Día internacional del pueblo gitano. "Los nazis exterminaron al 75% de los gitanos de Europa". El libro 'Holocausto gitano' de María Sierra hace visible un drama olvidado por la Historia

Los nazis exterminaron a 500.000 gitanos, aproximadamente el 75 % de la población romaní que existía en Europa en aquella época. 

A pesar de la magnitud de la matanza, el drama tiene poca presencia en nuestros libros de historia y en la conciencia colectiva, “hay una invisibilización”, en palabras de María Sierra, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla, que publica ahora 'Holocausto gitano' (Arzalia), obra que recoge esa y otras cifras, así como escalofriantes detalles, testimonios directos e imágenes, varios de ellos inéditos.

Toda la población gitana sufrió la política de discriminación racial de Hitler, de modo similar a los judíos. “Las familias fueron separadas; los adultos y niños, esterilizados; los bienes les fueron expropiados; se les destinó al trabajo esclavo; se les usó de cobayas médicas; unidades del ejército alemán los iban fusilando en su avance y fueron enviados a los campos de exterminio. Todo ello, por el hecho de ser gitanos”, apunta Sierra, en conversación telefónica.

Para ella, “la tendencia a minimizar el holocausto gitano por parte de algunos historiadores, diciendo que no fue tan grave como el judío, no se sostiene con los datos” y empieza a ser revertida en los últimos años.

Gitanos, romaníes, egipcianos, bohemios... las denominaciones han sido muchas a lo largo de los tiempos, pero “pueblan Europa desde la Baja Edad Media y ya en los siglos XIV y XV se habían asentado en la mayoría del continente, hasta viajaron a América acompañando al mismo Colón en sus naves. Es curioso que, con tamaña antigüedad, se siga destacando hoy su origen foráneo”.

Sierra repasa la persecución de que han sido objeto a lo largo de los siglos, empezando con España donde “al igual que a los judíos y moriscos, una pragmática de 1499 los obligaba a abandonar su lengua y su indumentaria y someterse a la obediencia de algún señor”. En 1749, el rey Fernando VI organizó la Gran Redada, “el apresamiento general de toda la población gitana del país”. También se ocupa de su amplia representación en arte y literatura (Cervantes, Molière, Defoe...) así como de su integración en el imaginario de algunas naciones, como la española.

En el siglo XX, “si bien es verdad que la dedicación a la música y otros espectáculos era la actividad laboral de bastantes familias romaníes, las actividades económicas de la comunidad eran más variadas de lo que la percepción mayoritaria registra”, lo que provocó que las confiscaciones nazis abarcaran no solo cuentas corrientes, sino inmuebles, objetos y obras de arte. “Aunque el discurso oficial los identifica con el nomadismo, la realidad es que buena parte ya eran sedentarios y vivían en sus pisos o casas”. Algunos fueron incluso héroes de guerra contra los nazis, como el condecorado ingeniero soviético Aleksandr Baurov.

Muchos países europeos los identificaron con la delincuencia en los años 20, basándose en fantasiosos informes científicos “que racializaban la propensión al crimen. La ciencia es un producto de su época y es increíble cómo la usa el poder para obtener legitimidad a sus argumentos”. Pero Sierra quiere dejar claro que lo que hicieron los nazis no fue continuar una secular represión sino que “añadieron elementos nuevos sustanciales, nada menos que el genocidio, decidieron el exterminio físico sistemático de esta población, considerada colectivamente inferior”.

Durante los años 30, científicos alemanes estudiaron de manera personalizada a 24.000 gitanos, entrevistando a familias, a menudo bajo amenazas, extrayéndoles sangre, tomando moldes de sus cabezas... “La policía nos medía la nariz y las orejas –cuenta la superviviente Philomena Franz– y anotaba el color de nuestro cabello y muchas cosas más”. Al frente de buena parte del operativo, el siniestro doctor Robert Ritter, ayudado por la enfermera Eva Justin, cuyos informes y clasificaciones, entre otros, sirvieron para enviar a la muerte a decenas de miles de personas. Sin embargo, “tras la guerra, no rindieron cuentas de nada, estos científicos siguieron ejerciendo cargos públicos y el resultado de los escasos juicios a los que se les consiguió someter fue decepcionante”, lamenta Sierra, quien recuerda que incluso en los años 50 y 60 “los tribunales alemanes argumentaban que los gitanos no habían sido perseguidos por motivos raciales sino policiales, por su tendencia la delincuencia”.

Ritter fue, tras la caída de los nazis, profesor de Criminología en la Universidad de Tubinga, y luego trabajó en el servicio de salud de Francfort como psicólogo infantil. “Los judíos sí pudieron cambiar las cosas a partir de los años 60, con algunos juicios muy sonados, como el de Eichmann, pero los gitanos tienen que esperar a los años 80 para obtener un muy mínimo reconocimiento institucional de la situación”.

Francia tampoco queda bien parada. Entre la de Vichy y la ocupada, recluyó a 6.000 gitanos en campos de trabajos forzados en condiciones lamentables, y envió el Convoy Z a Auschwitz, “con 352 gitanos hacinados en vagones de ganado”. España, como país no ocupado, “no fue prácticamente afectada” por las deportaciones de gitanos a campos de exterminio.

Capítulo especial merece el proyecto de Heinrich Himmler de construir una reserva –a la manera de las de los indios de América– donde “algunos clanes puros de romaníes pudieran moverse con cierta libertad en una especie de reducto casi zoológico”, donde también serían estudiados por científicos. En 1942, se puso en marcha la iniciativa, que según algunos iba a realizarse en el paraje del lago Neusiedl, entre Austria y Hungría. Himmler seleccionó a 4.000 personas que, por su “buen comportamiento”, eran merecedores de aquella “salvación colectiva” Martin Bormann, secretario personal del mismo Hitler, detuvo el proyecto asegurando que el Führer no estaba de acuerdo

La obra se ocupa de los músicos y rompe algunos tópicos. “Los nazis les hacían cantar y tocar, pero les castigaban incluyéndolos en las orquestas que acompañaban actividades como trabajos forzados o ajusticiamientos. Hay una visión romántica idealizada, en novelas y películas, de lo que les permitía la música pero fue utilizada como mecanismo de represión y encuadramiento”.

Auschwitz fue el escenario de algunos de los más horrendos crímenes, con “un campo familiar específico”. Los testimonios incluidos en el libro de Sierra son pavorosos. Hubo prisioneros que no sabían ni que lo eran, y lo descubrieron al ser detenidos. Hubo mujeres obligadas a prostituirse para la tropa, torturas de enorme sadismo, tras las cuales los soldados llevaban a los muertos atados en palos como ciervos en cacerías... “El doctor Mengele les daba caramelos a los mismos niños que luego utilizaba en sus experimentos”...

Lo que Sierra ve mas preocupante es que “el antigitanismo persiste hoy, de un modo a veces light, banal, en un tipo de comentarios que ya se daban en los años 30. Es increíble, con todo lo que han pasado. Deberíamos hacérnoslo mirar...”

https://www.lavanguardia.com/libros/20201207/6101075/nazis-gitanos-sierra.html

Grupo de hombres y niños romaníes en el campo de Belzec, en 1940 US HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM

Capitalismo militarizado, esclavismo y exterminio.

Por Alejandro Andreassi Cieri | 29/02/2020 | Opinión

Fuentes: Conversaciones sobre la Historia

La organización del trabajo es un aspecto clave para comprender el funcionamiento de las sociedades antiguas y modernas, los principios y valores con que se rigen y los objetivos que persiguen. Ese carácter de clave interpretativa lo es por varios motivos:

1. El trabajo humano ha existido a lo largo de la historia de la especie humana, pero en cada fase o época ha adquirido por su carácter jurídico y/o técnico, un carácter específico que ha señalado y definido a la sociedad y a la época correspondiente. No es lo mismo hablar de trabajo esclavo, servil o libre, porque, aunque las tareas que se realizarán con cada uno de ellos fueran similares, la distinta connotación normativa y axiológica los señala como radicalmente diferentes. La forma en que se ha objetivado el trabajo ha caracterizado -obviamente junto a otras pautas simbólicas- las diferentes épocas de la historia humana.

2. Especialmente en las sociedades modernas el trabajo es un factor trascendental en el proceso de socialización definitiva de los seres humanos, una socialización que comienza en el ámbito familiar y se complementa en el escolar formativo y culmina con la incorporación al ámbito laboral. Por lo tanto, se comporta como un elemento de integración y cohesión social.

3. En el proceso de trabajo se verifica la naturaleza más íntima de ese momento civilizatorio al que damos el nombre de capitalismo. Es la piedra fundamental en la que se basa el sistema capitalista, donde se asegura su reproducción y donde se realiza el primum movens del capitalismo: la generación de plusvalía en base a la explotación del trabajo humano asalariado por el capital.

Este libro que aquí resumo tiene como objeto el estudio del trabajo y su organización en los fascismos italiano y alemán. La hipótesis principal del mismo plantea que en el fascismo además de intensificarse la explotación del trabajo humano tal como se produce bajo el capitalismo, la relaciones laborales, que designan el lugar en que cada trabajador se sitúa en el proceso de trabajo así como las condiciones en que lo realiza, son el medio para integrar o excluir a los trabajadores en la comunidad nacional, llegando a una restauración del esclavismo y al exterminio por medio del trabajo como formas extremas de exclusión y de refuerzo de la identidad racial de la sociedad fascista. Ello va a ocurrir en el fascismo alemán, con la utilización como esclavos a los prisioneros de los campos de concentración, así como la consumación del genocidio judío, gitano y de prisioneros políticos mediante el recurso a trabajos forzados hasta la extenuación (recordar la siniestra escalera de la muerte de Mauthausen donde fueron asesinados tantos republicanos españoles). Pero también el fascismo italiano recurrió al trabajo esclavo durante la ocupación de Etiopía, creando una clara segregación de la población autóctona condenada a la servidumbre por el ocupante italiano.


Escalera de la muerte en las canteras del campo de Mauthausen (imagen: deportados.es)

Este enfoque era la consecuencia de un principio ideológico común a los fascismos: la convicción de la desigualdad radical, de base biológica, de los seres humanos. Frente a las ideas procedentes de la Ilustración y la Revolución francesa que proclamaban la igualdad de todos los miembros de la especie humana, sin distinciones raciales ni de ningún tipo, el fascismo consideraba lo contrario y erigía esa desigualdad como principio de organización social. Simultáneamente con esa afirmación se conectaba otro núcleo fundamental de la ideología del fascismo: su negación radical de la democracia. Como la desigualdad era la condición normal de la esencia humana los fascistas deducían que la democracia era antinatural ya que esta se basa en la igualdad política de todos los miembros de la sociedad, el equi-poder de cada ciudadano, o sea la capacidad de autonomía y participación equitativa en la toma de decisiones, que colectivamente se expresa como soberanía popular.

Los fascistas consideraban que la capacidad para trabajar y la calidad del trabajo que podía realizar cualquier persona era algo predeterminado, innato, vinculado a las características raciales de cada individuo, que de este modo se transformaban en un componente de la “naturaleza” humana, en rasgos esenciales, y no en el resultado del conjunto de prácticas y de ideas generadas en el proceso de producción cultural y de devenir histórico. Las características jerárquicas de la organización del trabajo bajo el capitalismo se transformaban según la perspectiva fascista en las condiciones naturales -biológicamente determinadas- de la organización de las relaciones de producción y del proceso de trabajo.

Exposición organizada por el Deutsche Arbeitsfront en 1938 (imagen: Bundersarchiv)

Los movimientos fascistas surgen en Italia y Alemania inmediatamente después del fin de la Primera Guerra Mundial, y por lo tanto han sido considerados producto de la misma. Sin embargo, los elementos seminales de su ideología se conformaron mucho antes, en el último tercio del siglo XIX, acompañando la Segunda Revolución industrial con la entrada en juego de los mayores avances de las ciencias naturales y de la tecnología derivada de ellas. La guerra jugó el papel de catalizador de esas tendencias previas. Me limitaré al examen de una de ellas, tal como lo hace el libro que ahora resumo, y que es producto tanto de esa Segunda Revolución Industrial como de la lucha de clases entre capital y trabajo desarrollada a lo largo del siglo anterior. Me refiero a la llamada Organización Científica del Trabajo (OCT) especialmente en su forma inicial: la metodología y objetivos propuestos por el taylorismo (ya que su impulsor fue el ingeniero norteamericano Frederick Winslow Taylor).

El objetivo declarado por Taylor al proponer su método era el de conseguir algo que había sido perseguido por los empresarios desde el inicio de la industrialización, y que consistía en la subordinación total del trabajo al capital con el objetivo de aumentar significativamente la productividad del trabajo asalariado eliminando cualquier posibilidad de resistencia obrera, para lo cual era necesario sustraer la más mínima parcela de control del proceso de trabajo, que había sido uno de las más importantes recursos de los obreros más cualificados, herederos de las técnicas y métodos del artesanado, para negociar sus condiciones de trabajo y de salario a lo largo del siglo XIX. Para conseguir esa sumisión del trabajo al capital, Taylor proponía que debía someterse al trabajador a una serie de rutinas diseñadas por la dirección de la empresa, y esas rutinas debían basarse en la investigación y determinación “científica” de los movimientos y tiempos que debía emplear cada trabajador en el desempeño de la tarea encomendada. Era una propuesta que transformaba al trabajador en un ente heterónomo sometido a las indicaciones de gerentes, ingenieros y capataces, y por lo tanto completaba el proceso de alienación y deshumanización de la tarea que se incubaba desde los orígenes del capitalismo. Se trataba de separar no sólo física sino mentalmente las tareas de diseño y dirección de las de ejecución del proceso de trabajo, las primeras reservadas a los puestos más altos de la jerarquía empresarial, y los últimos al conjunto de trabajadores asalariados, y todo ello con la legitimación que creía otorgaba una presunta “fundamentación científica”.

El impacto de esta propuesta anti-obrera que pretendía resolver definitivamente a favor del capital el resultado de la lucha de clases repercutió incluso en la dinámica bélica donde la optimización de procedimientos y la aceleración de ritmos de trabajo se aplicó a las operaciones militares para aumentar la potencia mortífera del armamento, ya de por sí con un poder destructivo sin precedentes, y que además permitía alargando el alcance y la potencia destructiva “desvincular; al ejecutor de la acción bélica de los resultados de la misma, por ejemplo con la utilización de armas químicas (gases venenosos), la ametralladora o la artillería pesada; un resultado similar a la alienación completa que sufría el obrero taylorizado -obligado a realizar tareas estandarizadas que él no controlaba y cuyos resultados finales ignoraba. Además, la guerra con ese despliegue tecnológico que la transformó en la primera masacre industrializada de la historia produjo como resultado la deshumanización definitiva de una actividad de por sí anti humana como es una guerra. Esa omnipotencia destructiva y al mismo exculpatoria del agente ejecutor inauguraría en la post guerra una militarización y brutalización de la política de la que harían gala los fascismos. Por lo tanto, vemos aquí la conjunción de eventos ideológicos y axiológicos creando el contexto cultural fértil al desarrollo fascista. A ello cabe agregar la pulsación modernizadora tanto del fascismo italiano como del alemán y su preferencia por la ciencia y la tecnología más avanzadas ya que estaban convencidos que sus respectivos programas para recuperar el estatuto de grandes potencias y sus planes de expansión imperial exigían no solo una industria avanzada sino también el respaldo tecno-científico necesario para alcanzar tales objetivos.

El único ingrediente que faltaba para cerrar completar el contexto favorable al desarrollo de los fascismos era el de la crisis en su dimensión no sólo económica sino también política. En Italia se va producir en la inmediata postguerra con la llegada de Mussolini al poder en octubre de 1922, mientras que en Alemania la crisis de 1929 sería la que acabaría favoreciendo la llegada de Hitler al poder en enero de 1933. La crisis de postguerra en Alemania va a ser superada por la República de Weimar, pero el inicio de la Gran Depresión en 1929 va a ser demoledor para la democracia alemana, ya que el empresariado junto a las fuerzas de la derecha y extrema derecha van a optar por una solución autoritaria para afrontar la crisis, facilitando el nombramiento de Hitler como canciller, con la aquiescencia del presidente Hindenburg.


Hitler durante una recepción con grandes empresarios (en primer término, Gustav Krupp) (imagen: Ullstein Bild Dtl.- Getty Images)

La llegada de los nazis al poder va a significar la destrucción de las organizaciones tanto políticas como sindicales del movimiento obrero alemán, cumpliendo con ello con una de las exigencias prioritarias del capital alemán. El empresariado quería volver a las condiciones de producción anteriores a 1918 y exigía eliminar todo el sistema de protección colectiva de los derechos laborales establecidos por la legislación de la República de Weimar, restableciendo la autoridad absoluta e incontestable del empresario sobre sus trabajadores

La formalización legal de la restitución del poder empresarial sobre los trabajadores va a ser la sanción por la dictadura nazi de la ley de organización del trabajo nacional de 20 de junio de 1934 (Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit – AOG), confeccionada con la colaboración de los representantes del gran capital. La autoridad absoluta del empresario sobre sus empleados se restablecía mediante la figura del Betriebsführer (líder de empresa) reproduciendo a nivel de la economía la misma estructura jerárquica y autoritaria que los nazis impulsaban para reorganizar la sociedad alemana. La ley representaba los intereses generales del empresariado y los grupos conservadores alemanes y no sólo la ideología nazi, especialmente en la preocupación por eliminar al movimiento obrero, restaurar la disciplina laboral bajo la indiscutible autoridad de los patronos y alcanzar de este modo la máxima potencia productiva, así como la mayor eficiencia, situando de este modo a la empresa capitalista como el corazón del orden social. La ley otorgaba al empresario o director del establecimiento la totalidad del poder de dirección, organización, gestión, decisión y evaluación (Betriebsführer), mientras que sus empleados, el conjunto de la fuerza de trabajo, constituían el séquito (Gefolgschaft) que debía seguir fielmente las directrices de aquel, estableciendo –sin lugar a dudas- que se trataba de una relación fuertemente jerárquica en la que la fuerza de trabajo quedaba incondicionalmente subordinada al poder del patrono.

Simultáneamente los nazis esperaban que los trabajadores aceptasen esa posición subalterna a perpetuidad, ya que la eficacia que esperaban obtener mediante una dirección centralizada y vertical de las empresas aumentaría su productividad y por lo tanto la riqueza total, lo que permitiría a las mismas recompensar a sus trabajadores con adecuados salarios y servicios sociales provistos por las compañías, aumentando así la cohesión de la comunidad de empresa (Betriebsgemeinschaft)[1], que era concebida desde el punto de vista utilitario también como una comunidad de rendimiento o Leistungsgemeinschaft. Esta reorganización de las relaciones laborales era considerada por el fascismo alemán también como una condición sine qua non para recuperar el estatus de gran potencia y sus planes de hegemonía europea y expansión imperial. Ello explica la difusión de los métodos de la OCT en la economía alemana, que además de garantizar, como hemos visto, la anulación de la capacidad obrera de resistencia ante las imposiciones patronales permitía sustituir la negociación colectiva con la regulación de la relación obrero-patronal según resultados, según la eficiencia y productividad individual de cada trabajador.

Organigrama del DAF representando la organización jerarquizada del trabajo (imagen: Wikimedia Commons)

En Italia va a suceder lo mismo. Mussolini va a subordinar los sindicatos italianos a la patronal, primero mediante el llamado Pacto del Palazzo Vidoni, de octubre de 1925, donde quedó muy en claro que la autoridad dentro de la empresa era detentada por el empresario, sin ningún tipo de compensación o control por parte de sus empleados. En ese pacto la patronal lograba alejar a los sindicatos de cualquier interferencia en la gestión de las empresas, a cambio del otorgamiento a los sindicatos fascistas de la exclusiva representación de los trabajadores y la capacidad de firmar convenios; ya que se liquidaban definitivamente las comisiones internas (vestigio de las movilizaciones de del bienio rojo), Esa cuestión quedó refrendada en la “constitución” laboral, la Carta del Lavoro, sancionada al año siguiente, en donde se reconocía explícitamente (art. VII) la autoridad exclusiva del empresario en la conducción de la actividad económica, a la cual debía subordinarse sin reparos el conjunto de trabajadores, y a la empresa privada “como el instrumento más eficaz y útil para los intereses nacionales”. Ese pacto significó a su vez el otorgamiento a la Confindustria de la representación oficial del empresariado como bloque único en el proyecto corporativo, al tiempo que se confirmaba y reconocía por parte de la cúpula fascista la indiscutible y exclusiva autoridad del empresario en la dirección de su establecimiento.[2]


Anuncio de la proclamación de la Carta del Lavoro en la Piazza del Popolo de Roma (1927)(Wikimedia Commons)

Pero antes de alcanzarse este resultado en Italia, la colaboración entre clases que quería consolidar el fascismo, hubieron de superarse varios conflictos. El sindicalismo fascista intentaba sustituir al sindicalismo socialista, comunista y cristiano en su papel de interlocutores de los empresarios. Estos, que habían apoyado el ascenso fascista con la expectativa de que acabaran con el movimiento obrero y se restaurara la disciplina productiva, no iban a tolerar que surgiera un nuevo poder sindical, aunque fuera patrocinado por la dictadura. Pero en atención a la búsqueda de la colaboración de clases en una relación que exigía que los trabajadores aceptaran de buen grado una posición subalterna respecto a los patronos, implicó que no se pudiera impedir que las organizaciones sindicales fascistas conservaran una cierta iniciativa y se vieran obligadas a realizar acciones en defensa de reivindicaciones laborales, aunque siempre dentro de límites estrictos que no podían poner ni en cuestión la autoridad patronal dentro de la empresa, ni generar exigencias o expectativas obreras que trastocaran o complicaran los objetivos macroeconómicos.[3] Luego de una serie de huelgas entre febrero y marzo de 1925, especialmente en el sector de la metalurgia, que fueron prácticamente autorizadas por Mussolini y el Gran Consejo con el fin de enviar un mensaje a los patronos para que recordaran que la dictadura fascista era el árbitro que garantizaba la paz laboral que aquellos necesitaban, las huelgas acabaron con un discreto aumento salarial y los sindicatos fascistas se retiraron rápidamente del conflicto (la FIOM dirigida en condiciones de clandestinidad por los socialistas, intentó continuarlas), pero un mes después el Gran Consejo Fascista prohibió las huelgas considerándolas “acto de guerra”, que con la ley de abril de 1926 quedarían definitivamente proscritas, junto a los lock-outs.


Giuseppe Volpi di Misurata, presidente de Confindustria y ministro de Hacienda, en 1938 (archivo histórico de las Fondazione Fiera Milano)

Alcanzada esta situación en ambas dictaduras fascistas, donde la derrota del movimiento obrero en ambos países era total, era el momento de completar la instauración de los procedimientos recomendados por la OCT. Ya se habían experimentado en las empresas durante la República de Weimar, pero habían recibido el rechazo de las organizaciones sindicales, y en Italia no se introdujeron antes de la instauración de la dictadura fascista, siendo la FIAT la primera empresa en aplicar estos métodos de “racionalización” del trabajo. La OCT era claramente funcional no sólo con las exigencias de productividad del fascismo sino también con la concepción de verticalidad y jerarquía en la organización de la sociedad, donde cada empresa era una “micro sociedad”, una réplica de la comunidad nacional.[4]

De este modo las grandes corporaciones industriales inspiraban la remodelación de la organización social. En la opinión de dirigentes e intelectuales fascistas los grandes colosos empresariales cuyo desarrollo, que consideraban estimulados por la Gran Guerra, ofrecían tanto un modelo militar de organización jerárquica como el mejor ejemplo de la capacidad productiva, eran vistos como un pilar importante de la fuerza política del estado y por lo tanto en su capacidad militar. A su vez un régimen productivista debía reunir las características de una “nación en guerra”, un régimen de colaboración entre todas las clases sociales en un orden basado en la autoridad de las jerarquías naturales.[5] La OCT aseguraba, según consideraban Taylor y sus epígonos, la eficiencia y el aumento de la producción hasta niveles no conocidos previamente. Por ello los fascismos imponían la “razón productivista”, a la que consideraban el argumento fundamental para la recuperación de Alemania e Italia como grandes potencias con las que satisfacer sus objetivos imperiales.

Falta comentar una última característica de la organización del trabajo en los fascismos, y se trata del esclavismo, del empleo de mano de obra forzada en la producción. Tanto la dictadura hitleriana como la mussoliniana recurrieron al trabajo esclavo. El fascismo italiano lo hizo tanto en Somalia como en Etiopía, sometiendo a trabajos forzados a la población autóctona, y que en ese momento estaban prohibidos por los tratados internacionales. La Italia mussoliniana estableció un verdadero apartheid en sus colonias con la prohibición de matrimonio o relaciones sexuales entre población autóctona e italianos, así como de la separación espacial y comercial y de servicios entre los mismos en ciudades y pueblos, por lo tanto, haciendo del racismo también un recurso para la organización del trabajo servil que era “justificado” en función de las barreras raciales establecidas. A partir de 1940 también sometió a los italianos de cultura judía a trabajos forzados como consecuencia de la persecución racial iniciada con las leyes antisemitas de 1938.


Un grupo de personas procedentes de la Unión Soviética deportados a Alemania como trabajadores forzados a su llegada a Meinerzhagen, Sauerland, el 29 de abril de 1944. Fuente: Stadtarchiv Meinerzhagen. https://www.bpb.de/izpb/239456/zwangsarbeiterinnen-und-zwangsarbeiter

Pero el empleo masivo de trabajo esclavo, no sólo en Alemania sino en las zonas de ocupación es un aspecto singular de la barbarie nazi. En primer término, cabe decir respecto a esta cuestión que en el caso del fascismo alemán la utilización de trabajadores forzados se vinculó no sólo a objetivos de producción relacionados con las necesidades bélicas sino también con el genocidio. La utilización de trabajadores esclavos por los nazis respondió a necesidades de mano de obra requerida por el esfuerzo bélico, pero también fue una respuesta ante la misma dictada por el racismo y el darwinismo social que constituían núcleos centrales de su ideología. La magnitud del esclavismo era tal que en 1944 los trabajadores extranjeros representaban el 21 por ciento de la fuerza total de trabajo empleada en la industria.

Para los nazis los prisioneros en sus campos de concentración y exterminio, tanto las víctimas de la represión en Alemania a partir de 1933, opositores políticos (comunistas, socialdemócratas, anarquistas, pacifistas), los considerados “racialmente alógenos” (alemanes de cultura judía y gitana, principalmente) y los considerados “asociales” (todos aquellos ciudadanos que no se adecuaban al modelo de comportamiento exigido por la dictadura[6]), así como los cautivos procedentes de los países ocupados así como los prisioneros de guerra era “material consumible”, cuerpos humanos a disposición del régimen nazi para cumplir sus objetivos, pero al mismo tiempo, especialmente en el caso de judíos y gitanos, planificaban y aplicaban el trabajo forzado realizado en las condiciones inhumanas inimaginables uno de los métodos de su exterminio, que fundamentaban en sus propias convicciones social-darwinistas al considerar que de este modo forzarían una especie de “selección natural” durante al cual los primeros en caer serían los más débiles. Sus convicciones racistas les inducían a establecer una especie de clasificación jerárquica en la cual los judíos, gitanos y soviéticos ocupaban el escalón inferior, respecto a los demás prisioneros. Antes que en los campos se había comenzado con esa utilización de trabajo esclavo en los guetos donde habían recluido a los judíos que iban deportando desde toda la Europa ocupada, donde la distribución de los escasos comestibles disponibles dentro del gueto eran distribuidos desigualmente diferenciándose entre población “productiva” e “improductiva”, por lo tanto se utilizaba el trabajo de los cautivos como fuente de producción y como un medio de “seleccionar” en la población sometida a los que podían continuar siendo explotados y los que debían ser exterminados. Cuando comenzaron las deportaciones masivas a los campos de exterminio mantuvieron la clasificación de las víctimas en función de su carácter “productivo” o “improductivo”, enviando primero a los campos de la muerte a estos últimos mientras que se les extraía a los primeros hasta la última gota de su rendimiento laboral.[7]


Prisioneros judíos trabajan en una fábrica de IG Farben dependiente del campo de Auschwitz (imagen: holocaustresearchproject.org

Pero no se trató sólo de la explotación el trabajo esclavo mediante la aplicación de la fuerza bruta, sino que esta se combinó con las fórmulas más ortodoxas de la OCT, como métodos que podían aumentar el rendimiento de los trabajadores forzados. Los trabajadores alemanes más cualificados fueron destinados a los trabajos de supervisión de los obreros no cualificados, y de los trabajadores forzados en general, en aquellas empresas donde se habían aplicado métodos de OCT, con lo cual se fragmentó y se impidió la solidaridad intra-clase que podrían haber surgido en circunstancias normales, por la diferente condición jurídica de cada grupo de trabajadores. Las relaciones y condiciones políticas a las que se vieron sometidos unos y otros crearon las barreras suficientes para que los mecanismos de cohesión no funcionaran salvo en contados casos individuales. No sólo se trataba de la fundamental diferencia entre trabajadores libres y esclavos, sino de las jerarquías anexas a estas condiciones. Por ejemplo, como las que establecían que un trabajador judío o un prisionero de guerra ruso obviamente no podía desempeñar tareas de supervisión y estaban destinados a la escala más baja de la jerarquía laboral independientemente de su calificación previa.


La insignia P identificaba al grupo especialmente discriminado de trabajadores polacos. Fuente: DHM, Berlin, A 93/18 (Deutsches Historisches Museum). https://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/geschichte/auslaendisch/polen/index.html

Los proyectos de explotación de mano de obra esclava comenzaron a formularse entre 1937 y 1939, debido a la gran absorción de mano de obra disponible en la industria armamentística y complementaria durante la ejecución de las diferentes fases del Plan Cuatrienal. Sin embargo el impulso que generalizó la utilización de trabajo esclavo, forzado tanto de los prisioneros de los campos de concentración como de prisioneros de guerra o civiles obligados a trabajar para Alemania en los territorios ocupados, fue la transformación de la Blitzkrieg en guerra total y prolongada entre 1941 y 1942. Todos los autores coinciden en señalar que el motivo fue la exacerbación de esa escasez de mano de obra multiplicada no sólo por las exigencias de hombres por el ejército a medida que se ampliaban y prolongaban las operaciones militares, sino también por las exigencias de la producción de guerra que crecía en paralelo con las actividades militares. Las primeras empresas que adoptaron tal iniciativa fueron las pertenecientes al área estatal o coparticipadas por el estado, como la Volkswagen, perteneciente al DAF y dirigida por Ferdinand Porsche; la fábrica de aviones Heinkel, la empresa Steyr – Daimler – Puch, dirigida por Georg Meindl –especialista en economía y ciencia política y miembro de las SS. Pero rápidamente se unieron empresas privadas de la importancia de la IG Farben, Mercedes Benz y Henschel, que pasaron a constituir casos paradigmáticos de la moderna industria capitalista que combinaba técnicas avanzadas de fabricación con la utilización de mano de obra esclava. Puede afirmarse con rotundidad que en su gran mayoría –las escasas excepciones confirman la regla- los empresarios no fueron obligados por el estado a utilizar trabajo esclavo, sino que su utilización respondió a la iniciativa de los hombres de negocios y dirigentes industriales, a medida que la guerra dificultaba el empleo de trabajadores libres. Vale la pena reproducir estas dos declaraciones, la primera de Robert Antelme, miembro de la resistencia francesa y deportado a los campos de Buchenwald y Dachau; y del un un ejecutivo de la fábrica de motores de aviación de Daimler-Benz, las que evocan a un mercado de esclavos:

… nos han reunido delante de la iglesia, y unos civiles han venido a buscar a los que eran capaces de trabajar en la fábrica. Hemos visto aparecer bajo los uniformes a rayas a un tornero, a un dibujante, a un electricista, etc. Después de haber seleccionado a todos los especialistas, los civiles han buscado a otros tipos que pudieran hacer trabajos en la fábrica. Para ello han pasado por delante de los que quedaban. Han mirado nuestros hombros, también nuestras cabezas. Los hombros no bastaban, había que tener una cabeza, tal vez una mirada digna de los hombros. Permanecían un momento delante de cada uno. Nos dejábamos mirar. Si lo que veía le gustaba, el civil decía: Komm! El tipo salía de la fila e iba a reunirse con el grupo de los especialistas. Algunas veces el civil se partía de risa ante un compañero y lo señalaba con el dedo a otro civil. El compañero no se movía. Daba risa, pero no gustaba. Los SS se mantenían alejados. Habían traído la carga, pero no seleccionaban, eran los civiles los que seleccionaban. Cuando un compañero contestaba al oír grita su oficio: tornero, el civil aprobaba con la cabeza satisfecho, y se volvía hacia el SS señalando al tipo con el dedo. Ante el civil el SS no entendía de inmediato; él había traído su carga; no había pensado que pudiese contener torneros [….] A los que tenían que trabajar en la fábrica se los aislaba de los demás. Los civiles se ocupaban de ellos con los capos que anotaban sus nombres. Los dos SS los habían abandonado y habían vuelto hacia nosotros, los que quedábamos y no sabíamos hacer nada. Liberados de los civiles que habían hecho una discriminación de valores entre nosotros con la conciencia tranquila, los SS recuperaban a sus verdaderos presos, aquéllos acerca de los cuales no se habían equivocado. Campesinos, empleados, estudiantes, camareros, etc. No sabíamos hacer nada; como los caballos, trabajaríamos afuera acarreando vigas, tablones, construyendo los barracones en los que el kommando se instalaría más tarde. La elección que acababa de producirse era muy importante. Los que iban a trabajar en la fábrica se librarían en parte del frío y de la lluvia. Para los del zaun-kommando, kommando de los tablones, el cautiverio no sería el mismo. Por eso, los que iban a trabajar afuera no iban a dejar nunca de perseguir el sueño de entrar en la fábrica. [8]

Observo a los judíos de acuerdo a su condición física. Generalmente escojo los más jóvenes, porque pienso que serán los más aptos física y mentalmente para nuestro trabajo con las máquinas […] Inevitablemente los separo de sus familias. Se suceden escenas desgarradoras […] Los judíos llevan con ellos sus pertenencias. Los hombres de las SS están provistos de bastones de madera y golpean con ellos a los judíos. [9]

Por ello los empresarios, enfrentados con la necesidad de utilizar mano de obra esclava no dudaron en hacerlo, aportando a las autoridades del régimen y especialmente a las SS, responsables del aprovisionamiento de trabajadores, las soluciones tanto de seguridad como las medidas técnicas y de organización del trabajo que permitieran un adecuado rendimiento de esa fuerza de trabajo, al tiempo que supieron extraer enormes beneficios de su explotación. [10]


Trabajadores extranjeros en BMW en Allach, alrededor de 1943. Todos los trabajadores extranjeros empleados en la fabricación de motores de aviación estaban obligados a utilizar un rótulo que indicaba de donde procedían. Los prisioneros de guerra soviéticos debían portar un rótulo con la abreviatura “SU”. Fuente: BMW Group Archiv http://www.ausstellung-zwangsarbeit.org/arbeit-bei-bmw.html

El gran salto hacia el uso habitual y masivo de trabajo forzado se produjo tras la asunción por Albert Speer de las responsabilidades como ministro de Armamentos, en 1942. Pocos días después de su designación se aprobaron los decretos que establecían el reclutamiento obligatorio de trabajadores en los territorios ocupados del este lo que daría, junto con la utilización de los prisioneros de los campos de concentración, esa dimensión enorme al uso de trabajo esclavo en la industria alemana, constituyendo un hecho sin precedentes en las modernas sociedades industriales. El modelo impulsado y generalizado por Speer se basó en la experiencia anticipada por las grandes empresas, acordando con las SS las cuotas de trabajadores forzados necesarios y la instalación de las fábricas junto o en el perímetro de los campos de concentración. El compromiso mostrado por gerentes y técnicos en la explotación de mano de obra esclava no estuvo sólo marcada por la inmediata necesidad de fuerza de trabajo provocada por las insaciables exigencias de la producción bélica, sino que se erigía como un proyecto sistemático y de largo alcance para su aplicación en la posguerra y en tareas civiles.[11] Pero en lo inmediato el factor más importante fue el propio desarrollo de las hostilidades, especialmente cuando entre finales de 1941 y comienzos de 1942 comenzó la reacción del Ejército Rojo y los primeros reveses alemanes en la URSS, lo que exigía un refuerzo de los contingentes llamados a filas para cubrir esas bajas.[12] Para otros autores también fue determinante la intención de evitar el empleo masivo de mujeres para sustituir a los hombres que debían marchar al frente.[13] Todo ello hizo apremiante el utilizar a los internos en los campos de concentración creando una dependencia mutua entre Speer y la administración de la industria armamentistas y las SS, quienes se encargaban de proveer la fuerza de trabajo forzada.



Después de la ejecución, los trabajadores forzados son llevados frente a la horca, Michelsneukirchen (Baviera), 18 de abril de 1941. Se ordenó a los hombres y mujeres polacas que trabajaban en la zona que se presentaran en el lugar de la ejecución. Un oficial de la Gestapo les informó sobre la consecuencias de violar las regulaciones alemanas Fuente: Sammlung Vernon Schmidt, Veteran der 90. Inf. Div., U.S. Army http://www.ausstellung-zwangsarbeit.org/arbeit-bei-bmw.html


Notas:

[1] Entre sus antecedentes inmediatos deben contarse documentos como el Wirtschaftspolitische Grundanschauungen und Ziele der NSDAP (Principios básicos y objetivos económicos del NSDAP) elaborado en marzo de 1931, distribuido como documento interno de discusión e información sobre la línea en economía política nazi, ver Avraham Barkai, Nazi Economics: Ideology, Theory, and Policy, Oxford, Berg, 1990, pp. 34-38.

[2] Mussolini apoyaba directamente a la dirección de la Confindustria al afirmar que “dentro de la fábrica debe existir únicamente la jerarquía directiva; por consiguiente, no cabe hablar siquiera de síndicos”, citado por Roland Sarti, Fascismo y burguesía industrial. Italia 1919-1940, Barcelona, Editorial Fontanella, 1973, p. 107. Ver también, Giovanni Contini, “Enterprise management and employer organisation in Italy. Fiat, public enterprise and Confindustria 1922-1990”, op. cit., pp. 204-205.

[3] Mussolini se decantó claramente a favor de los empresarios cuando el debate sobre los fiduciarios o síndicos de fábrica, a los que aquellos se oponían porque consideraban que podían ejercer funciones de control sobre su gestión, manifestando que “dentro de la fábrica debe existir únicamente la jerarquía directiva; por consiguiente, no cabe hablar siquiera de síndicos”, citado por Roland Sarti, Fascismo y burguesía industrial. Italia 1919-1940, Barcelona, Editorial Fontanella, 1973, p. 107.

[4] Diggins, John P., «Flirtation with Fascism: American Pragmatic Liberals and Mussolini’s Italy”, The American Historical Review, Volume 71, Issue 2, Jan. 1966, p. 487.

[5] Zeev Sternhell, El nacimiento de la ideología fascista, Madrid, Siglo XXI, 1994, p. 13-14.

[6] La persecución de los considerados holgazanes y gandules [Arbeitsscheue – Bummelanten], o sea poco dispuestos a adecuarse a la disciplina laboral que exigía el nacionalsocialismo, implicó desde el comienzo de la dictadura un aspecto claramente vinculado a los mecanismos de exclusión y selección social que formaban uno de los núcleos duros del proyecto de ingeniería social nazi. Pero se intensificó cuando la recuperación de los niveles de empleo produjo una escasez relativa de la fuerza de trabajo disponible y hubo que movilizar las últimas reservas asequibles. Por lo tanto podemos fijar que fue a partir de 1936, momento en que Hitler decidió la puesta en marcha del Plan Cuatrienal que debía asegurar la supremacía militar de Alemania, en que se intensificó la persecución de estos “asociales” y su reclusión en campos de trabajo donde, bajo la vigilancia de las SS, debían realizar trabajos forzados, calculándose que en 1937-38, aproximadamente 15.000 “asociales” o “refractarios al trabajo” fueron encerrados en el campo de concentración de Buchenwald.

[7] Götz Aly, Susanne Heim, Architects of Annihilation. Auschwitz and the Logic of Destruction, London, Weidenfeld & Nicholson, 2002, pp. 186-214.

[8] Robert Antelme, La especie humana, Madrid, Arena Libros, 2001, pp. 41-42.

[9] Citado por Bernard P. Bellon, Mercedes in Peace and War. German Automobile Workers, 1903-1945, New York – Oxford, Columbia University Press, 1990, pp. 245-246.

[10] Franz Neumann, Behemoth. Pensamiento y acción en el nacionalsocialismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1943, pp. 294-308. Neumann denomina la economía alemana en el momento de la guerra como “capitalismo monopólico totalitario” o sea “una economía capitalista privada, que regimenta un estado totalitario”.

[11] Michael T. Allen, The Business of Genocide. The SS, Slave Labor, and the Concentration Camps, Chapel Hill – London, The University of North Carolina Press, 2002, pp. 175-176.

[12] En la Daimler-Benz la utilización de mano de obra procedente de los campos de concentración comenzó en algunas plantas en el verano de 1940, después de la derrota de Francia, y plenamente en enero de 1941, convirtiéndose esta práctica, como afirma Neil Gregor en “…un elemento central de su política laboral”, Daimler Benz in the Third Reich, New Haven and London, Yale University Press, 1998, p. 176.

[13] Ulrich Herbert, Hitler’s Foreign Workers…, op. cit., p. 384; aunque su afirmación no sería compartida por otros que consideran, como hemos visto que la fuerza de trabajo femenina en Alemania durante la guerra llegó a ser superior a la de otros países beligerantes, lo que restaría fuerza a ese argumento para explicar el reclutamiento de mano de obra forzada, cfr. Eve Rosenhaft, Rosenhaft, Eve, “Women in Modern Germany”, Gordon Martel (ed.), Modern Germany Reconsidered, 1870-1945, London – New York, Routledge, 1992 y R.J. Overy, War and Economy in the Third Reich, Oxford, Clarendon Press, 1994.

Resumen de “Arbeit macht Frei”. El trabajo y su organización en el fascismo (Alemania e Italia), Mataró, El Viejo Topo – FIM, 2004.

Alejandro Andreassi Cieri

Alejandro Andreassi Cieri, Profesor jubilado del Departamento de Historia Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona

Ilustraciones: Conversación sobre la Historia y el autor.

Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston. "España está prosperando económicamente, aunque la mitad de su población no".

Conclusión de su visita oficial a España, 27 de enero – 7 de febrero de 2020

I. Introducción

España está prosperando económicamente, aunque la mitad de su población, no. La cuarta economía más grande de la Unión Europea ha experimentado un crecimiento constante del PIB desde la crisis económica, el paro está disminuyendo, los salarios medios están aumentando y las exportaciones también están en auge.1 Pero casi la mitad de los españoles considera el desempleo y la inseguridad económica como sus principales preocupaciones.2 Durante mi visita de casi dos semanas a España, quedó muy claro que la recuperación después de la recesión, que tan positiva ha sido para algunos, ha dejado atrás a muchas personas, y que se ha hecho muy poco por la mayoría de los miembros de ese enorme grupo.

España finalmente tiene un nuevo gobierno; uno que exhibe grandes esperanzas y ambiciones impresionantes, especialmente en el ámbito social. Pero este gobierno se enfrenta a enormes desafíos. El país tiene un alto nivel de paro, un desempleo juvenil crónico, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, una profunda pobreza generalizada, disposiciones de protección social en gran medida inadecuadas, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, políticas fiscales que brindan muchos más beneficios a los ricos que a los pobres, y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas.

Si los planes estratégicos, los programas de acción y los informes voluminosos pero ilegibles pudieran resolver la pobreza, España estaría en la cresta de la ola. Pero sin un compromiso significativo con la defensa de los derechos sociales de las personas a la vivienda, la educación y a un nivel de vida adecuado, estos grandes planes seguirán siendo tan ineficaces como lo han sido durante la última década. España necesita un liderazgo innovador a nivel nacional, respaldado por los recursos necesarios para alentar a las comunidades autónomas a apoyar reformas de gran alcance. La pobreza es en última instancia una opción política y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla.

Este informe se centra en las cuestiones clave que requieren atención urgente. Entre estas cuestiones cabe destacar: adoptar medidas integrales y creativas para aliviar la crisis inmobiliaria; reestablecer condiciones decentes de trabajo, especialmente para trabajos mal pagados; diseñar un sistema nacional de ingresos mínimos que garantice un nivel de vida básico para todas las personas que necesitadas; implementar un programa de educación para la primera infancia para todos los niños y niñas de 0 a 3 años, y lanzar reformas fiscales de gran alcance para garantizar un fuerte impacto redistributivo, reducir el fraude y la evasión, y lograr la transparencia de los acuerdos fiscales de empresas.

II. El rostro de la España pobre

España es un país con una gran historia, un líder mundial en algunas áreas y un baluarte cultural. Pero hoy España debería mirarse de cerca en el espejo. Lo que verá no es lo que desearía la mayoría de españoles. La autoimagen de una sociedad familiar cercana enraizada en unos valores profundamente compartidos y una fuerte solidaridad social se ha visto gravemente fracturada por una crisis económica y la implementación de políticas neoliberales. Las redes de seguridad locales y familiares que habían sido históricamente importantes continúan beneficiando a las personas más acomodadas, pero se han visto seriamente socavadas para una gran parte de la población. Actualmente España se sitúa cerca de las últimas posiciones de la UE en demasiados indicadores sociales.

Las tasas de pobreza son alarmantemente altas. En 2018, el 26,1% de la población en España, y el 29,5% de los y las menores, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, una de las tasas más altas de Europa.3 Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes,4 y el 5,4% sufrió carencia material severa.5 La tasa de paro del 13,78% es más del doble de la que presenta la media de la UE y la situación de los y las jóvenes es particularmente angustiante con una tasa de paro del 30,51% entre menores de 25 años.6 Las cifras de empleo ocultan una de las tasas más altas de pobreza activa de la UE, donde muchas personas trabajan en empleos mal pagados, a tiempo parcial o temporales y ganan salarios lamentablemente inadecuados para cubrir las necesidades fundamentales.7 La desigualdad también es sorprendentemente alta, con indicadores muy por encima de los promedios de la UE.8

Detrás de estas cifras hay personas reales que experimentan graves dificultades. En Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía, Cataluña y Madrid me reuní con muchas personas que pasan apuros para salir adelante. Muchas perdieron todos sus ahorros durante la crisis y otras se encuentran en una situación en la que tienen que elegir entre poner comida sobre la mesa o calentar su casa. Demasiadas afrontan la posibilidad de ser desalojadas, incapaces de encontrar una vivienda asequible. Casi todas las personas que conocí buscaban ávidamente un trabajo decente. Hablé con una madre viuda en Andalucía que solo había podido encontrar 18 horas de trabajo a la semana, insuficiente para mantener a sus hijos; un hombre sin hogar en Bilbao que de niño sufrió abusos y a quien se le negó la asistencia social porque no pudo empadronarse; y una mujer en las afueras de Madrid que criaba a sus hijos en un área considerada peligrosa para la salud humana, rodeada por el olor de incineradoras de residuos cercanas y en una casa en riesgo de colapsar.

También visité lugares que sospecho que muchas personas en España no reconocerían como parte de su país: un barrio pobre con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin que su situación haya mejorado; vecindarios de pobreza concentrada donde las familias crían hijos con una grave escasez de servicios estatales, clínicas de salud, centros de empleo, seguridad, carreteras asfaltadas o incluso suministro eléctrico legal, o una escuela segregada en un barrio pobre con un cuerpo estudiantil 100% gitano y una tasa de abandono escolar del 75%. Me llamaron la atención la capacidad de resistencia y la compasión de las personas con las que me reuní. Todas mostraron una genuina generosidad al compartir conmigo experiencias a menudo muy personales para elaborar este informe.

La palabra que escuché más veces en las últimas dos semanas fue “abandonados”. Los personas menos favorecidas describieron sentirse abandonadas en una ciudad rural sin ningún tipo de transporte público para acudir a una consulta médica, sin dinero para pagar el transporte privado y sin saber con seguridad si acudiría una ambulancia en caso de una emergencia; abandonadas en un suburbio estigmatizado de bajos ingresos que la policía evita; abandonados ante personas propietarias sin escrúpulos, subidas desmesuradas de alquiler o viviendas públicas sin ningún tipo de mantenimiento, y también abandonadas ante un sistema burocrático arbitrario que de repente niega o revoca ayudas vitales sin ofrecer explicación. El hilo conductor era siempre la ausencia de apoyo gubernamental para garantizar que las personas no experimenten innecesariamente los peores efectos de la pobreza, una situación que muchas enfrentan debido a fenómenos que escapan a su control, como la pérdida de empleo, la discriminación estructural o la enfermedad.

Muchas personas en España tienen motivos para sentirse abandonadas. Los beneficios de la recuperación económica han ido a parar en gran medida a las empresas y las personas más ricas, mientras que los servicios públicos y las garantías sociales que se vieron severamente restringidas después de 2008 no se han restaurado en numerosos aspectos. El aumento de los ingresos ha acabado principalmente en las manos de quienes ocupan el nivel más alto en la escala de distribución del ingreso. Entre 2007 y 2017, las rentas del 1% más rico crecieron un 24%, mientras que el 90% más pobre experimentó un crecimiento por debajo de la media de 2%.9 Los beneficios de las empresas se han recuperado en gran medida desde la crisis, pero los ingresos tributarios en concepto de impuesto sobre sociedades disminuyeron a la mitad entre 2007 y 2019, del 22,3% de los ingresos fiscales totales al 11,9%.10 Antes de la crisis, España había sido relativamente inmune a la creciente desigualdad que azotaba a tantos otros países, pero desde 2010, la desigualdad se ha disparado.11 Con la desregulación y los fuertes recortes de impuestos sobre sociedades, no es sorprendente que a los ricos y a las empresas les haya ido tan bien.

En comparación, las instituciones formuladoras de políticas les han fallado en gran medida a las personas que viven en la pobreza. Está muy claro que los derechos sociales y económicos rara vez se toman en serio, incluso a pesar de ser invocados con frecuencia de manera abstracta. Las personas enfrentan costes de vivienda prohibitivos, la privatización de bloques de apartamentos y desalojos agresivos. Sin embargo, la vivienda social de bajo coste es casi inexistente a pesar del acuerdo generalizado sobre su necesidad. El sistema para brindar asistencia social está quebrado. Si bien debería desempeñar un papel importante en la reducción de la pobreza, es notablemente ineficaz: son las familias acaudaladas las que se benefician más de las transferencias de efectivo que las familias pobres.12 El sistema está fragmentado, es imposible de navegar y no llega a las personas desfavorecidas que más necesitan la ayuda. La capacidad de las transferencias monetarias existentes para reducir la pobreza se sitúa entre las más bajas de la UE.13 Como me dijeron muchas de las personas con las que hablé, este no es un sistema diseñado principalmente para maximizar la ayuda para las personas con dificultades económicas.

No soy el único que ha tomado nota de esto. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional –no precisamente un defensor notorio de la necesidad de un sistema de protección social adecuado— informó que los programas españoles de asistencia social no cumplen plenamente sus objetivos, que el gasto es bajo, que las brechas en la adecuación y la cobertura obstaculizan la reducción de la pobreza, que los obstáculos burocráticos disminuyen la captación y que los y las menores más vulnerables y los hogares de ingresos más bajos son los que menos asistencia social reciben.14 Esta es solo la última de una serie de conclusiones similares por parte de actores nacionales y externos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF),15 la OCDE,16 y la Comisión Europea.17

Muchos de los políticos y funcionarios con los que me reuní estuvieron de acuerdo en que existen profundos problemas estructurales. Muchos reconocieron que la pobreza y la precariedad están integradas en el sistema. Pero aunque el nuevo gobierno de coalición está comprometido con llevar a cabo una reforma de gran alcance y algunos asesores políticos de alto rango me hablaron en estos términos, en demasiadas instituciones parecían contentarse con culpar a “otras” partes del sistema. Algunos funcionarios afirmaron, aunque sin brindar evidencias materiales, que la pobreza no es tan elevada como muestran las estadísticas porque el coste de vida es más bajo en algunas comunidades autónomas. Los aumentos recientes en los subsidios familiares, las asignaciones por hijo y el salario mínimo son importantes primeros pasos, pero están lejos de ser adecuados teniendo en cuenta las dimensiones de las dificultades que atraviesa el país. Existe un consenso notable sobre el alcance del daño causado por las políticas existentes de vivienda y protección social y sobre lo que se debería hacer, pero hasta ahora ha habido muy poca acción.

Me impresionó el increíble trabajo realizado por el tercer sector, que es uno de los más vibrantes con los que me he encontrado. Me reuní con muchos trabajadores y trabajadoras y personas voluntarias profundamente dedicadas a apoyar a las personas que buscan alcanzar la seguridad económica y niveles de vida adecuados. También aprendí mucho de la información que estos grupos compartieron conmigo antes y durante mi visita. Sin embargo, el gobierno tiene obligaciones directas con los derechos humanos que no pueden ser subcontratadas de facto, y tampoco puede abandonar sus propias responsabilidades a un mosaico de grupos del tercer sector con fondos insuficientes. Esto no puede reemplazar al Estado, ni puede ofrecer el apoyo integral y sistemático necesario para combatir la pobreza a escala y garantizar que las personas estén protegidas contra los peores efectos de esta pobreza.

Después de un período prolongado de inestabilidad y parálisis en la formulación de políticas, la formación de un nuevo gobierno presenta una oportunidad para el cambio. Con su acogida de los derechos sociales y la justicia fiscal, y su priorización de las condiciones de vida de las personas más vulnerables, aplaudimos el mensaje del gobierno, pero es necesario que sus acciones estén a la altura de ese discurso. Si se tomasen medidas concertadas y efectivas sobre los problemas identificados a continuación, saldrían beneficiados no solo los grupos más vulnerables sino España en su conjunto. Tomarse en serio la eliminación de la pobreza facilitará la movilidad laboral, generará más ingresos tributarios para ayudar a abordar la deuda a mediano y largo plazo, mejorará la eficiencia del gasto existente y establecerá el rumbo para un crecimiento futuro inclusivo.

III. Desafíos clave

Si el nuevo gobierno tiene intención de cumplir su promesa de hacer de España un líder en derechos sociales en Europa, deberá abordar los siguientes problemas fundamentales.

A. Protección social

Asistencia social

La asistencia social en España no cumple con su función de combatir la pobreza. El efecto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza es el sexto más bajo de los países informantes de la UE. 18 En 2014, el 10% o menos de las transferencias fueron a parar al 20% de los hogares más pobres, la mitad de lo que hubieran recibido si las transferencias se hubieran distribuido por igual entre los hogares.19 Según Cáritas, la mayoría de los 1,8 millones de personas que vivían en la pobreza extrema en España en 2018 no utilizaron mecanismos de protección social.20 Entre las personas adultas pobres que viven en hogares donde todos están desempleados, la proporción de quienes recibieron prestaciones sociales se encontraba entre los más bajos de la UE en 2016, más de 15 puntos por debajo de la media de la UE.21

Cuando el apoyo llega a las personas, la cantidad puede ser extremadamente escasa, como es el caso de la prestación nacional por cada hijo o hija, que es de solo 341 euros por año para familias de bajos ingresos y de 588 euros para las que viven en la extrema pobreza.22 En realidad, esto es menos que lo que les aportaría una desgravación tributaria por hijo disponible exclusivamente para familias de ingresos medios altos y altos con obligaciones fiscales.23 Del mismo modo, para aquellos que no recibirán una pensión completa, el monto básico para una pensión no contributiva es de solo 392 euros al mes.

La calidad de la protección social en España está a nivel de los recursos que se le asignan. Comparativamente, gasta muy poco y los resultados lo demuestran. En 2017, gastó el 16,6% del PIB en protección social, muy por debajo de la media de 18,8% de la UE.24 El gasto per cápita fue de 5.426,73 euros en 2017, en comparación con los 7.651,89 euros en la UE en 2016, aproximadamente un 40% más.25 El desembolso de España fue significativamente menor que el de otros países de la UE, incluso en discapacidad (1,6% del PIB en comparación con una media del 2%), prestaciones familiares (1,2% del PIB en comparación con el 2,3%), y vivienda y otras exclusiones sociales (0,3% del PIB en comparación con el 1,1%).26

La burocratización del sistema de asistencia social es una de las principales causas de exclusión y los requisitos excesivos de presentación de documentos actúan como obstáculos a las ayudas. Conocí a una mujer en Sevilla que había huido de un marido abusivo pero que no podía acceder a la vivienda social porque todavía no tenía documentos oficiales de divorcio, y a otra en Madrid que me contó que le habían dicho a su hijo que necesitaba proporcionar un documento oficial que “probara” que él no se dedicaba al trabajo informal. En muchos municipios, el empadronamiento es la clave para acceder a los servicios sociales. Sin embargo, los requisitos son completamente inadecuados para las personas que viven en la pobreza, las personas sin hogar o en viviendas temporales, o las personas que no pueden cumplir los requisitos de las solicitudes de documentos muy específicas.

La estructura descentralizada de gran parte de la asistencia social no contributiva de España, sumada a la ausencia de cualquier estándar nacional sobre qué asistencia mínima debe ofrecerse, ha llevado a que existan grandes diferencias entre las comunidades autónomas. Esto es especialmente cierto para la última capa de la red de seguridad social, que está específicamente destinada a prevenir la pobreza y ayudar a las personas de bajos ingresos sin acceso a otras prestaciones: los sistemas de renta mínima de inserción de las comunidades autónomas. Si bien algunos de los sistemas claramente ayudan a las personas a evitar la pobreza, en ciertas comunidades autónomas son fracasos abyectos. Las cantidades de las ayudas son bajas, los períodos de espera pueden extenderse a muchos meses, los requisitos punitivos de residencia pueden impedir el acceso a nuevos residentes hasta durante tres años y excluir completamente a las personas sin hogar, los programas a menudo son incompatibles con los tipos de trabajo a corto plazo o a tiempo parcial que podrían ser las únicas opciones disponibles, las personas menores de 25 años generalmente no son elegibles y la carga de papeleo puede ser un obstáculo insuperable para muchos.27

Madrid podría verse como un laboratorio para los problemas que presentan los programas de renta mínima y pone en evidencia por qué pueden ser tan inefectivos como red de seguridad. Madrid tiene el segundo PIB más alto de España, una tasa de desempleo comparativamente baja y un coste de vida alto. Aunque su tasa de pobreza severa se más que duplicó en 10 años, del 3% en 2008 al 7,8% en 2017, 28 su sistema de renta mínima proporciona apenas unos miserables 400 euros al mes, el más escaso de todos estos programas en el país. Para ayudarme a entender por qué solo la percibía el 1,5% de la población,29 las personas con las que hablé en Madrid describieron cómo los numerosos requisitos de la prestación los excluyeron formalmente y de facto. Una mujer explicó que perdió la ayuda cuando aceptó un trabajo en período de prueba, pero se quedó sin hogar después de que no fue contratada permanentemente y su solicitud para reiniciar la prestación fue denegada.

La forma en que se ha administrado el programa en los últimos años lo ha hecho aún más irrelevante. La tasa de concesión de las solicitudes iniciales cayó drásticamente entre 2016 y 2018, del 50% al 23%,30 y el número de suspensiones y denegaciones aumentó más del doble.31 Si bien los representantes del gobierno de Madrid están de acuerdo en que la situación no es satisfactoria, un funcionario insistió en que las autoridades no son responsables y que la culpa es de los solicitantes por no cumplir con los requisitos del programa. Pero estos resultados tan terribles sugieren que el sistema está estructurado intencionalmente para excluir a las personas o está extremadamente mal diseñado.

Un programa nacional de renta mínima bien diseñado y adecuadamente financiado podría ser de gran ayuda para arreglar lo que está roto, pero debe evitar las deficiencias manifestadas en algunos de los sistemas de distintas comunidades autónomas. Debe tener al menos las siguientes características: portabilidad total independientemente de la comunidad autónoma; compatibilidad con el mercado laboral existente para que las personas no pierdan el acceso a la ayuda simplemente porque han aceptado un trabajo precario o temporal; un monto adecuado para garantizar que las personas no vivan en la pobreza y que se adapte al coste de vida; un enfoque individualizado y flexible a la administración que facilite el acceso al minimizar los onerosos requisitos de papeleo; disponibilidad para personas menores de 25 años; y la ausencia de condiciones excesivas vinculadas a la búsqueda de empleo que podrían burocratizar aún más el sistema y reducir la aceptación.

En caso de querer reducir significativamente las altas tasas de pobreza en España, no hay alternativa a un gasto público adicional importante para arreglar un sistema de asistencia social quebrado. Las deducciones fiscales no son sustitutos, ya que lógicamente solo benefician a las personas más ricas que pagan impuestos sobre la renta. Tampoco se puede confiar únicamente en el empleo. Las personas en situación de pobreza desean ávidamente trabajar, pero a menudo no pueden encontrar un empleo decente debido a la alta tasa de paro y la precariedad de los trabajos que existen.

Educación

La educación y la pobreza están estrechamente vinculadas. En España, en 2018 el 33,7% de las personas con educación primaria o inferior estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación con solo un 12,6% de personas con educación superior.32 Sin embargo, la inversión pública absoluta en educación como porcentaje del PIB ha disminuido significativamente entre 2009 y 2017.33 Existen problemas reales con el coste y la calidad de la educación, así como con la segregación por estado socioeconómico y étnico.

España proporciona educación gratuita, pero esto no cubre el gasto de transporte, comida, libros y material escolar. Esos gastos, incurridos por las familias, aumentaron un 34% entre 2009 y 2016.34 Según un informe de Save the Children de 2019, el 32% de las familias enfrentan dificultades para pagar los gastos de educación35 y un informe de la Comisión Europea reveló que a partir de 2017, el 25,7% de los hogares con niños y niñas en riesgo de pobreza declararon tener grandes dificultades para pagar los gastos asociados a la educación reglada.36 Una madre me dijo: “El año pasado no pudimos pagar ni un solo libro de texto”.

España lidera la UE en abandono escolar, con una tasa de deserción temprana del 17,9% en educación y formación en 2018,37 a un coste estimado de entre 5,9 y 10,7% del PIB total.38 También registra la tasa de repetición de segundo curso más alta de la UE:39 los estudiantes con desventajas económicas son seis veces más propensos a repetir el año.40 Estas preocupantes cifras apuntan no solo a serios problemas de calidad del sistema educativo en general, sino también a una importante pérdida en el bienestar económico general del país.

Un alarmante 44% de los estudiantes y el 72% de los menores en situaciones vulnerables estudian en escuelas segregadas de facto que tienen una gran concentración de alumnado de entornos socioeconómicos pobres, gitanos e inmigrantes, así como con mayores necesidades de apoyo, lo que afecta al 46,8% del total de los centros educativos.41 La segregación escolar hace que aumente la repetición de curso así como el fracaso y el abandono escolar; disminuye las puntuaciones de las evaluaciones y afecta negativamente las expectativas de los y las estudiantes de cursar estudios universitarios.42 Visité una escuela en Andalucía, con un alumnado 100% gitano, donde el 75% de los estudiantes abandonan los estudios antes de completar la escuela secundaria y las familias reciben muy poco apoyo, a pesar de vivir en una de las zonas más pobres del país. Y en Extremadura, un funcionario me explicó que se trata de un viejo problema arraigado en la “planificación urbana”, pero no ofreció ningún plan de acción para abordarlo. Concentrar a los niños y las niñas de los entornos más pobres en las mismas escuelas no es una receta para el éxito educativo ni la superación de la pobreza.43

Atención sanitaria

Con razón, España está orgullosa de su excelente sistema de atención sanitaria, con una cobertura casi universal. Sin embargo, siguen existiendo brechas importantes para quienes más necesitan esta cobertura.

Algunas de las personas más desfavorecidas no tienen acceso a la atención médica. Según un estudio de EAPN de 2019, alrededor del 5% de las personas en hogares pobres que necesitaban asistencia sanitaria, el 25,5% de los que necesitaban asistencia bucodental y el 3% de los que necesitaban servicios de salud mental no pudieron recibir atención por razones económicas. El 6,9% no pudo acceder a los medicamentos recetados; entre las personas desempleadas este porcentaje era del 8,3%. La Encuesta Nacional de Salud indica que entre el 9 y el 10% de las personas en riesgo de pobreza no están involucradas en prácticas preventivas de salud.44 Y el crecimiento del empleo precario significa que no es posible tomarse un día libre debido a una enfermedad. “No me puedo permitir enfermar”, me dijo una persona.

En 2018, España derogó en gran medida el Real Decreto-ley 16/2012, que limitaba la cobertura sanitaria universal, excluyendo incluso a las personas inmigrantes. Sin embargo, el sistema actual excluye a algunas personas inmigrantes en sus primeros 90 días en España,45 y REDER documentó 4.755 casos de exclusión del sistema nacional de salud solo desde 2014.46 El Ministerio de Salud reconoció esta brecha, pero aparentemente no cuenta con ningún plan para abordarla.

También me preocupa la creciente privatización de elementos dentro del sistema de salud, lo que corre el riesgo de priorizar los beneficios sobre la provisión de servicios. El Ministerio de Salud sostuvo que esto se hizo solo en circunstancias excepcionales, por razones de eficiencia y necesidad y que la calidad de la atención no se vio afectada. Sin embargo, no pudieron proporcionarme estimaciones del grado de privatización del sistema ni estudios que evaluaran su impacto.

Comunidades Autónomas

Las comunidades autónomas asumen una responsabilidad significativa en la protección social, pero los recortes de fondos relacionados con los programas de austeridad afectaron significativamente su capacidad de invertir en estas áreas, tuvieron un impacto negativo en muchas personas y socavaron la capacidad de las comunidades para combatir la pobreza. Es escandaloso que Extremadura, la comunidad autónoma con la tasa AROPE más alta y el ingreso medio más bajo, recibiera una inversión menor del gobierno central en 2018 que en 2008 (3.002 millones de euros en 2018 en comparación con 3.180 millones de euros en 2008). Del mismo modo, Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, con una tasa AROPE muy superior a la media, experimentó una caída en la financiación recibida de 19.099 millones en 2008 a 18.983 millones de euros en 2018.47 En 2018, el gasto social total de las comunidades autónomas, incluida la asistencia sanitaria, la educación y la protección social, seguía siendo un 3,4% más bajo que antes de la crisis, a pesar del aumento significativo de la demanda provocado por la crisis y sus secuelas.48

B. La vivienda

Las autoridades no pararon de repetir el estribillo de que la vivienda es uno de los primeros pasos para abordar la pobreza. Pero eso hace aún más impactante que se haya hecho tan poco para garantizar el derecho a la vivienda. Según la fundación FOESSA, el 24% de la población se enfrentó a la “exclusión de la vivienda” en 2018 y 4,6 millones de personas vivían en viviendas que no reúnen las condiciones adecuadas.49 La situación ha empeorado tanto que una organización con la que me reuní ha recurrido a celebrar más de 200 asambleas de vivienda en todo el país cada semana para compartir información y consejos colectivos sobre cómo navegar el laberinto de los desafíos de la vivienda.

Los precios de la vivienda siguen subiendo a tasas alarmantes. La asequibilidad del mercado de alquiler privado se encuentra entre las más bajas de la OCDE, con más del 38% de los inquilinos privados que pagan precios de mercado sobrecargados por los costes del alquiler.50 El Banco de España halló que el precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado más del 50% entre 2013 y 2019,51 mientras que los salarios han perdido un 7,8% de su poder de compra en la última década.52 España también ha sido criticada por permitir que las empresas de capital privado e inversión compren viviendas asequibles y para personas de bajos ingresos e incrementen sustancialmente el alquiler, obligando a los inquilinos a abandonar sus hogares.53 Visité un bloque de viviendas en las afueras de Madrid donde los vecinos me contaron que, de la noche a la mañana, les habían duplicado el alquiler, como resultado de una decisión del Gobierno madrileño de vender vivienda social a gran escala al fondo Blackstone.

La subida de los precios de la vivienda se ha visto acompañada por tasas sorprendentes de desalojos: el número anual de desalojos aumentó de 16.097 en 2006 a 59.671 en 2018, con un total de 712.723 desalojos entre 2006 y el tercer trimestre de 2019.54 Sin embargo, se trata de una imagen incompleta que no tiene en cuenta los desalojos de ocupantes ilegales ni el número total de personas afectadas.

A pesar de la evidente necesidad, la vivienda de alquiler de bajo coste es casi inexistente en España. En 2018, solo el 2,7% de la población alquilaba viviendas por debajo del precio del mercado.55 Housing Europe estima que la vivienda social en España comprende el 2,5% del stock nacional de viviendas ocupadas, en comparación con el 30% en los Países Bajos, el 24% en Austria, el 17,6% en el Reino Unido y 16,8% en Francia.56 La construcción de viviendas nuevas públicas se ha desplomado: de 63.900 nuevas unidades construidas en 2008 a 2.737 en 2018.57 Mientras tanto, el último censo nacional de viviendas (2011) encontró 3,4 millones de viviendas vacías y Housing Europe calcula que había 3,8 millones de viviendas vacías en 2017.58

Las estadísticas sobre la falta de vivienda son extremadamente limitadas, pero se estima que había entre 27.500 y 33.000 personas sin hogar en 2015,59 y FOESSA estima que otros dos millones de personas corren el riesgo de quedarse sin hogar.60 Pero la respuesta política es confusa. Por ejemplo, en Extremadura, un funcionario me contó que “no tienen a personas sin hogar”. Las políticas preventivas son “prácticamente inexistentes”,61 y hablé con personas sin hogar que enfatizaron las serias dificultades que tenían para acceder a los servicios sociales sin una dirección permanente, lo que impide que aquellas personas que están en las situaciones más precarias obtengan el apoyo al que tienen derecho. En 2015, entre las personas sin hogar, el 19,8% no tenía tarjeta sanitaria, incluido un 32,7% de personas extranjeras.62 Las comunidades autónomas deberían corregir urgentemente esta situación, implementar un enfoque de Vivienda Primero y buscar estrategias preventivas que enfaticen la intervención y el apoyo antes de que la gente se vea abocada a la calle.

Además, en 2018, casi el 10% de la población de España no podía permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada, y las personas se veían forzadas a elegir entre calentar sus hogares o alimentar a sus hijos e hijas. España debería ampliar el acceso a los subsidios para pagar los servicios públicos, y garantizar que no se corte el suministro a las familias vulnerables. La ley de Cataluña sobre la pobreza energética, resultado de la continua movilización en materia de vivienda, es un paso en la dirección correcta.

Después de que tantas personas en ciudades clave de España enfatizaran la gravedad de la crisis inmobiliaria y tras mis conversaciones con funcionarios del gobierno nacional, me preocupa que exista un profundo desajuste entre las necesidades y las respuestas políticas que se están contemplando. Nadie duda de que se requieren medidas urgentes. Un Plan Nacional de Vivienda 2018-21 incluye la construcción de 20.000 unidades de vivienda pública durante cuatro años,63 pero eso está muy lejos de cubrir las necesidades. Las nuevas leyes que aumentan la duración mínima de los contratos de alquiler y condonan la deuda de la vivienda en caso de ejecución hipotecaria o embargo son un paso en la dirección correcta, aunque esta última medida debería aplicarse retroactivamente. España debería tomar medidas enérgicas para aumentar sustancialmente la disponibilidad de viviendas de bajo coste, pero eso no aliviará la situación durante varios años. De manera similar, partiendo de numerosas experiencias en el pasado, la propuesta de dependencia significativa de las Asociaciones Público Privadas probablemente beneficiará a las clases medias, pero no a las más dramáticamente afectadas. Si bien en Barcelona se han adoptado controles sobre los alquileres, siguen siendo controvertidos a nivel nacional y los funcionarios con los que hablé no les dieron mucha importancia. Esto me parece un error. La experiencia en París, Berlín y un número creciente de ciudades en Estados Unidos indica que los sistemas de estabilización de los alquileres pueden funcionar bien, siempre que estén cuidadosamente diseñados para evitar la torpeza y la inflexibilidad de programas ideados hace décadas en circunstancias muy diferentes.64

El Gobierno también debería dar contenido sustancial al derecho a una vivienda digna. A pesar de su reconocimiento constitucional y las protestas a favor de este derecho, toda la información disponible me lleva a la conclusión de que actualmente el derecho a la vivienda está vacío de contenido y carece de importancia. Si bien no se puede hacer justiciable sin una enmienda constitucional, hay muchas maneras de tomar medidas administrativas para convertirlo en un concepto significativo en la configuración de las leyes y políticas de vivienda.

C. Política fiscal

Si España quiere realmente combatir la pobreza y está dispuesta a realizar inversiones muy necesarias en políticas de asistencia social, educación y vivienda, también deberá reformar sus políticas fiscales. Los ingresos que recauda en la actualidad son demasiado bajos para garantizar los derechos sociales y lograr un presupuesto equilibrado, el sistema es inadecuadamente progresista, y el fraude fiscal, la evasión y la elusión le cuestan al país potencialmente miles de millones al año.

Los ingresos fiscales de España son relativamente bajos. La relación impuestos/PIB fue del 35,4% en 2018, mucho más baja que la media del 40,3% de la UE y la del 41,7% de la zona euro, y especialmente baja en comparación con países similares como Italia (42,1%) y Francia (48,5).65

Los tipos de gravamen en el impuesto sobre sociedades se han reducido desde 2007, del 35 al 25%,66 y las empresas también se aprovechan de generosas deducciones y subsidios, por lo que en realidad terminan pagando mucho menos que el tipo nominal. El Ministerio de Hacienda no pudo proporcionarme una cifra del tipo efectivo real que están pagando las empresas, con el argumento de que las cifras están “protegidas”. Esta posición es insostenible dados los obvios intereses públicos involucrados, y aún más a la luz de la promesa del nuevo gobierno de elevar el tipo efectivo a un mínimo del 15%. Los ingresos por impuestos sobre sociedades han disminuido masivamente en los últimos años. Entre 2007 y 2018, los impuestos sobre sociedades cayeron como porcentaje de los ingresos totales de 22,34 a 11,9%, y de 44.823 millones de euros a 24.838 millones de euros.67 Si bien algunas de estas pérdidas se han visto compensadas por una dependencia cada vez mayor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre 2007 y 2017 la recaudación fiscal total disminuyó en realidad unos 6.725 millones de euros.68

Además de no aumentar la recaudación necesaria para financiar la realización de los derechos sociales, el sistema tributario es inadecuadamente progresista y apenas comienza a aprovechar la capacidad de los impuestos para reducir la desigualdad, la cual se disparó después de la crisis. Entre 2007 y 2015, el coeficiente de Gini aumentó en 2,1 puntos, el S80/20 en 0,9 y el índice de Palma en 1,4.69 Sin embargo, el efecto redistributivo de los impuestos directos a los hogares es mucho más bajo que el promedio de la UE, reduciendo la relación S80 / S20 en un 8,6% en 2016, en comparación con el 12,4% en la UE.70 Los impuestos indirectos en realidad aumentaron la desigualdad en un 3,5%.71 España depende cada vez más del IVA, con un aumento del tipo del 16 al 21% entre 2009 y 2013, elevando el porcentaje de la recaudación total del 27,83% al 33,63%. 72 Esto es problemático, ya que el tributo es generalmente regresivo, y en España lo es aún más debido a una serie de deducciones que benefician a los más ricos, como en el caso de los hoteles. También hay comunidades autónomas en España donde el impuesto a la herencia es extremadamente bajo, y los hijos y los cónyuges pueden heredar hasta un millón de euros libres de impuestos.73

El fraude fiscal es un problema importante en España que priva al Estado de recursos. Un estudio reciente del FMI estimó que el tamaño de la economía sumergida en España es del 20,3% del PIB, incluso más que en 2007. Se estima que la economía sumergida reduce los ingresos fiscales hasta en 70.000 millones de euros.74 Y en 2018, las empresas del IBEX 35 tenían 805 filiales en paraísos fiscales, lo que sugiere que se estarían perdiendo cantidades significativas de ingresos por evasión fiscal.75

D. Cambio climático

El cambio climático tendrá consecuencias devastadoras para las personas que viven en la pobreza y un fuerte impacto en las políticas vigentes para prestarles apoyo.76 Además de los esfuerzos de mitigación y adaptación ya implementados, España debe garantizar que sus políticas de protección social tengan en cuenta los efectos inminentes del cambio climático y que esté en posición de apoyar a las personas en la pobreza que serán las más perjudicadas, así como a aquellas que se verán empujadas a la pobreza por el cambio climático. Las olas de calor ya han provocado la muerte de cientos de personas, y las familias pobres sin acceso a electricidad o aire acondicionado afrontarán un riesgo cada vez mayor.77

En 2019, el gobierno anunció un plan de inversión pública de 47.000 millones de euros para abordar el cambio climático en la próxima década, con el objetivo de hacer que España sea neutral en carbono para 2050.78 En enero declaró una emergencia climática 79 y ha reducido significativamente su dependencia del carbón.80 Pero aún no se ha aprobado la tan esperada ley sobre el cambio climático y el Congreso debería actuar sin demora.81

Es alentador que el Gobierno ya tenga un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para implementar una Transición Justa,82 y será crucial que el nuevo gobierno tome medidas para garantizar que los trabajadores y trabajadoras afectados durante la transición de los combustibles fósiles reciban un apoyo social adecuado y acceso a programas de capacitación. La insuficiencia del actual sistema general de protección social indica que esto supondrá un gran desafío.

E. Transparencia y rendición de cuentas administrativa

Muchos de mis interlocutores comentaron sobre la falta de transparencia en relación con el proceso de toma de decisiones del gobierno y la dificultad de comprender, y mucho menos utilizar, gran parte de la información proporcionada por fuentes oficiales. Como me dijo un funcionario muy bien informado: “No falta información. Lo que pasa es que es imposible determinar cuál es la estrategia subyacente, o cómo evaluar los resultados o el efecto de la política”. El gobierno debería promover que la información sea más fácil de usar y acceder y que esté más relacionada con indicadores de efectividad.

Los procedimientos burocráticos, incluida la tendencia a recopilar documentación aparentemente sin ningún objetivo claro, y una cultura de verificación interminable, han causado estragos en muchas áreas de la protección social. Muchos de los requisitos y supuestos básicos parecen más propios del siglo XIX que del siglo XXI. Pero es notablemente difícil cambiar la forma en que operan las arraigadas burocracias. Dados los costes e ineficiencias del lado del gobierno, y las molestias e inconveniencia del lado de la ciudadanía y otros, así como la necesidad imperiosa de adaptarse a la era digital, el gobierno debería iniciar una investigación de gran alcance diseñada para reducir el papeleo innecesario y reformar las prácticas burocráticas en el campo de la protección social. Dicha revisión podría llevarla a cabo un grupo de expertos designado a tal efecto, o por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Los objetivos deberían incluir: reducir los obstáculos burocráticos, agilizar los procesos de solicitud, digitalizar los datos con el debido respeto por los derechos humanos, facilitar el empadronamiento y garantizar que las personas conozcan las prestaciones a las que tienen derecho.

Además, la AIReF debería estar facultada para realizar auditorías e investigaciones por iniciativa propia, sin una solicitud externa de una autoridad pública.

IV. Grupos vulnerables

Convertirse en un país líder en derechos sociales también requiere prestar atención a los efectos desproporcionados de la pobreza en grupos concretos de personas. Los siguientes grupos se encuentran entre los que necesitan particular atención y apoyo:

A. Mujeres

En España, al igual que en muchos países, las mujeres registran tasas más altas de pobreza relativa, carencia material severa, baja intensidad de empleo y pobreza extrema, y en general están en peores condiciones en casi todas las variables relacionadas con el mercado laboral.83

El Real Decreto-ley 6/2019 introdujo medidas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, pero aún queda mucho trabajo por hacer.84 España tiene la segunda tasa más alta de desempleo femenino en la UE por un margen significativo.85 Y el trabajo de cuidado no remunerado afecta los ingresos de las mujeres: el 47% de las mujeres que trabajan a tiempo parcial lo hacen por razones de cuidado infantil, en comparación con el 7% de los hombres. Y el 23% de las mujeres con hijos están desempleadas, un total de 10 puntos porcentuales por encima de los hombres.86

La violencia de género también es una causa de pobreza. Conocí a varias mujeres que explicaron las dificultades económicas que afrontaron después de abandonar relaciones abusivas, entre ellas una mujer que no pudo acceder a la asistencia social porque había huido a otra comunidad autónoma y aún no había alcanzado el mínimo de un año de residencia. Según un informe de 2019, el 61,2% de las mujeres encuestadas que fueron víctimas de violencia de género estaban desempleadas, y un 6,9% adicional trabajó en empleos sin contrato.87

Las ayudas familiares extremadamente bajas por tener un hijo o hija y la escasa inversión en asistencia social para familias y menores perjudican especialmente a las mujeres. El 82% de los hogares monoparentales están encabezados por una mujer y, en 2018, la mitad de los hogares monoparentales estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 45% en 2008.88 En 2018, el 53,5% no podía afrontar un gasto imprevisto y el 17,4 se había retrasado en el pago relacionado con la vivienda principal o servicios públicos.89 Ampliar la educación de la primera infancia a niños y niñas de entre 0 y 3 años y desarrollar servicios asequibles después del horario escolar para menores puede ayudar a que los padres, y especialmente las madres, mantengan un empleo. La proporción de niños y niñas en edad escolar cubiertos por servicios después de la escuela es del 8%, muy por debajo de la media de la OCDE del 29%.90

Si bien los funcionarios del gobierno expusieron una serie de políticas diseñadas para promover la igualdad de género, existe una notable ausencia de atención a las arraigadas estructuras económicas que perpetúan la desigualdad. Se debería prestar mayor atención a la economía del trabajo de cuidado no remunerado y a las formas de compensarlo y reemplazarlo. En mi reunión con el Ministerio de Igualdad, me llevé la impresión de que el organismo no emplea a economistas profesionales y no ve esta ausencia como un problema, lo cual es muy desafortunado dado que la lucha para lograr la igualdad de género sin duda debe librarse en parte en el dominio de las ciencias económicas.

B. Niños, niñas y jóvenes

En 2018 el 29,5% de los y las menores estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, y el 6,5% experimentó carencia material severa.91 Las tasas de pobreza infantil son aún más alarmantes en las zonas rurales; entre las poblaciones inmigrantes, refugiadas y gitanas, y en familias con personas con discapacidad.92 Los hogares con niños, niñas o adolescentes tienen un mayor riesgo de pobreza o exclusión social que aquellos integrados solamente por personas adultas,93 y un 29% de los hogares con menores a cargo describieron pasar “graves dificultades” para llegar a fin de mes.94 Sorprendentemente, los funcionarios de varias comunidades autónomas me aseguraron que la mejor manera de lidiar con la pobreza infantil era abordar la pobreza del hogar, descartando por tanto problemáticamente las características únicas y el efecto permanente de la pobreza infantil.

El gasto social para las familias con niños y niñas está mal orientado y se mantiene entre los más bajos de la UE, lo que resulta en un impacto muy bajo. En 2017, el gasto dedicado a prestaciones familiares fue poco más de la mitad del gasto medio de la UE: 1,2% del PIB en comparación con 2,3%.95 La efectividad de las medidas también es baja y la protección social en España solo logra reducir en 6,9 puntos la tasa de pobreza infantil, en comparación con, por ejemplo, 32 puntos en Irlanda.96 España es prácticamente un caso único entre los países de la UE por carecer de un sistema universal y no contributivo de prestaciones familiares y de menores.97 En 2019, el Real Decreto-ley 8/2019 aumentó la prestación familiar para menores dependientes a 341 euros al año para familias en riesgo de pobreza (1,3 millones de niños y niñas), y hasta 588 euros para familias en situación de pobreza severa (630.000 niños y niñas). Sin embargo, casi la mitad de los menores que viven en la pobreza, un millón de niños y niñas, no tienen acceso a la ayuda, que sigue siendo muy escasa en poco más de 28 euros por menor al mes.98

El panorama para los jóvenes en España también es desafiante, con bajas tasas de empleo y alto abandono escolar. En el cuarto trimestre de 2019 España registró una tasa de paro del 30,51% entre los menores de 25 años99 y más del 70% de los trabajadores jóvenes tenían contratos de trabajo temporales, un porcentaje significativamente más alto que los promedios de la UE.100 En 2018, el 12,4% de los jóvenes de 15 a 24 años101 y el 19,6% de los de 20 a 34 años no estudiaban ni trabajaban (“Nini”).102

En general, el hecho de que España no disponga de un conjunto de políticas más concertado y generoso para eliminar la pobreza infantil generalizada supone tanto un fracaso moral como una herida económica autoinfligida.103 Una población infantil que recibe educación y cuidados de mala calidad significará una fuerza laboral menos sofisticada y una carga adicional para los servicios de protección social en los próximos años.

C. Comunidad gitana

España tiene una de las comunidades gitanas más grandes de la UE, de aproximadamente 750.000 personas o el 1,6% de la población.104 Pero los indicadores oficiales de empleo sociales no desglosan las estadísticas, lo que invisibiliza la situación de esta comunidad. El Ministerio de Educación me dijo que no se les permitía recabar datos sobre alumnado gitano. Pero según las encuestas de la Fundación Secretariado Gitano, en las que se basan los funcionarios gubernamentales con los que me reuní, en España las personas gitanas enfrentan tasas de pobreza e indicadores asociados alarmantemente altos.

Más del 80% de la población gitana se enfrenta a la pobreza o la exclusión social y el 46% es extremadamente pobre con un ingreso mensual inferior a 310 euros. La tasa de pobreza infantil se sitúa en el 89% y el desempleo en el 52%. Las mujeres gitanas están en clara desventaja en todas las áreas, con una tasa de empleo que solo alcanza el 16%. Y las tasas de alumnado gitano que asisten a escuelas segregadas también son elevadas: solo el 17% de la población gitana mayor de 16 años tiene completados estudios de secundaria (ESO) o superiores.105

Visité dos comunidades gitanas: el Polígono Sur de Sevilla y la Cañada Real a las afueras de Madrid. Aunque estos son ejemplos extremos, no representativos de las condiciones de la mayoría de las personas gitanas en España, me sorprendió la medida en que los gobiernos pertinentes parecen haberse olvidado de las personas que viven allí. Aquellos con quienes hablé estaban involucrados en una batalla perdida para asegurar formas básicas de apoyo o servicios gubernamentales. En la Cañada Real, conocí a personas que vivían sin acceso a una clínica, un centro de empleo o una escuela, o incluso sin suministro eléctrico legal, en una carretera sin asfaltar, directamente adyacente a plantas incineradoras, en un área considerada insalubre. A pesar de un acuerdo de 2018 para reubicar a las personas que viven en el área, hasta ahora el gobierno solo ha trasladado a 34 familias, y el gobierno de la Comunidad de Madrid no pudo proporcionarme ninguna fecha definitiva para cuándo habría reubicado al resto de manera segura. También parecía brillar por su ausencia cualquier disposición para una consulta significativa, a pesar de la existencia de varias estructuras formales para este propósito.

Los funcionarios del gobierno con los que me reuní estuvieron de acuerdo en que la situación para muchas personas gitanas es grave, pero me llamó la atención la falta de urgencia y la resignación con la que aceptan que partes enteras de la población se hayan visto relegadas a un estado de tercera clase sin acceso a los derechos de los cuales son titulares. Después de años de planes y puntos de referencia que han dejado los indicadores de pobreza de la comunidad gitana en niveles deplorables, existe una necesidad real de una respuesta de emergencia. Algunos funcionarios con los que hablé solo parecían preocupados por haber marcado ciertas casillas de acción, en lugar de lograr resultados tangibles.

D. Inmigrantes

En España hay aproximadamente 6 millones de inmigrantes.106 Los que provienen de fuera de la UE tienen el mayor riesgo de pobreza y exclusión social (56%) seguidos por los ciudadanos de la UE (47,7%), ambos significativamente más altos que la población española (23,1%).107 Para los y las menores con al menos un progenitor inmigrante, el riesgo de pobreza o exclusión social salta al 49,6%, el más alto de la UE.108

Las organizaciones de la sociedad civil describieron un sistema de reasentamiento que impide que los y las inmigrantes puedan trabajar o pagar una vivienda. Las personas refugiadas e inmigrantes a menudo enfrentan serios obstáculos para acceder a una vivienda digna debido a la escasez de oferta, los requisitos de acceso y la discriminación en la asignación, por lo que con frecuencia terminan en situaciones precarias o de hacinamiento.109

Las organizaciones de la sociedad civil describieron condiciones muy angustiosas para las mujeres y niñas inmigrantes, especialmente aquellas que trabajan en la agricultura, como situaciones de alta vulnerabilidad, explotación sexual y comercial, violencia institucional y falta de protección en los niveles más básicos. Según Women’s Link Worldwide, las trabajadoras agrícolas a menudo son engañadas en cuanto a los términos de su empleo: por ejemplo, les prometen jornadas de 6,5 horas pero acaban trabajando 10 horas; los contratos fijos pasan de ser de tres meses a una terminación de empleo discrecional, y los salarios pactados de 39-40 euros al día disminuyen significativamente, con lapsos de pago.110

Estoy extremadamente preocupado por la situación de los y las menores no acompañados, una población vulnerable que ha sido demonizada en el actual debate político. España sigue utilizando técnicas de evaluación de la edad desacreditadas y poco confiables para determinar la edad de los menores no acompañados, entre ellos exámenes genitales invasivos y humillantes, a pesar de las críticas por parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.111 La denegación de la condición de menor puede dejar al individuo sin acceso a apoyo o refugio para menores o adultos, lo que provoca una brecha que puede empujar a los niños y niñas a la pobreza hasta desembocar en la trata de personas, el trabajo sexual, el abuso sexual, la drogodependencia o incluso la desaparición.112

En Huelva, me reuní con trabajadores que vivían en un asentamiento de inmigrantes en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo. Están a kilómetros de distancia de agua potable y viven sin electricidad ni saneamiento adecuado. Muchos llevan años en España y pueden permitirse un alquiler, pero dijeron que nadie los acepta como inquilinos. Ganan apenas unos 30 euros al día y casi no tienen acceso a ningún tipo de apoyo gubernamental. Una persona me dijo: “Cuando hay trabajo, España necesita inmigrantes, pero a nadie le interesan nuestras condiciones de vida”. Según la sociedad civil, entre 2.300 y 2.500 personas viven en condiciones similares durante la temporada de la fresa. En 2018-19, la cosecha de fresas en Huelva facturó 533 millones de euros113 y el mayor productor es Driscoll’s y sus empresas asociadas. Driscoll’s cuenta con un conjunto de estándares laborales que “se aplican a todos los trabajadores en nuestra cadena de suministro, sin distinción”. Debido a que las condiciones que observé en Huelva eran simplemente inhumanas y dado el dominio de esta empresa multinacional en la industria local y global de la fresa, tengo planeado preguntarles qué están haciendo para monitorear y mejorar las condiciones laborales en esta área.

E. Pobreza en áreas rurales

Casi una quinta parte de la población española vive en áreas rurales,114 donde el ingreso medio real per cápita ha caído un 13,5% entre 2009 y 2018.115 Las áreas rurales están experimentando una aguda despoblación y envejecimiento. Catorce provincias están muy afectadas por el “declive demográfico”: más del 25% de su población tiene al menos 65 años.116 Las personas que viven en la pobreza en la “España vaciada” enfrentan desafíos únicos y un riesgo muy alto de pobreza o exclusión social (31%).117

Las personas con las que me reuní en zonas rurales destacaron los beneficios de la vida en el campo, incluida la proximidad a la naturaleza, pero también describieron el aislamiento, la exclusión y la pobreza. Un grupo en Extremadura explicó haber sufrido cortes de energía que duraron días, no poder visitar a un médico debido a la falta de transporte público o dinero para pagar un taxi y sentir que sus votos no le importan al gobierno central. En Galicia visité un área sin atención médica especializada, sin guardería y sin educación secundaria. Allí una mujer me dijo: “Mi hija me dice que aquí no ve futuro para ella”. La gente también describió los altos precios de Internet, lo que plantea riesgos de exclusión digital para familias pobres y de bajos ingresos, especialmente a medida que el gobierno toma medidas para digitalizar aspectos de la asistencia social.

El Gobierno no debería dejar que este gran colectivo sufra las consecuencias de fuerzas del mercado que no pueden controlar, y debería diseñar una estrategia integral para hacer frente a los problemas que afectan a un número creciente de personas.

F. Personas con discapacidad

Las personas con discapacidad sufren muchos tipos de discriminación estructural y desventajas en España, como en ámbitos relacionados con el empleo, los ingresos, la educación y la vivienda. En 2018 aproximadamente un tercio de las personas con discapacidad en España, el 31,1%, estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación con el 24,1% de las personas sin discapacidad.118 Y la tasa de empleo fue solo del 25,8% para las personas con discapacidad, muy por debajo de la mitad de la tasa de empleo de las personas sin discapacidad (65,9%).119

La ausencia de viviendas accesibles empeora su situación. Solo el 0,6% de los 9,8 millones de edificios residenciales en España cumplen con los criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida o discapacidad.120 Una mujer en Badajoz me explicó que después de que su marido desarrolló una discapacidad, tuvo que instalar un baño improvisado en su sala de estar porque el baño de su unidad de vivienda pública no era accesible. Según una encuesta de 2019, 1,8 millones de personas con movilidad reducida necesitan asistencia para abandonar su hogar, y 100.000 nunca salen.121 Y el 16,5% de los y las menores con discapacidad reciben una educación segregada en España, fuera del sistema educativo general.122

Visité un centro para personas con discapacidad en Galicia que está haciendo un trabajo excelente para apoyar la vida independiente y la capacitación laboral, pero la cruda realidad es que solo un número muy pequeño de personas que necesitan este tipo de apoyo lo reciben. Escuché varios poderosos testimonios en todas las comunidades autónomas que visité sobre la discriminación que enfrentan en el mercado laboral y en la sociedad, y las batallas que deben librar para reivindicar sus derechos. El Gobierno debería otorgar una mayor prioridad a la erradicación de estas formas de discriminación.

A. Personas dedicadas al trabajo doméstico y al cuidado de personas

Las estimaciones de la cantidad de personas empleadas del hogar en España oscilan entre una cifra oficial de 453.000123 y una estimación de la sociedad civil de 700.000 personas que trabajan como empleados y empleadas domésticas o trabajadores y trabajadoras del cuidado a personas. Las mujeres representan el 97,9%124 y están marginadas por la ley española, que coloca dicho trabajo en un “régimen especial” con menos derechos.125

La sociedad civil informó que una de cada tres trabajadoras domésticas en España vive en la pobreza, y muchas trabajan en la economía informal para empleadores que no realizan pagos a la seguridad social. Muy a menudo trabajan el doble de sus ocho horas contratadas por día, ganando apenas 800 euros al mes, pero generalmente tienen que alquilar una habitación para pasar la noche libre semanal y el coste de los alimentos se deduce de su salario. Los trabajadores indocumentados son especialmente vulnerables a la explotación, y escuché testimonios sobre empleadores que confiscan los pasaportes de las trabajadoras domésticas.

Me reuní con un grupo de empleadas del hogar en Madrid, en el Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), un centro que entiendo que es el primero de su tipo en Europa y desempeña un papel extremadamente importante en la defensa de los derechos y el bienestar de las trabajadoras domésticas. Escuché relatos profundamente inquietantes sobre las condiciones de trabajo, mujeres que trabajaban encerradas durante años en lo que sentían como una “cárcel”, sufriendo acoso sexual, horas extraordinarias sin compensación y sin acceso a la seguridad social o las pensiones. “Estoy a punto de cumplir 72 años y sigo pasando apuros”, dijo una mujer. Me explicaron que el centro ahora está en peligro porque el gobierno de Madrid ha retirado su financiación. Dado el nivel de la necesidad, sería una tragedia si se viera obligado a cerrar.

El nuevo gobierno de coalición se ha comprometido a ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadores y trabajadoras domésticas. La plena implementación de las disposiciones de la Convención supondría un gran paso adelante en España.

Madrid, 7 de febrero de 2020

Notas: 1 Instituto Nacional de Estadística, “Contabilidad Nacional Trimestral de España: principales agregados, Cuarto trimestre de 2019. Avance”, 31 de enero de 2020, https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0419a.pdf; Instituto Nacional de Estadística, “Encuesta de Población Activa (EPA) Cuarto trimestre de 2019”, 28 de enero de 2020, https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0419.pdf.

2 Centro de Investigaciones Sociológicas, “Barómetro de Enero 2020”, datos.cis.es/pdf/Es3271marMT_A.pdf.

3 Eurostat, “People at risk of poverty or social exclusion by sex”, 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tepsr_lm410&language=en&toolbox=sort; Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) y de sus componentes por edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005.

4 Instituto Nacional de Estadística, “Personas por dificultades para llegar a fin de mes y edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9985.

5 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) y de sus componentes por edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005.

6 Instituto Nacional de Estadística, “Tasas de paro”, cuarto trimestre de 2019, https://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es; Eurostat, “Unemployment Statistics”. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/es

7 FMI, “Spain 2018 Article IV Consultation”, noviembre de 2018, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/11/21/Spain-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-4638, pág. 5. El riesgo de pobreza activa es el segundo más alto entre los países que forman la UE, con un 12,9% a partir de 2018. Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators.

8 España es el sexto país más desigual de la UE cuando se comparan los ingresos de los quintiles superior e inferior, y el séptimo más desigual según lo medido por el índice de Gini. Eurostat, “Income quintile share ratio (S80/S20) by sex”, consultado por última vez el 19 de enero de 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tessi180&plugin=1; Eurostat, “Gini coefficient of equivalised disposable income”, consultado por última vez el 19 de enero de 2020.

9 Amory Gethin, et al., “Desigualdades Crecientes y Divisiones Políticas en España”, 2019, págs. 2-3.

10 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.

11 OCDE, “Income inequality”, (consultado el 18 de octubre de 2019), https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm.

12 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, págs. 43-44 (cita datos de 2013).

13 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, “Estrategia Nacional de Prevención y Lucha Contra La Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023”, 2019, pág. 71.

14 FMI, “Effectiveness and Equity in Social Spending: The Case of Spain”, informe de trabajo, pág. 21.

15 Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIReF), “Los programas de rentas mínimas en España”, junio de 2019, https://www.airef.es/wp-content/uploads/RENTA_MINIMA/20190626-ESTUDIO-Rentas-minimas.pdf.

16 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, 2017, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2017_eco_surveys-esp-2017-en, pág. 1.

17 Comisión Europea, “Recomendación del Consejo: España”, 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1560258234004&uri=CELEX%3A52019DC0509, págs. 5, 8.

18 Para las transferencias sociales que excluyen las pensiones, España logró una reducción del 22,94% en las tasas de AROPE en 2018, en comparación con una media del 33,2% en la UE, el 35,9% en el Reino Unido, el 44,4% en Francia y el 53,67% en Finlandia. Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators.

19 Oretta Causa y Mikkel Hermansen, “Income redistribution through taxes and transfers across OECD countries”, 2019, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/bc7569c6-en.pdf?expires=1579564630&id=id&accname=guest&checksum=23CF047B7FCBD51BF5FA82600104FDC7, pág. 18.

20 Cáritas utiliza el término de “sociedad expulsada” para referirse a los 1,8 millones de personas que registraron la peor puntuación en su índice multidimensional de la pobreza de 35 indicadores. Declaración de Cáritas. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/32_Caritas_FOESSA_EN.pdf.

21 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 62.

22 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, “Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo”, https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/08/8

23 El monto exacto del crédito fiscal por hijos depende de la tasa impositiva en la comunidad autónoma de los padres, por ejemplo: 528 por hijo en Madrid. Euromod, María del Valle Navas y Néstor López de la Cruz , “Spain (ES) 2015-2018”, https://www.euromod.ac.uk/sites/default/files/country-reports/year9/Y9_CR_ES_Final.pdf, pág. 97.

24 Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators.

25 Eurostat, “Perfiles de países”, https://ec.europa.eu/eurostat/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=euroind&lang=en&country1=ES&country2=eu28.

26 Eurostat, “Expenditure on social protection benefits by function, 2017-table 1”, consultado por ultima vez el 17 de enero de 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Expenditure_on_social_protection_benefits_by_function,_2017-table_1.png.

27 Véase por ejemplo, Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIReF), “Los programas de rentas mínimas en España”, junio de 2019; Luis Ayala Cañón, José María Arranz, Carlos García Serrano y Lucía Martínez Virto, “El sistema de garantía de ingresos en España: tendencias, resultados y necesidades de reforma. Informe Completo”, diciembre de 2016.

28 European Anti-Poverty Network, “El Estado de la Pobreza Seguimiento del Indicador de Pobreza y Exclusión Social en España 2008-2017”, 2018, https://eapn-clm.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe_AROPE_2018_LA_SITUACION_EN_LAS_CCAA.pdf, pág. 13.

29 33.000 hogares o 106.746 personas. Comunidad de Madrid, “Renta Mínima de Inserción. Informe 2018”, 2019, https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/informe_anual_rmi_2018_definitivo_.pdf, pág. 23.

30 En 2018, había aproximadamente 12.650 concesiones en procedimiento inicial. Comunidad de Madrid, “Renta Mínima de Inserción. Informe 2018”, 2019, pág. 54. En 2016, había aproximadamente 13.800 concesiones en procedimiento inicial. Comunidad de Madrid, “Balance anual de gestión de la Renta Mínima de Inserción Comunidad de Madrid 2016”, 2017, pág. 13.

31 (aproximadamente de 4.850 a 10.040), así como también el número de denegaciones (de 2.708 a 5.767).

32 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) por nivel de formación alcanzado (personas de 16 años y más años)”, https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10007.

33 En 2017, fue del 4,24% del PIB (49,458 millones de euros) en comparación con el 4,99% del PIB (53,895 millones de euros) en 2009. European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, págs. 32-33.

34 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 58.

35 Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019, pág. 1.

36 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 55.

37 Eurostat, “Early leavers from education and training”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training.

38 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 38. (citando a Save The Children).

39 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, pág. 53.

40 Save the Children, “The Future We Want to Grow Up In” , febrero de 2019, pág. 5.

41 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 34; Save the Children, “Mézclate conmigo: De la segregación socioeconómica a la educación inclusiva”, https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mezclate_conmigo.pdf, pág. 7.

42 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 34.

43 Save the Children, “Mézclate Conmigo”, 2018, https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mezclate_conmigo.pdf.

44 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 27.

45 REDER, “No dejar a nadie atrás: Es urgente garantizar la sanidad universal”, octubre de 2018, https://www.medicosdelmundo.org/Informe_REDER_Octubre_2018, págs. 4, 6 y 7; Informe anual 2018 Defensor del Pueblo de España, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/11_Defensor_del_Pueblo.pdf, pág. 6.

46 REDER, “No dejar a nadie atrás: Es urgente garantizar la sanidad universal”, octubre de 2018, https://www.medicosdelmundo.org/Informe_REDER_Octubre_2018, pág. 12.

47 Ministerio de Economía, “Financiacion 2008-2020”, datos proporcionados el 4 de febrero de 2019.

48 Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, “El Gasto Social por Comunidades: Sanidad, Educación y Servicios Sociales”, septiembre de 2019, https://www.directoressociales.com/images/Noticias/Evol_gasto_CCAA_2018/2018._Raking_CCAA_por_recortes_y_gastos.pdf, pág.1.

49 Fundación FOESSA, “Vulneración de derechos: Vivienda”, https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/06/Focus-Vivienda-FOESSA.pdf, págs. 2-3.

50 Eurostat, “Housing cost overburden rate by tenure status”, 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tessi164&language=en.

51 Informe de Amnistía Internacional, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/31_Amnesty_International.docx, pág. 4; Banco de España, David López-Rodríguez y María de los Llanos Matea, “Evolución reciente del mercado del alquiler de vivienda en España”, agosto de 2019, pág. 6.

52 UGT (Unión General de Trabajadores), “Los salarios tienen que despegar en 2019”, 19 de marzo de 2019, http://www.ugt.es/los-salarios-tienen-que-despegar-en-2019.

53 ACNUDH, “States and real estate private equity firms questioned for compliance with human rights”, 26 de marzo de 2019, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24404&LangID=E.

54 Cifras de 2006-2012: Consejo General del Poder Judicial, “Solicitud de Datos, Informes o Documentos”, 4 de marzo de 2013, https://bit.ly/2S2DoBo; cifras de 2013-2018: Contestación del Gobierno español a solicitud de información por parte de don Cayo Lara Moya (GIP), “Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales por TSJ hasta Segundo Trimestre 2019”, https://bit.ly/382hT95.

55 Instituto Nacional de Estadística, “Hogares por régimen de tenencia de la vivienda y edad y sexo de la persona de referencia”.

56 Housing Europe, “State of Housing within the EU, 2019”, octubre de 2019, http://www.housingeurope.eu/resource-1323/the-state-of-housing-in-the-eu-2019, págs. 85-87.

57 Ministerio de Fomento, “Vivienda Protegida, Series Anual, (1.5) Número de calificaciones definitivas: Planes estatales”, 2019, https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline2/sedal/31305000.XLS.

58 Instituto Nacional de Estadística, “Censos de Población y Viviendas 2011”, https://inmalome.files.wordpress.com/2012/09/cifine01-2013.pdf, pág. 8; Housing Europe, “The State of Housing in the EU 2019”, http://www.housingeurope.eu/file/860/download, pág. 87.

59 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar”, https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/ENIPSH.pdf, pág. 12.

60 Fundación FOESSA, “La vulneración del derecho a vivienda: una mirada a la exclusión residencial”, 2018, https://www.caritas.es/noticias/viii-informe-foessa-la-exclusion-social-se-enquista-en-una-sociedad-cada-vez-mas-desvinculada/.

61 Red Europea de Política Social, “ESPN Thematic Report on National strategies to fight homelessness and housing exclusion”, 2019, https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21628&langId=en, pág. 12.

62 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar”, https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/ENIPSH.pdf, pág 19.

63 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surv.eys-esp-2018-en, pág. 98.

64 M. Pastor, V. Carter y M. Abood, “Rent Matters: What are the Impacts of Rent Stabilization Measures?”, 2018.

65 Eurostat, “Tax-to-GDP ratio up to 40.3percent in EU”, 20 de octubre de 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10190755/2-30102019-AP-EN.pdf/68739572-f06a-51e4-3a5b-86e660a23376.

66 Comisión Europea, “Statutory tax rates: VAT rates in member states”, ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-taxation_en.

67 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.

68 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.

69 OCDE, “Income inequality”, (consultado el 18 de octubre de 2019) https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm.

70 Comisión Europea, “Country Report Spain 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_en.pdf, pág. 32.

71 Ídem.

72 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.

73 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, pág. 42

74 FUNCAS, “Economía Sumergida y Fraude Fiscal en España: ¿Qué Sabemos? ¿Qué Podemos Hacer?”, 2018, https://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=5-04095, pág. 40; véase también, “La economía sumergida resta un 23% a la recaudación fiscal”, El País, 21 de junio de 2018, https://elpais.com/economia/2018/06/20/actualidad/1529518143_236168.html.

75 Oxfam, “Quien Parte y Reparte: la huella en la desigualdad de las empresas del IBEX 35”, https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/OxfamWeb-Documentos/OxfamWeb-Informes/quien-parte-y-reparte-informe-ibex-2019.pdf, 2019, pág 2.

76 Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, “El cambio climático y la pobreza”, 17 de julio de 2019, https://undocs.org/A/HRC/41/39.

77 Estudio de AEMET con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “Efectos del Cambio Climático en España”, 3 de marzo de 2019, http://www.aemet.es/en/noticias/2019/03/Efectos_del_cambio_climatico_en_espanha; Greenpeace, “Así nos afecta el cambio climático”, 28 de noviembre de 2018, https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/GP-cambio-climatico-LR.pdf, pág. 43.

78 “El Gobierno propone una inversión pública de 47.000 millones en un plan sobre el cambio climático”, Reuters, 20 de febrero de 2019 https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1Q91YT-OESTP.

79 “Spain declares climate emergency, gets climate plan ready”, AP, 21 de enero de 2020, https://apnews.com/1e946085841af1e942659d4154d75d03.

80 “España se desengancha del carbón y las emisiones de efecto invernadero se desploman”, El País, 3 de enero de 2020, https://elpais.com/sociedad/2020/01/02/actualidad/1577980066_743415.html.

81 Congreso de los Diputados ¨Proposición de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética,” http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-48-1.PDF.

82 Ministerio para la Transición Ecológica, “La Transición Justa dentro del Marco Estratégico de Energía y Clima”, https://www.miteco.gob.es/es/prensa/etj-castellano-interactivo_tcm30-505654.pdf.

83 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, págs. 13-14.

84 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, “Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3244; Solidar, “Monitor de derechos sociales 2019”, https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/070/original/ES_Spain.pdf?1580208673, pág. 4.

85 Eurostat, “Unemployment by sex and age - monthly average”, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_m&lang=en.

86 Save the Children, “The Future We Want to Grow Up In” , febrero de 2019, pág. 7.

87 Fundación Adecco, “Un empleo contra la violencia”, noviembre de 2019, https://s03.s3c.es/imag/doc/2019-11-22/informe-empleo-contra-la-violencia-2019.pdf, pág. 15.

88 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 18; Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE), por tipo de hogar”, https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10010.

89 Instituto Nacional de Estadística, “Hogares con carencia material por tipo de hogar”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9974.

90 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, págs. 51, 54.

91 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) y de sus componentes por edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005. Véase también, Save the Children, “Familias en riesgo”, 2020.

92 Declaración de European Anti-Poverty Network, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/17_EAPN_SP.pdf, pág. 2.

93 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 4.

94 Fundación FOESSA, “Vulneración de derechos: Infancia”, https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/05/Focus-Infancia.-FOESSA.pdf, pág. 3.

95 Eurostat, “Expenditure on social protection benefits by function, 2017-table 1”, consultado por última vez el 17 de enero de 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Expenditure_on_social_protection_benefits_by_function,_2017-table_1.png; Declaración de Plataforma de Infancia, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/5_Plataforma_de_Infancia.pdf, pág. 4.

96 Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019.

97 UNICEF, Olga Canto Sánchez y Luis Ayala Canon, “Políticas públicas para reducir la pobreza infantil en España: Análisis del impacto”, marzo de 2014, https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/unicef_politicas_para_reducir_pobreza_infantil_espana_baja.pdf, pág. 73; ILO-UNICEF, “Towards universal social protection for children: Achieving SDG 1.3”, 41, 2019.

98 Solidar, “Monitor de derechos sociales 2019”, https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/070/original/ES_Spain.pdf?1580208673, pág. 8; Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, “Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo”, https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/08/8; Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 64; Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019, pág. 1.

99 Instituto Nacional de Estadística, “Tasas de paro”, 4T 2019, https://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es; Eurostat, “Unemployment Statistics”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics.

100 Eurofund, “Los jóvenes, especialmente los poco cualificados, son los más afectados por las desigualdades sociales en España”, 11 de octubre de 2019, https://www.eurofound.europa.eu/es/news/news-articles/young-people-particularly-those-low-qualified-bear-the-brunt-of-social-inequalities-in-spain

101 Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators; Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 64; Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019, pág. 13.

102 Eurostat, “Statistics on young people neither in employment nor in education or training”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training.

103 Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, “DB012 - Mapa territorializado de la pobreza infantil en España”, https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/db012-mapa-territorializado-de-la-pobreza-infantil-en-españa.

104 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 65.

105 Fundación Secretariado Gitano, “La Fundación Secretariado Gitano presenta su ‘Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018’”, 24 de septiembre de 2019; https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/129382.html.

106 Ministerio de Trabajo, Migraciones, y Seguridad Social, “Extranjeros residentes en España: Principales resultados”, septiembre de 2019, http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/201906/Residentes_Principales_Resultados_30062019.pdf, pág. 1.

107 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) por nacionalidad (personas de 16 y más años)”, https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10009.

108 Eurostat, “Children at risk of poverty or social exclusion”, enero de 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/50126.pdf, pág. 6.

109 Declaración de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/15_CEAR.pdf, pág. 3.

110 Declaración de Women’s Link Worldwide, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/20_Women_Worldwide.pdf, págs. 2-3 y 5.

111 Comité de la ONU de los Derechos del Niño, “Dictamen aprobado por el Comité en relación con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones respecto de la Comunicación Núm. 16/2017”, 10 de julio de 2017, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/ESP/CRC_C_81_D_16_2017_28553_S.docx, pág. 13.

112 Declaración de Fundación Raíces, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/16_Fundacion_Raices.pdf, págs. 1-2.

113 Fresh Plaza, “La campaña de fresas de la provincia española de Huelva cierra con cifras positivas”, https://www.freshplaza.es/article/9144061/la-campana-de-fresas-de-la-provincia-espanola-de-huelva-cierra-con-cifras-positivas/.

114 El Banco Mundial, “Población rural (% de la población total) - España”, 2019 https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=ES.

115 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, págs. 23-24.

116 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf , pág 80.

117 Eurostat, “Living conditions in Europe - poverty and social exclusion”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_and_social_exclusion.

118 Eurostat, “The Europe 2020 indicator of at-risk-of-poverty or social exclusion AROPE by level of activity limitation”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:The_Europe_2020_indicator_of_at-risk-of-poverty_or_social_exclusion_AROPE_by_level_of_activity_limitation,_2018_2.png.

119 Instituto Nacional de Estadística, “El empleo de las personas con discapacidad (EPD Año 2018”, 18 de diciembre de 2019, https://www.ine.es/prensa/epd_2018.pdf, pág. 1.

120 Fundación Mutua de Propietarios, “La accesibilidad de las viviendas en España”, 22 de marzo de 2018, https://www.fundacionmdp.org/wp-content/uploads/2018/04/201803-Accesibilidad-viviendas-espana_FundacionMdP-min.pdf.

121 COCEMFE, “1,8 millones de personas con movilidad reducida dependen de la ayuda de terceros para salir de su casa y 100.000 no salen nunca”, 22 de junio de 2019, http://www.cocemfe.es/informate/noticias/18-millones-de-personas-con-movilidad-reducida-dependen-de-la-ayuda-de-terceros-para-salir-de-su-casa-y-100-000-no-salen-nunca/.

122 Ministerio de Educación y Formación Profesional, “Las cifras de la educación en España. Curso 2016-2017 (Edición 2019)”, http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2016-17.html.

123 Instituto Nacional de Estadística, “Activos por sexo y ocupación. Valores absolutos y porcentajes respecto del total de cada ocupación”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4077.

124 Ídem.

125 Futuro en Común, “Una Agenda 2030 transformadora para las personas y la planeta”, 24 d