La refundación de la ONU

Fuentes: Rebelión

El enfrentamiento entre el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres y el Estado Sionista de Israel, por afirmar que las acciones de Hamas no surgen de la nada, sino que son consecuencia de “56 años de ocupación asfixiante”, así como la incapacidad de las Naciones Unidas para frenar el genocidio de un pueblo que está siendo retransmitido por los medios de comunicación como si un filme pos apocalíptico fuera, solo demuestra que el RIP de ese organismo está cerca.

Si es absolutamente inútil para pararle los pies al genocidio palestino, ¿para qué sirve? La ONU fue creada en 1945 por los vencedores de la II Guerra Mundial, los EEUU y la URSS, a la que añadieron a Gran Bretaña, Francia y adhiriéndose un total de 51 estados. La República Popular de China se sumaría en 1971, en sustitución de la República de China, que fue expulsada.

En su artículo 1 de la Carta Fundacional se dice: “Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz».

Si bien desde su fundación la paz no se mantuvo en ningún momento, el reguero de guerras locales son parte de la historia reciente de la humanidad (comienzo de la guerra árabe-israelí, indo pakistaní, Corea, las dos guerras del Vietnam, etc., etc.), el peligro de la repetición de los dos grandes conflictos del siglo XX (la I y la II Guerra Mundial) se alejó por un motivo que poco tenía que ver con la legislación de la ONU, y mucho con la realidad social sobre la que se construyó.

La II Guerra Mundial había cerrado un capítulo de la historia, quién sucedería en el “trono” del mercado mundial a las potencias europeas, especialmente Gran Bretaña y Francia (las grandes derrotadas: perdieron sus imperios coloniales); y la fuerza resolvió el conflicto, los EEUU se convirtieron en el nuevo amo y señor al destruir físicamente a sus grandes competidores emergentes, Alemania y Japón.

Pero abrieron otro, la llamada “guerra fría”; que no es otra que la guerra entre el imperialismo capitalista y los estados que tras la II guerra expropian a sus burguesías y establecen estados no capitalistas, que escapan del dominio directo burgués. Tras esa guerra, 1/3 de la población mundial deja de estar bajo las leyes del capitalismo y se rigen por criterios económicos (planificación de la economía) y sociales (colectivización frente a individualismo) opuestos por el vértice a los defendidos por los EEUU.

Si fue “guerra fría” y no se transformó en “guerra caliente” se debió a la política consciente de las burocracias de esos estados obreros de “coexistencia pacífica”; su permanencia en el poder estaba ligado al mantenimiento de la paz mundial. No tenían la menor intención de llevar la revolución socialista hasta el final, sino de mantenerse en el poder a costa de lo que fuera bajo la falacia de la “superación del capitalismo”. Tras esta frase sin sentido -el mercado mundial se los terminó comiendo- ocultaban su renuncia a la revolución; y como todo lo que no avanza, retrocede, esos estados terminaron volviendo al redil del capitalismo.

Pues bien, bajo esta correlación de fuerzas, que era un “empate” técnico, se construyó la ONU; un edificio construido sobre la colaboración de clases y el pacto social, la “coexistencia pacífica”. Por ello, su método funcionó hasta que uno de los “contratantes” del pacto desapareció con la restauración del capitalismo en los Estados del llamado “del socialismo realmente existente”; se rompió el equilibrio entre los estados que culminó con la hegemonía de uno solo, los EEUU. La ONU dejó de ser un organismo de “pacto social” para ser una institución que solo servía para avalar las aventuras imperialistas de los vencedores de la Guerra Fría y, si no, pasaban de ella como en la II Guerra de Irak.

Pero la vida no se para; sino que esa misma victoria dejó al mundo en manos del capitalismo como único modo de producción en todo el planeta: tras las luchas de los años 90, todos los estados del mundo se transformaron en capitalistas, y si algo define al capitalismo es la competencia. Es innato a él, no puede sobrevivir sin ella.

En los 80 fue Japón, después la Unión Europea, los que parecían cuestionar ese poder hegemónico; pero todos ellos estaban atados al gigante norteamericano por mil hilos económicos, políticos y militares: Japón y Alemania fueron las potencias físicamente destruidas en los años 40 y en su territorio se ubican fuerzas de ocupación yanquis, como un recordatorio permanente de su derrota en 1945.

La “sorpresa” no vino de las viejas potencias europeas, en una decadencia bárbara que hace que sus intentos de unificación para situarse mejor en la competencia interimperialista choque con su historia de conformación como estados. Las burguesías europeas quieren la cuadratura del círculo, unificarse para competir sin renunciar a competir entre ellas; el resultado es ese engendro “medio estado/medio tratado internacional” que es la UE.

La “sorpresa” vino de los estados donde se había restaurado el capitalismo y que los estados obreros habían industrializado aceleradamente, Rusia y, sobre todos ellos, China, que de ser la “fábrica del mundo” se ha transformado en el “banquero del mundo”, y, por ello, en una potencia imperialista que amenaza seriamente la hegemonía yanqui. Estos, por primera vez desde 1945, ven en peligro su estatus como potencia hegemónica, con las consecuencias internas que esto supone: sería el fin del “american way of live”.

En el camino de la defensa de este estatus no renuncian a nada, y como “entre dos derechos iguales, la fuerza es la que decide” (Marx, Critica a la Filosofía del Derecho de Hegel) cuando la “guerra con palabras” (las leyes nacionales y tratados internacionales) no basta, la guerra caliente es la forma que los capitalistas, a través de sus estados, tienen de imponerse frente a sus competidores.

Para los EEUU, y sus aliados, la ONU, sus promesas de “Mantener la paz y la seguridad internacionales”, que nunca sirvieron para mucho, ahora son un estorbo en el camino de conservar el papel hegemónico; precisan de reorganizar el mundo bajo los nuevos criterios, la “lucha entre los estados imperialistas por el dominio del resto del mundo es (…) un factor básico para definir la naturaleza y el destino de las organizaciones internacionales correspondientes” (E B Pasukanis, Sobre el Derecho Internacional).

Esta nueva realidad convierte a la ONU en un zombi que solo sirve para ratificar estadísticamente las carnicerías que los estados capitalistas llevan a cabo y a través de sus organismos (Banco Mundial, FMI, Unicef, y demás) garantizar la pervivencia del orden mundial “realmente existente”, que no es otro que el dominio del eje imperialista euro norteamericano, sus semicolonias y enclaves como Israel; lo que les permite disfrutar de patente de corso para vulnerar los derechos humanos y la soberanía de los pueblos.

La ONU es un zombi al servicio de este eje imperialista que no sirve para otra cosa que para demonizar a los que se salen de ese eje; el doble rasero entre Rusia e Israel en sus guerras de ocupación es la mejor demostración de este papel que no “garantiza la paz” sino que la atiza. A Rusia, cuando ocupa parte de Ucrania, se le expulsa de todos los organismos menos de la ONU y el Consejo de Seguridad, la CPI (Corte Penal Internacional) emite una orden de detención contra Putin, las sanciones se llevan a la Asamblea General.

Israel lleva, desde su fundación en 1947, incumpliendo todas las resoluciones de la ONU, y ahora, ante la “solución final” desatada contra Gaza por el estado sionista, se limitan a declaraciones genéricas y cuando su Secretario General se sale del guion leyendo un comunicado con verdades como puños, se permiten la chulería de vetar a los funcionarios de la ONU y pedir su dimisión. El sionismo sabe que son la herramienta privilegiada de los euro norteamericanos para mantener “su” orden en Oriente Próximo y el mundo árabe.

La ONU entre la crisis total y la refundación

Si un organismo que fue construido para «mantener la paz», que era, en realidad, sostener el capitalismo tras las dos carnicerías que provocó en el siglo XX (la I y II guerra mundial), y ya en aquel momento fue ineficaz, salvo para sacar la guerra de Europa que se trasladó al llamado “tercer mundo”; ¿qué puede hacer ahora que el capitalismo es el único modo de producción existente en el mundo, cuando todos los estados se mueven por la ley de la selva del mercado? La ONU es un zombi, porque sus promesas de “mantener la paz” chocan con la realidad de un capitalismo en crisis y decadente, que solo conoce una manera de sobrevivir, la fuerza frente a sus pueblos y frente a los competidores.

Ante esta crisis absoluta del organismo que “regulaba” las relaciones entre los estados, todos los medios capitalistas son conscientes de que hay que cambiar la jerarquía entre los estados.

«Las Naciones Unidas han luchado y siguen luchando por el progreso y el bienestar de la humanidad (…) Sin embargo, teniendo en cuenta la manera fundamental en que ha cambiado el mundo en los últimos siete decenios, existe una necesidad clara de reformar las Naciones Unidas y sus principales órganos», dijo Sam Kahamba Kutesa, presidente del sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado año..

Por su parte, en septiembre de este año el diario digital Bloomberg escribía: “un mundo decepcionado por la ONU empieza a buscar respuestas en otros lugares”, las potencias euro norteamericanas en la OTAN, habría que añadir; y “si los países que dominan la ONU siguen resistiendo la reforma, el sur global no tendrá más remedio que buscar opciones fuera del sistema de la ONU”; concretando, los BRICS y su expresión de seguridad, el Acuerdo de Cooperación de Shanghái, por ejemplo.

Esta decepción es la que lleva a que los representantes del Sur Global, herederos del “Movimiento de los no alineados” de la guerra fría con China a la cabeza, pidan una adecuación de la ONU a las nuevas jerarquías entre los estados que se está construyendo sobre las ruinas de Siria, Libia, Yemen, Ucrania, Palestina o el Sahara.

A pesar de lo que digan desde el llamado “sur global” o desde los medios del imperialismo euro norteamericano, los pueblos del mundo y, menos que menos, la clase obrera mundial, nada tienen que esperar de un organismo -democratizado o no- que fue construido para mantener el capitalismo y que ahora tiene exactamente el mismo objetivo en el marco de una nueva correlación de fuerzas entre las potencias imperialistas; ni de lejos se plantean acabar con la explotación y la opresión solo reordenar las estructuras de poder en el mundo.

De la misma manera que los EEUU, a comienzos del siglo XX, cuando presentó sus credenciales como potencia imperialista emergente, lo hizo desde la “libertad de comercio” y el supuesto respeto a la soberanía de los pueblos apoyando luchas de liberación nacional como la de Cuba frente al decadente imperio español, los actuales competidores imperialistas utilizan la misma retórica de “defensa de la soberanía de los pueblos” y la “libertad de comercio”. Tras estas consignas se ocultan su verdadero objetivo, sustituir la “vieja y decrépita” potencia colonial (sea España, Francia o Gran Bretaña en aquel momento, los EEUU hoy), por los “jóvenes y dinámicos” capitalistas chinos, rusos y sus aliados de los BRICS.

La solución no pasa por establecer nuevas instituciones que únicamente atenúen las contradicciones sociales, al servicio de que los “jóvenes” imperialistas sustituyan a los “viejos y decrépitos” en el dominio del mundo, sino acabar con las relaciones sociales de producción y sus consecuencias de concentración y centralización del capital, y, por lo tanto, del poder.

Fue Lenin el que dijo, en unas condiciones de contradicciones interimperialistas semejantes, que no había que “engordar” a las nuevas potencias frente a los “viejos y decrépitos” imperios. La tarea es la de construir una política independiente de toda burguesía, imperialista o nacionalista, para reconstruir el mundo bajo unos criterios sociales, políticos y económicos opuestos por el vértice a la jerarquía capitalista, el socialismo; primera fase hacia la sociedad comunista, donde la defensa del bien común sea el eje ordenador de la vida social.

Es obvio que esa nueva forma de organizar la sociedad excluye cualquier componenda institucional que, como la ONU, solo sirva para mantener el orden capitalista a la que hay que enfrentar como lo que es, parte del problema y no de la solución.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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"La justicia nos da la razón tras 47 años". La condena en Chile a los asesinos del diplomático español Carmelo Soria durante el régimen de Pinochet

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La esposa de Carmelo Soria, Laura González, en 1998.

Más de 47 años después del asesinato del diplomático español Carmelo Soria en Chile, los responsables de este crimen fueron condenados.

La Corte Suprema de Chile ratificó el martes las sentencias a los 6 agentes de la temida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, la policía secreta del régimen de Augusto Pinochet) que secuestraron, torturaron y asesinaron a Soria.

Cuando ocurrieron los hechos, el 14 de julio de 1976, el economista y diplomático español era representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo regional de la ONU.

Sus asesinos recibieron finalmente las sentencias definitivas tras un larguísimo proceso.

Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, entonces jefes de la DINA, recibieron 15 años de prisión cada uno, mientras que los agentes Juan Morales Salgado, Guillermo Salinas Torres, René Quihot Palma y Pablo Belmar Labbé fueron condenados a entre 15 y 10 años.

La Corte Suprema también emitió otras dos condenas vinculadas a este caso: cuatro años de cárcel a Eugenio Covarrubias Valenzuela por presentación de declaración falsa bajo promesa o juramento, y 600 días a Sergio Cea Cienfuegos por falsificación de instrumento público.

Secuestrado y torturado
Carmelo Soria Espinoza nació en Madrid en 1921, fue militante del Partido Comunista de España (PCE) y al inicio del régimen de facto de Francisco Franco (1939-1975) se mudó a Chile, donde pasó gran parte de su vida.

Su trabajo como jefe de la sección Editorial y de Publicaciones del Centro Latinoamericano de Demografía (Celade, dependiente de la Cepal) le otorgaba inmunidad diplomática.

Esto le permitía ayudar a perseguidos políticos a buscar asilo en sedes diplomáticas durante el régimen de Pinochet (1973-1990).

 
La tarde del 14 de julio de 1976, Soria salió de su oficina en Santiago, sector de Providencia, en su automóvil marca Volkswagen cuando fue interceptado por agentes de la Brigada Mulchén de la DINA.

“La víctima fue privada de su libertad por agentes armados de la DINA, los que lo trasladaron a un lugar oculto, donde se le mantuvo por horas vendado y amarrado, siendo sometido a interrogatorio bajo apremios físicos que le produjeron la muerte”, recoge la sentencia.

Dos días después, el vehículo apareció con el cadáver del diplomático en su interior volcado en un canal en el este de Santiago, en lo que se considera una maniobra de los servicios secretos chilenos para encubrir el asesinato y hacerlo parecer un accidente.

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Pese a la censura, la prensa de la época ya planteó dudas sobre el supuesto acciden

"Las condenas son una miseria"

Carmelo Soria estaba casado con la médica Laura González Vera, hija del premio nacional de literatura José Santos González Vera, y tenía tres hijos: Laura, Luis y Carmen.

"El poder judicial nos da la razón", expresó Carmen Soria en Facebook, tras "47 años sosteniendo una verdad silenciada".

"He vivido todos estos años con mi familia peleando porque se castigue a quienes torturaron y asesinaron a mi padre", agregó en conversación con BBC Mundo.

"Después de esperar 47 años, estas condenas muestran que la injusticia es enorme en Chile. El poder judicial y el Estado chileno se lavan las manos".

"Pasaron 47 años porque las Fuerzas Armadas se han negado a decir dónde están los cuerpos de los desaparecidos y quiénes participaron en las torturas y asesinatos", agregó.

Carmen Soria llevó a cabo en la década de 1990 una serie de acciones legales con las que logró unas primeras condenas a dos agentes, aunque finalmente estos quedaron libres al beneficiarse de la Ley de Amnistía promulgada en 1978 durante la época de Pinochet.

La familia de Soria siempre se negó a aceptar las compensaciones económicas del Estado chileno y siguió buscando justicia hasta que en 2019 los seis agentes recibieron las primeras sentencias: seis años de cárcel para cuatro de ellos y absolución para otros dos.

Ahora, sin embargo, la Corte Suprema los condenó ya de forma definitiva y con penas mayores.

Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann ya están en la cárcel cumpliendo condena por otros crímenes cometidos en la época del régimen militar.

Unas 40.175 personas entre ejecutados políticos, desaparecidos y víctimas de prisión y tortura sufrieron la represión de Pinochet, según datos del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de Chile.

La sentencia de la Corte Suprema llega semanas antes del aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al entonces líder Salvador Allende e instauró un régimen autoritario en el país por los siguientes 17 años.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c99n5rw87wvo

Para los fabricantes de armas, la guerra en Ucrania es un gran negocio

Ni siquiera el 1 % del material militar de la OTAN se utilizará para ayudar a Ucrania, pero la invasión rusa ha proporcionado un pretexto para incrementar masivamente el gasto militar; una gran noticia para las ganancias de los fabricantes de armas.

Asistimos actualmente a una asombrosa paradoja. Los medios occidentales se han hecho eco de toda clase de expertos militares y servicios de inteligencia que destacan cómo se sobrestimó el poderío militar de Rusia antes de la invasión; cómo su ejército ha resultado ser más débil de lo previsto en todos los niveles, incluidas sus capacidades logísticas y el despliegue de armamento sofisticado; y cuánto ha dañado la criminal agresión de Vladímir Putin contra Ucrania a la propia Rusia, a su economía y su potencial militar. No obstante, varios gobiernos de la OTAN han aprovechado la oportunidad de esta guerra, que a todas luces debilita a Rusia, para emprender un frenético aumento del gasto militar.

Los complejos militar-industriales de todas partes se frotan las manos. Los jefazos de los ejércitos de la OTAN vuelven a recurrir al viejo truco de sobrestimar las amenazas, como solían hacer periódicamente con respecto a la Unión Soviética durante la guerra fría, a fin de promover el rearme. Este término es totalmente inapropiado, en primer lugar porque los ejércitos de la OTAN nunca se desarmaron, sino que más bien estuvieron siempre armados hasta los dientes durante la guerra fría y desde entonces han venido manteniendo niveles de armamento excesivos. Aparte de ello, toda entrega de armas defensivas que se hace a la resistencia ucrania no representa más que una mínima porción del gasto militar actual, sin llegar siquiera al 1 % de todo el gasto de la OTAN que ha estado solicitando el presidente de Ucrania.

No contento con el gigantesco gasto militar actual de EE UU, que ascendió a 782.000 millones de dólares el año pasado ‒tras un incremento de 4.000 millones con respecto al de 2020, que a su vez representó, según el Instituto Internacional de Investigación sobre la paz de Estocolmo (SIPRI), el 39 % del gasto militar mundial, más del triple que el de China (252.000 millones) y más de 12 veces el de Rusia (61.700 millones)‒ Joe Biden solicita ahora 813.000 millones para el próximo ejercicio (773.000 millones para el Pentágono y otros 40.000 millones para programas relacionados con la defensa de la Oficina Federal de Investigación (FBI), el Departamento de Energía y otras agtencias). Según el subsecretario de Defensa, el contralor Michael J. McCord, “este presupuesto se ultimó antes de la invasión de Ucrania por Putin, así que no contiene nada en concreto que se haya modificado, porque ya era demasiado tarde para cambiar nada, aunque quisiéramos, a fin de tener en cuenta las implicaciones de la invasión”.

Alemania también ha aprovechado la oportunidad de la guerra para deshacerse de lo que quedaba de su limitación autoimpuesta después de 1945 en el ámbito militar. Esto ha vuelto a producirse por decisión de un gobierno presidido por un canciller socialdemócrata (SPD), Olaf Scholz, quien ha contado con el precedente de la participación alemana en el bombardeo de Serbia cuando el canciller era Gerhard Schröder, también del SPD, un personaje que después de dejar la cancillería pasó a cerrar tratos altamente remunerados con la industria del gas de Rusia. Berlín ha decidido un fuerte incremento de 110.000 millones de dólares (100.000 millones de euros) de su gasto militar y un aumento permanente masivo a más del 2 % del PIB, frente al 1 % de 2005 y al 1,4 % de 2020. Con ello, Alemania sobrepasará a Gran Bretaña, que el año pasado fue el segundo país de la OTAN y el tercero del mundo en gasto militar.

No es extraño que este nuevo incremento frenético del gasto militar haga felices a los fabricantes que producen medios de destrucción. Un informe reciente del diario francés Le Monde mostró un ejemplo instructivo del efecto financiero de todo esto: citando a Armin Papperger, el jefe de Rheinmetall, uno de los principales fabricantes de armas de Alemania, quien en enero se quejó de la renuencia de los fondos de inversión a colaborar con su empresa, el diario informó de que la atmósfera ha cambiado ahora radicalmente. Añade que el Commerzbank, uno de los principales bancos alemanes, ha anunciado su decisión de dedicar una parte de sus inversiones a la industria de armamento.

En Francia, donde la presión ciudadana originó una tendencia creciente a la desinversión de la industria de armamento por motivos de responsabilidad ética ‒especialmente a la luz de la repugnante contribución de las armas occidentales a la destrucción de Yemen por el ejército de Arabia Saudita‒, Guillaume Muesser, director de asuntos de defensa y económicos de la Asociación de la Industria Aeroespacial, explicó a Le Monde que “la invasión de Ucrania ha cambiado el tablero de juego. Demuestra que la guerra sigue en el orden del día, ante nuestras puertas, y que la industria de defensa es muy útil”.

No es difícil imaginar la euforia que prevalece actualmente entre los fabricantes de máquinas de muerte en EE UU, como Lockheed Martin, la empresa armamentística más grande del mundo. Alemania ha decidido comprar sus aviones F-35 indetectables por radar, cuya capacidad de llevar bombas atómicas se ha señalado explícitamente como un argumento decisivo para optar por ellos, pese a que Alemania no posee armas nucleares propias. El coste de cada uno de estos aviones asciende a casi 80 millones de dólares. El precio de cada acción de Lockheed Martin se disparó a 469 dólares el 7 de marzo, tras el anuncio de Alemania, cuando el pasado 2 de noviembre era de 327 dólares, lo que supone un aumento del 43,4 % en tan solo cuatro meses.

El cambio de estado de ánimo a escala global desde finales del año pasado es abrumador. El pasado mes de diciembre, un llamamiento firmado por más de 50 Premios Nobel reclamó la adopción de lo que llamaron “una propuesta sencilla a la humanidad”:

Los gobiernos de todos los Estados miembros de Naciones Unidas deben negociar una reducción conjunta de su gasto militar del 2 % cada año durante cinco años. La justificación de esta propuesta es simple: 1. Los países rivales reducen su gasto militar, de manera que aumenta la seguridad de cada uno de ellos, mientras que se mantiene la disuasión y el equilibrio. 2. El acuerdo contribuye a reducir la animosidad, minimizando así el peligro de guerra. 3. Los países disponen de vastos recursos: un dividendo de paz de nada menos que 1 billón de dólares de aquí a 2030. Proponemos que la mitad de los recursos liberados gracias a este acuerdo se destinen a un fondo global, bajo la supervisión de Naciones Unidas, para abordar los graves problemas comunes de la humanidad: pandemias, cambio climático y pobreza extrema.

Puede que esta propuesta se considere ingenua o utópica, pero el caso es que ya está prevista en la Carta de Naciones Unidas entre las funciones de la Asamblea General:

La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos, y podrá también hacer recomendaciones respecto de tales principios a los Miembros o al Consejo de Seguridad o a este y a aquellos.

La invasión rusa de Ucrania debería dar un toque de atención al movimiento antiguerra mundial, algunos de cuyos principales componentes han dejado de lado objetivos pacifistas de esta clase para centrarse exclusivamente en la oposición política a gobiernos occidentales. La actual utilización oportunista de la guerra como pretexto para un aumento importante de la belicosidad y el gasto militar contraviene fundamentalmente las lecciones que habría que extraer de la tragedia en curso.

Lejos de justificar tales actitudes, la invasión rusa de Ucrania ha demostrado el alto riesgo que se deriva de las posturas militaristas. Y ningún aumento del gasto militar alterará la relación de fuerzas básica con Rusia, un país que posee más cabezas nucleares que EE UU, Gran Bretaña y Francia juntas, y cuyo presidente no ha dudado en blandir la amenaza de recurrir a su fuerza nuclear.

El movimiento antiguerra debería apoyar el llamamiento de los Premios Nobel y lanzar una campaña mundial coordinada exigiendo que la Asamblea General de Naciones Unidas incluya las propuestas de dicho llamamiento en su orden del día. Ahora está más claro que nunca que no puede haber ningún progreso serio en la lucha contra el cambio climático en particular, de la que depende el futuro de la humanidad, sin una reducción masiva y una reconversión del gasto militar, que es a su vez un importante factor de contaminación, muerte y miseria.

Fuente: https://www.jacobinmag.com/2022/04/arms-weapons-manufacturers-ukraine-war-military-spending

Traducción: viento sur

_- Último dictamen del Comité de la ONU. Naciones Unidas insta a España a investigar y perseguir penalmente los crímenes de la guerra civil y la dictadura franquista

_- España Fuentes: Nueva Tribuna

Emplaza al Estado a asumir la búsqueda, identificación y restitución de los restos de los desaparecidos.

El último dictamen de la Comisión contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas vuelve a emplazar al Estado español a asumir la búsqueda de los desaparecidos en la dictadura y a perseguir penalmente a los autores de dichos delitos.

La ONU reconoce las medidas adoptadas en respuesta a sus anteriores recomendaciones, pero observa todavía ciertas lagunas en el proyecto de ley de memoria democrática impulsado por el Gobierno y que se encuentra en trámite parlamentario.

El Comité centra sus observaciones en la investigación de casos de desaparición forzada, búsqueda de personas desaparecidas y reparación de las víctimas del franquismo y muestra su “preocupación” por que los tribunales españoles sigan amparándose en la Ley de Amnistía de 1977 que califica de “obstáculo jurídico”.

Ante la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo de que dichos crímenes habrían prescrito o les debería ser aplicable la Ley de Amnistía, el Comité recuerda que el delito de desaparición forzada no empieza a prescribir hasta que cese la desaparición es decir hasta que no se tenga conocimiento de la ubicación de la persona, dado que se trata de un delito permanente (delito de lesa humanidad), tal y como explicó en su día a este periódico el experto en Derecho Penal Internacional Miguel Ángel Rodríguez Arias.

La legislación interna no es óbice para impedir la persecución de los crímenes franquistas ya que el derecho internacional ampara a las víctimas de este delito desde los juicios de Nuremberg.(Ver artículo ‘Franquismo y Núremberg’)

Por ello, la ONU recomienda a nuestro país a que tipifique dicho delito en el Código Penal como delito autónomo (art. 167) de “desaparición forzada” especificando las penas aplicables y “garantizando que sean proporcionales a su extrema gravedad”.

Asimismo, pide que se establezca expresamente en nuestro ordenamiento jurídico que el plazo de prescripción “debe contarse a partir del momento en que cesa la misma”.

El Comité exhorta al Estado español a investigar estos crímenes “independientemente del tiempo transcurrido, y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal” y “asegurar que los autores sean juzgados y sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos.

Añade que el Estado debe asegurarse los medios económicos, técnicos y humanos para la búsqueda de desaparecidos (fosas franquistas), y “asegurar que toda víctima de desaparición forzada pueda ejercer sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral”, incluyendo indemnizaciones.

La ONU también insta a España a agilizar la creación del Banco Nacional de ADN y acelerar la tramitación de la Proposición de Ley sobre Bebés Robados que en estos momentos se encuentra paralizada en el Congreso.

Además, apunta la necesidad de garantizar el acceso a los archivos y documentos que “pudieran ser relevantes para las investigaciones y para la búsqueda de las personas desaparecidas en el pasado” y atender las solicitudes que otros Estados pudieran hacer para la investigación de casos de desaparición forzada como ha ocurrido con Argentina.

Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/onu-insta-espana-perseguir-penalmente-autores-desaparecidos-franquismo/20211001181915191512.html

Pablo de Greiff, exrelator de la ONU: “La Fundación Franco es una anomalía en Europa”

El experto, que ha asesorado al Gobierno en la nueva ley de memoria, advierte del riesgo de manipular la historia y negar que la Guerra Civil comenzase con un golpe de Estado

Su nombre se repitió el martes en multitud de ocasiones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, presentó la nueva ley de memoria. La razón es que el demoledor informe que Pablo de Greiff redactó en 2014 tras visitar España como relator especial de la ONU ha sido fundamental en la redacción de la norma que el Gobierno llevará a las Cortes. En los últimos meses, De Greiff ha sido consultado en varias ocasiones por el secretario de Estado para la memoria democrática, Fernando Martínez, y ha ido recibiendo los borradores del texto. El martes, tras la presentación del documento, el experto en derechos humanos charló con EL PAÍS desde Nueva York, donde es profesor de Derecho en la NYU.

Pregunta. ¿Cuáles eran las principales carencias o defectos de la ley de memoria de 2007?
Respuesta. España podía haber hecho mucho más en ese momento. La interpretación de la ley de amnistía hacía al sistema judicial completamente inaccesible a los ciudadanos y creo que eso era un error. La ley privatizaba la búsqueda de restos y hacía que toda la carga recayera en los familiares de las víctimas, cuando era el Estado quien debía asumirla, y permitía que no hubiera equidad dependiendo del territorio donde se encontraran las fosas. La anulación de las sentencias era algo fundamental y al Gobierno le faltó determinación. Uno siempre vuelve de estas misiones con una imagen particularmente dolorosa. La mía en España fue la de una mujer que tenía la misma edad de mi madre y que me explicó que a ella le habían dicho que a sus padres los habían fusilado por ser asesinos. Ella, que tenía cinco años cuando ocurrió, lloraba diciéndome que lo había creído hasta que supo que los habían matado por ser maestros y pertenecer a un sindicato de maestros. Esa carga sobre los ciudadanos es cruel. Siempre pensé que la anulación de las sentencias era un tema relativamente fácil de solucionar. Varios países que pasaron por ese mismo proceso lo habían hecho. Para las familias era crucial sobre todo en un contexto en el que las víctimas del otro lado han sido homenajeadas y beneficiadas económicamente mientras ellos eran olvidados y represaliados. Ha habido una asimetría brutal en el tratamiento de las víctimas, y la ley no hacía lo suficiente para restablecer ese balance.

P. ¿Qué cambios de la nueva ley le parecen más importantes?
R. La ley expresa la voluntad del Gobierno de hacerse cargo de las exhumaciones y centralizar el proceso. Y que se cree un fiscal especial también es muy importante porque abre posibilidades que hasta ahora las víctimas no tenían. Veremos qué atribuciones y recursos se le da.

P. Otra de las novedades de la norma es que prevé la extinción de fundaciones como la que lleva el nombre de Franco. ¿Es su existencia una anomalía en Europa?
R. Absoluta. En el entorno europeo no hay nada parecido y existe una legislación que impide la apología del odio y criminaliza el negacionismo. La nueva ley acerca a España en este sentido al contexto europeo, donde no cabe una Fundación Hitler o una Fundación Mussolini.

P. El líder de la oposición en España, Pablo Casado, ha sugerido en el Parlamento que la Guerra Civil no comenzó por un golpe de Estado.
R. Wow. La democracia necesita tener respeto por la verdad. Nada me aterra más en este momento que la forma en que se está manipulado la Historia a nivel político en tantos lugares del mundo. Es una amenaza brutal. Y es especialmente triste porque están utilizando métodos democráticos para socavar la democracia. Nos debe preocupar a todos, independientemente de si uno es de izquierdas o de derechas.

El País.

_- “Amenaza transnacional”, según las Naciones Unidas. Racismo y neonazis, flagelos mundiales crecientes.

_- Grupos ideológicos de extrema derecha con concepciones neonazis y supremacistas que se refuerzan en unos y otros países.

El racismo cada vez más anclado en instituciones, grupos de poder y en el funcionamiento cotidiano en diversas sociedades. Una radiografía que preocupa particularmente a las Naciones Unidas que acaba de iniciar la última semana de febrero y hasta el 23 de marzo, en Ginebra, la sesión 46 del Consejo de Derechos Humanos.

La pandemia refuerza los “ismos”
“Aprovechando la pandemia del coronavirus hay otra epidemia que se esparce rápidamente entre países y se incrusta en nuestras sociedades: la de los movimientos racistas, supremacistas y neonazis”, subrayó António Guterres, secretario general de la ONU, al inaugurar este evento.

Explicó que los grupos que promueven estas ideologías han aprovechado la aparición de la pandemia para aumentar su propio poder mediante la “polarización social y la manipulación política y cultural”. Afirmó, además, que representan la mayor amenaza a la seguridad interna en muchos países.

En algunos países también se da el caso de autoridades que han usado “políticas de mano dura” en cuestiones de seguridad y adoptado medidas de emergencia para “aplastar la disidencia, criminalizar las libertades básicas, silenciar la información independiente y restringir las actividades de las organizaciones no gubernamentales”. Es esencial “una acción mundial coordinada para acabar con este grave y creciente peligro”, enfatizó.

España en la mira
En paralelo, los últimos días de febrero, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, en inglés), agencia dependiente del Consejo de Europa, criticó a España por no haber hecho nada con respecto a dos de las recomendaciones que le había presentado tres años atrás: el problema del abandono escolar entre los niños gitanos y la necesidad de crear un organismo independiente para la promoción de la igualdad ( https://rm.coe.int/fifth-report-on-spain-spanish-translation-/16808b56cb ) .

El periódico El País, de España, cuestionó recientemente la abstención ibérica relativa a dos resoluciones clave votadas en Naciones Unidas. En su análisis titulado Es el momento de actuar contra el racismo en España (https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-10/es-momento-de-actuar-contra-el-racismo-en-espana.html), dicho periódico se refiere primero a la resolución del 31 de diciembre pasado sobre la adopción de medidas concretas para la eliminación total de la discriminación racial, el racismo, la xenofobia y formas conexas de intolerancia.

España, junto con otros 43 países occidentales, se abstuvo. A pesar de dicha abstención y de varios votos en contra (entre otros, los de Estados Unidos, Canadá, Israel, Australia, Alemania, Francia, Reino Unido, Hungría y la República Checa) la propuesta contó con el apoyo de más de un centenar de países https://www.un.org/press/en/2020/ga12307.doc.htm).

El análisis de El País recuerda que, en 2019, España también se abstuvo al momento de votarse otra resolución significativa; en esa ocasión, contra la glorificación del nazismo y el neonazismo y otras formas políticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo. “Ambas abstenciones manifiestan una falta clara de voluntad política a la hora de abordar el racismo en nuestro país, que no podemos permitirnos”, subraya este análisis elaborado por Jesús Migallón y Sergio Barciela, ambos expertos en el tema de la migración.

“España está siendo apremiada para desarrollar un marco normativo que combata el racismo de forma decidida, en forma de una Ley Integral contra el racismo y la xenofobia”, sostienen. Y recuerdan que tanto el Consejo de Derechos Humanos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial –ambos de Naciones Unidas–, así como la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, han incluido en varios de sus informes sobre el país ibérico la recomendación de aprobar esta ley.

Los analistas identifican una tendencia preocupante y en aumento: aunque la sociedad española se ha caracterizado por su tolerancia, su país está experimentando, en los últimos años, un auge de la xenofobia al calor de discursos de partidos populistas que agitan los fantasmas y miedos de la inseguridad ciudadana, el paro, o la pérdida de soberanía, igual que sucede en otros estados europeos.

La expresión española de estas fuerzas políticas de extrema derecha -con presencia parlamentarias en muchos de los países europeos- es VOX, fundada en 2013. Con casi el 15 % del electorado en los últimos comicios, estructurada en torno a un discurso antiinmigración y xenofóbico, resume su proyecto “en la defensa de España, de la familia y de la vida… Un movimiento de extrema necesidad que nace para poner a las instituciones al servicio de los españoles, en contraste con el actual modelo que pone a los españoles al servicio de los políticos”, declama.

Más violaciones que denuncias
El último informe del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), adscrito a la secretaria española de Estado para la Igualdad y Contra la Violencia de Género, sirve como termómetro de la realidad española en cuestiones de segregación durante 2020.

Publicado a fines de enero del 2021, dicho documento (Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020) señala que, a la luz de «hechos documentados», el nivel de discriminación ha variado de forma sustancial con respecto al que se documentó en su informe anterior, en 2013. Los sectores donde los individuos experimentan la mayor discriminación debido a su origen étnico son el acceso a la vivienda (31%), los establecimientos o espacios abiertos al público (30%), y el ámbito laboral (26%). Las comunidades que se perciben como más discriminadas por el color de su piel u otros rasgos físicos proceden de África no mediterránea (82%) y del pueblo gitano (71%).

La discriminación por motivos religiosos, incluso indumentarias o vestimentas peculiares, ha aumentado considerablemente y se concentra especialmente en la comunidad magrebí (56%) y entre la población indo-pakistaní (45%). Según este informe, esto último podría deberse «a una creciente estigmatización de dichos grupos, asociados a conductas terroristas y a la islamofobia». Por otro lado, cabe destacar una creciente percepción de afrofobia, o racismo contra personas negras.

Uno de los datos más destacados del informe es la “infra” denuncia, ya que solamente el 18,2% de las personas que el último año han experimentado una situación discriminatoria ha presentado una queja, reclamación o denuncia. En cuanto a este porcentaje tan reducido, los motivos son varios: inutilidad de la utilidad de la misma (22%), minimización y/o justificación de la situación de discriminación (25%), desconocimiento de cómo hacerlo o por problemas de idioma (11%), o miedo a generarse problemas legales de residencia, documentación y regularización (10%).

El racismo “a la suiza”
Los electores helvéticos deberán decidir el 7 de marzo sobre una iniciativa que, de ser aceptada, impedirá llevar el rostro oculto en lugares públicos. Conocida como «la prohibición del burka», y promovida, fundamentalmente, por grupos de derecha y activistas conservadores, incluye también la prohibición del nicab, así como de otras formas no religiosas para ocultar los rasgos faciales. Paradójico en época de pandemia y del uso generalizado y obligatorio de los barbijos.

Los partidarios de la iniciativa argumentan que la prohibición de cubrir el rostro contribuye a prevenir ataques terroristas y otras formas de violencia. Al mismo tiempo, con un sesgo oportunista y para canalizar el apoyo de ciertos sectores feministas minoritarios, los promotores consideran la prohibición como una forma de promover la igualdad entre mujeres y hombres musulmanes.

Los miembros del comité que ha promovido esta iniciativa han señalado que el islam se está extendiendo en Europa y que supone una amenaza para la cultura cristiana. Una de las consignas más extendidas de la campaña se expresa en afiches murales con el eslogan “Frenar el extremismo”.

Los promotores de esta campaña anti burka, entre los cuales figuran las fuerzas más xenofóbicas del país, buscan definir la agenda política nacional con temas de sociedad de gran simbología, aunque de escaso significado cuantitativo. Diferentes estudios muestran que las mujeres que usan regularmente el burka en Suiza no llegan a medio centenar.

Los que empujan la iniciativa son el mismo sector que logró presentar en noviembre de 2009 otra iniciativa popular que logró el apoyo de la mayoría del electorado: la prohibición de construir minaretes –torres externas en las mezquitas musulmanas– en el territorio helvético. A pesar de que el sector que en Suiza se identifica con el islam apenas llega al 5% de la población, durante meses el debate público giró en torno a los riesgos que conlleva ese pensamiento, las *amenazas externas al sistema de valores occidentales y cristianos*, y la necesidad de reforzar la mano dura del Estado contra eventuales agresiones inspiradas en esa concepción.

Definiendo un debate sobre temas que no son esenciales ni prioritarios -como el del uso de burkas-, la derecha racista impacta notablemente hoy la agenda mediática nacional. Moviliza el instinto más conservador, aun de los sectores populares. Genera miedos de lo que es el contacto con lo extranjero y lo diferente. Y, sobre todo, desplaza el escenario político nacional hacia la derecha, marcando la cancha con reglas de juego cada día más retrógradas y represivas. Aguas tibias donde se bañan, cómodamente, neonazis, xenófobos y racistas.

Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston. "España está prosperando económicamente, aunque la mitad de su población no".

Conclusión de su visita oficial a España, 27 de enero – 7 de febrero de 2020

I. Introducción

España está prosperando económicamente, aunque la mitad de su población, no. La cuarta economía más grande de la Unión Europea ha experimentado un crecimiento constante del PIB desde la crisis económica, el paro está disminuyendo, los salarios medios están aumentando y las exportaciones también están en auge.1 Pero casi la mitad de los españoles considera el desempleo y la inseguridad económica como sus principales preocupaciones.2 Durante mi visita de casi dos semanas a España, quedó muy claro que la recuperación después de la recesión, que tan positiva ha sido para algunos, ha dejado atrás a muchas personas, y que se ha hecho muy poco por la mayoría de los miembros de ese enorme grupo.

España finalmente tiene un nuevo gobierno; uno que exhibe grandes esperanzas y ambiciones impresionantes, especialmente en el ámbito social. Pero este gobierno se enfrenta a enormes desafíos. El país tiene un alto nivel de paro, un desempleo juvenil crónico, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, una profunda pobreza generalizada, disposiciones de protección social en gran medida inadecuadas, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, políticas fiscales que brindan muchos más beneficios a los ricos que a los pobres, y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas.

Si los planes estratégicos, los programas de acción y los informes voluminosos pero ilegibles pudieran resolver la pobreza, España estaría en la cresta de la ola. Pero sin un compromiso significativo con la defensa de los derechos sociales de las personas a la vivienda, la educación y a un nivel de vida adecuado, estos grandes planes seguirán siendo tan ineficaces como lo han sido durante la última década. España necesita un liderazgo innovador a nivel nacional, respaldado por los recursos necesarios para alentar a las comunidades autónomas a apoyar reformas de gran alcance. La pobreza es en última instancia una opción política y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla.

Este informe se centra en las cuestiones clave que requieren atención urgente. Entre estas cuestiones cabe destacar: adoptar medidas integrales y creativas para aliviar la crisis inmobiliaria; reestablecer condiciones decentes de trabajo, especialmente para trabajos mal pagados; diseñar un sistema nacional de ingresos mínimos que garantice un nivel de vida básico para todas las personas que necesitadas; implementar un programa de educación para la primera infancia para todos los niños y niñas de 0 a 3 años, y lanzar reformas fiscales de gran alcance para garantizar un fuerte impacto redistributivo, reducir el fraude y la evasión, y lograr la transparencia de los acuerdos fiscales de empresas.

II. El rostro de la España pobre

España es un país con una gran historia, un líder mundial en algunas áreas y un baluarte cultural. Pero hoy España debería mirarse de cerca en el espejo. Lo que verá no es lo que desearía la mayoría de españoles. La autoimagen de una sociedad familiar cercana enraizada en unos valores profundamente compartidos y una fuerte solidaridad social se ha visto gravemente fracturada por una crisis económica y la implementación de políticas neoliberales. Las redes de seguridad locales y familiares que habían sido históricamente importantes continúan beneficiando a las personas más acomodadas, pero se han visto seriamente socavadas para una gran parte de la población. Actualmente España se sitúa cerca de las últimas posiciones de la UE en demasiados indicadores sociales.

Las tasas de pobreza son alarmantemente altas. En 2018, el 26,1% de la población en España, y el 29,5% de los y las menores, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, una de las tasas más altas de Europa.3 Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes,4 y el 5,4% sufrió carencia material severa.5 La tasa de paro del 13,78% es más del doble de la que presenta la media de la UE y la situación de los y las jóvenes es particularmente angustiante con una tasa de paro del 30,51% entre menores de 25 años.6 Las cifras de empleo ocultan una de las tasas más altas de pobreza activa de la UE, donde muchas personas trabajan en empleos mal pagados, a tiempo parcial o temporales y ganan salarios lamentablemente inadecuados para cubrir las necesidades fundamentales.7 La desigualdad también es sorprendentemente alta, con indicadores muy por encima de los promedios de la UE.8

Detrás de estas cifras hay personas reales que experimentan graves dificultades. En Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía, Cataluña y Madrid me reuní con muchas personas que pasan apuros para salir adelante. Muchas perdieron todos sus ahorros durante la crisis y otras se encuentran en una situación en la que tienen que elegir entre poner comida sobre la mesa o calentar su casa. Demasiadas afrontan la posibilidad de ser desalojadas, incapaces de encontrar una vivienda asequible. Casi todas las personas que conocí buscaban ávidamente un trabajo decente. Hablé con una madre viuda en Andalucía que solo había podido encontrar 18 horas de trabajo a la semana, insuficiente para mantener a sus hijos; un hombre sin hogar en Bilbao que de niño sufrió abusos y a quien se le negó la asistencia social porque no pudo empadronarse; y una mujer en las afueras de Madrid que criaba a sus hijos en un área considerada peligrosa para la salud humana, rodeada por el olor de incineradoras de residuos cercanas y en una casa en riesgo de colapsar.

También visité lugares que sospecho que muchas personas en España no reconocerían como parte de su país: un barrio pobre con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin que su situación haya mejorado; vecindarios de pobreza concentrada donde las familias crían hijos con una grave escasez de servicios estatales, clínicas de salud, centros de empleo, seguridad, carreteras asfaltadas o incluso suministro eléctrico legal, o una escuela segregada en un barrio pobre con un cuerpo estudiantil 100% gitano y una tasa de abandono escolar del 75%. Me llamaron la atención la capacidad de resistencia y la compasión de las personas con las que me reuní. Todas mostraron una genuina generosidad al compartir conmigo experiencias a menudo muy personales para elaborar este informe.

La palabra que escuché más veces en las últimas dos semanas fue “abandonados”. Los personas menos favorecidas describieron sentirse abandonadas en una ciudad rural sin ningún tipo de transporte público para acudir a una consulta médica, sin dinero para pagar el transporte privado y sin saber con seguridad si acudiría una ambulancia en caso de una emergencia; abandonadas en un suburbio estigmatizado de bajos ingresos que la policía evita; abandonados ante personas propietarias sin escrúpulos, subidas desmesuradas de alquiler o viviendas públicas sin ningún tipo de mantenimiento, y también abandonadas ante un sistema burocrático arbitrario que de repente niega o revoca ayudas vitales sin ofrecer explicación. El hilo conductor era siempre la ausencia de apoyo gubernamental para garantizar que las personas no experimenten innecesariamente los peores efectos de la pobreza, una situación que muchas enfrentan debido a fenómenos que escapan a su control, como la pérdida de empleo, la discriminación estructural o la enfermedad.

Muchas personas en España tienen motivos para sentirse abandonadas. Los beneficios de la recuperación económica han ido a parar en gran medida a las empresas y las personas más ricas, mientras que los servicios públicos y las garantías sociales que se vieron severamente restringidas después de 2008 no se han restaurado en numerosos aspectos. El aumento de los ingresos ha acabado principalmente en las manos de quienes ocupan el nivel más alto en la escala de distribución del ingreso. Entre 2007 y 2017, las rentas del 1% más rico crecieron un 24%, mientras que el 90% más pobre experimentó un crecimiento por debajo de la media de 2%.9 Los beneficios de las empresas se han recuperado en gran medida desde la crisis, pero los ingresos tributarios en concepto de impuesto sobre sociedades disminuyeron a la mitad entre 2007 y 2019, del 22,3% de los ingresos fiscales totales al 11,9%.10 Antes de la crisis, España había sido relativamente inmune a la creciente desigualdad que azotaba a tantos otros países, pero desde 2010, la desigualdad se ha disparado.11 Con la desregulación y los fuertes recortes de impuestos sobre sociedades, no es sorprendente que a los ricos y a las empresas les haya ido tan bien.

En comparación, las instituciones formuladoras de políticas les han fallado en gran medida a las personas que viven en la pobreza. Está muy claro que los derechos sociales y económicos rara vez se toman en serio, incluso a pesar de ser invocados con frecuencia de manera abstracta. Las personas enfrentan costes de vivienda prohibitivos, la privatización de bloques de apartamentos y desalojos agresivos. Sin embargo, la vivienda social de bajo coste es casi inexistente a pesar del acuerdo generalizado sobre su necesidad. El sistema para brindar asistencia social está quebrado. Si bien debería desempeñar un papel importante en la reducción de la pobreza, es notablemente ineficaz: son las familias acaudaladas las que se benefician más de las transferencias de efectivo que las familias pobres.12 El sistema está fragmentado, es imposible de navegar y no llega a las personas desfavorecidas que más necesitan la ayuda. La capacidad de las transferencias monetarias existentes para reducir la pobreza se sitúa entre las más bajas de la UE.13 Como me dijeron muchas de las personas con las que hablé, este no es un sistema diseñado principalmente para maximizar la ayuda para las personas con dificultades económicas.

No soy el único que ha tomado nota de esto. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional –no precisamente un defensor notorio de la necesidad de un sistema de protección social adecuado— informó que los programas españoles de asistencia social no cumplen plenamente sus objetivos, que el gasto es bajo, que las brechas en la adecuación y la cobertura obstaculizan la reducción de la pobreza, que los obstáculos burocráticos disminuyen la captación y que los y las menores más vulnerables y los hogares de ingresos más bajos son los que menos asistencia social reciben.14 Esta es solo la última de una serie de conclusiones similares por parte de actores nacionales y externos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF),15 la OCDE,16 y la Comisión Europea.17

Muchos de los políticos y funcionarios con los que me reuní estuvieron de acuerdo en que existen profundos problemas estructurales. Muchos reconocieron que la pobreza y la precariedad están integradas en el sistema. Pero aunque el nuevo gobierno de coalición está comprometido con llevar a cabo una reforma de gran alcance y algunos asesores políticos de alto rango me hablaron en estos términos, en demasiadas instituciones parecían contentarse con culpar a “otras” partes del sistema. Algunos funcionarios afirmaron, aunque sin brindar evidencias materiales, que la pobreza no es tan elevada como muestran las estadísticas porque el coste de vida es más bajo en algunas comunidades autónomas. Los aumentos recientes en los subsidios familiares, las asignaciones por hijo y el salario mínimo son importantes primeros pasos, pero están lejos de ser adecuados teniendo en cuenta las dimensiones de las dificultades que atraviesa el país. Existe un consenso notable sobre el alcance del daño causado por las políticas existentes de vivienda y protección social y sobre lo que se debería hacer, pero hasta ahora ha habido muy poca acción.

Me impresionó el increíble trabajo realizado por el tercer sector, que es uno de los más vibrantes con los que me he encontrado. Me reuní con muchos trabajadores y trabajadoras y personas voluntarias profundamente dedicadas a apoyar a las personas que buscan alcanzar la seguridad económica y niveles de vida adecuados. También aprendí mucho de la información que estos grupos compartieron conmigo antes y durante mi visita. Sin embargo, el gobierno tiene obligaciones directas con los derechos humanos que no pueden ser subcontratadas de facto, y tampoco puede abandonar sus propias responsabilidades a un mosaico de grupos del tercer sector con fondos insuficientes. Esto no puede reemplazar al Estado, ni puede ofrecer el apoyo integral y sistemático necesario para combatir la pobreza a escala y garantizar que las personas estén protegidas contra los peores efectos de esta pobreza.

Después de un período prolongado de inestabilidad y parálisis en la formulación de políticas, la formación de un nuevo gobierno presenta una oportunidad para el cambio. Con su acogida de los derechos sociales y la justicia fiscal, y su priorización de las condiciones de vida de las personas más vulnerables, aplaudimos el mensaje del gobierno, pero es necesario que sus acciones estén a la altura de ese discurso. Si se tomasen medidas concertadas y efectivas sobre los problemas identificados a continuación, saldrían beneficiados no solo los grupos más vulnerables sino España en su conjunto. Tomarse en serio la eliminación de la pobreza facilitará la movilidad laboral, generará más ingresos tributarios para ayudar a abordar la deuda a mediano y largo plazo, mejorará la eficiencia del gasto existente y establecerá el rumbo para un crecimiento futuro inclusivo.

III. Desafíos clave

Si el nuevo gobierno tiene intención de cumplir su promesa de hacer de España un líder en derechos sociales en Europa, deberá abordar los siguientes problemas fundamentales.

A. Protección social

Asistencia social

La asistencia social en España no cumple con su función de combatir la pobreza. El efecto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza es el sexto más bajo de los países informantes de la UE. 18 En 2014, el 10% o menos de las transferencias fueron a parar al 20% de los hogares más pobres, la mitad de lo que hubieran recibido si las transferencias se hubieran distribuido por igual entre los hogares.19 Según Cáritas, la mayoría de los 1,8 millones de personas que vivían en la pobreza extrema en España en 2018 no utilizaron mecanismos de protección social.20 Entre las personas adultas pobres que viven en hogares donde todos están desempleados, la proporción de quienes recibieron prestaciones sociales se encontraba entre los más bajos de la UE en 2016, más de 15 puntos por debajo de la media de la UE.21

Cuando el apoyo llega a las personas, la cantidad puede ser extremadamente escasa, como es el caso de la prestación nacional por cada hijo o hija, que es de solo 341 euros por año para familias de bajos ingresos y de 588 euros para las que viven en la extrema pobreza.22 En realidad, esto es menos que lo que les aportaría una desgravación tributaria por hijo disponible exclusivamente para familias de ingresos medios altos y altos con obligaciones fiscales.23 Del mismo modo, para aquellos que no recibirán una pensión completa, el monto básico para una pensión no contributiva es de solo 392 euros al mes.

La calidad de la protección social en España está a nivel de los recursos que se le asignan. Comparativamente, gasta muy poco y los resultados lo demuestran. En 2017, gastó el 16,6% del PIB en protección social, muy por debajo de la media de 18,8% de la UE.24 El gasto per cápita fue de 5.426,73 euros en 2017, en comparación con los 7.651,89 euros en la UE en 2016, aproximadamente un 40% más.25 El desembolso de España fue significativamente menor que el de otros países de la UE, incluso en discapacidad (1,6% del PIB en comparación con una media del 2%), prestaciones familiares (1,2% del PIB en comparación con el 2,3%), y vivienda y otras exclusiones sociales (0,3% del PIB en comparación con el 1,1%).26

La burocratización del sistema de asistencia social es una de las principales causas de exclusión y los requisitos excesivos de presentación de documentos actúan como obstáculos a las ayudas. Conocí a una mujer en Sevilla que había huido de un marido abusivo pero que no podía acceder a la vivienda social porque todavía no tenía documentos oficiales de divorcio, y a otra en Madrid que me contó que le habían dicho a su hijo que necesitaba proporcionar un documento oficial que “probara” que él no se dedicaba al trabajo informal. En muchos municipios, el empadronamiento es la clave para acceder a los servicios sociales. Sin embargo, los requisitos son completamente inadecuados para las personas que viven en la pobreza, las personas sin hogar o en viviendas temporales, o las personas que no pueden cumplir los requisitos de las solicitudes de documentos muy específicas.

La estructura descentralizada de gran parte de la asistencia social no contributiva de España, sumada a la ausencia de cualquier estándar nacional sobre qué asistencia mínima debe ofrecerse, ha llevado a que existan grandes diferencias entre las comunidades autónomas. Esto es especialmente cierto para la última capa de la red de seguridad social, que está específicamente destinada a prevenir la pobreza y ayudar a las personas de bajos ingresos sin acceso a otras prestaciones: los sistemas de renta mínima de inserción de las comunidades autónomas. Si bien algunos de los sistemas claramente ayudan a las personas a evitar la pobreza, en ciertas comunidades autónomas son fracasos abyectos. Las cantidades de las ayudas son bajas, los períodos de espera pueden extenderse a muchos meses, los requisitos punitivos de residencia pueden impedir el acceso a nuevos residentes hasta durante tres años y excluir completamente a las personas sin hogar, los programas a menudo son incompatibles con los tipos de trabajo a corto plazo o a tiempo parcial que podrían ser las únicas opciones disponibles, las personas menores de 25 años generalmente no son elegibles y la carga de papeleo puede ser un obstáculo insuperable para muchos.27

Madrid podría verse como un laboratorio para los problemas que presentan los programas de renta mínima y pone en evidencia por qué pueden ser tan inefectivos como red de seguridad. Madrid tiene el segundo PIB más alto de España, una tasa de desempleo comparativamente baja y un coste de vida alto. Aunque su tasa de pobreza severa se más que duplicó en 10 años, del 3% en 2008 al 7,8% en 2017, 28 su sistema de renta mínima proporciona apenas unos miserables 400 euros al mes, el más escaso de todos estos programas en el país. Para ayudarme a entender por qué solo la percibía el 1,5% de la población,29 las personas con las que hablé en Madrid describieron cómo los numerosos requisitos de la prestación los excluyeron formalmente y de facto. Una mujer explicó que perdió la ayuda cuando aceptó un trabajo en período de prueba, pero se quedó sin hogar después de que no fue contratada permanentemente y su solicitud para reiniciar la prestación fue denegada.

La forma en que se ha administrado el programa en los últimos años lo ha hecho aún más irrelevante. La tasa de concesión de las solicitudes iniciales cayó drásticamente entre 2016 y 2018, del 50% al 23%,30 y el número de suspensiones y denegaciones aumentó más del doble.31 Si bien los representantes del gobierno de Madrid están de acuerdo en que la situación no es satisfactoria, un funcionario insistió en que las autoridades no son responsables y que la culpa es de los solicitantes por no cumplir con los requisitos del programa. Pero estos resultados tan terribles sugieren que el sistema está estructurado intencionalmente para excluir a las personas o está extremadamente mal diseñado.

Un programa nacional de renta mínima bien diseñado y adecuadamente financiado podría ser de gran ayuda para arreglar lo que está roto, pero debe evitar las deficiencias manifestadas en algunos de los sistemas de distintas comunidades autónomas. Debe tener al menos las siguientes características: portabilidad total independientemente de la comunidad autónoma; compatibilidad con el mercado laboral existente para que las personas no pierdan el acceso a la ayuda simplemente porque han aceptado un trabajo precario o temporal; un monto adecuado para garantizar que las personas no vivan en la pobreza y que se adapte al coste de vida; un enfoque individualizado y flexible a la administración que facilite el acceso al minimizar los onerosos requisitos de papeleo; disponibilidad para personas menores de 25 años; y la ausencia de condiciones excesivas vinculadas a la búsqueda de empleo que podrían burocratizar aún más el sistema y reducir la aceptación.

En caso de querer reducir significativamente las altas tasas de pobreza en España, no hay alternativa a un gasto público adicional importante para arreglar un sistema de asistencia social quebrado. Las deducciones fiscales no son sustitutos, ya que lógicamente solo benefician a las personas más ricas que pagan impuestos sobre la renta. Tampoco se puede confiar únicamente en el empleo. Las personas en situación de pobreza desean ávidamente trabajar, pero a menudo no pueden encontrar un empleo decente debido a la alta tasa de paro y la precariedad de los trabajos que existen.

Educación

La educación y la pobreza están estrechamente vinculadas. En España, en 2018 el 33,7% de las personas con educación primaria o inferior estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación con solo un 12,6% de personas con educación superior.32 Sin embargo, la inversión pública absoluta en educación como porcentaje del PIB ha disminuido significativamente entre 2009 y 2017.33 Existen problemas reales con el coste y la calidad de la educación, así como con la segregación por estado socioeconómico y étnico.

España proporciona educación gratuita, pero esto no cubre el gasto de transporte, comida, libros y material escolar. Esos gastos, incurridos por las familias, aumentaron un 34% entre 2009 y 2016.34 Según un informe de Save the Children de 2019, el 32% de las familias enfrentan dificultades para pagar los gastos de educación35 y un informe de la Comisión Europea reveló que a partir de 2017, el 25,7% de los hogares con niños y niñas en riesgo de pobreza declararon tener grandes dificultades para pagar los gastos asociados a la educación reglada.36 Una madre me dijo: “El año pasado no pudimos pagar ni un solo libro de texto”.

España lidera la UE en abandono escolar, con una tasa de deserción temprana del 17,9% en educación y formación en 2018,37 a un coste estimado de entre 5,9 y 10,7% del PIB total.38 También registra la tasa de repetición de segundo curso más alta de la UE:39 los estudiantes con desventajas económicas son seis veces más propensos a repetir el año.40 Estas preocupantes cifras apuntan no solo a serios problemas de calidad del sistema educativo en general, sino también a una importante pérdida en el bienestar económico general del país.

Un alarmante 44% de los estudiantes y el 72% de los menores en situaciones vulnerables estudian en escuelas segregadas de facto que tienen una gran concentración de alumnado de entornos socioeconómicos pobres, gitanos e inmigrantes, así como con mayores necesidades de apoyo, lo que afecta al 46,8% del total de los centros educativos.41 La segregación escolar hace que aumente la repetición de curso así como el fracaso y el abandono escolar; disminuye las puntuaciones de las evaluaciones y afecta negativamente las expectativas de los y las estudiantes de cursar estudios universitarios.42 Visité una escuela en Andalucía, con un alumnado 100% gitano, donde el 75% de los estudiantes abandonan los estudios antes de completar la escuela secundaria y las familias reciben muy poco apoyo, a pesar de vivir en una de las zonas más pobres del país. Y en Extremadura, un funcionario me explicó que se trata de un viejo problema arraigado en la “planificación urbana”, pero no ofreció ningún plan de acción para abordarlo. Concentrar a los niños y las niñas de los entornos más pobres en las mismas escuelas no es una receta para el éxito educativo ni la superación de la pobreza.43

Atención sanitaria

Con razón, España está orgullosa de su excelente sistema de atención sanitaria, con una cobertura casi universal. Sin embargo, siguen existiendo brechas importantes para quienes más necesitan esta cobertura.

Algunas de las personas más desfavorecidas no tienen acceso a la atención médica. Según un estudio de EAPN de 2019, alrededor del 5% de las personas en hogares pobres que necesitaban asistencia sanitaria, el 25,5% de los que necesitaban asistencia bucodental y el 3% de los que necesitaban servicios de salud mental no pudieron recibir atención por razones económicas. El 6,9% no pudo acceder a los medicamentos recetados; entre las personas desempleadas este porcentaje era del 8,3%. La Encuesta Nacional de Salud indica que entre el 9 y el 10% de las personas en riesgo de pobreza no están involucradas en prácticas preventivas de salud.44 Y el crecimiento del empleo precario significa que no es posible tomarse un día libre debido a una enfermedad. “No me puedo permitir enfermar”, me dijo una persona.

En 2018, España derogó en gran medida el Real Decreto-ley 16/2012, que limitaba la cobertura sanitaria universal, excluyendo incluso a las personas inmigrantes. Sin embargo, el sistema actual excluye a algunas personas inmigrantes en sus primeros 90 días en España,45 y REDER documentó 4.755 casos de exclusión del sistema nacional de salud solo desde 2014.46 El Ministerio de Salud reconoció esta brecha, pero aparentemente no cuenta con ningún plan para abordarla.

También me preocupa la creciente privatización de elementos dentro del sistema de salud, lo que corre el riesgo de priorizar los beneficios sobre la provisión de servicios. El Ministerio de Salud sostuvo que esto se hizo solo en circunstancias excepcionales, por razones de eficiencia y necesidad y que la calidad de la atención no se vio afectada. Sin embargo, no pudieron proporcionarme estimaciones del grado de privatización del sistema ni estudios que evaluaran su impacto.

Comunidades Autónomas

Las comunidades autónomas asumen una responsabilidad significativa en la protección social, pero los recortes de fondos relacionados con los programas de austeridad afectaron significativamente su capacidad de invertir en estas áreas, tuvieron un impacto negativo en muchas personas y socavaron la capacidad de las comunidades para combatir la pobreza. Es escandaloso que Extremadura, la comunidad autónoma con la tasa AROPE más alta y el ingreso medio más bajo, recibiera una inversión menor del gobierno central en 2018 que en 2008 (3.002 millones de euros en 2018 en comparación con 3.180 millones de euros en 2008). Del mismo modo, Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, con una tasa AROPE muy superior a la media, experimentó una caída en la financiación recibida de 19.099 millones en 2008 a 18.983 millones de euros en 2018.47 En 2018, el gasto social total de las comunidades autónomas, incluida la asistencia sanitaria, la educación y la protección social, seguía siendo un 3,4% más bajo que antes de la crisis, a pesar del aumento significativo de la demanda provocado por la crisis y sus secuelas.48

B. La vivienda

Las autoridades no pararon de repetir el estribillo de que la vivienda es uno de los primeros pasos para abordar la pobreza. Pero eso hace aún más impactante que se haya hecho tan poco para garantizar el derecho a la vivienda. Según la fundación FOESSA, el 24% de la población se enfrentó a la “exclusión de la vivienda” en 2018 y 4,6 millones de personas vivían en viviendas que no reúnen las condiciones adecuadas.49 La situación ha empeorado tanto que una organización con la que me reuní ha recurrido a celebrar más de 200 asambleas de vivienda en todo el país cada semana para compartir información y consejos colectivos sobre cómo navegar el laberinto de los desafíos de la vivienda.

Los precios de la vivienda siguen subiendo a tasas alarmantes. La asequibilidad del mercado de alquiler privado se encuentra entre las más bajas de la OCDE, con más del 38% de los inquilinos privados que pagan precios de mercado sobrecargados por los costes del alquiler.50 El Banco de España halló que el precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado más del 50% entre 2013 y 2019,51 mientras que los salarios han perdido un 7,8% de su poder de compra en la última década.52 España también ha sido criticada por permitir que las empresas de capital privado e inversión compren viviendas asequibles y para personas de bajos ingresos e incrementen sustancialmente el alquiler, obligando a los inquilinos a abandonar sus hogares.53 Visité un bloque de viviendas en las afueras de Madrid donde los vecinos me contaron que, de la noche a la mañana, les habían duplicado el alquiler, como resultado de una decisión del Gobierno madrileño de vender vivienda social a gran escala al fondo Blackstone.

La subida de los precios de la vivienda se ha visto acompañada por tasas sorprendentes de desalojos: el número anual de desalojos aumentó de 16.097 en 2006 a 59.671 en 2018, con un total de 712.723 desalojos entre 2006 y el tercer trimestre de 2019.54 Sin embargo, se trata de una imagen incompleta que no tiene en cuenta los desalojos de ocupantes ilegales ni el número total de personas afectadas.

A pesar de la evidente necesidad, la vivienda de alquiler de bajo coste es casi inexistente en España. En 2018, solo el 2,7% de la población alquilaba viviendas por debajo del precio del mercado.55 Housing Europe estima que la vivienda social en España comprende el 2,5% del stock nacional de viviendas ocupadas, en comparación con el 30% en los Países Bajos, el 24% en Austria, el 17,6% en el Reino Unido y 16,8% en Francia.56 La construcción de viviendas nuevas públicas se ha desplomado: de 63.900 nuevas unidades construidas en 2008 a 2.737 en 2018.57 Mientras tanto, el último censo nacional de viviendas (2011) encontró 3,4 millones de viviendas vacías y Housing Europe calcula que había 3,8 millones de viviendas vacías en 2017.58

Las estadísticas sobre la falta de vivienda son extremadamente limitadas, pero se estima que había entre 27.500 y 33.000 personas sin hogar en 2015,59 y FOESSA estima que otros dos millones de personas corren el riesgo de quedarse sin hogar.60 Pero la respuesta política es confusa. Por ejemplo, en Extremadura, un funcionario me contó que “no tienen a personas sin hogar”. Las políticas preventivas son “prácticamente inexistentes”,61 y hablé con personas sin hogar que enfatizaron las serias dificultades que tenían para acceder a los servicios sociales sin una dirección permanente, lo que impide que aquellas personas que están en las situaciones más precarias obtengan el apoyo al que tienen derecho. En 2015, entre las personas sin hogar, el 19,8% no tenía tarjeta sanitaria, incluido un 32,7% de personas extranjeras.62 Las comunidades autónomas deberían corregir urgentemente esta situación, implementar un enfoque de Vivienda Primero y buscar estrategias preventivas que enfaticen la intervención y el apoyo antes de que la gente se vea abocada a la calle.

Además, en 2018, casi el 10% de la población de España no podía permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada, y las personas se veían forzadas a elegir entre calentar sus hogares o alimentar a sus hijos e hijas. España debería ampliar el acceso a los subsidios para pagar los servicios públicos, y garantizar que no se corte el suministro a las familias vulnerables. La ley de Cataluña sobre la pobreza energética, resultado de la continua movilización en materia de vivienda, es un paso en la dirección correcta.

Después de que tantas personas en ciudades clave de España enfatizaran la gravedad de la crisis inmobiliaria y tras mis conversaciones con funcionarios del gobierno nacional, me preocupa que exista un profundo desajuste entre las necesidades y las respuestas políticas que se están contemplando. Nadie duda de que se requieren medidas urgentes. Un Plan Nacional de Vivienda 2018-21 incluye la construcción de 20.000 unidades de vivienda pública durante cuatro años,63 pero eso está muy lejos de cubrir las necesidades. Las nuevas leyes que aumentan la duración mínima de los contratos de alquiler y condonan la deuda de la vivienda en caso de ejecución hipotecaria o embargo son un paso en la dirección correcta, aunque esta última medida debería aplicarse retroactivamente. España debería tomar medidas enérgicas para aumentar sustancialmente la disponibilidad de viviendas de bajo coste, pero eso no aliviará la situación durante varios años. De manera similar, partiendo de numerosas experiencias en el pasado, la propuesta de dependencia significativa de las Asociaciones Público Privadas probablemente beneficiará a las clases medias, pero no a las más dramáticamente afectadas. Si bien en Barcelona se han adoptado controles sobre los alquileres, siguen siendo controvertidos a nivel nacional y los funcionarios con los que hablé no les dieron mucha importancia. Esto me parece un error. La experiencia en París, Berlín y un número creciente de ciudades en Estados Unidos indica que los sistemas de estabilización de los alquileres pueden funcionar bien, siempre que estén cuidadosamente diseñados para evitar la torpeza y la inflexibilidad de programas ideados hace décadas en circunstancias muy diferentes.64

El Gobierno también debería dar contenido sustancial al derecho a una vivienda digna. A pesar de su reconocimiento constitucional y las protestas a favor de este derecho, toda la información disponible me lleva a la conclusión de que actualmente el derecho a la vivienda está vacío de contenido y carece de importancia. Si bien no se puede hacer justiciable sin una enmienda constitucional, hay muchas maneras de tomar medidas administrativas para convertirlo en un concepto significativo en la configuración de las leyes y políticas de vivienda.

C. Política fiscal

Si España quiere realmente combatir la pobreza y está dispuesta a realizar inversiones muy necesarias en políticas de asistencia social, educación y vivienda, también deberá reformar sus políticas fiscales. Los ingresos que recauda en la actualidad son demasiado bajos para garantizar los derechos sociales y lograr un presupuesto equilibrado, el sistema es inadecuadamente progresista, y el fraude fiscal, la evasión y la elusión le cuestan al país potencialmente miles de millones al año.

Los ingresos fiscales de España son relativamente bajos. La relación impuestos/PIB fue del 35,4% en 2018, mucho más baja que la media del 40,3% de la UE y la del 41,7% de la zona euro, y especialmente baja en comparación con países similares como Italia (42,1%) y Francia (48,5).65

Los tipos de gravamen en el impuesto sobre sociedades se han reducido desde 2007, del 35 al 25%,66 y las empresas también se aprovechan de generosas deducciones y subsidios, por lo que en realidad terminan pagando mucho menos que el tipo nominal. El Ministerio de Hacienda no pudo proporcionarme una cifra del tipo efectivo real que están pagando las empresas, con el argumento de que las cifras están “protegidas”. Esta posición es insostenible dados los obvios intereses públicos involucrados, y aún más a la luz de la promesa del nuevo gobierno de elevar el tipo efectivo a un mínimo del 15%. Los ingresos por impuestos sobre sociedades han disminuido masivamente en los últimos años. Entre 2007 y 2018, los impuestos sobre sociedades cayeron como porcentaje de los ingresos totales de 22,34 a 11,9%, y de 44.823 millones de euros a 24.838 millones de euros.67 Si bien algunas de estas pérdidas se han visto compensadas por una dependencia cada vez mayor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre 2007 y 2017 la recaudación fiscal total disminuyó en realidad unos 6.725 millones de euros.68

Además de no aumentar la recaudación necesaria para financiar la realización de los derechos sociales, el sistema tributario es inadecuadamente progresista y apenas comienza a aprovechar la capacidad de los impuestos para reducir la desigualdad, la cual se disparó después de la crisis. Entre 2007 y 2015, el coeficiente de Gini aumentó en 2,1 puntos, el S80/20 en 0,9 y el índice de Palma en 1,4.69 Sin embargo, el efecto redistributivo de los impuestos directos a los hogares es mucho más bajo que el promedio de la UE, reduciendo la relación S80 / S20 en un 8,6% en 2016, en comparación con el 12,4% en la UE.70 Los impuestos indirectos en realidad aumentaron la desigualdad en un 3,5%.71 España depende cada vez más del IVA, con un aumento del tipo del 16 al 21% entre 2009 y 2013, elevando el porcentaje de la recaudación total del 27,83% al 33,63%. 72 Esto es problemático, ya que el tributo es generalmente regresivo, y en España lo es aún más debido a una serie de deducciones que benefician a los más ricos, como en el caso de los hoteles. También hay comunidades autónomas en España donde el impuesto a la herencia es extremadamente bajo, y los hijos y los cónyuges pueden heredar hasta un millón de euros libres de impuestos.73

El fraude fiscal es un problema importante en España que priva al Estado de recursos. Un estudio reciente del FMI estimó que el tamaño de la economía sumergida en España es del 20,3% del PIB, incluso más que en 2007. Se estima que la economía sumergida reduce los ingresos fiscales hasta en 70.000 millones de euros.74 Y en 2018, las empresas del IBEX 35 tenían 805 filiales en paraísos fiscales, lo que sugiere que se estarían perdiendo cantidades significativas de ingresos por evasión fiscal.75

D. Cambio climático

El cambio climático tendrá consecuencias devastadoras para las personas que viven en la pobreza y un fuerte impacto en las políticas vigentes para prestarles apoyo.76 Además de los esfuerzos de mitigación y adaptación ya implementados, España debe garantizar que sus políticas de protección social tengan en cuenta los efectos inminentes del cambio climático y que esté en posición de apoyar a las personas en la pobreza que serán las más perjudicadas, así como a aquellas que se verán empujadas a la pobreza por el cambio climático. Las olas de calor ya han provocado la muerte de cientos de personas, y las familias pobres sin acceso a electricidad o aire acondicionado afrontarán un riesgo cada vez mayor.77

En 2019, el gobierno anunció un plan de inversión pública de 47.000 millones de euros para abordar el cambio climático en la próxima década, con el objetivo de hacer que España sea neutral en carbono para 2050.78 En enero declaró una emergencia climática 79 y ha reducido significativamente su dependencia del carbón.80 Pero aún no se ha aprobado la tan esperada ley sobre el cambio climático y el Congreso debería actuar sin demora.81

Es alentador que el Gobierno ya tenga un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para implementar una Transición Justa,82 y será crucial que el nuevo gobierno tome medidas para garantizar que los trabajadores y trabajadoras afectados durante la transición de los combustibles fósiles reciban un apoyo social adecuado y acceso a programas de capacitación. La insuficiencia del actual sistema general de protección social indica que esto supondrá un gran desafío.

E. Transparencia y rendición de cuentas administrativa

Muchos de mis interlocutores comentaron sobre la falta de transparencia en relación con el proceso de toma de decisiones del gobierno y la dificultad de comprender, y mucho menos utilizar, gran parte de la información proporcionada por fuentes oficiales. Como me dijo un funcionario muy bien informado: “No falta información. Lo que pasa es que es imposible determinar cuál es la estrategia subyacente, o cómo evaluar los resultados o el efecto de la política”. El gobierno debería promover que la información sea más fácil de usar y acceder y que esté más relacionada con indicadores de efectividad.

Los procedimientos burocráticos, incluida la tendencia a recopilar documentación aparentemente sin ningún objetivo claro, y una cultura de verificación interminable, han causado estragos en muchas áreas de la protección social. Muchos de los requisitos y supuestos básicos parecen más propios del siglo XIX que del siglo XXI. Pero es notablemente difícil cambiar la forma en que operan las arraigadas burocracias. Dados los costes e ineficiencias del lado del gobierno, y las molestias e inconveniencia del lado de la ciudadanía y otros, así como la necesidad imperiosa de adaptarse a la era digital, el gobierno debería iniciar una investigación de gran alcance diseñada para reducir el papeleo innecesario y reformar las prácticas burocráticas en el campo de la protección social. Dicha revisión podría llevarla a cabo un grupo de expertos designado a tal efecto, o por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Los objetivos deberían incluir: reducir los obstáculos burocráticos, agilizar los procesos de solicitud, digitalizar los datos con el debido respeto por los derechos humanos, facilitar el empadronamiento y garantizar que las personas conozcan las prestaciones a las que tienen derecho.

Además, la AIReF debería estar facultada para realizar auditorías e investigaciones por iniciativa propia, sin una solicitud externa de una autoridad pública.

IV. Grupos vulnerables

Convertirse en un país líder en derechos sociales también requiere prestar atención a los efectos desproporcionados de la pobreza en grupos concretos de personas. Los siguientes grupos se encuentran entre los que necesitan particular atención y apoyo:

A. Mujeres

En España, al igual que en muchos países, las mujeres registran tasas más altas de pobreza relativa, carencia material severa, baja intensidad de empleo y pobreza extrema, y en general están en peores condiciones en casi todas las variables relacionadas con el mercado laboral.83

El Real Decreto-ley 6/2019 introdujo medidas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, pero aún queda mucho trabajo por hacer.84 España tiene la segunda tasa más alta de desempleo femenino en la UE por un margen significativo.85 Y el trabajo de cuidado no remunerado afecta los ingresos de las mujeres: el 47% de las mujeres que trabajan a tiempo parcial lo hacen por razones de cuidado infantil, en comparación con el 7% de los hombres. Y el 23% de las mujeres con hijos están desempleadas, un total de 10 puntos porcentuales por encima de los hombres.86

La violencia de género también es una causa de pobreza. Conocí a varias mujeres que explicaron las dificultades económicas que afrontaron después de abandonar relaciones abusivas, entre ellas una mujer que no pudo acceder a la asistencia social porque había huido a otra comunidad autónoma y aún no había alcanzado el mínimo de un año de residencia. Según un informe de 2019, el 61,2% de las mujeres encuestadas que fueron víctimas de violencia de género estaban desempleadas, y un 6,9% adicional trabajó en empleos sin contrato.87

Las ayudas familiares extremadamente bajas por tener un hijo o hija y la escasa inversión en asistencia social para familias y menores perjudican especialmente a las mujeres. El 82% de los hogares monoparentales están encabezados por una mujer y, en 2018, la mitad de los hogares monoparentales estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 45% en 2008.88 En 2018, el 53,5% no podía afrontar un gasto imprevisto y el 17,4 se había retrasado en el pago relacionado con la vivienda principal o servicios públicos.89 Ampliar la educación de la primera infancia a niños y niñas de entre 0 y 3 años y desarrollar servicios asequibles después del horario escolar para menores puede ayudar a que los padres, y especialmente las madres, mantengan un empleo. La proporción de niños y niñas en edad escolar cubiertos por servicios después de la escuela es del 8%, muy por debajo de la media de la OCDE del 29%.90

Si bien los funcionarios del gobierno expusieron una serie de políticas diseñadas para promover la igualdad de género, existe una notable ausencia de atención a las arraigadas estructuras económicas que perpetúan la desigualdad. Se debería prestar mayor atención a la economía del trabajo de cuidado no remunerado y a las formas de compensarlo y reemplazarlo. En mi reunión con el Ministerio de Igualdad, me llevé la impresión de que el organismo no emplea a economistas profesionales y no ve esta ausencia como un problema, lo cual es muy desafortunado dado que la lucha para lograr la igualdad de género sin duda debe librarse en parte en el dominio de las ciencias económicas.

B. Niños, niñas y jóvenes

En 2018 el 29,5% de los y las menores estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, y el 6,5% experimentó carencia material severa.91 Las tasas de pobreza infantil son aún más alarmantes en las zonas rurales; entre las poblaciones inmigrantes, refugiadas y gitanas, y en familias con personas con discapacidad.92 Los hogares con niños, niñas o adolescentes tienen un mayor riesgo de pobreza o exclusión social que aquellos integrados solamente por personas adultas,93 y un 29% de los hogares con menores a cargo describieron pasar “graves dificultades” para llegar a fin de mes.94 Sorprendentemente, los funcionarios de varias comunidades autónomas me aseguraron que la mejor manera de lidiar con la pobreza infantil era abordar la pobreza del hogar, descartando por tanto problemáticamente las características únicas y el efecto permanente de la pobreza infantil.

El gasto social para las familias con niños y niñas está mal orientado y se mantiene entre los más bajos de la UE, lo que resulta en un impacto muy bajo. En 2017, el gasto dedicado a prestaciones familiares fue poco más de la mitad del gasto medio de la UE: 1,2% del PIB en comparación con 2,3%.95 La efectividad de las medidas también es baja y la protección social en España solo logra reducir en 6,9 puntos la tasa de pobreza infantil, en comparación con, por ejemplo, 32 puntos en Irlanda.96 España es prácticamente un caso único entre los países de la UE por carecer de un sistema universal y no contributivo de prestaciones familiares y de menores.97 En 2019, el Real Decreto-ley 8/2019 aumentó la prestación familiar para menores dependientes a 341 euros al año para familias en riesgo de pobreza (1,3 millones de niños y niñas), y hasta 588 euros para familias en situación de pobreza severa (630.000 niños y niñas). Sin embargo, casi la mitad de los menores que viven en la pobreza, un millón de niños y niñas, no tienen acceso a la ayuda, que sigue siendo muy escasa en poco más de 28 euros por menor al mes.98

El panorama para los jóvenes en España también es desafiante, con bajas tasas de empleo y alto abandono escolar. En el cuarto trimestre de 2019 España registró una tasa de paro del 30,51% entre los menores de 25 años99 y más del 70% de los trabajadores jóvenes tenían contratos de trabajo temporales, un porcentaje significativamente más alto que los promedios de la UE.100 En 2018, el 12,4% de los jóvenes de 15 a 24 años101 y el 19,6% de los de 20 a 34 años no estudiaban ni trabajaban (“Nini”).102

En general, el hecho de que España no disponga de un conjunto de políticas más concertado y generoso para eliminar la pobreza infantil generalizada supone tanto un fracaso moral como una herida económica autoinfligida.103 Una población infantil que recibe educación y cuidados de mala calidad significará una fuerza laboral menos sofisticada y una carga adicional para los servicios de protección social en los próximos años.

C. Comunidad gitana

España tiene una de las comunidades gitanas más grandes de la UE, de aproximadamente 750.000 personas o el 1,6% de la población.104 Pero los indicadores oficiales de empleo sociales no desglosan las estadísticas, lo que invisibiliza la situación de esta comunidad. El Ministerio de Educación me dijo que no se les permitía recabar datos sobre alumnado gitano. Pero según las encuestas de la Fundación Secretariado Gitano, en las que se basan los funcionarios gubernamentales con los que me reuní, en España las personas gitanas enfrentan tasas de pobreza e indicadores asociados alarmantemente altos.

Más del 80% de la población gitana se enfrenta a la pobreza o la exclusión social y el 46% es extremadamente pobre con un ingreso mensual inferior a 310 euros. La tasa de pobreza infantil se sitúa en el 89% y el desempleo en el 52%. Las mujeres gitanas están en clara desventaja en todas las áreas, con una tasa de empleo que solo alcanza el 16%. Y las tasas de alumnado gitano que asisten a escuelas segregadas también son elevadas: solo el 17% de la población gitana mayor de 16 años tiene completados estudios de secundaria (ESO) o superiores.105

Visité dos comunidades gitanas: el Polígono Sur de Sevilla y la Cañada Real a las afueras de Madrid. Aunque estos son ejemplos extremos, no representativos de las condiciones de la mayoría de las personas gitanas en España, me sorprendió la medida en que los gobiernos pertinentes parecen haberse olvidado de las personas que viven allí. Aquellos con quienes hablé estaban involucrados en una batalla perdida para asegurar formas básicas de apoyo o servicios gubernamentales. En la Cañada Real, conocí a personas que vivían sin acceso a una clínica, un centro de empleo o una escuela, o incluso sin suministro eléctrico legal, en una carretera sin asfaltar, directamente adyacente a plantas incineradoras, en un área considerada insalubre. A pesar de un acuerdo de 2018 para reubicar a las personas que viven en el área, hasta ahora el gobierno solo ha trasladado a 34 familias, y el gobierno de la Comunidad de Madrid no pudo proporcionarme ninguna fecha definitiva para cuándo habría reubicado al resto de manera segura. También parecía brillar por su ausencia cualquier disposición para una consulta significativa, a pesar de la existencia de varias estructuras formales para este propósito.

Los funcionarios del gobierno con los que me reuní estuvieron de acuerdo en que la situación para muchas personas gitanas es grave, pero me llamó la atención la falta de urgencia y la resignación con la que aceptan que partes enteras de la población se hayan visto relegadas a un estado de tercera clase sin acceso a los derechos de los cuales son titulares. Después de años de planes y puntos de referencia que han dejado los indicadores de pobreza de la comunidad gitana en niveles deplorables, existe una necesidad real de una respuesta de emergencia. Algunos funcionarios con los que hablé solo parecían preocupados por haber marcado ciertas casillas de acción, en lugar de lograr resultados tangibles.

D. Inmigrantes

En España hay aproximadamente 6 millones de inmigrantes.106 Los que provienen de fuera de la UE tienen el mayor riesgo de pobreza y exclusión social (56%) seguidos por los ciudadanos de la UE (47,7%), ambos significativamente más altos que la población española (23,1%).107 Para los y las menores con al menos un progenitor inmigrante, el riesgo de pobreza o exclusión social salta al 49,6%, el más alto de la UE.108

Las organizaciones de la sociedad civil describieron un sistema de reasentamiento que impide que los y las inmigrantes puedan trabajar o pagar una vivienda. Las personas refugiadas e inmigrantes a menudo enfrentan serios obstáculos para acceder a una vivienda digna debido a la escasez de oferta, los requisitos de acceso y la discriminación en la asignación, por lo que con frecuencia terminan en situaciones precarias o de hacinamiento.109

Las organizaciones de la sociedad civil describieron condiciones muy angustiosas para las mujeres y niñas inmigrantes, especialmente aquellas que trabajan en la agricultura, como situaciones de alta vulnerabilidad, explotación sexual y comercial, violencia institucional y falta de protección en los niveles más básicos. Según Women’s Link Worldwide, las trabajadoras agrícolas a menudo son engañadas en cuanto a los términos de su empleo: por ejemplo, les prometen jornadas de 6,5 horas pero acaban trabajando 10 horas; los contratos fijos pasan de ser de tres meses a una terminación de empleo discrecional, y los salarios pactados de 39-40 euros al día disminuyen significativamente, con lapsos de pago.110

Estoy extremadamente preocupado por la situación de los y las menores no acompañados, una población vulnerable que ha sido demonizada en el actual debate político. España sigue utilizando técnicas de evaluación de la edad desacreditadas y poco confiables para determinar la edad de los menores no acompañados, entre ellos exámenes genitales invasivos y humillantes, a pesar de las críticas por parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.111 La denegación de la condición de menor puede dejar al individuo sin acceso a apoyo o refugio para menores o adultos, lo que provoca una brecha que puede empujar a los niños y niñas a la pobreza hasta desembocar en la trata de personas, el trabajo sexual, el abuso sexual, la drogodependencia o incluso la desaparición.112

En Huelva, me reuní con trabajadores que vivían en un asentamiento de inmigrantes en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo. Están a kilómetros de distancia de agua potable y viven sin electricidad ni saneamiento adecuado. Muchos llevan años en España y pueden permitirse un alquiler, pero dijeron que nadie los acepta como inquilinos. Ganan apenas unos 30 euros al día y casi no tienen acceso a ningún tipo de apoyo gubernamental. Una persona me dijo: “Cuando hay trabajo, España necesita inmigrantes, pero a nadie le interesan nuestras condiciones de vida”. Según la sociedad civil, entre 2.300 y 2.500 personas viven en condiciones similares durante la temporada de la fresa. En 2018-19, la cosecha de fresas en Huelva facturó 533 millones de euros113 y el mayor productor es Driscoll’s y sus empresas asociadas. Driscoll’s cuenta con un conjunto de estándares laborales que “se aplican a todos los trabajadores en nuestra cadena de suministro, sin distinción”. Debido a que las condiciones que observé en Huelva eran simplemente inhumanas y dado el dominio de esta empresa multinacional en la industria local y global de la fresa, tengo planeado preguntarles qué están haciendo para monitorear y mejorar las condiciones laborales en esta área.

E. Pobreza en áreas rurales

Casi una quinta parte de la población española vive en áreas rurales,114 donde el ingreso medio real per cápita ha caído un 13,5% entre 2009 y 2018.115 Las áreas rurales están experimentando una aguda despoblación y envejecimiento. Catorce provincias están muy afectadas por el “declive demográfico”: más del 25% de su población tiene al menos 65 años.116 Las personas que viven en la pobreza en la “España vaciada” enfrentan desafíos únicos y un riesgo muy alto de pobreza o exclusión social (31%).117

Las personas con las que me reuní en zonas rurales destacaron los beneficios de la vida en el campo, incluida la proximidad a la naturaleza, pero también describieron el aislamiento, la exclusión y la pobreza. Un grupo en Extremadura explicó haber sufrido cortes de energía que duraron días, no poder visitar a un médico debido a la falta de transporte público o dinero para pagar un taxi y sentir que sus votos no le importan al gobierno central. En Galicia visité un área sin atención médica especializada, sin guardería y sin educación secundaria. Allí una mujer me dijo: “Mi hija me dice que aquí no ve futuro para ella”. La gente también describió los altos precios de Internet, lo que plantea riesgos de exclusión digital para familias pobres y de bajos ingresos, especialmente a medida que el gobierno toma medidas para digitalizar aspectos de la asistencia social.

El Gobierno no debería dejar que este gran colectivo sufra las consecuencias de fuerzas del mercado que no pueden controlar, y debería diseñar una estrategia integral para hacer frente a los problemas que afectan a un número creciente de personas.

F. Personas con discapacidad

Las personas con discapacidad sufren muchos tipos de discriminación estructural y desventajas en España, como en ámbitos relacionados con el empleo, los ingresos, la educación y la vivienda. En 2018 aproximadamente un tercio de las personas con discapacidad en España, el 31,1%, estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación con el 24,1% de las personas sin discapacidad.118 Y la tasa de empleo fue solo del 25,8% para las personas con discapacidad, muy por debajo de la mitad de la tasa de empleo de las personas sin discapacidad (65,9%).119

La ausencia de viviendas accesibles empeora su situación. Solo el 0,6% de los 9,8 millones de edificios residenciales en España cumplen con los criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida o discapacidad.120 Una mujer en Badajoz me explicó que después de que su marido desarrolló una discapacidad, tuvo que instalar un baño improvisado en su sala de estar porque el baño de su unidad de vivienda pública no era accesible. Según una encuesta de 2019, 1,8 millones de personas con movilidad reducida necesitan asistencia para abandonar su hogar, y 100.000 nunca salen.121 Y el 16,5% de los y las menores con discapacidad reciben una educación segregada en España, fuera del sistema educativo general.122

Visité un centro para personas con discapacidad en Galicia que está haciendo un trabajo excelente para apoyar la vida independiente y la capacitación laboral, pero la cruda realidad es que solo un número muy pequeño de personas que necesitan este tipo de apoyo lo reciben. Escuché varios poderosos testimonios en todas las comunidades autónomas que visité sobre la discriminación que enfrentan en el mercado laboral y en la sociedad, y las batallas que deben librar para reivindicar sus derechos. El Gobierno debería otorgar una mayor prioridad a la erradicación de estas formas de discriminación.

A. Personas dedicadas al trabajo doméstico y al cuidado de personas

Las estimaciones de la cantidad de personas empleadas del hogar en España oscilan entre una cifra oficial de 453.000123 y una estimación de la sociedad civil de 700.000 personas que trabajan como empleados y empleadas domésticas o trabajadores y trabajadoras del cuidado a personas. Las mujeres representan el 97,9%124 y están marginadas por la ley española, que coloca dicho trabajo en un “régimen especial” con menos derechos.125

La sociedad civil informó que una de cada tres trabajadoras domésticas en España vive en la pobreza, y muchas trabajan en la economía informal para empleadores que no realizan pagos a la seguridad social. Muy a menudo trabajan el doble de sus ocho horas contratadas por día, ganando apenas 800 euros al mes, pero generalmente tienen que alquilar una habitación para pasar la noche libre semanal y el coste de los alimentos se deduce de su salario. Los trabajadores indocumentados son especialmente vulnerables a la explotación, y escuché testimonios sobre empleadores que confiscan los pasaportes de las trabajadoras domésticas.

Me reuní con un grupo de empleadas del hogar en Madrid, en el Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), un centro que entiendo que es el primero de su tipo en Europa y desempeña un papel extremadamente importante en la defensa de los derechos y el bienestar de las trabajadoras domésticas. Escuché relatos profundamente inquietantes sobre las condiciones de trabajo, mujeres que trabajaban encerradas durante años en lo que sentían como una “cárcel”, sufriendo acoso sexual, horas extraordinarias sin compensación y sin acceso a la seguridad social o las pensiones. “Estoy a punto de cumplir 72 años y sigo pasando apuros”, dijo una mujer. Me explicaron que el centro ahora está en peligro porque el gobierno de Madrid ha retirado su financiación. Dado el nivel de la necesidad, sería una tragedia si se viera obligado a cerrar.

El nuevo gobierno de coalición se ha comprometido a ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadores y trabajadoras domésticas. La plena implementación de las disposiciones de la Convención supondría un gran paso adelante en España.

Madrid, 7 de febrero de 2020

Notas: 1 Instituto Nacional de Estadística, “Contabilidad Nacional Trimestral de España: principales agregados, Cuarto trimestre de 2019. Avance”, 31 de enero de 2020, https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0419a.pdf; Instituto Nacional de Estadística, “Encuesta de Población Activa (EPA) Cuarto trimestre de 2019”, 28 de enero de 2020, https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0419.pdf.

2 Centro de Investigaciones Sociológicas, “Barómetro de Enero 2020”, datos.cis.es/pdf/Es3271marMT_A.pdf.

3 Eurostat, “People at risk of poverty or social exclusion by sex”, 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tepsr_lm410&language=en&toolbox=sort; Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) y de sus componentes por edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005.

4 Instituto Nacional de Estadística, “Personas por dificultades para llegar a fin de mes y edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9985.

5 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) y de sus componentes por edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005.

6 Instituto Nacional de Estadística, “Tasas de paro”, cuarto trimestre de 2019, https://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es; Eurostat, “Unemployment Statistics”. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/es

7 FMI, “Spain 2018 Article IV Consultation”, noviembre de 2018, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/11/21/Spain-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-4638, pág. 5. El riesgo de pobreza activa es el segundo más alto entre los países que forman la UE, con un 12,9% a partir de 2018. Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators.

8 España es el sexto país más desigual de la UE cuando se comparan los ingresos de los quintiles superior e inferior, y el séptimo más desigual según lo medido por el índice de Gini. Eurostat, “Income quintile share ratio (S80/S20) by sex”, consultado por última vez el 19 de enero de 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tessi180&plugin=1; Eurostat, “Gini coefficient of equivalised disposable income”, consultado por última vez el 19 de enero de 2020.

9 Amory Gethin, et al., “Desigualdades Crecientes y Divisiones Políticas en España”, 2019, págs. 2-3.

10 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.

11 OCDE, “Income inequality”, (consultado el 18 de octubre de 2019), https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm.

12 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, págs. 43-44 (cita datos de 2013).

13 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, “Estrategia Nacional de Prevención y Lucha Contra La Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023”, 2019, pág. 71.

14 FMI, “Effectiveness and Equity in Social Spending: The Case of Spain”, informe de trabajo, pág. 21.

15 Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIReF), “Los programas de rentas mínimas en España”, junio de 2019, https://www.airef.es/wp-content/uploads/RENTA_MINIMA/20190626-ESTUDIO-Rentas-minimas.pdf.

16 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, 2017, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2017_eco_surveys-esp-2017-en, pág. 1.

17 Comisión Europea, “Recomendación del Consejo: España”, 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1560258234004&uri=CELEX%3A52019DC0509, págs. 5, 8.

18 Para las transferencias sociales que excluyen las pensiones, España logró una reducción del 22,94% en las tasas de AROPE en 2018, en comparación con una media del 33,2% en la UE, el 35,9% en el Reino Unido, el 44,4% en Francia y el 53,67% en Finlandia. Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators.

19 Oretta Causa y Mikkel Hermansen, “Income redistribution through taxes and transfers across OECD countries”, 2019, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/bc7569c6-en.pdf?expires=1579564630&id=id&accname=guest&checksum=23CF047B7FCBD51BF5FA82600104FDC7, pág. 18.

20 Cáritas utiliza el término de “sociedad expulsada” para referirse a los 1,8 millones de personas que registraron la peor puntuación en su índice multidimensional de la pobreza de 35 indicadores. Declaración de Cáritas. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/32_Caritas_FOESSA_EN.pdf.

21 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 62.

22 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, “Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo”, https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/08/8

23 El monto exacto del crédito fiscal por hijos depende de la tasa impositiva en la comunidad autónoma de los padres, por ejemplo: 528 por hijo en Madrid. Euromod, María del Valle Navas y Néstor López de la Cruz , “Spain (ES) 2015-2018”, https://www.euromod.ac.uk/sites/default/files/country-reports/year9/Y9_CR_ES_Final.pdf, pág. 97.

24 Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators.

25 Eurostat, “Perfiles de países”, https://ec.europa.eu/eurostat/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=euroind&lang=en&country1=ES&country2=eu28.

26 Eurostat, “Expenditure on social protection benefits by function, 2017-table 1”, consultado por ultima vez el 17 de enero de 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Expenditure_on_social_protection_benefits_by_function,_2017-table_1.png.

27 Véase por ejemplo, Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIReF), “Los programas de rentas mínimas en España”, junio de 2019; Luis Ayala Cañón, José María Arranz, Carlos García Serrano y Lucía Martínez Virto, “El sistema de garantía de ingresos en España: tendencias, resultados y necesidades de reforma. Informe Completo”, diciembre de 2016.

28 European Anti-Poverty Network, “El Estado de la Pobreza Seguimiento del Indicador de Pobreza y Exclusión Social en España 2008-2017”, 2018, https://eapn-clm.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe_AROPE_2018_LA_SITUACION_EN_LAS_CCAA.pdf, pág. 13.

29 33.000 hogares o 106.746 personas. Comunidad de Madrid, “Renta Mínima de Inserción. Informe 2018”, 2019, https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/informe_anual_rmi_2018_definitivo_.pdf, pág. 23.

30 En 2018, había aproximadamente 12.650 concesiones en procedimiento inicial. Comunidad de Madrid, “Renta Mínima de Inserción. Informe 2018”, 2019, pág. 54. En 2016, había aproximadamente 13.800 concesiones en procedimiento inicial. Comunidad de Madrid, “Balance anual de gestión de la Renta Mínima de Inserción Comunidad de Madrid 2016”, 2017, pág. 13.

31 (aproximadamente de 4.850 a 10.040), así como también el número de denegaciones (de 2.708 a 5.767).

32 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) por nivel de formación alcanzado (personas de 16 años y más años)”, https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10007.

33 En 2017, fue del 4,24% del PIB (49,458 millones de euros) en comparación con el 4,99% del PIB (53,895 millones de euros) en 2009. European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, págs. 32-33.

34 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 58.

35 Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019, pág. 1.

36 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 55.

37 Eurostat, “Early leavers from education and training”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training.

38 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 38. (citando a Save The Children).

39 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, pág. 53.

40 Save the Children, “The Future We Want to Grow Up In” , febrero de 2019, pág. 5.

41 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 34; Save the Children, “Mézclate conmigo: De la segregación socioeconómica a la educación inclusiva”, https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mezclate_conmigo.pdf, pág. 7.

42 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 34.

43 Save the Children, “Mézclate Conmigo”, 2018, https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mezclate_conmigo.pdf.

44 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 27.

45 REDER, “No dejar a nadie atrás: Es urgente garantizar la sanidad universal”, octubre de 2018, https://www.medicosdelmundo.org/Informe_REDER_Octubre_2018, págs. 4, 6 y 7; Informe anual 2018 Defensor del Pueblo de España, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/11_Defensor_del_Pueblo.pdf, pág. 6.

46 REDER, “No dejar a nadie atrás: Es urgente garantizar la sanidad universal”, octubre de 2018, https://www.medicosdelmundo.org/Informe_REDER_Octubre_2018, pág. 12.

47 Ministerio de Economía, “Financiacion 2008-2020”, datos proporcionados el 4 de febrero de 2019.

48 Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, “El Gasto Social por Comunidades: Sanidad, Educación y Servicios Sociales”, septiembre de 2019, https://www.directoressociales.com/images/Noticias/Evol_gasto_CCAA_2018/2018._Raking_CCAA_por_recortes_y_gastos.pdf, pág.1.

49 Fundación FOESSA, “Vulneración de derechos: Vivienda”, https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/06/Focus-Vivienda-FOESSA.pdf, págs. 2-3.

50 Eurostat, “Housing cost overburden rate by tenure status”, 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tessi164&language=en.

51 Informe de Amnistía Internacional, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/31_Amnesty_International.docx, pág. 4; Banco de España, David López-Rodríguez y María de los Llanos Matea, “Evolución reciente del mercado del alquiler de vivienda en España”, agosto de 2019, pág. 6.

52 UGT (Unión General de Trabajadores), “Los salarios tienen que despegar en 2019”, 19 de marzo de 2019, http://www.ugt.es/los-salarios-tienen-que-despegar-en-2019.

53 ACNUDH, “States and real estate private equity firms questioned for compliance with human rights”, 26 de marzo de 2019, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24404&LangID=E.

54 Cifras de 2006-2012: Consejo General del Poder Judicial, “Solicitud de Datos, Informes o Documentos”, 4 de marzo de 2013, https://bit.ly/2S2DoBo; cifras de 2013-2018: Contestación del Gobierno español a solicitud de información por parte de don Cayo Lara Moya (GIP), “Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales por TSJ hasta Segundo Trimestre 2019”, https://bit.ly/382hT95.

55 Instituto Nacional de Estadística, “Hogares por régimen de tenencia de la vivienda y edad y sexo de la persona de referencia”.

56 Housing Europe, “State of Housing within the EU, 2019”, octubre de 2019, http://www.housingeurope.eu/resource-1323/the-state-of-housing-in-the-eu-2019, págs. 85-87.

57 Ministerio de Fomento, “Vivienda Protegida, Series Anual, (1.5) Número de calificaciones definitivas: Planes estatales”, 2019, https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline2/sedal/31305000.XLS.

58 Instituto Nacional de Estadística, “Censos de Población y Viviendas 2011”, https://inmalome.files.wordpress.com/2012/09/cifine01-2013.pdf, pág. 8; Housing Europe, “The State of Housing in the EU 2019”, http://www.housingeurope.eu/file/860/download, pág. 87.

59 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar”, https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/ENIPSH.pdf, pág. 12.

60 Fundación FOESSA, “La vulneración del derecho a vivienda: una mirada a la exclusión residencial”, 2018, https://www.caritas.es/noticias/viii-informe-foessa-la-exclusion-social-se-enquista-en-una-sociedad-cada-vez-mas-desvinculada/.

61 Red Europea de Política Social, “ESPN Thematic Report on National strategies to fight homelessness and housing exclusion”, 2019, https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21628&langId=en, pág. 12.

62 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar”, https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/ENIPSH.pdf, pág 19.

63 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surv.eys-esp-2018-en, pág. 98.

64 M. Pastor, V. Carter y M. Abood, “Rent Matters: What are the Impacts of Rent Stabilization Measures?”, 2018.

65 Eurostat, “Tax-to-GDP ratio up to 40.3percent in EU”, 20 de octubre de 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10190755/2-30102019-AP-EN.pdf/68739572-f06a-51e4-3a5b-86e660a23376.

66 Comisión Europea, “Statutory tax rates: VAT rates in member states”, ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-taxation_en.

67 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.

68 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.

69 OCDE, “Income inequality”, (consultado el 18 de octubre de 2019) https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm.

70 Comisión Europea, “Country Report Spain 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_en.pdf, pág. 32.

71 Ídem.

72 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.

73 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, pág. 42

74 FUNCAS, “Economía Sumergida y Fraude Fiscal en España: ¿Qué Sabemos? ¿Qué Podemos Hacer?”, 2018, https://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=5-04095, pág. 40; véase también, “La economía sumergida resta un 23% a la recaudación fiscal”, El País, 21 de junio de 2018, https://elpais.com/economia/2018/06/20/actualidad/1529518143_236168.html.

75 Oxfam, “Quien Parte y Reparte: la huella en la desigualdad de las empresas del IBEX 35”, https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/OxfamWeb-Documentos/OxfamWeb-Informes/quien-parte-y-reparte-informe-ibex-2019.pdf, 2019, pág 2.

76 Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, “El cambio climático y la pobreza”, 17 de julio de 2019, https://undocs.org/A/HRC/41/39.

77 Estudio de AEMET con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “Efectos del Cambio Climático en España”, 3 de marzo de 2019, http://www.aemet.es/en/noticias/2019/03/Efectos_del_cambio_climatico_en_espanha; Greenpeace, “Así nos afecta el cambio climático”, 28 de noviembre de 2018, https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/GP-cambio-climatico-LR.pdf, pág. 43.

78 “El Gobierno propone una inversión pública de 47.000 millones en un plan sobre el cambio climático”, Reuters, 20 de febrero de 2019 https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1Q91YT-OESTP.

79 “Spain declares climate emergency, gets climate plan ready”, AP, 21 de enero de 2020, https://apnews.com/1e946085841af1e942659d4154d75d03.

80 “España se desengancha del carbón y las emisiones de efecto invernadero se desploman”, El País, 3 de enero de 2020, https://elpais.com/sociedad/2020/01/02/actualidad/1577980066_743415.html.

81 Congreso de los Diputados ¨Proposición de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética,” http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-48-1.PDF.

82 Ministerio para la Transición Ecológica, “La Transición Justa dentro del Marco Estratégico de Energía y Clima”, https://www.miteco.gob.es/es/prensa/etj-castellano-interactivo_tcm30-505654.pdf.

83 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, págs. 13-14.

84 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, “Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3244; Solidar, “Monitor de derechos sociales 2019”, https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/070/original/ES_Spain.pdf?1580208673, pág. 4.

85 Eurostat, “Unemployment by sex and age - monthly average”, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_m&lang=en.

86 Save the Children, “The Future We Want to Grow Up In” , febrero de 2019, pág. 7.

87 Fundación Adecco, “Un empleo contra la violencia”, noviembre de 2019, https://s03.s3c.es/imag/doc/2019-11-22/informe-empleo-contra-la-violencia-2019.pdf, pág. 15.

88 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 18; Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE), por tipo de hogar”, https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10010.

89 Instituto Nacional de Estadística, “Hogares con carencia material por tipo de hogar”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9974.

90 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, págs. 51, 54.

91 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) y de sus componentes por edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005. Véase también, Save the Children, “Familias en riesgo”, 2020.

92 Declaración de European Anti-Poverty Network, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/17_EAPN_SP.pdf, pág. 2.

93 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 4.

94 Fundación FOESSA, “Vulneración de derechos: Infancia”, https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/05/Focus-Infancia.-FOESSA.pdf, pág. 3.

95 Eurostat, “Expenditure on social protection benefits by function, 2017-table 1”, consultado por última vez el 17 de enero de 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Expenditure_on_social_protection_benefits_by_function,_2017-table_1.png; Declaración de Plataforma de Infancia, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/5_Plataforma_de_Infancia.pdf, pág. 4.

96 Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019.

97 UNICEF, Olga Canto Sánchez y Luis Ayala Canon, “Políticas públicas para reducir la pobreza infantil en España: Análisis del impacto”, marzo de 2014, https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/unicef_politicas_para_reducir_pobreza_infantil_espana_baja.pdf, pág. 73; ILO-UNICEF, “Towards universal social protection for children: Achieving SDG 1.3”, 41, 2019.

98 Solidar, “Monitor de derechos sociales 2019”, https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/070/original/ES_Spain.pdf?1580208673, pág. 8; Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, “Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo”, https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/08/8; Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 64; Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019, pág. 1.

99 Instituto Nacional de Estadística, “Tasas de paro”, 4T 2019, https://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es; Eurostat, “Unemployment Statistics”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics.

100 Eurofund, “Los jóvenes, especialmente los poco cualificados, son los más afectados por las desigualdades sociales en España”, 11 de octubre de 2019, https://www.eurofound.europa.eu/es/news/news-articles/young-people-particularly-those-low-qualified-bear-the-brunt-of-social-inequalities-in-spain

101 Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators; Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 64; Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019, pág. 13.

102 Eurostat, “Statistics on young people neither in employment nor in education or training”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training.

103 Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, “DB012 - Mapa territorializado de la pobreza infantil en España”, https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/db012-mapa-territorializado-de-la-pobreza-infantil-en-españa.

104 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 65.

105 Fundación Secretariado Gitano, “La Fundación Secretariado Gitano presenta su ‘Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018’”, 24 de septiembre de 2019; https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/129382.html.

106 Ministerio de Trabajo, Migraciones, y Seguridad Social, “Extranjeros residentes en España: Principales resultados”, septiembre de 2019, http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/201906/Residentes_Principales_Resultados_30062019.pdf, pág. 1.

107 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) por nacionalidad (personas de 16 y más años)”, https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10009.

108 Eurostat, “Children at risk of poverty or social exclusion”, enero de 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/50126.pdf, pág. 6.

109 Declaración de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/15_CEAR.pdf, pág. 3.

110 Declaración de Women’s Link Worldwide, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/20_Women_Worldwide.pdf, págs. 2-3 y 5.

111 Comité de la ONU de los Derechos del Niño, “Dictamen aprobado por el Comité en relación con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones respecto de la Comunicación Núm. 16/2017”, 10 de julio de 2017, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/ESP/CRC_C_81_D_16_2017_28553_S.docx, pág. 13.

112 Declaración de Fundación Raíces, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/16_Fundacion_Raices.pdf, págs. 1-2.

113 Fresh Plaza, “La campaña de fresas de la provincia española de Huelva cierra con cifras positivas”, https://www.freshplaza.es/article/9144061/la-campana-de-fresas-de-la-provincia-espanola-de-huelva-cierra-con-cifras-positivas/.

114 El Banco Mundial, “Población rural (% de la población total) - España”, 2019 https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=ES.

115 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, págs. 23-24.

116 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf , pág 80.

117 Eurostat, “Living conditions in Europe - poverty and social exclusion”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_and_social_exclusion.

118 Eurostat, “The Europe 2020 indicator of at-risk-of-poverty or social exclusion AROPE by level of activity limitation”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:The_Europe_2020_indicator_of_at-risk-of-poverty_or_social_exclusion_AROPE_by_level_of_activity_limitation,_2018_2.png.

119 Instituto Nacional de Estadística, “El empleo de las personas con discapacidad (EPD Año 2018”, 18 de diciembre de 2019, https://www.ine.es/prensa/epd_2018.pdf, pág. 1.

120 Fundación Mutua de Propietarios, “La accesibilidad de las viviendas en España”, 22 de marzo de 2018, https://www.fundacionmdp.org/wp-content/uploads/2018/04/201803-Accesibilidad-viviendas-espana_FundacionMdP-min.pdf.

121 COCEMFE, “1,8 millones de personas con movilidad reducida dependen de la ayuda de terceros para salir de su casa y 100.000 no salen nunca”, 22 de junio de 2019, http://www.cocemfe.es/informate/noticias/18-millones-de-personas-con-movilidad-reducida-dependen-de-la-ayuda-de-terceros-para-salir-de-su-casa-y-100-000-no-salen-nunca/.

122 Ministerio de Educación y Formación Profesional, “Las cifras de la educación en España. Curso 2016-2017 (Edición 2019)”, http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2016-17.html.

123 Instituto Nacional de Estadística, “Activos por sexo y ocupación. Valores absolutos y porcentajes respecto del total de cada ocupación”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4077.

124 Ídem.

125 Futuro en Común, “Una Agenda 2030 transformadora para las personas y la planeta”, 24 d