El fraude como negocio: cómo nos engañan los delincuentes financieros

Fuentes: CTXT [Imagen: Anne Brorhilker, exfiscal de Colonia (Alemania), especializada en fraude fiscal. /Finanzwende/Felix Brüggemann]

Conferencia de Anne Brorhilker, la exfiscal alemana que destapó un gigantesco escándalo de fraude fiscal urdido por bancos, intermediarios financieros, abogados, fondos y políticos como el excanciller Olaf Scholz 

 La imprescindible serie El dinero de otros (Filmin) ha devuelto a la actualidad un escándalo enorme y enormemente silenciado en España (incluida esta revista). Conocido como el Caso Cum-Ex, fue urdido por más de un centenar de bancos, docenas de despachos de abogados, fondos de inversión e intermediarios financieros, y salpicó a políticos de primera línea, como el excanciller alemán Olaf Scholz. La exfiscal de Colonia Anne Brorhilker, que investigó el asunto desde 2013 hasta el año pasado, calculó que esa trama global de lavado de dividendos estafó a las agencias tributarias europeas más de 150.000 millones de euros en 20 años. El saqueo organizado de las arcas públicas consistía en que los bancos reclamaban a distintas Haciendas europeas el reembolso de los impuestos sobre beneficios de sus clientes (que permanecían en el anonimato), asegurando que lo habían pagado ya en otro país, y las agencias tributarias devolvían el dinero sin rechistar porque no podían comprobar quiénes eran esos clientes y si realmente habían pagado o no el impuesto en otro lugar. En España, el principal investigado fue el Santander. En 2014, Brorhilker comunicó al banco la apertura de una investigación penal contra diez exempleados y “altos responsables” del grupo, entre ellos Stephen Woodhead, jefe del departamento de Short term equity trading (ventas en corto de acciones) en Londres. Sin embargo, el exfiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol, miembro del Opus Dei, se negó en 2018 a ordenar el registro de la ciudad financiera de Boadilla solicitado por la fiscal de Colonia. La acusación mantuvo que, dada la magnitud de las transacciones y préstamos concedidos para ejecutar las operaciones fraudulentas, que asciende a unos 18.000 millones, el fraude debió ser conocido necesariamente por la alta dirección del grupo. CTXT rescata ahora esta conferencia pronunciada en mayo de 2025 por Anna Brorhilker, que dejó la fiscalía en 2024 y hoy trabaja en Finanzwende, una ONG especializada en perseguir y denunciar la evasión fiscal.

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Hola a todos.

100.000 millones de euros: esa es la estimación de los daños causados por la evasión fiscal cada año en Alemania. Son 270 millones de euros al día, 11 millones de euros a la hora. Y mientras os cuento esto, ya han vuelto a desaparecer 100.000 millones de euros solo con las operaciones Cum-Ex y Cum-Cum, de las que me he ocupado intensamente durante años y que han causado miles de millones en daños. Son términos que se utilizan en el sector financiero. No se trata del comercio clásico de acciones, sino de un comercio escenificado con el único fin de ganar dinero a través de beneficios fiscales, ya sea pagando menos impuestos de los que realmente se deberían pagar –lo que se denomina Cum-Cum–, u obteniendo devoluciones de impuestos que antes ni siquiera se han pagado, el Cum-Ex.

Según el profesor Spengel, de la Universidad de Mannheim, Cum-Ex ha causado un perjuicio fiscal en Alemania de unos 10.000 millones de euros mientras que el Cum-Cum ha provocado incluso casi el triple, estimado en 28.500 millones de euros. Estas cifras son estimaciones muy prudentes. Todo ese dinero nos vendría muy bien. Al fin y al cabo, el último Gobierno se rompió por los debates sobre el presupuesto y el nuevo gobierno se enfrenta más o menos al mismo problema.

Necesitamos el dinero para todo: para educación, infraestructuras y también para mejorar la cohesión de nuestra sociedad. Y con 100.000 millones de euros más en las arcas cada año, la situación mejoraría considerablemente.

Por lo tanto, se podría pensar que existe un gran interés político en poner fin a este robo fiscal, pero, lamentablemente, la realidad es muy diferente. Si nos preguntamos si estamos haciendo algo para evitar que se robe descaradamente a nuestras arcas fiscales, la respuesta es: bueno, no tanto.

Esta es una frase con la que me gusta que me citen y que es absolutamente cierta en el ámbito de los delitos económicos graves: se atrapa a los pequeños y se deja escapar a los grandes. Y esto no se basa solo en mi experiencia personal, sino que también nos lo dice la investigación criminológica. La investigación y el enjuiciamiento de los delitos económicos son difíciles. De hecho, una parte considerable de los procedimientos penales se archiva. Solo una de cada veinte acusaciones, solo uno de cada veinte casos llega a ser juzgado. Y este insatisfactorio y delicado hallazgo, desde el punto de vista del Estado de derecho, refleja la asimetría entre las autoridades judiciales y los acusados.

¿Qué consecuencias tiene esto para nosotros?

La delincuencia económica nos perjudica en muchos aspectos. En primer lugar, por los enormes daños al presupuesto. Recordemos que 100.000 millones de euros escapan cada año de las arcas del Estado. En segundo lugar, la delincuencia económica también perjudica a la economía en general, ya que los delincuentes utilizan métodos delictivos para obtener ventajas competitivas y alterar artificialmente los precios, por ejemplo, mediante el trabajo en negro. Lo mismo ocurre con las estafas fiscales. En ellas siempre hay una empresa que no paga impuestos y, por lo tanto, pueden ofrecer productos más baratos que el resto del mercado, los empresarios honestos.

100.000 millones de euros escapan cada año de las arcas del Estado
Si el Estado no interviene ni controla, los empresarios honestos y también las personas honestas dejan de ser competitivas y, por lo tanto, se las considera tontas.

Si el Estado no actúa con la misma firmeza contra la evasión fiscal grave que, por ejemplo, contra el fraude en las cotizaciones sociales, entonces, en tercer lugar, puede dar la impresión de que se está aplicando un doble rasero. Y todo ello daña la confianza en el Estado de derecho y, por cierto, también tiene un efecto negativo en la llamada honestidad fiscal o la moral fiscal. Porque si ya nadie respeta las normas y el Estado tampoco interviene, esta moralidad seguirá disminuyendo.

Pero, ¿a qué se debe realmente esa actitud? Se debe principalmente a la enorme influencia política del lobby financiero. Por lobby financiero nos referimos a los bancos, los fondos, las aseguradoras y sus grupos de interés. Siempre se nos describe como una nación de automóviles. Por eso, personalmente creía que el lobby del automóvil era el más poderoso de Alemania. Sin embargo, está muy por detrás del lobby financiero. En Alemania existe desde hace tres años un registro de lobbies. Cada año lo miramos y lo evaluamos en Finanzwende. Y ahí se ve claramente que el lobby financiero ocupa el primer lugar cada año. También este año, 10 de las 100 entradas más poderosas del registro de grupos de presión proceden de bancos, fondos, bancos de inversión, aseguradoras y la industria financiera. Cada año gastan casi 40 millones de euros en actividades de presión, lo que supone más que el automóvil y el lobby químico juntos. Hay 442 lobistas, que se traduce en casi diez individuos por cada miembro de la comisión de finanzas del Bundestag. Y, por supuesto, estos grupos de presión saben exactamente qué historias deben contar para poder imponer sus intereses. Y no solo les cuelan sus historias a los políticos, sino que también las difunden al público a través de los medios.

He traído algunos ejemplos, otra vez relativos a las operaciones Cum-Ex. Vuelvo a recordar que se trata de una estafa fiscal ilegal que nos ha costado a todos unos 10.000 millones de euros. En 2014, los medios de comunicación las describían como un vacío legal, una zona gris. ¿Qué sugiere esa formulación? Pues que existe una laguna que se puede aprovechar y que el propio legislador es el culpable si, como se afirmaba, elabora leyes descuidadas.

Veamos ahora un artículo del Frankfurter Allgemeine Zeitung, de 2019, que presenta una historia sobre impuestos, algo sobre lo que he trabajado mucho como fiscal. Al parecer, aquí no cuenta mucho el sentido común. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad es bastante evidente que no se pueden reclamar impuestos que no se han pagado. Y esto, que es evidente, se pretende descalificar como si fuera una conclusión tonta. El mensaje que hay detrás es que todos aquellos que no sean abogados fiscalistas deben mantenerse al margen de esta discusión y no deberían atreverse a tener su propia opinión.

Se trata de un artículo en el que uno de los principales responsables de operaciones Cum-Ex habla directamente y nos cuenta que ha sido víctima de una persecución política, es decir, víctima de la arbitrariedad del Estado.

Lo cierto es que dos tribunales diferentes lo condenaron a largas penas de prisión. Los recursos contra estas sentencias tampoco han tenido éxito. Lo mismo ocurre con el resto de narrativas sobre las Cum-Ex. Lagunas legales, arbitrariedad estatal, criminalización: nada de eso era cierto. Todos los tribunales superiores de Alemania han decidido de manera unánime que estas operaciones Cum-Ex son ilegales y, entretanto, se han dictado muchas condenas a largas penas de prisión.

Los grupos de presión han comprendido que gana quien impone su narrativa a la opinión pública

Todas estos artículos de prensa, que en realidad fueron muchos, no eran fruto de una casualidad, sino de una estrategia deliberada. Se denomina comunicación jurídica estratégica o relaciones públicas de litigio (litigación PR). Y los grupos de presión han comprendido que gana quien impone su narrativa a la opinión pública porque entonces puede influir en las fiscalías, los tribunales y la jurisprudencia, ya que los fiscales y los jueces leen los periódicos y son influenciados por ellos.

Qué suerte que las Cum-Ex no funcionaran a pesar del revuelo mediático y los autores pudieron ser llevados ante la justicia y condenados y, entretanto, se han podido reclamar más de tres millones de euros en impuestos Cum-Ex obtenidos ilegalmente. Esto demuestra que todos tenemos la responsabilidad de cuestionar este tipo de narrativas.

Vamos a examinarlo más detenidamente. La comunicación jurídica estratégica utiliza básicamente tres métodos. En primer lugar, la trivialización del problema: laguna legal, zona gris, trampa. A menudo se decía sobre las Cum-Ex que se trataba de unos pocos actores que se habían vuelto locos. Pero, de hecho, existe una auténtica industria Cum-Ex. El efecto de esta trivialización es subestimar el problema, que no se aborda. En segundo lugar, está la cuestión del sentido común, que supuestamente no cuenta, porque todos los que no son abogados fiscalistas deben mantenerse al margen de este debate. En definitiva, esto impide el debate público. Y, en tercer lugar, se le da la vuelta a la culpa presentando a los autores como víctimas de la voluntad del Estado. Se dice que el Estado es el único culpable y que todo es una persecución política. ¿Quién nos está robando exactamente? Entonces, ¿quiénes son realmente las personas que están cometiendo estos hechos?

Echemos primero un vistazo a los resultados de la investigación criminal. Según esta, los delincuentes económicos son llamativamente discretos. Es decir, detrás de ellos no encontramos historias de hogares rotos, sino trayectorias totalmente normales. Son en su mayoría hombres, no llamaron la atención en su juventud, no tienen antecedentes penales y, en su mayoría, tienen una buena educación y varios años de formación. Muchos de ellos han tenido carreras profesionales realmente exitosas. Y, sí, en general no pertenecen a las clases desfavorecidas de la sociedad, no tienen necesidades existenciales, por lo que su actividad se denomina “delincuencia de cuello blanco”.

Este tipo de delincuentes suelen culpar al Estado y no se consideran a sí mismos infractores

¿Cómo piensan estos delincuentes económicos? Esto queda claro, por ejemplo, en una escena de la última serie sobre las Cum-Ex de la ZTF, titulada El dinero de otros, en la que dos delincuentes de las Cum-Ex se enfadan porque un compañero suyo hace una barbacoa de okapi [una especie que se encuentra en peligro de extinción]. El colega no tiene conciencia de estar haciendo nada malo. Pero ellos tampoco la tienen cuando se trata de sus propias Cum-Ex, con las que han causado daños por valor de cientos de millones. Por lo tanto, es un comportamiento muy típico de los delincuentes, como nos dice también la investigación criminal. Porque las confesiones de los delincuentes económicos son muy poco frecuentes. Este tipo de delincuentes suelen culpar al Estado o a otros, no se consideran a sí mismos infractores y, por lo general, no comprenden lo que pasa. Todo esto lo dice la investigación, y yo también puedo confirmar desde mi experiencia que es así.

En segundo lugar, también me ha llamado la atención que a menudo muestran reacciones muy emocionales y suelen verse a sí mismos como víctimas. Y si algo he aprendido como fiscal es que el grado de emotividad no permite sacar conclusiones sobre si la declaración es cierta o falsa.

En principio, sorprende que los autores de este tipo de delitos, con un bagaje que en realidad los capacita para distinguir entre el bien y el mal, se conviertan en delincuentes. Y la investigación criminal menciona aquí una razón principal. Es el proceso de racionalización, que también se podría llamar autojustificación. Es decir, el delincuente necesita una justificación interna para su acto delictivo, para mantener su estabilidad psíquica y amortiguar los sentimientos de culpa. Y debo decir que, en la práctica, funciona muy bien.

En la Fiscalía de Colonia no pudimos hacer registros a bancos durante años porque no teníamos suficientes investigadores

Bien, esto por el lado de los autores. Veamos ahora el otro lado, el lado de las autoridades responsables de la delincuencia económica. Se trata, por ejemplo, de las fiscalías, de las oficinas de Hacienda, la policía y también los tribunales. Estas están bastante mal preparadas en el ámbito de la delincuencia económica porque adolecen de diversos problemas estructurales. No se trata de algo que afecte a una sola administración, sino de problemas estructurales. En primer lugar, cabe mencionar la escasez de personal. Hay muy pocos agentes de policía, fiscales, inspectores fiscales y auditores trabajando en este ámbito. Las autoridades no destinan suficiente personal. Por ejemplo, en la Fiscalía de Colonia no pudimos hacer registros a bancos durante años porque no teníamos suficientes investigadores. Solo después de un aumento significativo del personal, que no se produjo hacia 2021, fue posible. Entonces procedimos a registrar aproximadamente un banco al mes con una plantilla de unas cien personas. Fue un esfuerzo logístico enorme. Pero si no se dispone de estos compañeros, no se pueden registrar bancos, y entonces tampoco hay resultados.

En segundo lugar, la formación práctica es insuficiente. Como fiscal especializada en delitos económicos, o como agente de policía hay que aprender sobre la marcha. Y el problema es que tampoco hay mucha formación. Primero, porque también falta personal para ello y, segundo, porque la mayoría de las veces simplemente no hay dinero. Y eso, por supuesto, hace que la formación y, posteriormente, la investigación sean increíblemente largas.

Tercer problema: la elevada fluctuación o rotación del personal. Para las carreras en la administración pública es importante haber probado un poco de todo. A esto se le llama amplitud de funciones. Por el contrario, la experiencia en áreas específicas no suele ser importante. Pero si el personal cambia constantemente en un área en la que se necesita más tiempo para familiarizarse, esto impide precisamente adquirir conocimientos especializados, lo que hace que las investigaciones sean muy lentas e ineficaces.

Por volver a citar el ejemplo de nuestras investigaciones, necesitábamos fácilmente dos años para poder actuar. Antes de hacerlo, teníamos que intentar entender cómo se hacían las trampas bursátiles, cómo operaban los traders, cómo codificaban los operadores bursátiles para luego evaluar las pruebas. Pero en ese tiempo tan largo, muchos compañeros ya habían sido trasladados a otros departamentos y sustituidos por otros.

Los equipamientos de las autoridades suelen estar obsoletos y poco digitalizados

Los equipamientos de las autoridades suelen estar obsoletos y poco digitalizados. Por ejemplo, en 2014 tuve que escribir 280 solicitudes de órdenes de registro e imprimirlas. Tenían 25 páginas y había que traducirlas, así que eran unas 50 páginas. Pero yo, como fiscal normal, solo tenía una pequeña impresora de mesa, una de esas que imprimía unas cinco páginas por hora, y en toda la Fiscalía no teníamos ninguna otra impresora ni red de impresoras. Así que 280 por 25 simplemente no era posible. La única solución era pedirle a la Oficina Regional de Investigación Criminal que me dejara usar su impresora. Tenían exactamente una y me dejaron usarla, así que pasé 14 días en el trastero e imprimí todo lo que pude. Así que ahí se ve, ¿no?, que el equipamiento también es importante para poder investigar.

Otra vez, estaba registrando un banco junto a otros colegas. Esto fue en los primeros tiempos de las Cum-Ex, cuando aún no teníamos mucho personal, y resultó que teníamos que descargar el disco duro. Se trataba de grandes cantidades de datos y me dijeron que no se podía llevar a cabo porque no teníamos suficiente espacio de almacenamiento. Así que allí estábamos, en el banco, y el banco nos dijo que estaban las pruebas, pero nosotros no podíamos asegurarlas. Y ese problema solo se pudo resolver porque, aunque estábamos en otra ciudad, contábamos con el apoyo de otros colegas de otras agencias, que pudieron guardarlo. En el peor de los casos habríamos tenido que retirarnos. Yo por ejemplo, tampoco tuve, durante años, la posibilidad de hacer videoconferencias porque simplemente no había sistemas de videoconferencia en la Fiscalía y tenía que preguntar a los abogados si me dejaban utilizar sus equipos en sus bufetes, lo cual era un poco embarazoso y poco profesional. De esta manera, podemos ver lo mucho que obstaculiza una investigación no tener buenos equipos.

Cada una de las agencias tenía diferentes requisitos. Una solo podía usar Skype, otra tenía prohibido usar Skype y un tercero tenía Teams

Otro obstáculo para las investigaciones es que la protección de datos es un problema, porque las autoridades en Alemania no tienen una infraestructura informática uniforme. Casi cada agencia tiene su propio responsable de protección de datos y estos toman decisiones muy diferentes. Por ejemplo, yo tuve que tratar con muchas autoridades diferentes en varios estados federales, tanto en negociaciones fiscales, que están en el departamento de Finanzas, como con la policía, que está en el departamento del Interior, y todos tenían requisitos diferentes. Por ejemplo, uno solo podía enviar correos electrónicos cifrados, otro no podía enviar correos electrónicos cifrados. Es decir, no se podía enviar un correo electrónico a todos si querías hablar con ellos. En otros casos querías hacer una videoconferencia y cuando ya por fin tuvimos un sistema, cada una de las agencias tenía diferentes requisitos. Una solo podía usar Skype, otra tenía prohibido usar Skype y un tercero tenía Teams. Es decir, no era posible. Son cosas básicas, y si las autoridades no pueden comunicarse entre sí, entonces simplemente no se puede hacer el trabajo.

Por lo tanto, es realmente urgente que la estructura federal se organice de otra manera.

Cooperación

El siguiente problema es que no existe una cultura de cooperación entre las distintas autoridades. Aunque, sobre el papel, pueden intercambiar información, en la práctica no lo hacen. Suele imperar una cultura de aislamiento y de “cada uno por su lado”. No se debe divulgar nada al exterior, no se debe hablar de los problemas. Y eso es algo que se aprende desde el principio en la administración. Yo lo aprendí muy pronto, cuando me atreví a hacerlo siendo una joven fiscal. Estaba en la Fiscalía de Colonia y teníamos un problema que nadie podía resolver y me atreví a llamar a la Fiscalía de Düsseldorf, porque pensé que tal vez ellos tendrían alguna idea. Y me metí en un buen lío, porque se consideraba más importante no divulgar nada que resolver el problema. Y este problema de que las autoridades no colaboran de forma confiada ya lo ha criticado, por ejemplo, el Tribunal Federal de Cuentas.

En las investigaciones excepcionales también hay un gran problema en la cooperación. Hay que poner en marcha procedimientos de asistencia judicial formalizados y muy burocráticos. Es decir, se pide a otros Estados que lleven a cabo la investigación en su territorio, y ahí el entusiasmo suele ser limitado, porque ellos también están sobrecargados de trabajo. Todo el proceso es muy largo y puede durar años. En nuestro caso, emprendimos esa tarea, una búsqueda por todo el mundo, en 2014 y tuvimos que esperar hasta 10 años en algunos casos para obtener respuesta. Porque la delincuencia no se limita a las fronteras alemanas. Precisamente la delincuencia económica suele estar organizada a nivel internacional. En nuestro caso, en el centro financiero de Londres. Y eso significa que siempre hay que buscar asistencia jurídica en esos Estados. Todo eso es muy lento y supone un verdadero obstáculo para las investigaciones. A esto se suma que los bancos, las grandes empresas y las consultoras ya casi no trabajan con papel, sino que están completamente digitalizados y ya no almacenan sus datos en Alemania, sino, por ejemplo, en servidores en el Reino Unido o en los Países Bajos. Entonces, si quieres inspeccionar a esos bancos y empresas aquí en Alemania o incluso registrarlos, te encuentras con que no hay nada. No hay un papel ni un registro de datos. Es decir, hay que realizar estas largas solicitudes de asistencia judicial y las inspecciones e investigaciones pueden prolongarse durante años. Y entonces surge otro problema con las estadísticas, porque para esclarecer casos especialmente graves, que están ocultos, se necesita más tiempo. En esas investigaciones en el extranjero necesitas conocer la delincuencia organizada internacional. Sin embargo, en esas estadísticas, en el cálculo de las necesidades de personal de fiscalías y tribunales no se reflejan porque las autoridades a menudo no tienen ningún interés en realizar un trabajo que no se refleja en las estadísticas. Y mientras las estadísticas no reflejen adecuadamente las investigaciones complejas en los procedimientos de gran envergadura, las autoridades seguirán teniendo poco interés en ellas.

Las estadísticas pueden, en primer lugar, influir en la actuación de las autoridades y, en segundo lugar, ofrecer incentivos erróneos, concretamente hacia muchos procedimientos pequeños y alejarse de los grandes. Por otro lado, los delincuentes suelen estar mucho mejor organizados que las autoridades, y ahí es donde surge mucha resistencia. Los delincuentes suelen tener una sólida posición financiera y pueden contratar a costosos equipos de abogados con muchos recursos, que hacen su trabajo y causan el mayor revuelo posible. Te llegan cientos de páginas de reclamaciones, quejas sobre los servicios, denuncias penales. A menudo promueven también campañas mediáticas, y eso es como echar tierra en el engranaje, ya que si las autoridades son débiles, como sucede en este ámbito, eso puede afectar mucho al sistema.

La investigación está aún en sus inicios y solo se ha podido reclamar el 1% del daño total estimado de 28.500 millones

Me han preguntado a menudo si en esas circunstancias no pierdo la esperanza, cuando tengo que enfrentarme a esto una y otra vez. Pero no, no es así en absoluto. Se pueden cambiar las cosas. Se puede luchar contra la delincuencia económica y se pueden esclarecer los hechos, a pesar de todos los problemas estructurales. Eso es precisamente lo que demuestran las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Colonia. Como he contado, no teníamos las condiciones ideales; al principio tampoco éramos expertos, pero nos pusimos manos a la obra, nos metimos de lleno en el tema y presentamos la primera acusación Cum-Ex. Conseguimos la primera sentencia, que luego fue confirmada por el Tribunal Superior. Los tribunales fiscales han seguido el ejemplo y, entretanto, se han presentado muchas acusaciones y se han dictado muchas sentencias. Me gustaría ver esa misma actitud en los políticos, especialmente en el ministro de Hacienda.

En el caso de las Cum-Cum, que es similar al de Cum-Ex, la investigación está, lamentablemente, aún en sus inicios y solo se ha podido reclamar el 1% del daño total estimado de 28.500 millones. Así que todavía queda mucho por hacer y creo que ahora es el momento de actuar.

¿Qué se puede hacer contra la delincuencia económica? En primer lugar, podemos aumentar el riesgo que corren quienes perpetran estos crímenes ya que el hecho de que los delincuentes actúen o no depende en gran medida del peligro de ser descubiertos, más aún que de la gravedad de la pena. Y eso significa que hay que reforzar a las autoridades en el ámbito operativo. Por lo tanto, hay que cambiar todos esas cosas que he mencionado antes. Hay que aumentar el personal, hay que aunar fuerzas, desarrollar conocimientos especializados y mejorar los equipos y tener una infraestructura informática uniforme. Todos estos son problemas que se pueden resolver.

Pero también se puede hacer algo en otros ámbitos, por ejemplo, a nivel individual, donde es especialmente importante tener una orientación de valores La investigación criminológica afirma que quienes cuentan con un sólido sistema de valores están más protegidos frente a las tentaciones delictivas. De hecho, estas ni siquiera se llegan a producir. Si no se tiene este sistema de valores, entonces se ve que el riesgo de ser descubierto es bajo y que se puede ganar mucho dinero, y se aprovecha la oportunidad. Es decir, una estructura de valores protege realmente contra los delitos económicos. Y ahí se podría pensar, por ejemplo, que los aspectos éticos son importantes y que la reacción social también juega un papel importante. Para los delincuentes económicos, la aceptación social es un factor importante que también puede influir en su comportamiento. Si no se acepta la delincuencia económica, sino que se estigmatiza, cabe suponer que las personas también cambiarán su actitud y su comportamiento. Eso es lo que nos dice la investigación. Y precisamente aquí todavía hay margen de mejora, ya que los delitos de cuello blanco se siguen considerando con demasiada frecuencia como unos “crímenes de gentlemen” a pesar de los enormes daños que nos causa a todos. ¿Qué podemos hacer? Todos nosotros, como sociedad, podemos alzar la voz más allá de las elecciones, por ejemplo, apoyando a las ONG. Las ONG como Finanzwende velan especialmente para que en las decisiones políticas no solo se escuche la voz de los grupos de presión, sino también la voz de la sociedad civil y el interés público. Y esto funciona; los políticos no son sordos, como nos muestra el caso de Lars Klingbeil, el ministro de Finanzas. En la interpelación al Gobierno ha tenido en cuenta las demandas públicas y ha anunciado que va a actuar de manera consecuente contra el fraude fiscal. Nosotros, en Finanzwende, le tomamos la palabra, porque somos un contrapeso al lobby financiero y damos voz a la sociedad civil. Luchamos contra su discurso dominante y analizamos y desmontamos la narrativa del sector financiero. Cambiamos cosas contigo y por ti. La política financiera nos concierne a todos y necesitamos debatirla en público y no solo en las trastiendas.

Muchas gracias.

Fuente: 

https://ctxt.es/es/20251001/Politica/50534/Anne-Brorhilker-el-dinero-de-otros-cum-ex-cum-cum-fiscalia-fraude-fiscal-escandalo-alemania-delincuentes-financieros-olaf-scholz.htm

Que se arranquen los ojos. No saber no significa eludir la responsabilidad de sus fechorías, señores consejeros de Caja Madrid.

España es un país donde la ignorancia tiene muy buena reputación. Lo demuestran los recortes en educación y cultura. Lo prueba el descaro con que los consejeros y ejecutivos de Caja Madrid corean el estribillo de que no sabían.

No sabían, desde luego, dirigir un banco. Ni sabían que las tarjetas opacas eran opacas. Ni sabían tampoco que no saber no significa eludir la responsabilidad de sus fechorías. La ignorancia es un agravante, no un atenuante, señores consejeros.

Y es un principio fundacional de la cultura grecolatina. Edipo no sabía que había asesinado a su padre en un cruce de caminos. Ni sabía que yacía con su madre, pero la ignorancia no le sustrajo de un castigo ejemplar cuando le fueron desveladas las atrocidades. Y se avino a arrancarse los ojos como ofrenda a la lujuria y la avaricia.

Saber no sabían lo que hacían los consejeros en su entrañable candidez. Lo que sí sabían era utilizar las tarjetas. A todas horas. De todas las maneras. Por todos los conceptos. Un masaje filipino, una whiskería. Del mínimo, un billete de metro y un café en el Vips, al máximo, pongamos un viaje a África de Blesa que garantizaba la captura de hipopótamos.

Y no es que no se pueda generalizar. Se debe generalizar, porque estamos ante un fenómeno de latrocinio colectivo, de insensibildad social en tiempos de crisis y de megalomanía consumista que implica a todos los partidos y sindicatos. 80.000 operaciones de mete-saca. 12 millones de euros en concepto de opulencia y tren de vida mientras Hacienda miraba hacia otra parte.

Es difícil escoger el caso más estrafalario en esta orgía de la opacidad. Me gusta mucho, por ejemplo, el mecanismo autoretributivo de Arturo Fernández. No es que gastara 10.500 euros en restaurantes. Los gastaba en sus propios restaurantes, pidiéndose y cobrándose la cuenta a la vez.

Ya dice un aforismo mafioso que una mano lava la otra. Y ya se ocuparon los consejeros, sin distinción de ideologías ni siglas, de otorgar a sus tarjetas los oportunos superpoderes. Empezando por Sánchez Barcoj, cuyo espíritu navideño le animó a gastarse 16.000 euros en la noche de fin de año.

De hecho, la tarjeta se pluriempleaba fuera del horario y de la responsabilidad laborales. Reclamaban los ejecutivos un incremento del crédito -60.000 euros- en periodo de vacaciones, exagerando los privilegios hasta los límites del derroche.

Se juntan, pues, la ignorancia con la antiestética y la picaresca. Y la picaresca con la impunidad, hasta el extremo de que los consejeros de media noche, Moral Santín en cabeza sacudiéndose los complejos del comunismo, inventaron la modalidad de atraco al cajero con tarjeta negra y número secreto. Arriba las manos.

Pensarían que las tarjetas estaban fabricadas de criptonita. Que puestos a disponer, disponían de ellas la familia entera. Tanto valían para comprar arte sacro, aspirinas y ligueros. Valer, valían para todo. Costar, no costaban nada.

O no costaban hasta que ha llegado el escarmiento del juicio y el escarnio social. Los delitos de apropiación indebida y de fraude fiscal adquieren un valor prosaico respecto a la sentencia que habrían de administrarse a ellos mismos los consejeros de Caja Madrid: deberían arrancarse los ojos, como hizo Edipo en la hemorragia de la ignorancia.

http://economia.elpais.com/economia/2016/09/26/actualidad/1474885393_778813.html?rel=lom

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El “expolio” social del que no se habla

Un argumento utilizado por los independentistas catalanes para defender la tesis de que Catalunya tendría más recursos si se independizara de España es que España está “expoliando” a Catalunya. No voy a entrar en este artículo en este tema, sobre el cual he escrito extensamente en varios artículos mostrando que el escaso desarrollo social de Catalunya no se debe al supuesto expolio nacional sino al enorme poder que las derechas catalanas y españolas han tenido y continúan teniendo a los dos lados del Ebro, situación responsable del subdesarrollo social de Catalunya y de otras partes de España, como documento en mi libro El Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, Anagrama. 2006.

En este artículo quiero centrarme en la existencia de un expolio del cual ni los nacionalistas de los dos lados del Ebro ni nadie más están hoy hablando, ni en Catalunya ni en España. Es el expolio de una minoría -lo que solía llamarse la burguesía financiera e industrial- al resto de la población, y que está ocurriendo a lo largo de todo el territorio español, incluyendo Catalunya. Tal minoría no está contribuyendo al Estado (tanto central como autonómico) lo que contribuyen todos los demás. Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás, la cifra resultante para toda España sería de más de 30.000 millones de euros al año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los recortes de gasto público y social que están dañando de una manera muy acentuada el bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población en general y de las clases populares en particular, tanto en Catalunya como en el resto de España. (Ver el informe del Observatorio Social de España, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia. Ariel. 2012).

Para entender la naturaleza de este expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de ingreso más importantes al Estado que incluye, como he señalado en el párrafo anterior, no sólo el Estado central, sino los Estados autonómicos. Pues bien, cuatro son las fuentes más importantes:

1. Una son los ingresos derivados de los impuestos sobre las rentas, primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que paga la mayoría de la población trabajadora);

2. La otra fuente son los impuestos sobre el capital que afectan a un grupo muy minoritario de la población (predominantemente los burgueses y los grandes empresarios);

3. La tercera fuente son los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la población, independientemente de sus ingresos, paga cuando compra algo, y que es sumamente regresivo;

4. Una cuarta fuente son los impuestos especiales que, como su nombre indica, son impuestos para fines concretos; y, finalmente, otra categoría que se define como “otros impuestos”.

Pues bien, según el excelente informe de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras (uno de los centros de estudios más rigurosos que publica periódicamente informes que cuestionan la credibilidad del conocimiento producido por los centros de estudios financiados por la Banca y la Gran Patronal, como FEDEA), escrito por el economista Manuel Lago (y del cual extraigo la mayoría de los datos que presento en este artículo), los ingresos derivados del IRPF en España, desde el último año antes de que se iniciara la crisis, 2006, hasta el año 2011, crecieron un 6%, pasando el Estado de ingresar 64.638 millones de euros a 68.557 millones. Los fondos públicos procedentes del impuesto sobre el consumo bajaron sólo ligeramente (-2%), pasando de 52.817 millones de euros a 51.580 millones. Los fondos que el Estado recogía vía los impuestos especiales crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699 millones de euros a 19.025 millones, y la categoría de “otros impuestos” subió más (5%), pasando de 5.696 millones de euros a 5.971 millones. Estos fondos procedentes de tales impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de la gente que trabaja y consume (lo que la literatura sociológica definiría como clase trabajadora y clases medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han mantenido o han aumentado.

Ahora bien, si analizamos qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus diferentes componentes, tales como capital financiero (bancos, compañías de seguros y compañías de alto riesgo, entre otros), capital industrial (grandes corporaciones multinacionales) o capital de servicios (empresas de marketing y asesorías, entre otras) vemos que los ingresos al Estado derivados de la carga impositiva sobre el capital han bajado de una manera muy acentuada, casi espectacular (-68%), pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. Es decir, en otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de euros. En realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando de 183.525 millones de euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente de gravar menos las rentas del capital, hecho que es el mayor responsable de la bajada de ingresos al Estado durante este periodo (14%). En total el Estado ha pasado a ingresar 25.009 millones de euros menos, que es una cifra muy cercana a los 28.292 millones que el Estado no ingresó como consecuencia del descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es decir, del capital. Manuel Lago documenta con gran detalle los cambios que han ido ocurriendo en cada uno de estos impuestos y sus consecuencias en cuanto a los ingresos al Estado. Lo que les acabo de escribir es el resumen de cómo han evolucionado los ingresos. Y lo más llamativo es que los ingresos procedentes del impuesto de sociedades (que es el impuesto al capital), que representaban el 23% de todos los impuestos en el año 2006, han pasado a ser sólo un 8%. Sí, lo ha leído bien, sólo un 8%. El mundo empresarial contribuye mucho, mucho menos que la mayoría de la población, incluyéndole a usted, lector, y a mí.

Ni que decir tiene que los centros de estudios financiados por la banca y por la gran patronal han intentado explicar tal descenso de su contribución al Estado atribuyéndolo a la reducción de sus beneficios, resultado de la crisis económica. Manuel Lago muestra contundentemente que ello no es del todo cierto. La reducción de beneficios es sólo una pequeña parte de la causa del descenso de los ingresos al Estado procedente de las empresas. Tal descenso es mucho mayor que el descenso de beneficios, una situación que es particularmente acentuada entre las grandes empresas, llamadas multinacionales. En realidad, el descenso de su aportación al Estado es consecuencia de la gran cantidad de lo que llaman incentivos fiscales, incluyendo las enormes deducciones, y nuevos sistemas de ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan las rentas del capital (35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en la realidad a un 5%. Sí, repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras empresas (que no son grandes empresas multinacionales y facturan menos de diez millones de euros) pagan menos que su tipo nominal, siendo el real 15,3%, más de tres veces más que las multinacionales.

El significado de estos datos y otros aportados por el informe es que, durante el periodo de la crisis 2007-2011, las empresas financieras, industriales y de servicios (es decir, el capital) declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales tributaron 101.421 millones, es decir, un 11,9%. Si hubieran pagado el 28,5%, que es lo que la Agencia Tributaria considera como el tipo nominal medio, el Estado hubiera ingresado 242.801 millones de euros, es decir, 141.380 millones de euros más, unos 35.000 millones de euros más anuales (tomando las cifras de 2009), que es, por cierto, la cifra de recortes de gasto público que los sucesivos gobiernos han estado exigiendo a la población española, recortes que se están haciendo para compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho a las rentas del capital. Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio social, muchas veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en cambio, el gran debate es sobre este último (entre aquellos que sustentan que hay un expolio nacional y los que señalan que no lo hay), y no sobre el anterior, que está perjudicando a las clases populares de toda España, incluida Catalunya. El hecho de que los establishments políticos y mediáticos españoles y catalanes se centren en el debate nacional y no en el debate social, se explica por el enorme poder que el capital tiene sobre tales establishments a los dos lados del Ebro. Así de claro. Incluso, descontando deducciones justificables y otras medidas, tal como Hace Manuel Lago, la cantidad continúa siendo respetable. Es más, si las rentas del capital se gravaran como las rentas del trabajo a la mayoría de la clase trabajadora que está en nómina (como algunos partidos han sugerido), la cantidad de 35.000 millones ascendería a muchos millones más.

¿No creen que hay algo injusto en ello? A las clases populares se les está imponiendo toda una serie de sacrificios, a fin de mantener enormes beneficios y privilegios fiscales al gran empresariado financiero y multinacional del país. Créanme que en España, incluyendo Catalunya, el que no está indignado es que no sabe lo que está pasando en su entorno. Así de claro. Vicenç Navarro.

Hacienda da nuevas facilidades para la regularización después de que los asesores de los defraudadores criticasen que no lograban suficientes ventajas

Hacienda está dispuesta a dar todas las facilidades a los defraudadores para que se acojan a la amnistía fiscal.
Tras abrir el proceso al blanqueo del dinero en efectivo, ahora el ministerio de Cristóbal Montoro ha abandonado la idea de gravar con un 10% todos los activos ocultos aflorados tras las críticas de los asesores de los defraudadores, que consideraban que eso no era suficientemente ventajoso para ellos. Ahora, según la nueva interpretación de la Dirección General de Tributos, en lugar de gravar todos los capitales aflorados, se conformará con que tribute al 10% la parte generada en los ejercicios no prescritos (solo tres, en el caso de la amnistía fiscal), manteniendo la exención de intereses y recargos. Con ello, habrá casos en que a los evasores les baste pagar menos del 1% de todo lo defraudado. Además, Hacienda les garantiza que hará la vista gorda con esas declaraciones, pues señala que “no resulta procedente” su comprobación.
El Gobierno ha flexibilizado la amnistía fiscal, el procedimiento con el que pretende recaudar 2.500 millones y aflorar un capital escondido en paraísos fiscales de al menos 25.000 millones. Algunos despachos de abogados y asesores fiscales habían manifestado dudas sobre la oportunidad de acogerse al proceso de regularización fiscal. Consideraban que no existían suficientes garantías jurídicas para los que decidan aflorar su patrimonio oculto —tienen que pagar un gravamen del 10% sobre los bienes ocultos, muy inferior a los impuestos que han dejado de abonar— y sostienen que había otras vías para legalizar el dinero opaco de forma más barata.
De hecho, ninguna gran fortuna se ha acogido aún a este proceso desde su entrada en vigor a principios de junio.
Ahora el Ministerio de Hacienda permitirá que los defraudadores regularicen su situación pagando menos del 10% previsto y aclara que no comprobará las declaraciones de los que se acojan al proceso. La Dirección General de Tributos divulgó el pasado lunes un “informe sobre el procedimiento de regularización derivado de la presentación de la declaración tributaria especial”. El documento, que contiene 17 cuestiones, revela que Hacienda no vigilará a los defraudadores que se acojan a la amnistía. “No resulta procedente una comprobación aislada de la declaración tributaria especial”, señala el último punto del informe, fechado el pasado 27 de junio. Además, Hacienda permite, “en el caso de que el contribuyente pueda acreditar la titularidad de los bienes correspondientes a ejercicios prescritos —anteriores a los últimos cuatro años—, declarar los bienes correspondientes a ejercicios no prescritos”.
De esta forma, los evasores podrán legalizar el dinero oculto obtenido después de 2007 solo con pagar un 10% pero si pueden acreditar que este dinero ya era suyo antes de 2008 pagarán solo el 10% de los intereses y podrá regularizar todo el capital... leer más aquí.
El Tesoro sugiere a los bancos que hagan la vista gorda con la amnistía fiscal

El delito fiscal tendrá una pena más dura y los delatores serán premiados

El plazo de prescripción se amplía de 5 a 10 años en los casos más graves de fraude El cambio legal evita que se persiga a quienes se acojan a la amnistía Los defraudadores que denuncien a otros verán rebajada su condena. Ver en El País
Corrupción y delito fiscal, un catálogo de casos
Muchos de los casos de corrupción política recientes conllevan un fraude fiscal, por la ocultación de los beneficios que se obtienen en las prácticas irregulares. Estos son los ejemplos más llamativos.
Caso Gürtel.
Los beneficios que la red corrupta obtuvo de forma supuestamente ilícita se ocultaron a Hacienda. Aún no se ha podido cifrar la cantidad que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, sus empresas y algunos políticos del PP defraudaron a las arcas públicas. La Agencia Tributaria ha reconocido que algunos de los delitos detectados han prescrito.
Caso Carlos Fabra.
El expresidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP en esa provincia, Carlos Fabra, está acusado de defraudar, junto a la que fue su esposa, María Amparo Fernández, 1,2 millones de euros. Cuatro delitos fiscales fueron declarados prescritos, pero el Supremo revocó esta decisión porque la investigación se había iniciado.
Caso Brugal.
La investigación de la trama por las contratas públicas de la recogida de basuras en Alicante ha destapado incrementos patrimoniales no declarados.
Caso Palau de la Música.
El saqueo al que Fèlix Millet y Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) sometieron al Palau de la Música de Barcelona llevó paralela una operación para defraudar a Hacienda de alrededor de 685.000 euros.
Caso Urdangarin.
La investigación de los negocios que el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres ha derivado también en pesquisas para averiguar si hubo una evasión de capitales. Además, la Agencia Tributaria abrió un expediente por un pago sospechoso de 147.800 euros en billetes de 500 del Instituto Nóos a Aizoon, la empresa de Urdangarin y la Infanta.
Caso Marbella.
El caso Malaya destapó todo un entramado en Marbella de pagos y cobros de comisiones, en el que el exasesor municipal durante el mandato de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, fue acusado de blanquear 245,1 millones de euros de origen ilícito. (En El País).

El fraude fiscal en España

La delicada situación económica y social que afecta a España podría poner en riesgo el mantenimiento de nuestro Estado del Bienestar. Para evitarlo, es necesario obtener en los próximos años una financiación impositiva suficiente y equitativa, traducida en mayores ingresos fiscales que permitan reducir el déficit público sin recurrir a sacrificios en gastos sociales. Ello requiere una actuación verdaderamente eficiente por parte de la Administración Tributaria, que tiene que extender su actuación a la generalidad de los contribuyentes y repartiendo entre ellos, de forma equitativa, la carga impositiva conforme a su capacidad económica. Un objetivo que precisa del compromiso de las Administraciones Públicas responsables de la gestión y de toda la sociedad: gobierno, parlamento, partidos, agentes sociales y ciudadanos.

Los estudios académicos sobre el fraude fiscal han apuntado a dos conclusiones principales sobre las cuales se ha formado un amplio consenso, a saber: que el cumplimiento tributario disminuye cuando aumentan los impuestos con una administración tributaria poco eficaz (compensando y neutralizando los efectos recaudatorios de las subidas de impuestos); y que este mismo cumplimiento tributario aumenta cuando la Administración Tributaria mejora sus procedimientos de gestión y control, lo que revela la rentabilidad recaudatoria y social y el efecto multiplicador de la inversión en recursos para la gestión tributaria.

Por ello, en estos momentos de crisis económica, con un déficit cifrado a finales del año 2011 en 91.000 millones de euros y que amenaza con mantenerse en niveles elevados en los próximos años, es cuando se presenta una oportunidad excepcional y a la vez necesaria para afrontar, en positivo, una lucha eficaz para la prevención, detección y sanción del fraude fiscal.

Nuestra clase política deberá afrontar el reto de tomar decisiones trascendentes en estos momentos de dificultad y apostar valientemente por un modelo fiscal que garantice un desarrollo social y económico sostenible. Pero, ¿qué es el fraude fiscal? ¿Es la factura del fontanero con o sin IVA? ¿Los 2,4 millones de euros que la Audiencia Nacional condena pagar a Luis Figo a Hacienda referidos a una controversia por derechos de imagen? ¿O la posibilidad de establecer tu residencia en un paraíso fiscal para no tributar a la Hacienda Española?

El fraude fiscal es simplemente el hecho de dejar de ingresar a la Hacienda Pública. Pero nunca una definición tan simple tuvo efectos tan demoledores, porque supone, por un lado, una disminución de ingresos al Estado que nos permitirían costear esos servicios públicos indispensables que están siendo recortados en estos momentos, y por el otro, porque legitima una conducta defraudatoria por la cual la gente podría pensar: “todos defraudan. De manera que yo también, si puedo, defraudaré”.
Es importante delimitar si estamos o no hablando de cifras elevadas.

Los diferentes estudios elaborados sobre la materia coinciden en estimar una cifra de fraude fiscal en torno al 23% del PIB, lo cual supone que cerca de 89.000 millones de euros dejan de ingresarse anualmente. O dicho de otra manera, que uno de cada cuatro euros se escapan del control fiscal. Aún más preocupante es que nuestras cifras de fraude se sitúen diez puntos por encima de la media de nuestros países vecinos de la Unión Europea.

Y hablamos de la media, no de aquellos países con una mayor conciencia fiscal cuyas cifras de fraude están alrededor del 4%, como podrían ser Suecia o Dinamarca. De manera que es menester tener claro que sólo con rebajar nuestro fraude en estos diez puntos que nos diferencian de la media de los países de nuestro entorno, ingresaríamos anualmente cerca de 38.000 millones de euros, quince veces más que lo que se espera recaudar mediante la amnistía fiscal anunciada por el gobierno del Partido Popular.

Pero hemos de ahondar aún más en el problema del fraude y preguntarnos quién defrauda estas enormes cantidades, así como cuáles son los mecanismos para eludir al Fisco. En lo que se refiere a la primera pregunta, es sin duda más fácil visualizar a quien realmente no defrauda, esto es, la clase asalariada. Actualmente, las arcas del Estado se nutren básicamente de dos impuestos que recaen directamente sobre ella: por una parte, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que supuso en el último ejercicio liquidado un 44% de los ingresos por impuestos, siendo las rentas del trabajo quienes aportaron el 83,7% de la recaudación; y por otra, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), un impuesto totalmente regresivo que no discrimina en su tributación la capacidad económica del obligado a su pago y que aporta un 32% del importe de la recaudación por impuesto de nuestro país. En el otro vértice de la justicia impositiva, estarían los que sí defraudan al Estado, y al respecto se estima que más del 72% del fraude lo cometen actualmente los grandes patrimonios y las grandes empresas.

Podemos aportar como dato empírico el hecho de que, al cierre del ejercicio 2010, existían en nuestro país 3.113 Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) que gestionaban un patrimonio acumulado de 26.154,3 millones de euros, reguladas por una normativa del todo ventajosa que no las empuja a gestionar el patrimonio de un conjunto de partícipes, sino a gestionar y aminorar la tributación de grandes patrimonios individuales.

De modo que, cuando hablamos de grande patrimonios, surge inevitablemente una pregunta: ¿para cuándo un impuesto sobre grandes patrimonios que grave no sólo la renta titularidad de las personas físicas, sino la totalidad de la renta real que se esconde tras estas sociedades instrumentales, muchas veces a través de entramados que acaban irremediablemente gestionados por empresas fantasma domiciliadas en paraísos fiscales? Sin entrar en las sofisticadas y modernas normativas fiscales de determinados países como Belize, Panamá, Luxemburgo, podemos poner aquí el ejemplo de la Isla de Sark, que en 2005 tenía una población de 575 habitantes al tiempo que poseía domiciliadas a más de 15.000 empresas (y uno sólo de sus residentes era el director financiero —figura similar al administrador de la sociedad en nuestra normativa estatal— de más de 2.400 de ellas). Actualmente, estos territorios están contribuyendo con su singular aportación a la pesadilla financiera que vivimos. Su insolidaridad hace que la disminución de los ingresos impositivos de los Estados, tan necesarios en el contexto actual, haga peligrar nuestro Estado del Bienestar y el mantenimiento de sus prestaciones sociales básicas. Para dar una idea de la eficacia de estos paraísos fiscales, baste con decir que la empresa de asesoramiento económico Merrill Lynch estima que unos seis billones de dólares están depositados en estos territorios, lo que supone casi un tercio de los activos de las fortunas particulares del planeta. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional calcula que una cuarta parte de la riqueza mundial se oculta en ellos, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) piensa que la evasión fiscal de los países que forman parte de ella y que se realiza a través de los paraísos fiscales, llega a los 600.000 millones de dólares.

Qué duda cabe de que no podemos permitirnos estos agujeros fiscales en un momento en que asistimos a un auténtico desplome de nuestros ingresos tributarios. Entre los años 2007 y 2010 el volumen de ingresos tributarios ha descendido en 41.140 millones de euros, lo que equivale a una caída impositiva de más del 20% en términos de recaudación. Desde luego, hay instrumentos para erradicar el fraude fiscal. Otra cosa es que se disponga plenamente de ellos. En este sentido, España es un caso paradigmático: pese a tener un nivel de economía sumergida en torno al 23% de su PIB —porcentaje sólo comparable a Grecia e Italia—, cuenta con un empleado de la Agencia Tributaria por cada 1.680 contribuyentes: un indicador tres veces inferior al de la media de los países de la OCDE y cinco veces inferior a países vecinos como Francia o Alemania. ¿Es el problema realmente grave? Sí, y espero que le lectura de este artículo ayude al lector a tener una dimensión exacta de su magnitud.

El descenso de ingresos tributarios, unido al enorme fraude fiscal existente y al inevitable aumento de gastos sociales derivado del pago de prestaciones sociales en tiempos de crisis, hacen que la situación económica del país peligre seriamente y que las necesidades de ingresos impositivos cobren una importancia primordial.

Ante tal situación, el pasado viernes 31 de marzo de 2012, el gobierno del PP aprobó una amnistía fiscal que durará ocho meses y que permitirá a las empresas y personas que defraudaron regularizar su situación con el Fisco mediante una tasa blanda del 10% de los saldos en cuentas opacas o del precio de los inmuebles y/o acciones en los que invirtieron las cantidades ocultadas. Como no podía ser de otra manera, esta amnistía viene acompañada de la clásica advertencia de aumento de sanciones, intensificación de la lucha contra el fraude y de la declaración de que “ésta será la última amnistía”, siguiendo el guión de las anteriores amnistías fiscales de 1977, 1984 y 1991 y de la amnistía laboral de 2011. Así, cualquier contribuyente, o, mejor dicho, cualquier no contribuyente podrá regularizar su situación tributaria, es decir, blanquear su dinero oculto por un pago único del 10%.

Pero hemos de ser coherentes y decir que el gran inconveniente de cualquier amnistía de este tipo es que raya los límites del principio de igualdad tributaria sancionado por el artículo 31 de la Constitución española, ya que supone un agravio comparativo para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales y que soportan tipos superiores que llegan hasta el 52% en el IRPF, mientras que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el Fisco a precio de saldo. Además, podemos señalar una serie de graves defectos que la amnistía fiscal va a provocar en el funcionamiento de nuestro sistema tributario.

Por de pronto, esta medida da a entender que el Gobierno reconoce la incapacidad de la Agencia Estatal Tributaria para luchar contra la economía sumergida, lo que choca frontalmente con los reiterados anuncios del Ejecutivo de potenciar la lucha contra el fraude. De hecho, entre 1980 y 2008, mientras el volumen de la economía española se duplicó, la economía sumergida se multiplicó por cuatro. A mayor abundamiento, la tasa del 10% se considera “cuota declarada”, lo que evitará la persecución de delitos fiscales a un precio de saldo evitando la condena penal, pagar la cuotas defraudadas, las multas de hasta seis veces el importe de la cuota descubierta, la responsabilidades civiles y los antecedentes penales. Es decir, la amnistía permite enjuagar los mayores fraudes cometidos.

Ante estas premisas, va a ser difícil explicar a la opinión pública los motivos por los que se suben los impuestos a los ciudadanos que ya los pagan y se aprueban amnistías para quienes defraudan. Pero no todo ha de ser un mensaje pesimista. Si la situación global de crisis y déficit ha propiciado una amnistía fiscal, pongámonos a trabajar por una Administración Tributaria realmente eficiente que rebaje drásticamente las cifras del fraude fiscal. Es del todo incoherente anunciar una amnistía fiscal si, al mismo tiempo, no se regula el sector como es debido para que este episodio no vuelva a repetirse y no nos viéramos obligados a hablar en futuro de una nueva amnistía a causa de la impotencia por detectar el fraude en nuestro país. Ante ello, el Gobierno está trabajando en un Anteproyecto de Ley de Medidas para la Prevención y Control del Fraude Fiscal, del cual podemos destacar como medidas anunciadas la prohibición del pago en metálico por importe superior a 2.500 euros, la eliminación de determinados obligados tributarios al régimen de estimación objetiva (los conocidos módulos) y un control más exhaustivo de las rentas en países terceros.

Es evidente que estas medidas no son más que una tirita aplicada a nuestra hemorragia fiscal. Sin embargo, ¿existirá voluntad política para aplicar nuevas medidas, regulaciones y reformas que permitan acabar con el fraude fiscal, o permitiremos que el fraude se mantenga y cuadraremos el déficit con recortes del gasto público?

Me permito concluir: no más recortes al gasto público y sí más recortes… al fraude fiscal. Miguel Ángel Mayo.
Miguel Ángel Mayo es coordinador en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda y miembro de la Plataforma por una Fiscalidad Justa, Ambiental y Sostenible.

Fuente:
http://www.mientrastanto.org/boletin-102/notas/el-fraude-fiscal-en-espana

El fontanero y el fraude fiscal

En épocas de crisis formidables, una cosa importante es no permitir que se desvíe la atención de los ciudadanos de los problemas realmente decisivos y de los cambios que van decidiendo los responsables políticos y económicos, muy dispuestos siempre a mantenernos ocupados con problemas generales, mientras pasan por delante, sin que los veamos, los agobios concretos que habría que atacar inmediatamente.
Por ejemplo, los ciudadanos hablamos frecuentemente del fraude fiscal, refiriéndonos al dentista o al fontanero que cobra sin facturar el IVA, al artista o deportista que se ha domiciliado en un paraíso fiscal. Todos ellos merecen el reproche social, la persecución de Hacienda y las multas que correspondan. Pero donde está el verdadero fraude no es en ese grupo de defraudadores, sino en las redes de sociedades que montan a su vez decenas de firmas instrumentales, “pantallas” gracias a las cuales se evitan pagar miles de millones de euros en IVA. Es el llamado “fraude carrusel”, que no se detecta sino con difíciles investigaciones, y cuyas dimensiones actuales deberían provocar mucha más alarma social que el artista de turno. El 76% del fraude, aseguraba hace poco un representante del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, está en empresas que facturan más de seis millones de euros.
El problema es que en España no existe ningún estudio oficial sobre el volumen actual del fraude. Con el pretexto de que son cálculos difíciles de realizar y, un argumento todavía más infame, que los resultados solo sirven para desmoralizar al contribuyente cumplidor, hace ya muchos años que se decidió que el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) abandonara ese campo. El diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón ha presentado una proposición no de ley para que se vuelva a encargar al IEF una estimación, revisable cada dos años, y muchas voces en la Comisión Europea quieren que el Gobierno español esté obligado a proporcionar algunos datos.
De momento, solo es posible moverse con cifras imprecisas. El último estudio no oficial de unos investigadores del IEF hablaba de un 21% de economía sumergida, y la Fundación de las Cajas de Ahorro llegó a estimar un 24%. Un dato interesante, según el Barómetro del Instituto de Estudios Fiscales, es que el 82,5% de los españoles cree que existe “mucho fraude” y que el 67% piensa que ha aumentado en los últimos años.
La economía sumergida puede pues oscilar en España entre el 20% y el 25%, mientras que la media europea ronda el 13%. Si esas cifras fueran ciertas, significaría, según explica el inspector de Hacienda José María Peláez en el Libro Marrón del Círculo de Empresarios, que en España se dejan de ingresar cada año unos 70.000 millones de euros. Cifras de ese volumen no las provoca el fontanero.
El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2012, hecho público esta semana, subraya, con razón, que en este contexto de crecimiento negativo del PIB y de déficit en las cuentas públicas, la lucha contra el fraude cobra nueva importancia. Para hacerse una idea, basta un dato aportado por un estudio de la Universidad Pública de Navarra: un punto de reducción en el fraude fiscal podría traducirse en dos puntos de aumento en el empleo.
Sucede que una cosa es enumerar las auténticas áreas de riesgo y otra disponer de los medios y de la voluntad para vigilarlas. En España hay pocos inspectores dedicados a la investigación de grandes redes de fraude. Poca rapidez en la re..
leer todo el artículo de Soledad Gallego-Diaz en El País aquí.

En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren

El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en "Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer").

Veamos qué hay de verdad en ello.
En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.
En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).
Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.
El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio.
Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.
Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.
La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir llevando a cabo.  Fuente: Juan Torres López http://www.juantorreslopez.com/impertinencias/154-impertinencias-de-diciembre-de-2011/2543-no-sobran-funcionarios-sino-defraudadores