentes de financiación están más diversificadas y se han comportado mejor.
Las aportaciones de las administraciones a la enseñanza privada a través de los conciertos educativos representan algo más del 55% de los recursos de los centros privados de infantil y primaria y el 61% de los de educación secundaria y profesional. "Estas aportaciones se han comportado de manera más regular que las realizadas a los centros públicos, al evitarse en gran medida los ajustes".
Asimismo, las aportaciones de los hogares a la financiación de la educación privada han ganado peso a lo largo del periodo 2000-2013 y representan alrededor del 45% del total de los ingresos de estos centros, siendo obviamente mayores en los centros no concertados.
Su importancia es también superior en la educación universitaria privada -en la que no hay conciertos- donde llegan a representar casi el 90% de los ingresos.
En definitiva, los investigadores subrayan que el sistema educativo español es similar en muchos de sus rasgos a los de los países desarrollados, pero identifican importantes problemas de eficiencia, equidad y también de inestabilidad financiera, derivados fundamentalmente de una deficiente programación a medio plazo del gasto público.
"España necesita hacer un esfuerzo mayor para mejorar la educación reglada y la formación a lo largo de la vida laboral. Eso no significa sólo gastar más sino, sobre todo, gastar mejor, con objetivos y programas de actuación a largo plazo", señalan los autores.
http://www.expansion.com/economia/2016/03/08/56deaeb2e2704e62538b4657.html
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