LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA. Historiadores, catedráticos y abogados forman la comisión que estudiará las vulneraciones de derechos entre 1978 y 1983.

El Gobierno constituye, en cumplimiento de la ley de memoria, el grupo de expertos para reconocer a víctimas como Yolanda González, asesinada por los ultras ya en democracia.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la constitución de tres comisiones para desarrollar la Ley de Memoria Democrática de 2022. Una para estudiar las vulneraciones de derechos humanos sufridas, entre 1978 y 1983, por personas que luchaban por consolidar la democracia; otra para analizar posibles deficiencias en las indemnizaciones económicas concedidas hasta ahora a víctimas de la Guerra Civil y la dictadura; y la tercera, para la memoria y reconciliación con el pueblo gitano. Tenían que haber estado listas en octubre del año pasado, pero las sucesivas convocatorias electorales retrasaron los planes del Gobierno.

La primera comisión obedece a la obligación establecida en la disposición adicional decimosexta de la norma. La presidirá el secretario de Estado de memoria, Fernando Martínez, y tendrá otros 12 miembros: Nicolás Sartorius, abogado y cofundador del sindicato CC OO que fue encarcelado en la dictadura; Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la Unesco; los historiadores José Álvarez Junco, Carme Molinero, Antonio Rivera, Sophie Gaby y Encarnación Lemus; los catedráticos de Derecho Penal Araceli Manjón, Jon-Mirena Landa y Paz Mercedes de la Cuesta; la abogada laboralista, exdiputada del PSOE y fundadora de la ONG Movimiento por la Paz Francisca Sauquillo; y el periodista José Antonio Martínez Soler.

Durante el debate de la ley, la previsión de crear esta comisión generó una gran polémica porque, al abarcar hechos sucedidos hasta diciembre de 1983, la derecha aseguró que se trataba de una concesión a EH Bildu para incluir los crímenes de los GAL. El expresidente del Gobierno José María Aznar sostuvo que era una norma “hecha por terroristas y pactada con terroristas”. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, la presentó como el proyecto “infame” de “los hijos de ETA”. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ya aclaró en su momento cómo se había negociado esa disposición adicional y cuáles eran sus objetivos: “Una asociación de víctimas de la Transición nos había planteado esa extensión temporal. También lo hicieron casi todos los grupos nacionalistas y de izquierdas. Bildu quería llevarla prácticamente hasta la actualidad. El PSOE y Unidas Podemos planteamos en una enmienda que esa comisión técnica abarcara hasta 1982, nos pidieron hasta 1983 y dijimos que sí. Fue una propuesta nuestra, para que nadie pudiera acusarnos de que solo se estudiarían violaciones de derechos humanos de la época de UCD. Y a esa propuesta se sumaron otros grupos, entre ellos, Bildu”.

La disposición adicional está pensada “para reconocer a víctimas de violaciones de derechos humanos que trabajaron por la consolidación de la democracia y la defensa de los valores democráticos a partir de 1978 y que no podían acogerse a la ley [que comprende los hechos ocurridos entre el golpe de Estado de 1936 y la promulgación de la Constitución]”, explicó Martínez. Por ejemplo, Yolanda González, del Partido Socialista de los Trabajadores, que fue asesinada por la extrema derecha en 1980, o el líder vecinal Arturo Pajuelo, asesinado a puñaladas ese mismo año. El secretario de Estado subrayó que la ley “de ninguna manera” incluye a los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala como víctimas del franquismo. “Fueron víctimas de los GAL, [y esos crímenes] se juzgaron y fueron condenados. La sentencia los reconoce [a Lasa y Zabala] como miembros de ETA. No caben en esta ley porque ETA no luchaba por la consolidación de la democracia, sino para desestabilizarla”.

Reparaciones económicas

La segunda comisión derivada de la ley de memoria estará integrada por representantes de varios ministerios, aunque sus nombres aún no han sido elegidos. Obedece a la disposición adicional decimoquinta de la ley, que obliga a estudiar las medidas de carácter económico para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura reconocidas tanto en la normativa estatal como en las autonómicas (que el PP y Vox han pactado derogar en sus gobiernos regionales). Se trata de comprobar el grado de cobertura alcanzado con esas indemnizaciones desde la Transición hasta ahora, y detectar posibles deficiencias para subsanarlas.

La ley reconoce como víctimas, entre otras, a “las personas que padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento”, y sobre esas incautaciones está prevista también una auditoría específica. En aquellos años era frecuente multar al fusilado, de forma que sus familiares, que en la mayoría de ocasiones no podían ni recuperar el cuerpo para enterrarlo, debían, además, cuantiosas cantidades de dinero. Es lo que le ocurrió, por ejemplo, a la familia de Antonio Cañadas, alcalde de Guadalajara al inicio de la Guerra Civil. “A mi padre”, relató a EL PAÍS su hija, Emilia Cañadas, “lo fusilaron el 20 de junio de 1939 y después le pusieron una multa de 14.000 pesetas por responsabilidades políticas”. “Como no las teníamos, nos embargaron. Vinieron a casa y se lo llevaron todo. Con la colcha de novia de mi madre hicieron un palio para el cura; rasgaron los colchones por si teníamos dinero. Nos dejaron en la calle”.

La tercera comisión creada este martes por el Consejo de Ministros responde a la disposición adicional duodécima de la ley de memoria y sigue una resolución del Parlamento Europeo de 2017 sobre los “aspectos de la integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales”. Esta comisión, presidida también por Fernando Martínez, contará con representantes de varios ministerios, del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que elegirá a dos de sus miembros, y con otros dos nombrados por las comunidades autónomas en el consejo territorial del próximo mes de mayo, además de dos expertos elegidos por el secretario de Estado de Memoria. Esta comisión elaborará un informe “sobre las medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España”.

https://elpais.com/espana/2024-04-23/historiadores-catedraticos-y-abogados-forman-la-comision-que-estudiara-las-vulneraciones-de-derechos-entre-1978-y-1983.html#?rel=mas

Cuando los patrones eran terroristas

Los historiadores tendieron a definir las élites comerciantes estadounidenses de fines del siglo XIX como elementos progresistas en una época de rápidas transformaciones económicas y sociales. Pero si consideramos el rol que cumplieron en organizaciones como el Ku Klux Klan, habría que definirlas más bien como terroristas.

Fragmento de Capital’s Terrorists: Klansmen, Lawmen, and Employers in the Long Nineteenth Century (University of North Carolina Press, November, 2022)

Pocos escritores utilizaron la categoría de terrorista para definir las élites organizadas de la segunda revolución industrial, entre las que había gerentes y grandes, medianos y pequeños propietarios. Sin ningún análisis crítico, la mayoría de los historiadores de la economía los definen como hombres culturalmente sofisticados, prudentes y testarudos que establecieron y promovieron métodos de gestión modernos en una economía que estaba creciendo a un ritmo vertiginoso.

No cabe duda. Después de todo, es cierto que supervisaron la construcción de fábricas, crearon empleo y brindaron beneficios a sus trabajadores, desarrollaron patentes útiles y marearon a los consumidores con una enorme cantidad de productos. Estos hombres solían dirigir sus negocios y actividades sociales desde la comodidad de oficinas espaciosas, restaurantes lujosos y bares exclusivos.

Pero muchos tenían un lado oscuro y no dudaban en recurrir a la violencia para lograr su objetivo: someter a los trabajadores y mantener bajo control el establishment de lo que denominaban la «la ley y el orden». Con esto en mente, muchos patrones formaron y participaron de varias organizaciones secretas brutales, entre las que cabe mencionar el Ku Klux Klan, que operó a fines de 1860 y comienzos de 1870, distintas ligas de «ley y orden» de los años 1880 y 1890 y un surtido de asociaciones patronales y alianzas ciudadanas de la «era progresista». Como otros terroristas, los patrones compartían el supuesto de que los métodos extralegales —secuestros, persecución, golpizas, linchamientos y asesinatos— eran los adecuados a la hora de solucionar sus problemas.

Estos terroristas generalmente contaban con la asistencia de personajes bien posicionados en el sector público. A fines del siglo diecinueve y principios del veinte, policías, jueces, políticos, militares de la Guardia Nacional y hasta tropas federales estaban más inclinados a castigar a los trabajadores rebeldes que a las bandas mafiosas. Y en algunos casos, las autoridades del sector público se unían a los patrones y otras élites en la organización de actividades antiobreras.

Los ejemplos de mano dura público-privada abarcan un amplio espectro que va desde la huelga ferroviaria de 1877 hasta la deportación de miles de mineros de Bisbee, Arizona, en 1917. Por supuesto, también hubo excepciones importantes, entre las que destacan las severas medidas que tomó el gobierno federal, a comienzos de los años 1870, contra la asociación patronal más famosa de la historia de Estados Unidos, el Ku Klux Klan. Sin embargo, muchos investigadores demostraron que, incluso en este caso, las autoridades lograron pocas condenas y la mayoría de los dirigentes de la organización evadieron toda responsabilidad legal.

Pocos discreparan con la tesis de que el supersecreto Klan era una organización terrorista. Esta asociación patronal descentralizada, dirigida sobre todo por dueños de plantaciones en decadencia, comerciantes, abogados y dueños de diarios, utilizaba distintas formas de terrorismo para controlar y explotar a las masas negras evitando toda interferencia del exterior. Los hombres del Klan quemaban escuelas de negros y libros, y perseguían a los docentes de las comunidades. En otros casos recurrían a campañas de intimidación que no necesariamente culminaban en la violencia física. Por ejemplo, hombres encapuchados visitaban las casas de los docentes, transmitían crueles ultimátums, y, en general, les exigían que abandonaran la comunidad en un tiempo determinado.

Los miembros del Klan golpearon y mataron a miles de afroestadounidenses. Lo hicieron por dos motivos básicos: para disciplinar a los «infractores» y para enviar un mensaje inconfundible. Con una intolerancia absoluta por todo acto de disentimiento, los hombres del Klan torturaban a mujeres y hombres negros por vagancia, por intentar votar, por participar en las ligas de la Unión después de la guerra civil o simplemente por abandonar las granjas y las plantaciones. También secuestraban y devolvían a los antiguos esclavos a las granjas y a las cocinas. Si pensaban que un afroestadounidense era rebelde y particularmente desafiante, simplemente lo mataban.

Las miles de acciones terroristas del Klan ayudaron a empoderar a la clase dominante de la región y a fundar lo que W. E. B. Du Bois denominó la «contrarrevolución de la propiedad». Pero había muchas organizaciones que aplicaban tácticas similares en su combate contra la indisciplina de los trabajadores. A fines de los años 1880 y comienzos de los 1890, no había organizaciones del sector privado más mafiosas y efectivas que las Ligas de Ley y Orden, asociaciones patronales que combatían a los manifestantes durante las huelgas y expulsaban a socialistas y anarquistas de las comunidades. Nacidas en pequeñas comunidades y ciudades grandes como Kansas y Missouri durante la huelga contra el imperio ferroviario de Jay Gould en la primavera de 1886, las ligas rápidamente crecieron hacia el sur y hasta el oeste.

En estas comunidades, propietarios, gerentes, abogados y políticos se reunían en secreto en casas «seguras», portaban armas, amenazaban a izquierdistas y sindicalistas y acompañaban a los esquiroles en el combate contra las barricadas. Estas organizaciones eran fundamentales cuando había que desarmar huelgas, y restauraban rápidamente los negocios y «la ley y el orden».

Los miembros de las ligas también practicaban métodos de represión menos agresivos aunque no menos terribles, como despedir a los activistas sindicales y compartir listas negras. Este proceso, en el que no solo participaban patrones, sino también periodistas, servía para asustar y disciplinar tanto a las víctimas directas como a los trabajadores que permanecían en sus puestos laborales.

La prensa muchas veces repetía la información de las listas negras y causaba un daño prácticamente irreparable a los trabajadores despedidos. Muchos de los que permanecían en sus puestos vivían con miedo y los perseguía la fantasía de un futuro sombrío y precario. En un estudio sobre las condiciones del trabajo industrial realizado en 1891, Eleanor Marx Aveling y Edward Aveling mostraron que muchos trabajadores temían «los horrores de la lista negra».

Los autoproclamados campeones de la ley y el orden también utilizaban métodos terroristas mortíferos. En 1887, en Thibodaux, Louisiana, los patrones masacraron por lo menos a treinta huelguistas negros de los ingenios azucareros y expulsaron a muchos miembros de los Caballeros del Trabajo. Los portavoces de la alianza público-privada que perpetuó estos crímenes se autodenominaron «Comité del Orden y la Paz».

Un patrón que simpatizaba con los asesinos celebró el resultado como una victoria a la vez racial y de clase: «Creo que esto zanjará la cuestión de quién debe gobernar, si los negros o los blancos, durante los próximos cincuenta años». Si los violentos miembros de la clase dominante de Thibodaux no eran terroristas, entonces nadie es terrorista.

Vino viejo en botella nueva
A comienzos del siglo veinte, en respuesta al malestar creciente de la población frente a la represión de las prácticas sindicales, los patrones y sus aliados cambiaron de enfoque y organizaron cientos de alianzas de ciudadanos en lo que tal vez haya sido el primer movimiento populista de la época. Los miembros de estas organizaciones, básicamente hombres viejos que habían sido parte de antiguas organizaciones terroristas como los Montana Vigilantes, el Klan, la Asociación de Productores de Wyoming y las Ligas de Ley y Orden, combatían contra los sindicatos y generaban lugares de trabajo «open-shop» porque, en palabras de uno de los portavoces del movimiento, querían «proteger a la gente común» (entiéndase, a quienes no participaban de sindicatos).

Aunque las alianzas ciudadanas intentaban presentarse como defensoras de la gente común, seguían aplicando las mismas viejas prácticas mafiosas. Basta considerar el comportamiento de los miembros del Comité Ciudadano de Tampa durante una huelga de trabajadores de una tabacalera en 1901: casi cien hombres armados secuestraron a trece dirigentes sindicales a altas horas de la noche, los retuvieron hasta el día siguiente y después los pusieron en un barco hacia Honduras. Según un informe, una víctima de estas redadas, Luis Barcia, fue literalmente arrancado de su cama mientras dormía con su mujer. La joven esposa, que había sido madre hacía poco, murió de terror y de ansiedad.

Los trece sobrevivientes lograron volver a Tampa, donde exigieron que el gobierno de William McKinley interviniera a su favor. J. N. Stripling, el fiscal del distrito, investigó y concluyó que «fue incapaz de obtener evidencia de transgresiones a la ley estadounidense». El secuestro recibió mucha atención de la prensa. Pero está claro que Stripling —que además de abogado era miembro activo de la Cámara de Comercio de Jacksonville— simpatizaba más con los empresarios terroristas de Tampa que con los huelguistas multiétnicos.

Poco después de este secuestro, los miembros de una alianza de ciudadanos de Colorado iniciaron sus propias rondas de abducción, aunque no tomaron el paso audaz de expulsar a sus víctimas del país. En 1903 y 1904, con asistencia de la Guardia Nacional y asentimiento del gobernador, atacaron a decenas de miembros de la Federación Occidental de Mineros, los forzaron a subir a un tren y los amenazaron para que no volvieran.

Los observadores más perspicaces comprendieron que estaban frente a acciones terroristas. En un artículo publicado en International Socialism en 1904, Max S. Hayes notó que los ataques de las alianzas de ciudadanos constituían un «reino de terror». «Todos los sindicalistas y todos los simpatizantes», se quejaba Hayes, «fueron cazados por soldados, diputados armados y guardianes de la alianza ciudadana ‘‘ley y orden’’, puestos en una celda y luego deportados a Kansas y Nuevo México». Aparentemente, después de esta acción, la alianza de ciudadanos de Colorado llegó a tener casi treinta mil miembros.

Estos hombres, y muchos otros, empleaban técnicas terroristas porque realmente funcionaban. De hecho, debemos reconocer que existe una relación entre el desarrollo económico y la violencia patronal.

Consideremos las palabras de J. West Goodwin, que dirigió la Liga de Ley y Orden en los años 1880 y organizó las alianzas de ciudadanos a principios del siglo veinte. En 1903, en un artículo sobre la situación de las empresas publicado en American Industries, publicación mensual de la Asociación Nacional de Productores, Goodwin proclamaba con orgullo que confrontar directamente a los trabajadores desobedientes era necesario para garantizar «la prosperidad permanente y continua de las industrias que hicieron famoso a este país». En efecto, Estados Unidos ganó celebridad a la vez por convertirse en el centro neurálgico de la economía mundial y por sus altos niveles de represión, que superaban los de otros países industrializados. La violencia patronal era rentable.

Hoy los think tanks, la prensa dominante y los políticos parecen tener el privilegio exclusivo de definir la palabra «terrorismo». La usan sobre todo para referirse a hombres musulmanes de países de Medio Oriente. Pero un ajuste de cuentas honesto con el pasado distante y reciente requiere que apliquemos este término a los patrones y sus aliados, que lejos de proteger a la «gente común» —educadores republicanos y antiguos esclavos en la Reconstrucción, sindicalistas en las décadas recientes— pusieron todo su empeño en aterrorizarla. Lamentablemente, las instancias de terrorismo patronal nunca desaparecieron y hoy están presentes en la práctica de los abogados antisindicales, en los regímenes laborales tiránicos, en la violencia policial y en esos conductores enloquecidos que están dispuestos a pasar por encima de los manifestantes.

CHAD PEARSON. Profesor de historia en el Collin College. Está terminando un libro titulado Capital’s Terrorists: Klansmen, Lawmen, and Employers in the Long Nineteenth Century, de próxima publicación en la University of North Carolina Press.

Traducción: Valentín Huarte

150 años de la Comuna de París. De la Guerra Civil al 15M: los ecos de la Comuna de París que llegaron a España

Las reminiscencias del levantamiento francés impregnaron a una España que se dividió: el movimiento cantonalista, la persecución a La Internacional, la simbología compartida y las conmemoraciones de la revolución parisina fueron algunos de los hechos que llegaron del país fronterizo.

París era un hervidero de libertad y fervor patriótico. Aquella revolución del 18 de marzo de 1871 dio comienzo al primer gobierno de la clase obrera del mundo. Duraría poco, tan solo 60 días, el tiempo que trascurrió hasta que una implacable represión acabaría con la novedosa legislación vertebrada en torno al socialismo autogestionario.

La Comuna de París murió el 28 de mayo, y con ella los decretos que daban más poder al pueblo, entre otros: la obligación de las iglesias a acoger asambleas de vecinos, la laicidad del Estado, la creación de guarderías para los hijos de las obreras, la autogestión de las fábricas abandonadas por los patrones y la abolición de los intereses de las deudas.

En España, la revolución fue ampliamente difundida por la cobertura que hicieron los periódicos de la época con sus diferentes líneas editoriales. «El arco político se dividió entre aquellos que la apoyaron y los que la denostaban, pero hay referencias explícitas de La Comuna hasta 1937», comenta Marie-Angèle Orobon, profesora en la Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (La Sorbona) y estudiosa del tema.

Una Francia en el calderero que acaba de salir de la guerra franco-prusiana se convirtió en la protagonista de la prensa española. «Los diarios republicanos españoles, muy importantes en aquella época, recalcaron en seguida la legitimidad de la reacción del pueblo ante lo que consideraban un ataque gubernamental, mientras que los medios monárquicos, liberales, conservadores e incluso carlistas denunciaron la anarquía y el desorden que reinaba en París», explica Orobon. En España, inmersa en su sexenio democrático, el republicanismo percibe a La Comuna como un modelo de nuevo orden social, llegándolo a tildar de «templo de la libertad, igualdad y fraternidad».

Las primeras consecuencias de la revolución parisina no se hacen esperar: «Los círculos internacionalistas son prudentes con el apoyo al levantamiento popular, pero el 2 de mayo, una fecha muy señalada al marcar el inicio de la resistencia antifrancesa, la sección madrileña de La Internacional organiza una velada de té fraternal en apoyo de La Comuna; un acto que terminó siendo reprimido», en los términos de Orobon.

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Volkswagen admitió su apoyo a la dictadura brasileña e indemnizará a sus ex trabajadores perseguidos.

Entre las compañías denunciadas están, además de Volkswagen, Johnson & Johnson, Esso, Pirelli, Texaco, Pfizer y Souza Cruz. La automotriz alemana tiene una larga historia de imputaciones por violaciones a los Derechos Humanos desde el nazismo hasta hoy. ¿Qué dirá Bolsonaro que reivindica al régimen de 1964?

Un acuerdo inédito, arrancado a la filial brasileña de Volkswagen por sus ex trabajadores – víctimas de la dictadura y de la propia empresa entre 1964 y 1985 – descoloca al presidente Jair Bolsonaro que reivindica desde siempre al régimen militar. La automotriz admitió su complicidad en la persecución, secuestro y torturas a empleados de su planta en São Bernardo do Campo, en las afueras de San Pablo y firmó un acuerdo para indemnizarlos por 36 millones de reales (unos 6,4 millones de dólares). El hecho adquirió un peso simbólico muy fuerte en el país de la región que menos progresó en políticas de memoria, verdad y justicia. La razón es obvia: sigue vigente la Ley de Amnistía de 1979 que impide juzgar a los responsables del Terrorismo de Estado. El convenio tiene su contraparte para la multinacional alemana. Se cerrarán tres demandas civiles contra ella y cualquier eventual juicio que se le entablara en el futuro no prosperaría. La medida que tomó la compañía puede ser un precedente para que otras empresas involucradas en el golpe de Estado de hace 56 años – la Comisión de la Verdad de 2014 estableció que hubo unas 53 – sean llevadas a la Justicia también.

“Estamos celebrando este acuerdo porque cambia una página importante de la historia y se da en un momento político de tinieblas por el que pasa Brasil”, señaló Tarcisio Tadeu García Pereira, presidente de la Asociación Heinrich Plagge en diálogo con Efe. Esa organización que representa a las víctimas de la dictadura y de la propia Volkswagen recibirá 3 millones de dólares del total de la indemnización. Lleva ese nombre por un ex trabajador que falleció el 7 de marzo de 2018. Activista sindical y profesional técnico con doce años en VW, terminó en las salas de tortura del DOPS (Departamento de Orden Político y Social). “Alrededor de las dos de la tarde del 8 de agosto de 1972, Plagge fue llamado a la oficina del director Ruy Luiz Giometti, donde dos desconocidos ya lo esperaban para ser arrestado. Lo llevaron al DOPS, donde fue torturado durante treinta días y luego trasladado a la prisión de Tiradentes”, se explica su historia en el libro Empresas alemanas en Brasil: el 7 × 1 en la economía, del periodista germano Christian Russau. Una investigación sobre las relaciones comerciales entre los dos paises.

Además del dinero que cobrará la Heinrich Plagge, dos millones de dólares se destinarán a reforzar las políticas de Justicia Transicional, con proyectos para preservar la memoria de las víctimas y el resto – 1,6 millones de dólares – lo percibirá el llamado Fondo Federal y Estatal para la Defensa y Reparación de Derechos Difusos (FDD). Crítico del convenio porque sostiene que es limitado y beneficioso para la empresa, Jair Krischke, del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, le dijo a Página/12: “El acuerdo firmado se queda corto con lo negociado en los últimos cinco años. Corre el riesgo de rebajar el nivel de reparaciones que se requerirán en nuevas iniciativas para responsabilizar a las empresas por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura”.

Entre las compañías denunciadas están además de Volkswagen, Johnson & Johnson, Esso, Pirelli, Texaco, Pfizer y Souza Cruz. La automotriz alemana tiene una larga historia de imputaciones por violaciones a los Derechos Humanos desde el nazismo hasta hoy. Sobrevivientes del holocausto la demandaron en 1998 junto a miles de empresas alemanas y austríacas por trabajos forzados y sometimiento a la esclavitud en sus diferentes plantas de Europa. En el libro Volkswagen y sus trabajadores durante el Tercer Reich, se publicaron fotos de jóvenes mujeres, sobre todo de la ex Unión Soviética y Polonia, realizando sus tareas descalzas en pleno invierno. En ese trabajo se denunció que hubo unos 16 mil prisioneros de guerra que se desempeñaron en condiciones infrahumanas en VW, fundada en 1937 durante el Tercer Reich e instalada en Brasil el 23 de marzo de 1953.

La multinacional se refirió al acuerdo conseguido la semana pasada y del que participaron la Fiscalía federal y estatal y el Ministerio de Trabajo. Hiltrud Werner, una ejecutiva de VW, comentó: “Lamentamos los atropellos contra los derechos humanos del pasado. Para Volkswagen es importante asumir la responsabilidad de ese capítulo negativo en la historia de Brasil y promover la transparencia”. Lo que firmó la empresa se conoce jurídicamente como Término de Ajuste de Conducta (TAC) y la obliga además a publicar una solicitada en los medios. Ahora falta que lo ratifique la Procuraduría General de la República (PGR). Sobre el procedimiento, los fiscales dijeron en un comunicado de prensa que “es inédito en la historia de Brasil” y agregaron que se trata de un hecho que “tiene una importancia enorme para la promoción de la Justicia de la transición en Brasil y el mundo”.

También es inusual la investigación que le encargó la propia compañía al historiador alemán Christopher Kopper, un profesor de la Universidad de Bielefeld. Cuando se divulgó su trabajo hace tres años, un dato clave que arrojó fue cómo VW colaboró con la DOPS y puso su personal de Seguridad a perseguir trabajadores como Heinrich Plagge entre 1969 y 1979. Estos últimos habían iniciado la demanda en 2015 que motivó la contratación de Kopper por la automotriz para que hiciera su informe de 126 páginas en una replica muy rápida a las denuncias que recibía.

Krischke señala que “quienes acompañaron la investigación, presentaron la documentación, reunieron testigos y lucharon por el desarrollo del caso no fueron escuchados. Esto fue posible por el producto de la enorme presión de muchas personas y el trabajo continuo de años. Además se impuso la confidencialidad sobre los términos del acuerdo. Ni siquiera se les informó de la fecha en que se firmaría el TAC”.

La multinacional que a nivel regional conduce el argentino Pablo Di Si, un ex futbolista de Huracán que se formó en Estados Unidos – es graduado de Harvard Business School- intenta este enjabonado y lavado de imagen mientras en Brasil despide trabajadores. “Tenemos una excedencia que corresponde a un turno en cada fábrica. Son medidas muy duras, que van a impactar directamente en nuestra fuerza de trabajo, en todas las localidades”, explicó el CEO en una comunicación interna que publicó hace unos días el diario Ambito Financiero. En el país vecino, VW tiene unos diez mil empleados distribuidos en cuatro plantas. Es el mismo Brasil que en 2016, cuando la empresa le encargaba la investigación al profesor Kopper, tenía un diputado que decía: “El error de la dictadura fue torturar y no matar”. Hoy es el presidente de la república y sigue justificando al terrorismo de Estado que con la colaboración de Volkswagen Brasil persiguió, torturó y encarceló a sus trabajadores.

Fuente: https://gustavojveiga.wordpress.com/2020/10/02/volkswagen-admitio-su-apoyo-a-la-dictadura-brasilena-e-indemnizara-a-sus-ex-trabajadores-perseguidos/

_- 1. EEUU: “Protestan por cuatrocientos años de represión”. Entrevista Noam Chomsky 06/06/2020

_- Arden los Estados Unidos. Se ha impuesto el toque de queda en varias ciudades, mientras los desórdenes en las calles de manifestantes tanto negros como blancos no dan señales de disminuir y el ejército está listo para intervenir.

Entretanto, las palabras y acciones del gobierno norteamericano, sobre todo de Trump (sus últimos comentarios de “ley y orden”, que evocan una serie dramática televisiva), muestran poco interés en la reconciliación con comunidades que están ya exasperadas por la crisis del coronavirus, el desempleo y las desigualdades sociales.

Para comprender las raíces históricas y sociales de los disturbios, planteamos unas cuantas preguntas [formuladas por la periodista Silvia Nicolini] al profesor Noam Chomsky, uno de los más renombrados expertos en el mundo en la política y la sociedad norteamericanas.

Las protestas que han seguido a la muerte de George Floyd se han convertido en disturbios y se han extendido de Minneapolis a otras diversas ciudades de los Estados Unidos. Mientras tanto, el Pentágono ha apremiado a la policía militar a prepararse. Profesor Chomsky, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? ¿Hay algo más profundo detrás de las protestas contra el racismo y el abuso de poder de los policías blancos?

Lo que hay de más profundo son cuatrocientos años de brutal represión: primero, el más feroz sistema esclavista de la historia humana, que proporcionó buena parte de la base del crecimiento económico y la prosperidad de los EE.UU. (y de Inglaterra); luego, diez años de libertad en los que los negros pudieron incorporarse a la sociedad y lo hicieron con notable éxito; después, un pacto Norte-Sur que otorgó de modo efectivo a los antiguos estados esclavistas la autoridad para obrar como les placiera. Lo que hicieron fue criminalizar la vida de los negros, creando la “esclavitud con otro nombre”, título de uno de los libros más importantes sobre el tema.

Esto duró prácticamente hasta la II Guerra Mundial, época en la que se necesitaba mano de obra. Vino después un periodo de relativa libertad, obstaculizado por leyes racistas tan extremas que las rechazaban los nazis, y por leyes federales que exigían segregación en la vivienda financiada por el gobierno que se construyó después de la guerra. Y por supuesto, a los negros (y a las mujeres) se les excluyó de la educación superior gratuita que se les concedió a los veteranos. Llegó luego otra oleada de criminalización de la vida negra.

Ya se puede imaginar el resto. Persiste el racismo, aunque sea menos rampante que antes. Y cuando se manifiesta, como en el caso del asesinato de Floyd, se produce naturalmente una explosion, a la que en este caso se suma buena parte de la población blanca, un reflejo de progreso entre algunas partes de la población a la hora de superar esta espantosa maldición.

¿Cree usted que la pandemia ha desempeñado algún papel en las protestas que se han desatado en días recientes? ¿Ha puesto en primer plano las desigualdades del país y los profundos problemas de justicia social? ¿O simplemente reventó algo que ya llevaba cociéndose durante algún tiempo?

La pandemia ha puesto de relieve algunos de estos problemas. Así, por ejemplo, los negros mueren tres veces más que los blancos a causa de la Covid-19. Trump, cuya mezquindad no tiene límites, se ha aprovechado de la pandemia para recortar las regulaciones que limitan la contaminación del aire, que tiene efectos demoledores en la actual pandemia respiratoria. La prensa económica estima que, como resultado de ello, pueden morir decenas de miles de personas, con una elevada concentración entre personas negras que pueden permitirse vivir solamente en las zonas más contaminadas. De qué modo va a influir esto en la opinion pública depende de la medida en que se vea obscurecido por disquisiciones racistas.

¿Hay circunstancias como éstas en las que pueda justificarse la violencia de una población exasperada?

Se puede entender, desde luego. Los anales revelan que no resulta sensato. Conduce de manera sistemática a que haya más gente que apoye una represión más dura.

Donald Trump reaccionó a las protestas con un tuit que se borró posteriormente, pero no sin antes echar más leña al fuego: “Cuando empiezan los saqueos, empiezan los tiroteos”. ¿Nos puede explicar por qué, más allá de la incitación a la violencia contra los manifestantes, esta frase ha tenido un impacto tan contundente en la sociedad norteamericana? Y además, ¿cree usted que el “pecado original que todavía hoy mancha a nuestro país” (tal como dijo Joe Biden) se ve hoy agravado por la presencia de Trump? ¿Le ayuda también su fiera retórica a volver a subir en las encuestas, que muestran hoy a Biden en cabeza?

Trump citaba a un alcalde de Florida de hace cincuenta años sobre cómo reaccionaría a las protestas contra el racismo. El significado quedaba claro, aunque después de una reacción enormemente negativa, Trump mintió sobre eso y declaró que los que dispararían serían los saqueadores. Trump se ha salido de su vía habitual para extender el “baldón” apelando a los elementos supremacistas blancos. Es difícil prever la repercusión popular.

¿Qué opina de la reacción de los liberales? ¿Hay alguna enseñanza de lo que está sucediendo estos días para ellos y para Biden?

Debería. Si va a ser este el caso, ya lo veremos.

Profesor, una última pregunta. Ha citado usted la “criminalización de la vida de los negros”, a la que ha menudo se ha referido en sus libros. ¿Puede explicarnos brevemente cómo ha funciado y sigue funcionando en la sociedad norteamericana y su economía?

No puedo atribuirme la frase, que se utiliza comunmente en los estudios sobre la sociedad norteamericana. En los antiguos estados esclavistas del siglo XIX se trataba de una política deliberada. Si había un hombre negro en una calle, le podían detener por vagabundear, le podían imponer una multa que no pudiera pagar y mandarlo a la cárcel…en la que se le podía ofrecer a las empresas como perfecto trabajador: disciplinado, sin protestas, barato. Esa fue una aportación de primer orden a la revolución manufacturera de la época, así como a la industria agroalimentaria.

La segunda oleada de criminalización despegó con Ronald Reagan. En 1980, cuando tomó posesión de su cargo, las cifras de población reclusa estaban dentro de los baremos europeos. Desde entonces han explotado rebasando con mucho las de Europa. La gente encarcelada es población negra de una manera desproporcionada. Eso se debe en parte a la guerra de las drogas, y en parte se puede remontar al mayor número de delitos entre los negros. Este ultimo hecho es algo que se aduce a veces en las disquisiciones racistas, eliminando la pregunta de por qué razón hay más delitos entre los negros. Es algo típico de las comunidades oprimidas. El caso de los negros es de lejos el más grave.

Noam Chomsky Catedrático emérito de lingüística del Massachusetts Institute of Technology, EE UU, es uno de los activistas sociales más reconocido por su magisterio y compromiso político.

Fuente:

il manifesto global, 2 de junio de 2020

Traducción: Lucas Antón

Entrevista al historiador Francisco Espinosa Maestre. “La represión franquista ha sido blanqueada desde su origen”

Enric Llopis
Rebelión

“Profundizar en el estudio de la represión equivale a preguntarse una y otra vez cómo la oligarquía se preparó y preparó a sus adictos para la terrible matanza a la que se entregaron con dedicación total a partir del 18 de julio”, afirma el historiador Francisco Espinosa Maestre en la parte final de La justicia de Queipo (2000). En el libro abordaba la violencia y el terror fascista en las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba y Badajoz; el autor trabajó principalmente sobre los documentos del antiguo Archivo de la Auditoría de Guerra de la II Región Militar, lo que supuso una “auténtica bajada a los infiernos”.

Francisco Espinosa Maestre (Villafranca de los Barros, Badajoz, 1954) es autor de más de una decena de libros (en solitario) sobre la Segunda República, la guerra de 1936 y la represión franquista, entre otros La primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil (Crítica, 2007) y Lucha de historias, lucha de memorias. España, 2002-2015 (Aconcagua, 2015). Fue asimismo, entre 2005 y 2010, director científico del proyecto Todos los Nombres, base de datos promovida por el sindicato CGT y la asociación Nuestra Memoria, que informa sobre los represaliados por el franquismo en Andalucía, Extremadura y Norte de África. El historiador sostiene que la represión franquista fue blanqueada desde su origen, en julio de 1936. ¿De qué modo han avanzado, en ese contexto, las pesquisas historiográficas? “Muy lentamente, ya que siempre ha existido desde el poder una actitud contraria a esas investigaciones; se han hecho contra corriente”, apunta Espinosa Maestre en la entrevista realizada por correo electrónico.

-La Universidad de Alicante borró -de determinados artículos publicados en su página Web- el nombre del secretario judicial que intervino en el Consejo de Guerra que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, en 1940; así, la universidad atendía a la petición de un descendiente del militar que actuó como secretario, y que se acogió a la legislación sobre protección de datos. ¿Qué puso de relieve esta resolución de la Universidad? (la institución universitaria después rectificó y anuló el borrado).

Pone de relieve que todo lo que tan costosamente se ha avanzado desde la transición en un campo tan oscuro como el de la represión puede desaparecer de un momento a otro. Roza el esperpento que el hijo de un individuo que formó parte del aparato represivo judicial militar fascista solicite a una Universidad que se oculte de ciertos artículos de su página Web el nombre del padre y que alguien en la Universidad decida hacerle caso. Como no le gusta que el nombre de su padre aparezca relacionado con un consejo de guerra del que fue secretario quiere borrar el pasado retocándolo. Pero la farsa no acaba aquí, ya que a continuación es la propia Universidad de Alicante la que decide validar la decisión [Parece que posteriormente han dado marcha atrás]. El hecho es grave en sí y plantea un oscuro panorama, ya que abre la posibilidad de que otros sigan el ejemplo. Imaginemos por un momento el caso contrario: que descendientes de personas que aparecen en la Causa General solicitasen al Ministerio de Cultura que se ocultasen sus nombres en Internet…

¿Qué tipo de discursos se han utilizado para blanquear la represión franquista y la dictadura? (en libros y artículos has citado, entre otros, el de una supuesta “tercera España” situada entre los llamados dos bandos o afirmaciones como “todos los muertos son iguales”).

La represión franquista ha sido blanqueada desde su origen. Lo primero que se hizo fue justificarla mediante dos procedimientos: inventarse una revolución comunista en marcha a la que se anticipó la sublevación militar y propagar sin cesar que si los rojos no llevaron a cabo sus planes criminales fue porque no les dio tiempo. La ausencia de un terror rojo propio que justificara las matanzas que existieron en todos sitios se suplió con macabras historias que la prensa favorable al golpe hizo circular siguiendo las instrucciones de los Servicios de Propaganda. En su mayor parte eran falsas pero cumplieron la función para la que fueron creadas: asumir en cada lugar un terror que asustaba a los sectores menos radicales de las propias derechas y que nadie pudo imaginar previamente.

-¿Y qué ocurrió después, a lo largo de la dictadura franquista?

Se mantuvieron vigentes los resultados de aquella aberración jurídica denominada la Causa General, un proceso judicial realizado tras la guerra destinado a justificar el golpe y la represión. Pero los resultados fueron tan decepcionantes que nunca se publicaron completos, sino solo selectivamente en un conocido libro que tuvo decenas de ediciones. Las investigaciones realizadas fuera de España desde los años sesenta abrieron otro panorama que afectó de lleno a la cuestión represiva. Cada vez se percibía más claramente que las proporciones de la matanza llevada a cabo por los golpistas superaban ampliamente las cifras de la propaganda franquista. En ese contexto encaja el intento del general Salas Larrazábal con sus Víctimas de guerra (1977) de reconocer un mayor número de víctimas de la represión franquista sin dejar de afirmar que los rojos asesinaron más.

Todo esto saltó por los aires con las investigaciones realizadas desde fines de los setenta, que fueron demostrando, provincia a provincia, la realidad represiva en toda su magnitud tanto de las zonas controladas por los sublevados como de las que permanecieron en poder de la República. Todo ello muy lentamente, ya que siempre ha existido desde el poder una actitud contraria a estas investigaciones. Se han hecho contra corriente. Este proceso confluyó en cierto momento con el movimiento en pro de la memoria, que tuvo su apogeo en la década pasada y que supuso una catarsis para la sociedad española, que al fin veía ante sí las fosas comunes y las exhumaciones. También aquí surgió la reacción, primero a través de los revisionistas promocionados por el PP y la derecha mediática desde fines de los años noventa y más tarde desde ciertos departamentos universitarios. A grandes rasgos cabe afirmar que la Universidad, poco implicada en esta historia y fiel a su tradicional conservadurismo, prefería otras temáticas menos delicadas. Al mismo tiempo se asistió al resurgimiento del mito de la Tercera España, en este caso jaleada por una serie de novelistas relacionados por lo general con el grupo PRISA y cuya misión ha consistido en igualar ambos bandos, rojos y azules, salvando una supuesta España ideal y virtuosa que estaría por encima de ambas.

-“Llevamos treinta años contando provincia a provincia y pueblo a pueblo lo que ocurrió en España a partir del 17 de julio (de 1936) y hay gente que no quiere enterarse. Todo lo referente a la represión fascista les estorba y altera”, escribiste en 2012. ¿A quién te refieres?

Me refiero a la derecha española, que no ha roto con el franquismo y se niega a aceptar el carácter criminal de aquel régimen y también a los sectores que no quieren mirar más allá de la Constitución de 1978. Ambos asumen el modelo de transición. Pero lo que en unos fue una condición para aceptar la evolución de un sistema a otro sin que ninguno de los suyos se viera afectado, en los otros viene a ser una condición impuesta y asumida que podría resumirse así: tendréis acceso al poder pero para vosotros no existirá el pasado reciente. Es decir, amnistía y pacto de olvido. De ahí ese gran agujero negro existente entre 1931 y 1975. El PP no tiene problema alguno en asumir el franquismo, esa época de extraordinaria placidez en palabras de uno de sus dirigentes. Por su parte el PSOE vive en la siguiente contradicción: se trata de un partido que en su larga etapa en el poder (1982-1996) decidió no mirar atrás (Felipe González dixit) y cuya fecha de referencia es igualmente 1978, pero al mismo tiempo no deja de alardear de sus 140 años de historia, como si lo que salió de Suresnes (1974) para acá tuviera algo que ver con el PSOE anterior a la dictadura.

-¿Qué opinas de la caracterización del franquismo como régimen o dictadura “fascistizada”, en el sentido que –con independencia del partido falangista- la derecha española y las élites incorporaron algunos elementos del fascismo? ¿Puede considerarse el franquismo como una dictadura “fascista”, sin más matices, o reservarías esta calificación sólo para su primera etapa?

Pese a la ya vieja discusión acerca del tipo de régimen político que impusieron los golpistas en España y las reticencias que siguen existiendo para incluir el franquismo dentro de los fascismos, creo que el sistema surgido del golpe militar, que se implantó mediante el terror en más de medio país en cuestión de semanas o meses y se extendió al resto mediante una larga guerra, fue de carácter fascista hasta que pudo serlo, es decir, hasta que el desarrollo de la Guerra Mundial lo dejó huérfano de los países que le prestaron apoyo desde el principio: Italia y Alemania. Bajo ese signo cumplió la misión para la que surgió; luego buscó nuevos padrinos y evolucionó según le convino en cada momento. El caso español es diferente al italiano y al alemán en un hecho fundamental: aquí no contó en su origen con el apoyo social que sí tuvo en esos países. A pesar de ello, sin llegar a la perfección del modelo original italiano, el franquismo estuvo de ese lado.

Y si miramos lo que fascistas y nazis hicieron en sus propios países con sus conciudadanos y exceptuando el holocausto, fue el fascismo español, militarista, agrario y católico, uno de los más avanzados en su ejecución mediante la violencia y el terror. La tradición democrática y parlamentaria española era escasa y débil. Se pierde de vista que la dictadura franquista fue adaptándose a lo que le convino en cada momento siempre con el claro objetivo de perpetuar los privilegios de los sectores que la promovieron. El fascismo en España surgió a consecuencia del golpe militar, tuvo su apogeo en los años de la Segunda Guerra Mundial y devino en brutal dictadura militar con el derrumbe del nazi-fascismo, en un largo proceso que llega hasta mediados de los años cincuenta con el final de la resistencia guerrillera.

Lo que sí ha existido desde la misma dictadura es el firme deseo de sacar al franquismo del mundo de los fascismos del período de entreguerras, tarea en la que jugó un papel clave el sociólogo Juan José Linz con su teoría de los regímenes totalitarios y autoritarios, entre los que metió a España con el beneplácito de la derecha española y de aquellos que lo más que admiten es la existencia de un régimen fascistizado.

-En Guerra y represión en el sur de España (Universitat de València, 2012), afirmas: “La salida de los sublevados a la calle a las tres de la tarde del sábado 18 en ciudades como Sevilla, Cádiz y Córdoba se hizo en medio de un despliegue de fuerzas sin precedentes. Calles y plazas quedaron sembradas de cadáveres que permanecieron a la vista el mayor tiempo posible para que todos supieran a qué atenerse”. ¿Significa esto que hubo, por parte de los golpistas, un plan (premeditado) de exterminio?

Los sublevados sabían ya de antemano la resistencia que iban a encontrar. Esto ya lo previó Mola en sus instrucciones. A cinco meses de las elecciones que dieron el poder al Frente Popular eran conscientes de que la mayoría social los rechazaría, máxime en zonas agrarias donde predominaba la gran propiedad y en las que los sindicatos de izquierdas eran preponderantes. Solo la violencia y el terror garantizarían el dominio de un territorio antes de pasar a otro. El terror fue consustancial al golpe militar. Los primeros crímenes se producen el mismo 17 de julio en el norte de África, sede de las fuerzas de choque del Ejército y pieza clave de la sublevación.

El 19 ya hay legionarios y regulares en Cádiz y Algeciras, que seguirán llegando hasta el gran trasvase del 5 de agosto. Después serán aviones alemanes e italianos los que trasladarán durante unos meses a miles de hombres. El tipo de guerra a la que estaban acostumbradas estas fuerzas tiene relación con su origen colonial, solo que en esta ocasión en vez de ir contra las cabilas rifeñas lo que tenían enfrente eran los habitantes de los pueblos y los barrios de las ciudades españolas. El esquema habitual era una razzia inicial con derecho a saqueo, detenciones según listas elaboradas, eliminación de vecinos en actos públicos de carácter ejemplarizante, asalto a casas y locales cerrados, y reparto del botín. Este esquema se mantuvo desde la salida de África hasta el parón ante Madrid el 7 de noviembre de 1936 con el resultado de miles de víctimas eliminadas sin más trámite que el ordeno y mando.

-¿Pueden aplicarse a la represión franquista los términos “holocausto”, “genocidio” o “crímenes contra la humanidad”? ¿Puede equipararse a Franco con dictadores como Pinochet, Videla o Ríos Montt?

Creo que puede hablarse de genocidio por causas políticas. También de desaparecidos y de crímenes contra la humanidad. Franco, su golpe y su dictadura constituyeron sin duda un referente para los dictadores del Cono Sur, que lo admiraban. El caso español ofrecía a estos un modelo a seguir: golpe militar seguido del asesinato de miles de personas, una larga dictadura al servicio de los intereses de la oligarquía y, cuando interesó, retorno a la democracia sin que nadie del sistema anterior saliera perjudicado. La palabra holocausto está tan unida a la desaparición de los judíos europeos que no la veo adecuada para el caso español. Creo que ni cualitativa ni cuantitativamente cabe comparación alguna.

-En 2010 se publicó el libro Violencia roja y azul. España 1936-1950, del que fuiste coordinador. ¿Qué diferencias hubo entre estas dos violencias? ¿Consideras que fueron equiparables?

A diferencia de los crímenes que tuvieron lugar en zona franquista, de los ocurridos en territorio bajo control de la República contamos con abundante información. Basta destacar los 1.500 legajos de la Causa General que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, buena parte de los cuales puede consultarse por Internet hace ya años. En ese libro que mencionas José Luis Ledesma estableció que las víctimas del terror rojo suman algo menos de 50.000 personas. Pues bien, después de cuarenta años de investigaciones aún no podemos cuantificar las víctimas que causó el terror azul. Esto naturalmente no es casual, sino que se debe por un lado a la firme voluntad del régimen surgido del 18 de julio de ocultar la matanza fundacional y por otro a las políticas de olvido de los gobiernos posteriores a la transición. Actualmente, a 40 años de esta y a 80 del golpe militar, la cantidad se sitúa en 136.200 víctimas, pero esta cifra deberá aumentar considerablemente el día que sepamos la realidad de la represión.

-¿Hay otras diferencias respecto a la violencia, además de las cuantitativas?

No puede soslayarse que los que iniciaron la agresión fueron los golpistas, que fueron los que realmente disponían de un plan de exterminio. Salvo excepciones la reacción inicial en los pueblos por parte de los comités, siguiendo órdenes de los Gobiernos Civiles, fue detener a los derechistas que pudieran representar algún peligro. Fue lo que contaban y vivieron los huidos que partían de sus localidades lo que puso en peligro la vida de cientos de derechistas detenidos en zonas aún no ocupadas. En las ciudades todo fue diferente: el golpe destruyó las estructuras de poder y durante varios meses las milicias actuaron a capricho asesinando a miles de personas en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, etc. No obstante, lo ocurrido no remite a la imagen icónica del “Duelo a garrotazos” de Goya, sino a una terrible agresión a la que se responde de manera un tanto anárquica. En cualquier caso, los responsables de toda la cadena de violencia fueron quienes la iniciaron.

-¿Por qué el periodo de la represión analizado en el citado libro no abarca en primer lugar la guerra civil (1936-1939) y, por otra parte, la continuación en la posguerra, sino que comienza en 1936 y se prolonga el periodo hasta 1950?

Porque no hubo tal división. No he olvidado nunca lo que escribió en un informe un alto cargo de la Guardia Civil al final de la guerra. Expuso la situación y al final afirmó que aunque la guerra había terminado, la campaña continuaba. Para los golpistas la guerra representó un paréntesis (noviembre 1936-abril 1939) dentro de un ciclo más amplio (julio 1936-mediados década 1950). En lo que se refiere a la mecánica represiva es sabido que el proceso tuvo dos fases, una desde julio de 1936 a febrero de 1937 donde se estuvo asesinando mediante bandos de guerra y otra de marzo de 1937 a mediados de 1944 en la que se dio a la represión una apariencia de legalidad mediante la farsa de los consejos de guerra sumarísimos de urgencia. O sea que el ciclo de terror abarca de 1936 a 1944, coincidiendo con el derrumbe de los fascismos, si bien hay que decir que a estos ocho largos años siguieron otros tantos que fueron los que llevó el aplastamiento total de la resistencia antifranquista.

Fueron pues dos décadas las que se prolongó el ciclo represivo. A mediados de los cincuenta se producen una serie de novedades que permiten hablar de un cambio. Bastará mencionar el inicio del proceso migratorio y el final del período autárquico.

-¿Qué son los archivos del terror, y lo que en alguna ocasión has denominado “las verdaderas fuentes de la represión? ¿Son accesibles en la actualidad a los investigadores o están clasificados como “secretos”?

El concepto “archivos del terror” remite a Paraguay y a los documentos encontrados y hechos públicos en 1992 por Martín Almada, el juez José Agustín Fernández y varios periodistas relativos a la dictadura de Alfredo Stroessner y a la Operación Cóndor. El local donde se encontraron es actualmente Centro de Documentación de los Derechos Humanos. Al contrario que en Paraguay nuestros “archivos del terror” siguen siendo secretos. Por no saber no sabemos ni siquiera si se conservan o han sido destruidos. Me refiero básicamente a la documentación que sobre la represión fue generada por el Ejército, la Guardia Civil y las Delegaciones de Orden Público (luego Comisarías provinciales). Sabemos que existieron detallados ficheros porque de ahí proceden los datos que se utilizaban en todo tipo de documentos, desde certificados hasta informes.

-El periodista Carlos Hernández de Miguel escribió, en abril de 2018, un artículo en eldiario.es titulado “Documentos secretos, destruidos o en manos de franquistas: la batalla de los investigadores por la memoria histórica”. ¿Ha sido habitual el robo y la destrucción de documentos, informes, papeles y ficheros? ¿Durante la dictadura y en el periodo democrático?

Durante la dictadura era muy poca gente la que tenía acceso a los archivos militares. Podríamos decir que solo militares y personal afecto tipo Ricardo de la Cierva. Como dijo el historiador francés Charles Morazé: “Toda prueba material de una decisión tiene tantas más posibilidades de ser sustraída de los archivos cuanto más importante sea su significación política”. Y en España hubo mucho tiempo para hacer desaparecer estas pruebas. Suelo mencionar el caso de Badajoz. En el archivo militar de Ávila hay un informe que Yagüe envía a Franco, entonces en Sevilla, con los resultados de la ocupación de la capital extremeña. En él menciona que en documento adjunto detalla bajas, prisioneros, armamento recogido, etc. Pues bien, este documento no existe. Alguien debió pensar que era mejor que nadie lo viera.

Pero este tipo de hechos no solo ocurrieron durante la dictadura sino que se prolongaron durante la transición e incluso en los años ochenta. Así desaparecieron fondos importantes de las Prisiones Provinciales, de los Juzgados de 1ª Instancia, de los archivos municipales, etc. Entre la desidia, el expurgo y la destrucción voluntaria se fue una parte importante del patrimonio documental. Y no se crea que desaparece todo. Se trata de un curioso proceso selectivo. Así, por ejemplo, en el caso de los archivos municipales, la documentación relativa a Quintas y a cuestiones religiosas (hermandades y cofradías) permanece milagrosamente.

-Por último, ¿qué opinas de las referencias a historiadores “militantes” y “frentepopulistas” que además promueven “una visión idealizada de la República”? ¿De dónde proceden estas descalificaciones y cuál es su propósito?

Proceden de sectores académicos que nunca vieron con agrado la investigación del golpe militar de julio de 1936 y sus consecuencias ni el movimiento de memoria histórica. La unión de Historia y Memoria les parece una aberración por más que sepan que la última, utilizada críticamente, es un recurso más de la historia, muy importante además en caso de dictaduras que procuran no dejar huellas. Cualquiera puede comprender que de las torturas y de las violaciones, así como de múltiples pequeñas historias, no queda testimonio escrito. En numerosos pueblos recién ocupados se celebraron actos públicos en los que se peló al cero y se obligó a ingerir ricino a mujeres señaladas por sus ideas o simplemente por ser parientes de izquierdistas. ¿Alguien conoce algún documento que informe de estos hechos? Solo los testimonios orales o escritos pueden adentrarnos en ellos.

Son también estos mismos sectores los que consideran que con la insistencia en la investigación del golpe militar y de la represión franquista se está incurriendo en una idealización de la II República. Critican la visión irenista que algunos tienen de esos años. Tras esto suele ocultarse la idea de que esta fue responsable de su propio fin. De esta manera se justifica lo que vino después, no abiertamente sino como una consecuencia del proceso abierto en 1931. De ahí la insistencia en hablar de la República y la guerra civil como si se tratase de un solo período.

Hay además otra cuestión de fondo. El modelo de transición exige una interpretación del pasado que supone la negación de la experiencia republicana como último referente democrático antes de la Constitución de 1978. Digamos que son procesos históricos que se repelen: los defensores a ultranza del modelo de transición abierto lentamente tras la muerte de Franco creen que la República, el golpe y la dictadura deben dejarse de lado para que todo siga su curso, y los que mantienen que ese pasado debe tenerse en cuenta piensan que el proceso de transición se llevó a cabo en unas condiciones que supusieron un continuismo que comprometía el futuro y la negativa a abordar una serie de cuestiones importantes que tarde o temprano acabarían por salir. El problema de fondo la expuso a su manera el teniente general Sabino Fernández Campos, conde de Latores y secretario de la Casa Real: "Todo el mundo debe procurar callar lo que es necesario callar para que no cambien las cosas que están bien establecidas". La conclusión es clara: el franquismo no pasó en vano y la España actual procede de él.

Entrevista al historiador Francisco Espinosa Maestre. “Hacer de la represión franquista una guerra de cifras no tiene ningún sentido”

Enric Llopis
Rebelión

“Al contrario que en el caso de los republicanos, para los golpistas la represión constituyó la base de su acción desde el mismo 17 de julio; conscientes de que eran minoría decidieron imponerse por el terror mediante un calculado plan de exterminio efectuado pueblo a pueblo y ciudad a ciudad, que se extendió durante nueve años (1939-1945)”, escribió hace más de una década el historiador Francisco Espinosa Maestre (Villafranca de los Barros, Badajoz, 1954). Se define como un historiador crítico, que tiene entre sus referentes a Josep Fontana, E.P. Thompson y los franceses de la Escuela historiográfica de los Annales.

Francisco Espinosa es autor de La justicia de Queipo: violencia selectiva y terror fascista en la II División en 1936 (2000); La primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil (2007) y Lucha de historias, lucha de memorias. España, 2002-2015 (2015), entre otros libros. En el informe sobre la represión franquista que redactó en 2008, el historiador distinguía tres etapas: la primera (17 de julio de 1936-febrero de 1937), caracterizada como de “represión salvaje” con los llamados “bandos de guerra”; la segunda fase, entre marzo de 1937 y los primeros meses de 1945, fue la de los “consejos de guerra sumarísimos de urgencia” (tal vez se pueda percibir una disminución en el ritmo de la represión a partir de 1943, matiza Espinosa Maestre); y, en tercer lugar, la “gran oleada represiva” de finales de los años 40 y los años 50, en la que fueron eliminados decenas de guerrilleros y sus bases de apoyo. La entrevista a Francisco Espinosa tiene lugar antes de que imparta una conferencia en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València.

-La conferencia en el Fórum de Debats de la Universitat de València aborda la represión como “gran secreto” del franquismo. ¿Por qué la consideras un “secreto” y una “cuestión pendiente”?

Porque todavía seguimos sin saber la dimensión real que tuvo. Hay una documentación oculta que a estas alturas no se ha permitido que veamos. Así, en los archivos militares hay miles de documentos que están cerrados a la investigación; la documentación eclesiástica es otro fondo al que tampoco hemos podido acceder, al igual que parte de la documentación judicial o de la guardia civil y la policía.

-¿Qué recomendarías, además de paciencia, a los jóvenes investigadores?

Espero que en algún momento, que no sé cuándo será, se tome la decisión de abrir esos archivos. Pero será otra generación la que los estudie, y no –por razones de edad- quienes empezamos a finales de los 70 y principios de los 80. A ellos les tocará afrontar ese reto, cuando se tenga acceso a los archivos y los documentos; los que hayan quedado después de la quema y la destrucción que hayan llevado a cabo, que es algo que también han hecho, y es posible que aún se destruyan más.

-Pero la investigación avanza. Un reciente libro del periodista Carlos Hernández de Miguel, Los campos de concentración de Franco. Sometimiento, torturas y muerte tras las alambradas (Ediciones B, 2019) documenta la existencia de 296 campos de concentración franquistas…

Parece ser que la primera investigación realizada, la del historiador Javier Rodrigo, fue incompleta. El libro que mencionas ha ampliado los campos en un tercio, ya que se conocía la existencia de aproximadamente 200 (En el artículo “Internamiento y trabajo forzoso: los campos de concentración de Franco”, publicado en 2006 en la revista Hispania Nova, Javier Rodrigo apunta que en España hubo “más de 180 campos -104 de ellos estables- donde a los prisioneros de guerra se les internaba, reeducaba, torturaba, aniquilaba ideológicamente y preparaba para formar parte de la enorme legión de esclavos que construyeron y reconstruyeron infraestructuras estatales, como parte del castigo que debían pagar a la ‘verdadera’ España”. Nota del entrevistador).

-En el libro Violencia roja y azul: España, 1936-1950 (Crítica, 2010), del que fuiste coordinador, cifras en al menos 130.199 las víctimas de la represión franquista, pero en alguna ocasión has alertado de la “obsesión por las cifras” (“el franquismo siempre tuvo claro que el debate sobre la represión nunca debía salir del ámbito numérico”, afirmas). ¿Por qué razón?

Entrar en una batalla de cifras son ganas de perder el tiempo, se entra en un marasmo. Creo que es una discusión que no tiene sentido alguno. Lo único que nos sirve en la investigación y la reflexión es trabajar con nombres y apellidos; es esto lo que soporta todo aquello que podamos afirmar. Por ejemplo, en la ciudad de Badajoz sí podemos decir que fueron 1.400 las víctimas, pero habría que añadir que se trata de una documentación incompleta, que procede en general de los registros civiles y en estos no estaba inscrita ni la mitad de las personas que tendrían que figurar; estamos, por tanto, a la espera de tener acceso a los archivos militares que nos permitan contar con más información.

-Entre 2005 y 2010, fuiste coordinador científico del proyecto Todos los Nombres, iniciativa que promueven la CGT de Andalucía y la asociación Nuestra Memoria (Actualmente hay registradas 98.760 personas, 826 microbiografías y 1.436 documentos).

Hicimos en este caso una base de datos, de los represaliados por el franquismo en Andalucía, Extremadura y el norte de África. Introduje las investigaciones que había realizado sobre Badajoz y Huelva, después fueron añadiéndose otras muchas de gente que había hecho investigaciones locales y provinciales.

-En 2003 publicaste La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz. Llevas años investigando y escribiendo sin ejercer como docente en la universidad y, por otra parte, al margen de las grandes tribunas mediáticas. ¿Con qué problemas te has encontrado?

Te ves obligado a llevar otra ruta. Y no sólo respecto a los contenidos. Hay temas sobre los que la universidad no ha querido investigar hasta muy tarde. Cuando terminé la carrera, quise hacer la tesina e investigar sobre el golpe militar y la represión en Sevilla. En la universidad me dijeron que no había perspectiva suficiente, que tenía que pasar todavía más tiempo. Era en torno al año 80. No había vías abiertas para hacer estudios de estas características y, por tanto, tenías que hacerlos fuera. Incluso si se hacían estos trabajos tardíamente –en los años 90- también había unos límites. El cambio empezó, parcialmente, en los años 90 del siglo pasado. Pero ocurrió que todo se mezcló después con la oleada “revisionista”, dentro de la universidad también ha habido investigadores que han seguido la ruta del “revisionismo”.

-En el artículo “La memoria de la represión y la lucha por su reconocimiento” (revista Hispania Nova, 2006), escribiste: “La primera gran división que se produce tras el golpe militar del 18 de julio es la que separa a la España donde triunfa la sublevación de la España donde fracasa. Dicho de otra forma: en media España no hubo guerra civil alguna sino sólo golpe militar y represión”. ¿Destacarías algún ejemplo de represión especialmente silenciado?

Yo creo que en todas las provincias, por ejemplo en las que yo he estudiado –Huelva, Badajoz o Sevilla-, hay episodios locales, provinciales y nacionales que llamarían la atención; pequeñas historias que pueden sacarse pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, y que darían un buen campo para la difusión. Encontramos muchos casos en Huelva, en Cádiz también hay algunos ejemplos muy interesantes y en Sevilla ni te cuento…

-Por otra parte, ¿a qué obedece tu polémica con el catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político, Santos Juliá, colaborador del diario El País desde 1980? ¿Y con otros escritores?

Lo que hubo, en el caso de Santos Juliá, creo que fue simplemente soberbia por su parte. Mi escrito fue una crítica ante la actitud despreciativa que tenía respecto a las investigaciones de la represión. Como él tenía púlpitos y su opinión se difundía ampliamente, creí conveniente responderle. Y marcarlo también a él como una persona contradictoria. Esto no le debió gustar nada, a pesar de que lo único que utilicé fueron datos objetivos. La respuesta fue la de una persona prepotente; no respondió a las cuestiones que se plantearon (las críticas de Francisco Espinosa Maestre están expuestas en el artículo “De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar”, publicado en 2007 en la revista Hispania Nova. Nota del entrevistador). En cuanto a los escritores Javier Cercas, Andrés Trapiello y Antonio Muñoz Molina, se trata simplemente de que uno está ya cansado de que, dada la trascendencia que tienen por lo mediáticos que son y el apoyo que reciben de grupos potentes como PRISA, vayan de historiadores. Y uno se harta. No se conforman con ser novelistas. En el caso de Cercas, la cuestión viene de una novela que hizo –El monarca de las sombras (2017)- y en la que quería “salvar” a su tío abuelo, que era un fascista cualquiera.

-Fuiste autor, en 2008, del “informe sobre la represión”, unido a la causa abierta por el juez Garzón sobre los crímenes del franquismo. Hay historiadores que, por el contrario, consideran que la llamada “memoria histórica” implica una politización de la historia y, además, enlodarla en polémicas poco rigurosas. ¿Estás de acuerdo?

Es la actitud que ha tenido la academia y la universidad ante el reto que les supuso el boom de la memoria. Algunos lo han dicho claramente: la memoria fue una losa que se les vino encima; de hecho, les obligaba a salirse de su “sitio”, de la fortaleza que son las universidades, para tener que entrar en el ámbito público. Y entrar, además, en un terreno que a la mayoría no les apetecía. El caso es que, para cualquiera que sepa un poco de Historia, la memoria es un recurso más de la Historia. Hay terrenos en los que la historia no entra –porque no existe documentación de todo- y sin embargo los testimonios orales resultan muy válidos e interesantes. Sin ellos, no tendríamos la información. Así ocurre en todo lo referente a prisiones, torturas o violaciones, hechos que sucedieron en aquella época de manera frecuente y no los encuentras reflejado en los documentos.

-¿Son compatibles el rigor científico y el compromiso del historiador a la hora de investigar?

Me parece simplemente que la historia debe ser rigurosa y objetiva, pero no imparcial. Todos tenemos ideología.

-Se habla de la excepcionalidad española en cuanto a la pervivencia de la dictadura y sus consecuencias; ¿se idealiza, en ese caso, la ruptura de Italia y Alemania –después de 1945- con el fascismo y el nazismo?

La singularidad de España viene ya marcada por el modelo de Transición, por una dictadura que duró 40 años y porque tenemos una derecha que no ha roto y continúa unida ideológicamente al franquismo; por otro lado, tenemos un centro izquierda, que sería el PSOE, que no va más allá de 1978. Ninguno de los dos partidos tiene interés en reivindicar la II República o los valores que quedan de lo que representó la República.

-Una de las polémicas (políticas) recientes es la decisión del gobierno del PSOE de exhumar, del Valle de los Caídos, los restos del dictador. ¿Eres partidario de esta medida? ¿Y respecto a las 34.000 personas allí enterradas?

Creo que los restos de Franco habría que sacarlos, no deberían estar en el Valle de los Caídos. Y en cuanto a los restos de todos los demás, sacarlos también del “mamotreto” aquel y darles una sepultura digna, como a cualquier otra persona. Respecto al Valle de los Caídos, es tal el dinero que cuesta mantenerlo anualmente –y con las temperaturas que hay en aquel roquedal- que lo más lógico me parece abandonarlo a su suerte. ¿Convertirlo en un lugar para la memoria de las víctimas? No le veo sentido alguno a esa propuesta, creo que no podrá ser nunca un “lugar de memoria” de nada. Aquello es, por lo visto, un caos total, los huesos están fuera y las cajas rotas, la gente que lo ha visto pinta un panorama terrible… Por tanto, los restos que se puedan sacar e identificar, que se identifiquen, y los que se puedan entregar a los familiares, que se proceda; y al resto, que se les pueda dar una sepultura digna en algún otro sitio.

-Algunos investigadores apuntan que 20.000 presos políticos participaron en las obras de construcción del Valle. ¿Cómo has observado el litigio respecto a la exhumación del dictador?

El hecho de que sea la familia de Franco la que esté provocando el retraso en la resolución, adoptada por el Congreso de los Diputados, de sacar a Franco del Valle de Cuelgamuros ya me parece una anomalía total. Que además el Tribunal Supremo suspenda la exhumación porque pudiera haber consecuencias para los recurrentes y para el interés público, creo que es una cosa rara e impropia de un país democrático.

-Por último, el auto del Tribunal Supremo que decidió la suspensión cautelar de la exhumación consideró a Franco jefe del Estado desde octubre de 1936, cuando esa fecha ejercía Manuel Azaña como presidente de la República. ¿Se trata de un error?

Me parece simplemente que los jueces que han escrito ese auto son de ideología franquista. Ellos y mucha gente más, que se sienten dentro de la onda franquista, consideran que Franco era el jefe de Estado el 1 de octubre de 1936.

_- Haití se levanta contra la corrupción, el nepotismo, la represión y la impunidad.

_- Jean-Luc Mercier
Rebelión

El domingo 18, día de la movilización en Haití contra la corrupción, el nepotismo y la impunidad y para exigir la rendición de cuentas por el despilfarro de los fondos de Petrocaribe, causó once muertes, 47 heridos y 75 arrestos en la capital y en varias ciudades provinciales.

Petrocaribe es un programa de asistencia creado en 2005 por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela para ofrecer petróleo a precio subsidiado para los países del Caribe. Los recursos obtenidos por Haití a través de Petrocaribe debían ser invertidos en obras de infraestructura, así como en proyectos económicos y sociales.Sin embargo, varias auditorías realizadas hasta ahora no han logrado determinar el destino de tres mil 800 millones de dólares, parte de esos fondos.

Ese día estuvo doblemente marcado por la conmemoración del 215 aniversario de la Batalla de Vertières y la movilización popular en torno al tema Petrocaribe, que también exige la salida requerida del presidente Jovenel Moïse.

Las protestas llevaron al gobierno haitiano a desplegar el domingo más de 3.000 agentes policiales. Grupos de la oposición convocaron manifestaciones en diferentes zonas de la capital, Puerto Príncipe, y en la norteña Cabo Haitiano en demanda de una investigación profunda sobre el presunto desvío de fondos millonarios del programa petrolero Petrocaribe.

Con pancartas en las que reclamaban se averigüe el paradero de unos 3.800 millones de dólares de Petrocaribe , miles de personas marcharon frente al Palacio Nacional en Puerto Príncipe, se dirigieron a la sede del Parlamento y recorrieron el populoso barrio de Delmas, donde se les unían más manifestantes.

Según una investigación del Senado, al menos 14 exfuncionarios estuvieron vinculados al desvío de los fondos durante el gobierno del expresidente Michel Martelly (2011-2016) y ninguno ha sido procesado judicialmente.

El exsenador Moïse Jean-Charles, quien encabezó las protestas en Cabo Haitiano, 130 kilómetros al norte de la capital, también pidió la renuncia del presidente Jovenel Moïse y de su gobierno por considerar que se han negado a profundizar la investigación. Moïse canceló el domingo el viaje que tenía previsto junto a los miembros de su gabinete a Cabo Haitiano para conmemorar el 215 aniversario de la batalla de Vertieres, la cual representó el último paso de los haitianos para obtener su independencia de Francia.

Los inconformes bloquearon varias calles con basura y neumáticos en llamas que emitían un denso humo negro, el cual cubrió gran parte de Puerto Príncipe durante la tarde. La mayoría de los negocios permanecieron cerrados y el transporte colectivo dejó de operar. El transporte público y el comercio informal quedaron completamente paralizados.

Grupos opositores, como la coalición Sector Democrático y Popular, aprovecharon la protesta para pedir la renuncia del presidente, Jovenel Moise e instaron a seguir paralizando las actividades, hasta la renuncia del mandatario.

Haití vive una fuerte crisis económica y la moneda nacional, el gourde, está en caída libre frente el dólar, mientras la inflación se sitúa en el 14 % cada mes desde el inicio del año, y hay un alto índice de desempleo. Uno de los principales problemas, que causa resentimiento en la población, es el de los privilegios y la impunidad de las fuerzas de la ONU, Minustah. Son 7.000 soldados de Argentina, Brasil, Uruguay y otros países, que -según las denuncias de los movimientos sociales- roban a la gente, violan a las mujeres y niños y les contagian enfermedades, y todo ello sin ningún castigo.

Estas circunstancias, sumadas al escándalo de corrupción de Petrocaribe, han generado en una parte importante de la población total desconfianza en la capacidad del actual régimen para mejorar la situación.

El Parlamento haitiano publicó en 2017 un informe en el que involucra a exfuncionarios, del partido actualmente en el poder, en irregularidades en el uso de los fondos de Petrocaribe, pero hasta ahora nadie ha sido procesado por este caso, en el que se desviaron más de 2.000 millones de dólares, según una investigación del Senado.

El líder opositor Moise Jean Charles afirmó ayer en Cabo Haitiano, en declaraciones a la prensa, que solo con la salida del presidente Jovenel Moise del poder habrá un juicio por el caso de Petrocaribe.

El presidente-banana
Jovenel Moïse, quien triunfó en los comicios nacionales de su país en octubre de 2015 y noviembre de 2016, este martes fue nombrado presidente electo por el Consejo Electoral Provisional de Haití. Entonces, la crisis política que atravesaba la nación caribeña ocasionó que la declaratoria del vencedor se pospusiera por más de un mes.

De acuerdo al Consejo Electoral haitiano, Moïse, del partido de derecha Tet Kale se impuso con el 55,6% de los votos en los comicios del 20 de noviembre de 2016. En segundo lugar quedó Jude Célestin, de la Liga Alternativa para el Progreso y Emancipación de Haití, con 19,5% del caudal electoral.

La declaratoria se produjo después de semanas de incertidumbre, denuncias de fraude de parte de partidarios de Célestin y protestas de seguidores de Moïse que reclamaban que sea nombrado presidente electo. El Consejo Electoral señaló, luego de un recuento, que en la votación hubo irregularidades pero no el "fraude masivo" denunciado.

La victoria de Moïse de octubre de 2015 también había sido impugnada y finalmente anulada tras violentos disturbios. Tan solo el 21% de los ciudadanos habilitados para votar acudieron a las urnas en noviembre de 2016.

Moïse, de 49 años, es un empresario que proviene del distrito rural de Trou-du-Nord, en el departamento Nordeste de Haití. Estudió ciencias de la educación en la Universidad de Quisqueya, en la capital Puerto Príncipe, considerada como el mejor centro académico privado de Haití.

"En 1996 deja la capital y se traslada a la comuna de Port-de-Paix (en el departamento Noroeste) con el ardiente sueño de desarrollar el interior del país", se puede leer en la biografía de su sitio web oficial, donde se detalla que sus primeros movimientos empresariales estaban relacionados con la venta de partes de autos y después comenzó el cultivo de bananas.

Sus emprendimientos le valieron llegar a ser, en menos de una década, secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití. Además del rubro de la exportación de bananas, Moïse tiene proyectos empresarios relacionados a la generación de energía eólica y solar y otros negocios relacionados con la agricultura.

Una de sus cartas de presentación durante la campaña electoral haitiana fue su origen en un distrito rural. Su segunda bandera es el éxito que logró en algunas de sus iniciativas empresariales, y así fue que pudo llegar al electorado haitiano de las regiones con mayores dificultades económicas poniéndose a él mismo como un "ejemplo de éxito posible".

Es más, durante la campaña aprovechó el sobrenombre por el que muchos le llaman en su país: "el hombre banana". Su llegada a la política fue posible gracias al apoyo del expresidente haitiano Michel Martelly (2011-2016) y el partido de derecha Tet Kale. Es la primera vez que Moïse ocupa un cargo público en su vida. Martelly, quien además es uno de los músicos más conocidos en Haití, dejó el mando de su país en medio de varias denuncias de corrupción y acusaciones de sus adversarios políticos.

Tras un fin de año marcado por protestas en las calles y denuncias de fraude, Moïse pidió a los haitianos que "pasen la página". La inestabilidad política lleva mucho tiempo afectando a la economía de un país que ya antes de las elecciones de 2015 era el más pobre de América. Más del 60% de las personas que viven en Haití sobreviven con menos de dos dólares al día, de acuerdo a los reportes de Naciones Unidas.

Más de la mitad de la población haitiana es analfabeta y el 90% de la educación está en manos privadas sin posibilidades de acceso para la mayor parte de la población. El desempleo es del 80%. La situación social es también muy desigual. El 95% de la población es negra sin embargo existe una discriminación manifiesta tanto lingüística como por el color de la piel. La discriminación se hace notar sobre todo en la distinción entre campo y ciudad. Depende de donde nazcas serás campesino o ciudadano, esto está totalmente interiorizado. Los mulatos conforman el 5% restante y controlan todo el país.

El interés estratégico de Haití en medio del Caribe hace que nada pueda hacerse sin el consentimiento y la supervisión de los EEUU. En este sentido las intervenciones han sido constantes. “Ya en 1986 Haití producía arroz suficiente para alimentar a toda la población. Con la llegada de las políticas neoliberales se bajaron los aranceles de importación del 30% al 2% y el arroz pasó a ser tan barato que los agricultores no pudieron competir con el arroz que se importaba de EEUU y se marcharon a la capital como desplazados internos por esta violencia económica", señala Gulin Bonhomme, profesor haitiano e investigador para la paz

Siete años después de que un devastador terremoto mató a más de 200.000 personas en enero de 2010, unos 55.000 haitianos siguen en campamentos improvisados con condiciones de vida extremadamente pobres, según la Organización Internacional para las Migraciones. Y las esperanzas de recuperación económica se vieron afectadas todavía más a principios de octubre de 2016 por el huracán Matthew, que dejó daños estimados en más de 2.000 millones de dólares.

Las políticas del FMI
Ya el 6 de julio, Haití había sido escenario de protestas en rechazo al aumento en los precios de la gasolina, el petróleo y el kerosene, una medida acordada en febrero entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ante la violencia, la medida fue revertida al día siguiente y el presidente Jovenel Moïse llamó a la población a regresar a sus hogares.

Sin embargo, las protestas continuaron y han dejado al menos tres muertos, así como daños a edificios gubernamentales, comercios, hoteles y oficinas de negocios. Los disturbios ocurrieron en la capital Puerto Príncipe, en la ciudad Cap-Haitien y en las comunas de Les Cayes, Jacmel y Petit-Goave.

Las protestas y el descontento social en el país por los ajustes exigidos por el FMI hicieron que el primer ministro haitiano, Jack Guy Lafontant, presentara su renuncia el 14 de julio.

Ayuda "humanitaria"
La medida de "ajuste" del FMI implicaba el aumento de la gasolina en 38%, del diésel en 47% y el del kerosene,utilizado por la mayoría de los haitianos para alumbrar sus casas, debido a que no tienen electricidad, en 51%..

Se trataba de un acuerdo de "ayuda humanitaria" entre el Gobierno de Haití y el FMI, realizado sin el consentimiento de la población, como parte de un programa de ajustes, cuyo propósito era poner fin a los subsidios que tienen los productos derivados del petróleo bajo el pretexto de reducir el déficit presupuestario gubernamental y "estabilizar" la economía.

La deuda de Haití con el FMI dio un salto tras el terremoto de 2010, que dejó al menos 222 mil 570 fallecidos, 1,5 millones de personas en la indigencia y pérdidas materiales calculadas en 7.900 millones de dólares. Se trató de un "préstamo" de 114 millones de dólares que debía empezar a ser reembolsado tras un período de cinco años y medio.

Las ONGs
Las promesas de la comunidad internacional se hicieron esperar y se prometieron 16 mil millones de dólares para la reconstrucción de Haití, un dinero que acabó en manos de las ONGs, nunca repercute en el país. “Es el país de las ONGs, con más de 14 mil, en una nación pequeña de nueve millones. Las ONGs hacen sus proyectos y nadie los controla. De los 10 mil millones de dólares que llegaron de la ONU la mayor parte fue para las ONGs que nunca transfieren competencias a los haitianos, sino que los colocaron en una situación de dependencia, pasividad y desamparo, indica Bonhomme.

Haití se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de las ONGs que acuden como moscas. Nadie sabe a ciencia cierta cuantas ONGs hay, ni lo que hacen, o en que se gastan los fondos. La duplicación de servicios y la ingente acumulación de material sin utilizar es prácticamente la norma. Sólo 300 están inscritas, así que hay cientos que actúan sin control alguno. La mayoría de ellas son cajas negras que nadie supervisa.

El británico David Harvey sostiene que las ONGs son los caballos troyanos de la globalización neoliberal, mientras que Ricardo Seitenfus afirma que “hay una relación causa-efecto entre la infelicidad de los haitianos y la felicidad de las ONGS y el peligro más grande que afrontamos ahora es la ‘oenegización’ del país. Haití nunca estuvo tan debilitado como ahora y le toca dialogar y aceptar muchas cosas pero hay una relación perversa entre la debilidad del estado haitiano y la fuerza de las ONGS en el país”

El capitalismo tiene la habilidad de mercantilizarlo todo. Dónde hay una necesidad que cubrir cabe la posibilidad de traficar, montar negocios y sacar pingues beneficios. La enfermedad, la educación, el sexo, la paternidad, el deporte, el reposo, respirar aire libre, el arte... ¿ Por qué no traficar con la compasión?, señala el Servicio Informático Ecuménico y Popular.

La mercantilización de las ONGs significa que el centro de atención de los traficantes de ayuda deja de ser “los damnificados”. Todo mercado capitalista genera en sus operadores una ineludible necesidad de crecer y ganar cota en un medio cada vez más competitivo. El centro de atención pasa a ser “los donantes”. Se trata de ofrecer “un producto humanitario” cada vez más atractivo y “venderlo” utilizando sofisticadas técnicas de marketing.

Para ello es preciso contar con técnicos y directivos experimentados. El periódico español El País dedicó una página entera al tema en enero de 2011 con el título “Profesionales de la solidaridad”, un sector que ocupa en España a 529.000 empleados remunerados (y mucho incauto mal remunerado). Cita sin desparpajo el caso ejemplar de un dinámico economista, con larga experiencia como director de ventas de Procter & Gamble, que ha sido fichado por una ONG fundada por un magnate de la banca. Cada vez son más concurridos los cursos y postgrados de especialización en ONGs impartidos por escuelas de negocios.

En muchos casos se trata de verdaderas corporaciones multinacionales con oficinas abiertas en paraísos fiscales para “gestionar” los cuantiosos fondos que reciben al margen de las onerosas regulaciones fiscales de los “gobiernos”. 77 ONGs están siendo investigadas por tales prácticas.

Las autoridades de Haití se vieron en la obligación de abrir una investigación contra todas las ONG en el país tras el escándalo de Oxfam, cuyo equipo se vio involucrado en casos de explotación y abuso sexual, negligencia y nepotismo en 2011 en la isla, según informó el ministro de Planificación y Cooperación Externa haitiano, Aviol Fleurant. El presidente Moise, aseguró que el caso de Oxfam solo es la punta del "iceberg" y reclamó que se investigara también a otras ONG como Médicos Sin Fronteras (MSF).

Tras el terremoto, el país también sufrió una epidemia de cólera, de la cual es acusado el personal de paz de Naciones Unidas. La enfermedad mató a más de ocho mil personas y más de 650 mil se enfermaron. A esta catástrofe se unieron los huracanes Matthew e Irma en 2016 y 2017, tras los cuales miles de personas siguen viviendo en campamentos.

El terremoto sirvió de excusa para una nueva intervención "humanitaria" de Estados Unidos en Haití, donde años antes, entre 1951 y 1986, fue responsable de implementar la dictadura de los Duvalier para controlar y saquear los recursos naturales de la isla. Esta calamidad que atravesaba el país también abrió la oportunidad para la "ayuda humanitaria" de la ONU, que tomó el control de la isla con la misión MINUSTAH (7 mil soldados y policías).

La intervención extranjera terminó siendo un fraude económico, pues mientras el país seguía sufriendo las consecuencias del terremoto, millones de dólares en "ayuda humanitaria" de Occidente no llegaron nunca a la población. Casi el 9% de este financiamiento quedó en fundaciones y organizaciones no gubernamentales extranjeras, entre ellas la Fundación Clinton.

La deuda externa de Haití se estima en unos 890 millones de dólares, de los cuales el 41% corresponde al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su mayor acreedor, y el 27% al Banco Mundial (BM).

Jean-Luc Mercier. Sociólogo haitiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

La represión económica del Franquismo. Otra represión cruel y en gran parte desconocida por los españoles. Profesor de Secundaria. Zaragoza, Cándido Marquesán Millán.

Es lamentable que una parte de la sociedad española ignore los crímenes del franquismo o le resultan irrelevantes. Hay razones. En la enseñanza de los colegios e institutos, períodos claves de nuestra Historia del siglo XX como la II República, la Guerra Civil y la dictadura franquista reciben un tratamiento escaso. El profesor Enrique Javier Díez Gutiérrez en el artículo Educando la memoria de las jóvenes generaciones: el olvido escolar de la II República y de la barbarie franquista, nos dice que en el documental Los campos del silencio sobre los presos republicanos, la última parte se grababa en el Instituto de Secundaria de Fabero del Bierzo (León), por lo que preguntó a un grupo de alumnos/as sobre el campo de concentración que había estado ubicado en su pueblo, donde hubo un batallón de unos 250 presos republicanos, de 1939 a 1947, trabajando como esclavos para una empresa privada (Minas Moro) y extrayendo carbón en las minas del Bierzo. La existencia de tal campo la desconocían, y eso que algunos de sus abuelos habían estado ahí presos. Hay muchos responsables de este olvido lamentable. Veremos algunos en estas líneas.

En esa filosofía del olvido, el vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, espetó: «Hay que olvidar la Historia», justo el 20-N, cuando se conmemora el aniversario de la muerte de Franco. ¡Qué obsesión con olvidar nuestra Historia! Lo grave es que ese pensar y sentir están muy extendidos en una parte importante de la sociedad española. Hace unos días lo pude comprobar: un señor aducía encolerizado “Ya está bien de sacar la mierda”, cuando alguien le argumentaba de la necesidad de enterrar dignamente a muchos de los republicanos asesinados y que permanecen en las cunetas. Hoy mismo acabo de leer un artículo excelente y pleno de valores éticos, que me parece muy oportuno, del profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, Juan Manuel Aragües, con un título muy explícito España no es Argentina, donde nos señala, no hace falta excesivo comentario para poner de manifiesto la distancia que existe entre España y Argentina. Allí, el dolor de las víctimas es recompensado con justicia reparadora; aquí, al dolor de las víctimas se añade la imposición del silencio.

Es de dominio común, salvo para algunos olvidadizos y desconocedores del auténtico significado de una democracia, que la dictadura de Franco ejerció una represión brutal sobre todos aquellos que lucharon en el bando republicano. Esta represión que supuso exilio, cárcel, torturas y muertes para cientos de miles de españoles, ha sido estudiada en gran parte por algunos historiadores valientes. En Aragón tenemos un buen ejemplo en el libro El pasado oculto: Fascismo en Aragón (1936-1939) publicado en 1992, dirigido por Julián Casanova, con las historiadoras Ángela Cenarro, Julita Cifuentes, Mª Pilar Maluenda y Mª Pilar Salomón, donde pudimos conocer por primera vez y que supuso un aldabonazo en muchas mentes adormecidas, un listado de muchos aragoneses asesinados por el fascismo. Puedo contar la anécdota de cómo se le arrasaban los ojos a un amigo, cuando le presté este libro, y pudo leer por primera vez escrito el nombre de su padre asesinado por los fascistas.

Ha existido otro tipo de represión económica, prácticamente desconocida para gran parte de la sociedad española. Hoy podemos conocerla en Aragón también gracias al libro Pagar culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945) de 2014 dirigido por Julián Casanova y Ángela Cenarro, y de los jóvenes historiadores Estefanía Langarita, Nacho Moreno e Irene Murillo.

Sancionar económicamente a los vencidos tuvo cobertura legal y respondía a un plan sistematizado con objetivos concretos. El Decreto 108 de 13 de septiembre de 1936 de la Junta de Defensa Nacional declara la ilegalidad de todos los partidos políticos que integraban el Frente Popular y se inician las incautaciones de todos sus bienes. Luego, el Decreto de 12 de noviembre de 1936, por el que se deja sin validez y se incautan las pesetas republicanas, el llamado «dinero rojo», dejando a las familias en la más absoluta ruina. Unos meses después el Decreto-Ley de 10 de enero de 1937 puso en marcha la Comisión Central de Bienes Incautados, encargada de confiscar los bienes de fortuna de los republicanos de los territorios conquistados.

Quiero reflejar esta represión económica, impuesta a los republicanos “Rojos” en Híjar, pueblo de la provincia de Teruel. Las grandes síntesis históricas no podrían realizarse sin investigaciones de historia local, comarcal o regional. Para ello me he servido del Libro de Actas Municipales. La conquista del pueblo por las tropas fascistas fue en marzo de 1938, después de haber sometido a la población a unos dramáticos bombardeos por la Legión Cóndor.

En el Pleno municipal de 24 de abril de 1938 se decidió que debían juntarse en un local los colchones y las máquinas recuperadas en Híjar a los rojos huidos, por ser estos objetos de difícil asignación para su dueño, ser de primera necesidad y muy codiciados por todos. En el Pleno de 8 de mayo de 1938 decidieron recoger todas las máquinas, trillos, arados, atalajes de labranza y demás enseres que estaban abandonados por los rojos en las eras, fincas y torres de este término municipal y depositarlos en un local de la carretera propiedad de un terrateniente. Del mismo modo acordaron colocar en la puerta de los pajares de los huidos rojos de esta localidad un letrero que dijera: "Incautado por el Ayuntamiento y prohibida la entrada a toda persona no autorizada por el mismo”, procediéndose a su cierre. A su vez cualquier vecino que quisiera paja de estos pajares debía pagar 5 pesetas por viaje al Ayuntamiento. En el Pleno de 1 de mayo de 1938 se tomó la decisión de repartir los objetos recuperados, en primer lugar a los familiares de los fusilados (al inicio de la guerra los hubo en la localidad por parte de las columnas anarquistas) y pobres de solemnidad; y después a aquellos individuos que, a juicio del Ayuntamiento, por su conducta política durante el actual movimiento fueran más acreedores de obtener beneficios de dicho reparto, acordando se hiciera relación de los bienes entregados a cada uno y nombrar para ello a un concejal, al alguacil y al secretario. En el Pleno de 15 de mayo de 1938, se leyó por parte del Alcalde el contenido de la Ley inserta en el Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza nº 108, (durante unos meses estuvo dependiendo Híjar de la administración de Zaragoza) sobre recuperación agrícola de los productos de la tierra de aquellas fincas abandonadas por los rojos de la localidad, por la cual se debía constituir una Comisión, integrada por el Alcalde como Presidente, un Secretario que será el del Ayuntamiento; y, como vocales, un representante de F.E.T. y de las J.O.N.S., un agricultor y un práctico de campo nombrado por el Ayuntamiento. En el Pleno del 11 de septiembre de 1938 se aprobó que se debía pagar, a partir del 1º de octubre próximo, por los actuales inquilinos, el alquiler de la casa que habitasen y que había sido abandonada por individuos rojos de esta villa, cuyo alquiler sería impuesto por una Comisión del Ayuntamiento, que revisaría el estado actual en que se encontrase cada uno de los edificios expresados; debían hacer lo mismo con los pajares de los rojos. En el Pleno de 22 de mayo de 1938 se adjudicó al vecino José Pitarque Pina, tras haberlo solicitado, el borrico del rojo huido Francisco Monzón Gómez.

Los rojos, también pagaron con su trabajo gratuito. El 11 de septiembre de 1938 el Ayuntamiento decidió que la limpieza y arreglo de los locales de las escuelas de párvulos del edificio de las hermanas de San Vicente de Paúl de esta villa, se hiciera con cargo al presupuesto municipal, a fin de que pudieran dar clase, y que, a ser posible, se emplease gente roja para proceder a la limpieza de toda la casa de las monjas, sita en la calle Otal, no pagando cantidad alguna a estas gentes. El 23 de octubre de 1938 se decidió que la leña que el Ayuntamiento facilita para la cocina de Auxilio Social de esta villa, la trajeran del Pinar los individuos clasificados como no afectos al Glorioso Movimiento Nacional de esta villa.

El 26 de marzo de 1939 se decidió que la limpieza de los solares particulares de los escombros producidos por la aviación (la franquista) la llevasen a cabo los rojos. El 9 de abril de 1939 para la construcción del Monumento a los Caídos se decidió que debían presentarse a trabajar los rojos durante 15 días, quedando además a elección del Ayuntamiento el poder mandar a dichos individuos mayor número de días en la limpieza de la localidad, si lo estimaba necesario.

Los rojos pagaron a su vez con su dinero. En el Pleno de 11 de septiembre de 1938 el Ayuntamiento decidió abrir una cuenta corriente en el Banco de Crédito de esta localidad, a nombre del Ayuntamiento con el nombre de "Retenidos", con todo el dinero incautado a los rojos, como desafectos al Régimen que acaudilla el Generalísimo Franco, y pronto en el Pleno de 11 de diciembre de 1938 decidieron que de ese dinero retenido a los rojos, se arreglase el local de la escuela de párvulos, tres dormitorios y una cocina de las monjas de San Vicente de Paúl. De la misma cuenta en el Pleno de 16 de abril de 1939, se aprobó asignar 1100 pesetas para arreglar la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor.

También los rojos perdieron sus puestos de trabajo. Joaquín Losilla Gómez, Voz Pública; Felipe Castañer García, guardián de la cárcel de partido; Joaquín Turón Turón, enterrador en el cementerio católico municipal; José Muñoz Pérez, encargado de las aguas públicas; y Pascual Monzón Carrillo, caminero de la huerta.

Todo este entramado legislativo citado anteriormente y aplicado en Híjar, convergió en la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, promulgada tras la caída del frente catalán y con el inminente triunfo definitivo de la guerra. Todo este castigo económico iba dirigido a reforzar las arcas del franquismo a costa de los considerados culpables de la guerra, y a neutralizar cualquier futura reorganización de los adversarios

Siguiendo el artículo La legalización del expolio: la represión económica franquista de Víctor Peñalver Guirao, todas las personas que se mostraron a favor del sistema republicano o habían participado en él, desde 1934 y especialmente durante el gobierno del Frente Popular, o simplemente aquellas que mostraron pasividad ante la irrupción del «Glorioso Alzamiento Nacional», fueron las víctimas de esta ley represora. La Ley vulnera principios jurídicos básicos. Entre ellos, la retroactividad: una ley promulgada en 1939 condena la actividad política –contraria a los valores de una «nueva España» que aún no existía– desempeñada a partir del 1 de octubre de 1934. La ley consideraba delictivos hechos que en el momento de producirse eran legales, rompiendo el principio de nulle crime nulle poena sine lege. Además la gran mayoría de los acusados por responsabilidades políticas habían sido condenados ya por la jurisdicción militar por los mismos hechos, vulnerando el principio jurídico non bis in ídem. Por último, a este entramado judicial fraudulento le siguen aspectos tales como la extensión de la responsabilidad penal a personas muertas, a menores de edad, exiliados, ausentes y desaparecidos, o la transmisión «a modo de herencia» de las sanciones económicas a los familiares en el caso de haber fallecido/desaparecido el condenado.

En la página del Rolde de Estudios Aragoneses, que participó en la edición del libro Pagar culpas ya citado, podemos consultar el listado por orden alfabético de las 13.422 víctimas de la represión económica en Aragón. Me referiré a algunas. A Ramón Acín, pintor, escultor y humorista gráfico, cuyo asesinato fue particularmente avieso y cruel, se había ocultado provisionalmente en su propio domicilio, pero un día oyó cómo una patrulla fascista había entrado en el piso y maltrataba a su mujer, Conchita Monrás; Acín salió espontáneamente a defenderla y fue detenido, sacado a empellones de su casa y fusilado al poco en las tapias del cementerio de Huesca. Diecisiete días después le ocurría lo mismo a su mujer, sin otra responsabilidad política que haberlo sido. Ya muerto se le impuso una multa de 20.000 pesetas por sentencia de 20-7-1938. A Odón de Buen y del Cos, naturalista español que destacó como fundador de la oceanografía español y que marchó al exilio, una multa de 10.000 pesetas. A Antonio Plano, alcalde socialista de Uncastillo (Zaragoza), torturado brutalmente antes de morir y fusilado el 5 de octubre de 1936, una multa de 25.000 pesetas por sentencia de 28-10-1937, que al no poder ser pagada por su esposa le fueron confiscados su vivienda y todos sus enseres. A José Ignacio Mantecón nombrado gobernador de Aragón en 1937 por el gobierno de la República, que se exilió a Méjico, una multa de 10 millones de pesetas por sentencia de 26-10-1938. Termino con Bernardo Aladrén, socialista y ugetista, concejal del Ayuntamiento de Zaragoza durante la II República fue asesinado el 9 de agosto de 1936. Incluso muerto, las autoridades franquistas le sometieron a un juicio en 1941, a través del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza para averiguar su comportamiento político con el objetivo de arrebatarle si tenía algún patrimonio. Su viuda rozando la miseria y sobreviviendo haciendo faenas por las casas, fue requerida sin contemplaciones varias veces a declarar ante el tribunal. Su expediente fue sobreseído por insolvencia.

Como señaló Xavier Domenech, que también es historiador, en la Comisión Constitucional del 8 de marzo pasado, el Tribunal de Responsabilidades Políticas provocó la mayor transferencia de rentas desde la desamortización de Mendizábal en la historia de España. Y mientras en los partidos políticos —y ahí reside el problema— ha habido varias leyes con las que se les ha restituido el patrimonio o se les ha indemnizado, nunca se ha planteado indemnizar también a las familias expoliadas en este periodo.

 http://www.nuevatribuna.es/opinion/candido-marquesan-millan/represion-economica-franquismo-otra-represion-cruel-gran-parte-desconocida-espanoles/20171216103048146370.html?1513511614339