Varias reediciones celebran el centenario del autor siciliano, que analizó en su obra lo que todo poder tiene de “hecho criminal”. El tiempo le dio la razón en sus denuncias de la connivencia entre mafia y política
Dos años antes de su muerte, Leonardo Sciascia (Racalmuto, 1921-Palermo, 1989) decidió arremeter no sólo contra la Mafia, piedra negra de su país y de su tierra natal, Sicilia, sino contra aquellos que se aprovechaban de sus denuncias contra esa organización criminal para medrar en los negocios y en la política, entre ellos los líderes visibles e invisibles de la Democracia Cristiana, que dejó morir a Aldo Moro, secuestrado por esa otra banda implacable que fue la sangrienta Brigadas Rojas. En aquel país poseído por el gen más peligroso desde el fascismo de Mussolini, la arriesgada denuncia del hombre que había sido llamado “conciencia de Italia” le costó a Sciascia ataques que él arrostró sin otro apoyo, casi, que el que le dio el periodista más importante de entonces, Indro Montanelli, que dijo que no hacía nada sin pensar qué hubiera hecho en su lugar el autor de Todo modo.
Sciascia sobrellevó aquella polémica como una más de una vida que lo llevó del periodismo a la política y a la ficción literaria. Marcado por aquel asesinato (primavera de 1978) del influyente líder político abandonado por los suyos escribió El caso Aldo Moro, “terrible panfleto escrito cuando la muerte y el crimen atraparon a Italia del todo”, como escribió aquí Rafael Conte. Hasta entonces prácticamente todos sus libros, incluidas las ficciones (como A cada cual lo suyo, 1966, o Todo modo, 1974, reeditados ahora por Tusquets), tuvieron que ver con esa amenaza que removió la conciencia intelectual, política y poética del escritor de Racalmuto.
A cada cual lo suyo es el desarrollo, lleno de humor, de un incidente de cuernos que ocurre en un pueblo sin nombre que se va desarrollando de acuerdo con las instrucciones que hicieron visible el poder de la mafia. No hay en este libro, entre los primerizos de su obra, tan solo un relato de lo que ocurre en un pueblo cuando desvarían sus fortalezas morales, sino una crítica sistemática de los distintos poderes simbólicos manejados por la mafia para chantajear a la sociedad. Todo modo, por otra parte, es quizá la novela más completa en cuanto que reúne en un escenario perfecto para Sciascia, una iglesia que deviene en hotel, a un sacerdote que resulta ser como el capo de una mafia peculiar y a un grupo selecto de funcionarios y políticos que llevan a sus amantes a unos ejercicios espirituales en los que irrumpe dramáticamente el hábito mafioso del chantaje y el asesinato. Un pintor muy conocido, detrás del que se adivina el propio narrador, va interpretando las paradojas crueles que dan de sí las distintas escenas de aquella sucesión de hipocresías, como si estuviera describiendo los distintos estadios a los que llega la Mafia en su sistemática destrucción de instituciones e individuos.
Como suele ocurrir en Sciascia, especialmente en Todo modo, se muestran atisbos de las pasiones literarias que están detrás de su propia escritura, como Cervantes, Borges, Stendhal o los clásicos italianos. A esos escritores literarios él añadía Bertrand Russell y José Ortega y Gasset. Al pensador español llegó por casualidad cuando descubrió (según contó en un artículo publicado en EL PAÍS, donde colaboró habitualmente) en una librería un volumen traído de España por un soldado italiano que aquí hizo la guerra en el bando fascista. “Ortega. Me apasiona. Me ha enseñado tantas cosas. En un momento se le alejó de la cultura contemporánea. Fue una injusticia y un error”.
Como suele ocurrir en Sciascia, especialmente en ‘Todo modo’, se muestran atisbos de las pasiones literarias que están detrás de su escritura
Entró en política, como concejal, en Sicilia, de la mano del Partido Comunista, aunque no militó (“estuve cerca del PCI porque era liberal”). A finales de los años setenta del siglo XX aceptó ser diputado del Partido Radical, y como tal presidió la comisión que estudió el asesinato de Aldo Moro, pero luego se cansaría de las servidumbres de ese oficio, que había alternado con la literatura, se retiró a vivir a París, a cumplir con la pasión de escribir y de editar, pues fue colaborador decisivo de la firma Sellerio, donde él descubriría para Italia al entonces (1983) muy joven pensador español Fernando Savater.
El caso Moro, y su interpretación del mismo, lo pusieron al rojo vivo contra la política oficial italiana. Él llegó a decir que semejante proceso representaba “una negación del Estado”. “Se ha querido afirmar contra Moro la existencia del Estado y en realidad era la negación”, dijo en EL PAÍS a José Martí Gómez y Josep Ramoneda. “Un Estado que permite que se pueda secuestrar al presidente del partido político más importante; un Estado que en 55 días no lo consigue más que muerto, y aún porque se le ha indicado el sitio; un Estado que no consigue proteger a ningún ciudadano… Un Estado así no tiene el derecho de afirmar la razón de Estado y de no negociar. La vida del ciudadano inocente está por encima de todo y hay que negociar”.
Su pasión por poner al servicio del compromiso político su propia vocación literaria venía, dijo él, de la experiencia de los pelotones de fusilamiento que ejecutaban a los enemigos de Mussolini, “una visión del poder como hecho criminal”. “El poder del Estado. El poder de la Iglesia. El poder mafioso”. Y serían esos poderes los que, en ficción y en periodismo o investigación, serían las dianas en las que clavó las flechas, a veces proféticas, de la prosa que lo convirtieron en la conciencia de Italia, como fue llamado por sus contemporáneos.
Fue, además, una persona extraordinaria, muy querido en Italia y por donde fue. De ese aspecto humano, uno de sus grandes amigos, el periodista Juan Arias, entonces corresponsal de EL PAÍS en Roma, que sigue en este periódico desde Brasil, nos hizo este apunte: “De Sciascia siempre aprecié su autenticidad. No tenía dobleces ni tampoco se doblegaba. Era austero en su vida e incorruptible. Fiel a sus amigos y siempre reservado. Era la conciencia crítica del país y siempre estuvo fuera de las modas. Era entrañable”.
https://elpais.com/babelia/2021-08-14/leonardo-sciascia-100-anos-de-la-conciencia-de-italia.html
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domingo, 15 de agosto de 2021
martes, 13 de julio de 2021
Zong, la olvidada masacre en que 132 esclavos fueron arrojados vivos por la borda
En 1781, 132 africanos fueron arrojados por la borda vivos desde un barco de esclavos británico llamado Zong para que se ahogaran.
Estaban enfermos y, en opinión del capitán del barco, representaban una amenaza para su margen de beneficio.
La pérdida de lo que entonces consideraba su "mercancía" podía compensarse cobrando el seguro de viajes.
Los responsables de la atrocidad, conocida como la Masacre de Zong, quedaron impunes, a pesar de los esfuerzos de los activistas del movimiento abolicionista británico para que fueran juzgados por asesinato.
La ironía del nombre
Entre el siglo XVI y principios del siglo XIX, al menos 12 millones de africanos fueron capturados y llevados para ser vendidos como esclavos en las colonias del continente americano, aproximadamente un tercio en barcos británicos.
El barco fue capturado por los británicos en 1781 frente a la costa africana durante una de las guerras anglo-holandesas y vendido a una conocida familia de comerciantes de esclavos de Liverpool, los Gregson, que dirigían un sindicato en ese momento.
"Instituyeron un nuevo capitán llamado Luke Collingwood, y Zong pasó unos meses más a lo largo de la costa de África occidental comerciando con más (africanos) capturados", explica Jake Subryan Richards, profesor de historia en la Escuela de Economía de la Universidad de Londres. (LSE), Reino Unido, en una entrevista con el programa de radio de la BBC "In Our Time".
Así, en septiembre de 1781, el Zong zarpó de Accra, la actual capital de Ghana, con 442 africanos esclavizados a bordo con destino a Jamaica, una de las colonias más importantes y lucrativas del Imperio Británico, donde serían vendidos y obligados a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar.
Las plantaciones de caña de azúcar hicieron de Jamaica una de las colonias británicas más rentables
Condiciones inhumanas
En ese momento, el viaje desde África a América duraba de seis semanas a varios meses, dependiendo de las condiciones climáticas. Se estima que entre el 15% y el 16% de los africanos capturados morían en ruta debido a las deplorables condiciones a bordo de los barcos.
"Las condiciones en cualquier barco de esclavos eran muy difíciles y opresivas. Por lo general, los hombres adultos eran encadenados, metidos en la bodega y llevados a cubierta tal vez una vez al día para hacer ejercicio", dice Richards.
"Las mujeres y los niños solían estar en cubierta, no necesariamente encadenados, sino detrás de barricadas de madera, una gran valla que atravesaba horizontalmente la cubierta del barco (...), donde la tripulación podía guardar sus armas de fuego para matarlos en caso de insurrección".
Además, las enfermedades se propagaron rápidamente a bordo de estos barcos, que solían transportar tantos cautivos como fuera posible para aumentar su margen de beneficio, lo que aglutinaba a la gente en la bodega.
'Fiesta' para tiburones
Cuando alguien moría, el cuerpo podía permanecer encadenado a otros esclavos vivos durante horas antes de ser arrojado por la borda.
Las condiciones en los barcos de esclavos, que en general estaban superpoblados, eran inhumanas.
"En general, los muertos eran arrojados por la borda porque, desde la perspectiva de la empresa comercial, eran 'cargamentos' estropeados, habían perdido su valor", le explica Vincent Brown, profesor de historia en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, a la BBC.
Por lo tanto, los informes de tiburones que seguían a los barcos de esclavos no eran raros.
"Sabían que podían darse un festín con los cuerpos arrojados por la borda", agrega el investigador.
En el caso de Zong, sin embargo, los africanos capturados fueron arrojados por la borda cuando todavía estaban vivos.
Muy cargado
Incluso para los estándares de los barcos de esclavos, el Zong iba superpoblado. Había 442 cautivos a bordo, aproximadamente el doble de la cantidad que podía transportar un barco de su tamaño.
"El Zong era particularmente opresivo por varias razones. Una es que tenía muchos más esclavos a bordo que el barco de esclavos promedio en ese momento", dice Richards.
No solo iban a trabajar en las plantaciones sino a servir a sus amos. (Caricatura del siglo XIX satirizando el gobierno colonial en Jamaica).
Además, señala el historiador, como la tripulación original abandonó el barco cuando fue capturado, se reclutó otra a toda prisa y sin mucho juicio, que no era compatible con la cantidad de cautivos a bordo.
"Cuando zarparon de África, había 23 personas capturadas por cada miembro de la tripulación que estaba sirviendo a bordo del barco, cuando el promedio era de nueve o 10 cautivos por cada miembro de la tripulación del barco de esclavos".
"En otras palabras, la tripulación tenía esencialmente el doble de carga de trabajo", resume Richards.
La masacre
Las condiciones climáticas desfavorables y los errores de navegación dieron como resultado un viaje que tomó meses en lugar de semanas.
Y con cada día que pasaba, el capitán Luke Collingwood veía cómo su margen de beneficio se reducía a medida que la enfermedad se extendía por la cubierta y las bodegas del barco.
El 29 de noviembre de 1781 tomó la decisión de arrojar por la borda a los africanos capturados más débiles para que se ahogaran, algunos de ellos todavía esposados.
El episodio, inmortalizado en la pintura del artista británico William Turner "El barco de esclavos", es hoy uno de los símbolos de los horrores de la trata de negros.
La obra fue originalmente titulada "Esclavistas arrojando por la borda a los muertos y moribundos: el tifón se acerca".
Fue una decisión comercial, cuyo objetivo era minimizar su pérdida.
Dado su estado de salud, los africanos arrojados por la borda valían más muertos que vivos.
"Fueron arrojados por la borda en parte porque el capitán Luke Collingwood le dijo a la tripulación que estaban enfermos, que iban a morir de todos modos y que era poco probable que obtuvieran un precio de mercado alto", dice Brown.
"Esto habría sido una preocupación especial para los oficiales, quienes generalmente disfrutaban de lo que ellos llamaban el privilegio de (recibir el pago de la cantidad de) dos africanos esclavizados".
Y, según el historiador, este cálculo se basó en el precio de venta promedio de toda la carga.
"Al arrojar por la borda a los africanos enfermos y moribundos, que podrían haber sobrevivido o no, pero que ciertamente habrían bajado el precio medio de la carga del barco, aumentaban el valor medio de su privilegio", explica.
Falta de agua
La tripulación del barco afirmó, sin embargo, que ya no había suficiente agua potable para todos a bordo y que no tenían más remedio que arrojar por la borda a algunos de los africanos capturados.
Pero esta versión es controvertida, como explica Brown.
Cada esclavo valía unas £30, equivalente a más de £3.000 o US$4.000 de hoy. (Esclavo pelando caña en Jamaica, pintado por el artista inglés William Berryman, entre 1808-1816).
Según él, los registros históricos revelan que las víctimas fueron arrojadas por la borda durante tres días consecutivos, y al tercer día llovió, lo que habría permitido a la tripulación recolectar suficiente agua potable para abastecer al barco durante tres semanas antes de lanzar la última ola de africanos por la borda.
"En esos tres días, Collingwood y su tripulación provocaron la muerte de 132 africanos, los últimos de los cuales murieron luego de que recolectaran agua potable", resume Brown.
Cuando Zong llegó a Jamaica tres semanas después, había 420 galones de agua a bordo.
Reclamación del seguro
Al arrojar a los africanos por la borda, alegando la escasez de agua potable, el capitán esperaba que la pérdida de lo que consideraba sus "bienes" en ese momento se reembolsara económicamente con el pago del seguro.
Como era práctica común en ese momento, los armadores habían suscrito una póliza de seguro para la "carga" humana del buque.
"La trata de esclavos era un negocio muy arriesgado, los riesgos para las ganancias eran varios, no solo las víctimas de enfermedades, sino también esclavos que se rebelaban a menudo eran arrojados por la borda, por lo que la función del seguro era garantizar algún margen de ganancia", explica a la BBC Bronwen Everill, profesora de historia de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.
"Algunos de los viajes tardaban más de un año en completarse y los errores de cálculo podían ser costosos, como en el caso de Zong, que calculó mal la cantidad de agua".
Pero la aseguradora no creyó la versión de la tripulación y se negó a pagar la compensación, lo que llevó a los propietarios del barco a reclamar el pago en los tribunales.
En 1783, la disputa terminó en la corte de Londres, donde el jurado falló inicialmente a favor de los traficantes de esclavos, determinando el pago del seguro, como si los africanos asesinados fueran una mera mercancía.
"Lo sorprendente es que, de hecho, no había una regla específica que diferenciara a las personas esclavizadas de cualquier tipo de carga", señala Everill.
La chispa
Es precisamente este aspecto el que acabó suscitando la revuelta de los activistas abolicionistas de la época.
Dos personajes históricos en la lucha por el abolicionismo británico se esforzaron por hacer pública la atrocidad de Zong: el nigeriano Olaudah Equiano y el inglés Granville Sharp.
"Juntos, Sharp y Equiano le dieron publicidad al caso, divulgándolo entre varios influyentes parlamentarios y otros que ya comenzaban a agitar contra la trata de esclavos", dice Everill.
Equiano fue secuestrado cuando era niño en Nigeria y vendido como esclavo; luego logró comprar su libertad y viajó a Londres, donde se unió al movimiento abolicionista.
"Este era un ejemplo perfecto de los problemas de codicia y exceso que la trata de esclavos representaba para Reino Unido".
En su opinión, lo que sucedió en Zong había sido "una desagradable comercialización y financiación de seres humanos con fines de lucro", explica el historiador.
"Básicamente habían acusado (a los propietarios del barco) de cometer fraude de seguros".
Los activistas protestaron por el hecho de que el caso estaba siendo juzgado simplemente como una cuestión de póliza de seguro.
"Sharp pensaba que era realmente reprobable que la vida de los africanos se equiparara con el dinero y que la única duda fuera sobre la responsabilidad legal de pagar un seguro como compensación", dice Richards.
Para apoyar su protesta, el activista, que era una especie de abogado autodidacta, hizo transcripciones de las audiencias judiciales, que son la principal fuente que tenemos hoy para el caso Zong.
"Para (el caso del Zong) debería ser juzgado como un caso de asesinato".
Aunque le escribió una larga carta al Almirantazgo, presionando para que la tripulación del barco sea procesada por las muertes, nunca recibió respuesta.
'Almas en peligro'
El esfuerzo de Sharp y Equiano por condenar a los responsables de la atrocidad puede haber sido en vano.
Pero el hecho es que la Masacre de Zong reforzó el argumento abolicionista de la época de que las almas de todos los británicos estaban en peligro ya que el carácter asesino de su comercio de esclavos se trataba como una mera transacción comercial, no como un error moral.
"En la década de 1780, principalmente Sharp, pero también Equiano, temía que la esclavitud fuera una amenaza para el alma misma del Imperio Británico. Sharp no era un evangélico, era un anglicano de la Alta Iglesia, pero compartía la creencia evangélica en (la divina) providencia y en un mundo moral ", dice Brown.
"Él creía que estos pecados cometidos por la tripulación también eran pecados cometidos por la nación británica. Y ese juicio divino podría ser el resultado".
A Sharp le preocupaba el alma de los miembros de una sociedad que permitiera ese tipo de atrocidades.
El historiador cita una serie de incidentes que preocuparon a la gente de la época, como la independencia de Estados Unidos en 1776, que marcó el fin de la colonización inglesa del territorio; y varios huracanes que azotaron el Caribe, destruyendo cultivos y causando muchas muertes.
Eventos como estos fueron interpretados como juicios divinos.
"En un momento en que este movimiento contra la esclavitud se estaba calentando realmente en la década de 1780, la gente estaba preocupada por una amenaza inmediata de Dios al continuar con esta práctica", contextualiza Brown.
"Los evangélicos y los disidentes cristianos estaban entre los líderes de este movimiento en parte porque temían este juicio".
Fin de la trata de esclavos
A pesar de los esfuerzos del movimiento abolicionista, en las décadas posteriores a la masacre de Zong, la trata de esclavos continuó expandiéndose.
Sólo en 1807 el Parlamento británico abolió el tráfico de personas esclavizadas.
La explotación de la mano de obra esclavizada continuaría en las colonias británicas durante casi 30 años más.
El fin de la esclavitud solo se logró en 1833, con la aprobación de la Ley de Abolición de la Esclavitud, que entró en vigor en 1834.
"No hay una conexión directa entre la masacre de Zong y la abolición. Yo diría que la conexión más importante es que animó a esos actores clave, activistas como Sharp y Equiano, y conmocionó la conciencia de quienes se enteraron de lo sucedido", evalúa Brown. .
"El proyecto de ley de abolición dependía de los intereses de los legisladores que lo aprobaron".
"Este tipo de movimientos de activistas existen, pero solo tienen éxito en oportunidades particulares, en contextos particulares. Los legisladores solo escuchan a los activistas cuando consideran que es de su interés político inmediato escucharlos", agrega el historiador.
Legado
En su opinión, el principal legado de la masacre es que sirve como "un ejemplo impresionante de la priorización de la codicia sobre la vida humana".
"Creo que eso cuenta mucho. Es algo que sucede en la historia, y la gente puede horrorizarse ante la priorización de la codicia sobre la humanidad", dice Brown.
El historiador traza un paralelo con la pandemia del covid-19 en lo que respecta a los debates sobre la apertura de la economía y los riesgos para la salud.
"Todavía ves el argumento de que, de alguna manera, puedes elegir la vida económica sobre la vida humana".
https://www.bbc.com/mundo/noticias-57472954
jueves, 28 de enero de 2021
_- No invocarás los crímenes del nazismo en vano. Ramón Campderrich Bravo.
_- Uno de los expedientes más habituales con que buena parte de la derecha de este país justifica su oposición a la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados es el consistente en equipararla a las políticas nazis de 'eutanasia'. El objeto de la presente nota es denunciar semejante demagógica grosería intelectual, recordando una vez más la naturaleza de dichas políticas y su radical diferencia respecto a los contenidos del nuevo derecho a recibir ayuda para morir dadas ciertas condiciones, reconocido en la mencionada proposición de ley. No dudo que los lectores de mientras tanto saben perfectamente distinguir entre la 'eutanasia' nazi y la eutanasia regulada en la ley debatida en el Congreso de los Diputados, pero quizás este escrito les proporcione un material con el que mejor rebatir a algún que otro conocido despistado que se haya creído la calumniosa y bochornosa reductio ad Hitlerum esgrimida contra la proyectada eutanasia legal española. De este modo, les harán un favor: evitarles un espantoso ridículo. No se hará aquí, en cambio, ningún análisis crítico ni ninguna argumentación justificadora de esa proposición de ley. Sólo se pretende advertir que quien quiera criticarla debe buscarse razones atendibles en lugar de hacer grotescas comparaciones.
Comenzaré con un relato de los hechos constitutivos de la mal llamada 'eutanasia' nazi.
En el verano de 1939, en vísperas de la invasión de Polonia, que daría inicio a la Segunda Guerra Mundial, Hitler encargó al jefe de la Cancillería del Führer —un organismo del estado-partido nazi equivalente a la secretaría personal de un jefe de estado—, Philipp Bouhler, y a uno de sus jefes médicos de confianza, el profesor Karl Brandt, organizar el asesinato de los enfermos mentales graves tenidos por incurables y los niños con malformaciones graves incapacitantes recluidos en centros psiquiátricos y orfanatos públicos y privados de todo el Reich (que, desde 1938, incluía también Austria y la región checa de los Sudetes).
Según el liderazgo nazi, el coste económico que representaba el mantenimiento y cuidado de enfermos y niños incapaces de trabajar y sin perspectivas de poder hacerlo en el futuro era insostenible para el Reich en el contexto de la inminente conflagración mundial por el dominio de Europa. Por otra parte, se consideraba que esas personas representaban, a pesar de su encierro, una amenaza biológica potencial para las futuras generaciones de alemanes y la opción de matarlos resultaba mucho más económica que la política practicada hasta entonces, la esterilización forzosa. Bouhler y Brandt calcularon que se debería asesinar, al menos, a entre setenta mil y ochenta mil residentes de las citadas instituciones. A este programa de asesinatos masivos se le denominó Aktion T-4, por la dirección del edificio desde el cual se iba a dirigir toda la operación (Tiergartenstrasse 4, Berlín). También el liderazgo nazi se refería a él muy a menudo con la denominación eufemística de 'eutanasia' (“buena muerte”, como es sabido), denominación no exenta del cruel sarcasmo al que eran muy dados los dirigentes nazis.
La operación se mantendría en secreto y al margen de la ley, pues según Hitler y sus acólitos la sociedad alemana no estaba aún preparada para aceptar el exterminio abierto y legal de seres humanos enfermos o deformes tenidos por incurables ordenado por el estado. Formalmente, pues, podría considerarse que la 'eutanasia' nazi era constitutiva de delito incluso desde la perspectiva de la legislación penal vigente en el Tercer Reich. En suma, la Aktion T-4 fue organizada y dirigida por la Cancillería del Führer con el beneplácito expreso de Hitler (existen pruebas documentales escritas de esto último). Contó con la colaboración de un numeroso grupo de médicos, en su mayoría del cuerpo médico de las SS, de algunos profesores universitarios de medicina y psiquiatría entusiastas de las doctrinas eugenésicas y de las autoridades sanitarias del Reich. Todos los individuos que participaron en la acción, lo hicieron voluntariamente (por razones ideológicas y para promover su carrera profesional).
La implementación de la Aktion T-4 se inició ya antes de la invasión de Polonia, al parecer en el mes de agosto de 1939, y sus primeras víctimas fueron niños mental o físicamente discapacitados. Estas primeras víctimas infantiles fueron asesinadas mediante inyección letal (por lo general, con Luminal o morfina-escalopamina). Pero enseguida la Aktion T-4 se amplió a los enfermos mentales graves adultos de los hospitales, sanatorios y otros centros psiquiátricos. En líneas generales el procedimiento era el siguiente: la organización de la Aktion T-4 enviaba con cualquier pretexto unos formularios debidamente camuflados mediante los cuales se recababa de las direcciones de los centros psiquiátricos información acerca del estado de los internos bajo su responsabilidad; una vez rellenados los formularios y reenviados a Berlín dentro del plazo estipulado, los médicos del programa de 'eutanasia' los leían y decidían quiénes debían vivir y quiénes morir (si estimaban que un interno debía ser asesinado se escribía el signo "+" en el lugar dispuesto al efecto; si se optaba por lo contrario, se escribía el signo "-"); si el centro psiquiátrico en cuestión se retrasaba en remitir los formularios o los médicos de la Aktion T-4 lo creían oportuno, visitaban el centro y realizaban ellos mismos la selección in situ; a continuación, tras identificar a sus víctimas mediante los formularios remitidos o las visitas presenciales, se las trasladaba a uno de los seis manicomios especiales del Reich designados para llevar a cabo la operación de exterminio, centros a los cuales se habían añadido cámaras de gas y hornos crematorios con este propósito. Las víctimas seleccionadas eran intoxicadas hasta la muerte con monóxido de carbono suministrado por el gigante de la industria química alemana IG Farben.
Para favorecer el ocultamiento de sus asesinatos y contener en la medida de lo posible los rumores que pudieran alertar a la población de la existencia del programa de 'eutanasia', los organizadores y cómplices de la Aktion T-4 solían dejar en paz a aquellos pacientes cuyos familiares los visitaban regularmente y por los cuales los parientes mostraban un activo y sostenido interés por su supervivencia. Sin embargo, esta precaución no evitó que la operación de aniquilación de enfermos acabase convirtiéndose en un secreto a voces. Las propias dimensiones de la operación y las incoherencias a la hora de notificar a los familiares la causa, el lugar o la fecha de las muertes evidenciaron que el régimen nazi estaba haciendo algo espantoso con los internos de los establecimientos psiquiátricos. Y aunque sólo un intrépido juez se atrevió a amenazar con abrir un proceso criminal (Lothar Kreyssig, destinado en Brandemburgo) y sólo una valerosa autoridad eclesiástica de relieve (el obispo católico de Münster, Clement August von Galen) osó denunciar en un sermón público en una iglesia la 'eutanasia' nazi como un repugnante asesinato, pues el terror nazi disuadía al más pintado de oponerse abiertamente a cualquier decisión del liderazgo nazi, Hitler decidió aplazar hasta después de la guerra, en algún momento del otoño de 1941, la continuación de la Aktion T-4 por juzgarla nociva para la moral de guerra alemana (las noticias sobre los asesinatos en masa de conciudadanos enfermos habían llegado también a los frentes de batalla).
Pero no se debería pensar que el aplazamiento o suspensión de la Aktion T-4 pusiera un fin efectivo a la política de asesinato de enfermos mentales y discapacitados durante la guerra. En realidad, se produjo más bien una redefinición de la ejecución de esta política. Por un lado, la organización central del programa de 'eutanasia' en Berlín, dependiente de la Cancillería del Führer, pervivió un tiempo más, hasta primavera de 1942, para encargarse a petición de Himmler del asesinato expeditivo en sus seis centros de exterminio disfrazados de manicomios de los enfermos incapaces de trabajar internos en los campos de concentración y exterminio de las SS (se trata de la llamada Operación 14f13). Cuando estos campos finalmente desarrollaron su propia infraestructura de gaseamiento y cremación en un grado suficiente para poder ocuparse de todos sus prisioneros sin necesitar ayuda externa, se desmanteló la oficina central de la Aktion T-4. Por otro lado, el creciente influjo de la ideología nazi sobre la medicina alemana, en general, y la psiquiatría germana, en particular, así como su receptividad a la idea de que en los hospitales psiquiátricos se malgastaban en seres improductivos los recursos cada vez más escasos con que contaba Alemania para proseguir la guerra, llevaron a las direcciones de los centros mentales a la práctica de políticas sistemáticas de maltrato y privación de bienes básicos que conducían indefectiblemente a la muerte de los pacientes. A lo cual se debe sumar la práctica de estas mismas políticas por parte de las direcciones de las prisiones respecto a los enfermos mentales poco productivos de los centros penitenciarios.
La descripción acabada de hacer de lo que en verdad fue la 'eutanasia' nazi deja meridianamente claro para todo aquel que se haya leído nuestra futura ley reguladora de la eutanasia lo disparatado de la equiparación entre una y otra, como no podría ser de otro modo. Hay que ser muy ignorante o tener muy mala fe para llamar nazi a la mencionada ley. Lo cual queda aún mucho más claro si sistematizamos sus contenidos y contraponemos sus respectivos principios rectores:
• Objetivos eugenésico-económicos versus motivaciones éticas liberales. La 'eutanasia' nazi se fundamentaba en la convicción de que los enfermos graves considerados incurables y los física o mentalmente discapacitados eran una carga económica injustificable, tanto para la sociedad como para el presupuesto público, unos seres improductivos que no contribuían en nada al bienestar del pueblo y lastraban sus posibilidades de desarrollo. A ello se agregaban las consabidas consideraciones eugenésico-racistas típicamente nazis, en virtud de las cuales esas personas constituían un auténtico problema de salud pública racial, al poner en peligro la pureza de la raza nórdica. En cambio, la futura ley española de eutanasia tiene su base en la autonomía individual —supuesto alfa y omega del liberalismo— y en la empatía o compasión hacia las personas que desean no sufrir más a causa de una enfermedad o un estado mental o físico insoportables para ellas e incurables o insuperables desde el punto de vista médico científico. No hay intención alguna de sacrificar la vida de la persona en aras de un supuesto bien colectivo superior, ya sea la nación, el pueblo, la ciencia o el bienestar de la familia.
• Coercitividad versus voluntariedad. Los nazis no pedían permiso o autorización alguna a sus víctimas a la hora de matarlas. Por eso, precisamente, se habla en este texto de asesinatos. Este es el punto esencial de toda la cuestión. La incorrectamente denominada eutanasia nazi es una política estatal en virtud de la cual el liderazgo de un régimen político decide por iniciativa propia matar premeditada, sistemática y despiadadamente a una entera categoría de personas contra su voluntad o sin contar para nada con ella (obviamente, pues estamos ante la comisión de asesinatos). Por el contrario, la proposición de ley de eutanasia discutida en España confiere a la persona un derecho subjetivo para recabar una prestación pública cuyo contenido es anticipar su muerte dadas una serie de condiciones relativas a la salud de esa persona médicamente evaluadas. La persona a la que se reconoce el derecho subjetivo de obtener la ayuda para morir puede ejercerlo o no ejercerlo: eso lo decide él, no el estado (ni sus familiares o sus representantes legales: este es un derecho que no se puede ejercer mediante representación). Justamente por ello, no cualquiera tiene reconocido el derecho subjetivo previsto en el texto de la proposición de ley de eutanasia. Los menores de edad y los legalmente incapacitados no lo tienen reconocido, ni tampoco aquellos respecto de los cuales el personal experto determine fundadamente que no están en condiciones de prestar un consentimiento válido. La iniciativa de solicitar la ayuda a morir ha de partir, naturalmente, del propio interesado, no de sus familiares o de los médicos (se establecen garantías para asegurarse de que la voluntad del interesado no está viciada por influencias indebidas). Y la proposición de ley exige, además, que el consentimiento sea reiterado (tres veces, de hecho, si no me equivoco, a lo largo de un cierto período de tiempo) y que la petición de ayuda a morir, tras un primer control del personal médico que atiende al paciente, reciba el visto bueno de un organismo creado ex profeso para el análisis de las solicitudes de eutanasia. Como es lógico, el paciente siempre puede revocar su consentimiento, hasta el último momento. En cuanto a los pacientes en estado vegetativo sin perspectivas razonables de recuperar su consciencia, se permite la eutanasia si antes de perder la consciencia, siendo entonces plenamente capaces para consentir, han manifestado su consentimiento en un 'testamento vital' válidamente emitido (o, al menos, así es como he interpretado yo el texto de la futura ley; me permito indicar que, tal vez, el legislador se debería haber expresado con mayor precisión en este punto: el texto de los artículos 5.2 y 6.4 contiene cierta vaguedad que debería corregirse, si es posible).
• Clandestinidad versus transparencia (para con el individuo) y legalidad. Ya se ha insistido lo suficiente en el carácter secreto y al margen de la ley del asesinato en masa medicalizado nazi de enfermos al describirlo anteriormente. Contra esta última alusión a la falta de legalidad de la 'eutanasia' nazi no cabe alegar, por cierto, la regla implícita existente en el derecho nazi de que la voluntad de Hitler era ley, puesto que el propio Hitler prefirió no dar cobertura legal a la Aktion T-4 por la razón ya señalada antes. Por consiguiente, el plan de 'eutanasia' nazi se ejecutó de manera clandestina y tratando de ocultar su existencia a la sociedad alemana. Sobre todo, se ocultó, no siempre con éxito, a las víctimas del plan lo que éste les tenía reservado hasta el instante mismo de la administración de la inyección letal o el gaseamiento (en una estratagema que los nazis repetirían en los campos de exterminio, se simuló que las cámaras de gas eran duchas). Se amenazó a algunos responsables recalcitrantes de hospitales psiquiátricos que se barruntaban la verdadera misión de los médicos de la Aktion T-4 con una temporada en un campo de concentración. En vivo contraste con la 'eutanasia' nazi, la eutanasia activa de nuestros tiempos, la prevista en la proposición de ley de regulación de la eutanasia, estará amparada en una ley aprobada por un parlamento elegido democráticamente y publicada en un diario oficial al cual todo el mundo podrá acceder si quiere, por lo que, a priori, no se ocultará a la sociedad, sino todo lo contrario. Lo decisivo es que la práctica de la eutanasia dependerá en el derecho español de una decisión informada y meditada de la persona que ejerce su derecho subjetivo a obtener la ayuda para morir. En el texto de la proposición de ley, se señala que esa persona debe recibir una información completa de su situación médica, del futuro desarrollo probable de la misma, de los cuidados paliativos existentes y de todo el proceso eutanásico que se seguirá si opta por ejercer el referido derecho subjetivo. Como ya se ha señalado, el consentimiento de la persona (en rigor: la petición o requerimiento de la persona) ha de reiterarse y el texto legal prevé, con la finalidad de forzar a la persona a que tome su decisión tras una reflexión seria sobre el asunto, que el médico, también reiteradamente, delibere con su paciente y no sólo se limite a comunicarle información de un modo comprensible para él o ella. Es importante resaltar una vez más que la iniciativa la tiene siempre el titular del derecho a la ayuda para morir, de tal modo que la información sobre el proceso eutanásico y la deliberación médico-paciente sólo tienen lugar tras una primera solicitud de este último. Y a los médicos que aborrezcan la práctica de la eutanasia no se les ofrece pasar una temporada en un campo de concentración, sino un derecho a la objeción de conciencia.
No sólo los principios rectores de la política 'eutanásica' nazi nada tienen que ver con los de la proposición de ley reguladora de la eutanasia en España. También sus respectivos alcances o ámbitos de aplicación personal, por decirlo de algún modo, difieren parcialmente. La eutanasia propuesta por los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno se restringe, por supuesto, a mayores de edad capaces de obrar, pues únicamente estos pueden consentir válidamente, salvo en los casos previstos en nuestro ordenamiento jurídico en que los menores e incapaces pueden prestar un consentimiento vinculante, entre los cuales no estará incluido, por descontado, el ejercicio del derecho subjetivo a obtener la prestación eutanásica. La 'eutanasia' nazi, en cambio, comprendía tanto a niños e incapaces como a adultos que no habían sido legalmente incapacitados.
¿Hace falta añadir algo más para mostrar que equiparar los preceptos de la proposición 'socialcomunista' de ley orgánica de regulación de la eutanasia a los crímenes 'eutanásicos' nazis es una aberración intelectual?
Para más información sobre la 'eutanasia' nazi: Probablemente, la monografía más completa sobre el tema sea el libro Die Belasteten, del autor alemán Götz Aly, historiador, por lo demás, bastante conservador (hay traducción española: Los que sobraban. Historia de la eutanasia social en la Alemania nazi, 1939-1945, Crítica, Barcelona, 2014).
http://www.mientrastanto.org/boletin-197/ensayo/no-invocaras-los-crimenes-del-nazismo-en-vano
Comenzaré con un relato de los hechos constitutivos de la mal llamada 'eutanasia' nazi.
En el verano de 1939, en vísperas de la invasión de Polonia, que daría inicio a la Segunda Guerra Mundial, Hitler encargó al jefe de la Cancillería del Führer —un organismo del estado-partido nazi equivalente a la secretaría personal de un jefe de estado—, Philipp Bouhler, y a uno de sus jefes médicos de confianza, el profesor Karl Brandt, organizar el asesinato de los enfermos mentales graves tenidos por incurables y los niños con malformaciones graves incapacitantes recluidos en centros psiquiátricos y orfanatos públicos y privados de todo el Reich (que, desde 1938, incluía también Austria y la región checa de los Sudetes).
Según el liderazgo nazi, el coste económico que representaba el mantenimiento y cuidado de enfermos y niños incapaces de trabajar y sin perspectivas de poder hacerlo en el futuro era insostenible para el Reich en el contexto de la inminente conflagración mundial por el dominio de Europa. Por otra parte, se consideraba que esas personas representaban, a pesar de su encierro, una amenaza biológica potencial para las futuras generaciones de alemanes y la opción de matarlos resultaba mucho más económica que la política practicada hasta entonces, la esterilización forzosa. Bouhler y Brandt calcularon que se debería asesinar, al menos, a entre setenta mil y ochenta mil residentes de las citadas instituciones. A este programa de asesinatos masivos se le denominó Aktion T-4, por la dirección del edificio desde el cual se iba a dirigir toda la operación (Tiergartenstrasse 4, Berlín). También el liderazgo nazi se refería a él muy a menudo con la denominación eufemística de 'eutanasia' (“buena muerte”, como es sabido), denominación no exenta del cruel sarcasmo al que eran muy dados los dirigentes nazis.
La operación se mantendría en secreto y al margen de la ley, pues según Hitler y sus acólitos la sociedad alemana no estaba aún preparada para aceptar el exterminio abierto y legal de seres humanos enfermos o deformes tenidos por incurables ordenado por el estado. Formalmente, pues, podría considerarse que la 'eutanasia' nazi era constitutiva de delito incluso desde la perspectiva de la legislación penal vigente en el Tercer Reich. En suma, la Aktion T-4 fue organizada y dirigida por la Cancillería del Führer con el beneplácito expreso de Hitler (existen pruebas documentales escritas de esto último). Contó con la colaboración de un numeroso grupo de médicos, en su mayoría del cuerpo médico de las SS, de algunos profesores universitarios de medicina y psiquiatría entusiastas de las doctrinas eugenésicas y de las autoridades sanitarias del Reich. Todos los individuos que participaron en la acción, lo hicieron voluntariamente (por razones ideológicas y para promover su carrera profesional).
La implementación de la Aktion T-4 se inició ya antes de la invasión de Polonia, al parecer en el mes de agosto de 1939, y sus primeras víctimas fueron niños mental o físicamente discapacitados. Estas primeras víctimas infantiles fueron asesinadas mediante inyección letal (por lo general, con Luminal o morfina-escalopamina). Pero enseguida la Aktion T-4 se amplió a los enfermos mentales graves adultos de los hospitales, sanatorios y otros centros psiquiátricos. En líneas generales el procedimiento era el siguiente: la organización de la Aktion T-4 enviaba con cualquier pretexto unos formularios debidamente camuflados mediante los cuales se recababa de las direcciones de los centros psiquiátricos información acerca del estado de los internos bajo su responsabilidad; una vez rellenados los formularios y reenviados a Berlín dentro del plazo estipulado, los médicos del programa de 'eutanasia' los leían y decidían quiénes debían vivir y quiénes morir (si estimaban que un interno debía ser asesinado se escribía el signo "+" en el lugar dispuesto al efecto; si se optaba por lo contrario, se escribía el signo "-"); si el centro psiquiátrico en cuestión se retrasaba en remitir los formularios o los médicos de la Aktion T-4 lo creían oportuno, visitaban el centro y realizaban ellos mismos la selección in situ; a continuación, tras identificar a sus víctimas mediante los formularios remitidos o las visitas presenciales, se las trasladaba a uno de los seis manicomios especiales del Reich designados para llevar a cabo la operación de exterminio, centros a los cuales se habían añadido cámaras de gas y hornos crematorios con este propósito. Las víctimas seleccionadas eran intoxicadas hasta la muerte con monóxido de carbono suministrado por el gigante de la industria química alemana IG Farben.
Para favorecer el ocultamiento de sus asesinatos y contener en la medida de lo posible los rumores que pudieran alertar a la población de la existencia del programa de 'eutanasia', los organizadores y cómplices de la Aktion T-4 solían dejar en paz a aquellos pacientes cuyos familiares los visitaban regularmente y por los cuales los parientes mostraban un activo y sostenido interés por su supervivencia. Sin embargo, esta precaución no evitó que la operación de aniquilación de enfermos acabase convirtiéndose en un secreto a voces. Las propias dimensiones de la operación y las incoherencias a la hora de notificar a los familiares la causa, el lugar o la fecha de las muertes evidenciaron que el régimen nazi estaba haciendo algo espantoso con los internos de los establecimientos psiquiátricos. Y aunque sólo un intrépido juez se atrevió a amenazar con abrir un proceso criminal (Lothar Kreyssig, destinado en Brandemburgo) y sólo una valerosa autoridad eclesiástica de relieve (el obispo católico de Münster, Clement August von Galen) osó denunciar en un sermón público en una iglesia la 'eutanasia' nazi como un repugnante asesinato, pues el terror nazi disuadía al más pintado de oponerse abiertamente a cualquier decisión del liderazgo nazi, Hitler decidió aplazar hasta después de la guerra, en algún momento del otoño de 1941, la continuación de la Aktion T-4 por juzgarla nociva para la moral de guerra alemana (las noticias sobre los asesinatos en masa de conciudadanos enfermos habían llegado también a los frentes de batalla).
Pero no se debería pensar que el aplazamiento o suspensión de la Aktion T-4 pusiera un fin efectivo a la política de asesinato de enfermos mentales y discapacitados durante la guerra. En realidad, se produjo más bien una redefinición de la ejecución de esta política. Por un lado, la organización central del programa de 'eutanasia' en Berlín, dependiente de la Cancillería del Führer, pervivió un tiempo más, hasta primavera de 1942, para encargarse a petición de Himmler del asesinato expeditivo en sus seis centros de exterminio disfrazados de manicomios de los enfermos incapaces de trabajar internos en los campos de concentración y exterminio de las SS (se trata de la llamada Operación 14f13). Cuando estos campos finalmente desarrollaron su propia infraestructura de gaseamiento y cremación en un grado suficiente para poder ocuparse de todos sus prisioneros sin necesitar ayuda externa, se desmanteló la oficina central de la Aktion T-4. Por otro lado, el creciente influjo de la ideología nazi sobre la medicina alemana, en general, y la psiquiatría germana, en particular, así como su receptividad a la idea de que en los hospitales psiquiátricos se malgastaban en seres improductivos los recursos cada vez más escasos con que contaba Alemania para proseguir la guerra, llevaron a las direcciones de los centros mentales a la práctica de políticas sistemáticas de maltrato y privación de bienes básicos que conducían indefectiblemente a la muerte de los pacientes. A lo cual se debe sumar la práctica de estas mismas políticas por parte de las direcciones de las prisiones respecto a los enfermos mentales poco productivos de los centros penitenciarios.
La descripción acabada de hacer de lo que en verdad fue la 'eutanasia' nazi deja meridianamente claro para todo aquel que se haya leído nuestra futura ley reguladora de la eutanasia lo disparatado de la equiparación entre una y otra, como no podría ser de otro modo. Hay que ser muy ignorante o tener muy mala fe para llamar nazi a la mencionada ley. Lo cual queda aún mucho más claro si sistematizamos sus contenidos y contraponemos sus respectivos principios rectores:
• Objetivos eugenésico-económicos versus motivaciones éticas liberales. La 'eutanasia' nazi se fundamentaba en la convicción de que los enfermos graves considerados incurables y los física o mentalmente discapacitados eran una carga económica injustificable, tanto para la sociedad como para el presupuesto público, unos seres improductivos que no contribuían en nada al bienestar del pueblo y lastraban sus posibilidades de desarrollo. A ello se agregaban las consabidas consideraciones eugenésico-racistas típicamente nazis, en virtud de las cuales esas personas constituían un auténtico problema de salud pública racial, al poner en peligro la pureza de la raza nórdica. En cambio, la futura ley española de eutanasia tiene su base en la autonomía individual —supuesto alfa y omega del liberalismo— y en la empatía o compasión hacia las personas que desean no sufrir más a causa de una enfermedad o un estado mental o físico insoportables para ellas e incurables o insuperables desde el punto de vista médico científico. No hay intención alguna de sacrificar la vida de la persona en aras de un supuesto bien colectivo superior, ya sea la nación, el pueblo, la ciencia o el bienestar de la familia.
• Coercitividad versus voluntariedad. Los nazis no pedían permiso o autorización alguna a sus víctimas a la hora de matarlas. Por eso, precisamente, se habla en este texto de asesinatos. Este es el punto esencial de toda la cuestión. La incorrectamente denominada eutanasia nazi es una política estatal en virtud de la cual el liderazgo de un régimen político decide por iniciativa propia matar premeditada, sistemática y despiadadamente a una entera categoría de personas contra su voluntad o sin contar para nada con ella (obviamente, pues estamos ante la comisión de asesinatos). Por el contrario, la proposición de ley de eutanasia discutida en España confiere a la persona un derecho subjetivo para recabar una prestación pública cuyo contenido es anticipar su muerte dadas una serie de condiciones relativas a la salud de esa persona médicamente evaluadas. La persona a la que se reconoce el derecho subjetivo de obtener la ayuda para morir puede ejercerlo o no ejercerlo: eso lo decide él, no el estado (ni sus familiares o sus representantes legales: este es un derecho que no se puede ejercer mediante representación). Justamente por ello, no cualquiera tiene reconocido el derecho subjetivo previsto en el texto de la proposición de ley de eutanasia. Los menores de edad y los legalmente incapacitados no lo tienen reconocido, ni tampoco aquellos respecto de los cuales el personal experto determine fundadamente que no están en condiciones de prestar un consentimiento válido. La iniciativa de solicitar la ayuda a morir ha de partir, naturalmente, del propio interesado, no de sus familiares o de los médicos (se establecen garantías para asegurarse de que la voluntad del interesado no está viciada por influencias indebidas). Y la proposición de ley exige, además, que el consentimiento sea reiterado (tres veces, de hecho, si no me equivoco, a lo largo de un cierto período de tiempo) y que la petición de ayuda a morir, tras un primer control del personal médico que atiende al paciente, reciba el visto bueno de un organismo creado ex profeso para el análisis de las solicitudes de eutanasia. Como es lógico, el paciente siempre puede revocar su consentimiento, hasta el último momento. En cuanto a los pacientes en estado vegetativo sin perspectivas razonables de recuperar su consciencia, se permite la eutanasia si antes de perder la consciencia, siendo entonces plenamente capaces para consentir, han manifestado su consentimiento en un 'testamento vital' válidamente emitido (o, al menos, así es como he interpretado yo el texto de la futura ley; me permito indicar que, tal vez, el legislador se debería haber expresado con mayor precisión en este punto: el texto de los artículos 5.2 y 6.4 contiene cierta vaguedad que debería corregirse, si es posible).
• Clandestinidad versus transparencia (para con el individuo) y legalidad. Ya se ha insistido lo suficiente en el carácter secreto y al margen de la ley del asesinato en masa medicalizado nazi de enfermos al describirlo anteriormente. Contra esta última alusión a la falta de legalidad de la 'eutanasia' nazi no cabe alegar, por cierto, la regla implícita existente en el derecho nazi de que la voluntad de Hitler era ley, puesto que el propio Hitler prefirió no dar cobertura legal a la Aktion T-4 por la razón ya señalada antes. Por consiguiente, el plan de 'eutanasia' nazi se ejecutó de manera clandestina y tratando de ocultar su existencia a la sociedad alemana. Sobre todo, se ocultó, no siempre con éxito, a las víctimas del plan lo que éste les tenía reservado hasta el instante mismo de la administración de la inyección letal o el gaseamiento (en una estratagema que los nazis repetirían en los campos de exterminio, se simuló que las cámaras de gas eran duchas). Se amenazó a algunos responsables recalcitrantes de hospitales psiquiátricos que se barruntaban la verdadera misión de los médicos de la Aktion T-4 con una temporada en un campo de concentración. En vivo contraste con la 'eutanasia' nazi, la eutanasia activa de nuestros tiempos, la prevista en la proposición de ley de regulación de la eutanasia, estará amparada en una ley aprobada por un parlamento elegido democráticamente y publicada en un diario oficial al cual todo el mundo podrá acceder si quiere, por lo que, a priori, no se ocultará a la sociedad, sino todo lo contrario. Lo decisivo es que la práctica de la eutanasia dependerá en el derecho español de una decisión informada y meditada de la persona que ejerce su derecho subjetivo a obtener la ayuda para morir. En el texto de la proposición de ley, se señala que esa persona debe recibir una información completa de su situación médica, del futuro desarrollo probable de la misma, de los cuidados paliativos existentes y de todo el proceso eutanásico que se seguirá si opta por ejercer el referido derecho subjetivo. Como ya se ha señalado, el consentimiento de la persona (en rigor: la petición o requerimiento de la persona) ha de reiterarse y el texto legal prevé, con la finalidad de forzar a la persona a que tome su decisión tras una reflexión seria sobre el asunto, que el médico, también reiteradamente, delibere con su paciente y no sólo se limite a comunicarle información de un modo comprensible para él o ella. Es importante resaltar una vez más que la iniciativa la tiene siempre el titular del derecho a la ayuda para morir, de tal modo que la información sobre el proceso eutanásico y la deliberación médico-paciente sólo tienen lugar tras una primera solicitud de este último. Y a los médicos que aborrezcan la práctica de la eutanasia no se les ofrece pasar una temporada en un campo de concentración, sino un derecho a la objeción de conciencia.
No sólo los principios rectores de la política 'eutanásica' nazi nada tienen que ver con los de la proposición de ley reguladora de la eutanasia en España. También sus respectivos alcances o ámbitos de aplicación personal, por decirlo de algún modo, difieren parcialmente. La eutanasia propuesta por los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno se restringe, por supuesto, a mayores de edad capaces de obrar, pues únicamente estos pueden consentir válidamente, salvo en los casos previstos en nuestro ordenamiento jurídico en que los menores e incapaces pueden prestar un consentimiento vinculante, entre los cuales no estará incluido, por descontado, el ejercicio del derecho subjetivo a obtener la prestación eutanásica. La 'eutanasia' nazi, en cambio, comprendía tanto a niños e incapaces como a adultos que no habían sido legalmente incapacitados.
¿Hace falta añadir algo más para mostrar que equiparar los preceptos de la proposición 'socialcomunista' de ley orgánica de regulación de la eutanasia a los crímenes 'eutanásicos' nazis es una aberración intelectual?
Para más información sobre la 'eutanasia' nazi: Probablemente, la monografía más completa sobre el tema sea el libro Die Belasteten, del autor alemán Götz Aly, historiador, por lo demás, bastante conservador (hay traducción española: Los que sobraban. Historia de la eutanasia social en la Alemania nazi, 1939-1945, Crítica, Barcelona, 2014).
http://www.mientrastanto.org/boletin-197/ensayo/no-invocaras-los-crimenes-del-nazismo-en-vano
domingo, 4 de octubre de 2020
“César Orquín Serra. El anarquista que salvó a 300 españoles en Mauthausen” supone un punto de inflexión en la Historia de Europa. Un libro de los que cambian de cuajo aquello conocido y que obliga a reestructurar méritos, culpabilidades y equidistancias. Los investigadores valencianos Guillem Llin y Carlos Senso han materializado cuatro años de estudio con un volumen que sale a la luz en formato digital y también en papel.
El libro relata la vida del anarquista valenciano nacido en 1914. Llegó al mundo como consecuencia de una relación amorosa ilegítima y, por ende, impopular entre un aristócrata y una criada del hogar. Pudo estudiar e ilustrarse en una época de analfabetismo generalizado y esclavismo laboral. Y dicha cultura acabaría salvando la vida a centenares de personas. Su ideología le llevó a la guerra y, pese a su afiliación anarquista, fue comisario en el comunista Batallón Abraham Lincoln de las Brigadas Internacionales.
Cuando los nazis conquistaron Europa, acabó en el infierno sobre la tierra pero pudo convencer a los gerifaltes del III Reich en los campos de exterminio para crear un grupo de trabajo externo y acabar salvando la vida a más de trescientas personas gracias a unas benévolas condiciones laborales desconocidas en unos campamentos diseñados para aniquilar a los enemigos del fascismo.
César Orquín Serra es el deportado más importante de la historia europea. Durante décadas, las dudas sobre su papel han silenciado su heroica hazaña, que sale ahora a la luz sustentada en inédita e irrefutable documentación de múltiples archivos mundiales.
Una vez en libertad tras el fin de la II Guerra Mundial, el partido comunista dominó el relato en el exilio y difundió la supuesta responsabilidad (nunca probada) de Orquín en la muerte de centenares de españoles, acusado de complicidad asesina con los nazis. El valenciano reaccionó, primero, con datos y la voz de los supervivientes (que siempre lo defendieron) y, después, con el silencio que le ofrecieron los kilómetros que estableció entremedio con su viaje ya definitivo a Argentina, país que le vio morir. Antes fue profesor, guionista, publicista, locutor de radio o director artístico. Murió en 1988. Ahora, de alguna forma, vuelve a la vida.
* Una breve precuela en formato periodístico ganó el Premio de Periodismo de Investigación Ramón Barnils en 2018.
martes, 18 de junio de 2019
_- ¿Hablamos de prostitución libre, de libre mercado, de economía liberal? Riverita y Arrimadas junto a toda esa trupe canalla de timadores y manipuladores mentirosos, de asesorados por "relaciones públicas" un montaje a base de "marketing político" eso es vuestro llamado partido, como si las personas fuesen objetos a comprar y vender... Como en los tiempos de la esclavitud y servidumbre. Con vuestro "feminismo liberal", al que no aceptan las feministas, y del que vosotros os lamentáis hipócritamente, cínicos canallas... habéis venido a mentir y confundir, a timar a nuestro pueblo, a hacer retroceder el mundo a tiempos peores, al anterior a la Revolución Francesa, en nombre de la LIBERTAD. No se puede ser más canalla.
_- Aquí tenéis un ejemplo de vuestros "principios" y engaños despóticos, la llamada
OPERACIÓN CARIOCA, lo muestra con diáfana claridad a que nivel de trato se puede llegar,...
“Ustedes no son nada. Les pego un tiro, las entierro en una gruta y nadie pregunta”.
La instructora del mayor caso (no el único) sobre proxenetismo en España describe el "terror" de las víctimas en los clubes de Lugo. Y hay cientos de ellos por toda España.
Esta crónica es una pequeña parte de la verdad sobre la prostitución y la trata de blancas.
Los crímenes, la explotación, los abusos, las palizas, el mal trato y las injusticias que se dan cotidianamente en ese sórdido mundo de explotación de seres humanos... Y encima hay quien se permite hablar de libertad de mercados...
El juzgado guarda un fúnebre dibujo infantil pintado por la hija del "tipo más duro de Lugo". Durante la instrucción del caso Carioca, la mayor causa contra el proxenetismo que ha habido en España (275 tomos), la niña explicó que su pintura representaba a "una chica enterrada". La pequeña vivió durante un tiempo en el Queen's, uno de los dos prostíbulos de su padre, José Manuel García Adán, y allí jugaba entre las mujeres víctimas, los clientes y los agentes del orden que supuestamente tejían la red corrupta que blindaba al proxeneta. Algunos de estos funcionarios de los cuerpos de seguridad habían estado en la vida de la cría desde el principio, tanto que hasta aparecen como invitados en el vídeo de su gran fiesta de bautizo, que forma parte de las pruebas del sumario.
Adán "se había granjeado la amistad de varios funcionarios policiales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", afirma en el auto de transformación en procedimiento abreviado Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo. "Algunos eran asiduos a sus clubes", Queen's y La Colina, y esto "coartaba la voluntad de las mujeres prostituidas a la hora de interponer cualquier denuncia". A lo largo de un centenar de folios, el escrito judicial desmonta la propuesta de las fiscales del caso, que a finales del año pasado defendieron librar del banquillo a todos los agentes imputados en una de las principales piezas de la causa. Tras una década de investigación, el auto de De Lara es uno de los últimos antes de que el asunto caiga en manos de la Audiencia Provincial para su juicio y posiblemente también uno de los postreros antes de la marcha de la magistrada. A falta de resolver un recurso de la juez, el Consejo General del Poder Judicial ha acordado apartarla de su plaza y de sus casos por lo que considera que son "retrasos injustificados" en la instrucción de las mayores causas anticorrupción de Galicia, que están a su cargo.
La magistrada mantiene las imputaciones, además de para los proxenetas, para un policía local que cree que era socio del negocio del Queen's; para otro municipal del que sospecha que suministraba munición al jefe de la trama; y para un agente nacional investigado por colaborar supuestamente desde el aeropuerto de Barajas al tráfico ilegal de personas.
Entre unos 370 testigos de la Carioca que relataron en el juzgado sus vivencias, Y.C. declara que cuando acudió a la comisaría a denunciar que Adán le había pegado una paliza y le había puesto una pistola en la cabeza, se encontró con que el jefe de la trama había llegado antes y "los policías se negaron" a recogerle a ella la denuncia. S.F.O., otra de las trabajadoras de los clubes, reproduce en otra parte del sumario la amenaza con la que supuestamente el proxeneta imponía su ley y les recordaba su indefensión: "¿Quiénes son ustedes? Nadie, ustedes no son nada. Si les pasa algo, ¿quién va a preguntar por ustedes? Nadie. Yo les pego un tiro y las llevo a enterrar a una gruta y nadie pregunta", narraba esta mujer traída de Latinoamérica, utilizando en su declaración pronombres de cortesía más propios de su país de origen que de un burdel donde, según De Lara, las mujeres "trabajaban en régimen de auténtica esclavitud".
Patrocinador del fútbol de los policías
Según la magistrada, Adán "las sometía a un régimen de control absoluto", "amenazándolas, gritándoles, insultándolas y agrediéndolas", "en un extremado clima de violencia". En los primeros registros le fueron incautadas cinco pistolas y abundante munición. Buena parte de los proyectiles aparecieron escondidos en el pozo del Queen's. El proxeneta, pendiente de los juicios de la Carioca pero ya en prisión por violencia de género contra su esposa, "exhibía armas y hacía gala del poder que ostentaba", "presumía de sus magnificas relaciones" con policías y guardias civiles, a los que invitaba a sexo y copas. Incluso "patrocinaba un equipo de fútbol" formado por agentes, y así "desmotivaba por completo a las mujeres" a la hora de denunciar el "absoluto clima de presión, sometimiento, intimidación y terror" que reinaba.
"Muchas fueron agredidas o amenazadas por Adán", que solía "hacer prácticas de tiro sobre la parte de atrás del club, en la zona del gallinero, del pozo y en una furgoneta", recuerda De Lara. Algunas declaran que "las humillaba lanzando el dinero por los aires para que se agacharan a recogerlo", o que las llamaba "putas fracasadas", "vacas gordas", “sinvergüenzas”. E.P. asegura que presenció "cómo Adán se subió a la mesa del comedor, se quitó su pantalón, se quedó en calzoncillos y tiró al suelo un montón de billetes". "Allí había más de 2.000 euros y gritó: 'quien me la chupe, se queda con el dinero", cuenta la testigo.
Después de una noche que ella recuerda como terrorífica, Y.C. comunicó al jefe su intención de abandonar el club y él, recoge el último auto, "reaccionó de forma violenta". La chica dice que la llamó "muerta de hambre" y que la "agredió brutalmente", la "golpeó", la "agarró por el pelo", la "arrastró por el suelo" y siguió pegándole hasta que "pudo ponerse en pie". Entonces, Adán ordenó a un empleado que "fuera a buscar la pistola que tenía guardada en la oficina": "José, búscame la 38, que le voy a dar a esta, que a los huevos mismos va a quedar". Luego le puso la pistola en la cabeza: "Te voy a matar". S.F.O. describe también un momento en que fue encañonada por el dueño del Queen's con un arma "que sacó del cinturón": "Mira lo que te puede pasar", asegura que le dijo el hombre entre risas, al comprobar que a ella le "temblaban las piernas". Otras veces les pegó "puñetazos" y "patadas" a ella y a una amiga. La mujer explica que después Adán "cogió sus cosas, las tiró a la calle" y la amenazó de muerte si denunciaba.
E.P. narra cómo un día el cabecilla de esta supuesta mafia de proxenetismo "lanzó un cuchillo desde la puerta de entrada al salón hasta la puerta del baño", y allí "quedó clavado" después de pasarle a ella "como a cuatro centímetros de la cabeza". En otro episodio de "cólera" distinto, Adán la golpeó, la arrastró afuera "cogiéndola por los pelos", le siguió pegando y le gritó: "Quédate fuera, puta, que si vuelves a entrar te mato". La víctima tuvo que acudir al hospital. Dice que allí le preguntaron a qué se debían las heridas, un corte en el labio y hematomas "por todo el cuerpo". Y que mintió por miedo: sostuvo ante el médico que se había "caído por las escaleras".
En otra pieza de la Carioca pendiente de juicio, Adán supuestamente obliga a abortar a una chica de 18 años que no quería hacerlo, en una intervención sin anestesia y con la máquina de aspirado de la clínica atascada. El niño no podía llegar a nacer porque su existencia podría complicar la vida del supuesto padre, un conocido empresario local que gastaba miles de euros en el club.
Tanto Adán como, sobre todo, su encargado, José Manuel Pulleiro Núñez, aprovechándose del miedo, la soledad, el aislamiento y la vulnerabilidad y debilidad de las mujeres, mantenían relaciones sexuales con ellas, especialmente con las que llegaban nuevas a los establecimientos", afirma la magistrada de Lugo. "Numerosas declaraciones ponen en evidencia cómo Pulleiro solía 'catar' o 'probar' a las jóvenes", continúa en su auto, e incluso "no cobraba la suma diaria de 43 euros" en concepto de alojamiento "ni imponía multas a las que mantenían relaciones sexuales con él". "Entre los amigos lo llamaban El Semental", detalló en su declaración un allegado: "Le gustaban sobre todo las brasileñas y colombianas"; "todas acababan acostándose con él".
En el Queen's y en La Colina "existía un consumo generalizado de drogas, particularmente cocaína, que facilitaba el propio dueño". Muchas mujeres esnifaban "para soportar las duras condiciones laborales", dice el escrito judicial. "Adán conseguía engancharlas, y garantizar la permanencia en sus locales, tanto de las mujeres como de los clientes, mayoritariamente reconocidos empresarios" entre los que alguno "llegó a gastar más de 4.000 euros en una sola noche".
LA JUEZ OFRECE A LA XUNTA PERSONARSE COMO ACUSACIÓN POR LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO S. R. P.
En el auto, De Lara ofrece a la Xunta de Galicia personarse como acusación en virtud de la ley gallega de violencia de género. Recuerda al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, además, que, en 2009 en el Queen's ejercía una menor. La muchacha fue localizada durante una redada pero "inexplicablemente", en palabras de la juez, ni los policías ni los funcionarios de Extranjería "detectaron" la falsedad de su pasaporte, con un año de nacimiento ficticio, sobrescrito por ella misma a bolígrafo. Más tarde la niña, con 17 años, ejerció en otro burdel lucense. Pero las fiscales decidieron exculpar, en otra pieza del sumario, al dueño de este segundo negocio, famoso entre la clientela por las supuestas facilidades que daba para practicar sexo sin condón.
Las mujeres llegaban, sobre todo, del Estado brasileño de Goiás, con una deuda contraída de entre 3.000 y 4.000 euros, en viajes orquestados por la trama con operadores del país americano. Los investigadores lograron identificar a más de 40 chicas que entraron así en España, muchas, supuestamente, con la instrucción específica de acceder por la puerta 16 del aeropuerto de Barajas, donde la magistrada sostiene que había un policía nacional conchabado al que mantiene imputado en este auto. Uno de los contactos que gestionaban los viajes de las mujeres desde Brasil llegó a recibir 89.682 euros en 84 operaciones de envío de dinero de la red lucense. Ya en los clubes, las trabajadoras tenían que saldar sus deudas ejerciendo la prostitución. Según la juez, ocurrió varias veces que, tras el viaje, alguna de las mujeres escapaba y la amiga que quedaba bajo el control de Adán y Pulleiro era obligada a asumir el precio y pagar el doble.
Fuente:
https://elpais.com/sociedad/2019/06/16/actualidad/1560702688_907602.html?rel=lom
OPERACIÓN CARIOCA, lo muestra con diáfana claridad a que nivel de trato se puede llegar,...
“Ustedes no son nada. Les pego un tiro, las entierro en una gruta y nadie pregunta”.
La instructora del mayor caso (no el único) sobre proxenetismo en España describe el "terror" de las víctimas en los clubes de Lugo. Y hay cientos de ellos por toda España.
Esta crónica es una pequeña parte de la verdad sobre la prostitución y la trata de blancas.
Los crímenes, la explotación, los abusos, las palizas, el mal trato y las injusticias que se dan cotidianamente en ese sórdido mundo de explotación de seres humanos... Y encima hay quien se permite hablar de libertad de mercados...
El juzgado guarda un fúnebre dibujo infantil pintado por la hija del "tipo más duro de Lugo". Durante la instrucción del caso Carioca, la mayor causa contra el proxenetismo que ha habido en España (275 tomos), la niña explicó que su pintura representaba a "una chica enterrada". La pequeña vivió durante un tiempo en el Queen's, uno de los dos prostíbulos de su padre, José Manuel García Adán, y allí jugaba entre las mujeres víctimas, los clientes y los agentes del orden que supuestamente tejían la red corrupta que blindaba al proxeneta. Algunos de estos funcionarios de los cuerpos de seguridad habían estado en la vida de la cría desde el principio, tanto que hasta aparecen como invitados en el vídeo de su gran fiesta de bautizo, que forma parte de las pruebas del sumario.
Adán "se había granjeado la amistad de varios funcionarios policiales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", afirma en el auto de transformación en procedimiento abreviado Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo. "Algunos eran asiduos a sus clubes", Queen's y La Colina, y esto "coartaba la voluntad de las mujeres prostituidas a la hora de interponer cualquier denuncia". A lo largo de un centenar de folios, el escrito judicial desmonta la propuesta de las fiscales del caso, que a finales del año pasado defendieron librar del banquillo a todos los agentes imputados en una de las principales piezas de la causa. Tras una década de investigación, el auto de De Lara es uno de los últimos antes de que el asunto caiga en manos de la Audiencia Provincial para su juicio y posiblemente también uno de los postreros antes de la marcha de la magistrada. A falta de resolver un recurso de la juez, el Consejo General del Poder Judicial ha acordado apartarla de su plaza y de sus casos por lo que considera que son "retrasos injustificados" en la instrucción de las mayores causas anticorrupción de Galicia, que están a su cargo.
La magistrada mantiene las imputaciones, además de para los proxenetas, para un policía local que cree que era socio del negocio del Queen's; para otro municipal del que sospecha que suministraba munición al jefe de la trama; y para un agente nacional investigado por colaborar supuestamente desde el aeropuerto de Barajas al tráfico ilegal de personas.
Entre unos 370 testigos de la Carioca que relataron en el juzgado sus vivencias, Y.C. declara que cuando acudió a la comisaría a denunciar que Adán le había pegado una paliza y le había puesto una pistola en la cabeza, se encontró con que el jefe de la trama había llegado antes y "los policías se negaron" a recogerle a ella la denuncia. S.F.O., otra de las trabajadoras de los clubes, reproduce en otra parte del sumario la amenaza con la que supuestamente el proxeneta imponía su ley y les recordaba su indefensión: "¿Quiénes son ustedes? Nadie, ustedes no son nada. Si les pasa algo, ¿quién va a preguntar por ustedes? Nadie. Yo les pego un tiro y las llevo a enterrar a una gruta y nadie pregunta", narraba esta mujer traída de Latinoamérica, utilizando en su declaración pronombres de cortesía más propios de su país de origen que de un burdel donde, según De Lara, las mujeres "trabajaban en régimen de auténtica esclavitud".
Patrocinador del fútbol de los policías
Según la magistrada, Adán "las sometía a un régimen de control absoluto", "amenazándolas, gritándoles, insultándolas y agrediéndolas", "en un extremado clima de violencia". En los primeros registros le fueron incautadas cinco pistolas y abundante munición. Buena parte de los proyectiles aparecieron escondidos en el pozo del Queen's. El proxeneta, pendiente de los juicios de la Carioca pero ya en prisión por violencia de género contra su esposa, "exhibía armas y hacía gala del poder que ostentaba", "presumía de sus magnificas relaciones" con policías y guardias civiles, a los que invitaba a sexo y copas. Incluso "patrocinaba un equipo de fútbol" formado por agentes, y así "desmotivaba por completo a las mujeres" a la hora de denunciar el "absoluto clima de presión, sometimiento, intimidación y terror" que reinaba.
"Muchas fueron agredidas o amenazadas por Adán", que solía "hacer prácticas de tiro sobre la parte de atrás del club, en la zona del gallinero, del pozo y en una furgoneta", recuerda De Lara. Algunas declaran que "las humillaba lanzando el dinero por los aires para que se agacharan a recogerlo", o que las llamaba "putas fracasadas", "vacas gordas", “sinvergüenzas”. E.P. asegura que presenció "cómo Adán se subió a la mesa del comedor, se quitó su pantalón, se quedó en calzoncillos y tiró al suelo un montón de billetes". "Allí había más de 2.000 euros y gritó: 'quien me la chupe, se queda con el dinero", cuenta la testigo.
Después de una noche que ella recuerda como terrorífica, Y.C. comunicó al jefe su intención de abandonar el club y él, recoge el último auto, "reaccionó de forma violenta". La chica dice que la llamó "muerta de hambre" y que la "agredió brutalmente", la "golpeó", la "agarró por el pelo", la "arrastró por el suelo" y siguió pegándole hasta que "pudo ponerse en pie". Entonces, Adán ordenó a un empleado que "fuera a buscar la pistola que tenía guardada en la oficina": "José, búscame la 38, que le voy a dar a esta, que a los huevos mismos va a quedar". Luego le puso la pistola en la cabeza: "Te voy a matar". S.F.O. describe también un momento en que fue encañonada por el dueño del Queen's con un arma "que sacó del cinturón": "Mira lo que te puede pasar", asegura que le dijo el hombre entre risas, al comprobar que a ella le "temblaban las piernas". Otras veces les pegó "puñetazos" y "patadas" a ella y a una amiga. La mujer explica que después Adán "cogió sus cosas, las tiró a la calle" y la amenazó de muerte si denunciaba.
E.P. narra cómo un día el cabecilla de esta supuesta mafia de proxenetismo "lanzó un cuchillo desde la puerta de entrada al salón hasta la puerta del baño", y allí "quedó clavado" después de pasarle a ella "como a cuatro centímetros de la cabeza". En otro episodio de "cólera" distinto, Adán la golpeó, la arrastró afuera "cogiéndola por los pelos", le siguió pegando y le gritó: "Quédate fuera, puta, que si vuelves a entrar te mato". La víctima tuvo que acudir al hospital. Dice que allí le preguntaron a qué se debían las heridas, un corte en el labio y hematomas "por todo el cuerpo". Y que mintió por miedo: sostuvo ante el médico que se había "caído por las escaleras".
En otra pieza de la Carioca pendiente de juicio, Adán supuestamente obliga a abortar a una chica de 18 años que no quería hacerlo, en una intervención sin anestesia y con la máquina de aspirado de la clínica atascada. El niño no podía llegar a nacer porque su existencia podría complicar la vida del supuesto padre, un conocido empresario local que gastaba miles de euros en el club.
Tanto Adán como, sobre todo, su encargado, José Manuel Pulleiro Núñez, aprovechándose del miedo, la soledad, el aislamiento y la vulnerabilidad y debilidad de las mujeres, mantenían relaciones sexuales con ellas, especialmente con las que llegaban nuevas a los establecimientos", afirma la magistrada de Lugo. "Numerosas declaraciones ponen en evidencia cómo Pulleiro solía 'catar' o 'probar' a las jóvenes", continúa en su auto, e incluso "no cobraba la suma diaria de 43 euros" en concepto de alojamiento "ni imponía multas a las que mantenían relaciones sexuales con él". "Entre los amigos lo llamaban El Semental", detalló en su declaración un allegado: "Le gustaban sobre todo las brasileñas y colombianas"; "todas acababan acostándose con él".
En el Queen's y en La Colina "existía un consumo generalizado de drogas, particularmente cocaína, que facilitaba el propio dueño". Muchas mujeres esnifaban "para soportar las duras condiciones laborales", dice el escrito judicial. "Adán conseguía engancharlas, y garantizar la permanencia en sus locales, tanto de las mujeres como de los clientes, mayoritariamente reconocidos empresarios" entre los que alguno "llegó a gastar más de 4.000 euros en una sola noche".
LA JUEZ OFRECE A LA XUNTA PERSONARSE COMO ACUSACIÓN POR LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO S. R. P.
En el auto, De Lara ofrece a la Xunta de Galicia personarse como acusación en virtud de la ley gallega de violencia de género. Recuerda al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, además, que, en 2009 en el Queen's ejercía una menor. La muchacha fue localizada durante una redada pero "inexplicablemente", en palabras de la juez, ni los policías ni los funcionarios de Extranjería "detectaron" la falsedad de su pasaporte, con un año de nacimiento ficticio, sobrescrito por ella misma a bolígrafo. Más tarde la niña, con 17 años, ejerció en otro burdel lucense. Pero las fiscales decidieron exculpar, en otra pieza del sumario, al dueño de este segundo negocio, famoso entre la clientela por las supuestas facilidades que daba para practicar sexo sin condón.
Las mujeres llegaban, sobre todo, del Estado brasileño de Goiás, con una deuda contraída de entre 3.000 y 4.000 euros, en viajes orquestados por la trama con operadores del país americano. Los investigadores lograron identificar a más de 40 chicas que entraron así en España, muchas, supuestamente, con la instrucción específica de acceder por la puerta 16 del aeropuerto de Barajas, donde la magistrada sostiene que había un policía nacional conchabado al que mantiene imputado en este auto. Uno de los contactos que gestionaban los viajes de las mujeres desde Brasil llegó a recibir 89.682 euros en 84 operaciones de envío de dinero de la red lucense. Ya en los clubes, las trabajadoras tenían que saldar sus deudas ejerciendo la prostitución. Según la juez, ocurrió varias veces que, tras el viaje, alguna de las mujeres escapaba y la amiga que quedaba bajo el control de Adán y Pulleiro era obligada a asumir el precio y pagar el doble.
Fuente:
https://elpais.com/sociedad/2019/06/16/actualidad/1560702688_907602.html?rel=lom
viernes, 9 de marzo de 2018
Crimen y castigo. España tiene una de las tasas más altas de encarcelamiento de la Unión Europea y los tiempos de las condenas suelen triplicar la media de otros países de la región.
Diana Quer no murió. Ni siquiera la palabra asesinato parece decir lo suficiente. Fue arrancada a la vida. En principio, uno no elegiría a Franz Kafka para hablar del gozo de vivir, pero es difícil expresarlo mejor que como lo hizo el joven triste de Praga en este aforismo: “¿Cómo puede alguien alegrarse por el mundo excepto cuando se huye hacia él?”. Sentimos muchas veces las ganas de huir del mundo, la nostalgia de unas alas, pero no hay sensación comparable al impulso de huir hacia él. Abrir la puerta, no para escapar, sino para refugiarse en el mundo. Y eso es lo que vemos en la mirada de Diana, y en las fotos de tantas desaparecidas: alguien que corre hacia la vida. Y se la arrancan.
Veo al padre de Diana y al de Mari Luz Cortés (asesinada a los cinco años, en 2008) portando un cartel en el que anuncian el apoyo de dos millones de firmantes en una campaña a favor de mantener la llamada “prisión permanente revisable”. A efectos críticos, también denominada “cadena perpetua revisable”. Esta ley, muy cuestionada, entró en vigor en 2015, con el único apoyo conservador. Ahora, una mayoría parlamentaria plural estudia su derogación. Comprendo el activismo en este asunto de los padres de Diana y Mari Luz, como el de los familiares y personas cercanas a otras víctimas. Los sentimientos y las emociones no se pueden juzgar. Se respetan. Y se intenta compartir un dolor que se sabe oceánico.
Lo que no es tan comprensible es el aprovechamiento partidario de esas tragedias. Los líderes políticos, los gobernantes, tienen que escuchar siempre a la gente, y en especial tienen que “escuchar” el dolor. El dolor no aplaude. Y el liderazgo servicial tampoco cura. Pero esa presencia en el lugar del dolor, y en el momento necesario, contribuye a crear confianza. No es posible una democracia sin confianza básica. Pero la confianza, como la libertad, no es un arenque salado. Hay que ejercerla. Lo contrario, lo que crea desconfianza, es la explotación del dolor de las víctimas con fines sectarios. En este caso ha sido una maniobra demasiado obscena. La agitación del dolor para disputar unas décimas.
La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) guía a los políticos españoles como el calendario lunar a las plantas. La más reciente resultaba preocupante para la derecha gobernante. Por un lado, registraba una creciente inquietud por la corrupción, solo superada como problema por el paro. Por otro, apuntaba un alza espectacular de Ciudadanos. Los conservadores necesitaban un frame, un nuevo encuadre, un motivo para cambiar la conversación popular. Quizás alguien levantó la nariz hacia una estantería y se encontró con un título clásico: Crimen y castigo. ¡Ese era el framing, ese era el encuadre! Es un buen tocho, así que le cascaron con Dostoievski a Albert Rivera y compañía.
En los últimos años, los partidos que podríamos llamar tradicionales o más acomodados han situado, terrorismo aparte, como principal peligro de desestabilización al “populismo”. En España se utilizó de manera indiscriminada, con poco rigor, sobre todo para estigmatizar a Podemos, una fuerza que nunca fue xenófoba ni antieuropeísta. Al contrario, fue una de las organizaciones más activas en defender la acogida a los refugiados y en la lucha contra las desigualdades. El verdadero “populismo” es el que excita los instintos básicos de la gente. Por ejemplo, la cuestión del crimen y el castigo. La verdad es que España tiene una de las tasas más altas de encarcelamiento de la Unión Europea y los tiempos de las condenas y su cumplimiento suelen triplicar la media de los otros países de la región. Por eso algunos catedráticos en Derecho Penal han calificado esta operación política como un “populismo penitenciario”.
Cuando se detiene a un malo que parece el retrato del mal, cuando se nos representa como un monstruo, es fácil conseguir un clamor para que se endurezca el castigo hasta el límite. Pero hay otro dato que a mí me parece monstruoso: aunque ha aumentado la sensibilidad respecto de los estudios anteriores, solo un 4,6% de los encuestados considera una preocupación principal la violencia machista. Y eso no lo arregla solo la política penitenciaria.
https://elpais.com/elpais/2018/02/07/eps/1518020811_577679.html
Veo al padre de Diana y al de Mari Luz Cortés (asesinada a los cinco años, en 2008) portando un cartel en el que anuncian el apoyo de dos millones de firmantes en una campaña a favor de mantener la llamada “prisión permanente revisable”. A efectos críticos, también denominada “cadena perpetua revisable”. Esta ley, muy cuestionada, entró en vigor en 2015, con el único apoyo conservador. Ahora, una mayoría parlamentaria plural estudia su derogación. Comprendo el activismo en este asunto de los padres de Diana y Mari Luz, como el de los familiares y personas cercanas a otras víctimas. Los sentimientos y las emociones no se pueden juzgar. Se respetan. Y se intenta compartir un dolor que se sabe oceánico.
Lo que no es tan comprensible es el aprovechamiento partidario de esas tragedias. Los líderes políticos, los gobernantes, tienen que escuchar siempre a la gente, y en especial tienen que “escuchar” el dolor. El dolor no aplaude. Y el liderazgo servicial tampoco cura. Pero esa presencia en el lugar del dolor, y en el momento necesario, contribuye a crear confianza. No es posible una democracia sin confianza básica. Pero la confianza, como la libertad, no es un arenque salado. Hay que ejercerla. Lo contrario, lo que crea desconfianza, es la explotación del dolor de las víctimas con fines sectarios. En este caso ha sido una maniobra demasiado obscena. La agitación del dolor para disputar unas décimas.
La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) guía a los políticos españoles como el calendario lunar a las plantas. La más reciente resultaba preocupante para la derecha gobernante. Por un lado, registraba una creciente inquietud por la corrupción, solo superada como problema por el paro. Por otro, apuntaba un alza espectacular de Ciudadanos. Los conservadores necesitaban un frame, un nuevo encuadre, un motivo para cambiar la conversación popular. Quizás alguien levantó la nariz hacia una estantería y se encontró con un título clásico: Crimen y castigo. ¡Ese era el framing, ese era el encuadre! Es un buen tocho, así que le cascaron con Dostoievski a Albert Rivera y compañía.
En los últimos años, los partidos que podríamos llamar tradicionales o más acomodados han situado, terrorismo aparte, como principal peligro de desestabilización al “populismo”. En España se utilizó de manera indiscriminada, con poco rigor, sobre todo para estigmatizar a Podemos, una fuerza que nunca fue xenófoba ni antieuropeísta. Al contrario, fue una de las organizaciones más activas en defender la acogida a los refugiados y en la lucha contra las desigualdades. El verdadero “populismo” es el que excita los instintos básicos de la gente. Por ejemplo, la cuestión del crimen y el castigo. La verdad es que España tiene una de las tasas más altas de encarcelamiento de la Unión Europea y los tiempos de las condenas y su cumplimiento suelen triplicar la media de los otros países de la región. Por eso algunos catedráticos en Derecho Penal han calificado esta operación política como un “populismo penitenciario”.
Cuando se detiene a un malo que parece el retrato del mal, cuando se nos representa como un monstruo, es fácil conseguir un clamor para que se endurezca el castigo hasta el límite. Pero hay otro dato que a mí me parece monstruoso: aunque ha aumentado la sensibilidad respecto de los estudios anteriores, solo un 4,6% de los encuestados considera una preocupación principal la violencia machista. Y eso no lo arregla solo la política penitenciaria.
https://elpais.com/elpais/2018/02/07/eps/1518020811_577679.html
miércoles, 5 de octubre de 2016
El PSOE apoya un ataque contra Siria incluso sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU. Los socialistas españoles hacen suyas las tesis de Hollande e insisten en que se debe "condenar" el uso de armas químicas, "castigar al régimen de Al Asad" y hacerlo con "un gran consenso internacional". (Noticia ya antigua pero que mantiene su actualidad)
IÑIGO ADURIZ
"Hay muchos instrumentos de la legalidad internacional y no sólo las resoluciones de las Naciones Unidas". Con estas palabras, el PSOE abría este miércoles la puerta a respaldar un ataque contra Siria en respuesta al uso de armas químicas incluso sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, único organismo internacional capaz de autorizar una intervención militar por razones humanitarias.
La número dos de los socialistas y responsable del área internacional del partido, Elena Valenciano, ha querido ser tajante durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Madrid tras la reunión de la cúpula del PSOE y ha insistido en la necesidad de "castigar" al régimen de Bashar Al Asad, al considerar probado que ha sido éste el que perpetró la masacre con armas químicas que acabó con la vida de cientos de personas. "Hay que castigar esta acción y hay que castigarla con los instrumentos de la legalidad internacional en la mano", ha dicho Valenciano, que ha recordado que al margen de las resoluciones de la ONU "el principio de la responsabilidad de proteger es también un principio de legalidad internacional".
No obstante, la dirigente socialista sí se ha mostrado a favor de que "se agoten todas las posibilidades de una decisión en el seno del Consejo de Seguridad, aunque sabemos que la posición de Rusia es de apoyo incondicional" a Al Asad.
A lo que sí estaría dispuesto a esperar el principal partido de la oposición antes de apoyar o no inminente bombardeo en Siria es a los informes que elaboren los inspectores de dicho organismo. "Es muy posible que lleguen pronto. Son los que pueden confirmar el uso de armas químicas, algo que ya ha sido confirmado por numerosos países", ha dicho.
El PSOE asume así las tesis defendidas en los últimos días por el presidente francés, el también socialista François Hollande, que considera probado que Al Asad está detrás del uso de armas químicas. Valenciano ha dicho que su partido condena "la "salvaje actuación" del Gobierno sirio, porque "lo que ha cometido es un crimen contra la humanidad". Y ha anunciado que el Grupo Socialista presentará en el Congreso una Proposición No de Ley condenando al propio régimen.
"Estamos ante un momento muy peligroso para la paz mundial", ha querido insistir la número dos de los socialistas españoles. Y es que, ha recordado, "las armas químicas están prohibidas desde hace más de 90 años y vulneran toda la legalidad internacional". Ante el conflicto abierto en el país los socialistas exigen pues una "respuesta medida, efectiva y razonable".
http://www.publico.es/internacional/psoe-apoya-ataque-siria-aval.html
"Hay muchos instrumentos de la legalidad internacional y no sólo las resoluciones de las Naciones Unidas". Con estas palabras, el PSOE abría este miércoles la puerta a respaldar un ataque contra Siria en respuesta al uso de armas químicas incluso sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, único organismo internacional capaz de autorizar una intervención militar por razones humanitarias.
La número dos de los socialistas y responsable del área internacional del partido, Elena Valenciano, ha querido ser tajante durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Madrid tras la reunión de la cúpula del PSOE y ha insistido en la necesidad de "castigar" al régimen de Bashar Al Asad, al considerar probado que ha sido éste el que perpetró la masacre con armas químicas que acabó con la vida de cientos de personas. "Hay que castigar esta acción y hay que castigarla con los instrumentos de la legalidad internacional en la mano", ha dicho Valenciano, que ha recordado que al margen de las resoluciones de la ONU "el principio de la responsabilidad de proteger es también un principio de legalidad internacional".
No obstante, la dirigente socialista sí se ha mostrado a favor de que "se agoten todas las posibilidades de una decisión en el seno del Consejo de Seguridad, aunque sabemos que la posición de Rusia es de apoyo incondicional" a Al Asad.
A lo que sí estaría dispuesto a esperar el principal partido de la oposición antes de apoyar o no inminente bombardeo en Siria es a los informes que elaboren los inspectores de dicho organismo. "Es muy posible que lleguen pronto. Son los que pueden confirmar el uso de armas químicas, algo que ya ha sido confirmado por numerosos países", ha dicho.
El PSOE asume así las tesis defendidas en los últimos días por el presidente francés, el también socialista François Hollande, que considera probado que Al Asad está detrás del uso de armas químicas. Valenciano ha dicho que su partido condena "la "salvaje actuación" del Gobierno sirio, porque "lo que ha cometido es un crimen contra la humanidad". Y ha anunciado que el Grupo Socialista presentará en el Congreso una Proposición No de Ley condenando al propio régimen.
"Estamos ante un momento muy peligroso para la paz mundial", ha querido insistir la número dos de los socialistas españoles. Y es que, ha recordado, "las armas químicas están prohibidas desde hace más de 90 años y vulneran toda la legalidad internacional". Ante el conflicto abierto en el país los socialistas exigen pues una "respuesta medida, efectiva y razonable".
http://www.publico.es/internacional/psoe-apoya-ataque-siria-aval.html
domingo, 28 de agosto de 2016
La guerra de Irak no fue una metedura de pata: fue un crimen
Owen Jones
The Guardian / El Diario
Elogiemos la investigación Chilcot por darle sello oficial a las verdades que siempre hemos sabido, que ya estaban ahí mucho antes de que se abrieran las puertas del infierno
Hemos visto encubrimientos de las élites en el pasado: del Domingo Sangriento a Hillsborough, las autoridades han conspirado a menudo para esconder la verdad por el interés de los poderosos. Pero esta vez no. La investigación Chilcot se estaba convirtiendo en una forma satírica de referirse a tardar un tiempo ridículamente largo en ejecutar una tarea, pero sir John pasará sin duda a la historia por dictar el veredicto más devastador y exhaustivo sobre un primer ministro moderno.
Los que nos manifestamos en su momento contra el desastre de Irak no podemos reivindicar nada, solo tristeza por no haber conseguido evitar un desastre que robó cientos de miles de vidas, entre ellas las de 179 soldados británicos, y que hirió, traumatizó y desplazó a millones de personas, en un desastre que cultivó extremismo a un nivel catastrófico.
Un legado de Chilcot debería ser animarnos a ser más atrevidos en nuestros desafíos a la autoridad, en ser escépticos con las afirmaciones oficiales, en permanecer firmes contra una agenda agresiva tejida por los medios. "Hay que aprender las lecciones", declararán ahora los defensores de la guerra. No les dejemos irse de rositas. Las lecciones fueron obvias para muchos de nosotros antes de que empezaran a caer las bombas.
Lo que ha hecho Chilcot es ilustrar que las afirmaciones del movimiento contrario a la guerra no eran teorías de la conspiración ni reclamaciones disparatadas o desorbitadas. "Cada vez parece más que tenemos un gobierno que busca un pretexto para la guerra más que la forma de evitarla", dijo el diputado laborista que se oponía a la guerra Alan Simpson varias semanas antes de la invasión. De hecho, como reveló Chilcot, Blair le dijo a George W. Bush en julio de 2002: "Estaré contigo, pase lo que pase".
Esta, como señala Chilcot, no fue una guerra de "último recurso": fue una guerra elegida, desatada "antes de que se agotaran las opciones pacíficas para el desarme". Simpson dijo: "Parece que elaboramos dossieres de engaño masivo, cuyas afirmaciones se tachan de irrisorias casi tan pronto como se publican". Y ahora Chilcot está de acuerdo en que la guerra se basó realmente en "datos de inteligencia y valoraciones deficientes" que no fueron "cuestionadas, y deberían haberse cuestionado". Nelson Mandela era uno de los que, en el periodo previo a la guerra, acusó a Blair y Bush de desautorizar a Naciones Unidas. Mandela queda reivindicado. Como dice Chilcot: "Consideramos que Reino Unido debilitó la autoridad del Consejo de Seguridad".
Hubo muchas advertencias. Un mes antes de la invasión, el senador estadounidense Gary Hart dijo que la guerra aumentaría el riesgo de terrorismo. "Vamos a abrir la caja de Pandora y no estamos preparados para eso en este país", avisó.
Tengamos en cuenta también esta cita de la web contraria a la guerra Dissident Voice un mes antes del conflicto: "Un ataque estadounidense y una posterior ocupación de Irak proporcionarán más motivación –y más facilidades para reclutar– a Al Qaeda y otros grupos terroristas y estimulará un mayor riesgo de terrorismo a largo plazo, ya sea en suelo estadounidense o contra los ciudadanos de este país en el extranjero". No es subestimar a los autores decir que esta fue una afirmación de lo obvio, excepto para los responsables de la guerra y sus acólitos. Pues Chilcot dice: "Blair fue advertido de que una invasión incrementaría la amenaza terrorista de Al Qaeda y otros grupos".
El exprimer ministro aseguró que las terribles consecuencias solo han resultado obvias a posteriori, pero la ONG Christian Aid advirtió de "caos y sufrimiento significativos en Irak mucho después de que hayan acabado los ataques militares". Una agencia de cooperación tenía una previsión mucho mejor que el alto cargo militar que –en una conversación off the record en la que participé en la universidad– aseguró que el 99% de Irak echaría flores a los soldados invasores. Como señala Chilcot, el Gobierno "no tuvo en cuenta la magnitud de la tarea de estabilizar, administrar y reconstruir Irak".
La afirmación irrisoria de Blair es errónea: como indica Chilcot, "las conclusiones a las que llegó Blair tras la invasión no requerían de un conocimiento posterior". Todas las amenazas, desde la intromisión de Irán hasta la actividad de Al Qaeda, "fueron cada una identificadas de forma explícita antes de la invasión". Cuando Robin Cook dimitió del Gobierno antes de la invasión, declaró que "es probable que Irak no tenga armas de destrucción masiva en el sentido del término conocido por todos". Chilcot ha condenado ahora a los servicios de inteligencia por creer lo contrario.
La Campaña por el Desarme Nuclear amenazó con un recurso legal contra el Gobierno en 2002 si emprendía la guerra sin una segunda resolución del Consejo de Seguridad. Varios juristas y Kofi Annan, el entonces secretario general de la ONU, están entre quienes desde entonces han calificado la invasión de ilegal.
El informe original que elaboró el fiscal general de Reino Unido, lord Goldsmith, decía de hecho que una guerra sin segunda resolución sería ilegal, pero Chilcot subraya el hecho de que, cuando Goldsmith hizo posteriormente una comparecencia oral, pareció haber cambiado misteriosamente de opinión.
Puede que la legalidad de la guerra no esté en los cometidos de Chilcot, pero incluso así concluye que el proceso por el que el Gobierno llegó a su base legal "no fue satisfactorio". Sin duda, ahora hay que recurrir la legalidad de esta guerra catastrófica ante los tribunales.
Siempre dijimos que la guerra de Irak estaba basada en mentiras. Leer artículos anteriores a la invasión, como The lies we are told about Iraq de Los Angeles Times, es realmente instructivo. El informe Chilcot no acusa a Blair de mentir. Pero se pone demasiado énfasis en esa cuestión. Blair estaba claramente determinado a ir a la guerra desde mucho antes. Se basaba en pruebas dudosas para su defensa, unas pruebas que otros en aquel momento sabían que eran dudosas. ¿Se engañó a sí mismo, engañó a la sociedad o solo lo conducía la virtud de un complejo mesiánico? Emprendió una guerra con una propuesta arriesgada que muchos en aquella época –incluidos 139 diputados laboristas– sabían que resultaría en desastre. Y eso ya es suficientemente condenatorio.
Elogiemos la investigación Chilcot por darle sello oficial a las verdades que siempre hemos sabido, pero seamos conscientes de que eso es todo lo que ha hecho. Las verdades que ha expuesto ya estaban ahí, mucho antes de que se abrieran las puertas del infierno, como advirtió de que pasaría el secretario general de la Liga Árabe antes de la invasión.
Fue la obviedad de lo que iba a ocurrir lo que creó el mayor movimiento contrario a la guerra de la historia. Fue un movimiento denigrado, en especial por los medios que apoyaron en gran medida las prisas por la guerra. Fue tan perverso que quienes se opusieron o criticaron la guerra –de políticos a directivos de la BBC– fueron quienes perdieron sus trabajos, mientras que Blair desde entonces ha desarrollado su rentable carrera trabajando para dictadores.
Muchos acólitos de esta gran catástrofe siguen mostrando pocos remordimientos o penitencias. Algunos incluso interrumpieron al líder laborista, Jeremy Corbyn –que hizo campaña tanto contra el apoyo británico a Sadam Hussein cuando gaseó a los kurdos en los años 80 como contra la invasión de 2003– mientras pronunciaba este miércoles su respuesta parlamentaria a Chilcot.
Y el horror continúa: los 250 iraquíes asesinados por coches bomba este fin de semana son un recordatorio devastador del caos ante el que Blair debe asumir responsabilidades. No fue una metedura de pata, ni un error, ni una confusión: decida lo que decida la ley, este fue –desde cualquier punto de vista moral– uno de los crímenes más graves de nuestros tiempos. Los responsables estarán condenados para siempre. Después de este miércoles, podemos señalarlos y llamarlos por su nombre.
Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo
Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/guerra-Irak-error-crimen_0_534746951.html
The Guardian / El Diario
Elogiemos la investigación Chilcot por darle sello oficial a las verdades que siempre hemos sabido, que ya estaban ahí mucho antes de que se abrieran las puertas del infierno
Hemos visto encubrimientos de las élites en el pasado: del Domingo Sangriento a Hillsborough, las autoridades han conspirado a menudo para esconder la verdad por el interés de los poderosos. Pero esta vez no. La investigación Chilcot se estaba convirtiendo en una forma satírica de referirse a tardar un tiempo ridículamente largo en ejecutar una tarea, pero sir John pasará sin duda a la historia por dictar el veredicto más devastador y exhaustivo sobre un primer ministro moderno.
Los que nos manifestamos en su momento contra el desastre de Irak no podemos reivindicar nada, solo tristeza por no haber conseguido evitar un desastre que robó cientos de miles de vidas, entre ellas las de 179 soldados británicos, y que hirió, traumatizó y desplazó a millones de personas, en un desastre que cultivó extremismo a un nivel catastrófico.
Un legado de Chilcot debería ser animarnos a ser más atrevidos en nuestros desafíos a la autoridad, en ser escépticos con las afirmaciones oficiales, en permanecer firmes contra una agenda agresiva tejida por los medios. "Hay que aprender las lecciones", declararán ahora los defensores de la guerra. No les dejemos irse de rositas. Las lecciones fueron obvias para muchos de nosotros antes de que empezaran a caer las bombas.
Lo que ha hecho Chilcot es ilustrar que las afirmaciones del movimiento contrario a la guerra no eran teorías de la conspiración ni reclamaciones disparatadas o desorbitadas. "Cada vez parece más que tenemos un gobierno que busca un pretexto para la guerra más que la forma de evitarla", dijo el diputado laborista que se oponía a la guerra Alan Simpson varias semanas antes de la invasión. De hecho, como reveló Chilcot, Blair le dijo a George W. Bush en julio de 2002: "Estaré contigo, pase lo que pase".
Esta, como señala Chilcot, no fue una guerra de "último recurso": fue una guerra elegida, desatada "antes de que se agotaran las opciones pacíficas para el desarme". Simpson dijo: "Parece que elaboramos dossieres de engaño masivo, cuyas afirmaciones se tachan de irrisorias casi tan pronto como se publican". Y ahora Chilcot está de acuerdo en que la guerra se basó realmente en "datos de inteligencia y valoraciones deficientes" que no fueron "cuestionadas, y deberían haberse cuestionado". Nelson Mandela era uno de los que, en el periodo previo a la guerra, acusó a Blair y Bush de desautorizar a Naciones Unidas. Mandela queda reivindicado. Como dice Chilcot: "Consideramos que Reino Unido debilitó la autoridad del Consejo de Seguridad".
Hubo muchas advertencias. Un mes antes de la invasión, el senador estadounidense Gary Hart dijo que la guerra aumentaría el riesgo de terrorismo. "Vamos a abrir la caja de Pandora y no estamos preparados para eso en este país", avisó.
Tengamos en cuenta también esta cita de la web contraria a la guerra Dissident Voice un mes antes del conflicto: "Un ataque estadounidense y una posterior ocupación de Irak proporcionarán más motivación –y más facilidades para reclutar– a Al Qaeda y otros grupos terroristas y estimulará un mayor riesgo de terrorismo a largo plazo, ya sea en suelo estadounidense o contra los ciudadanos de este país en el extranjero". No es subestimar a los autores decir que esta fue una afirmación de lo obvio, excepto para los responsables de la guerra y sus acólitos. Pues Chilcot dice: "Blair fue advertido de que una invasión incrementaría la amenaza terrorista de Al Qaeda y otros grupos".
El exprimer ministro aseguró que las terribles consecuencias solo han resultado obvias a posteriori, pero la ONG Christian Aid advirtió de "caos y sufrimiento significativos en Irak mucho después de que hayan acabado los ataques militares". Una agencia de cooperación tenía una previsión mucho mejor que el alto cargo militar que –en una conversación off the record en la que participé en la universidad– aseguró que el 99% de Irak echaría flores a los soldados invasores. Como señala Chilcot, el Gobierno "no tuvo en cuenta la magnitud de la tarea de estabilizar, administrar y reconstruir Irak".
La afirmación irrisoria de Blair es errónea: como indica Chilcot, "las conclusiones a las que llegó Blair tras la invasión no requerían de un conocimiento posterior". Todas las amenazas, desde la intromisión de Irán hasta la actividad de Al Qaeda, "fueron cada una identificadas de forma explícita antes de la invasión". Cuando Robin Cook dimitió del Gobierno antes de la invasión, declaró que "es probable que Irak no tenga armas de destrucción masiva en el sentido del término conocido por todos". Chilcot ha condenado ahora a los servicios de inteligencia por creer lo contrario.
La Campaña por el Desarme Nuclear amenazó con un recurso legal contra el Gobierno en 2002 si emprendía la guerra sin una segunda resolución del Consejo de Seguridad. Varios juristas y Kofi Annan, el entonces secretario general de la ONU, están entre quienes desde entonces han calificado la invasión de ilegal.
El informe original que elaboró el fiscal general de Reino Unido, lord Goldsmith, decía de hecho que una guerra sin segunda resolución sería ilegal, pero Chilcot subraya el hecho de que, cuando Goldsmith hizo posteriormente una comparecencia oral, pareció haber cambiado misteriosamente de opinión.
Puede que la legalidad de la guerra no esté en los cometidos de Chilcot, pero incluso así concluye que el proceso por el que el Gobierno llegó a su base legal "no fue satisfactorio". Sin duda, ahora hay que recurrir la legalidad de esta guerra catastrófica ante los tribunales.
Siempre dijimos que la guerra de Irak estaba basada en mentiras. Leer artículos anteriores a la invasión, como The lies we are told about Iraq de Los Angeles Times, es realmente instructivo. El informe Chilcot no acusa a Blair de mentir. Pero se pone demasiado énfasis en esa cuestión. Blair estaba claramente determinado a ir a la guerra desde mucho antes. Se basaba en pruebas dudosas para su defensa, unas pruebas que otros en aquel momento sabían que eran dudosas. ¿Se engañó a sí mismo, engañó a la sociedad o solo lo conducía la virtud de un complejo mesiánico? Emprendió una guerra con una propuesta arriesgada que muchos en aquella época –incluidos 139 diputados laboristas– sabían que resultaría en desastre. Y eso ya es suficientemente condenatorio.
Elogiemos la investigación Chilcot por darle sello oficial a las verdades que siempre hemos sabido, pero seamos conscientes de que eso es todo lo que ha hecho. Las verdades que ha expuesto ya estaban ahí, mucho antes de que se abrieran las puertas del infierno, como advirtió de que pasaría el secretario general de la Liga Árabe antes de la invasión.
Fue la obviedad de lo que iba a ocurrir lo que creó el mayor movimiento contrario a la guerra de la historia. Fue un movimiento denigrado, en especial por los medios que apoyaron en gran medida las prisas por la guerra. Fue tan perverso que quienes se opusieron o criticaron la guerra –de políticos a directivos de la BBC– fueron quienes perdieron sus trabajos, mientras que Blair desde entonces ha desarrollado su rentable carrera trabajando para dictadores.
Muchos acólitos de esta gran catástrofe siguen mostrando pocos remordimientos o penitencias. Algunos incluso interrumpieron al líder laborista, Jeremy Corbyn –que hizo campaña tanto contra el apoyo británico a Sadam Hussein cuando gaseó a los kurdos en los años 80 como contra la invasión de 2003– mientras pronunciaba este miércoles su respuesta parlamentaria a Chilcot.
Y el horror continúa: los 250 iraquíes asesinados por coches bomba este fin de semana son un recordatorio devastador del caos ante el que Blair debe asumir responsabilidades. No fue una metedura de pata, ni un error, ni una confusión: decida lo que decida la ley, este fue –desde cualquier punto de vista moral– uno de los crímenes más graves de nuestros tiempos. Los responsables estarán condenados para siempre. Después de este miércoles, podemos señalarlos y llamarlos por su nombre.
Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo
Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/guerra-Irak-error-crimen_0_534746951.html
jueves, 21 de enero de 2016
Crímenes económicos contra la humanidad
Según la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es "cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil". Desde la II Guerra Mundial nos hemos familiarizado con este concepto y con la idea de que, no importa cuál haya sido su magnitud, es posible y obligado investigar estos crímenes y hacer pagar a los culpables.
Situaciones como las que ha generado la crisis económica han hecho que se empiece a hablar de crímenes económicos contra la humanidad. El concepto no es nuevo. Ya en los años 1950 el economista neoclásico y premio Nobel Gary Becker introdujo su "teoría del crimen" a nivel microeconómico. La probabilidad de que un individuo cometa un crimen depende, para Becker, del riesgo que asume, del posible botín y del posible castigo. A nivel macroeconómico, el concepto se usó en los debates sobre las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante los ochenta y noventa, que acarrearon gravísimos costes sociales a la población de África, América Latina, Asia (durante la crisis asiática de 1997-98) y la Europa del Este. Muchos analistas señalaron a estos organismos, a las políticas que patrocinaron y a los economistas que las diseñaron como responsables, especialmente el FMI, que quedó muy desprestigiado tras la crisis asiática.
En la actualidad son los países occidentales los que sufren los costes sociales de la crisis financiera y de empleo, y de los planes de austeridad que supuestamente luchan contra ella. La pérdida de derechos fundamentales como el trabajo y la vivienda y el sufrimiento de millones de familias que ven en peligro su supervivencia son ejemplos de los costes aterradores de esta crisis. Los hogares que viven en la pobreza están creciendo de forma imparable. Pero ¿quiénes son los responsables? Los mercados, leemos y oímos cada día.
En un artículo publicado en Businessweek el 20 de marzo de 2009 con el título "Wall Street's economic crimes against humanity", Shoshana Zuboff, antigua profesora de la Harvard Business School, sostenía que el que los responsables de la crisis nieguen las consecuencias de sus acciones demuestra "la banalidad del mal" y el "narcisismo institucionalizado" en nuestras sociedades. Es una muestra de la falta de responsabilidad y de la "distancia emocional" con que han acumulado sumas millonarias quienes ahora niegan cualquier relación con el daño provocado. Culpar solo al sistema no es aceptable, argumentaba Zuboff, como no lo habría sido culpar de los crímenes nazis solo a las ideas, y no a quienes los cometieron.
Culpar a los mercados es efectivamente quedarse en la superficie del problema. Hay responsables, y son personas e instituciones concretas: son quienes defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros; los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado durante el boom financiero; quienes permitieron sus prácticas y quienes les permiten ahora salir indemnes y robustecidos, con más dinero público, a cambio de nada. Empresas como Lehman Brothers o Goldman Sachs, bancos que permitieron la proliferación de créditos basura, auditoras que supuestamente garantizaban las cuentas de las empresas, y gente como Alan Greenspan, jefe de la Reserva Federal norteamericana durante los Gobiernos de Bush y Clinton, opositor a ultranza a la regulación de los mercados financieros.
La Comisión del Congreso norteamericano sobre los orígenes de la crisis ha sido esclarecedora en este sentido. Creada por el presidente Obama en 2009 para investigar las acciones ilegales o criminales de la industria financiera, ha entrevistado a más de 700 expertos. Su informe, hecho público el pasado enero, concluye que la crisis se hubiera podido evitar. Señala fallos en los sistemas de regulación y supervisión financiera del Gobierno y de las empresas, en las prácticas contables y auditoras y en la transparencia en los negocios. La Comisión investigó el papel directo de algunos gigantes de Wall Street en el desastre financiero, por ejemplo en el mercado de subprimes, y el de las agencias encargadas del ranking de bonos. Es importante entender los distintos grados de responsabilidad de cada actor de este drama, pero no es admisible la sensación de impunidad sin "responsables".
En cuanto a las víctimas de los crímenes económicos, en España un 20% de desempleo desde hace más de dos años significa un enorme coste económico y humano. Miles de familias sufren las consecuencias de haber creído que pagarían hipotecas con sueldos mileuristas: 90.000 ejecuciones hipotecarias en 2009 y 180.000 en 2010. En EE UU, la tasa de paro es la mitad de la española, pero supone unos 26 millones de parados, lo cual implica un tremendo aumento de la pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Según la Comisión sobre la Crisis Financiera, más de cuatro millones de familias han perdido sus casas, y cuatro millones y medio están en procesos de desahucio. Once billones de dólares de "riqueza familiar" han "desaparecido" al desvalorizarse sus patrimonios, incluyendo casas, pensiones y ahorros. Otra consecuencia de la crisis es su efecto sobre los precios de alimentos y otras materias primas básicas, sectores hacia los que los especuladores están desviando sus capitales. El resultado es la inflación de sus precios y el aumento aún mayor de la pobreza.
En algunos casos notorios de fraude como el de Madoff, el autor está en la cárcel y el proceso judicial contra él continúa porque sus víctimas tienen poder económico. Pero en general, quienes han provocado la crisis no solo han recogido unas ganancias fabulosas, sino que no temen castigo alguno. Nadie investiga sus responsabilidades ni sus decisiones. Los Gobiernos los protegen y el aparato judicial no los persigue.
Si tuviéramos nociones claras de qué es un crimen económico y si existieran mecanismos para investigarlos y perseguirlos se hubieran podido evitar muchos de los actuales problemas. No es una utopía. Islandia ofrece un ejemplo muy interesante. En vez de rescatar a los banqueros que arruinaron al país en 2008, la fiscalía abrió una investigación penal contra los responsables. En 2009 el Gobierno entero tuvo que dimitir y el pago de la deuda de la banca quedó bloqueado. Islandia no ha socializado las pérdidas como están haciendo muchos países, incluida España, sino que ha aceptado que los responsables fueran castigados y que sus bancos se hundieran.
De la misma forma que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos contra la humanidad, es hora de hacer lo mismo con los económicos. Este es un buen momento, dada su existencia difícil de refutar. Es urgente que la noción de "crimen económico" se incorpore al discurso ciudadano y se entienda su importancia para construir la democracia económica y política. Como mínimo nos hará ver la necesidad de regular los mercados para que, como dice Polanyi, estén al servicio de la sociedad, y no viceversa.
Lourdes Benería es profesora de Economía en la Universidad de Cornell. Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona.
http://elpais.com/diario/2011/03/29/opinion/1301349604_850215.html
Artículos de Lourdes: http://elpais.com/autor/lourdes_beneria/a/
La culpa del paro es de los trabajadores
http://elpais.com/diario/2009/11/24/opinion/1259017212_850215.html
Lourdes Beneria / Carmen Sarasúa
Situaciones como las que ha generado la crisis económica han hecho que se empiece a hablar de crímenes económicos contra la humanidad. El concepto no es nuevo. Ya en los años 1950 el economista neoclásico y premio Nobel Gary Becker introdujo su "teoría del crimen" a nivel microeconómico. La probabilidad de que un individuo cometa un crimen depende, para Becker, del riesgo que asume, del posible botín y del posible castigo. A nivel macroeconómico, el concepto se usó en los debates sobre las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante los ochenta y noventa, que acarrearon gravísimos costes sociales a la población de África, América Latina, Asia (durante la crisis asiática de 1997-98) y la Europa del Este. Muchos analistas señalaron a estos organismos, a las políticas que patrocinaron y a los economistas que las diseñaron como responsables, especialmente el FMI, que quedó muy desprestigiado tras la crisis asiática.
En la actualidad son los países occidentales los que sufren los costes sociales de la crisis financiera y de empleo, y de los planes de austeridad que supuestamente luchan contra ella. La pérdida de derechos fundamentales como el trabajo y la vivienda y el sufrimiento de millones de familias que ven en peligro su supervivencia son ejemplos de los costes aterradores de esta crisis. Los hogares que viven en la pobreza están creciendo de forma imparable. Pero ¿quiénes son los responsables? Los mercados, leemos y oímos cada día.
En un artículo publicado en Businessweek el 20 de marzo de 2009 con el título "Wall Street's economic crimes against humanity", Shoshana Zuboff, antigua profesora de la Harvard Business School, sostenía que el que los responsables de la crisis nieguen las consecuencias de sus acciones demuestra "la banalidad del mal" y el "narcisismo institucionalizado" en nuestras sociedades. Es una muestra de la falta de responsabilidad y de la "distancia emocional" con que han acumulado sumas millonarias quienes ahora niegan cualquier relación con el daño provocado. Culpar solo al sistema no es aceptable, argumentaba Zuboff, como no lo habría sido culpar de los crímenes nazis solo a las ideas, y no a quienes los cometieron.
Culpar a los mercados es efectivamente quedarse en la superficie del problema. Hay responsables, y son personas e instituciones concretas: son quienes defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros; los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado durante el boom financiero; quienes permitieron sus prácticas y quienes les permiten ahora salir indemnes y robustecidos, con más dinero público, a cambio de nada. Empresas como Lehman Brothers o Goldman Sachs, bancos que permitieron la proliferación de créditos basura, auditoras que supuestamente garantizaban las cuentas de las empresas, y gente como Alan Greenspan, jefe de la Reserva Federal norteamericana durante los Gobiernos de Bush y Clinton, opositor a ultranza a la regulación de los mercados financieros.
La Comisión del Congreso norteamericano sobre los orígenes de la crisis ha sido esclarecedora en este sentido. Creada por el presidente Obama en 2009 para investigar las acciones ilegales o criminales de la industria financiera, ha entrevistado a más de 700 expertos. Su informe, hecho público el pasado enero, concluye que la crisis se hubiera podido evitar. Señala fallos en los sistemas de regulación y supervisión financiera del Gobierno y de las empresas, en las prácticas contables y auditoras y en la transparencia en los negocios. La Comisión investigó el papel directo de algunos gigantes de Wall Street en el desastre financiero, por ejemplo en el mercado de subprimes, y el de las agencias encargadas del ranking de bonos. Es importante entender los distintos grados de responsabilidad de cada actor de este drama, pero no es admisible la sensación de impunidad sin "responsables".
En cuanto a las víctimas de los crímenes económicos, en España un 20% de desempleo desde hace más de dos años significa un enorme coste económico y humano. Miles de familias sufren las consecuencias de haber creído que pagarían hipotecas con sueldos mileuristas: 90.000 ejecuciones hipotecarias en 2009 y 180.000 en 2010. En EE UU, la tasa de paro es la mitad de la española, pero supone unos 26 millones de parados, lo cual implica un tremendo aumento de la pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Según la Comisión sobre la Crisis Financiera, más de cuatro millones de familias han perdido sus casas, y cuatro millones y medio están en procesos de desahucio. Once billones de dólares de "riqueza familiar" han "desaparecido" al desvalorizarse sus patrimonios, incluyendo casas, pensiones y ahorros. Otra consecuencia de la crisis es su efecto sobre los precios de alimentos y otras materias primas básicas, sectores hacia los que los especuladores están desviando sus capitales. El resultado es la inflación de sus precios y el aumento aún mayor de la pobreza.
En algunos casos notorios de fraude como el de Madoff, el autor está en la cárcel y el proceso judicial contra él continúa porque sus víctimas tienen poder económico. Pero en general, quienes han provocado la crisis no solo han recogido unas ganancias fabulosas, sino que no temen castigo alguno. Nadie investiga sus responsabilidades ni sus decisiones. Los Gobiernos los protegen y el aparato judicial no los persigue.
Si tuviéramos nociones claras de qué es un crimen económico y si existieran mecanismos para investigarlos y perseguirlos se hubieran podido evitar muchos de los actuales problemas. No es una utopía. Islandia ofrece un ejemplo muy interesante. En vez de rescatar a los banqueros que arruinaron al país en 2008, la fiscalía abrió una investigación penal contra los responsables. En 2009 el Gobierno entero tuvo que dimitir y el pago de la deuda de la banca quedó bloqueado. Islandia no ha socializado las pérdidas como están haciendo muchos países, incluida España, sino que ha aceptado que los responsables fueran castigados y que sus bancos se hundieran.
De la misma forma que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos contra la humanidad, es hora de hacer lo mismo con los económicos. Este es un buen momento, dada su existencia difícil de refutar. Es urgente que la noción de "crimen económico" se incorpore al discurso ciudadano y se entienda su importancia para construir la democracia económica y política. Como mínimo nos hará ver la necesidad de regular los mercados para que, como dice Polanyi, estén al servicio de la sociedad, y no viceversa.
Lourdes Benería es profesora de Economía en la Universidad de Cornell. Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona.
http://elpais.com/diario/2011/03/29/opinion/1301349604_850215.html
Artículos de Lourdes: http://elpais.com/autor/lourdes_beneria/a/
La culpa del paro es de los trabajadores
http://elpais.com/diario/2009/11/24/opinion/1259017212_850215.html
Lourdes Beneria / Carmen Sarasúa
lunes, 14 de diciembre de 2015
El precio del coraje. Nunca quiso abandonar su país. Le ha expulsado la sombra de sus asesinos. Ese ha sido el precio de su decencia
ALMUDENA GRANDES
La memoria no tiene que ver con el pasado. La memoria es una pieza fundamental para construir el presente de una sociedad, una exigencia imprescindible para afrontar el futuro.
El 16 de noviembre de 1989 un grupo de soldados armados entraron por la noche y a la fuerza en la casa de la comunidad jesuita de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador. Eran miembros del denominado Batallón Atlácatl, un grupo de asalto de élite fundado en 1980 en la Escuela Militar de las Américas, creada por iniciativa del ejército de los Estados Unidos de América con sede en Panamá. El Batallón Atlácatl, bautizado así en honor de un legendario guerrero cusclateco cuya existencia nunca se ha podido demostrar, se alzó con una sangrienta y merecida reputación criminal a lo largo de la guerra civil que azotó El Salvador en los años ochenta. Su mayor hazaña militar, su victoria más famosa, consistió en asesinar a sangre fría a seis jesuitas, cinco españoles y un salvadoreño, profesores de la Universidad, y a dos mujeres, la que limpiaba y guisaba para ellos y su hija de 16 años, que decidieron quedarse aquella noche a dormir allí porque les dio miedo volver a su casa mientras los combates entre el ejército y la guerrilla se libraban ya en el centro de la ciudad.
Los jesuitas de la UCA, referentes de la Teología de la Liberación en Centroamérica, estaban formalmente amenazados de muerte desde el 12 de marzo de 1977. El rector de la Universidad, Ignacio Ellacuría, prestigioso teólogo, intelectual respetado en dos continentes, vizcaíno de nacimiento pero naturalizado salvadoreño, estaba en España en esas fechas. Podría haberse quedado aquí, pero volvió a El Salvador en 1988 para seguir trabajando por la paz, mediando entre la guerrilla y el presidente Alfredo Cristiani, amigo personal suyo, como había sido amigo suyo Óscar Romero, arzobispo metropolitano de San Salvador, que luchó por los derechos humanos hasta que le asesinaron de un balazo mientras celebraba una misa, en 1980.
Todo esto es historia. Los soldados llegaron, Ellacuría salió a su encuentro, les pidió que sólo le mataran a él, y le mataron, y luego mataron a sus compañeros, uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres más, y mataron a una mujer, y mataron a su hija, casi una niña. Los asesinos sembraron el escenario del crimen de pruebas falsas, destinadas a incriminar a la guerrilla, antes de escapar. Casi todos fueron muriendo después, también ellos uno a uno, para que no pudiesen arrepentirse, contarle a nadie lo que habían hecho. Todo esto es historia, y que como ya no existían los autores materiales, nunca llegó a celebrarse un juicio en El Salvador.
Pero la memoria no tiene que ver con el pasado, sino con el presente. En los últimos años, mi amigo Jorge Galán ha escrito una novela sobre la matanza de los jesuitas, sobre la maldición de la violencia que sigue destrozando El Salvador, sobre la impunidad de los autores intelectuales de aquella matanza, los mandos militares que dieron la orden y han seguido viviendo sus plácidas vidas de privilegiados sin pagar jamás por lo que hicieron. Noviembre se publicó hace sólo unas semanas. Es un libro tan valiente como sus personajes, porque su autor lo es, porque siente que no podía honrar la memoria de Ignacio Ellacuría, de Joaquín López y López, de Armando López, de Ignacio Martín-Baró, de Segundo Montes, de Juan Ramón Moreno, sino desde la verdad, desde el coraje que a ellos, y a Elba Ramos, y a su hija Celina, les costó la vida.
Noviembre se publicó hace sólo unas semanas. Inmediatamente después, Jorge Galán se ha convertido en un personaje de su novela. Más de 25 años después de aquel crimen, las redes sociales hierven en amenazas de muerte escritas con las mismas palabras, los mismos adjetivos que Ellacuría y sus compañeros merecieron entonces. Hace sólo unos días, cuando salía de su casa, un coche se paró a su lado y el conductor le llamó por su nombre, le dijo que sabía dónde vivía, adónde iba, se abrió la americana, le enseñó una pistola.
Ahora, Jorge está en Madrid. Ha venido para pedir asilo político y no sabe cuánto tiempo pasará hasta que pueda volver a su país, ese pequeño paisito que él nunca quiso abandonar, por muchas oportunidades que tuviera para hacerlo, y del que ahora le ha expulsado la sombra de unos asesinos. Ese ha sido el precio de su coraje, de su decencia.
Pero la memoria es la clave del presente.
No hay futuro sin memoria, y él lo sabe.
http://elpais.com/elpais/2015/12/07/eps/1449516106_474460.html
La memoria no tiene que ver con el pasado. La memoria es una pieza fundamental para construir el presente de una sociedad, una exigencia imprescindible para afrontar el futuro.
El 16 de noviembre de 1989 un grupo de soldados armados entraron por la noche y a la fuerza en la casa de la comunidad jesuita de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador. Eran miembros del denominado Batallón Atlácatl, un grupo de asalto de élite fundado en 1980 en la Escuela Militar de las Américas, creada por iniciativa del ejército de los Estados Unidos de América con sede en Panamá. El Batallón Atlácatl, bautizado así en honor de un legendario guerrero cusclateco cuya existencia nunca se ha podido demostrar, se alzó con una sangrienta y merecida reputación criminal a lo largo de la guerra civil que azotó El Salvador en los años ochenta. Su mayor hazaña militar, su victoria más famosa, consistió en asesinar a sangre fría a seis jesuitas, cinco españoles y un salvadoreño, profesores de la Universidad, y a dos mujeres, la que limpiaba y guisaba para ellos y su hija de 16 años, que decidieron quedarse aquella noche a dormir allí porque les dio miedo volver a su casa mientras los combates entre el ejército y la guerrilla se libraban ya en el centro de la ciudad.
Los jesuitas de la UCA, referentes de la Teología de la Liberación en Centroamérica, estaban formalmente amenazados de muerte desde el 12 de marzo de 1977. El rector de la Universidad, Ignacio Ellacuría, prestigioso teólogo, intelectual respetado en dos continentes, vizcaíno de nacimiento pero naturalizado salvadoreño, estaba en España en esas fechas. Podría haberse quedado aquí, pero volvió a El Salvador en 1988 para seguir trabajando por la paz, mediando entre la guerrilla y el presidente Alfredo Cristiani, amigo personal suyo, como había sido amigo suyo Óscar Romero, arzobispo metropolitano de San Salvador, que luchó por los derechos humanos hasta que le asesinaron de un balazo mientras celebraba una misa, en 1980.
Todo esto es historia. Los soldados llegaron, Ellacuría salió a su encuentro, les pidió que sólo le mataran a él, y le mataron, y luego mataron a sus compañeros, uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres más, y mataron a una mujer, y mataron a su hija, casi una niña. Los asesinos sembraron el escenario del crimen de pruebas falsas, destinadas a incriminar a la guerrilla, antes de escapar. Casi todos fueron muriendo después, también ellos uno a uno, para que no pudiesen arrepentirse, contarle a nadie lo que habían hecho. Todo esto es historia, y que como ya no existían los autores materiales, nunca llegó a celebrarse un juicio en El Salvador.
Pero la memoria no tiene que ver con el pasado, sino con el presente. En los últimos años, mi amigo Jorge Galán ha escrito una novela sobre la matanza de los jesuitas, sobre la maldición de la violencia que sigue destrozando El Salvador, sobre la impunidad de los autores intelectuales de aquella matanza, los mandos militares que dieron la orden y han seguido viviendo sus plácidas vidas de privilegiados sin pagar jamás por lo que hicieron. Noviembre se publicó hace sólo unas semanas. Es un libro tan valiente como sus personajes, porque su autor lo es, porque siente que no podía honrar la memoria de Ignacio Ellacuría, de Joaquín López y López, de Armando López, de Ignacio Martín-Baró, de Segundo Montes, de Juan Ramón Moreno, sino desde la verdad, desde el coraje que a ellos, y a Elba Ramos, y a su hija Celina, les costó la vida.
Noviembre se publicó hace sólo unas semanas. Inmediatamente después, Jorge Galán se ha convertido en un personaje de su novela. Más de 25 años después de aquel crimen, las redes sociales hierven en amenazas de muerte escritas con las mismas palabras, los mismos adjetivos que Ellacuría y sus compañeros merecieron entonces. Hace sólo unos días, cuando salía de su casa, un coche se paró a su lado y el conductor le llamó por su nombre, le dijo que sabía dónde vivía, adónde iba, se abrió la americana, le enseñó una pistola.
Ahora, Jorge está en Madrid. Ha venido para pedir asilo político y no sabe cuánto tiempo pasará hasta que pueda volver a su país, ese pequeño paisito que él nunca quiso abandonar, por muchas oportunidades que tuviera para hacerlo, y del que ahora le ha expulsado la sombra de unos asesinos. Ese ha sido el precio de su coraje, de su decencia.
Pero la memoria es la clave del presente.
No hay futuro sin memoria, y él lo sabe.
http://elpais.com/elpais/2015/12/07/eps/1449516106_474460.html
sábado, 28 de noviembre de 2015
El crimen lastra la economía mundial. La delincuencia produce unas pérdidas equivalentes a tres veces la riqueza española
La delincuencia produce unas pérdidas equivalentes a tres veces la riqueza española
Durante 50 años, Meyer Lansky fue el hombre que gestionó las finanzas del crimen organizado en Estados Unidos. Inspiración del personaje de Hyman Roth en la segunda parte de El Padrino, Lansky era indiscutiblemente un genio para los negocios, tanto los suyos como los ajenos. Un agente del FBI afirmó, no sin admiración: “Si hubiera sido honesto, podría haber sido el consejero delegado de General Motors”.
La historia de Lansky permite aventurar dos conclusiones. Primero, que el delito es un negocio global que mueve miles de millones de euros; segundo, que el crimen es un perjuicio para el resto de la economía: sea por negocios que se dejan de hacer, sea por los gastos que obliga a realizar o, como en el caso del mafioso estadounidense, por talento que podría haber tenido un mejor uso.
Pero ¿cuánto le cuesta al planeta el crimen? Es un problema tan multifacético y con tantos factores ocultos que hasta los mayores expertos tienen sus dudas. “Si uno empieza a sumar, resulta en un porcentaje importante del PIB, y es imposible cuantificarlo todo”, explica por teléfono Alys Willman, especialista del equipo de prevención de la violencia y cohesión social del Banco Mundial. “El efecto del crimen en la economía solo ha empezado a considerarse desde hace poco. Hace 15 años nadie pensaba en calcular lo que costaba la violencia. Pero está creciendo una conciencia de que esto es un asunto importante para el desarrollo”.
El que más se aventura es el Instituto para la Economía y la Paz (IEP, en sus siglas en inglés), una organización no gubernamental fundada por un empresario de la informática, el australiano Steve Killelea. En su último informe, el IEP estima que en 2014 el planeta perdió 3,3 billones de dólares (un 4,2% del PIB global) en combatir la inseguridad interna: dos billones en pérdidas por los efectos del crimen y otros 1,3 billones en gastos de seguridad no militar.
Ante la dificultad de generalizar los datos, la mayoría de los estudios sobre el tema son regionales o sectoriales. Un análisis de 2010 del think tank Center for American Progress calculaba que solo en Estados Unidos, los costes directos de cuatro delitos (asesinato, violación, agresión y robo) sumaban 42.000 millones de dólares (34.000 millones de euros), 137 dólares por cada estadounidense. En Tailandia, una investigación estimaba que cada caso de violencia suponía alrededor de 65 euros en costes directos para el sistema de salud pública —lo que se acumula hasta sumar el equivalente al 4% del presupuesto sanitario del país asiático— y cerca de 700 euros en productividad perdida.
De los 10 países con mayor tasa de homicidios del mundo, según el Banco Mundial, ocho están en el continente americano. En todos ellos los índices de muerte violenta son homologables a los de países en conflicto civil. “En ella [América Latina y el Caribe] vive menos del 9% de la población mundial, pero se registran el 33% de los homicidios en todo el mundo”, explica un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el pasado octubre.
“Y, lo que es más preocupante (…), es la única región donde la violencia sigue siendo alta y ha seguido aumentando desde 2005”, continúa el informe. “De hecho, en la mayoría de los países [de la región], los niveles de violencia son tan altos que el aumento de la violencia se compara con el de una epidemia según los estándares internacionales”. No es de extrañar que los esfuerzos para desentrañar las consecuencias económicas del crimen se centren en América Latina. El propio IEP ha realizado varios informes referidos exclusivamente a México. “Nosotros estimamos que en 2014 la violencia le costó a México tres billones de pesos [165.000 millones de euros]”, explica Killelea. “Un 77% de esa cifra deriva del homicidio y el crimen violento y organizado”.
Cuanto más específicos son los estudios, más claros pueden apreciarse los efectos del crimen. En 2010, la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios (AMPI) afirmó que solo ese año la violencia había evitado inversiones por valor de 240.000 millones de pesos (14.650 millones de euros), el equivalente a un 30% del mercado inmobiliario y un 1,6% del PIB. La propia AMPI señala que durante los años más duros de la violencia en el norte del país, las rentas inmobiliarias habían caído un 30%.
Pocas compañías quieren hablar del efecto de la criminalidad en sus resultados
“Hay tres formas de contabilizar los efectos de la violencia en la economía”, apunta Killelea por teléfono. “Los costes directos son los de policía, la Administración de justicia o gastos médicos. Los costes indirectos incluyen las pérdidas de salario o de productividad para las víctimas de un delito”. Y pone un ejemplo con los homicidios, que suponen más de 450.000 personas al año, según datos de la Organización Mundial de la Salud. “La mayoría de los asesinados están en la veintena. Eso son aproximadamente 40 años de salarios que pierde la economía”. No hace falta haber sufrido el delito de primera mano para ser víctima. “La familia, los amigos sufren el trauma del crimen”, considera Killelea. “Su mente vuelve una y otra vez a su sufrimiento, y esto, sin duda, afecta a su productividad laboral”.
Golpe a las empresas
El efecto directo de la violencia se refleja en las empresas que operan en los países con mayores tasas de criminalidad. Pocas quieren hablar del alcance que tiene el delito en sus negocios, incluso las que se dedican a la seguridad. Las que lo hacen, piden discreción. “Vivir en un país como este te chupa la energía”, explica un empresario español del sector energético afincado en Centroamérica. “Hay una permanente tensión, porque te pueden matar por usar un teléfono móvil”. No es el único problema. “Es muy difícil encontrar crédito, porque a los bancos les asusta la criminalidad”, recuerda. “Es más fácil recurrir a fuentes de financiación multilaterales, aunque, claro, dependes de los intereses que te cobren”.
Pero para muchas empresas el principal problema es atraer el talento. “A un chaval le dices de trabajar en Brasil, o incluso en México, y se va encantado”, sigue explicando el empresario. “Pero le dices Honduras o Guatemala…, y no tanto. Si acepta venir, te pedirá un 50% más que en una expatriación normal. Y al final te acabas dando cuenta de que estás de paso, no te traes a la familia, terminas el proyecto y te vas”. “Los que somos de aquí tenemos asumida la violencia”, confirma la responsable de una empresa venezolana dedicada a los automóviles. “Pero para quien viene de fuera siempre es más complicado”.
La respuesta de los poderes públicos ante las crisis de seguridad ciudadana suele ser la de hacer grandes inversiones en policía a pesar de la austeridad que muchos de esos mismos Gobiernos predican. En 2015, México presupuestó más de 8.000 millones de euros en seguridad ciudadana; el Gobierno colombiano ha invertido 2.800 millones de dólares entre 2013 y 2015; en El Salvador, el Estado destinó en 2010 un 3,5% del PIB, el doble del porcentaje promedio de la Unión Europea. No obstante, en muchos casos, más dinero no quiere decir más efectividad, sino más oportunidades para prosperar a costa de las arcas públicas.
Y la ciudadanía es consciente: según el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, elaborado en 2013 con datos de 107 países, la policía es la segunda institución que se percibe más corrupta a nivel global, tras los partidos políticos. Según una encuesta de Gallup, el 45% de los mexicanos se fían de la policía local, frente al 70% de España o el 91% de Suiza.
Esa desconfianza en la policía obliga igualmente a mirar con circunspección las cifras de criminalidad. Muchos delitos se quedan sin denunciar, lo que se conoce como subnotificación. “Es un problema incluso en los países desarrollados”, explica Rodrigo R. Soares, profesor de la brasileña Fundación Getulio Vargas y coautor del estudio del BID. “Los homicidios pueden ser un referente más preciso del nivel de criminalidad, aunque solo sea porque son una estadística de salud pública y no de la policía”.
Las encuestas de victimización, en las que se pregunta a la ciudadanía si ha vivido algún delito, son más precisas, pero también más caras y menos abundantes. “Hasta hace 15 años no se hacían”, explica Soares. “Afortunadamente, cada vez somos más conscientes de su importancia”.
Los Gobiernos hacen grandes inversiones en policía a pesar de la austeridad
Aun así, hay que tomarse estas encuestas de victimización con prudencia. Uno de los motivos que complican la comparación entre países son las distintas clasificaciones que un mismo crimen violento puede tener en un código penal u otro. Lo que una encuesta elaborada por el instituto Demoscopia en Costa Rica y Honduras clasifica por separado como “vandalismo en la casa”, “ruptura de rejas, portones y llavines” y “robo e invasión de la vivienda” (diferenciando entre con o sin la presencia de la familia), un sondeo en Chile lo engloba en un —relativamente— genérico “robo con fuerza a la vivienda”.
La relación entre violencia, miedo y corrupción genera un círculo vicioso. “Pasado un nivel de corrupción, es más probable que las actividades de la policía aumenten la criminalidad a que la disminuyan”, considera Killelea. “Eso hace que se rompa la confianza y que se informe de menos crímenes”. A veces, la solución a un problema puede generar otro. “Hay países muy corruptos que no tienen un alto nivel de violencia”, apunta James Shaw, analista de UNICRI, la agencia de Naciones Unidas dedicada a la investigación sobre temas de criminalidad. “Paradójicamente, cuando en estos casos se empiezan a establecer mecanismos para luchar contra la corrupción, la presión aumenta, los criminales la empiezan a notar y reaccionan ante esa presión con más violencia. Es por eso que la respuesta ha de ser integral”.
Ante el recelo con las fuerzas (dícese) del orden, las empresas de seguridad privada como Prosegur o G4S (antes Securicor), la mayor del mundo, ven enormes posibilidades de negocio. Según un estudio de 2012 de la empresa de investigación Freedonia, el sector tiene previsto crecer un 7,4% anual hasta llegar a los 244.000 millones de dólares (220.000 millones de euros) en 2016. La misma consultora apunta a EE UU y Brasil como los dos mayores mercados, y China e India, como los más prometedores.
Pero la experiencia demuestra que no es bastante. “Poner un policía en cada cuadra no parece ser la mejor forma de asignar los recursos de la sociedad”, apunta Laura Jaitman, editora del informe del BID. La investigación del IEP coincide: “No hay una correlación entre número de policías y seguridad”, señala en su último informe. “La mayoría de los gastos utilizados en contener la violencia no generan beneficios de productividad adicionales”, expone Killelea. “Construir una cárcel puede costar 200 millones de dólares, y mantenerla, 20 millones de dólares más al año. Si ese dinero se hubiera gastado en innovación o en transporte, habría beneficios adicionales para la economía. Nosotros estimamos que cada dólar gastado en violencia reduce la actividad económica en otro dólar”.
La ineficacia de las “guerras” contra la criminalidad obliga a mirar más allá. “No hay una bala mágica contra la violencia”, explica Shaw. “Si la hubiera, muchos países ya la habrían adoptado hace años. Hace falta un abordaje integral, y no solo es la policía: también es necesario involucrar a otros funcionarios, como las aduanas, por ejemplo. Y, por supuesto, hace falta una implicación de la sociedad civil”.
Reducir la pobreza puede ser un primer paso. Un estudio de la Unidad de Desarrollo Empresarial del Banco Mundial sobre 12.000 empresas en 27 países emergentes apreció que un incremento del 1% de la renta por habitante real se traducía en un 0,3% menos de pérdidas por culpa del crimen, una estadística más relevante en las pymes (-0,33%) que en las grandes empresas (-0,21%). “Hay evidencia de que los pobres son los más afectados por el crimen”, explica Jaitman, “puesto que tienen menor capacidad de protegerse y menor acceso a la justicia. Por lo que proveer de seguridad a los sectores más vulnerables de la población debe ser una prioridad”.
http://economia.elpais.com/economia/2015/11/05/actualidad/1446721438_679771.html?rel=lom
Durante 50 años, Meyer Lansky fue el hombre que gestionó las finanzas del crimen organizado en Estados Unidos. Inspiración del personaje de Hyman Roth en la segunda parte de El Padrino, Lansky era indiscutiblemente un genio para los negocios, tanto los suyos como los ajenos. Un agente del FBI afirmó, no sin admiración: “Si hubiera sido honesto, podría haber sido el consejero delegado de General Motors”.
La historia de Lansky permite aventurar dos conclusiones. Primero, que el delito es un negocio global que mueve miles de millones de euros; segundo, que el crimen es un perjuicio para el resto de la economía: sea por negocios que se dejan de hacer, sea por los gastos que obliga a realizar o, como en el caso del mafioso estadounidense, por talento que podría haber tenido un mejor uso.
Pero ¿cuánto le cuesta al planeta el crimen? Es un problema tan multifacético y con tantos factores ocultos que hasta los mayores expertos tienen sus dudas. “Si uno empieza a sumar, resulta en un porcentaje importante del PIB, y es imposible cuantificarlo todo”, explica por teléfono Alys Willman, especialista del equipo de prevención de la violencia y cohesión social del Banco Mundial. “El efecto del crimen en la economía solo ha empezado a considerarse desde hace poco. Hace 15 años nadie pensaba en calcular lo que costaba la violencia. Pero está creciendo una conciencia de que esto es un asunto importante para el desarrollo”.
El que más se aventura es el Instituto para la Economía y la Paz (IEP, en sus siglas en inglés), una organización no gubernamental fundada por un empresario de la informática, el australiano Steve Killelea. En su último informe, el IEP estima que en 2014 el planeta perdió 3,3 billones de dólares (un 4,2% del PIB global) en combatir la inseguridad interna: dos billones en pérdidas por los efectos del crimen y otros 1,3 billones en gastos de seguridad no militar.
Ante la dificultad de generalizar los datos, la mayoría de los estudios sobre el tema son regionales o sectoriales. Un análisis de 2010 del think tank Center for American Progress calculaba que solo en Estados Unidos, los costes directos de cuatro delitos (asesinato, violación, agresión y robo) sumaban 42.000 millones de dólares (34.000 millones de euros), 137 dólares por cada estadounidense. En Tailandia, una investigación estimaba que cada caso de violencia suponía alrededor de 65 euros en costes directos para el sistema de salud pública —lo que se acumula hasta sumar el equivalente al 4% del presupuesto sanitario del país asiático— y cerca de 700 euros en productividad perdida.
De los 10 países con mayor tasa de homicidios del mundo, según el Banco Mundial, ocho están en el continente americano. En todos ellos los índices de muerte violenta son homologables a los de países en conflicto civil. “En ella [América Latina y el Caribe] vive menos del 9% de la población mundial, pero se registran el 33% de los homicidios en todo el mundo”, explica un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el pasado octubre.
“Y, lo que es más preocupante (…), es la única región donde la violencia sigue siendo alta y ha seguido aumentando desde 2005”, continúa el informe. “De hecho, en la mayoría de los países [de la región], los niveles de violencia son tan altos que el aumento de la violencia se compara con el de una epidemia según los estándares internacionales”. No es de extrañar que los esfuerzos para desentrañar las consecuencias económicas del crimen se centren en América Latina. El propio IEP ha realizado varios informes referidos exclusivamente a México. “Nosotros estimamos que en 2014 la violencia le costó a México tres billones de pesos [165.000 millones de euros]”, explica Killelea. “Un 77% de esa cifra deriva del homicidio y el crimen violento y organizado”.
Cuanto más específicos son los estudios, más claros pueden apreciarse los efectos del crimen. En 2010, la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios (AMPI) afirmó que solo ese año la violencia había evitado inversiones por valor de 240.000 millones de pesos (14.650 millones de euros), el equivalente a un 30% del mercado inmobiliario y un 1,6% del PIB. La propia AMPI señala que durante los años más duros de la violencia en el norte del país, las rentas inmobiliarias habían caído un 30%.
Pocas compañías quieren hablar del efecto de la criminalidad en sus resultados
“Hay tres formas de contabilizar los efectos de la violencia en la economía”, apunta Killelea por teléfono. “Los costes directos son los de policía, la Administración de justicia o gastos médicos. Los costes indirectos incluyen las pérdidas de salario o de productividad para las víctimas de un delito”. Y pone un ejemplo con los homicidios, que suponen más de 450.000 personas al año, según datos de la Organización Mundial de la Salud. “La mayoría de los asesinados están en la veintena. Eso son aproximadamente 40 años de salarios que pierde la economía”. No hace falta haber sufrido el delito de primera mano para ser víctima. “La familia, los amigos sufren el trauma del crimen”, considera Killelea. “Su mente vuelve una y otra vez a su sufrimiento, y esto, sin duda, afecta a su productividad laboral”.
Golpe a las empresas
El efecto directo de la violencia se refleja en las empresas que operan en los países con mayores tasas de criminalidad. Pocas quieren hablar del alcance que tiene el delito en sus negocios, incluso las que se dedican a la seguridad. Las que lo hacen, piden discreción. “Vivir en un país como este te chupa la energía”, explica un empresario español del sector energético afincado en Centroamérica. “Hay una permanente tensión, porque te pueden matar por usar un teléfono móvil”. No es el único problema. “Es muy difícil encontrar crédito, porque a los bancos les asusta la criminalidad”, recuerda. “Es más fácil recurrir a fuentes de financiación multilaterales, aunque, claro, dependes de los intereses que te cobren”.
Pero para muchas empresas el principal problema es atraer el talento. “A un chaval le dices de trabajar en Brasil, o incluso en México, y se va encantado”, sigue explicando el empresario. “Pero le dices Honduras o Guatemala…, y no tanto. Si acepta venir, te pedirá un 50% más que en una expatriación normal. Y al final te acabas dando cuenta de que estás de paso, no te traes a la familia, terminas el proyecto y te vas”. “Los que somos de aquí tenemos asumida la violencia”, confirma la responsable de una empresa venezolana dedicada a los automóviles. “Pero para quien viene de fuera siempre es más complicado”.
La respuesta de los poderes públicos ante las crisis de seguridad ciudadana suele ser la de hacer grandes inversiones en policía a pesar de la austeridad que muchos de esos mismos Gobiernos predican. En 2015, México presupuestó más de 8.000 millones de euros en seguridad ciudadana; el Gobierno colombiano ha invertido 2.800 millones de dólares entre 2013 y 2015; en El Salvador, el Estado destinó en 2010 un 3,5% del PIB, el doble del porcentaje promedio de la Unión Europea. No obstante, en muchos casos, más dinero no quiere decir más efectividad, sino más oportunidades para prosperar a costa de las arcas públicas.
Y la ciudadanía es consciente: según el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, elaborado en 2013 con datos de 107 países, la policía es la segunda institución que se percibe más corrupta a nivel global, tras los partidos políticos. Según una encuesta de Gallup, el 45% de los mexicanos se fían de la policía local, frente al 70% de España o el 91% de Suiza.
Esa desconfianza en la policía obliga igualmente a mirar con circunspección las cifras de criminalidad. Muchos delitos se quedan sin denunciar, lo que se conoce como subnotificación. “Es un problema incluso en los países desarrollados”, explica Rodrigo R. Soares, profesor de la brasileña Fundación Getulio Vargas y coautor del estudio del BID. “Los homicidios pueden ser un referente más preciso del nivel de criminalidad, aunque solo sea porque son una estadística de salud pública y no de la policía”.
Las encuestas de victimización, en las que se pregunta a la ciudadanía si ha vivido algún delito, son más precisas, pero también más caras y menos abundantes. “Hasta hace 15 años no se hacían”, explica Soares. “Afortunadamente, cada vez somos más conscientes de su importancia”.
Los Gobiernos hacen grandes inversiones en policía a pesar de la austeridad
Aun así, hay que tomarse estas encuestas de victimización con prudencia. Uno de los motivos que complican la comparación entre países son las distintas clasificaciones que un mismo crimen violento puede tener en un código penal u otro. Lo que una encuesta elaborada por el instituto Demoscopia en Costa Rica y Honduras clasifica por separado como “vandalismo en la casa”, “ruptura de rejas, portones y llavines” y “robo e invasión de la vivienda” (diferenciando entre con o sin la presencia de la familia), un sondeo en Chile lo engloba en un —relativamente— genérico “robo con fuerza a la vivienda”.
La relación entre violencia, miedo y corrupción genera un círculo vicioso. “Pasado un nivel de corrupción, es más probable que las actividades de la policía aumenten la criminalidad a que la disminuyan”, considera Killelea. “Eso hace que se rompa la confianza y que se informe de menos crímenes”. A veces, la solución a un problema puede generar otro. “Hay países muy corruptos que no tienen un alto nivel de violencia”, apunta James Shaw, analista de UNICRI, la agencia de Naciones Unidas dedicada a la investigación sobre temas de criminalidad. “Paradójicamente, cuando en estos casos se empiezan a establecer mecanismos para luchar contra la corrupción, la presión aumenta, los criminales la empiezan a notar y reaccionan ante esa presión con más violencia. Es por eso que la respuesta ha de ser integral”.
Ante el recelo con las fuerzas (dícese) del orden, las empresas de seguridad privada como Prosegur o G4S (antes Securicor), la mayor del mundo, ven enormes posibilidades de negocio. Según un estudio de 2012 de la empresa de investigación Freedonia, el sector tiene previsto crecer un 7,4% anual hasta llegar a los 244.000 millones de dólares (220.000 millones de euros) en 2016. La misma consultora apunta a EE UU y Brasil como los dos mayores mercados, y China e India, como los más prometedores.
Pero la experiencia demuestra que no es bastante. “Poner un policía en cada cuadra no parece ser la mejor forma de asignar los recursos de la sociedad”, apunta Laura Jaitman, editora del informe del BID. La investigación del IEP coincide: “No hay una correlación entre número de policías y seguridad”, señala en su último informe. “La mayoría de los gastos utilizados en contener la violencia no generan beneficios de productividad adicionales”, expone Killelea. “Construir una cárcel puede costar 200 millones de dólares, y mantenerla, 20 millones de dólares más al año. Si ese dinero se hubiera gastado en innovación o en transporte, habría beneficios adicionales para la economía. Nosotros estimamos que cada dólar gastado en violencia reduce la actividad económica en otro dólar”.
La ineficacia de las “guerras” contra la criminalidad obliga a mirar más allá. “No hay una bala mágica contra la violencia”, explica Shaw. “Si la hubiera, muchos países ya la habrían adoptado hace años. Hace falta un abordaje integral, y no solo es la policía: también es necesario involucrar a otros funcionarios, como las aduanas, por ejemplo. Y, por supuesto, hace falta una implicación de la sociedad civil”.
Reducir la pobreza puede ser un primer paso. Un estudio de la Unidad de Desarrollo Empresarial del Banco Mundial sobre 12.000 empresas en 27 países emergentes apreció que un incremento del 1% de la renta por habitante real se traducía en un 0,3% menos de pérdidas por culpa del crimen, una estadística más relevante en las pymes (-0,33%) que en las grandes empresas (-0,21%). “Hay evidencia de que los pobres son los más afectados por el crimen”, explica Jaitman, “puesto que tienen menor capacidad de protegerse y menor acceso a la justicia. Por lo que proveer de seguridad a los sectores más vulnerables de la población debe ser una prioridad”.
http://economia.elpais.com/economia/2015/11/05/actualidad/1446721438_679771.html?rel=lom
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