España es un país donde la ignorancia tiene muy buena reputación. Lo demuestran los recortes en educación y cultura. Lo prueba el descaro con que los consejeros y ejecutivos de Caja Madrid corean el estribillo de que no sabían.
No sabían, desde luego, dirigir un banco. Ni sabían que las tarjetas opacas eran opacas. Ni sabían tampoco que no saber no significa eludir la responsabilidad de sus fechorías. La ignorancia es un agravante, no un atenuante, señores consejeros.
Y es un principio fundacional de la cultura grecolatina. Edipo no sabía que había asesinado a su padre en un cruce de caminos. Ni sabía que yacía con su madre, pero la ignorancia no le sustrajo de un castigo ejemplar cuando le fueron desveladas las atrocidades. Y se avino a arrancarse los ojos como ofrenda a la lujuria y la avaricia.
Saber no sabían lo que hacían los consejeros en su entrañable candidez. Lo que sí sabían era utilizar las tarjetas. A todas horas. De todas las maneras. Por todos los conceptos. Un masaje filipino, una whiskería. Del mínimo, un billete de metro y un café en el Vips, al máximo, pongamos un viaje a África de Blesa que garantizaba la captura de hipopótamos.
Y no es que no se pueda generalizar. Se debe generalizar, porque estamos ante un fenómeno de latrocinio colectivo, de insensibildad social en tiempos de crisis y de megalomanía consumista que implica a todos los partidos y sindicatos. 80.000 operaciones de mete-saca. 12 millones de euros en concepto de opulencia y tren de vida mientras Hacienda miraba hacia otra parte.
Es difícil escoger el caso más estrafalario en esta orgía de la opacidad. Me gusta mucho, por ejemplo, el mecanismo autoretributivo de Arturo Fernández. No es que gastara 10.500 euros en restaurantes. Los gastaba en sus propios restaurantes, pidiéndose y cobrándose la cuenta a la vez.
Ya dice un aforismo mafioso que una mano lava la otra. Y ya se ocuparon los consejeros, sin distinción de ideologías ni siglas, de otorgar a sus tarjetas los oportunos superpoderes. Empezando por Sánchez Barcoj, cuyo espíritu navideño le animó a gastarse 16.000 euros en la noche de fin de año.
De hecho, la tarjeta se pluriempleaba fuera del horario y de la responsabilidad laborales. Reclamaban los ejecutivos un incremento del crédito -60.000 euros- en periodo de vacaciones, exagerando los privilegios hasta los límites del derroche.
Se juntan, pues, la ignorancia con la antiestética y la picaresca. Y la picaresca con la impunidad, hasta el extremo de que los consejeros de media noche, Moral Santín en cabeza sacudiéndose los complejos del comunismo, inventaron la modalidad de atraco al cajero con tarjeta negra y número secreto. Arriba las manos.
Pensarían que las tarjetas estaban fabricadas de criptonita. Que puestos a disponer, disponían de ellas la familia entera. Tanto valían para comprar arte sacro, aspirinas y ligueros. Valer, valían para todo. Costar, no costaban nada.
O no costaban hasta que ha llegado el escarmiento del juicio y el escarnio social. Los delitos de apropiación indebida y de fraude fiscal adquieren un valor prosaico respecto a la sentencia que habrían de administrarse a ellos mismos los consejeros de Caja Madrid: deberían arrancarse los ojos, como hizo Edipo en la hemorragia de la ignorancia.
http://economia.elpais.com/economia/2016/09/26/actualidad/1474885393_778813.html?rel=lom
"http://play.cadenaser.com/widget/audio/001RD010000004302864/" width="100%" height="102" frameborder="0" allowfullscreen
Mostrando entradas con la etiqueta fraude fiscal. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta fraude fiscal. Mostrar todas las entradas
lunes, 10 de octubre de 2016
viernes, 14 de diciembre de 2012
El “expolio” social del que no se habla
Un argumento utilizado por los independentistas catalanes para defender la tesis de que Catalunya tendría más recursos si se independizara de España es que España está “expoliando” a Catalunya. No voy a entrar en este artículo en este tema, sobre el cual he escrito extensamente en varios artículos mostrando que el escaso desarrollo social de Catalunya no se debe al supuesto expolio nacional sino al enorme poder que las derechas catalanas y españolas han tenido y continúan teniendo a los dos lados del Ebro, situación responsable del subdesarrollo social de Catalunya y de otras partes de España, como documento en mi libro El Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, Anagrama. 2006.
En este artículo quiero centrarme en la existencia de un expolio del cual ni los nacionalistas de los dos lados del Ebro ni nadie más están hoy hablando, ni en Catalunya ni en España. Es el expolio de una minoría -lo que solía llamarse la burguesía financiera e industrial- al resto de la población, y que está ocurriendo a lo largo de todo el territorio español, incluyendo Catalunya. Tal minoría no está contribuyendo al Estado (tanto central como autonómico) lo que contribuyen todos los demás. Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás, la cifra resultante para toda España sería de más de 30.000 millones de euros al año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los recortes de gasto público y social que están dañando de una manera muy acentuada el bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población en general y de las clases populares en particular, tanto en Catalunya como en el resto de España. (Ver el informe del Observatorio Social de España, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia. Ariel. 2012).
Para entender la naturaleza de este expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de ingreso más importantes al Estado que incluye, como he señalado en el párrafo anterior, no sólo el Estado central, sino los Estados autonómicos. Pues bien, cuatro son las fuentes más importantes:
1. Una son los ingresos derivados de los impuestos sobre las rentas, primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que paga la mayoría de la población trabajadora);
2. La otra fuente son los impuestos sobre el capital que afectan a un grupo muy minoritario de la población (predominantemente los burgueses y los grandes empresarios);
3. La tercera fuente son los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la población, independientemente de sus ingresos, paga cuando compra algo, y que es sumamente regresivo;
4. Una cuarta fuente son los impuestos especiales que, como su nombre indica, son impuestos para fines concretos; y, finalmente, otra categoría que se define como “otros impuestos”.
Pues bien, según el excelente informe de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras (uno de los centros de estudios más rigurosos que publica periódicamente informes que cuestionan la credibilidad del conocimiento producido por los centros de estudios financiados por la Banca y la Gran Patronal, como FEDEA), escrito por el economista Manuel Lago (y del cual extraigo la mayoría de los datos que presento en este artículo), los ingresos derivados del IRPF en España, desde el último año antes de que se iniciara la crisis, 2006, hasta el año 2011, crecieron un 6%, pasando el Estado de ingresar 64.638 millones de euros a 68.557 millones. Los fondos públicos procedentes del impuesto sobre el consumo bajaron sólo ligeramente (-2%), pasando de 52.817 millones de euros a 51.580 millones. Los fondos que el Estado recogía vía los impuestos especiales crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699 millones de euros a 19.025 millones, y la categoría de “otros impuestos” subió más (5%), pasando de 5.696 millones de euros a 5.971 millones. Estos fondos procedentes de tales impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de la gente que trabaja y consume (lo que la literatura sociológica definiría como clase trabajadora y clases medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han mantenido o han aumentado.
Ahora bien, si analizamos qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus diferentes componentes, tales como capital financiero (bancos, compañías de seguros y compañías de alto riesgo, entre otros), capital industrial (grandes corporaciones multinacionales) o capital de servicios (empresas de marketing y asesorías, entre otras) vemos que los ingresos al Estado derivados de la carga impositiva sobre el capital han bajado de una manera muy acentuada, casi espectacular (-68%), pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. Es decir, en otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de euros. En realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando de 183.525 millones de euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente de gravar menos las rentas del capital, hecho que es el mayor responsable de la bajada de ingresos al Estado durante este periodo (14%). En total el Estado ha pasado a ingresar 25.009 millones de euros menos, que es una cifra muy cercana a los 28.292 millones que el Estado no ingresó como consecuencia del descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es decir, del capital. Manuel Lago documenta con gran detalle los cambios que han ido ocurriendo en cada uno de estos impuestos y sus consecuencias en cuanto a los ingresos al Estado. Lo que les acabo de escribir es el resumen de cómo han evolucionado los ingresos. Y lo más llamativo es que los ingresos procedentes del impuesto de sociedades (que es el impuesto al capital), que representaban el 23% de todos los impuestos en el año 2006, han pasado a ser sólo un 8%. Sí, lo ha leído bien, sólo un 8%. El mundo empresarial contribuye mucho, mucho menos que la mayoría de la población, incluyéndole a usted, lector, y a mí.
Ni que decir tiene que los centros de estudios financiados por la banca y por la gran patronal han intentado explicar tal descenso de su contribución al Estado atribuyéndolo a la reducción de sus beneficios, resultado de la crisis económica. Manuel Lago muestra contundentemente que ello no es del todo cierto. La reducción de beneficios es sólo una pequeña parte de la causa del descenso de los ingresos al Estado procedente de las empresas. Tal descenso es mucho mayor que el descenso de beneficios, una situación que es particularmente acentuada entre las grandes empresas, llamadas multinacionales. En realidad, el descenso de su aportación al Estado es consecuencia de la gran cantidad de lo que llaman incentivos fiscales, incluyendo las enormes deducciones, y nuevos sistemas de ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan las rentas del capital (35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en la realidad a un 5%. Sí, repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras empresas (que no son grandes empresas multinacionales y facturan menos de diez millones de euros) pagan menos que su tipo nominal, siendo el real 15,3%, más de tres veces más que las multinacionales.
El significado de estos datos y otros aportados por el informe es que, durante el periodo de la crisis 2007-2011, las empresas financieras, industriales y de servicios (es decir, el capital) declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales tributaron 101.421 millones, es decir, un 11,9%. Si hubieran pagado el 28,5%, que es lo que la Agencia Tributaria considera como el tipo nominal medio, el Estado hubiera ingresado 242.801 millones de euros, es decir, 141.380 millones de euros más, unos 35.000 millones de euros más anuales (tomando las cifras de 2009), que es, por cierto, la cifra de recortes de gasto público que los sucesivos gobiernos han estado exigiendo a la población española, recortes que se están haciendo para compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho a las rentas del capital. Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio social, muchas veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en cambio, el gran debate es sobre este último (entre aquellos que sustentan que hay un expolio nacional y los que señalan que no lo hay), y no sobre el anterior, que está perjudicando a las clases populares de toda España, incluida Catalunya. El hecho de que los establishments políticos y mediáticos españoles y catalanes se centren en el debate nacional y no en el debate social, se explica por el enorme poder que el capital tiene sobre tales establishments a los dos lados del Ebro. Así de claro. Incluso, descontando deducciones justificables y otras medidas, tal como Hace Manuel Lago, la cantidad continúa siendo respetable. Es más, si las rentas del capital se gravaran como las rentas del trabajo a la mayoría de la clase trabajadora que está en nómina (como algunos partidos han sugerido), la cantidad de 35.000 millones ascendería a muchos millones más.
¿No creen que hay algo injusto en ello? A las clases populares se les está imponiendo toda una serie de sacrificios, a fin de mantener enormes beneficios y privilegios fiscales al gran empresariado financiero y multinacional del país. Créanme que en España, incluyendo Catalunya, el que no está indignado es que no sabe lo que está pasando en su entorno. Así de claro. Vicenç Navarro.
En este artículo quiero centrarme en la existencia de un expolio del cual ni los nacionalistas de los dos lados del Ebro ni nadie más están hoy hablando, ni en Catalunya ni en España. Es el expolio de una minoría -lo que solía llamarse la burguesía financiera e industrial- al resto de la población, y que está ocurriendo a lo largo de todo el territorio español, incluyendo Catalunya. Tal minoría no está contribuyendo al Estado (tanto central como autonómico) lo que contribuyen todos los demás. Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás, la cifra resultante para toda España sería de más de 30.000 millones de euros al año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los recortes de gasto público y social que están dañando de una manera muy acentuada el bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población en general y de las clases populares en particular, tanto en Catalunya como en el resto de España. (Ver el informe del Observatorio Social de España, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia. Ariel. 2012).
Para entender la naturaleza de este expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de ingreso más importantes al Estado que incluye, como he señalado en el párrafo anterior, no sólo el Estado central, sino los Estados autonómicos. Pues bien, cuatro son las fuentes más importantes:
1. Una son los ingresos derivados de los impuestos sobre las rentas, primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que paga la mayoría de la población trabajadora);
2. La otra fuente son los impuestos sobre el capital que afectan a un grupo muy minoritario de la población (predominantemente los burgueses y los grandes empresarios);
3. La tercera fuente son los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la población, independientemente de sus ingresos, paga cuando compra algo, y que es sumamente regresivo;
4. Una cuarta fuente son los impuestos especiales que, como su nombre indica, son impuestos para fines concretos; y, finalmente, otra categoría que se define como “otros impuestos”.
Pues bien, según el excelente informe de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras (uno de los centros de estudios más rigurosos que publica periódicamente informes que cuestionan la credibilidad del conocimiento producido por los centros de estudios financiados por la Banca y la Gran Patronal, como FEDEA), escrito por el economista Manuel Lago (y del cual extraigo la mayoría de los datos que presento en este artículo), los ingresos derivados del IRPF en España, desde el último año antes de que se iniciara la crisis, 2006, hasta el año 2011, crecieron un 6%, pasando el Estado de ingresar 64.638 millones de euros a 68.557 millones. Los fondos públicos procedentes del impuesto sobre el consumo bajaron sólo ligeramente (-2%), pasando de 52.817 millones de euros a 51.580 millones. Los fondos que el Estado recogía vía los impuestos especiales crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699 millones de euros a 19.025 millones, y la categoría de “otros impuestos” subió más (5%), pasando de 5.696 millones de euros a 5.971 millones. Estos fondos procedentes de tales impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de la gente que trabaja y consume (lo que la literatura sociológica definiría como clase trabajadora y clases medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han mantenido o han aumentado.
Ahora bien, si analizamos qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus diferentes componentes, tales como capital financiero (bancos, compañías de seguros y compañías de alto riesgo, entre otros), capital industrial (grandes corporaciones multinacionales) o capital de servicios (empresas de marketing y asesorías, entre otras) vemos que los ingresos al Estado derivados de la carga impositiva sobre el capital han bajado de una manera muy acentuada, casi espectacular (-68%), pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. Es decir, en otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de euros. En realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando de 183.525 millones de euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente de gravar menos las rentas del capital, hecho que es el mayor responsable de la bajada de ingresos al Estado durante este periodo (14%). En total el Estado ha pasado a ingresar 25.009 millones de euros menos, que es una cifra muy cercana a los 28.292 millones que el Estado no ingresó como consecuencia del descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es decir, del capital. Manuel Lago documenta con gran detalle los cambios que han ido ocurriendo en cada uno de estos impuestos y sus consecuencias en cuanto a los ingresos al Estado. Lo que les acabo de escribir es el resumen de cómo han evolucionado los ingresos. Y lo más llamativo es que los ingresos procedentes del impuesto de sociedades (que es el impuesto al capital), que representaban el 23% de todos los impuestos en el año 2006, han pasado a ser sólo un 8%. Sí, lo ha leído bien, sólo un 8%. El mundo empresarial contribuye mucho, mucho menos que la mayoría de la población, incluyéndole a usted, lector, y a mí.
Ni que decir tiene que los centros de estudios financiados por la banca y por la gran patronal han intentado explicar tal descenso de su contribución al Estado atribuyéndolo a la reducción de sus beneficios, resultado de la crisis económica. Manuel Lago muestra contundentemente que ello no es del todo cierto. La reducción de beneficios es sólo una pequeña parte de la causa del descenso de los ingresos al Estado procedente de las empresas. Tal descenso es mucho mayor que el descenso de beneficios, una situación que es particularmente acentuada entre las grandes empresas, llamadas multinacionales. En realidad, el descenso de su aportación al Estado es consecuencia de la gran cantidad de lo que llaman incentivos fiscales, incluyendo las enormes deducciones, y nuevos sistemas de ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan las rentas del capital (35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en la realidad a un 5%. Sí, repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras empresas (que no son grandes empresas multinacionales y facturan menos de diez millones de euros) pagan menos que su tipo nominal, siendo el real 15,3%, más de tres veces más que las multinacionales.
El significado de estos datos y otros aportados por el informe es que, durante el periodo de la crisis 2007-2011, las empresas financieras, industriales y de servicios (es decir, el capital) declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales tributaron 101.421 millones, es decir, un 11,9%. Si hubieran pagado el 28,5%, que es lo que la Agencia Tributaria considera como el tipo nominal medio, el Estado hubiera ingresado 242.801 millones de euros, es decir, 141.380 millones de euros más, unos 35.000 millones de euros más anuales (tomando las cifras de 2009), que es, por cierto, la cifra de recortes de gasto público que los sucesivos gobiernos han estado exigiendo a la población española, recortes que se están haciendo para compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho a las rentas del capital. Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio social, muchas veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en cambio, el gran debate es sobre este último (entre aquellos que sustentan que hay un expolio nacional y los que señalan que no lo hay), y no sobre el anterior, que está perjudicando a las clases populares de toda España, incluida Catalunya. El hecho de que los establishments políticos y mediáticos españoles y catalanes se centren en el debate nacional y no en el debate social, se explica por el enorme poder que el capital tiene sobre tales establishments a los dos lados del Ebro. Así de claro. Incluso, descontando deducciones justificables y otras medidas, tal como Hace Manuel Lago, la cantidad continúa siendo respetable. Es más, si las rentas del capital se gravaran como las rentas del trabajo a la mayoría de la clase trabajadora que está en nómina (como algunos partidos han sugerido), la cantidad de 35.000 millones ascendería a muchos millones más.
¿No creen que hay algo injusto en ello? A las clases populares se les está imponiendo toda una serie de sacrificios, a fin de mantener enormes beneficios y privilegios fiscales al gran empresariado financiero y multinacional del país. Créanme que en España, incluyendo Catalunya, el que no está indignado es que no sabe lo que está pasando en su entorno. Así de claro. Vicenç Navarro.
lunes, 9 de julio de 2012
Hacienda da nuevas facilidades para la regularización después de que los asesores de los defraudadores criticasen que no lograban suficientes ventajas
Hacienda está dispuesta a dar todas las facilidades a los defraudadores para que se acojan a la amnistía fiscal.
Tras abrir el proceso al blanqueo del dinero en efectivo, ahora el ministerio de Cristóbal Montoro ha abandonado la idea de gravar con un 10% todos los activos ocultos aflorados tras las críticas de los asesores de los defraudadores, que consideraban que eso no era suficientemente ventajoso para ellos. Ahora, según la nueva interpretación de la Dirección General de Tributos, en lugar de gravar todos los capitales aflorados, se conformará con que tribute al 10% la parte generada en los ejercicios no prescritos (solo tres, en el caso de la amnistía fiscal), manteniendo la exención de intereses y recargos. Con ello, habrá casos en que a los evasores les baste pagar menos del 1% de todo lo defraudado. Además, Hacienda les garantiza que hará la vista gorda con esas declaraciones, pues señala que “no resulta procedente” su comprobación.
El Gobierno ha flexibilizado la amnistía fiscal, el procedimiento con el que pretende recaudar 2.500 millones y aflorar un capital escondido en paraísos fiscales de al menos 25.000 millones. Algunos despachos de abogados y asesores fiscales habían manifestado dudas sobre la oportunidad de acogerse al proceso de regularización fiscal. Consideraban que no existían suficientes garantías jurídicas para los que decidan aflorar su patrimonio oculto —tienen que pagar un gravamen del 10% sobre los bienes ocultos, muy inferior a los impuestos que han dejado de abonar— y sostienen que había otras vías para legalizar el dinero opaco de forma más barata.
De hecho, ninguna gran fortuna se ha acogido aún a este proceso desde su entrada en vigor a principios de junio.
Ahora el Ministerio de Hacienda permitirá que los defraudadores regularicen su situación pagando menos del 10% previsto y aclara que no comprobará las declaraciones de los que se acojan al proceso. La Dirección General de Tributos divulgó el pasado lunes un “informe sobre el procedimiento de regularización derivado de la presentación de la declaración tributaria especial”. El documento, que contiene 17 cuestiones, revela que Hacienda no vigilará a los defraudadores que se acojan a la amnistía. “No resulta procedente una comprobación aislada de la declaración tributaria especial”, señala el último punto del informe, fechado el pasado 27 de junio. Además, Hacienda permite, “en el caso de que el contribuyente pueda acreditar la titularidad de los bienes correspondientes a ejercicios prescritos —anteriores a los últimos cuatro años—, declarar los bienes correspondientes a ejercicios no prescritos”.
De esta forma, los evasores podrán legalizar el dinero oculto obtenido después de 2007 solo con pagar un 10% pero si pueden acreditar que este dinero ya era suyo antes de 2008 pagarán solo el 10% de los intereses y podrá regularizar todo el capital... leer más aquí.
El Tesoro sugiere a los bancos que hagan la vista gorda con la amnistía fiscal
Tras abrir el proceso al blanqueo del dinero en efectivo, ahora el ministerio de Cristóbal Montoro ha abandonado la idea de gravar con un 10% todos los activos ocultos aflorados tras las críticas de los asesores de los defraudadores, que consideraban que eso no era suficientemente ventajoso para ellos. Ahora, según la nueva interpretación de la Dirección General de Tributos, en lugar de gravar todos los capitales aflorados, se conformará con que tribute al 10% la parte generada en los ejercicios no prescritos (solo tres, en el caso de la amnistía fiscal), manteniendo la exención de intereses y recargos. Con ello, habrá casos en que a los evasores les baste pagar menos del 1% de todo lo defraudado. Además, Hacienda les garantiza que hará la vista gorda con esas declaraciones, pues señala que “no resulta procedente” su comprobación.
El Gobierno ha flexibilizado la amnistía fiscal, el procedimiento con el que pretende recaudar 2.500 millones y aflorar un capital escondido en paraísos fiscales de al menos 25.000 millones. Algunos despachos de abogados y asesores fiscales habían manifestado dudas sobre la oportunidad de acogerse al proceso de regularización fiscal. Consideraban que no existían suficientes garantías jurídicas para los que decidan aflorar su patrimonio oculto —tienen que pagar un gravamen del 10% sobre los bienes ocultos, muy inferior a los impuestos que han dejado de abonar— y sostienen que había otras vías para legalizar el dinero opaco de forma más barata.
De hecho, ninguna gran fortuna se ha acogido aún a este proceso desde su entrada en vigor a principios de junio.
Ahora el Ministerio de Hacienda permitirá que los defraudadores regularicen su situación pagando menos del 10% previsto y aclara que no comprobará las declaraciones de los que se acojan al proceso. La Dirección General de Tributos divulgó el pasado lunes un “informe sobre el procedimiento de regularización derivado de la presentación de la declaración tributaria especial”. El documento, que contiene 17 cuestiones, revela que Hacienda no vigilará a los defraudadores que se acojan a la amnistía. “No resulta procedente una comprobación aislada de la declaración tributaria especial”, señala el último punto del informe, fechado el pasado 27 de junio. Además, Hacienda permite, “en el caso de que el contribuyente pueda acreditar la titularidad de los bienes correspondientes a ejercicios prescritos —anteriores a los últimos cuatro años—, declarar los bienes correspondientes a ejercicios no prescritos”.
De esta forma, los evasores podrán legalizar el dinero oculto obtenido después de 2007 solo con pagar un 10% pero si pueden acreditar que este dinero ya era suyo antes de 2008 pagarán solo el 10% de los intereses y podrá regularizar todo el capital... leer más aquí.
El Tesoro sugiere a los bancos que hagan la vista gorda con la amnistía fiscal
sábado, 12 de mayo de 2012
El delito fiscal tendrá una pena más dura y los delatores serán premiados
El plazo de prescripción se amplía de 5 a 10 años en los casos más graves de fraude
El cambio legal evita que se persiga a quienes se acojan a la amnistía
Los defraudadores que denuncien a otros verán rebajada su condena. Ver en El País
Corrupción y delito fiscal, un catálogo de casos
Muchos de los casos de corrupción política recientes conllevan un fraude fiscal, por la ocultación de los beneficios que se obtienen en las prácticas irregulares. Estos son los ejemplos más llamativos.
Caso Gürtel.
Los beneficios que la red corrupta obtuvo de forma supuestamente ilícita se ocultaron a Hacienda. Aún no se ha podido cifrar la cantidad que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, sus empresas y algunos políticos del PP defraudaron a las arcas públicas. La Agencia Tributaria ha reconocido que algunos de los delitos detectados han prescrito.
Caso Carlos Fabra.
El expresidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP en esa provincia, Carlos Fabra, está acusado de defraudar, junto a la que fue su esposa, María Amparo Fernández, 1,2 millones de euros. Cuatro delitos fiscales fueron declarados prescritos, pero el Supremo revocó esta decisión porque la investigación se había iniciado.
Caso Brugal.
La investigación de la trama por las contratas públicas de la recogida de basuras en Alicante ha destapado incrementos patrimoniales no declarados.
Caso Palau de la Música.
El saqueo al que Fèlix Millet y Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) sometieron al Palau de la Música de Barcelona llevó paralela una operación para defraudar a Hacienda de alrededor de 685.000 euros.
Caso Urdangarin.
La investigación de los negocios que el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres ha derivado también en pesquisas para averiguar si hubo una evasión de capitales. Además, la Agencia Tributaria abrió un expediente por un pago sospechoso de 147.800 euros en billetes de 500 del Instituto Nóos a Aizoon, la empresa de Urdangarin y la Infanta.
Caso Marbella.
El caso Malaya destapó todo un entramado en Marbella de pagos y cobros de comisiones, en el que el exasesor municipal durante el mandato de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, fue acusado de blanquear 245,1 millones de euros de origen ilícito. (En El País).
Corrupción y delito fiscal, un catálogo de casos
Muchos de los casos de corrupción política recientes conllevan un fraude fiscal, por la ocultación de los beneficios que se obtienen en las prácticas irregulares. Estos son los ejemplos más llamativos.
Caso Gürtel.
Los beneficios que la red corrupta obtuvo de forma supuestamente ilícita se ocultaron a Hacienda. Aún no se ha podido cifrar la cantidad que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, sus empresas y algunos políticos del PP defraudaron a las arcas públicas. La Agencia Tributaria ha reconocido que algunos de los delitos detectados han prescrito.
Caso Carlos Fabra.
El expresidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP en esa provincia, Carlos Fabra, está acusado de defraudar, junto a la que fue su esposa, María Amparo Fernández, 1,2 millones de euros. Cuatro delitos fiscales fueron declarados prescritos, pero el Supremo revocó esta decisión porque la investigación se había iniciado.
Caso Brugal.
La investigación de la trama por las contratas públicas de la recogida de basuras en Alicante ha destapado incrementos patrimoniales no declarados.
Caso Palau de la Música.
El saqueo al que Fèlix Millet y Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) sometieron al Palau de la Música de Barcelona llevó paralela una operación para defraudar a Hacienda de alrededor de 685.000 euros.
Caso Urdangarin.
La investigación de los negocios que el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres ha derivado también en pesquisas para averiguar si hubo una evasión de capitales. Además, la Agencia Tributaria abrió un expediente por un pago sospechoso de 147.800 euros en billetes de 500 del Instituto Nóos a Aizoon, la empresa de Urdangarin y la Infanta.
Caso Marbella.
El caso Malaya destapó todo un entramado en Marbella de pagos y cobros de comisiones, en el que el exasesor municipal durante el mandato de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, fue acusado de blanquear 245,1 millones de euros de origen ilícito. (En El País).
viernes, 4 de mayo de 2012
El fraude fiscal en España
Los estudios académicos sobre el fraude fiscal han apuntado a dos conclusiones principales sobre las cuales se ha formado un amplio consenso, a saber: que el cumplimiento tributario disminuye cuando aumentan los impuestos con una administración tributaria poco eficaz (compensando y neutralizando los efectos recaudatorios de las subidas de impuestos); y que este mismo cumplimiento tributario aumenta cuando la Administración Tributaria mejora sus procedimientos de gestión y control, lo que revela la rentabilidad recaudatoria y social y el efecto multiplicador de la inversión en recursos para la gestión tributaria.
Por ello, en estos momentos de crisis económica, con un déficit cifrado a finales del año 2011 en 91.000 millones de euros y que amenaza con mantenerse en niveles elevados en los próximos años, es cuando se presenta una oportunidad excepcional y a la vez necesaria para afrontar, en positivo, una lucha eficaz para la prevención, detección y sanción del fraude fiscal.
Nuestra clase política deberá afrontar el reto de tomar decisiones trascendentes en estos momentos de dificultad y apostar valientemente por un modelo fiscal que garantice un desarrollo social y económico sostenible. Pero, ¿qué es el fraude fiscal? ¿Es la factura del fontanero con o sin IVA? ¿Los 2,4 millones de euros que la Audiencia Nacional condena pagar a Luis Figo a Hacienda referidos a una controversia por derechos de imagen? ¿O la posibilidad de establecer tu residencia en un paraíso fiscal para no tributar a la Hacienda Española?
El fraude fiscal es simplemente el hecho de dejar de ingresar a la Hacienda Pública. Pero nunca una definición tan simple tuvo efectos tan demoledores, porque supone, por un lado, una disminución de ingresos al Estado que nos permitirían costear esos servicios públicos indispensables que están siendo recortados en estos momentos, y por el otro, porque legitima una conducta defraudatoria por la cual la gente podría pensar: “todos defraudan. De manera que yo también, si puedo, defraudaré”.
Es importante delimitar si estamos o no hablando de cifras elevadas.
Los diferentes estudios elaborados sobre la materia coinciden en estimar una cifra de fraude fiscal en torno al 23% del PIB, lo cual supone que cerca de 89.000 millones de euros dejan de ingresarse anualmente. O dicho de otra manera, que uno de cada cuatro euros se escapan del control fiscal. Aún más preocupante es que nuestras cifras de fraude se sitúen diez puntos por encima de la media de nuestros países vecinos de la Unión Europea.
Y hablamos de la media, no de aquellos países con una mayor conciencia fiscal cuyas cifras de fraude están alrededor del 4%, como podrían ser Suecia o Dinamarca. De manera que es menester tener claro que sólo con rebajar nuestro fraude en estos diez puntos que nos diferencian de la media de los países de nuestro entorno, ingresaríamos anualmente cerca de 38.000 millones de euros, quince veces más que lo que se espera recaudar mediante la amnistía fiscal anunciada por el gobierno del Partido Popular.
Pero hemos de ahondar aún más en el problema del fraude y preguntarnos quién defrauda estas enormes cantidades, así como cuáles son los mecanismos para eludir al Fisco. En lo que se refiere a la primera pregunta, es sin duda más fácil visualizar a quien realmente no defrauda, esto es, la clase asalariada. Actualmente, las arcas del Estado se nutren básicamente de dos impuestos que recaen directamente sobre ella: por una parte, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que supuso en el último ejercicio liquidado un 44% de los ingresos por impuestos, siendo las rentas del trabajo quienes aportaron el 83,7% de la recaudación; y por otra, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), un impuesto totalmente regresivo que no discrimina en su tributación la capacidad económica del obligado a su pago y que aporta un 32% del importe de la recaudación por impuesto de nuestro país. En el otro vértice de la justicia impositiva, estarían los que sí defraudan al Estado, y al respecto se estima que más del 72% del fraude lo cometen actualmente los grandes patrimonios y las grandes empresas.
Podemos aportar como dato empírico el hecho de que, al cierre del ejercicio 2010, existían en nuestro país 3.113 Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) que gestionaban un patrimonio acumulado de 26.154,3 millones de euros, reguladas por una normativa del todo ventajosa que no las empuja a gestionar el patrimonio de un conjunto de partícipes, sino a gestionar y aminorar la tributación de grandes patrimonios individuales.
De modo que, cuando hablamos de grande patrimonios, surge inevitablemente una pregunta: ¿para cuándo un impuesto sobre grandes patrimonios que grave no sólo la renta titularidad de las personas físicas, sino la totalidad de la renta real que se esconde tras estas sociedades instrumentales, muchas veces a través de entramados que acaban irremediablemente gestionados por empresas fantasma domiciliadas en paraísos fiscales? Sin entrar en las sofisticadas y modernas normativas fiscales de determinados países como Belize, Panamá, Luxemburgo, podemos poner aquí el ejemplo de la Isla de Sark, que en 2005 tenía una población de 575 habitantes al tiempo que poseía domiciliadas a más de 15.000 empresas (y uno sólo de sus residentes era el director financiero —figura similar al administrador de la sociedad en nuestra normativa estatal— de más de 2.400 de ellas). Actualmente, estos territorios están contribuyendo con su singular aportación a la pesadilla financiera que vivimos. Su insolidaridad hace que la disminución de los ingresos impositivos de los Estados, tan necesarios en el contexto actual, haga peligrar nuestro Estado del Bienestar y el mantenimiento de sus prestaciones sociales básicas. Para dar una idea de la eficacia de estos paraísos fiscales, baste con decir que la empresa de asesoramiento económico Merrill Lynch estima que unos seis billones de dólares están depositados en estos territorios, lo que supone casi un tercio de los activos de las fortunas particulares del planeta. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional calcula que una cuarta parte de la riqueza mundial se oculta en ellos, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) piensa que la evasión fiscal de los países que forman parte de ella y que se realiza a través de los paraísos fiscales, llega a los 600.000 millones de dólares.
Qué duda cabe de que no podemos permitirnos estos agujeros fiscales en un momento en que asistimos a un auténtico desplome de nuestros ingresos tributarios. Entre los años 2007 y 2010 el volumen de ingresos tributarios ha descendido en 41.140 millones de euros, lo que equivale a una caída impositiva de más del 20% en términos de recaudación. Desde luego, hay instrumentos para erradicar el fraude fiscal. Otra cosa es que se disponga plenamente de ellos. En este sentido, España es un caso paradigmático: pese a tener un nivel de economía sumergida en torno al 23% de su PIB —porcentaje sólo comparable a Grecia e Italia—, cuenta con un empleado de la Agencia Tributaria por cada 1.680 contribuyentes: un indicador tres veces inferior al de la media de los países de la OCDE y cinco veces inferior a países vecinos como Francia o Alemania. ¿Es el problema realmente grave? Sí, y espero que le lectura de este artículo ayude al lector a tener una dimensión exacta de su magnitud.
El descenso de ingresos tributarios, unido al enorme fraude fiscal existente y al inevitable aumento de gastos sociales derivado del pago de prestaciones sociales en tiempos de crisis, hacen que la situación económica del país peligre seriamente y que las necesidades de ingresos impositivos cobren una importancia primordial.
Ante tal situación, el pasado viernes 31 de marzo de 2012, el gobierno del PP aprobó una amnistía fiscal que durará ocho meses y que permitirá a las empresas y personas que defraudaron regularizar su situación con el Fisco mediante una tasa blanda del 10% de los saldos en cuentas opacas o del precio de los inmuebles y/o acciones en los que invirtieron las cantidades ocultadas. Como no podía ser de otra manera, esta amnistía viene acompañada de la clásica advertencia de aumento de sanciones, intensificación de la lucha contra el fraude y de la declaración de que “ésta será la última amnistía”, siguiendo el guión de las anteriores amnistías fiscales de 1977, 1984 y 1991 y de la amnistía laboral de 2011. Así, cualquier contribuyente, o, mejor dicho, cualquier no contribuyente podrá regularizar su situación tributaria, es decir, blanquear su dinero oculto por un pago único del 10%.
Pero hemos de ser coherentes y decir que el gran inconveniente de cualquier amnistía de este tipo es que raya los límites del principio de igualdad tributaria sancionado por el artículo 31 de la Constitución española, ya que supone un agravio comparativo para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales y que soportan tipos superiores que llegan hasta el 52% en el IRPF, mientras que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el Fisco a precio de saldo. Además, podemos señalar una serie de graves defectos que la amnistía fiscal va a provocar en el funcionamiento de nuestro sistema tributario.
Por de pronto, esta medida da a entender que el Gobierno reconoce la incapacidad de la Agencia Estatal Tributaria para luchar contra la economía sumergida, lo que choca frontalmente con los reiterados anuncios del Ejecutivo de potenciar la lucha contra el fraude. De hecho, entre 1980 y 2008, mientras el volumen de la economía española se duplicó, la economía sumergida se multiplicó por cuatro. A mayor abundamiento, la tasa del 10% se considera “cuota declarada”, lo que evitará la persecución de delitos fiscales a un precio de saldo evitando la condena penal, pagar la cuotas defraudadas, las multas de hasta seis veces el importe de la cuota descubierta, la responsabilidades civiles y los antecedentes penales. Es decir, la amnistía permite enjuagar los mayores fraudes cometidos.
Ante estas premisas, va a ser difícil explicar a la opinión pública los motivos por los que se suben los impuestos a los ciudadanos que ya los pagan y se aprueban amnistías para quienes defraudan. Pero no todo ha de ser un mensaje pesimista. Si la situación global de crisis y déficit ha propiciado una amnistía fiscal, pongámonos a trabajar por una Administración Tributaria realmente eficiente que rebaje drásticamente las cifras del fraude fiscal. Es del todo incoherente anunciar una amnistía fiscal si, al mismo tiempo, no se regula el sector como es debido para que este episodio no vuelva a repetirse y no nos viéramos obligados a hablar en futuro de una nueva amnistía a causa de la impotencia por detectar el fraude en nuestro país. Ante ello, el Gobierno está trabajando en un Anteproyecto de Ley de Medidas para la Prevención y Control del Fraude Fiscal, del cual podemos destacar como medidas anunciadas la prohibición del pago en metálico por importe superior a 2.500 euros, la eliminación de determinados obligados tributarios al régimen de estimación objetiva (los conocidos módulos) y un control más exhaustivo de las rentas en países terceros.
Es evidente que estas medidas no son más que una tirita aplicada a nuestra hemorragia fiscal. Sin embargo, ¿existirá voluntad política para aplicar nuevas medidas, regulaciones y reformas que permitan acabar con el fraude fiscal, o permitiremos que el fraude se mantenga y cuadraremos el déficit con recortes del gasto público?
Me permito concluir: no más recortes al gasto público y sí más recortes… al fraude fiscal. Miguel Ángel Mayo.
Miguel Ángel Mayo es coordinador en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda y miembro de la Plataforma por una Fiscalidad Justa, Ambiental y Sostenible.
Fuente:
http://www.mientrastanto.org/boletin-102/notas/el-fraude-fiscal-en-espana
lunes, 5 de marzo de 2012
El fontanero y el fraude fiscal
En épocas de crisis formidables, una cosa importante es no permitir que se desvíe la atención de los ciudadanos de los problemas realmente decisivos y de los cambios que van decidiendo los responsables políticos y económicos, muy dispuestos siempre a mantenernos ocupados con problemas generales, mientras pasan por delante, sin que los veamos, los agobios concretos que habría que atacar inmediatamente.
Por ejemplo, los ciudadanos hablamos frecuentemente del fraude fiscal, refiriéndonos al dentista o al fontanero que cobra sin facturar el IVA, al artista o deportista que se ha domiciliado en un paraíso fiscal. Todos ellos merecen el reproche social, la persecución de Hacienda y las multas que correspondan. Pero donde está el verdadero fraude no es en ese grupo de defraudadores, sino en las redes de sociedades que montan a su vez decenas de firmas instrumentales, “pantallas” gracias a las cuales se evitan pagar miles de millones de euros en IVA. Es el llamado “fraude carrusel”, que no se detecta sino con difíciles investigaciones, y cuyas dimensiones actuales deberían provocar mucha más alarma social que el artista de turno. El 76% del fraude, aseguraba hace poco un representante del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, está en empresas que facturan más de seis millones de euros.
El problema es que en España no existe ningún estudio oficial sobre el volumen actual del fraude. Con el pretexto de que son cálculos difíciles de realizar y, un argumento todavía más infame, que los resultados solo sirven para desmoralizar al contribuyente cumplidor, hace ya muchos años que se decidió que el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) abandonara ese campo. El diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón ha presentado una proposición no de ley para que se vuelva a encargar al IEF una estimación, revisable cada dos años, y muchas voces en la Comisión Europea quieren que el Gobierno español esté obligado a proporcionar algunos datos.
De momento, solo es posible moverse con cifras imprecisas. El último estudio no oficial de unos investigadores del IEF hablaba de un 21% de economía sumergida, y la Fundación de las Cajas de Ahorro llegó a estimar un 24%. Un dato interesante, según el Barómetro del Instituto de Estudios Fiscales, es que el 82,5% de los españoles cree que existe “mucho fraude” y que el 67% piensa que ha aumentado en los últimos años.
La economía sumergida puede pues oscilar en España entre el 20% y el 25%, mientras que la media europea ronda el 13%. Si esas cifras fueran ciertas, significaría, según explica el inspector de Hacienda José María Peláez en el Libro Marrón del Círculo de Empresarios, que en España se dejan de ingresar cada año unos 70.000 millones de euros. Cifras de ese volumen no las provoca el fontanero.
El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2012, hecho público esta semana, subraya, con razón, que en este contexto de crecimiento negativo del PIB y de déficit en las cuentas públicas, la lucha contra el fraude cobra nueva importancia. Para hacerse una idea, basta un dato aportado por un estudio de la Universidad Pública de Navarra: un punto de reducción en el fraude fiscal podría traducirse en dos puntos de aumento en el empleo.
Sucede que una cosa es enumerar las auténticas áreas de riesgo y otra disponer de los medios y de la voluntad para vigilarlas. En España hay pocos inspectores dedicados a la investigación de grandes redes de fraude. Poca rapidez en la re..
leer todo el artículo de Soledad Gallego-Diaz en El País aquí.
Por ejemplo, los ciudadanos hablamos frecuentemente del fraude fiscal, refiriéndonos al dentista o al fontanero que cobra sin facturar el IVA, al artista o deportista que se ha domiciliado en un paraíso fiscal. Todos ellos merecen el reproche social, la persecución de Hacienda y las multas que correspondan. Pero donde está el verdadero fraude no es en ese grupo de defraudadores, sino en las redes de sociedades que montan a su vez decenas de firmas instrumentales, “pantallas” gracias a las cuales se evitan pagar miles de millones de euros en IVA. Es el llamado “fraude carrusel”, que no se detecta sino con difíciles investigaciones, y cuyas dimensiones actuales deberían provocar mucha más alarma social que el artista de turno. El 76% del fraude, aseguraba hace poco un representante del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, está en empresas que facturan más de seis millones de euros.
El problema es que en España no existe ningún estudio oficial sobre el volumen actual del fraude. Con el pretexto de que son cálculos difíciles de realizar y, un argumento todavía más infame, que los resultados solo sirven para desmoralizar al contribuyente cumplidor, hace ya muchos años que se decidió que el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) abandonara ese campo. El diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón ha presentado una proposición no de ley para que se vuelva a encargar al IEF una estimación, revisable cada dos años, y muchas voces en la Comisión Europea quieren que el Gobierno español esté obligado a proporcionar algunos datos.
De momento, solo es posible moverse con cifras imprecisas. El último estudio no oficial de unos investigadores del IEF hablaba de un 21% de economía sumergida, y la Fundación de las Cajas de Ahorro llegó a estimar un 24%. Un dato interesante, según el Barómetro del Instituto de Estudios Fiscales, es que el 82,5% de los españoles cree que existe “mucho fraude” y que el 67% piensa que ha aumentado en los últimos años.
La economía sumergida puede pues oscilar en España entre el 20% y el 25%, mientras que la media europea ronda el 13%. Si esas cifras fueran ciertas, significaría, según explica el inspector de Hacienda José María Peláez en el Libro Marrón del Círculo de Empresarios, que en España se dejan de ingresar cada año unos 70.000 millones de euros. Cifras de ese volumen no las provoca el fontanero.
El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2012, hecho público esta semana, subraya, con razón, que en este contexto de crecimiento negativo del PIB y de déficit en las cuentas públicas, la lucha contra el fraude cobra nueva importancia. Para hacerse una idea, basta un dato aportado por un estudio de la Universidad Pública de Navarra: un punto de reducción en el fraude fiscal podría traducirse en dos puntos de aumento en el empleo.
Sucede que una cosa es enumerar las auténticas áreas de riesgo y otra disponer de los medios y de la voluntad para vigilarlas. En España hay pocos inspectores dedicados a la investigación de grandes redes de fraude. Poca rapidez en la re..
leer todo el artículo de Soledad Gallego-Diaz en El País aquí.
viernes, 16 de diciembre de 2011
En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren
El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en "Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer").
Veamos qué hay de verdad en ello.
En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.
En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).
Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.
El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio.
Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.
Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.
La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir llevando a cabo. Fuente: Juan Torres López http://www.juantorreslopez.com/impertinencias/154-impertinencias-de-diciembre-de-2011/2543-no-sobran-funcionarios-sino-defraudadores
En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.
En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).
Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.
El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio.
Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.
Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.
La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir llevando a cabo. Fuente: Juan Torres López http://www.juantorreslopez.com/impertinencias/154-impertinencias-de-diciembre-de-2011/2543-no-sobran-funcionarios-sino-defraudadores
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
