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domingo, 14 de julio de 2019

Entrevista al historiador Francisco Espinosa Maestre. “Hacer de la represión franquista una guerra de cifras no tiene ningún sentido”

Enric Llopis
Rebelión

“Al contrario que en el caso de los republicanos, para los golpistas la represión constituyó la base de su acción desde el mismo 17 de julio; conscientes de que eran minoría decidieron imponerse por el terror mediante un calculado plan de exterminio efectuado pueblo a pueblo y ciudad a ciudad, que se extendió durante nueve años (1939-1945)”, escribió hace más de una década el historiador Francisco Espinosa Maestre (Villafranca de los Barros, Badajoz, 1954). Se define como un historiador crítico, que tiene entre sus referentes a Josep Fontana, E.P. Thompson y los franceses de la Escuela historiográfica de los Annales.

Francisco Espinosa es autor de La justicia de Queipo: violencia selectiva y terror fascista en la II División en 1936 (2000); La primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil (2007) y Lucha de historias, lucha de memorias. España, 2002-2015 (2015), entre otros libros. En el informe sobre la represión franquista que redactó en 2008, el historiador distinguía tres etapas: la primera (17 de julio de 1936-febrero de 1937), caracterizada como de “represión salvaje” con los llamados “bandos de guerra”; la segunda fase, entre marzo de 1937 y los primeros meses de 1945, fue la de los “consejos de guerra sumarísimos de urgencia” (tal vez se pueda percibir una disminución en el ritmo de la represión a partir de 1943, matiza Espinosa Maestre); y, en tercer lugar, la “gran oleada represiva” de finales de los años 40 y los años 50, en la que fueron eliminados decenas de guerrilleros y sus bases de apoyo. La entrevista a Francisco Espinosa tiene lugar antes de que imparta una conferencia en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València.

-La conferencia en el Fórum de Debats de la Universitat de València aborda la represión como “gran secreto” del franquismo. ¿Por qué la consideras un “secreto” y una “cuestión pendiente”?

Porque todavía seguimos sin saber la dimensión real que tuvo. Hay una documentación oculta que a estas alturas no se ha permitido que veamos. Así, en los archivos militares hay miles de documentos que están cerrados a la investigación; la documentación eclesiástica es otro fondo al que tampoco hemos podido acceder, al igual que parte de la documentación judicial o de la guardia civil y la policía.

-¿Qué recomendarías, además de paciencia, a los jóvenes investigadores?

Espero que en algún momento, que no sé cuándo será, se tome la decisión de abrir esos archivos. Pero será otra generación la que los estudie, y no –por razones de edad- quienes empezamos a finales de los 70 y principios de los 80. A ellos les tocará afrontar ese reto, cuando se tenga acceso a los archivos y los documentos; los que hayan quedado después de la quema y la destrucción que hayan llevado a cabo, que es algo que también han hecho, y es posible que aún se destruyan más.

-Pero la investigación avanza. Un reciente libro del periodista Carlos Hernández de Miguel, Los campos de concentración de Franco. Sometimiento, torturas y muerte tras las alambradas (Ediciones B, 2019) documenta la existencia de 296 campos de concentración franquistas…

Parece ser que la primera investigación realizada, la del historiador Javier Rodrigo, fue incompleta. El libro que mencionas ha ampliado los campos en un tercio, ya que se conocía la existencia de aproximadamente 200 (En el artículo “Internamiento y trabajo forzoso: los campos de concentración de Franco”, publicado en 2006 en la revista Hispania Nova, Javier Rodrigo apunta que en España hubo “más de 180 campos -104 de ellos estables- donde a los prisioneros de guerra se les internaba, reeducaba, torturaba, aniquilaba ideológicamente y preparaba para formar parte de la enorme legión de esclavos que construyeron y reconstruyeron infraestructuras estatales, como parte del castigo que debían pagar a la ‘verdadera’ España”. Nota del entrevistador).

-En el libro Violencia roja y azul: España, 1936-1950 (Crítica, 2010), del que fuiste coordinador, cifras en al menos 130.199 las víctimas de la represión franquista, pero en alguna ocasión has alertado de la “obsesión por las cifras” (“el franquismo siempre tuvo claro que el debate sobre la represión nunca debía salir del ámbito numérico”, afirmas). ¿Por qué razón?

Entrar en una batalla de cifras son ganas de perder el tiempo, se entra en un marasmo. Creo que es una discusión que no tiene sentido alguno. Lo único que nos sirve en la investigación y la reflexión es trabajar con nombres y apellidos; es esto lo que soporta todo aquello que podamos afirmar. Por ejemplo, en la ciudad de Badajoz sí podemos decir que fueron 1.400 las víctimas, pero habría que añadir que se trata de una documentación incompleta, que procede en general de los registros civiles y en estos no estaba inscrita ni la mitad de las personas que tendrían que figurar; estamos, por tanto, a la espera de tener acceso a los archivos militares que nos permitan contar con más información.

-Entre 2005 y 2010, fuiste coordinador científico del proyecto Todos los Nombres, iniciativa que promueven la CGT de Andalucía y la asociación Nuestra Memoria (Actualmente hay registradas 98.760 personas, 826 microbiografías y 1.436 documentos).

Hicimos en este caso una base de datos, de los represaliados por el franquismo en Andalucía, Extremadura y el norte de África. Introduje las investigaciones que había realizado sobre Badajoz y Huelva, después fueron añadiéndose otras muchas de gente que había hecho investigaciones locales y provinciales.

-En 2003 publicaste La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz. Llevas años investigando y escribiendo sin ejercer como docente en la universidad y, por otra parte, al margen de las grandes tribunas mediáticas. ¿Con qué problemas te has encontrado?

Te ves obligado a llevar otra ruta. Y no sólo respecto a los contenidos. Hay temas sobre los que la universidad no ha querido investigar hasta muy tarde. Cuando terminé la carrera, quise hacer la tesina e investigar sobre el golpe militar y la represión en Sevilla. En la universidad me dijeron que no había perspectiva suficiente, que tenía que pasar todavía más tiempo. Era en torno al año 80. No había vías abiertas para hacer estudios de estas características y, por tanto, tenías que hacerlos fuera. Incluso si se hacían estos trabajos tardíamente –en los años 90- también había unos límites. El cambio empezó, parcialmente, en los años 90 del siglo pasado. Pero ocurrió que todo se mezcló después con la oleada “revisionista”, dentro de la universidad también ha habido investigadores que han seguido la ruta del “revisionismo”.

-En el artículo “La memoria de la represión y la lucha por su reconocimiento” (revista Hispania Nova, 2006), escribiste: “La primera gran división que se produce tras el golpe militar del 18 de julio es la que separa a la España donde triunfa la sublevación de la España donde fracasa. Dicho de otra forma: en media España no hubo guerra civil alguna sino sólo golpe militar y represión”. ¿Destacarías algún ejemplo de represión especialmente silenciado?

Yo creo que en todas las provincias, por ejemplo en las que yo he estudiado –Huelva, Badajoz o Sevilla-, hay episodios locales, provinciales y nacionales que llamarían la atención; pequeñas historias que pueden sacarse pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, y que darían un buen campo para la difusión. Encontramos muchos casos en Huelva, en Cádiz también hay algunos ejemplos muy interesantes y en Sevilla ni te cuento…

-Por otra parte, ¿a qué obedece tu polémica con el catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político, Santos Juliá, colaborador del diario El País desde 1980? ¿Y con otros escritores?

Lo que hubo, en el caso de Santos Juliá, creo que fue simplemente soberbia por su parte. Mi escrito fue una crítica ante la actitud despreciativa que tenía respecto a las investigaciones de la represión. Como él tenía púlpitos y su opinión se difundía ampliamente, creí conveniente responderle. Y marcarlo también a él como una persona contradictoria. Esto no le debió gustar nada, a pesar de que lo único que utilicé fueron datos objetivos. La respuesta fue la de una persona prepotente; no respondió a las cuestiones que se plantearon (las críticas de Francisco Espinosa Maestre están expuestas en el artículo “De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar”, publicado en 2007 en la revista Hispania Nova. Nota del entrevistador). En cuanto a los escritores Javier Cercas, Andrés Trapiello y Antonio Muñoz Molina, se trata simplemente de que uno está ya cansado de que, dada la trascendencia que tienen por lo mediáticos que son y el apoyo que reciben de grupos potentes como PRISA, vayan de historiadores. Y uno se harta. No se conforman con ser novelistas. En el caso de Cercas, la cuestión viene de una novela que hizo –El monarca de las sombras (2017)- y en la que quería “salvar” a su tío abuelo, que era un fascista cualquiera.

-Fuiste autor, en 2008, del “informe sobre la represión”, unido a la causa abierta por el juez Garzón sobre los crímenes del franquismo. Hay historiadores que, por el contrario, consideran que la llamada “memoria histórica” implica una politización de la historia y, además, enlodarla en polémicas poco rigurosas. ¿Estás de acuerdo?

Es la actitud que ha tenido la academia y la universidad ante el reto que les supuso el boom de la memoria. Algunos lo han dicho claramente: la memoria fue una losa que se les vino encima; de hecho, les obligaba a salirse de su “sitio”, de la fortaleza que son las universidades, para tener que entrar en el ámbito público. Y entrar, además, en un terreno que a la mayoría no les apetecía. El caso es que, para cualquiera que sepa un poco de Historia, la memoria es un recurso más de la Historia. Hay terrenos en los que la historia no entra –porque no existe documentación de todo- y sin embargo los testimonios orales resultan muy válidos e interesantes. Sin ellos, no tendríamos la información. Así ocurre en todo lo referente a prisiones, torturas o violaciones, hechos que sucedieron en aquella época de manera frecuente y no los encuentras reflejado en los documentos.

-¿Son compatibles el rigor científico y el compromiso del historiador a la hora de investigar?

Me parece simplemente que la historia debe ser rigurosa y objetiva, pero no imparcial. Todos tenemos ideología.

-Se habla de la excepcionalidad española en cuanto a la pervivencia de la dictadura y sus consecuencias; ¿se idealiza, en ese caso, la ruptura de Italia y Alemania –después de 1945- con el fascismo y el nazismo?

La singularidad de España viene ya marcada por el modelo de Transición, por una dictadura que duró 40 años y porque tenemos una derecha que no ha roto y continúa unida ideológicamente al franquismo; por otro lado, tenemos un centro izquierda, que sería el PSOE, que no va más allá de 1978. Ninguno de los dos partidos tiene interés en reivindicar la II República o los valores que quedan de lo que representó la República.

-Una de las polémicas (políticas) recientes es la decisión del gobierno del PSOE de exhumar, del Valle de los Caídos, los restos del dictador. ¿Eres partidario de esta medida? ¿Y respecto a las 34.000 personas allí enterradas?

Creo que los restos de Franco habría que sacarlos, no deberían estar en el Valle de los Caídos. Y en cuanto a los restos de todos los demás, sacarlos también del “mamotreto” aquel y darles una sepultura digna, como a cualquier otra persona. Respecto al Valle de los Caídos, es tal el dinero que cuesta mantenerlo anualmente –y con las temperaturas que hay en aquel roquedal- que lo más lógico me parece abandonarlo a su suerte. ¿Convertirlo en un lugar para la memoria de las víctimas? No le veo sentido alguno a esa propuesta, creo que no podrá ser nunca un “lugar de memoria” de nada. Aquello es, por lo visto, un caos total, los huesos están fuera y las cajas rotas, la gente que lo ha visto pinta un panorama terrible… Por tanto, los restos que se puedan sacar e identificar, que se identifiquen, y los que se puedan entregar a los familiares, que se proceda; y al resto, que se les pueda dar una sepultura digna en algún otro sitio.

-Algunos investigadores apuntan que 20.000 presos políticos participaron en las obras de construcción del Valle. ¿Cómo has observado el litigio respecto a la exhumación del dictador?

El hecho de que sea la familia de Franco la que esté provocando el retraso en la resolución, adoptada por el Congreso de los Diputados, de sacar a Franco del Valle de Cuelgamuros ya me parece una anomalía total. Que además el Tribunal Supremo suspenda la exhumación porque pudiera haber consecuencias para los recurrentes y para el interés público, creo que es una cosa rara e impropia de un país democrático.

-Por último, el auto del Tribunal Supremo que decidió la suspensión cautelar de la exhumación consideró a Franco jefe del Estado desde octubre de 1936, cuando esa fecha ejercía Manuel Azaña como presidente de la República. ¿Se trata de un error?

Me parece simplemente que los jueces que han escrito ese auto son de ideología franquista. Ellos y mucha gente más, que se sienten dentro de la onda franquista, consideran que Franco era el jefe de Estado el 1 de octubre de 1936.

martes, 8 de enero de 2019

_- Haití se levanta contra la corrupción, el nepotismo, la represión y la impunidad.

_- Jean-Luc Mercier
Rebelión

El domingo 18, día de la movilización en Haití contra la corrupción, el nepotismo y la impunidad y para exigir la rendición de cuentas por el despilfarro de los fondos de Petrocaribe, causó once muertes, 47 heridos y 75 arrestos en la capital y en varias ciudades provinciales.

Petrocaribe es un programa de asistencia creado en 2005 por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela para ofrecer petróleo a precio subsidiado para los países del Caribe. Los recursos obtenidos por Haití a través de Petrocaribe debían ser invertidos en obras de infraestructura, así como en proyectos económicos y sociales.Sin embargo, varias auditorías realizadas hasta ahora no han logrado determinar el destino de tres mil 800 millones de dólares, parte de esos fondos.

Ese día estuvo doblemente marcado por la conmemoración del 215 aniversario de la Batalla de Vertières y la movilización popular en torno al tema Petrocaribe, que también exige la salida requerida del presidente Jovenel Moïse.

Las protestas llevaron al gobierno haitiano a desplegar el domingo más de 3.000 agentes policiales. Grupos de la oposición convocaron manifestaciones en diferentes zonas de la capital, Puerto Príncipe, y en la norteña Cabo Haitiano en demanda de una investigación profunda sobre el presunto desvío de fondos millonarios del programa petrolero Petrocaribe.

Con pancartas en las que reclamaban se averigüe el paradero de unos 3.800 millones de dólares de Petrocaribe , miles de personas marcharon frente al Palacio Nacional en Puerto Príncipe, se dirigieron a la sede del Parlamento y recorrieron el populoso barrio de Delmas, donde se les unían más manifestantes.

Según una investigación del Senado, al menos 14 exfuncionarios estuvieron vinculados al desvío de los fondos durante el gobierno del expresidente Michel Martelly (2011-2016) y ninguno ha sido procesado judicialmente.

El exsenador Moïse Jean-Charles, quien encabezó las protestas en Cabo Haitiano, 130 kilómetros al norte de la capital, también pidió la renuncia del presidente Jovenel Moïse y de su gobierno por considerar que se han negado a profundizar la investigación. Moïse canceló el domingo el viaje que tenía previsto junto a los miembros de su gabinete a Cabo Haitiano para conmemorar el 215 aniversario de la batalla de Vertieres, la cual representó el último paso de los haitianos para obtener su independencia de Francia.

Los inconformes bloquearon varias calles con basura y neumáticos en llamas que emitían un denso humo negro, el cual cubrió gran parte de Puerto Príncipe durante la tarde. La mayoría de los negocios permanecieron cerrados y el transporte colectivo dejó de operar. El transporte público y el comercio informal quedaron completamente paralizados.

Grupos opositores, como la coalición Sector Democrático y Popular, aprovecharon la protesta para pedir la renuncia del presidente, Jovenel Moise e instaron a seguir paralizando las actividades, hasta la renuncia del mandatario.

Haití vive una fuerte crisis económica y la moneda nacional, el gourde, está en caída libre frente el dólar, mientras la inflación se sitúa en el 14 % cada mes desde el inicio del año, y hay un alto índice de desempleo. Uno de los principales problemas, que causa resentimiento en la población, es el de los privilegios y la impunidad de las fuerzas de la ONU, Minustah. Son 7.000 soldados de Argentina, Brasil, Uruguay y otros países, que -según las denuncias de los movimientos sociales- roban a la gente, violan a las mujeres y niños y les contagian enfermedades, y todo ello sin ningún castigo.

Estas circunstancias, sumadas al escándalo de corrupción de Petrocaribe, han generado en una parte importante de la población total desconfianza en la capacidad del actual régimen para mejorar la situación.

El Parlamento haitiano publicó en 2017 un informe en el que involucra a exfuncionarios, del partido actualmente en el poder, en irregularidades en el uso de los fondos de Petrocaribe, pero hasta ahora nadie ha sido procesado por este caso, en el que se desviaron más de 2.000 millones de dólares, según una investigación del Senado.

El líder opositor Moise Jean Charles afirmó ayer en Cabo Haitiano, en declaraciones a la prensa, que solo con la salida del presidente Jovenel Moise del poder habrá un juicio por el caso de Petrocaribe.

El presidente-banana
Jovenel Moïse, quien triunfó en los comicios nacionales de su país en octubre de 2015 y noviembre de 2016, este martes fue nombrado presidente electo por el Consejo Electoral Provisional de Haití. Entonces, la crisis política que atravesaba la nación caribeña ocasionó que la declaratoria del vencedor se pospusiera por más de un mes.

De acuerdo al Consejo Electoral haitiano, Moïse, del partido de derecha Tet Kale se impuso con el 55,6% de los votos en los comicios del 20 de noviembre de 2016. En segundo lugar quedó Jude Célestin, de la Liga Alternativa para el Progreso y Emancipación de Haití, con 19,5% del caudal electoral.

La declaratoria se produjo después de semanas de incertidumbre, denuncias de fraude de parte de partidarios de Célestin y protestas de seguidores de Moïse que reclamaban que sea nombrado presidente electo. El Consejo Electoral señaló, luego de un recuento, que en la votación hubo irregularidades pero no el "fraude masivo" denunciado.

La victoria de Moïse de octubre de 2015 también había sido impugnada y finalmente anulada tras violentos disturbios. Tan solo el 21% de los ciudadanos habilitados para votar acudieron a las urnas en noviembre de 2016.

Moïse, de 49 años, es un empresario que proviene del distrito rural de Trou-du-Nord, en el departamento Nordeste de Haití. Estudió ciencias de la educación en la Universidad de Quisqueya, en la capital Puerto Príncipe, considerada como el mejor centro académico privado de Haití.

"En 1996 deja la capital y se traslada a la comuna de Port-de-Paix (en el departamento Noroeste) con el ardiente sueño de desarrollar el interior del país", se puede leer en la biografía de su sitio web oficial, donde se detalla que sus primeros movimientos empresariales estaban relacionados con la venta de partes de autos y después comenzó el cultivo de bananas.

Sus emprendimientos le valieron llegar a ser, en menos de una década, secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití. Además del rubro de la exportación de bananas, Moïse tiene proyectos empresarios relacionados a la generación de energía eólica y solar y otros negocios relacionados con la agricultura.

Una de sus cartas de presentación durante la campaña electoral haitiana fue su origen en un distrito rural. Su segunda bandera es el éxito que logró en algunas de sus iniciativas empresariales, y así fue que pudo llegar al electorado haitiano de las regiones con mayores dificultades económicas poniéndose a él mismo como un "ejemplo de éxito posible".

Es más, durante la campaña aprovechó el sobrenombre por el que muchos le llaman en su país: "el hombre banana". Su llegada a la política fue posible gracias al apoyo del expresidente haitiano Michel Martelly (2011-2016) y el partido de derecha Tet Kale. Es la primera vez que Moïse ocupa un cargo público en su vida. Martelly, quien además es uno de los músicos más conocidos en Haití, dejó el mando de su país en medio de varias denuncias de corrupción y acusaciones de sus adversarios políticos.

Tras un fin de año marcado por protestas en las calles y denuncias de fraude, Moïse pidió a los haitianos que "pasen la página". La inestabilidad política lleva mucho tiempo afectando a la economía de un país que ya antes de las elecciones de 2015 era el más pobre de América. Más del 60% de las personas que viven en Haití sobreviven con menos de dos dólares al día, de acuerdo a los reportes de Naciones Unidas.

Más de la mitad de la población haitiana es analfabeta y el 90% de la educación está en manos privadas sin posibilidades de acceso para la mayor parte de la población. El desempleo es del 80%. La situación social es también muy desigual. El 95% de la población es negra sin embargo existe una discriminación manifiesta tanto lingüística como por el color de la piel. La discriminación se hace notar sobre todo en la distinción entre campo y ciudad. Depende de donde nazcas serás campesino o ciudadano, esto está totalmente interiorizado. Los mulatos conforman el 5% restante y controlan todo el país.

El interés estratégico de Haití en medio del Caribe hace que nada pueda hacerse sin el consentimiento y la supervisión de los EEUU. En este sentido las intervenciones han sido constantes. “Ya en 1986 Haití producía arroz suficiente para alimentar a toda la población. Con la llegada de las políticas neoliberales se bajaron los aranceles de importación del 30% al 2% y el arroz pasó a ser tan barato que los agricultores no pudieron competir con el arroz que se importaba de EEUU y se marcharon a la capital como desplazados internos por esta violencia económica", señala Gulin Bonhomme, profesor haitiano e investigador para la paz

Siete años después de que un devastador terremoto mató a más de 200.000 personas en enero de 2010, unos 55.000 haitianos siguen en campamentos improvisados con condiciones de vida extremadamente pobres, según la Organización Internacional para las Migraciones. Y las esperanzas de recuperación económica se vieron afectadas todavía más a principios de octubre de 2016 por el huracán Matthew, que dejó daños estimados en más de 2.000 millones de dólares.

Las políticas del FMI
Ya el 6 de julio, Haití había sido escenario de protestas en rechazo al aumento en los precios de la gasolina, el petróleo y el kerosene, una medida acordada en febrero entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ante la violencia, la medida fue revertida al día siguiente y el presidente Jovenel Moïse llamó a la población a regresar a sus hogares.

Sin embargo, las protestas continuaron y han dejado al menos tres muertos, así como daños a edificios gubernamentales, comercios, hoteles y oficinas de negocios. Los disturbios ocurrieron en la capital Puerto Príncipe, en la ciudad Cap-Haitien y en las comunas de Les Cayes, Jacmel y Petit-Goave.

Las protestas y el descontento social en el país por los ajustes exigidos por el FMI hicieron que el primer ministro haitiano, Jack Guy Lafontant, presentara su renuncia el 14 de julio.

Ayuda "humanitaria"
La medida de "ajuste" del FMI implicaba el aumento de la gasolina en 38%, del diésel en 47% y el del kerosene,utilizado por la mayoría de los haitianos para alumbrar sus casas, debido a que no tienen electricidad, en 51%..

Se trataba de un acuerdo de "ayuda humanitaria" entre el Gobierno de Haití y el FMI, realizado sin el consentimiento de la población, como parte de un programa de ajustes, cuyo propósito era poner fin a los subsidios que tienen los productos derivados del petróleo bajo el pretexto de reducir el déficit presupuestario gubernamental y "estabilizar" la economía.

La deuda de Haití con el FMI dio un salto tras el terremoto de 2010, que dejó al menos 222 mil 570 fallecidos, 1,5 millones de personas en la indigencia y pérdidas materiales calculadas en 7.900 millones de dólares. Se trató de un "préstamo" de 114 millones de dólares que debía empezar a ser reembolsado tras un período de cinco años y medio.

Las ONGs
Las promesas de la comunidad internacional se hicieron esperar y se prometieron 16 mil millones de dólares para la reconstrucción de Haití, un dinero que acabó en manos de las ONGs, nunca repercute en el país. “Es el país de las ONGs, con más de 14 mil, en una nación pequeña de nueve millones. Las ONGs hacen sus proyectos y nadie los controla. De los 10 mil millones de dólares que llegaron de la ONU la mayor parte fue para las ONGs que nunca transfieren competencias a los haitianos, sino que los colocaron en una situación de dependencia, pasividad y desamparo, indica Bonhomme.

Haití se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de las ONGs que acuden como moscas. Nadie sabe a ciencia cierta cuantas ONGs hay, ni lo que hacen, o en que se gastan los fondos. La duplicación de servicios y la ingente acumulación de material sin utilizar es prácticamente la norma. Sólo 300 están inscritas, así que hay cientos que actúan sin control alguno. La mayoría de ellas son cajas negras que nadie supervisa.

El británico David Harvey sostiene que las ONGs son los caballos troyanos de la globalización neoliberal, mientras que Ricardo Seitenfus afirma que “hay una relación causa-efecto entre la infelicidad de los haitianos y la felicidad de las ONGS y el peligro más grande que afrontamos ahora es la ‘oenegización’ del país. Haití nunca estuvo tan debilitado como ahora y le toca dialogar y aceptar muchas cosas pero hay una relación perversa entre la debilidad del estado haitiano y la fuerza de las ONGS en el país”

El capitalismo tiene la habilidad de mercantilizarlo todo. Dónde hay una necesidad que cubrir cabe la posibilidad de traficar, montar negocios y sacar pingues beneficios. La enfermedad, la educación, el sexo, la paternidad, el deporte, el reposo, respirar aire libre, el arte... ¿ Por qué no traficar con la compasión?, señala el Servicio Informático Ecuménico y Popular.

La mercantilización de las ONGs significa que el centro de atención de los traficantes de ayuda deja de ser “los damnificados”. Todo mercado capitalista genera en sus operadores una ineludible necesidad de crecer y ganar cota en un medio cada vez más competitivo. El centro de atención pasa a ser “los donantes”. Se trata de ofrecer “un producto humanitario” cada vez más atractivo y “venderlo” utilizando sofisticadas técnicas de marketing.

Para ello es preciso contar con técnicos y directivos experimentados. El periódico español El País dedicó una página entera al tema en enero de 2011 con el título “Profesionales de la solidaridad”, un sector que ocupa en España a 529.000 empleados remunerados (y mucho incauto mal remunerado). Cita sin desparpajo el caso ejemplar de un dinámico economista, con larga experiencia como director de ventas de Procter & Gamble, que ha sido fichado por una ONG fundada por un magnate de la banca. Cada vez son más concurridos los cursos y postgrados de especialización en ONGs impartidos por escuelas de negocios.

En muchos casos se trata de verdaderas corporaciones multinacionales con oficinas abiertas en paraísos fiscales para “gestionar” los cuantiosos fondos que reciben al margen de las onerosas regulaciones fiscales de los “gobiernos”. 77 ONGs están siendo investigadas por tales prácticas.

Las autoridades de Haití se vieron en la obligación de abrir una investigación contra todas las ONG en el país tras el escándalo de Oxfam, cuyo equipo se vio involucrado en casos de explotación y abuso sexual, negligencia y nepotismo en 2011 en la isla, según informó el ministro de Planificación y Cooperación Externa haitiano, Aviol Fleurant. El presidente Moise, aseguró que el caso de Oxfam solo es la punta del "iceberg" y reclamó que se investigara también a otras ONG como Médicos Sin Fronteras (MSF).

Tras el terremoto, el país también sufrió una epidemia de cólera, de la cual es acusado el personal de paz de Naciones Unidas. La enfermedad mató a más de ocho mil personas y más de 650 mil se enfermaron. A esta catástrofe se unieron los huracanes Matthew e Irma en 2016 y 2017, tras los cuales miles de personas siguen viviendo en campamentos.

El terremoto sirvió de excusa para una nueva intervención "humanitaria" de Estados Unidos en Haití, donde años antes, entre 1951 y 1986, fue responsable de implementar la dictadura de los Duvalier para controlar y saquear los recursos naturales de la isla. Esta calamidad que atravesaba el país también abrió la oportunidad para la "ayuda humanitaria" de la ONU, que tomó el control de la isla con la misión MINUSTAH (7 mil soldados y policías).

La intervención extranjera terminó siendo un fraude económico, pues mientras el país seguía sufriendo las consecuencias del terremoto, millones de dólares en "ayuda humanitaria" de Occidente no llegaron nunca a la población. Casi el 9% de este financiamiento quedó en fundaciones y organizaciones no gubernamentales extranjeras, entre ellas la Fundación Clinton.

La deuda externa de Haití se estima en unos 890 millones de dólares, de los cuales el 41% corresponde al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su mayor acreedor, y el 27% al Banco Mundial (BM).

Jean-Luc Mercier. Sociólogo haitiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

miércoles, 27 de diciembre de 2017

La represión económica del Franquismo. Otra represión cruel y en gran parte desconocida por los españoles. Profesor de Secundaria. Zaragoza, Cándido Marquesán Millán.

Es lamentable que una parte de la sociedad española ignore los crímenes del franquismo o le resultan irrelevantes. Hay razones. En la enseñanza de los colegios e institutos, períodos claves de nuestra Historia del siglo XX como la II República, la Guerra Civil y la dictadura franquista reciben un tratamiento escaso. El profesor Enrique Javier Díez Gutiérrez en el artículo Educando la memoria de las jóvenes generaciones: el olvido escolar de la II República y de la barbarie franquista, nos dice que en el documental Los campos del silencio sobre los presos republicanos, la última parte se grababa en el Instituto de Secundaria de Fabero del Bierzo (León), por lo que preguntó a un grupo de alumnos/as sobre el campo de concentración que había estado ubicado en su pueblo, donde hubo un batallón de unos 250 presos republicanos, de 1939 a 1947, trabajando como esclavos para una empresa privada (Minas Moro) y extrayendo carbón en las minas del Bierzo. La existencia de tal campo la desconocían, y eso que algunos de sus abuelos habían estado ahí presos. Hay muchos responsables de este olvido lamentable. Veremos algunos en estas líneas.

En esa filosofía del olvido, el vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, espetó: «Hay que olvidar la Historia», justo el 20-N, cuando se conmemora el aniversario de la muerte de Franco. ¡Qué obsesión con olvidar nuestra Historia! Lo grave es que ese pensar y sentir están muy extendidos en una parte importante de la sociedad española. Hace unos días lo pude comprobar: un señor aducía encolerizado “Ya está bien de sacar la mierda”, cuando alguien le argumentaba de la necesidad de enterrar dignamente a muchos de los republicanos asesinados y que permanecen en las cunetas. Hoy mismo acabo de leer un artículo excelente y pleno de valores éticos, que me parece muy oportuno, del profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, Juan Manuel Aragües, con un título muy explícito España no es Argentina, donde nos señala, no hace falta excesivo comentario para poner de manifiesto la distancia que existe entre España y Argentina. Allí, el dolor de las víctimas es recompensado con justicia reparadora; aquí, al dolor de las víctimas se añade la imposición del silencio.

Es de dominio común, salvo para algunos olvidadizos y desconocedores del auténtico significado de una democracia, que la dictadura de Franco ejerció una represión brutal sobre todos aquellos que lucharon en el bando republicano. Esta represión que supuso exilio, cárcel, torturas y muertes para cientos de miles de españoles, ha sido estudiada en gran parte por algunos historiadores valientes. En Aragón tenemos un buen ejemplo en el libro El pasado oculto: Fascismo en Aragón (1936-1939) publicado en 1992, dirigido por Julián Casanova, con las historiadoras Ángela Cenarro, Julita Cifuentes, Mª Pilar Maluenda y Mª Pilar Salomón, donde pudimos conocer por primera vez y que supuso un aldabonazo en muchas mentes adormecidas, un listado de muchos aragoneses asesinados por el fascismo. Puedo contar la anécdota de cómo se le arrasaban los ojos a un amigo, cuando le presté este libro, y pudo leer por primera vez escrito el nombre de su padre asesinado por los fascistas.

Ha existido otro tipo de represión económica, prácticamente desconocida para gran parte de la sociedad española. Hoy podemos conocerla en Aragón también gracias al libro Pagar culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945) de 2014 dirigido por Julián Casanova y Ángela Cenarro, y de los jóvenes historiadores Estefanía Langarita, Nacho Moreno e Irene Murillo.

Sancionar económicamente a los vencidos tuvo cobertura legal y respondía a un plan sistematizado con objetivos concretos. El Decreto 108 de 13 de septiembre de 1936 de la Junta de Defensa Nacional declara la ilegalidad de todos los partidos políticos que integraban el Frente Popular y se inician las incautaciones de todos sus bienes. Luego, el Decreto de 12 de noviembre de 1936, por el que se deja sin validez y se incautan las pesetas republicanas, el llamado «dinero rojo», dejando a las familias en la más absoluta ruina. Unos meses después el Decreto-Ley de 10 de enero de 1937 puso en marcha la Comisión Central de Bienes Incautados, encargada de confiscar los bienes de fortuna de los republicanos de los territorios conquistados.

Quiero reflejar esta represión económica, impuesta a los republicanos “Rojos” en Híjar, pueblo de la provincia de Teruel. Las grandes síntesis históricas no podrían realizarse sin investigaciones de historia local, comarcal o regional. Para ello me he servido del Libro de Actas Municipales. La conquista del pueblo por las tropas fascistas fue en marzo de 1938, después de haber sometido a la población a unos dramáticos bombardeos por la Legión Cóndor.

En el Pleno municipal de 24 de abril de 1938 se decidió que debían juntarse en un local los colchones y las máquinas recuperadas en Híjar a los rojos huidos, por ser estos objetos de difícil asignación para su dueño, ser de primera necesidad y muy codiciados por todos. En el Pleno de 8 de mayo de 1938 decidieron recoger todas las máquinas, trillos, arados, atalajes de labranza y demás enseres que estaban abandonados por los rojos en las eras, fincas y torres de este término municipal y depositarlos en un local de la carretera propiedad de un terrateniente. Del mismo modo acordaron colocar en la puerta de los pajares de los huidos rojos de esta localidad un letrero que dijera: "Incautado por el Ayuntamiento y prohibida la entrada a toda persona no autorizada por el mismo”, procediéndose a su cierre. A su vez cualquier vecino que quisiera paja de estos pajares debía pagar 5 pesetas por viaje al Ayuntamiento. En el Pleno de 1 de mayo de 1938 se tomó la decisión de repartir los objetos recuperados, en primer lugar a los familiares de los fusilados (al inicio de la guerra los hubo en la localidad por parte de las columnas anarquistas) y pobres de solemnidad; y después a aquellos individuos que, a juicio del Ayuntamiento, por su conducta política durante el actual movimiento fueran más acreedores de obtener beneficios de dicho reparto, acordando se hiciera relación de los bienes entregados a cada uno y nombrar para ello a un concejal, al alguacil y al secretario. En el Pleno de 15 de mayo de 1938, se leyó por parte del Alcalde el contenido de la Ley inserta en el Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza nº 108, (durante unos meses estuvo dependiendo Híjar de la administración de Zaragoza) sobre recuperación agrícola de los productos de la tierra de aquellas fincas abandonadas por los rojos de la localidad, por la cual se debía constituir una Comisión, integrada por el Alcalde como Presidente, un Secretario que será el del Ayuntamiento; y, como vocales, un representante de F.E.T. y de las J.O.N.S., un agricultor y un práctico de campo nombrado por el Ayuntamiento. En el Pleno del 11 de septiembre de 1938 se aprobó que se debía pagar, a partir del 1º de octubre próximo, por los actuales inquilinos, el alquiler de la casa que habitasen y que había sido abandonada por individuos rojos de esta villa, cuyo alquiler sería impuesto por una Comisión del Ayuntamiento, que revisaría el estado actual en que se encontrase cada uno de los edificios expresados; debían hacer lo mismo con los pajares de los rojos. En el Pleno de 22 de mayo de 1938 se adjudicó al vecino José Pitarque Pina, tras haberlo solicitado, el borrico del rojo huido Francisco Monzón Gómez.

Los rojos, también pagaron con su trabajo gratuito. El 11 de septiembre de 1938 el Ayuntamiento decidió que la limpieza y arreglo de los locales de las escuelas de párvulos del edificio de las hermanas de San Vicente de Paúl de esta villa, se hiciera con cargo al presupuesto municipal, a fin de que pudieran dar clase, y que, a ser posible, se emplease gente roja para proceder a la limpieza de toda la casa de las monjas, sita en la calle Otal, no pagando cantidad alguna a estas gentes. El 23 de octubre de 1938 se decidió que la leña que el Ayuntamiento facilita para la cocina de Auxilio Social de esta villa, la trajeran del Pinar los individuos clasificados como no afectos al Glorioso Movimiento Nacional de esta villa.

El 26 de marzo de 1939 se decidió que la limpieza de los solares particulares de los escombros producidos por la aviación (la franquista) la llevasen a cabo los rojos. El 9 de abril de 1939 para la construcción del Monumento a los Caídos se decidió que debían presentarse a trabajar los rojos durante 15 días, quedando además a elección del Ayuntamiento el poder mandar a dichos individuos mayor número de días en la limpieza de la localidad, si lo estimaba necesario.

Los rojos pagaron a su vez con su dinero. En el Pleno de 11 de septiembre de 1938 el Ayuntamiento decidió abrir una cuenta corriente en el Banco de Crédito de esta localidad, a nombre del Ayuntamiento con el nombre de "Retenidos", con todo el dinero incautado a los rojos, como desafectos al Régimen que acaudilla el Generalísimo Franco, y pronto en el Pleno de 11 de diciembre de 1938 decidieron que de ese dinero retenido a los rojos, se arreglase el local de la escuela de párvulos, tres dormitorios y una cocina de las monjas de San Vicente de Paúl. De la misma cuenta en el Pleno de 16 de abril de 1939, se aprobó asignar 1100 pesetas para arreglar la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor.

También los rojos perdieron sus puestos de trabajo. Joaquín Losilla Gómez, Voz Pública; Felipe Castañer García, guardián de la cárcel de partido; Joaquín Turón Turón, enterrador en el cementerio católico municipal; José Muñoz Pérez, encargado de las aguas públicas; y Pascual Monzón Carrillo, caminero de la huerta.

Todo este entramado legislativo citado anteriormente y aplicado en Híjar, convergió en la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, promulgada tras la caída del frente catalán y con el inminente triunfo definitivo de la guerra. Todo este castigo económico iba dirigido a reforzar las arcas del franquismo a costa de los considerados culpables de la guerra, y a neutralizar cualquier futura reorganización de los adversarios

Siguiendo el artículo La legalización del expolio: la represión económica franquista de Víctor Peñalver Guirao, todas las personas que se mostraron a favor del sistema republicano o habían participado en él, desde 1934 y especialmente durante el gobierno del Frente Popular, o simplemente aquellas que mostraron pasividad ante la irrupción del «Glorioso Alzamiento Nacional», fueron las víctimas de esta ley represora. La Ley vulnera principios jurídicos básicos. Entre ellos, la retroactividad: una ley promulgada en 1939 condena la actividad política –contraria a los valores de una «nueva España» que aún no existía– desempeñada a partir del 1 de octubre de 1934. La ley consideraba delictivos hechos que en el momento de producirse eran legales, rompiendo el principio de nulle crime nulle poena sine lege. Además la gran mayoría de los acusados por responsabilidades políticas habían sido condenados ya por la jurisdicción militar por los mismos hechos, vulnerando el principio jurídico non bis in ídem. Por último, a este entramado judicial fraudulento le siguen aspectos tales como la extensión de la responsabilidad penal a personas muertas, a menores de edad, exiliados, ausentes y desaparecidos, o la transmisión «a modo de herencia» de las sanciones económicas a los familiares en el caso de haber fallecido/desaparecido el condenado.

En la página del Rolde de Estudios Aragoneses, que participó en la edición del libro Pagar culpas ya citado, podemos consultar el listado por orden alfabético de las 13.422 víctimas de la represión económica en Aragón. Me referiré a algunas. A Ramón Acín, pintor, escultor y humorista gráfico, cuyo asesinato fue particularmente avieso y cruel, se había ocultado provisionalmente en su propio domicilio, pero un día oyó cómo una patrulla fascista había entrado en el piso y maltrataba a su mujer, Conchita Monrás; Acín salió espontáneamente a defenderla y fue detenido, sacado a empellones de su casa y fusilado al poco en las tapias del cementerio de Huesca. Diecisiete días después le ocurría lo mismo a su mujer, sin otra responsabilidad política que haberlo sido. Ya muerto se le impuso una multa de 20.000 pesetas por sentencia de 20-7-1938. A Odón de Buen y del Cos, naturalista español que destacó como fundador de la oceanografía español y que marchó al exilio, una multa de 10.000 pesetas. A Antonio Plano, alcalde socialista de Uncastillo (Zaragoza), torturado brutalmente antes de morir y fusilado el 5 de octubre de 1936, una multa de 25.000 pesetas por sentencia de 28-10-1937, que al no poder ser pagada por su esposa le fueron confiscados su vivienda y todos sus enseres. A José Ignacio Mantecón nombrado gobernador de Aragón en 1937 por el gobierno de la República, que se exilió a Méjico, una multa de 10 millones de pesetas por sentencia de 26-10-1938. Termino con Bernardo Aladrén, socialista y ugetista, concejal del Ayuntamiento de Zaragoza durante la II República fue asesinado el 9 de agosto de 1936. Incluso muerto, las autoridades franquistas le sometieron a un juicio en 1941, a través del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza para averiguar su comportamiento político con el objetivo de arrebatarle si tenía algún patrimonio. Su viuda rozando la miseria y sobreviviendo haciendo faenas por las casas, fue requerida sin contemplaciones varias veces a declarar ante el tribunal. Su expediente fue sobreseído por insolvencia.

Como señaló Xavier Domenech, que también es historiador, en la Comisión Constitucional del 8 de marzo pasado, el Tribunal de Responsabilidades Políticas provocó la mayor transferencia de rentas desde la desamortización de Mendizábal en la historia de España. Y mientras en los partidos políticos —y ahí reside el problema— ha habido varias leyes con las que se les ha restituido el patrimonio o se les ha indemnizado, nunca se ha planteado indemnizar también a las familias expoliadas en este periodo.

 http://www.nuevatribuna.es/opinion/candido-marquesan-millan/represion-economica-franquismo-otra-represion-cruel-gran-parte-desconocida-espanoles/20171216103048146370.html?1513511614339

domingo, 2 de julio de 2017

_- Un libro corrige a Pérez-Reverte y su versión "neutral" de la guerra civil para jóvenes.

_«¡Las historias de la guerra suenan tan distintas según
quién las cuenta! Los libros hablan siempre de batallas, de
fuerzas, de armas, de ayuda internacional, de frentes y de todas
esas cosas. Están escritos por los que dirigieron la guerra
o por otros que toman como fuentes los papeles de los que
dirigieron la guerra.
Pero luego hablas con los que la vivieron como soldados
o con los que la sufrieron sin combatir y te cuentan cosas que
parecen tratar de otro tema: es como si la guerra que cuentan
unos y la que cuentan otros fueran guerras distintas».

Severino Pallaruelo, Papeles de la guerra1



-¿Qué fue la llamada guerra civil? Nuestra historia contada a los jóvenes es una réplica a la obra publicada por Arturo Pérez-Reverte que dibuja una guerra entre "hermanos"

- Carlos Fernández y Silvia Casado copian el mismo formato de novela gráfica para rebatir las verdades que "silencia" el novelista con un relato de "víctimas y verdugos"

Arturo Pérez-Reverte vende en La guerra civil contada a los jóvenes una versión, según él, "objetiva" de la historia reciente de España. La guerra española, como un enfrentamiento entre "hermanos". Pero este relato equidistante chirría, según la historiadora Silvia Casado Arenas y el filósofo Carlos Fernández Liria, que han replicado al escritor con su propio libro también en formato cómic: ¿Qué fue la guerra civil? Nuestra historia explicada a los jóvenes. Porque sí hubo "víctimas y verdugos".

Los autores de la obra replicante explican que Reverte, con su "visión neutral", ahonda en la idea del "todos fueron iguales", "silencia muchas verdades" y peca de falsa "equidistancia".

Y como "es importante no perder la batalla cultural de la memoria histórica", Silvia Casado y Carlos Fernández han editado un libro "idéntico en su forma editorial" al de Reverte pero más completo y crudo en el contenido. ¿Qué fue la guerra civil? (Akal, 2017) tiene la "clara intención", sostienen, de reivindicar con otra memoria colectiva y corregir el "peligroso" escenario dibujado por La guerra civil contada a los jóvenes (Alfaguara, 2015).

Reverte dice que escribe "sin clichés partidarios ni etiquetas fáciles" sobre la "espantosa" guerra que enfrentó "al hermano contra el hermano", según introduce en el prólogo del libro. Con él, asegura querer "evitar que tan desoladora tragedia vuelva a repetirse nunca".

Sin embargo, los autores de la réplica señalan que en realidad está "descontextualizando históricamente las causas políticas", como si la guerra civil fuera "un fenómeno natural inevitable", apunta Casado. "Ser equidistante cuando se trata de víctimas y de verdugos, consiste en identificar a las primeras y señalar a los segundos", remata Fernández.

Cómo narrar los acontecimientos es la diferencia radical entre ambos libros. Las causas del golpe de Estado, los actores que lo ejecutan, la represión y el ejercicio del terror... o la llegada de la democracia, una "decisión personal" del rey Juan Carlos, según Arturo Pérez-Reverte. Con formato calcado de novela gráfica, la obra del novelista está ilustrada por Fernando Vicente y la réplica, por David Ouro.

Este medio ha intentado, sin éxito, obtener declaraciones de Pérez-Reverte sobre la polémica en torno a su libro y la obra que le responde. Analizamos las diferencias entre ambos libros en cinco claves.

Actores y causas del golpe de Estado
Pérez-Reverte describe en su libro un escenario reinado por desórdenes públicos e inestabilidad política, un caldo del que salen soluciones "extremistas" basadas en modelos enfrentados: "la Italia fascista o la Alemania nazi" y "la Rusia comunista". España, abocada a una "confrontación inevitable", vive una sublevación "para instaurar una dictadura militar", pero "las cosas se complicaron por la resistencia".

Carlos Fernández y Silvia Casado difieren en el enfoque. El "problema de fondo" era el "poder electoral" ganado por las "clases populares más pobres". Una situación que las "élites" afrontan apoyando "a grupos sociales violentos" de corte nazi y fascista con el objetivo de finiquitar la democracia. Señalan que Franco, además, tuvo "grandes patrocinadores", Hitler y Mussolini, y mecenas como Juan March.

La "espantosa" guerra civil
Cuenta Reverte que la "tragedia española" fue un campo de "experimentación"para los regímenes enfrentados luego en la Segunda Guerra Mundial. Nazis y fascistas "tomaron partido por las tropas rebeldes". El escritor subraya la intervención soviética "confiando en que una victoria republicana acabaría convirtiendo a España en un país comunista".

Según la réplica editorial, el "relativo fracaso" del golpe de Estado dio paso a la guerra civil. Alemania e Italia acuden "rápidamente" a asistir a los golpistas, coinciden, pero la República acusó la no intervención de los gobiernos occidentales democráticos y la tardía ayuda de la URSS. Aún con la participación de las Brigadas Internacionales, "los dos bandos no estuvieron en pie de igualdad en ningún momento".

Represión, "caos" y terror
Los dos libros coinciden en el "sangriento" inicio de la guerra. España queda cubierta de luto, con paradigmas como Paracuellos del Jarama o las miles de fosas comunes del franquismo. La guerra civil contada a los jóvenes de Reverte subraya las "terribles represalias" rebeldes, como la masacre de Badajoz o el bombardeo nazi de Gernika, y también las "innumerables atrocidades" en zona republicana, caso de las "matanzas" de religiosos.

La diferencia está en un dato crucial: la represión golpista era un plan organizado y en zona gubernamental fue fruto de "grupos incontrolados", como incide la respuesta al cómic del escritor murciano. Los golpistas dejan en cunetas al menos el triple de desaparecidos forzados. La República logró dominar el "caos" mientras los militares fascistas "impusieron el terror" asesinando "a miles de civiles", como también explica Francisco Espinosa en La Columna de la Muerte. Llamaban al "exterminio", dicen Casado y Fernández, que transcriben como muestra fragmentos de discursos y declaraciones de Mola, Franco, Yagüe y Queipo.

Una "férrea" dictadura
La guerra no acabó con la victoria franquista. España vivió una represión "despiadada y sistemática" y el exilio era la única salida para los derrotados y "expuestos a las represalias de los vencedores", cuenta el escritor. Era una "férrea dictadura" dispuesta a aplastar "cualquier resto de libertad y democracia". Pero el régimen, dice más tarde, "se fue suavizando" sin perder nunca su "carácter autoritario".

La guerra duró "40 años más", toda la dictadura, insisten la historiadora y el filósofo. Y el combate, dicen, continuó también para los vencidos: muchos siguieron luchando contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial o luego en la lucha antifranquista que perseguía recobrar las libertades perdidas. La "persecución y castigo" de la dictadura de Franco dejó cifras como los 50.000 ejecutados tras la guerra civil, el centenar de campos de concentración con "medio millón" de presos esclavos o los 30.000 niños robados.

¿La democracia del rey Juan Carlos?
"España se convirtió en una monarquía parlamentaria por decisión personal del rey Juan Carlos". La frase de Arturo Pérez-Reverte es tajante. Franco designó a su "sucesor" y éste "liquidó el régimen franquista", legalizó los partidos políticos y reconcilió la nación. "Devolvió a España la democracia". De un plumazo, según el novelista.

Disienten de esta versión los autores del libro que corrige a Reverte. "Franco había dejado las cosas bien atadas a través de la monarquía", escriben. El príncipe Juan Carlos de Borbón "juró los principios del Movimiento franquista" y el futuro rey "expresó su fidelidad al Caudillo, comprometiéndose a continuar su obra".

El "régimen de terror" y el "adoctrinamiento ideológico" del franquismo tiende sus tentáculos marcando "profundamente a varias generaciones de españoles", refieren Silvia Casado y Carlos Fernández. La "versión revisionista de la guerra civil" es un claro ejemplo en manos de historiadores "neutrales" que crean "una falsa simetría" dibujando "dos bandos", fascista y comunista, que fueron "supuestamente todos culpables". Es la equidistancia que "silencia verdades".

Fuente: http://www.eldiario.es/cultura/libros/guerra-civil-dibujo-Perez-Reverte_0_651985579.HTML

domingo, 11 de junio de 2017

El Fórum de Debats de la Universitat de Valéncia organiza las VII Jornades de Memòria Democràtica. Mano de obra esclava en el franquismo, el Canal de los Presos.

Enric Llopis
Rebelión

El Canal de los Presos –también denominado del Bajo Guadalquivir- comenzó a construirse en 1940, aunque la idea de ejecutarlo ya rondaba a principios del siglo XIX. Los cerca de 160 kilómetros de estructura de hormigón –además de acueductos, caminos y la red de acequias paralela- terminaron de construirse en 1962 y, para ello, las autoridades franquistas recurrieron a la fuerza de trabajo de los presos políticos. En un principio se trataba de transformar a regadío 56.000 hectáreas de secano en las provincias de Sevilla y Cádiz, aunque la superficie se elevó finalmente a 80.000 hectáreas. Del proceso da cuenta el libro “El canal de los presos (1940-1962). Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica” (Crítica, 2004), de José Luis Gutiérrez Molina, Ángel del Río, Gonzalo Acosta y Lola Martínez. Pero también documentales, como “Los presos del canal” (2003) y “Presos del Silencio” (2004); varias obras de teatro, por ejemplo “El canal”, de Antonio Morillas Rodríguez” y referencias en el guión de alguna película: “Miel de Naranjas” (2012), de Imanol Uribe. Tras el silenciamiento de los años de la dictadura, incluso una de las comparsas del carnaval de Huelva pasó a denominarse “Canal de los Presos”.

Las VII Jornades de Memòria Democràtica, organizadas por el Fórum de Debats de la Universitat de València los días 25, 29, 30 y 31 de mayo, han dedicado una sesión a las investigaciones sobre esta gran infraestructura hidráulica, en la que tomaron parte historiadores, juristas, geógrafos, antropólogos, activistas por la memoria y también algunos de los obreros. Hay quien aventura que las tierras afectadas se revalorizaron en más del doble por las obras del canal, aunque las implicaciones crematísticas quedaron sin investigar debido a las presiones de determinadas instituciones públicas y privadas. “Resultaron beneficiados señoritos, marqueses, duques y gente de muchos posibles”, asegura el profesor de Antropología Social en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Ángel del Río, quien participó en las pesquisas y la posterior exposición que recorrió miles de kilómetros por pueblos, ciudades, institutos y asociaciones dentro y fuera de Andalucía. Una de las primeras evidencias del trabajo de campo fue que muchos de los mayores recordaban la historia del canal, pero la memoria se había diluido en sólo dos generaciones. Hoy se realizan recorridos guiados y el Canal de los Presos cuenta con el reconocimiento de “Lugar de la Memoria” por parte de la Junta de Andalucía.

¿Cuál fue el efecto inmediato de esta magna obra de la dictadura? “Se benefició a los latifundistas y señoritos andaluces de toda la vida; aquellos que financiaron el golpe del 18 de julio de 1936, se cobraron la deuda después de la guerra”, afirma Ángel del Río, quien además de investigar sobre el Canal de los Presos es coautor de “La recuperación de la memoria histórica. Una perspectiva transversal desde las Ciencias Sociales” (2007) y “Andaluces en los campos de Mauthausen” (2006). El noticiero español (NODO) de la época se hizo eco de las diferentes visitas de Franco a las obras del canal. Se destacaba la “extraordinaria rapidez” con la que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desarrolló la infraestructura, pero se omitía el trabajo de los prisioneros políticos. Se calcula que participaron un total de 8.000-10.000 trabajadores entre las diferentes fases del proyecto. “Principalmente a pico y pala, y con una tecnología muy precaria”, sostiene Ángel del Río. “Muchos eran militantes de izquierda, gente pobre de las barriadas obreras”. Además, buena parte de los presos a los que entrevistó el antropólogo señalaron su decepción por el devenir de la Transición española.

Ángel del Río apunta uno de los condicionantes estructurales: los 250.000 presos hacinados en las cárceles franquistas al terminar la guerra de 1936, “prisiones que el franquismo pretendía ‘descargar’”. “Las cárceles a principios de los años 40 eran ‘corredores de la muerte’”, añade el investigador. Muchos de los presos fueron cumplidamente “fichados” según habilidades y oficios, de manera que pudieran cubrir las necesidades de mano de obra de las instituciones públicas y las compañías privadas. A la explotación laboral la dictadura asociaba la “reeducación” en el nacionalcatolicismo; de hecho, los trabajadores forzados tenían que convertirse en “buenos españoles”.

Como apuntaba uno de los primeros documentales oficiales, de 1939, “de las masas proletarias hicimos orden y concierto” y “de los despojos humanos, buenos españoles”. Hasta tal punto que rosarios y crucifijos de las escuelas podían realizarse dentro de las prisiones. Un empresario minero o un señorito que cultivara garbanzos, también alquilaba la mano de obra de los presos políticos. “Una parte de los beneficios de algunas constructoras del actual IBEX 35 tuvo su origen en la mano de obra esclava”, recuerda Ángel del Río. En el caso del Canal del Bajo Guadalquivir, las jornadas eran de sol a sol, durante seis días a la semana; al principio los obreros –no sólo andaluces- estaban sometidos al control de los soldados, pero a partir de 1945 la custodia pasó a manos de la guardia civil, y el trato resultó mucho más severo.

A las obras del Canal de los Presos se vincularon campamentos o campos de trabajo como los de La Corchuela, El Arenoso o Los Merinales, donde se alojaban los trabajadores. En el tajo, avanzando en la construcción de la gran infraestructura, se podía distinguir a carpinteros, herreros, obreros de pico y pala, arrieros, chóferes de camión, médicos, ingenieros, tipógrafos… “Trabajamos como locos en el canal, cada uno en su oficio, y aquí sólo han obtenido beneficios los terratenientes”, apunta uno de los obreros entrevistados. De las bases de datos de los investigadores se desprende que muchos de los trabajadores presos cumplían condenas de 30 años, por delitos de rebelión. Otros fueron condenados a 10 y 12 años de prisión, y el trabajo en las grandes obras públicas era una forma de redimir las penas. Los testimonios recabados apuntan que la jornada laboral podía extenderse desde las cinco de la madrugada hasta altas horas de la noche. Y que el día más esperado era el domingo, ya que entonces se permitía la comunicación con los familiares: con una valla de por medio y aglomeraciones a ambos lados.

El 24 de septiembre, día de la Merced y festividad de los presos, se permitía la visita de los niños. Además, sobre todo durante los primeros años de la construcción del canal, la alimentación fue muy deficiente. Algunas entrevistas realizadas por los investigadores dan cuenta de la miseria de la época. Se dice que en los años 40, cuando llegaban los camiones con el rancho para los obreros, se acercaban niños de las barriadas pobres de Sevilla. En una muestra de solidaridad de clase, las vituallas se compartían.

La vida cotidiana estaba salpicada por los elementos típicos de un sistema de “regeneración”: el saludo fascista, el canto del cara al sol, la misa dominical y las arengas religiosas, entre otros rituales. Tampoco escaseaba la corrupción, y no sólo por el estraperlo. Un alto mando militar podía construirse una casa con mano de obra forzada; o los trabajadores podían dedicarse a producir tejas con las que erigir el cortijo de un señorito. También “hubo alguna fuga exitosa del trabajo en el Canal, pero al que cogían lo fusilaban; y procurando que se tratara de una medida ejemplarizante”, subraya Ángel del Río. De las múltiples entrevistas que realizó para la investigación en calidad de antropólogo, del Río extrae una conclusión general: el papel imprescindible de las mujeres como transmisoras de la memoria. Hubo alguna que, después de perder a su padre y hermano asesinados en la guerra, se desvivió por conseguir el aval de una persona de orden para salvar a su marido, al que visitaba en el campo de concentración de La Corchuela.

Otras mujeres se implicaron a fondo en las investigaciones sobre el Canal de los Presos. Como la cordobesa Francisca Adame, quien aprendió a leer con 65 años en una escuela para adultos y tuvo a varios familiares trabajando en la gran infraestructura. Años después escribió poemas. Sobre la guerra civil: “Las heridas de la guerra/son difíciles de curar; sólo hay una medicina:/el amor y la igualdad”. En unos versos titulados “Raíces”, afirmaba: “Mi gente de pico y pala/que vivieron el pasao,/los que labraban la tierra/con la mula y el arao”. En un artículo publicado en Cuadernos para el Diálogo (“Soñaron con la libertad y los convirtieron en esclavos”), el miembro del equipo de investigación “El Canal de los Presos”, José Luis Gutiérrez, apuntaba en pocas palabras las responsabilidades de tanto sufrimiento: “Las clases dominantes agrarias utilizaron la represión no sólo para doblegar a los campesinos y sus organizaciones, sino también para, mediante su esclavitud, realizar las obras de infraestructura hidráulica cuya parte proporcional del costo siempre se habían mostrado remisas a desembolsar; continuaban siendo los amos”.

El director del Aula d’Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València, Marc Baldó, destaca que la represión franquista es “un pozo sin fondo”. Apunta que en los años 60 del siglo pasado la dictadura continuó empleando mando de obra esclava, por ejemplo para la construcción de carreteras. El catedrático de Història Contemporània de la Universitat de València insiste en los factores ideológicos, sintetizados por José Ángel Delgado-Iribarren en el libro “Jesuitas en Campaña” (Studium, 1956): “En los campos se les sometía a un régimen de vigilancia y reeducación, con la esperanza de reincorporarles un día a la vida social. La siembra, a gran escala, de ideas disolventes en sus almas rudas había producido verdaderos estragos. Después de sacarles la ficha clasificatoria se les encuadraba en los Batallones de Trabajadores, donde se prolongaba esta labor, que podríamos llamar de desinfección, en el orden político y religioso”. La cita figura en la investigación “El treball esclau durant el franquisme. La Vall d’Albaida (1938-1947)”, del historiador Josep Màrius Climent i Prats.

martes, 19 de julio de 2016

PAUL PRESTON / HISPANISTA “España tiene un déficit educativo sobre la Guerra Civil”

16 DE JULIO DE 2016

El hispanista Paul Preston (Liverpool, 1946) nos recibe en su cocina, taza de té en mano. En el 80º aniversario del inicio de la Guerra Civil, el historiador ha actualizado su libro La guerra civil española (Debate) en una versión gráfica, con dibujos de José Pablo García. Resulta sorprendente, cuando menos, que aquel chico del Liverpool obrero y bombardeado acabara en la distinguida Universidad de Oxford, estudiando lo que entonces se consideraba más “periodismo” que Historia. Preston ocupa la cátedra Príncipe de Asturias de Historia Contemporánea española y es director del Centro Cañada Blanch para el estudio de la España contemporánea de la London School of Economics &  Political Science.

¿Tiene España un problema con la memoria histórica de la dictadura?
Sí. Por una razón obvia: el régimen de Franco se basaba en el terror. Sus tácticas bélicas estaban calculadas para matar al mayor número posible de republicanos. Su control posterior de la educación, el púlpito y los medios fue total. De este modo, hubo un lavado de cerebro nacional, creándose lo que se ha llamado el franquismo sociológico. En el momento de la Transición, al establecer una democracia limitada (la mejor posible dadas las circunstancias), no iba a haber un contralavado de cerebro; lógicamente, porque era una democracia y existía una libertad de expresión que se extendía a los franquistas. Claro, estos no querían saber nada de la memoria histórica. Sobre las víctimas de los republicanos se había investigado a fondo. Primero, por las propias autoridades republicanas y, después, a través de todo el follón de la causa general, etc. Pero con las víctimas de Franco, ocurrió lo contrario. En los primeros años de la Transición, los políticos no quisieron hacer nada, incluso los de izquierdas. Recuerdo haber tenido discusiones con Alfonso Guerra, y decirme este: “No es el momento, es muy peligroso”. Cosa que se puede entender, porque en los primeros años de la Transición...

¿Cómo se vivió aquello?
Una de las (muchas) cosas que a mí me cabrean es quien dice que la Transición fue un desastre. Fue la mejor posible en unas circunstancias tremendamente peligrosas. Hay que pensar que, en el momento de morir Franco, había unas Fuerzas Armadas entrenadas no para defender España del enemigo exterior sino del interior. Y además estaba la Guardia Civil, que ahora es una tropa de buenazos que controlan el tráfico pero que entonces era acojonante; lo recuerdo muy bien, porque yo era estudiante en España a finales de los años sesenta. Y los grises, es decir, la policía armada, que también eran unos hijos de puta. A eso se le sumaban 200.000 falangistas con licencias de armas. Entre esto y el franquismo sociológico --los que se habían criado en él o beneficiado de él--, no es de extrañar que se diera lo que se ha venido a llamar “el pacto del olvido”, no remover las cenizas, no profundizar en la memoria histórica. Aunque, afortunadamente, existía un miniejército de historiadores locales que sí lo estudiaron. Aun así, hoy en día quedan provincias enteras donde no se ha investigado nada; claro, gobernadas por el PP.

Y las izquierdas, ¿no han tenido problemas también con su propia memoria?
Como en cualquier problema histórico, siempre hay montones de interpretaciones. Evidentemente, aquellos que siguen la línea CNT-FAI o la línea POUM acusan a Negrín, a la mayoría de los socialistas y, sobre todo, al Partido Comunista, de ser unos asesinos. ¿Por qué? Porque estos últimos habían llegado a la conclusión de que, para proseguir la guerra, había que hacer un esfuerzo bélico convencional: la idea de los anarquistas y el POUM de hacer una guerra revolucionaria chocaba con las necesidades de guerra. ¿De dónde iban a sacar las armas? Habría sido cuestión de llamar por teléfono a Franco y decir “¿A usted le importa dejar de hacer la guerra unos 5 o 10 años mientras nosotros hacemos nuestra revolución? Y luego ya volvemos”. ¡Una chuminada! Aparte de las peleas, realmente desagradables, entre profranquistas y prorrepublicanos en la historiografía de la guerra, dentro de la izquierda, como decís, hay también muchas disputas.

¿Por qué dedicarse a la Historia de España?
Nací en el año 1946, en Liverpool, que había sido una ciudad muy castigada por el blitz, los bombardeos nazis, precisamente por ser el punto de llegada del armamento americano. Cuando era pequeño, los adultos conversaban mucho sobre ello. Con ocho, nueve años, los juegos en la calle eran alemanes contra británicos. Cogíamos las gabardinas y las abotonábamos como una capa; corríamos agarrándolas de manera que cada uno era un avión. ¡¡Brrrrrrmm!! A los diez años, empecé a hacer maquetas de aviones de guerra, empecé a leer sobre todo esto. Cuando tocó ir a la universidad, gané una beca para ir a Oxford, un lugar muy elitista. Que un chico del norte, de clase obrera, llegara allí era un pequeño milagro. No me gustó nada el ambiente social, la mayoría era gente como Boris Johnson. El temario era bastante aburrido: Historia Constitucional, mucha Historia Medieval, y se pensaba que la Historia Contemporánea no era más que “periodismo”. Me quedaba con las ganas de investigar los orígenes de la II Guerra Mundial. Hacia el final de la carrera, ya tenía claro que quería hacer un doctorado pero no sabía qué estudiar; desde luego, no quería hacerlo sobre Historia británica. Entonces me ofrecieron una beca para estudiar un máster en Reading... ¡sobre el periodo de entreguerras! Escogías dos asignaturas para todo el curso, y hacías una tesina por cada una. Yo cogí Literatura de izquierdas en entreguerras (Steinbeck, Camus, etc.) y la Guerra Civil española, de la que, salvo por un ensayo escrito en mis días de Oxford, apenas sabía nada. Éramos sólo cuatro personas en clase, y tuve la increíble suerte de que me tocó como profesor Hugh Thomas [autor de La Guerra Civil española, 1961]; un tío muy divertido que hacía el papel de excéntrico inglés, que le echaba mucho teatro. Así que, de cara a mi tesis doctoral, este tema se presentó como una gran cornucopia: la Guerra Civil española comprendía fascismo, comunismo, masonería, todo tipo de figuras históricas. Me entusiasmé y leí todo lo que pude encontrar en inglés. En seguida había agotado casi todo lo que había, que no era tanto, y decidí que tenía que aprender español y seguir con ello...

¿Un historiador llega a jubilarse o sigue siempre investigando?
Teóricamente, me jubilé de la universidad hace cinco años pero sigo trabajando: dirijo una colección editorial, un centro de investigación académica... Doy unas pocas clases y dirijo alguna tesis. Y sí, sigo y seguiré investigando hasta que ya no pueda continuar. Porque no sé qué otra cosa hacer.

¿Algún nuevo proyecto en el horizonte?
Pues una historia de España desde la Primera República hasta el presente, que lleva por título Un pueblo traicionado. Por un lado, es un resumen de lo ocurrido pero se centra sobre todo en tres temas fundamentales: la corrupción, la incompetencia política y la violencia social.

¿Cómo surgió la idea de hacer un libro de Historia en cómic?
¡No fue idea mía! En Gran Bretaña no hay tradición de cómic adulto, como creo que hay en España y, sobre todo, en Francia. Aquí se leen, lo mismo que en Estados Unidos, los cómics de superhéroes que tanto gustan a esos locos de The Big Bang Theory. La idea se le ocurrió a mi editor. Un día me dijo: “¿Qué te parece si hacemos una versión en cómic?”. “Hombre”, respondí, “es un poco ridículo; ¿quién se va a leer eso?”. Me respondió: “ Te sorprenderías”, y me dijo que haríamos lo siguiente: encontraría a un dibujante que hiciera unas cuantas páginas y, si me gustaba, seguiríamos adelante. Así, José Pablo García dibujó 15 o 20 planillas. Se las enseñé a mis hijos --de 26 y 28 años-- y les gustó. Se las enseñé a mis colegas de la universidad y, lejos de parecerles ridículo…, ¡les pareció fantástico! Me dijeron que precisamente funcionaría bien en España, donde hay un verdadero déficit educativo respecto a la Guerra Civil. Así que le dije a mi editor que adelante. Acabé encantado con el dibujante: dentro de los límites del género, ha hecho maravillas. Como máximo, habré modificado sólo dos o tres bocadillos al final, y eso para resumir el texto del libro (que él usaba como guión). Hemos trabajado en paralelo, digamos, con muy poca colaboración directa. Estoy muy, muy contento y, de hecho, es posible que vayamos a por más. Me gustaría que esto sirviera para divulgar el tema entre los jóvenes, aunque no sé si finalmente será así.

¿Tiene el historiador la función de evitar que se difundan bulos y mitos históricos?
Lo primero, hay que entender que la gente tiene muchas preocupaciones como para ponerse a leer libros de Historia. Su trabajo, su vida...
Alguna excepción hay.

Poco se sabe sobre cifras de ventas o de tirada pero, por ejemplo, parece que los libros de Pío Moa se venden muchísimo. ¿Por qué? Porque esos libros le están dando la razón al lector en sus prejuicios; confirman ese franquismo sociológico del que hemos hablado.

Pero en Gran Bretaña, los libros de Historia tienen mayor índice de ventas y en general se vende más la Historia: se hacen series, etc.
El problema es que mucho historiador español serio no es entretenido. Como si, para ellos, lo entretenido dejara de ser “serio” automáticamente.

Vamos, que ven la divulgación como algo inferior.
Bueno, una cosa es la divulgación. Pero otra muy diferente es ser ameno cuando se escribe sobre temas que no son de divulgación, que son complejos y serios. Por ejemplo, mi libro El holocausto español, ¿es un libro de divulgación, o más bien de investigación?

De divulgación e investigación: hemos visto a la gente leerlo por gusto, por morbo... Llega a gente que no tiene nada que ver con la Historia.

Bueno... pues entonces eso es ser ameno, entretenido. En la actualidad, afortunadamente, hay historiadores españoles que sí que son amenos. Julián Casanova, Enrique Moradiellos, Jorge Marco o “el Gunde” [Gutmaro Gómez Bravo]... ¡Ahora los hay! El problema es que un libro de Pío Moa es un libro que se centra en consignas generales: se caga en los muertos de los republicanos: “No hubo represión” y además “los hijos de puta se lo merecían”. Como veis, lleno de contradicciones. Pero, en fin, si uno es franquista, con una bazofia de Pío Moa o de César Vidal ya es suficiente para lo que busca. Para todos los demás, no existe un superventas generalista. Uno tiene que ponerse a comparar veinte o treinta libros escritos por historiadores buenos... Otro problema a la hora de interesarse la gente por la Historia es el sistema educativo; en España, quizás porque aún no se han cicatrizado las heridas... pero en Gran Bretaña también ocurre que hay mucha gente que no tiene ni idea de quién era Churchill.

Sin embargo, el sistema educativo británico no trata la Historia como lo hace el español, al modo del siglo XIX (es decir, una lista de datos para memorizar). En Gran Bretaña se entrena al alumno a cotejar fuentes desde los 13 años...

Recuerdo una vez, hace ya muchos años, que tuve una cátedra visitante en la Complutense, con estudiantes de posgrado. Entré en la clase --habría una veintena de alumnos-- y les dije: “He venido para daros una lectura de la Guerra Civil. Es decir, cómo la interpreto yo y por qué he llegado a estas conclusiones. Os pediré que me hagáis un trabajo semanal”. Hubo caras de terror, pero es que ese es el sistema aquí: te enseña a escribir. “Y ya os digo desde ahora que no me interesa que me deis mi versión. Lo que quiero es vuestra versión”. Al principio, estaban acojonados. Me dijeron: “El profesor nos suele imponer su libro de texto; muchas veces, entra, nos dice abran el libro por la página tal o cual y empieza a leer directamente”. ¡Pero qué docencia es esta!

¿Docencia de “sermón y púlpito”? Con libro único y sagrado.
Efectivamente. Claro, que a los quince días estaban encantados, tuvimos debates, discusiones, todo eso... Al final, creo que les gustó. Pero para mí fue chocante saber que, a nivel de posgrado, no existía entonces ese elemento de debate.

Empezamos la entrevista hablando de memoria histórica. ¿Existe un choque de memorias sobre la Transición, entre aquellos que la vivieron y aquellos que no, pero que juzgan los frutos --buenos y malos-- de los 40 años de democracia que siguieron?
Evidentemente, lo hay. Yo sí que recuerdo muy vivamente la Transición porque participaba entonces en la Junta Democrática [la alianza antifranquista formada en 1974 por el PCE, el PSP, CCOO, etc.]. Es cierto que era un cachondeo (ríe) pero eso es otro tema. Al final, si uno ha vivido solamente en democracia, se puede permitir ser mucho más crítico con ciertas cosas. Hace quince días, un equipo de documentalistas alemanes vino a entrevistarme a mi despacho y me contaron algo que me dejó helado. Dijeron que en su país, aun habiéndose dado un proceso de desnazificación tras la Segunda Guerra Mundial, muchos jóvenes carecen absolutamente de remordimientos sobre el Holocausto, lo están olvidando y, a día de hoy, muchos ultraderechistas sólo le echan en cara a Adolf Hitler el haber perdido la guerra; no la masacre de los gitanos, los judíos... Y que hay bastante odio a los británicos, por haberles derrotado (En fin, sé que somos odiables). Pero tampoco sé hasta qué punto lo que me dijeron es representativo.

MUCHOS ULTRADERECHISTAS SÓLO LE ECHAN EN CARA A ADOLF HITLER EL HABER PERDIDO LA GUERRA; NO LA MASACRE DE LOS GITANOS, LOS JUDÍOS...

¿Para qué sirve eso de la Historia?
¡Para divertir a los historiadores! (ríe). Sé que se dice mucho eso de que “el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla” pero, la verdad, no lo creo... La Historia escrita, en todas sus variedades, resulta crucial para la civilización, para la educación de la gente. Pero no le veo una función específica. Pienso en mis propios libros y es verdad que hay gente que se me ha acercado en conferencias o ferias y me ha dicho que algunos de ellos les han servido de cara a su experiencia personal. En el caso de El Holocausto español [2011], fue impresionante el número de personas que me confesaron que les había ayudado a entender sus propias tragedias familiares. Recibí cartas y mails diciendo algo que a mí me costaba creer; que el libro había tenido para ellos una función psicológica. Se escribió un artículo que decía que esta obra era la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que el PP no habría permitido. Me parece una exageración pero es verdad que me lo han dicho mucho, así que puede que cierta Historia sí llegue a cumplir esa función.

¿Quizá quien analiza el pasado entiende mejor la información que proporciona el presente? Por ejemplo, leyendo un periódico y pensando en quién lo financia y qué simpatías tiene antes que creerse sin más los titulares...

De entrada, es increíblemente difícil generalizar. ¿Para qué sirve la Historia? ¿La Historia de quién? Hubo un periodo en la universidad española, y desde luego en los colegios, en que se imponía una versión. “Pasó esto, y te lo aprendes de memoria”. Pero en nuestro sistema británico no se da tanta importancia al contenido empírico de un periodo, a los hechos que sucedieron. Existe la idea de que da igual qué época estudies, lo importante son las herramientas intelectuales que aprendas a manejar, ya se hable de Grecia Antigua o de terrorismo árabe. En jerga académica, las “habilidades transferibles” o, en mis propias palabras, un shit detector, un detector de basura. A mis alumnos les hago leer un montón de libros para que aprendan a distinguir entre unos y otros. Se trata de aprender a pensar. Mucho más que conocer los hechos, esa es la verdadera utilidad de la Historia.

http://ctxt.es/es/20160713/Politica/7142/espa%C3%B1a-pp-transicion-provincias.htm

lunes, 3 de agosto de 2015

Entrevista a Aitor Martínez, abogado de Derechos Humanos y autor del informe “Masacre de Curuguaty” “Paraguay es uno de los países de América Latina con más líderes campesinos asesinados”

Desde que finalizara la dictadura de Stroessner y comenzara el periodo democrático en Paraguay, en el año 1989, han resultado asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos, según el informe Chokokue. Paraguay registra una de las cotas más elevadas de América Latina, aunque el hecho no trascienda habitualmente fuera del país. Recuerda esta circunstancia el abogado en materia de Derechos Humanos, Aitor Martínez, autor del informe “Masacre de Curuguaty” (presentado en octubre de 2012) para la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC). El abogado e investigador trabajó en el equipo de defensa de los campesinos imputados por la masacre entre agosto de 2012 y enero de 2013. La causa fue elevada al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que decidió contra Paraguay, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde está pendiente de resolución.

Aitor Martínez es también abogado coordinador de la querella por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Stroessner (1954-1989), presentada en agosto de 2013 en Argentina. Actualmente trabaja en la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y en el despacho jurídico ILOCAD, dirigido asimismo por Garzón. “El caso Curuguaty no puede entenderse con independencia de la lucha por la tierra en Paraguay”, afirma Aitor Martínez, “el país más desigual de América Latina”. Un país que tiene como fuente económica principal el sector agrícola-ganadero, y que presenta tal concentración de tierras, “genera un conflicto social imposible de contener”. Algo más del 2% de los hacendados acumula la propiedad de la tierra en un país que, pese a ser uno de los principales productores de alimentos de la región, también es uno de los países con mayor malnutrición. “Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Stroessner”, remata el abogado.

P-El 15 de junio de 2012 se produjo la llamada “masacre de Curuguaty”, en la que murieron 17 personas (11 campesinos y 6 policías). Por los hechos, que terminaron en la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, hay actualmente procesados 13 campesinos (ningún miembro de las fuerzas policiales). ¿Por qué se ha postergado el juicio en diferentes ocasiones, hay algún interés en ello? ¿Hay alguna posibilidad de que se aplace de nuevo?

La investigación de los hechos está llena de irregularidades. Se presentaron numerosas nulidades en la audiencia preliminar que ni siquiera se evaluaron, por lo que el caso se elevó a juicio oral en situación precaria.

Todas estas irregularidades, nulidades y acusaciones sin fundamento fueron elevadas en queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2014 (se abrió la P-417/14 actualmente en curso).

Entre otras graves irregularidades, se alertó del hecho de que se estaba acusando a los campesinos por invasión de inmueble ajeno sin que se hubiera aportado el titulo de la tierra por parte del Fiscal. Evidentemente no puede aportarlo porque la tierra no pertenece a Blas N. Riquelme, terrateniente que había accionado el desalojo. Esto significa se ha realizado una acusación sin que exista la mínima y elemental prueba de cargo, la ajenidad del inmueble, lo que convierte la acusación en inquisitoria.

Es difícil para las autoridades paraguayas atreverse a celebrar un juicio que está siendo analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, de finalmente producirse, inapelablemente produciría la nulidad del mismo. No sé si se producirá un nuevo aplazamiento. Es probable que se vean forzados a hacerlo. Pero también puede suceder que no quieran seguir manteniendo esta situación y se celebre finalmente.

Me gustaría asimismo recordar que realmente murieron 18 personas. No debemos olvidar que Vidal Vega, el Presidente de la Comisión de Familiares Víctimas de Curuguaty, fue asesinado en la puerta de su casa por dos sicarios. Vidal Vega se encontraba colaborando con la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) en la defensa de los campesinos y el esclarecimiento de los hechos, sobre todo en lo relacionado a la situación de la tierra. Ha sido la víctima 18 de este luctuoso hecho.

P-Como autor del informe “Masacre de Curuguaty” y abogado de las víctimas, ¿observaste alguna relación entre la escabechina y la destitución del expresidente Fernando Lugo?
Desde que Lugo llegó al poder en 2008 comenzaron los movimientos de la oligarquía para expulsarlo del poder. Yo recuerdo haber llegado al país en esa fecha y ser raro el día que no había rumores de un golpe. Su promesa de una distribución más equitativa de la tierra era una amenaza que debía ser frenada a toda costa. De hecho, los cables, revelados por Wikileaks, de la embajadora norteamericana muestran abiertamente las conversaciones de políticos “colorados” que venían planeando de manera recurrente dar un golpe, duro o blando, contra Lugo. Finalmente ese golpe se materializó el 15 de junio de 2012.

Cuando ese día se produjo la masacre, los medios de comunicación “cerraron” inmediatamente una versión oficial: los campesinos, radicalizados por las políticas de la distribución de la tierra de Fernando Lugo, llegaron al punto de enfrentarse a la Policía. Sentenciaron ipso facto que un reducido grupo de campesinos había emboscado a la Policía y había producido la masacre. Los medios sentaban una versión oficial sin investigación alguna, como forma de coadyuvar con los partidos tradicionales, colorados y liberales, para poder destituir así a Fernando Lugo, un outsider de la política que había llegado al poder después de más de 60 años de monopolio político del Partido Colorado.

Lugo era una amenaza para el “statu quo” de Paraguay, con uno de los índices de desigualdad más altos del mundo, donde una pequeña oligarquía disfruta de una masiva concentración de la riqueza. Los principales medios de comunicación y la jerarquía política colorada son esa oligarquía que tenía como objetivo la destitución de Lugo para acabar con sus planes de distribución de la tierra a través de la recuperación de las tierras malhabidas.

Esto sentó las bases para que se planteara un juicio político de urgencia contra el Presidente de la República, en el que se le acusaba de haber sido el responsable de la masacre. El 22 de junio, sólo 7 días después de que sucedieran los hechos, y sin permitir ni una investigación (incluso se negó al Presidente crear una comisión de investigación), Lugo fue destituido. Se le dejaron unas pocas horas para su defensa, en una total violación del derecho a la defensa y el debido proceso.

P-¿Afectó la defenestración de Lugo a la investigación posterior de lo sucedido en Curuguaty? Por otra parte, ¿han observado la defensa y las organizaciones de derechos humanos irregularidades en el proceso de Curuguaty?
Lo peor es que con la destitución de Lugo, se sentó una verdad en sede legislativa que ya no podía ser alterada. Si posteriormente se demostraba que la masacre no era tal y como se había descrito por los medios, y como los parlamentarios colorados y liberales habían relatado, se caería toda una destitución presidencial; desde ese momento había que asegurar que la investigación posterior cuadrara con lo afirmado en sede parlamentaria.

Y es ahí donde empiezan todas las irregularidades de este proceso. Cuando yo llegué a Paraguay a investigar la masacre, la verdad “oficial” estaba asentada, pero a medida que investigábamos, descubríamos que nada era como se había afirmado. Fuimos desmontando la versión oficial y descubriendo las falsedades de la Fiscalía en el proceso que avanzaba, hasta el punto de que Paraguay fue condenado nada menos que por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2013, tras la presentación de nuestro informe.

Por ejemplo, encontramos un vídeo en el que se observa que no se había producido ninguna emboscada, sino que los campesinos estaban con sus mujeres y niños en medio del recibimiento a la comitiva policial. Además, pudimos observar la diferencia de fuerzas en el procedimiento, con 354 efectivos policiales especializados que, supuestamente, fueron emboscados por una treintena de campesinos.

Acreditamos que la tierra no era de Blas N. Riquelme, terrateniente de la zona y ex Presidente del Partido Colorado que había instado el desalojo, sino que efectivamente la tierra era pública y estaba destinada a la reforma agraria, tal y como argumentaban los campesinos. También pudimos determinar que la Fiscalía venía solicitando desalojos, mientras que el juez de zona le otorgaba permisos de allanamientos, afirmando constantemente ambas autoridades la existencia de título de propiedad de Riquelme, algo radicalmente falso.

Ni que decir tiene que cuando acudimos a la Carpeta Fiscal del proceso abierto descubrimos que ninguna prueba apuntaba a lo que se afirmaba. Por ejemplo, según las pruebas de hisopos las 6 escopetas incautadas no habían sido disparadas, es decir, no tenían resto de pólvora, excepto una de ellas, que aunque tenía restos precisamente estaba rota y no pudo accionarse. Además, las pruebas de parafina en las manos de los campesinos demostraron que no habían disparado armas.

Por otro parte, encontramos que se habían introducido pruebas falsas en la causa, como una escopeta Maverick calibre 15 cuya desaparición había sido denunciada una semana después. Además, se habían ocultado pruebas, como los cientos de casquillos 5,56 mm que se encontraban en la zona y que pudimos acreditar mediante un vídeo que fueron entregados al fiscal de la causa, habiendo desaparecido de la misma. Lo mismo que ocurrió con la cámara del helicóptero que sobrevolaba la zona, que también desapareció sin ninguna explicación. Y todo ello con un rigor probatorio que llega hasta el punto de que se haya incluso denegado pruebas tan elementales como la dactiloscopia (toma de huellas dactilares) de las armas.

P-¿Qué conclusiones pueden extraerse del accionar de la policía?
Desde un primer momento se afirmó que los policías habían accedido desarmados. Sin embargo, presentamos un vídeo en el que se identificaba una cadena de disparos de armamento automático que abría la balacera. El Fiscal siempre negó que ahí hubieran comenzado disparos automáticos, aunque posteriormente acreditamos que había escondido los casquillos de armamento automático que le entregaron (grabado en un vídeo que puede consultarse).

Tampoco se investigó el accionar policial en relación a las ejecuciones extrajudiciales que le denunciamos al Fiscal. Se estima que, entre 7 y 8 campesinos pudieron morir ejecutados a sangre fría. Algunos han muerto por disparos en la boca, otros con disparos que han hecho estallar el cráneo a cañón tocante, otros campesinos heridos llamaron a sus familiares mientras estos escuchaban su ejecución, entre otros muchos casos.

Un caso particularmente sangrante es el hecho de que el día siguiente, los familiares de los campesinos, junto con periodistas que ya se habían desplazado a la zona, se decidieran a entrar en el predio para buscar a familiares que estaban desparecidos. Los propios medios de comunicación registraron cómo encontraron cuerpos de campesinos que habían sido escondidos entre los maizales de la finca. Con disparos en la frente de trayectoria descendente los cuerpos de Luís Paredes y De los Santos Agüero habían sido deliberadamente escondidos. Denunciamos estos intentos de comisión de desaparición forzada por parte de agentes de la autoridad y nada se ha investigado hasta el momento.

P-¿Cómo se produjeron las detenciones?
Los propios campesinos denunciaron que se habían cometido detenciones arbitrarias. Algunos de los detenidos afirmaban que jamás habían estado en esa finca. La orden de detención se había librado contra toda persona que estuviera en la finca en el momento de los hechos, o contra cualquiera que se encontrara inscrita en una pequeña lista que los campesinos tenían dentro de la finca para los pequeños aportes de alimentación del asentamiento (aunque la defensa jamás la ha visto, ya que parece ser que un Policía se cayó al agua con ella y se destruyó, lo que no evitó que se memorizaran todos los nombres).

Con una orden de detención tan genérica era normal que se produjeran detenciones arbitrarias. Sin embargo, ante el reclamo de algunos campesinos de haber sido detenido por animadversiones con policías, el fiscal jamás procedió a investigar. Por ejemplo, conseguimos vídeos donde se grababa a policías deteniendo a uno de los campesinos, Marcelo Trinidad, en el hospital cuando iba a visitar a un familiar, lo que demostraba que el informe de detenciones estaba falseado. Pedimos que imputara a los policías que se veían en el vídeo y al Policía que había falseado ese informe de detención, negándose a ello.

A todo lo anterior se une que pudimos demostrar denegación de auxilio a campesinos gravemente heridos. Incorporamos a la investigación fotografías donde se observaba a Arnaldo Quintana, con un disparo de entrada y salida en el intestino, que iba a ser recogido por una ambulancia, cuando dos policías cerraron la puerta del vehículo sanitario y le obligaron a montarse en una camioneta policial. Arnaldo Quintana estuvo a punto de fallecer por falta de atención médica. Incluso el propio conductor de la ambulancia reconoció los hechos a los medios. Pedimos al fiscal que imputara a los policías que se veían en las imágenes e igualmente se negó.

P-Ante todas estas denuncias, ¿de qué modo ha obrado la Fiscalía?
Evidentemente la pregunta que todos se deben hacer es, ¿quién es el fiscal de la causa? Pues bien, lo más importante que hay que señalar es que el fiscal de la causa fue cambiado en el momento en se decidió que se iba a hacer juicio político a Lugo. En ese momento la fiscal Ninfa Aguilar fue apartada de la causa y se entregó unilateralmente la investigación a Jalili Rachid, hijo de Bader Rachid, ex Presidente del Partido Colorado y amigo íntimo de Blas N. Riquelme, el también ex Presidente del Partido Colorado que había usurpado esas tierras y había accionado el desalojo sin ser legítimo propietario. Por si fuera poco, además, encontramos fotos del Fiscal Jalil Rachid en una cena íntima con Patricia Riquelme, sobrina nieta de Blas N. Riquelme, con la que presumiblemente mantenía una relación sentimental, foto tomada sólo 4 meses antes de la masacre, el 15 de febrero de 2012.

Es decir, el padre del fiscal Rachid, íntimo amigo de Blas N. Riquelme, decidía en el máximo órgano de dirección del Partido Colorado llevar a Lugo a juicio político, mientras se colocaba a su hijo unilateralmente y sin explicación alguna al cargo de la investigación. Fiscal Rachid es incluso militante del Partido Colorado.

Ninguno de estos hechos ha facilitado que se separe al Fiscal Rachid de la causa. En dos ocasiones se le recusó y en dos ocasiones fue negada su separación de la causa por parte de la Fiscalía General del país. Evidentemente no se debería ni haber llegado a plantear la recusación, simplemente porque él se debería haber inhibido de actuar en una causa que vincula penalmente al amigo de su padre, en la que su partido tiene intereses políticos, y en la que su padre cerró una versión oficial de los hechos que a todas luces iba a condicionar la objetividad investigadora de su hijo.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó a Paraguay a apartar al Fiscal Rachid para garantizar la independencia de las actuaciones. Ni aun siendo solicitada por una de las principales autoridades internacionales se consiguió. Evidentemente, que el Fiscal Rachid siga al frente de las investigaciones es determinante.

P-¿Apunta directamente el “Caso Curuguaty” a la estructura de la propiedad de la tierra en Paraguay (el 2,6% de los propietarios concentra el 80% de las tierras cultivables) o además se señalan otros intereses?
El caso Curuguaty no puede ser entendido al margen del contexto de la lucha por la tierra que existe en Paraguay. Estamos ante el país con la mayor desigualdad de América Latina (según el índice Gini). Un país que se dedica básicamente a la exportación de producción agroganadera del sector primario, y que tiene esa concentración de tierras, genera un conflicto social imposible de contener.

Es decir, el único medio de producción del país está en manos de poco más del 2% del país, mientras el resto sólo puede, en el mejor de los casos, trabajar en condiciones infrahumanas para esa minoría oligárquica. Curiosamente, Paraguay es uno de los principales productores de alimentos de la región, pero el que mayor malnutrición registra. Una tierra en manos de unos pocos, destinada a producir para vender fuera, con mano de obra campesina que no tiene acceso a esa mínima alimentación. Un escenario insostenible para crear una sociedad que se quiere llamar justa.

P-¿Cuál es el origen de este modelo de distribución desigual?
Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El dictador que más duró en el poder en toda América Latina entregó unilateralmente y sin arreglo a ningún procedimiento las conocidas como tierras malhabidas a allegados del Partido Colorado y militares fieles al régimen. La Comisión de Verdad y Justicia, órgano encargado de investigar los crímenes de la dictadura, determinó que aproximadamente 8 millones de Hectáreas fueron repartidas discrecionalmente entre lo que hoy es la oligarquía terrateniente paraguaya, pagada por favores al régimen dictatorial.

Este injusto status quo social se mantuvo hasta que en 2008 un líder religioso, Fernando Lugo, llegó sorpresivamente al poder desbancando al Partido Colorado después de más de 60 años en el poder. Nucleando el voto de todas las fuerzas minoritarias de izquierdas y con el apoyo del Partido Liberal, Lugo ganó las elecciones y trató de implementar un programa reformista, cuyo principal objetivo era la distribución de la tierra, como única forma de conseguir una justa distribución de la riqueza del país.

P-¿Amenazó el ejecutivo de Lugo los intereses de la oligarquía terrateniente?
Desde el gobierno de Lugo comenzaron a abrirse procesos civiles para conseguir recuperar las tierras malhabidas, algo que fue visto por la oligarquía como una amenaza que ponía en peligro sus históricos privilegios. Los llamados a un golpe de Estado eran constantes. Los editoriales de los medios, en manos de esa misma oligarquía, lo tildaban de “radical” y “comunista” al que había que apartar del poder de cualquier forma posible.

Ese es el contexto en el que se produce la masacre de Curuguaty. Una finca, Marina Kue, que precisamente figura entre las conocidas como tierras malhabidas en el Informe de la Comisión Verdad y Justicia, por haber sido ilegítimamente usurpada por el ex Presidente del Partido Colorado, Blas N. Riquelme. Unos campesinos que se asentaron en una tierra que, efectivamente, estaba destinada a la reforma agraria y que contaban con el beneplácito del INDERT, órgano encargado de gestionar esa distribución. Y una fiscalía que de manera clientelar venía recurrentemente desalojando a los campesinos sin cotejar el título de propiedad de los registros públicos, simplemente como forma de complacer a Riquelme.

Finalmente, la historia de la tierra cierra si tenemos en cuenta que el padre del fiscal que investiga este entramado, el también ex Presidente del Partido Colorado, Bader Rachid, figura asimismo como propietario de tierras malhabidas en el informe de la Comisión Verdad y Justicia. Probablemente eso haga comprender por qué su hijo no quiere investigar la titularidad de Marina Kue.

P-¿Es receptiva la opinión pública urbana (de las capitales y ciudades de Paraguay) a la batalla de los campesinos por la tierra? ¿Qué idea ofrecen los medios de comunicación convencionales de las luchas campesinas y, en concreto, de la memoria de Curuguaty?
La división social entre el mundo urbano en Asunción y la realidad rural del interior del país es palpable. La verdadera conciencia campesina se encuentra concentrada en las zonas más desfavorecidas del país. Lo que no quiere decir que en Asunción no exista una sensibilidad al respecto, pero sigue siendo por parte de grupos minoritarios de la ciudad.

A ello no ayuda el hecho de que los medios de comunicación, vehículos privilegiados de transmisión de la información en la ciudad, deliberadamente desarrollen una campaña de criminalización de los campesinos. Es común vincularlos a terroristas, comunistas, vagos o cualquier otro apelativo que estigmatice cualquier movimiento que hagan las comunidades campesinas del interior.

P-¿Continúan hoy los asesinatos de dirigentes y militantes de las organizaciones campesinas, tal como sucedió en Curuguaty? ¿Existe alguna contabilización de las víctimas en los últimos años?
En Paraguay se registra uno de los números más elevados de asesinatos de líderes campesinos de toda América Latina. Curiosamente es un asunto silenciado que no trasciende fuera de sus fronteras.

Según el informe Chokokue, que es actualizado continuamente, han sido asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos desde la llegada de la democracia en 1989.

En la mayoría de los casos las sospechas de los asesinatos recaen en terratenientes de la zona que podrían entender que la forma más fácil de acabar con un reclamo campesino, es eliminar al líder y descabezar al movimiento contestatario. El modus operandi suele ser el mismo: sicarios profesionales con el uso de armamento sofisticado, son quienes cometen los hechos. La respuesta pública es en la práctica totalidad de las ocasiones la misma, garantizar la impunidad absoluta.

P-¿Es un reduccionismo afirmar que el país está controlado por una oligarquía de la soja? ¿Qué peso tienen las compañías transnacionales?
En absoluto es un reduccionismo. Si hacemos un análisis estructural del país, efectivamente estamos ante un país netamente exportador de productos agroganaderos, principalmente soja. Además, con un modelo de producción latifundista y mecanizado, las grandes plantaciones de soja ni siquiera requieren de una gran cantidad de mano de obra, por lo que es un modelo productivo que produce una enorme pobreza nacional en términos generales; en cambio, para unos pocos propietarios genera enormes bolsas de riqueza por la exportación.

A lo anterior se une el drama de los agrotóxicos. Para una eficiente producción de soja los productores recurren al bombardeo de glifosato, destinado a eliminar la maleza de la tierra. Este químico, que a largo plazo destruye esa tierra y la hace infértil, además tiene graves consecuencias para la salud de los asentamientos campesinos cercanos a las plantaciones, sobre todo cuando se lanzan desde las avionetas.

P-¿Y en cuanto al narcotráfico?
Si a este modelo latifundista sojero, de concentración de riqueza y graves problemas sanitarios por el uso de agrotóxicos, le unimos el negocio del narcotráfico, tendremos un escenario desolador en el interior del país. Las bandas organizadas normalmente aprovechan esos latifundios enormes para establecer sus plantaciones de marihuana. Un lucrativo negocio que ha creado nuevas fortunas vinculadas a esta actividad ilícita. Fortunas que están empezando a desplegar la peor cara de este negocio, la violencia, con el repetido asesinato de periodistas en el interior del país que vienen denunciando esta actividad, como sucedió recientemente con el periodista Pablo Medina.

P-Por otro lado, fuiste autor de la querella que se presentó en Argentina, en agosto de 2013, por los crímenes cometidos en la dictadura de Stroessner (1954-1989). ¿En qué consistieron estos crímenes?
Paraguay sufrió la dictadura más larga de toda Latinoamérica, 35 largos años entre 1954 y 1989. Un régimen totalitario, de corte personalista, centrado en la figura de Alfredo Stroessner, y soportado sobre la triada de la conocida como “unidad granítica”: Gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado.

El stronismo estableció un sistema político orweliano, de absoluto control de la ciudadanía, con un férreo sistema de vigilancia social a través de los conocidos como pyragues (del guaraní espías, chivatos o confidentes), allegados al régimen que se esparcían por todo el país alertando de cualquier persona que pudiera ser sospechosa de animadversión al dictador.

Esta estructura totalitaria estableció una maquina de represión jerárquica, sistemática y planificada que cometió masivamente ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas, exilios forzados y otras graves violaciones a los derechos humanos. Para justificar todo este tipo de abusos, el régimen dictó el Estado de sitio permanente, a través de continuadas prórrogas, lo que permitía el uso de la detención arbitraria para la posterior tortura, ejecución, desaparición o expulsión del país. Además, se aprobaron las conocidas como leyes liberticidas (Ley 294 de 1955 de Defensa de la Democracia y Ley 209 de 1970 de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas) que facultaban a las fuerzas de seguridad para detener a cualquier persona sospechosa de ser simpatizante de ideologías progresistas.

P-¿Hay cifras contrastadas sobre estos crímenes/violaciones de los derechos humanos?
Por dar algunos datos oficiales recogidos por la Comisión Verdad y Justicia, un subregistro de lo que se ha podido documentar por este organismo, durante la dictadura uno de cada 124 ciudadanos paraguayos sufrió una violación de los derechos humanos. Se han documentado 19.862 detenciones arbitrarias, de las cuales el 91% de ellas no fueron en dependencias penitenciarias, sino en zulos de comisarías policiales; Paraguay contaba con los presos políticos de más larga duración de Latinoamérica, hacinados por más de 20 años en calabozos sin luz ni dependencias sanitarias.

Por otro lado, se documentaron 59 ejecuciones extrajudiciales, básicamente porque el régimen practicó preferentemente la desaparición forzada de los opositores (se han documentado hasta el momento 395 casos). La tortura fue una práctica generalizada: recibieron este trato el 90% de los detenidos, en 18.772 casos, contando el país con centros especializados de tortura como la Dirección General de Asuntos Técnicos (conocida como “La Técnica”, hoy Museo de las Memorias). A lo anterior se une el destierro de 3.472 personas que fueron expulsadas del país a la fuerza. Y todo ello junto a otras graves violaciones a los derechos humanos, de entre las que destacan la práctica de secuestro de menores de aproximadamente 15 años en dependencias del régimen, para ser sistemáticamente violadas por los jerarcas del país, como salió a la luz durante los trabajos de la Comisión Verdad y Justicia.

P-¿Ha habido en Paraguay una batalla por la memoria histórica, son conocidas estas violaciones de los derechos humanos por la opinión pública?
Después de la caída del régimen de Stroessner en 1989 no hubo ninguna depuración política del país. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial siguieron en manos del Partido Colorado. Por lo tanto, los responsables de la represión anterior siguieron en la mayoría de los casos impunes. Exceptuando algunas pocas causas contra policías de rango inferior, la impunidad fue la norma en el país.

Sin embargo, las victimas seguían presentando querellas, señalando a sus victimarios y exigiendo justicia. Pero la respuesta judicial era el “cajoneo” de las causas, quedando olvidadas en una impunidad que afecta a querellas presentadas hace ya más de 25 años.

Esta situación conllevó condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegación de acceso a la justicia de algunas víctimas. Además, la Comisión Interamericana recomendó a Paraguay que abriera una Comisión de la Verdad que documentara los crímenes de la dictadura y diera traslado de sus investigaciones a la Fiscalía para que actuara contra los responsables.

De esta forma, y gracias a la presión de la sociedad civil y de las diversas instancias internacionales, Paraguay estableció en el año 2003 la Comisión Verdad y Justicia, que trabajó en la documentación de los crímenes de la dictadura hasta el año 2008. Recogió miles de testimonios, accedió a documentación clasificada (por ejemplo del Procedimiento 1503 que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU abrió contra la dictadura) e incluso investigó en profundidad el conocido como Archivo del Terror, toda la documentación de la represión que el régimen quería destruir pero que un activista, Martín Almada, descubrió en 1992 y hoy es material probatorio inmejorable para poder impulsar las causas penales.

La Comisión Verdad y Justicia terminó sus trabajos con la publicación de su Informe Final a mediados de 2008. En este informe se identificaban 448 responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos, dando traslado de todo el material a los poderes del Estado. Pero desde entonces no ha habido ninguna actuación penal contra estas personas. La Fiscalía sigue sin proceder contra ellos y las causas están paralizadas.

P-¿Algún organismo internacional ha señalado la responsabilidad del Estado de Paraguay?
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a Paraguay por falta de persecución de estos crímenes en 2013. El Comité contra las Desapariciones Forzadas condenó igualmente a Paraguay por no identificar los restos de personas que los familiares encuentraron en las dependencias policiales, para cerrar así su duelo y poner fin a un delito permanente como es la desaparición forzada.

P-¿Cómo surgió la idea de la “querella argentina”?
Ante esta situación de impunidad, se decidió acudir a la justicia argentina a través del principio de jurisdicción universal. Este mecanismo de derecho internacional habilita para que ante aquellos crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto (principalmente genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra), por la magnitud de los hechos, cualquier tribunal del mundo pueda conocer de ellos, en el caso de que el país donde se cometieron y que tiene la competencia territorial, no quiera investigarlos.

La querella fue presentada el 5 de agosto de 2013 en Argentina y correspondió por el turno de reparto al juez federal Norberto Oyarbide, a cargo del Juzgado nº5. Desde entonces se han estado remitiendo exhortos desde Argentina a Paraguay solicitándole información.

P-En la querella se incluye el genocidio contra el pueblo Aché. ¿Cuáles son las características básicas de este pueblo y en qué consistió su persecución?
Efectivamente, la querella fue ampliada con relación a los crímenes cometidos contra la etnia Aché.

Durante los años ´70 un proceso de expansión de carreteras del país hacia el norte cortó en dos los bosques de Canindeyú, donde vivían los Aché, una comunidad indígena no contactada. La principal característica de este grupo era su carácter nómada, es decir, vagaban por esos bosques en los que habían vivido desde tiempos ancestrales cazando, sin que tuvieran un asentamiento estable.

Al establecerse esta nueva carretera, la posibilidad de transportar producción agroganadera desde la zona trajo consigo el establecimiento de fincas en esos bosques. Los Aché, que seguían con su modus vivendi ancestral, en ocasiones entraban en las fincas, evidentemente ajenos al concepto de propiedad privada que jamás habían escuchado, y se llevaban algunos cultivos o mataban alguna pieza de ganado.

Los terratenientes de la zona protestaron enérgicamente y la solución dictada por el régimen dictatorial fue aprobar la “sedentarización forzada” de la etnia Aché, sacándolos a la fuerza del monte y concentrándolos en una reserva, la Colonia Nacional Guayakí, dependiente del Departamento de Asuntos Indígenas, organización militar encuadrada en el Ministerio de Defensa Nacional.

P-¿Cómo se produjo este proceso de sedentarización?
Fue traumático. Las cacerías humanas de Aché se sucedieron durante años, en ocasiones a través de Achés sedentarizados que se utilizaban como señuelos, otras veces con sicarios de la zona y en ocasiones con la participación del propio Ejército. Posteriormente eran trasladados a la Colonia Nacional Guayaquí, bajo el mando del temible Sargento Pereira. Una vez allí solían ser vendidos como mano de obra prácticamente esclava a los estancieros de la zona. Los menores, en muchas ocasiones, fueron vendidos a familias paraguayas, sin que a día de hoy se tenga noticia de muchos de esos niños, ya que sólo se han podido recuperar una pequeña parte de ellos. Finalmente, una epidemia de gripe afectó a la Colonia y devastó a gran parte de los Aché, ante una carencia absoluta de medicamentos y alimentación necesaria. Todo este traumático proceso ha sido documentado por diversos antropólogos, de entre los que destaca el alemán Marl Münzel, quien fue testigo presencial de los hechos y llevó a cabo diversas denuncias internacionales.

P-¿Puede hablarse de un genocidio silenciado contra el pueblo Aché?
Los hechos han sido calificados algunas ocasiones de genocidio y otras de crimen de lesa humanidad. La diferencia radica en que el genocidio exige un elemento subjetivo, la comisión de esos crímenes con la intención de hacer desaparecer en parte o en todo a un grupo racial, religioso, étnico o nacional. En la querella se aplica la fórmula genocidio y/o lesa humanidad, dejando abierta la posibilidad de que durante la instrucción se califiquen los hechos en uno u otro sentido.

En mi opinión, los crímenes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, traslado forzoso, limpieza étnica de una zona, además de ser constitutivos de un crimen de lesa humanidad incuestionable, lo serían también de genocidio. La intención del régimen no fue el exterminio de la comunidad Aché en términos físicos, ya que la finalidad era expulsarlos de sus tierras y concentrarlos en la Colonia. Sin embargo, el objetivo final era acabar con la cultura Aché, trasladando a sus niños a familias de culturas paraguayas, impidiéndoles sus prácticas dentro de la reserva, extirpando su lengua al “culturizarlos”, y en definitiva, con la finalidad de hacer desaparecer ese molesto grupo que impedía el desarrollo económico en términos occidentales de una región del país.

P-Por último, ¿en qué punto se encuentra querella? ¿Cuál está siendo la posición del estado de Paraguay ante la misma?
Desde que se presentó la querella en agosto de 2013, se abrió la Causa 7300/2013 y comenzó a exhortarse a Paraguay para que identificara si efectivamente allí se estaban investigando esos hechos.

En un primer momento Paraguay se negó a cooperar judicialmente con Argentina. De hecho, durante más de un año se negó a responder el exhorto del juez Oyarbide. Sin embargo, la presión internacional hizo que finalmente se respondiera, remitiéndose una simple comunicación donde se afirmaba que esos crímenes eran competencia territorial de Paraguay y que se estaban investigando allí, en un desconocimiento absoluto del mecanismo de jurisdicción universal.

Sin embargo, el juzgado argentino reiteró un segundo exhorto en el que solicitaba más información, al que todavía no se ha respondido, por lo que se demuestra nuevamente la falta de voluntad de cooperación judicial.

La idea es que una vez quede acreditada la impunidad existente en Paraguay, se comiencen a incorporar los testimonios de los víctimas, la documentación probatoria, y se dicte orden de detención internacional, para empezar, contra los 18 represores que están vivos y que han sido identificados por la Comisión Verdad y Justicia, así como las víctimas que son querellantes en Argentina.
Enric Llopis