Sanidad pública... y eficiente. La presión privatizadora aviva el debate sobre cómo mejorar el sistema sanitario. ¿Deben ser funcionarios los médicos?. Los expertos piden despolitizar la gestión y alertan de los incentivos.

La gestión privada de la sanidad es más eficiente que la pública. Esta dudosa premisa —no hay ningún estudio científico serio que corrobore la tesis—, junto al argumento, entre otros, de que la mejora del sistema público es un reto hercúleo del que es imposible no salir trasquilado han cimentado ideológicamente una ofensiva destinada a entregar porciones de la sanidad pública española a empresas privadas.

El mensaje podría ser: no merece la pena gastar energías en la sanidad pública, despiecémosla y busquemos empresas para que apliquen fórmulas de gestión privada. Unas compañías que, lícitamente, tratarán de obtener beneficios económicos. Y que han protagonizado destacados casos de puertas giratorias, que es como se conoce al tránsito del sector público al privado de directivos que pasan de vigilar a las concesionarias a trabajar para ellas.

El mayor ejemplo de esta estrategia es la Comunidad Valenciana, una Administración muy corta de músculo financiero para la que sin duda es un aliciente que sea la concesionaria quien corra con las inversiones en nuevas infraestructuras. Pero no han sido ajenas a esta filosofía Castilla-La Mancha o Madrid, cuyo Gobierno ha tenido que renunciar recientemente a sus planes ante la fuerte oposición desatada en contra de la externalización de la gestión de seis hospitales y una veintena de centros de salud.

Los últimos Gobiernos se han mostrado remisos a reformar la sanidad pública —nada que ver con los recortes y copagos teledirigidos desde Bruselas e impuestos para cuadrar el déficit público—, pero también es cierto que palabras como eficiencia, optimización de recursos, incentivos, buen gobierno o transparencia, no tienen por qué ser ajenas al vocabulario de la gestión pública, como destacan los especialistas consultados por EL PAÍS.

Un punto de partida es el concepto de buen gobierno que, como apunta la Asociación de Economía de la Salud en el documento Sistema Nacional de Salud: diagnóstico y propuestas de avance, “va mucho más allá del cumplimiento de las leyes, obtener buenos resultados, ausencia de corrupción, mala gestión o nepotismo”. También exige que “el proceso de toma de decisiones responda a un conjunto de reglas consensuadas de participación democrática, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas y obediencia a códigos de conducta”.

Esta definición, que puede sonar a un catálogo de buenas intenciones, no resulta tan teórica como pudiera parecer. Por ejemplo, a la hora de ofrecer recetas para modificar el, para algunos, rígido régimen estatutario, uno de los aspectos más polémicos relacionados con la modernización de la sanidad pública cuando se plantea la posibilidad de acabar con el médico o enfermera funcionario.

¿Es necesario que los médicos sean funcionarios? ¿Por qué no puede el servicio de un hospital público seleccionar directamente el perfil de profesional que se ajusta a sus necesidades y tener que recurrir a las ofertas de empleo público (OPE)?

Para Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, no es preciso tocar la situación actual. “El sistema estatutario da independencia a los profesionales, los protege, como a los jueces, de injerencias externas y les permite ser agentes de la salud de sus pacientes, al margen de presiones”.

Quizás haya margen de actuación dentro del propio estatuto marco del personal de los servicios sanitarios para desarrollar un sistema más flexible, como comenta José Manuel Repullo, jefe del Departamento de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, que también destaca que “hay que profesionalizar y desfuncionarizar”. O quizás no tenga sentido la figura actual. “Un médico no necesita ser funcionario ni estatutario, lo que necesita es saber de medicina”, sostiene Salvador Peiró, responsable de Investigación en Servicios de Salud del Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP) de la Generalitat Valenciana. La funcionarización solo tendría sentido en determinados cuerpos de la Administración, como en la judicatura o las fuerzas de seguridad del Estado, añade Juan Oliva, expresidente de la Asociación de Economía de la Salud (AES)...
Más en las fuentes: El País. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/10/actualidad/1392064578_365687.html

En España, gasto moderado, alta esperanza de vida
El gasto sanitario público por habitante en España es de 2.244 euros (datos de 2011). En una lista de 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ocupa el vigésimo lugar (la media es de 2.414 y el primero es EE UU con 4.066). Pese a ello, España ocupa la cuarta posición en la clasificación relativa a la esperanza de vida, solo superado por Suiza, Japón e Italia.

A pesar de destinar por persona menos dinero para sanidad que la media de los países que forman parte de la OCDE, el gasto público en farmacia en España es de los más altos. Respecto al PIB representa un 1,2%, por encima de la media de los países más desarrollados, que es del 0,8%. Es una tasa similar a la de Alemania o Irlanda; menor que la de Grecia (1,9%) y muy superior a Noruega (0,3%).

En número de camas por 100.000 habitantes, España está a la cola, con 3,18; frente a la media de 4,96 en la OCDE. En cabeza está Japón (13,40) y Corea del Sur (9,56).

Los datos de la OCDE indican que un especialista de la red pública española cobra 2,3 veces el sueldo medio del país, frente a las tres veces más que cobran los holandeses, 2,8 en Alemania o 2,2 en Francia, respecto a sus sueldos medios.