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viernes, 31 de agosto de 2018

_- El crimen histórico contra la sanidad pública

_- Ruth Toledano
eldiario.es


 A quienes han crecido con los gobiernos del PP, partido impulsor de la privatización de la sanidad, se les ha arrebatado esa seguridad que, pasara lo que pasara, dábamos por hecha ante lo más importante: la salud

Crecí en la idea de que vivía en un país tocado por la fortuna de su sanidad pública. Era una idea generalizada, una convicción que, en última instancia, dotaba a la gente de una gran tranquilidad. Podías tener cualquier revés en esta vida -familiar, económico, laboral-, las cosas podían ponerse muy feas. Pero sabías que en cualquier momento, si lo necesitabas, ahí estaba la Seguridad Social para ayudarte. Era una realidad incuestionada según la cual podías ser rica o pobre, viejo o joven, haber nacido en el kilómetro cero o en el lugar más remoto, tener la piel más blanca o más negra, tener trabajo o no tenerlo, tener estudios o carecer de ellos, ser propietaria de una casa o vivir en situación de calle; en cualquier caso, si te fallaba lo más importante (la salud, se decía), estaba a tu disposición todo el aparato sanitario.

Ese aparato contaba con el mejor personal de todo tipo y con los mejores profesionales de la medicina y la enfermería. Crecí en la idea de que, si bien las familias acomodadas eran tradicionalmente cuna de médicos, si bien los barrios pudientes alojaban las consultas privadas de unos especialistas cuyo renombre se heredaba de generación en generación, era en la sanidad pública donde estaban los mejores de entre los mejores, los más estudiosos y formados, los que para despuntar no habían invertido dinero y apellidos sino que habían hecho brillar su talento y agotado su esfuerzo personal. Un aparato que era a su vez espacio de emancipación económica para las mujeres: el sistema patriarcal y el recalcitrante machismo patrio les habían permitido el acceso a una parte del trabajo en ese sector, aunque sufrieran un evidente techo de cristal y fueran pocas las que tuvieran la oportunidad de superarlo y convertirse en doctoras.

Crecí en la idea de que el sistema sanitario público español contaba, además, con los mayores medios materiales y con los recursos técnicos más avanzados (los mejores aparatos, se decía). Todo el mundo tenía claro, y de ese modo se verbalizaba, que a las comodidades de hotel de una clínica privada solo recurrían quienes podían permitírselas cuando sufrían una dolencia o intervención menor, pero que si te pasaba algo serio o delicado, nada como la Seguridad Social. Lo cierto era que a nadie en España le faltaba una consulta médica, una prueba diagnóstica, una operación quirúrgica, un ingreso hospitalario. Mientras, de los Estados Unidos llegaban casos espeluznantes de personas que habían llegado a morir sin asistencia a las puertas de un hospital por carecer de un seguro médico, historias de familias que no podían afrontar el coste de un tratamiento o que se veían obligadas a vender todas sus pertenencias (hasta la casa, se decía) para tratar de salvar la vida de su bebé. Crecí en la idea de que aquí vivíamos libres de esa crueldad.

No eran falacias de ningún régimen interesado. A pesar de que faltaban coberturas y tratamientos (desde la odontología a las enfermedades raras), es decir, de que muchas personas quedaban o podían llegar a quedar excluidas de su protección, la sanidad pública española se encontraba en el Top Ten del ranking del sector. Así lo señalaba, entre otros, la prestigiosa revista médica The Lancet, que realiza un estudio anual a través del cual evalúa el sistema sanitario en 195 Estados del mundo. El ranking de 2018 está encabezado por Islandia y Noruega. Siguen Holanda, Luxemburgo, Australia, Finlandia y Suiza. Y cierran el Top Ten Suecia, Italia y Andorra. España ha pasado del puesto número 8, que ocupaba hace un año, al puesto 19, junto a Nueva Zelanda, Dinamarca, Alemania y Francia. Puede pensarse que no es una mala posición pero lo cierto es que la valoración internacional de la sanidad española ha descendido notablemente y queda patente que su calidad ya no es incontestable.

Los resultados que ha publicado The Lancet en 2018 corresponden a evaluaciones realizadas en 2016, es decir, en plena era Rajoy. A quienes han crecido con los gobiernos del PP, partido impulsor de la privatización de la sanidad, se les ha arrebatado esa seguridad que, pasara lo que pasara, dábamos por hecha ante lo más importante: la salud. Quienes han crecido con los gobiernos del neoliberalismo pepero, que ha recortado recursos a los hospitales públicos y encima ha arruinado con ello las arcas, que ha hecho con nuestros derechos conseguidos un criminal negocio (muchos de aquellos apellidos de las consultas y clínicas privadas están relacionados con las empresas que han querido hacer del derecho un pastel), nunca sabrán que en España hubo un sistema sanitario ejemplar, y que les pertenecía. Es un robo y una desgracia histórica que solo con conciencia se podrá reparar. 

Fuente:
http://www.eldiario.es/zonacritica/sanidad-publica_6_802879716.html

martes, 26 de junio de 2018

Lo que nos dice la experiencia sobre los modelos de colaboración pública-privada en el ámbito de la gestión sanitaria.

Marciano Sánchez Bayle

Desde hace años, y en medio de la ofensiva neoliberal para desmantelar y privatizar los sistemas sanitarios públicos, se ha puesto en marcha la llamada “colaboración público-privada” (CPP) en el sector sanitario público.

Una CPP es un contrato realizado entre la administración pública y una o varias empresas privadas por el que:

• La empresa privada financia, construye y gestiona algún elemento de un servicio publico y

• La empresa privada cobra a lo largo de varios años, ya sea mediante las tarifas abonadas por los usuarios (tasas, etc.), mediante los pagos de la administración pública o una combinación de ambos.

Como muy bien señala David May (PSI 2015) conviene recordar que el concepto de CPP no se utilizó antes de los anos 1990, pero las concesiones han existido durante mucho tiempo antes.

La base de las CPP consistía en que la empresa privada se comprometía a invertir su propio dinero y, a cambio, el Estado garantizaba a la empresa el monopolio en el suministro de ese servicio en la zona, y así la empresa podía obtener un retorno sobre el capital cobrando a los usuarios. Las concesiones se utilizaron con frecuencia en el siglo XIX para implantar sistemas de agua, gas y electricidad, así como ferrocarriles, que implicaban una elevada inversión de capital.

Pero el modelo CPP no fue capaz de proporcionar la magnitud de inversión requerida para los servicios universales a precios asequibles, por lo que, en general, fueron reemplazadas por entidades públicas que utilizaban financiación publica.

La versión moderna de las CPP, en la que el gobierno paga a la empresa privada (en lugar de los consumidores), fue inventada en Reino Unido en los anos 1980 por el gobierno de Margaret Thatcher. La introducción de reglas fiscales neoliberales redujo el endeudamiento estatal y la capacidad fiscal del estado, pero el gobierno quería poder invertir en infraestructura publica. Las CPP se plantearon como la solución, bajo el nombre de Iniciativa de Financiación Privada (PFI sus siglas en ingles). Aunque el gobierno se compromete a sufragar la inversión, como si él mismo hubiera tomado prestado el dinero, durante un periodo de muchos años que suele ser variable según los casos (entre 10 y 30 años), las normas contables permitían tratarlas como un préstamo privado, no como un préstamo o endeudamiento publico, de modo que el dinero puede tomarse prestado sin infringir las normas fiscales. La política también era atractiva para el gobierno de Thatcher, ya que representaba otra forma de privatización, permitiendo a las empresas privadas beneficiarse del dinero publico, y exigiendo a los servicios públicos que proporcionaran oportunidades comerciales rentables para la empresa privada, que pronto quedaron en manos de grandes multinacionales y fondos de inversión o de capital-riesgo.

Las CPP nacieron como una estratagema contable, una manera de sortear las propias restricciones del gobierno sobre el endeudamiento publico, y siguen teniendo una gran atracción para los gobiernos y las instituciones internacionales. De la misma forma que empresas como Enron habían intentado ocultar sus auténticos pasivos trasladándolos ‘fuera del balance’, los gobiernos comenzaron a utilizar las CPP como estratagemas…. gracias a las que las cuentas públicas imitaban la contabilidad creativa de algunas empresas privadas. Desde la caída de Enron, estas estratagemas han sido prohibidas para las empresas, pero las CPP –que se fundamentan en los mismos principios de maquillar/esconder el endeudamiento real– son frecuentemente promovidas por los gobiernos.

Para las empresas privadas implicadas –bancos, constructoras y empresas de servicios– las CPP representan una oportunidad comercial sumamente atractiva. Un solo contrato (generalmente suscrito por la propia administración publica) les proporciona una fuente de ingresos seguros y de alta rentabilidad durante muchos años. Las empresas pueden presionar a los políticos para garantizar que los gobiernos creen CPP, y las renegocien creando modificaciones y con ellas incrementos del endeudamiento y de los beneficios muchas veces durante la duración del contrato.

Desde el principio, la PFI fue criticada tanto por la derecha como por la izquierda por ser mucho mas cara que el uso de financiación publica, por perjudicar a los servicios, y por tratarse de una ‘estafa’ para encubrir la inversión y el endeudamiento publico real. Sin embargo, fue adoptada e incrementada por posteriores gobiernos del Reino Unido, y se creó una unidad especial dentro de la Tesorería, integrada principalmente por ejecutivos del sector privado, con el propósito de que actuara como un centro permanente dentro del gobierno para promover proyectos PFI.

Esta forma de actuar y los mecanismos utilizados para ello se han convertido en el modelo para las unidades de CPP creadas por numerosos gobiernos de todo el mundo.

Reino Unido ha utilizado las CPP para construir una amplia gama de edificaciones e infraestructuras: hospitales, escuelas, carreteras, ferrocarriles, instalaciones de defensa, y oficinas gubernamentales. Conforme se ampliaron los limites neoliberales de endeudamiento de la administración publica, también lo hicieron las CPP (por ejemplo, en Europa, donde las normas de la UE empezaron a limitar el endeudamiento publico al 3 por ciento del PIB).

Así se extendió inicialmente a Nueva Zelanda, Australia, Canáda y EE.UU., países todos ellos que empezaron a utilizar la CPP como un componente de la política de privatización, y una forma de maquillar unos presupuestos maquillados mediante la ocultación del endeudamiento.

En los países en desarrollo, los bancos de desarrollo y las empresas multinacionales fomentaron la proliferación de la CPP en los anos 1990, especialmente en los sectores del agua y de la energía, como parte de la promoción general de la privatización –y como una forma de evitar las restricciones fiscales que las mismas instituciones financieras internacionales imponían en los países en desarrollo–. La principal forma de privatización del agua eran las concesiones o los contratos de arrendamiento, que son una forma tradicional de CPP. En el sector energético, se ha producido una introducción generalizada de productores independientes de energía (IPP por sus siglas en ingles) con la compra de la electricidad por el sector público garantizada a largo plazo. Los CPP se han enfrentado a una fuerte resistencia popular y a importantes movilizaciones en su contra en muchos países, lo que ha conducido a la rescisión por ejemplo de numerosas concesiones de agua.

En diversas ocasiones se han señalado los aspectos generales de las contradicciones existentes entre el mercado, la provisión y gestión privada, y la garantía de un derecho básico como es el de la protección a la salud (ver: M Sánchez Bayle La privatización de la asistencia sanitaria en España. Fundación Alternativas. Documentos de trabajo Nº: 182/2014), por lo que no voy a incidir mas en el tema y voy a centrarme en la experiencia que existe sobre las denominadas “colaboraciones público-privadas” en nuestro país, y esto con algunas limitaciones importantes porque, si en general la administración sanitaria peca de escasa transparencia, en este tema la opacidad es casi total, y las cosas se conocen porque ha pasado tiempo y porque se ha puesto mucho empeño en averiguar los datos.

Como ya se ha señalado, las CPP no son ni mucho menos exclusivas del sector sanitario, pero en él han tenido un importante desarrollo; desde el Reino Unido, donde se iniciaron los primeros experimentos, se han extendido a muchos otros países en casi todo el mundo (España, Portugal, Italia. Canáda, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Chile, Perú, etc.) y continúan numerosos intentos de expansión. Un hecho a resaltar es que en Latinoamérica son generalmente empresas de titularidad y origen español (aunque ya se han convertido en sucursales de multinacionales norteamericanas o alemanas) las que están siendo la punta de lanza de esta expansión del modelo CPP.

En España, se han desarrollado dos modelos de CPP en los centros sanitarios, la denominada iniciativa de financiación privada (del que hay 7 centros en Madrid, uno en Baleares, otro en Castilla y León y otro en Galicia), y las “concesiones administrativas”, también conocido como modelo Alzira por ser este el primer centro donde se implantó (con 5 centros en Valencia y 4 en Madrid). Cuando se iniciaron los hospitales PFI en nuestro país, ya existía amplia experiencia en otros países y se había publicado en 2006 en el Boletín de la OMS un articulo que señalaba que el modelo tenía muchos e importantes problemas, y que la única ventaja conocida era que las construcciones se realizaban en el plazo señalado (en España esta supuesta ventaja no se produjo de manera generalizada llegando al extremo de que un hospital de Vigo se abrió con 4 años de retraso).

De los datos de la experiencia en nuestro país pueden extraerse los siguientes problemas para estos modelos de CPP:

Incremento de los costes
Se ha constatado un notable aumento de los costes de estos centros: en el caso de los 7 hospitales PFI de Madrid, con un coste de construcción de 701 millones €, en el año 2011 las empresas concesionarias habían recibido 761,3 millones € de acuerdo con el contrato inicial, quedando pendientes 4.284 millones €. Pero, es más, se descubrió gracias a un Informe del Tribunal de Cuentas que en 2010 se les habían concedido 80 millones € sobre el contrato inicial, y aprobado un aumento de 9,1 millones € del canon. No es pues de extrañar que en 2010 el coste por cama anual fuera de 434.868 € frente a los 277.235 € de los centros de gestión tradicional. Lo mismo puede decirse del hospital de Burgos cuyo sobre coste inicial se ha disparado aún más con las sucesivas modificaciones (de 1.000 millones € del contrato inicial, frente a un coste de construcción de menos de 200 millones, estamos en 1.700 millones € en 2017), y del hospital de Vigo, que ha pasado de un presupuesto de 331,7 millones € en su construcción por el modelo tradicional a un contrato de 1.566,4 millones €.

Por otro lado, en varios casos se ha demostrado que la inversión inicial que supuestamente realizan las empresas adjudicatarias no es tal, ya que recurren a créditos públicos de la Banca Europea de Inversiones avalados por los correspondientes gobiernos de las CCAA, por lo que su aportación y su riesgo es cero.

Otro hecho constatado en el caso de Madrid es que la parte publica de los hospitales PFI asume costes que por contrato pertenecen a las concesionarias; así se ha evidenciado en el hospital de Majadahonda, donde el personal de mantenimiento durante años fue pagado por el SERMAS, y en el hospital de Vallecas donde la jardinería y personal administrativo eran del SERMAS a pesar de corresponder a las concesionarias, que sin embargo no pagaba ni recibía ningún recorte en el canon. En Alzira, recientemente, la Consejería ha reclamado a la concesionaria 102 millones DE € correspondientes a salarios de personal estatutario que durante 3 años había trabajado “gratis” para Ribera Salud.

Hipotecan a la política sanitaria
Y lo hacen porque se trata de contratos a muy largo plazo que impiden la necesaria flexibilidad y capacidad de adaptación que debe tener el servicio sanitario a las necesidades de la población, y también porque los contratos garantizan actualizaciones automáticas de las cantidades a percibir (ligadas al IPC o similar según cada caso concreto) que no tienen relación con la evolución de los presupuestos sanitarios públicos (durante la crisis, recortes de cerca del 20% de los presupuestos de las CCAA) lo que ha agravado los recortes de los centros públicos acaparando los centros de gestión privatizada una parte cada vez mayor de una tarta más pequeña.

Mala calidad de la construcción y equipamientos
Otro aspectos reseñable y bastante generalizado es la mala calidad de la construcción y los equipamientos de estos centros; así se ha comprobado en los hospitales PFI de Madrid por la propia inspección del Ministerio de Trabajo, en el nuevo hospital de Vigo, que tuvo incluso que paralizar su apertura por estos problemas, y en el hospital de Burgos, con numerosas incidencias.

Disminuyen el número de camas y el personal sanitario.
Los hospitales PFI han disminuido el número de camas y personal sanitario no solo en ellos sino, de manera derivada, en los centros de gestión tradicional. Así, en la Comunidad de Madrid el numero de camas financiadas públicamente pasó de 15.531 en 2009 a 15.035 en 2015 (un 3,19% menos) y, por el medio, se habían abierto 11 nuevos hospitales, con lo que hemos conseguido un record Guinness de construir hospitales y en paralelo disminuir el número de camas gracias a la reducción de camas en los centros de gestión tradicional, que han pasado de 14.749 camas a solo 13.504; ello, evidentemente producido para favorecer el negocio de los nuevos centros. En el caso del hospital de Vigo también se ha producido una reducción importante de las dotaciones (camas, quirófanos, consultas, etc).

También se ha detectado una disminución del número de profesionales sanitarios, tanto médicos como de enfermería (por cama y por habitante adscrito al centro) en estos modelos, más acusado en el caso de las “concesiones administrativas” que en los PFI, que frecuentemente asumen el personal de un centro preexistente.

Eliminan el personal no sanitario
En los centros PFI de Madrid se eliminó el personal no sanitario, desapareciendo 26 categorías (lo que supuso 19.500 trabajadores menos). Un hecho llamativo que se ha detectado es que el personal contratado por las concesionarias era netamente inferior al fijado en los pliegos de condiciones, así como que se producía una sistemática subcontratación de estas tareas a veces con una intolerable rotación de las subcontratas; en uno de los centros, en 1 año se hicieron cargo de las mismas tareas 11 subcontratas.

Empeoran las condiciones laborales
En el Reino Unido, el 13% de las enfermeras tituladas son reemplazadas por ayudantes de atención sanitaria. Los hospitales PFI tenían entre un 20 y un 30% menos de plantilla que los públicos (14% menos de médicos y enfermería, 38% menos de personal de apoyo). El NHS (sistema de sanidad británico) calcula en 100.000 el número de puestos de trabajo menos (el 10% de la plantilla) 36.000 de ellos en el 2007. Como resultado, se produjo un éxodo en enfermería: el 45 % de las enfermeras tituladas en 4 años se fueron al extranjero, lo que explica la elevada demanda de estos profesionales en otros países (Portugal, España).

En Madrid, las concesiones administrativas tienen mas horario (40 horas frente a 37,5) y menores retribuciones (300 € mensuales de promedio).

Externalizan o privatizan aspectos claves
De entrada, dejan en manos de empresas privadas (frecuentemente subcontratas) los almacenes y distribución, la documentación clínica y administrativa (poniendo en riesgo la confidencialidad de los datos sanitarios), el mantenimiento integral, con resultados desastrosos en el caso de los hospitales de Madrid, la lavandería y esterilización (con graves problemas de abastecimiento y calidad), la limpieza y el catering (tiempo antes privatizados en casi todos los centros), los residuos urbanos, el transporte interno-externo y la gestión auxiliar, el apoyo administrativo, recepción y centralita, la cafetería, Parking y tiendas (también privatizados en los centros de gestión tradicional). Todo ello dificulta la coordinación entre estos aspectos, muchos de ellos clave para la actividad asistencial.

Además, se ha privatizado en otras empresas el laboratorio (en Madrid); el control del funcionamiento de los centros (en Galicia y Madrid); la informática está privatizada y, además, utilizan distintos sistemas informáticos que el resto de la red publica, con problemas de accesibilidad de la información; y el centro de llamadas está privatizado y se utiliza para derivaciones sistemáticas al sector privado. La extracción de sangre periférica se privatizó con resultados negativos, y en salud mental se privatizaron Centros de Salud Mental, hospitalización de agudos y larga estancia, centros de apoyo, etc.

La radiología se centraliza en el anillo radiológico, empresa pública situada en uno de los hospitales.
Las privatizaciones recogidas en el segundo párrafo suponen un incremento de costes que no están registrados en los costes calculados en los contratos, por lo que el sobrecoste real es muy superior al descrito.

Aumentan los costes para la población
Los costes de los servicios prestados por las concesionarias, por ejemplo el parking, se incrementan de manera exponencial dificultando seriamente la accesibilidad a las personas con menos recursos.

Acaban en manos de grandes multinacionales que hipotecan la soberanía y la prestación de un servicio básico
Aunque las PFI y las concesiones inicialmente se concedieron a empresas nacionales, éstas han acabado vendiendo su participación a grandes multinacionales que hipotecan la soberanía en la prestación de un servicio público básico. Que sepamos, hasta ahora son:

Hospitales de Parla, Coslada y Arganda en manos de LBIP.BV, en manos de LLoyd Bank. Majadahonda, comprado por DIF, fondo holandés.

Ribera Salud en manos de Centene, fondo de EEUU de aseguramiento y provisión sanitaria. Valdemoro y Fundación Jiménez Diaz, en manos de Fresenius (fondo de pensiones alemán que es mayoritario en la prestación privada con fondos publicos: mas de 1.500 millones € en el ultimo año). Torrejón, pertenece a Sanitas-BUPA, multinacional inglesa con presencia en Europa, Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda y Arabia.

El gran problema de estas multinacionales es que, por un lado, tienen una gran capacidad de presión (económica y política) sobre las administraciones públicas y, por otro, si no les interesan las condiciones de rentabilidad pueden “desaparecer”, cerrando centros y provocando un problema de cobertura asistencial.

Favorecen las corruptelas
La gran opacidad que caracteriza estos modelos favorece las corruptelas y/o la corrupción. En nuestro país se han identificado dos tipos: por un lado, las denominadas eufemísticamente “puertas giratorias” (así, dos exconsejeros madrileños que habían impulsado las privatizaciones acabaron en altos cargos de las empresas beneficiadas por éstas, cuando su escasa cualificación y conocimientos sanitarios son notorios). Por el otro, varias de estas adjudicaciones (hasta el presente la del hospital Son Espases y la de los centros PFI de Madrid) se encuentran en los tribunales por presunto cobro de comisiones y/o derivación de fondos a campañas electorales.

Empeoran la atención sanitaria al poner los intereses económicos y la rentabilidad por delante del derecho a la salud
Este es un tema de gran complejidad porque hay pocos datos (de nuevo, la opacidad) y existen diferencias entre los dos modelos de CPP (PFI y concesiones). En cualquier caso, este empeoramiento viene por dos vías: por un lado la directa, la mas complicada de demostrar, aunque existen casos como el hospital de Stafordshirre, una fundacion trusts del Reino Unido donde sendos informes del parlamento y del NHS establecieron que se había producido un exceso de mortalidad de entre 400 y 1.200 personas en 4 años, debido a los incentivos comerciales que primaban en el centro. En nuestro país hay un informe de UGT en la Comunidad Valenciana que cuantifica en 2.752 la mortalidad atribuible a la política privatizadora en esa comunidad autónoma.

La segunda vía es la del deterioro que producen los sobrecostes unidos a los recortes en el conjunto del sistema sanitario. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se han disparado las listas de espera, pasando la quirúrgica de 27.672 pacientes en junio de 2005 a 82.758 en septiembre de 2017 (recuérdese, después de abrir 11 nuevos hospitales), y en esa misma fecha el número de pacientes en lista de espera de consultas externas era de 403.338 personas y 118.273 en espera de pruebas diagnosticas, lo que hace un total de 604.369 personas en lista de espera (el 9,29% de la población total). O sea que la implantación de estos nuevos modelos no ha mejorado la situación asistencial, sino que la ha empeorado.

Las PFI son un primer paso para la privatización total
Una cuestión a tener en cuenta es que las PFI, al menos en Madrid, han querido ser convertidas por el gobierno regional en “concesiones administrativas” en el año 2012, lo que se logró parar por la amplia movilización social y profesional.

La ciudadanía prefiere la gestión pública
No sólo las movilizaciones expresan el rechazo generalizado de profesionales y ciudadanos ante estos fenómenos privatizadores, sino que las encuestas lo recogen también; así, el último Barómetro Sanitario (2016), ante la pregunta de cómo esta mejor gestionada la sanidad pública el 68,9% contesta que si lo hace la administración publica frente al 13,3% que piensa que lo hacen mejor las empresas privadas (por cierto el 71,1% en Cataluña y el 70,4% en Madrid).

Algunos Gobiernos autonómicos están iniciando procesos de reversión y/o de paralización de proyectos CPP
Otro fenómeno a tener en cuenta es la reversión que se esta produciendo de este tipo de “experimentos”. En Aragón, el gobierno (en ese momento del PP) reintegró el CASAR (un consorcio) a la red pública, y en Valencia el 1 de abril de este año se ha producido la reintegración del hospital de Alzira a la red pública, prometiéndose además que se hará lo mismo con el Hospital de Denia. Además, de han paralizado muchos proyectos, cuatro hospitales en Castilla La Mancha, dos en Extremadura, uno en Aragón y otro en Castellón (estos dos últimos casos con gobiernos del PP). Es decir, muchas administraciones públicas están reconociendo por la vía de los hechos que estos modelos no son buenas alternativas para la provisión de servicios sanitarios.

De todo lo expuesto, creo que queda bastante claro los muchos inconvenientes que tiene la denominada “colaboración público-privada” que han sido también reconocidos a nivel internacional, por múltiples estudios (el ultimo en 2014, el Informe del Comité de Expertos sanitarios de la UE). Y, por ello, es una obligación tanto desde el punto de vista económico como sanitario volver a la gestión pública de los recursos sanitarios, paralizando las privatizaciones y recuperando los centros privatizados.

Esta recuperación puede llevarse a cabo mediante 4 mecanismos:

1.  La no renovación de los contratos a la expiración de los mismos. Es lo que se ha hecho en Alzira, y tiene el inconveniente de que los contratos generalmente tienen plazos muy dilatados que prolongarían excesivamente en el tiempo la necesaria recuperación de los centros privatizados.

2. La compra por parte de la administración pública de todas o algunas de las empresas propietarias de las concesiones. Es una evidencia, como ya se ha señalado, que muchas de las empresas que recibieron inicialmente las concesiones vendieron sus participaciones en las mismas por múltiples motivos: necesidad de liquidez, desinterés por continuar en las UTEs una vez concluidas las obras (caso de las constructoras), incluso quiebra de las mismas. Dado que las administraciones pública deben de autorizar estas ventas, es el momento de hacerse con la propiedad.

3. Seguimiento exhaustivo del cumplimiento de los contratos ejercitando la capacidad sancionadora ante los incumplimientos. La experiencia señala que el incumplimiento es la norma ante la pasividad de las administraciones públicas que, en teoría, deberían ejercer el control de las concesiones, y de ahí proviene una parte importante de la elevada rentabilidad de las empresas concesionarias. Aparte de que es imprescindible un adecuado control para garantizar la calidad de la atención sanitaria a la ciudadanía, es obvio que un estricto control favorecería la tendencia de las empresas incumplidoras a revertir los centros.

4. Por fin, la expropiación de los centros por motivos de interés general, teóricamente posible, pero la que entraña mas dificultades por el laberinto legal en que se vería envuelta incluidas las dificultades que plantean las normativas de la UE y otros tratados internacionales.

Obviamente, ha quedado demostrado que la privatización sanitaria debe y puede revertirse, y que ello depende básicamente de la voluntad política de hacerlo. Ahora bien, conviene hacerlo con prudencia, estudiando caso a caso los contratos existentes y valorando los pasos a dar en cada caso concreto, y que ello puede hacerse en cada comunidad autónoma independientemente de las demás, aunque es evidente que la reversión tiene un cierto efecto domino. Por supuesto, seria de gran ayuda que se derogasen las leyes estatales y autonómicas que favorecen esta privatización, así como la elaboración de una legislación que garantizase y reforzase la provisión y la gestión pública en el Sistema Nacional de Salud.

Conviene recordar también que esta política no será posible si no se cumplen tres premisas fundamentales: gobiernos progresistas y/o de izquierdas, un sector profesional significativo que apoye la Sanidad Pública, y un amplio apoyo social, que se exprese tanto en una opinión pública predominante a favor del sistema público de salud como en movilizaciones masivas en su apoyo.

Es muy importante avanzar en este camino con celeridad porque de su logro depende la calidad de la atención sanitaria, la garantía de la universalidad de la misma y, en suma, la protección de la salud de la población.

Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Vicepresidente de la Internacional Association of Helth Policy y miembro del Comité Científico del Observatorio Iberoamericano de Políticas y Sistemas de Salud.

Fuente:
http://www.mientrastanto.org/boletin-168/ensayo/los-modelos-de-colaboracion-publico-privada-en-el-ambito-de-la-gestion-sanitaria-

lunes, 28 de mayo de 2018

La Sanidad empieza a recuperarse pero aún no llega al nivel de 2011. El real decreto de los recortes cumple seis años sin que haya una evaluación consistente de su efecto.

El sistema sanitario público muestra signos de que empieza a recuperarse del real decreto de abril de 2012 que supuso un recorte en la financiación, en el personal, implicó el aumento de la aportación de los usuarios mediante los cambios en el copago y, como consecuencia, de su insatisfacción. Y, además, dejó sin atención a las personas en situación irregular. En el sexto aniversario de la entrada en vigor de aquella norma, Amnistía Internacional le ha puesto voces a lo que consideran que fue “una receta equivocada”.

El real decreto 16/2012 supuso un cambio drástico del sistema nacional de salud. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había anunciado poco antes su intención de que se ahorrarán 10.000 millones entre sanidad (7.000 millones) y educación (los otros 3.000 millones). Seis años después, no hay un estudio que haya evaluado en su conjunto el impacto de las medidas acordadas por el departamento que dirigía Ana Mato, pero sí hay indicadores de su impacto.

En general, este llegó a su máximo rondando 2014, y ahora empiezan a recuperarse, aunque no se ha llegado al nivel previo a la crisis. Por eso Sanhita Ambast, directora del informe cualitativo que ha hecho Amnistía Internacional (AI) con 343 entrevistas a pacientes, profesionales y expertos seleccionados de Andalucía y Galicia no duda en decir que “la sanidad española ha perdido una década”.

Estos son algunos números que reflejan esta evolución.
Gasto sanitario público. Este superó los 70.000 millones de euros en 2009; en 2014 fue de 62.000 millones. Desde entonces se ha recuperado algo, pero aún no ha llegado al nivel de antes de la crisis, dijo Ambast. “Estos recortes presupuestarios no tienen sentido. Nos hemos sentido insultados, humillados e impotentes”, declaró un usuario a Amnistía. “Curiosamente, en mi hospital desmontaron la unidad de hemofilia después del decreto”, afirmó ayer en la presentación del trabajo Álvaro González, un andaluz con esta enfermedad.

La Sanidad empieza a recuperarse pero aún no llega al nivel de 2011

Personal contratado. Según el Ministerio de Hacienda, en 2012 había más de 500.000 trabajadores en el sistema sanitario; en 2014 bajaron a 480.000. Estas cifras también han aumentado desde entonces, pero sin llegar a las de 2012. Los profesionales denuncian la precariedad y la pérdida de salario, porque han sufrido la eliminación de pagas, el aumento de jornada laboral (de 35 a 37,5 horas semanales) y que los gestores solo pudieran cubrir una de cada 10 bajas como todos los funcionarios. “Muchos enfermeros atienden hasta 33 casos complejos al día. Tuvieron que dejarlo porque les resultaba imposible”, dice un profesional preguntado por AI.

La Sanidad empieza a recuperarse pero aún no llega al nivel de 2011
Lista de espera quirúrgica. Este dato refleja fielmente el impacto de los recortes. En diciembre de 2016 llegó a contar con 614.000 personas con una demora media de 115 días. En 2010 eran menos de 400.000 personas que esperaban 65 días de media. “Con un bulto en el pecho y una madre que murió de cáncer tardaron más de nueve meses en diagnosticarme”, dice Patricia a AI. En junio de 2017 ha habido una pequeña mejoría (604.000 personas y 104 días de espera).
La Sanidad empieza a recuperarse pero aún no llega al nivel de 2011

Gasto farmacéutico. El real decreto supuso que 400 medicamentos dejaran de estar financiados por la sanidad pública, aparte de que los pensionistas empezaron a pagar parte de lo que cuestan sus medicinas. El resultado fue que el gasto farmacéutico, que ya estaba descendiendo por el impulso dado a los genéricos, pasó de 11.100 millones en 2011 a 9.200 millones en 2014, y a partir de ahí empezó a subir. En 2017 cerró con 10.200 millones. “Este mes no voy a la farmacia porque no me puedo permitir los medicamentos que tengo que pagar”, dice una mujer en el informe de AI. Cobra una pensión de 320 euros al mes. El caso de E. no es único. Aunque hay pocos trabajos, uno de Valencia publicado hace un año calculaba que un 7% del os jubilados habían dejado de tomar medicamentos tan importantes como los que evitan que se formen coágulos tras haber superado ya algún problema cardiovascular.

La Sanidad empieza a recuperarse pero aún no llega al nivel de 2011

El diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha preguntado al Gobierno por los ahorros conseguidos gracias a los cambios en el copago de medicamentos, pero este le contestó con los datos generales del gasto por recetas. Fuentes del Ministerio de Sanidad afirman que no tienen ese dato y que es muy complicado de conseguir.

Usuarios.
El real decreto restringió el acceso al sistema sanitario a las personas jubiladas, en paro o que estuvieran cotizando a la Seguridad Social. Los mayores perjudicados fueron los migrantes sin permiso de residencia, que quedaron relegados a usar las urgencias, salvo que fueran mujeres embarazadas o menores. Médicos del Mundo tiene documentados más de 4.000 casos de extranjeros que en estos seis años han tenido que suspender tratamientos que recibían antes, o que se les ha pedido que paguen por ellos o se les ha intentado facturar la atención en urgencias. Si se comparan los datos del INE con el de las tarjetas sanitarias, se ve que en 2011 había 207.000 personas en España sin acceso a la sanidad. En 2012 eran 961.000, y en 2013, casi 1,3 millones. Gran parte son extranjeros residentes de la UE. Un reciente trabajo de la Universidad Pompeu Fabra estima que la mortalidad entre los extranjeros sin papeles ha subido un 15% con los recortes. La cifra de no asegurados ha bajado a menos de 600.000. No hay estudios claros sobre este fenómeno, pero coincide con un descenso de la migración y con la puesta en marcha en muchas comunidades de medidas para darles atención (muchas de las cuales fueron en un primer momento recurridas por el Gobierno central).



Satisfacción. El resultado de toda esta situación se refleja en el Barómetro Sanitario. En 2011, el 24% de la población pensaba que el sistema sanitario funcionaba muy bien; en 2014, este porcentaje bajó al 17,7%. En 2016 había cierta recuperación (un 19,8%). “Estoy muy enfadada. La atención de salud pública debería ser intocable”, afirma una auxiliar de enfermería en el informe de AI.

La Sanidad empieza a recuperarse pero aún no llega al nivel de 2011

https://politica.elpais.com/politica/2018/04/24/actualidad/1524578785_368919.html

miércoles, 3 de enero de 2018

Reino de España: Un año negativo para la Sanidad Pública. Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. 29/12/2017.

Cuando finaliza el año es un buen momento para hacer un balance, de lo que ha pasado para la Sanidad Pública durante el mismo, y los datos no son nada halagüeños. Señalamos solo las cuestiones mas destacadas.

A nivel del Gobierno se continúa con la política ya conocida de recortes y privatizaciones, expresada en el techo de gasto que impone Hacienda a las CCAA y que hace que los presupuestos de estas no hayan recuperado los niveles de 2009 (350 millones € menos en total), a lo que hay que sumar los recortes en administraciones locales, seguridad social y administración central, situándose en total más de 1.000 millones € por debajo del de 2009. A ello debe de añadirse la intención declarada del Gobierno de seguir reduciendo el gasto sanitario en relación al PIB en lugar de aprovechar la mejora en la situación económica para recuperar lo recortado, y la continua postergación de un nuevo modelo de financiación autonómica.

Por otro lado el gasto farmacéutico sigue subiendo (tanto en recetas que tiene un aumento del 2,89% interanual a octubre de 2017; como el hospitalario con un crecimiento del 6,5% interanual a septiembre de 2017), disminuyendo los fondos disponibles para la atención sanitaria, y ello a pesar de que tenemos un elevado gasto farmacéutico (18% sobre gasto sanitario frente al 15% del promedio de la OCDE). Situación esta que es más comprometida debido al acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustriaque le garantiza un crecimiento del gasto en medicamentos equivalente al del PIB, en un momento en que como se ha señalado el gasto sanitario público crece por debajo de este aumento del PIB con lo que disminuye su peso respecto al mismo. Ello supone un escenario de empeoramiento de la sostenibilidad del sistema sanitario a costa de incrementar los beneficios empresariales de la industria farmacéutica.

Desde el Ministerio de Sanidad se continua la política de privatizaciones más o menos silenciosas, y de la gestión de la ministra poco puede decirse fuera de su desastrosa participación en la política catalana, y del hecho de que ha confirmado los pronósticos más negativos sobre su incapacidad y/o desinterés para hacerse cargo de la Sanidad del país.

Finalmente resaltar las dos sentencias del Tribunal Constitucional anulando (por motivos competenciales) las legislaciones del País Vasco y Valencia que permitían la ampliación de la atención sanitaria a los inmigrantes no regularizados saltándose el RDL 16/20112 que nos retrotrae a un escenario de desatención de este grupo de población. De nuevo se evidencian las contradicciones de las políticas del PP que ha recurrido estas normativas pero las de otras CCAA que tenían efectos similares.

El único hecho positivo reseñable es el compromiso de la Comunidad Valenciana de revertir el Hospital de Alzira a la gestión pública.

Desgraciadamente el 'procés' ha encubierto los problemas de la salud y del sistema sanitario, que siguen siendo muy importantes tal y como se comprueba diariamente, por ejemplo con la epidemia de gripe que ha vuelto a saturar las urgencias hospitalarias y, un año mas, al parecer, con su habitual llegada en invierno, ha cogido totalmente desprevenidas a las “autoridades sanitarias”.

Necesitamos otra política sanitaria, cuando menos una financiación suficiente, controlar el gasto farmacéutico, recuperar lo recortado y acabar con las privatizaciones. Habrá que seguir trabajando en 2018 para conseguirlo.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública federación de asociaciones de profesionales relacionados con la sanidad (médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos, psicólogos, trabajadores sociales, gestores, economistas, etc.), interesados en la defensa y la mejora del sistema sanitario público. Es una organización, apartidista aunque no neutral, ya que nos declaramos a favor de un sistema sanitario público, universal y redistributivo, que garantice el acceso a una atención de salud de calidad en condiciones de igualdad.

Fuente: http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-de-prensa/1586-2017-un-ano-negativo-para-la-sanidad-publica

sábado, 2 de diciembre de 2017

Los verdaderos saboteadores son los defensores del brexit, que están destrozando la sanidad

El diario/The Guardian


Tras los insultos de los defensores del brexit, nuestra institución nacional más preciada se desangra de personal europeo a medida que se rompe y se contrae

La mitad de los doctores está considerando salir del país y una quinta parte ya ha hecho planes para hacerlo.

¿Quiénes son los verdaderos saboteadores? ¿Son aquellos que quieren que el parlamento vigile el Brexit para impedir un acuerdo desastroso que podría arruinar la economía y destrozar las prestaciones sociales? Esos eran los saboteadores a los que había que machacar según the Daily Mailcuando Theresa May convocó sus desastrosas elecciones anticipadas. ¿O son los saboteadores aquellos que, a través de la intolerancia, el fanatismo ideológico retorcido y la completa estupidez, están dañando el tejido de servicios públicos del que todos dependemos?

El Servicio Nacional de Salud Británico está apoyado por 12.000 doctores de la Zona Económica Europea. Sin ellos, nuestra institución más preciada –que nos trae al mundo, nos cura cuando estamos enfermos o heridos y que nos cuida en nuestros últimos instantes de vida– se desmoronaría. Por tanto nos debería preocupar, por decirlo suavemente, que prácticamente la mitad de ellos esté considerando salir del país y una quinta parte ya haya hecho planes para hacerlo.

Que ironía tan retorcida. Los defensores del Brexit tomaron una decisión calculada para ganar el referéndum de la Unión Europea con una mezcla tóxica de mentiras y fanatismo. Una de las falsedades más llamativas fueron los supuestos 390 millones de euros extra a la semana que ingresaría el Sistema Nacional de Salud una vez se saliese de la UE. En su lugar, el sistema se está vaciando de médicos a los que necesitamos tremendamente.

¿Se les puede culpar por querer irse? Hemos pasado años utilizando de forma mordaz a los inmigrantes como chivo expiatorio para desviar la responsabilidad de los bancos, los evasores de impuestos, las empresas irresponsables, los que pagan salarios de pobreza, los estafadores, los políticos neoliberales y todos los demás intereses establecidos que han desatado la miseria y la inseguridad en Reino Unido. La aportación positiva de los inmigrantes fue prácticamente desterrada del debate público. Esta campaña alcanzó su punto álgido durante el referéndum, cuando se retrató a los inmigrantes como posibles criminales, violadores, asesinos y terroristas. Ello legitimó a los racistas en Reino Unido y resultó en un aumento en los crímenes de odio en las calles. Me pregunto por qué actualmente los doctores europeos no se sienten especialmente bienvenidos.

Es el peor momento posible para que se produzca una sangría de doctores. La sanidad está sufriendo la mayor restricción en su financiación como parte del PIB desde su creación; se está rompiendo por la mercantilización y la privatización; cada vez está bajo una mayor presión a causa de presupuestos sociales diezmados y de ciudadanos más longevos. El personal médico tiene la moral hundida –por la privatización, la falta de personal y los recortes–, independientemente de su lugar de nacimiento. Un estudio reciente señala que dos tercios está considerando irse. ¿La consecuencia? Vamos a tener que buscar más médicos en el extranjero. Esta es una ironía recurrente en el gobierno conservador. Tras los primeros cinco años del gobierno de coalición, drásticos recortes en las plazas de formación para enfermería han llevado al Sistema Nacional de Salud a buscar uno de cada cuatro enfermeros en el extranjero.

¿Cómo hemos permitido a los intolerantes y a los xenófobos de nuestra volátil élite de la política y el periodismo sensacionalista que hagan tanto daño? En lugar de transmitir a los doctores que nos salvan la vida que no son bienvenidos en Reino Unido, nos deberíamos centrar en cómo podemos gravar el auge de individuos ricos y grandes empresas para invertir más en sanidad. Debería estar muy claro quiénes son los verdaderos saboteadores. Ya han infligido un daño incalculable a nuestro tejido social, a nuestros servicios públicos, nuestra economía y a nuestra posición internacional. La pregunta es: ¿Cómo evitamos que sigan haciendo daño?

@OwenJones84

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Fuente:
http://www.eldiario.es/theguardian/verdaderos-saboteadores-conservadores-Brexit-destrozando_0_708329436.html

domingo, 11 de diciembre de 2016

UNA HERMOSA LÁGRIMA

Un mendigo callejero, una limosna enrabietada y la sorpresa: un regalo en forma de cristal que refleja la dignidad y la belleza de la vida.


EL OTRO DÍA me sucedió algo extraordinario. Estaba en Barcelona para asistir a un congreso literario y salí del hotel a primera hora de la tarde camino de una mesa redonda. Me alojaba cerca de las Ramblas, en plena zona turística, y la calle era un hervidero de peatones.

Y, como siempre sucede en el centro de las grandes ciudades, también había un montón de mendigos. Uno de ellos era más llamativo; pertenecía al registro de indigentes discapacitados y contrahechos, a ese terrible, patético rubro de personas desbaratadas que son esclavas de mafias sin escrúpulos, que los obligan a exhibir sus deformidades para causar conmoción y piedad en el viandante. Ya se sabe que la explotación del monstruo, del débil, del distinto es un antiquísimo negocio. Todo un clásico de la maldad humana.

Este mendigo en concreto se encontraba arrimado a la pared y sentado en el suelo sobre una manta. Las piernas, tapadas con el cobertor, no se le veían. Por la carencia de volumen, debían de ser delgadísimas, o quizá ni siquiera tuviera extremidades inferiores, no me fijé lo suficiente para saberlo; nunca miramos mucho a personas así. Lo que resultaba indudable era que no podía caminar por sí solo. Sus explotadores debían de haberlo colocado ahí en algún momento, como quien coloca una máquina tragaperras en un bar.

Estaba desnudo de cintura para arriba. Mostraba un torso raquítico y deforme, un pecho picudo de paloma, unos bracitos casi inútiles, puro hueso y pellejo. Coronándolo todo, una cabeza demasiado grande con una desordenada cabellera castaña. Esa tarde no hacía frío, pero desde luego tampoco hacía calor como para estar así, desnudo y quieto. Pasé por delante sin detenerme, diciéndome, como siempre que veo algo así, que no se debe dar dinero a estos indigentes para no fomentar la explotación, y también preguntándome cómo es posible que permitamos que suceda semejante abuso ante nuestros ojos; cómo no interviene la autoridad, cómo no lo rescatan de la mafia. Pero a los dos minutos se me fue el asunto de la cabeza.

Cuando regresé al hotel seis horas más tarde ya era de noche. Y el mendigo seguía allí, desnudo y solo. Pensé: si no saca suficiente dinero lo mismo lo tienen aquí hasta la madrugada. Resoplé, enrabietada contra mí misma, contra el mundo, contra los explotadores, sabiendo que iba a intentar paliar mi desasosiego con una maldita limosna. Me acerqué rápidamente, eché dos tristes euros en el bote que tenía delante de él y salí escopetada. Pero entonces el hombre me chistó, deteniendo mi huida. Me volví y advertí que el mendigo estaba cogiendo un objeto pequeño que había sobre la manta. Estiró su bracito maltrecho y me lo tendió; desconcertada, puse la mano y él depositó en mi palma un bellísimo cristal pulido del tamaño de una alubia, con un color azul profundo y una limpia y oscura transparencia. Alcé la cara, atónita, y por primera vez vi de verdad al hombre. Sus ojos eran de un tono verde uva imposible, maravilloso. Una mirada sobrecogedora que no parecía pertenecer a este mundo. Me dijo algo en una lengua desconocida. Yo le susurré gracias con la garganta apretada, las gracias más sinceras que he dicho en mi vida, y me fui con el cristal dentro del puño.

Horas más tarde, aún trastornada por el suceso, escribí a un amigo contándole la historia, y él me contestó: “Es un hierofante; no sientas pena de él”. Me pareció precioso: sí, un hierofante, que en la Grecia antigua era el sumo sacerdote de los cultos mistéricos. De hecho, la palabra hierofante significa “el que hace aparecer lo sagrado”, y eso era exactamente lo que había logrado nuestro mendigo: que por un instante se parara el rotar del planeta, que estallaran el misterio y la belleza de la vida, todo aquello que es mucho más grande que nosotros. Me sentí bendecida, porque eso es lo sagrado para mí, que no soy creyente. Ese hombre contrahecho, que ha debido y debe de tener la existencia más dura que pensarse pueda, fue capaz de elevarse por encima de todas sus limitaciones y, revestido de una suprema dignidad, me dio un regalo que nadie hubiera podido pagar ni con todo el dinero del mundo. Y aquí estoy, agradecida, con su hermosa lágrima de cristal en la mano.

http://elpaissemanal.elpais.com/columna/una-hermosa-lagrima/

lunes, 6 de julio de 2015

El 70% de los españoles rechaza la gestión privada de la sanidad (de el País) ¿Privatización en diferido?

El Partido Popular ha aceptado las condiciones impuestas por Ciudadanos para gobernar en la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes se mostró muy orgullosa de aceptar esas condiciones y nos aseguró que la sanidad no se privatizaría.

Recientemente ha habido una información en la que se decía que la adscripción a las compañías sanitarias privadas se había incrementado notablemente desde que comenzó la crisis. Por otra parte, otros informes nos hablan del aumento de las listas de espera en la sanidad pública.

Mucho me temo que los gestores de los hospitales públicos no van a ser cambiados, con lo que las cosas seguirán con la misma tendencia, es decir, seguirán aumentando las listas de espera y la gente se inscribirá en la sanidad privada para ser atendida más rápidamente. Si la población acaba pasando mayoritariamente a la red privada por la falta de atención inmediata en la pública, se habrá conseguido que las empresas privadas obtengan mayores beneficios que con el anterior proceso.  Madrid 25 JUN 2015 -

sábado, 2 de mayo de 2015

Francia prueba que se puede recuperar para el Estado hospitales privatizados como los españoles

El Gobierno francés anuló un contrato con la adjudicataria de la concesión, que había disparado los costes, y prevé un ahorro de 700 millones de euros

La historia del centro situado al sur de París es paralela a la del hospital de Burgos, que costará en 30 años cerca de 2.000 millones de euros

La Comunidad Valenciana rehízo la concesión del centro de Alzira para garantizar la rentabilidad a la contratista y Madrid, a petición de las empresas, aumentó el canon a las gestoras privadas de hospitales

¿Tienen algo en común París y Burgos? ¿Y con Alzira? ¿Y con Valdemoro? Sí. Todos tienen hospitales gestionados y construidos por empresas privadas a cambio de un canon económico pagado con dinero público. En el caso castellanoleonés, ambos hospitales tienen una vida paralela. Pero el francés ha regresado a manos del Estado y el burgalés es todavía un agujero para las cuentas públicas.

Las similitudes entre París y Burgos ejemplifican esta historia de cesión ruinosa a empresas de servicios públicos. Y sus diferencias también ilustran la manera de abordar el fracaso de la apuesta privatizadora. Los dos se planificaron casi en las mismas fechas, se ejecutaron bajo la fórmula de la colaboración público-privada y tuvieron un sobrecoste descomunal. La solución para los dos centros sí que ha sido diferente: el Gobierno francés llegó a un acuerdo con la adjudicataria para anular el contrato, mientras que la Junta de Castilla y León pretende pagar por el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) el doble de lo que había previsto en los próximos 30 años. La asociación 'Sanidad Pública Sí' pide al Gobierno regional que considere la posibilidad de copiar esa respuesta invocando el "interés general" y ha convocado una mesa de partidos para estudiar la propuesta.

En 2006 la Administración gala adjudicó a la empresa Eiffage la construcción de un hospital que diera servicio a los municipios de Evry y Corbeil, cercanos a la capital, en la región de Essonnes. El contrato establecía un importe de 344 millones de euros y un canon a pagar durante 30 años a la concesionaria y explotadora del servicio de 35 millones anuales.

Esas cifras variaron considerablemente: su puesta en marcha tuvo tal sobrecoste que su valor estimado llegó a los 600 millones de euros. La factura del primer año fue finalmente de 44 millones, es decir, nueve más de los previstos, que tuvo que pagarse incluso antes de que el hospital estuviera acabado. Un informe de la Cámara de Cuentas concluyó que la operación público-privada conllevó para las arcas públicas 1.200 millones, mientras que "una obra pública financiada con préstamos" hubiera costado 760 millones.

Este es el primer paralelismo con el HUBU, que se planificó en 2007 para sustituir al hospital General Yagüe. El presupuesto que en principio iba a tener Eficanza –la concesionaria, que está integrada por OHL, un fondo de capital riesgo del Banco Santander y una sociedad en la que está detrás el empresario Miguel Méndez Pozo, entre otras– era de 242 millones de euros.

Sin embargo, el Gobierno regional ha aprobado hasta cuatro modificados que han supuesto un sobrecoste de 657 millones de euros. El canon anual de explotación, que inicialmente se situó en 35 millones de euros, se disparó hasta los 75 millones el primer año. A ese ritmo, el hospital costará a los burgaleses cerca de 2.000 millones de euros en tres décadas.

Además, el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera compensó los sobrecostes para que el conglomerado de empresas que explota el hospital mantuviera la rentabilidad del 6,92%. Incluso avaló el préstamo de 128 millones de euros pedido por la empresa pública Sociedad Patrimonial de Castilla y León SA al Banco Europeo de Inversión que fue a parar al centro privatizado. Bruselas ha abierto un expediente de infracción a España por las posibles "irregularidades contables y administrativas en el proceso de adjudicación, contratación y gestión del hospital".

Ninguna de las dos adjudicatarias cumplieron las fechas de entrega y ambos centros, de tamaño y número de camas similares, comenzaron a funcionar más tarde de lo que se había fijado en el contrato. En los dos casos la entrega del hospital se retrasó hasta 2012. Los dos mantuvieron una planta cerrada una vez puesto en marcha. "El hospital tiene tal sobrecoste y ha generado tal cantidad de gastos para que las empresas concesionarias tengan negocio que ahora no tiene recursos. Como a las adjudicatarias tienen que pagarlas por contrato, lo hace no cubriendo bajas, amortizando las plazas y cerrando toda una planta", denunció el pasado mes de mayo el líder del PSOE en la región, Luis Tudanca.

El rescate con dinero público de un proyecto de hospital fiado a la iniciativa privada se ha ido reproduciendo en España desde que arrancara el primer centro diseñado con este modelo: el valenciano de Alzira a finales del siglo XX. Tras adjudicar el centro a Ribera Salud, el Gobierno valenciano rompió el contrato porque, tal y como está redactado, a la concesionaria no le salían las cuentas. Rehízo el sistema ampliando el radio de acción del hospital (es decir, el número de pacientes) y Ribera Salud volvió a dirigir el centro. Ahora cinco complejos hospitalarios trabajan de esa manera.

En la Comunidad de Madrid, las empresas concesionarias de los hospitales creados a base de colaboración público-privada exigieron, y obtuvieron, una revisión al alza del canon que paga el Ejecutivo regional dirigido por el Partido Popular para equilibrar su rentabilidad.

7.000 fallos en la construcción
El director del Centre Hospitalier Sud-Francilien (CHSF) en aquel momento, Alain Verret, constató en un informe realizado por funcionarios más de 7.000 fallos en la construcción. Entre los errores había algunos tan graves como problemas de electricidad, defectos en el sistema de agua caliente, fallos en la distribución de los gases medicinales o una distribución del mobiliario que era un nido potencial para las bacterias, entre otros.

En el hospital burgalés no se ha llevado a cabo una auditoría de este tipo, aunque los trabajadores denuncian que "las calidades son inferiores a lo que se había proyectado, que tiene unos acabados desastrosos, un diseño imposible y el acceso es rocambolesco". "Si en el hospital francés había 7.000 fallos, en este hay 70.000", señalan desde la asociación 'Sanidad Pública Sí' de Burgos.

El último episodio peligroso tuvo lugar la semana pasada, cuando una de las puertas de salida del parking cayó sobre una ambulancia destrozando la luna. "Afortunadamente no hubo que lamentar heridos, pero imagínate que hubiera caído sobre una persona", se queja uno de los portavoces de la asociación.

Francia busca una solución: ahorra 700 millones
Ante la insostenible situación financiera del hospital CHSF y su calidad deficitaria, el anterior director, Alain Verret, que se negó a firmar la entrega del centro por parte de la constructora, intentó buscar una solución alternativa. Así, planteó a las autoridades públicas la posibilidad de rescindir el contrato con la adjudicataria invocando al "interés general".

"Teníamos suficientes elementos: las condiciones económicas del contrato eran desequilibradas y el hospital sufrió fallos en la construcción –relató Verret–. Había 7.000 fallos constatados. Propuse redimir parcialmente el contrato de arrendamiento. Había que poner unos 70 millones sobre la mesa, pero fue rechazado. Creo que el objetivo del Gobierno era abrir el hospital antes de las presidenciales", concluyó.

Verret contaba con el apoyo del socialista Manuel Valls, que en aquel momento era alcalde de uno de los municipios a los que cubre geográficamente el hospital. "Hay que salir de la colaboración público-privada –expresó en octubre de 2011–. Puede servir para financiar la construcción de un estadio de fútbol pero de ninguna manera un hospital".

La derrota de Nicolas Sarkozy en mayo de 2012 provocó un cambio de rumbo en el futuro del hospital. Las autoridades gubernamentales negociaron con la empresa que explotaba el centro para anular el contrato. El acuerdo se produjo en abril de 2014, cuando el hospital CHSF llevaba dos años en marcha.

A partir de octubre de este año, el centro pasará a ser de titularidad exclusivamente pública. La adjudicataria recibirá una indemnización de 171 millones de euros por la rescisión del contrato, pero aun así las arcas públicas salen ganando. Por un lado, la sociedad renunció a una demanda de unos 200 millones de euros por un sobrecoste que no había sido satisfecho y, en total, la Administración ahorrará unos 700 millones de euros, según las cuentas oficiales, al evitarse el pago del canon durante las próximas dos décadas.

Y Burgos, ¿qué?
Con este precedente, la asociación 'Sanidad Pública Sí' de Burgos está convencida de que esa solución es posible también en el HUBU, ya que la legislación española también determina la modificación de los contratos públicos "por razones de interés público". "El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta", dice el artículo 210 de la Ley de Contratos del Sector Público.

La asociación ha convocado una mesa de trabajo para que todos los partidos que se presentan a las autonómicas de mayo debatan junto al exdirector del hospital francés las posibles soluciones para el HUBU. Podemos y PSOE ya han confirmado la asistencia al acto, que se celebrará el próximo 28 de abril. Ese mismo día por la tarde, Alain Verret ofrecerá la conferencia "Así se recuperó un hospital como el nuestro", a las 19:30 horas en la Casa de Cultura de Gamonal. Unos días más tarde la asociación de defensa de la sanidad pública forzará a los partidos a retratarse sobre su posición sobre el hospital en un debate acerca del sistema sanitario.

domingo, 26 de abril de 2015

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE LA SANIDAD PÚBLICA. Cinco instrumentos legales que están detrás del desmantelamiento y privatización de la Sanidad.

Los recortes, el desmantelamiento y la privatización del sistema sanitario público en nuestro país no son un invento (ni único ni original) del gobierno de Mariano Rajoy sino una estrategia perfectamente diseñada por un conjunto de poderes financieros y corporativos, que conforman el denominado neoliberalismo.

Desde hace años estos grupos vienen desarrollando una estrategia destinada a controlar y privatizar el comercio internacional, los servicios públicos, las relaciones internacionales, las comunicaciones, los sistemas de información, la justicia, la acción legislativa de los gobiernos y cualquier actividad de la que obtener beneficio económico (incluida la gestión de las ayudas al tercer mundo o a las personas marginadas). Todo ello con la complicidad de los poderosos organismos internacionales controlados por los gobiernos de los países más desarrollados como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea.

La aplicación de las estrategias neoliberales en los servicios sanitarios están orientadas por la denominada “Tríada neoliberal”:
-Disminución del Estado e introducción de Copagos;
-Expansión del Sector Privado en los Sistemas de Salud (Privatización de los servicios sanitarios);
-y la desregulación del Sector Público Sanitario (fragmentación, competencia y Mercado Interno).

Como consecuencia de esta política, los llamados Derechos Humanos Fundamentales han sido transformados en papel mojado, debido al brutal incremento de las desigualdades entre países y personas, mientras la violencia, el terror y la inseguridad se han instalado en todas las áreas del planeta, que se enfrenta a una catástrofe ecológica por la sobre-explotación de los recursos naturales.

Principales determinantes del desmantelamiento de la sanidad pública en el Estado Español.
1.- La estrategia del Banco Mundial: una apuesta por el sector sanitario privado
En su informe de 1987 sobre “Financiación de los servicios sanitarios: un programa de reformas” recomendó cuatro medidas para aplicar en los sistemas de salud de los gobiernos a nivel mundial:

-Trasladar gasto a los usuarios de los sistemas sanitarios públicos
-Introducir Seguros Privados para cubrir los principales riesgos para la salud
-Potenciar la utilización de los servicios privados con cargo a fondos públicos
-Descentralizar y fragmentar los sistemas de salud pública para promover la competencia interna de proveedores

Posteriormente, en 1993 el Banco Mundial publica su “Informe sobre el Desarrollo en el Mundo” donde se propone la introducción de empresas privadas en los sistemas sanitarios públicos y se recomiendan dos medidas para la mejora de la eficiencia en la asignación y gestión de los recursos sanitarios:

-La introducción del mercado en los sistemas sanitarios, promoviendo la competencia entre proveedores públicos y privados.
-Recortes de recursos y externalización (privatización) de los servicios, potenciando las intervenciones de alta efectividad y bajo coste.
-La concesión al sector privado de servicios públicos lleva implícita la aceptación de los servicios de salud como un valor de cambio en vez de un valor de uso, pasando de concebir los servicios sanitarios como instrumentos para satisfacer las necesidades de salud de la población a un área de negocio.
Esta reorientación estratégico-ideológica está orientada a introducir el mercado en espacios que antes les estaban vetados y reservados al Estado.

La reducción del papel de los Estados en materia de salud a favor de la responsabilidad y elección individual, promovida por la OMC está generando e incrementando la desigualdad y dificultando el acceso a los servicios a la población con menos recursos. Esta estrategia ha conseguido (con el apoyo de los gobiernos de los países desarrollados) modificar la orientación de la Organización Mundial de la Salud que ya no rechaza la participación privada en los sistemas públicos, si bien propone la necesidad de control y seguimiento continuo de la aplicación de estas medidas.

En España estas recomendaciones fueron recogidas por el llamado Informe Abril, realizado en 1992 para reformar el sistema sanitario y han servido de guion a los sucesivos gobiernos, especialmente al actual presidido por Mariano Rajoy, para promover las privatizaciones.

-Los propósitos generales del Informe eran:
-Promover la responsabilidad de los gestores, para lograr una mayor eficiencia de los recursos:
- Autonomía empresarial.
-Libertad de elección para poder introducir el mercado y la competencia en el Sistema
-Promover la conciencia de coste en el profesional y en el usuario (copagos).
-Suscitar la creación de estructuras más flexibles y autónomas en su gasto. Trasformar los centros en empresas.

Para conseguirlos planteaba:
-Promover la colaboración con el sector privado separando la compra de la financiación de los servicios, para que el sector privado compita con seguridad jurídica con el público
-Modificar el régimen jurídico del sistema sanitario (nuevas formas de gestión) para trasformar los centros sanitarios públicos en empresas. Flexibilizar el régimen de personal (laboralización) para estimular la productividad empresarial, incrementar la flexibilidad normativa para adaptar las necesidades de recursos humanos (precarización y capacidad para trasladar y despedir) y acabar con las garantías del sistema estatutario
-Abandonar la gestión pública en la asistencia sanitaria, para utilizar las modernas técnicas de gestión empresarial que agilizan los trámites, definen responsabilidades y delegan autoridad (autonomía), que han servido de inspiración para la actual propuesta de Unidades de Gestión Clínica, que fragmentaran los centros sanitarios en múltiples empresas independientes que compiten entre sí.
-Desarrollar sistemas de información para la clasificación de los pacientes y la facturación de los servicios, según los costes empresariales de los procesos.
-Contratación externa: Hacer con medios propios sólo lo que no se puede hacer con medios ajenos, priorizando la subcontratación de los servicios.

2.- El acuerdo sobre liberalización de servicios en Europa negociado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Unión Europea (UE):

Eliminar los servicios públicos 
Leer más- https://docs.google.com/document/d/1yzr3qjVi-oJmmY-mBG06WMV_L5a0evg-Bd2WLxalUvU/edit 
Fuente: http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/instrumentos-legales-estan-detras-desmantelamiento-y-privatizacion-sanidad-publica/20150406101922114424.html

martes, 27 de enero de 2015

La devastación de los bienes públicos. Desde que llegó la crisis, todo es destrucción, acelerada a partir del actual Gobierno. No hay voluntad de reforma ni planes de mayor eficiencia

Venimos de un Estado pobre, menesteroso, por no decir miserable, más que endeudado, en permanente bancarrota desde la guerra de la independencia hasta la guerra de Cuba. En medio, guerras civiles entre liberales y carlistas y, después, los continuados desastres de la guerra de Marruecos, que prolongaron la situación de quiebra hasta bien entrado el siglo XX, cuando “pacificado” el protectorado marroquí, una enésima rebelión militar, con su secuela en forma de revolución obrera y campesina, arrasó de nuevo al Estado dejando aquella espantosa ruina que fue la herencia recibida por quienes penamos la suerte de nacer en los años del hambre.

Es un tópico de nuestra historia atribuir la floración de naciones, venidas a la existencia en la coyuntura de aquel fin de siglo, a una debilidad congénita del Estado español. ¿Debilidad, se podría preguntar, o más bien ausencia? Cuando Ortega publicó su apelación a la República, varios años después de que Azaña lanzara la suya, cerró su memorable artículo con un “¡Españoles, no tenéis Estado, reconstruidlo!”. El Estado español de los años veinte del siglo pasado se había convertido en una especie de sociedad de socorros mutuos, había escrito también nuestro más ocurrente filósofo. Ocurrencia genial en este caso, porque en efecto todo el aparato del Estado no daba más que para sostener a aquella sociedad que en otra ocasión el mismo Ortega calificó como vieja España.

El caso es que, entre el servicio de la deuda contraída para alimentar un ejército en permanente derrota, lamiéndose sus heridas en el exterior con sus recurrentes rebeliones en el interior, el Estado español careció de recursos, no ya para crear nación, sino para edificar centros escolares, construir institutos de enseñanza media, financiar centros superiores de investigación científica, levantar hospitales, extender ambulatorios, abonar pensiones, desarrollar servicios. La enseñanza primaria y media se abandonó en los centros urbanos a manos de la pléyade de órdenes y congregaciones religiosas que acudieron a España como a panal de rica miel cuando comprobaron que el Estado no dedicaba ni un céntimo al capítulo de salarios a maestros, y dejaba pasar décadas sin construir ni un solo instituto. En los hospitales de beneficencia se hacinaban los pobres, y los ambulatorios de la mal llamada Seguridad Social eran lugares sucios y malolientes, donde un médico mal pagado recibía al paciente sin dejar que se sentara, apestando a tabaco y recetando cualquier cosa en un minuto, después de echarle una mirada de abajo arriba en la que se concentraba la mezcla de desprecio y hastío que le provocaba aquella hora en que despachaba a una cincuentena de pacientes.

Ese fue el Estado que heredamos: nada de extraño que, cuando llegamos a la edad de la razón política, quisiéramos ser como los franceses. Parecerá una tontería, pero aquel querer ser como actuó al modo de espoleta, movilizando energías y recursos, despertando voluntades y agudizando inteligencias para acabar de una buena vez con el lamento y poner manos a la obra: en pocos años dejamos de querer ser como y emprendimos la tarea de ser como. En resumen: un Estado democrático al modo de Europa, con un potente sistema de salud, educación primaria universal y gratuita, institutos para enseñanza media, universidad en expansión, centros de investigación, pensiones. El español era por fin como los europeos un Estado sostenido en el compromiso keynesiano, en bienes públicos que amortiguan las desigualdades sociales inherentes al sistema capitalista.

Y de pronto, la política elaborada para hacer frente a la primera gran crisis del capital del siglo XXI rompe, contra los intereses de la mayoría, el pacto que sirvió de base a nuestro actual Estado social. Las listas de espera en la sanidad pública se alargan hasta el punto de sumar cientos de miles los pacientes que ven pasar meses y hasta años sin posibilidad de realizar una consulta, someterse a un análisis o sufrir una operación. Y si se mira al ámbito de la ciencia, el paisaje comienza a ser el de un territorio desertado, producto de una terapia de choque: drástica reducción de presupuestos, supresión de programas, cierre de equipos, investigadores a la calle. La majadera provocación de Miguel de Unamuno cuando de su pluma salió “que inventen ellos” no es nada comparado con el perverso designio que anima al Gobierno de esquilmar la producción científica en España.

Aunque la propaganda política se cebe en desprestigiar a los funcionarios como individuos que una vez conquistada su plaza se echan a sestear, es lo cierto que en la historia de la Universidad y de los centros superiores de investigación de España nunca se había publicado, debatido o celebrado simposios como en los últimos 30 años. Nunca tantos españoles han participado en tantos proyectos internacionales de investigación o han ganado una plaza docente en universidades extranjeras. Pero nunca tampoco han vivido tantos investigadores, con decenas de artículos publicados en las mejores revistas de su especialidad, tan en precario, como becarios hasta cumplidos los 40 años, o haciendo ya las maletas. Y el panorama no es muy diferente si se mira a la educación primaria y media: miles de profesores que habían concursado con éxito en oposiciones para plazas docentes y que solo pudieron ocuparlas de forma interina se han encontrado con el despido mientras se expanden los colegios concertados.

Tan recién construido como era nuestro Estado social, con apenas 30 años de vida, y ya se empeñan desde los Gobiernos en provocar su irreversible ruina, reduciendo presupuestos en sanidad, educación y ciencia, paralizando inversiones, expulsando a interinos, amortizando plazas de jubilados (10 por uno es nuestro precio), externalizando —¡qué negocio!— servicios, congelando salarios. Y como la política de destrucción de bienes públicos por las bravas, entregándoselos a precio de saldo a intereses privados, ha tropezado con fuertes resistencias en la calle, se ha sustituido por un deterioro programado: que nos hartemos de esperar tres, seis, nueve meses en una lista y vayamos adonde tendríamos que haber ido desde el principio, a la clínica privada; que la gente se espante al ver que sus hijos van a una clase donde los alumnos comienzan a ser multitud y los maestros parecen cansados.

Lo vamos a sentir, a llorar más bien, porque nunca hemos disfrutado en España de bienes públicos en tanta cantidad y de tan alta calidad como los construidos desde la Transición a la democracia hasta 2008. Pero desde que nos golpeó la crisis, todo es destrucción, acelerada a partir del retorno del Partido Popular al poder. Destrucción, no reforma, no planes en busca de mayor eficiencia, no mejora en la distribución y empleo de recursos, no propuestas para alcanzar mayores rendimientos, no políticas de personal que premien méritos y penalicen ausencias inexcusables. Reformar para qué, si se ahorra más y se acaba antes sacudiéndonos todo este peso de encima: esa es la política; y este el resultado: una amenazante devastación de bienes públicos que pone fin al periodo de mayor cohesión social vivido por la sociedad española desde que existe como sujeto político, o sea, desde la Constitución de Cádiz.

Lo que vendrá después, una vez culminada la operación, ya se puede imaginar: los bienes y servicios públicos emergerán de su ruina como propiedades privadas cuyo acceso por los ciudadanos estará en función de su diferente poder adquisitivo. No era bastante la agresión que las clases medias, en sus distintos niveles, han sufrido con la bajada de salarios nominales y reales, la masiva pérdida de empleos, los ERE y demás artefactos de liquidación de derechos laborales, que no contentos con todo eso, se aplican a dar la última puñalada: si necesitas ir al médico, hazte un seguro privado; si estás dotado para la ciencia, vete al extranjero; si quieres para tus hijos un colegio con un profesorado joven y motivado, págatelo de tu bolsillo. Esto es el mercado, so idiotas, nos dicen los que pretenden protegernos de la devastación que ellos mismos provocan en los bienes públicos. Y en esas estamos, con un mercado creciente y un Estado menguante, en trance de reducirse otra vez a sociedad de socorros mutuos.
Santos Juliá es historiador. Fuente: http://elpais.com/elpais/2015/01/14/opinion/1421264130_105197.html

sábado, 3 de mayo de 2014

Es la vergüenza. Lo que está sustituyendo al despilfarro en España no es el buen gobierno, sino el derroche de injusticia

En un hospital público de España, de cuyo nombre prefiero no acordarme, le han negado atención médica a un niño de dos años. Dicho de otra forma: le exigieron a la madre firmar un papel de pago. El niño tenía fiebre, respiraba con dificultad, vomitaba, lloraba sin cesar. Esto ocurrió en urgencias, el pasado 30 de abril. En la historia hay un dato biográfico, auténtico, que parece introducido por un guionista providencial: el niño había nacido en ese hospital. Vino al mundo allí, en el mismo lugar ahora inaccesible, por una burocracia inepta que anda multiplicando fronteras con verja. Es un niño español, por cuna y DNI. Pero hay otro detalle nuclear en la historia: el niño iba en brazos de su madre, emigrante de Cabo Verde. Habrá quien argumente que lo ocurrido es un daño colateral del control presupuestario. Pero lo que está sustituyendo al despilfarro en España no es el buen gobierno, sino el derroche de injusticia. Una marea de impúdica desigualdad. ¿Cómo van a ser verosímiles los brotes verdes de la economía cuando asistimos diariamente a un bombardeo tóxico que provoca la desfoliación de la verdad? No es el Gobierno de la austeridad lo que cierra la puerta a un niño enfermo. Es el Gobierno de la brutalidad. Pese a la desfoliación, he llegado a esta conclusión histórica después de leer un implacable testimonio científico que se refiere al corazón. Se titula: Lágrimas de vergüenza. Lo firma un médico. El cardiólogo Maximiliano Diego. Cuenta en la web de Salud a diario cómo en el último año se han multiplicado los pacientes que sufren un segundo infarto, más grave, al no poder pagar el tratamiento necesario: más de 100 euros al mes. “O comemos, o tomo las pastillas”, confiesa uno de esos hombres del segundo infarto, trabajador en paro. Así que ya no deberíamos hablar en elecciones ni de política ni de economía: “¡Es la vergüenza, estúpido!”.
Fuente: Manuel Rivas, El País.

martes, 11 de febrero de 2014

Sanidad pública... y eficiente. La presión privatizadora aviva el debate sobre cómo mejorar el sistema sanitario. ¿Deben ser funcionarios los médicos?. Los expertos piden despolitizar la gestión y alertan de los incentivos.

La gestión privada de la sanidad es más eficiente que la pública. Esta dudosa premisa —no hay ningún estudio científico serio que corrobore la tesis—, junto al argumento, entre otros, de que la mejora del sistema público es un reto hercúleo del que es imposible no salir trasquilado han cimentado ideológicamente una ofensiva destinada a entregar porciones de la sanidad pública española a empresas privadas.

El mensaje podría ser: no merece la pena gastar energías en la sanidad pública, despiecémosla y busquemos empresas para que apliquen fórmulas de gestión privada. Unas compañías que, lícitamente, tratarán de obtener beneficios económicos. Y que han protagonizado destacados casos de puertas giratorias, que es como se conoce al tránsito del sector público al privado de directivos que pasan de vigilar a las concesionarias a trabajar para ellas.

El mayor ejemplo de esta estrategia es la Comunidad Valenciana, una Administración muy corta de músculo financiero para la que sin duda es un aliciente que sea la concesionaria quien corra con las inversiones en nuevas infraestructuras. Pero no han sido ajenas a esta filosofía Castilla-La Mancha o Madrid, cuyo Gobierno ha tenido que renunciar recientemente a sus planes ante la fuerte oposición desatada en contra de la externalización de la gestión de seis hospitales y una veintena de centros de salud.

Los últimos Gobiernos se han mostrado remisos a reformar la sanidad pública —nada que ver con los recortes y copagos teledirigidos desde Bruselas e impuestos para cuadrar el déficit público—, pero también es cierto que palabras como eficiencia, optimización de recursos, incentivos, buen gobierno o transparencia, no tienen por qué ser ajenas al vocabulario de la gestión pública, como destacan los especialistas consultados por EL PAÍS.

Un punto de partida es el concepto de buen gobierno que, como apunta la Asociación de Economía de la Salud en el documento Sistema Nacional de Salud: diagnóstico y propuestas de avance, “va mucho más allá del cumplimiento de las leyes, obtener buenos resultados, ausencia de corrupción, mala gestión o nepotismo”. También exige que “el proceso de toma de decisiones responda a un conjunto de reglas consensuadas de participación democrática, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas y obediencia a códigos de conducta”.

Esta definición, que puede sonar a un catálogo de buenas intenciones, no resulta tan teórica como pudiera parecer. Por ejemplo, a la hora de ofrecer recetas para modificar el, para algunos, rígido régimen estatutario, uno de los aspectos más polémicos relacionados con la modernización de la sanidad pública cuando se plantea la posibilidad de acabar con el médico o enfermera funcionario.

¿Es necesario que los médicos sean funcionarios? ¿Por qué no puede el servicio de un hospital público seleccionar directamente el perfil de profesional que se ajusta a sus necesidades y tener que recurrir a las ofertas de empleo público (OPE)?

Para Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, no es preciso tocar la situación actual. “El sistema estatutario da independencia a los profesionales, los protege, como a los jueces, de injerencias externas y les permite ser agentes de la salud de sus pacientes, al margen de presiones”.

Quizás haya margen de actuación dentro del propio estatuto marco del personal de los servicios sanitarios para desarrollar un sistema más flexible, como comenta José Manuel Repullo, jefe del Departamento de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, que también destaca que “hay que profesionalizar y desfuncionarizar”. O quizás no tenga sentido la figura actual. “Un médico no necesita ser funcionario ni estatutario, lo que necesita es saber de medicina”, sostiene Salvador Peiró, responsable de Investigación en Servicios de Salud del Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP) de la Generalitat Valenciana. La funcionarización solo tendría sentido en determinados cuerpos de la Administración, como en la judicatura o las fuerzas de seguridad del Estado, añade Juan Oliva, expresidente de la Asociación de Economía de la Salud (AES)...
Más en las fuentes: El País. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/10/actualidad/1392064578_365687.html

En España, gasto moderado, alta esperanza de vida
El gasto sanitario público por habitante en España es de 2.244 euros (datos de 2011). En una lista de 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ocupa el vigésimo lugar (la media es de 2.414 y el primero es EE UU con 4.066). Pese a ello, España ocupa la cuarta posición en la clasificación relativa a la esperanza de vida, solo superado por Suiza, Japón e Italia.

A pesar de destinar por persona menos dinero para sanidad que la media de los países que forman parte de la OCDE, el gasto público en farmacia en España es de los más altos. Respecto al PIB representa un 1,2%, por encima de la media de los países más desarrollados, que es del 0,8%. Es una tasa similar a la de Alemania o Irlanda; menor que la de Grecia (1,9%) y muy superior a Noruega (0,3%).

En número de camas por 100.000 habitantes, España está a la cola, con 3,18; frente a la media de 4,96 en la OCDE. En cabeza está Japón (13,40) y Corea del Sur (9,56).

Los datos de la OCDE indican que un especialista de la red pública española cobra 2,3 veces el sueldo medio del país, frente a las tres veces más que cobran los holandeses, 2,8 en Alemania o 2,2 en Francia, respecto a sus sueldos medios.

martes, 27 de agosto de 2013

Ángeles Maestro responde ante la ola de criminalización de la que es objeto

Ángeles Maestro

Ante la nueva oleada de criminalización hacia mi persona desencadenada desde medios digitales vinculados a la extrema derecha y de la que se están haciendo eco periódicos como La Razón o televisiones como Tele Madrid o la Sexta TV en sus informativos, declaro lo siguiente:

Con el objetivo de descalificar la lucha contra la privatización de la sanidad en la que estoy implicada, junto a centenares de miles de personas, no se utiliza, como sería lógico, la demostración de la falsedad de las graves acusaciones que realizo en los artículos que escribo o que publican los documentos de CAS Madrid o Matusalén. Eso es imposible, puesto que lo que se dice en ellos es todo rigurosamente cierto.

Ante la absoluta carencia de argumentos, lo que se está haciendo es repetir una campaña que lideró Intereconomía hace tres años y que llevaba por título “Ángeles Maestro, la proabertzale, que lucha contra Esperanza Aguirre”. No ha variado nada. Se sacan mis mismas imágenes de 2009 en una campaña electoral europea y defendiendo una candidatura perfectamente legal como dictaminó el Tribunal Constitucional -la de Iniciativa Internacionalista- para lanzar acusaciones de “terroristas” y de tener intereses políticos ocultos a quienes luchamos por impedir la privatización y el desmantelamiento de la sanidad pública.

El desencadenante que se utiliza ahora es la concentración de trabajadoras y trabajadores del Hospital en el que fue ingresada la Delegada del Gobierno. En ella se denunciaba la incongruencia de un gobierno que intenta a diario vender las excelencias de la sanidad privada, mientras sus representantes –cuando tienen algo grave– utilizan la sanidad pública.

Ni yo personalmente, ni Cas Madrid, ni la organización de la que formo parte –Red Roja- fuimos convocantes o asistimos a la concentración que realizaron las y los trabajadores de La Paz, pero es perfectamente comprensible la indignación de un personal sanitario que ve como se desprecian sus reivindicaciones y se arrasan empleos y recursos públicos por los que tanta gente hemos peleado.

La lucha que llevamos a cabo tiene por objetivo una sanidad pública, de calidad, que atienda y cubra todas las necesidades, tanto de personas como Cristina Cifuentes, como de todas las personas migrantes con o sin papeles.

La burda campaña lazada contra mi y que alerta contra la “radicalización” de la lucha por la sanidad pública, sólo refleja la desesperación de unos políticos que ya no pueden seguir engañando, ni a sus propios seguidores, que como la inmensa mayoría de la ciudadanía, ven conculcados sus derechos básicos.