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miércoles, 10 de abril de 2019

__ “¡No quiero putos rojos de mierda en mi pelotón!” Un tribunal ordena procesar a un sargento por maltratar a un soldado a pesar de que el fiscal quería archivar el caso

_- “Mira a ver si encuentras un cartucho tirado por ahí y te puedes pegar un tiro y nos dejas en paz de una puta vez”. Para cualquier otra persona, esta frase podría sonar como una broma macabra. Pero en boca de su sargento, el soldado Francisco F. la interpretó como una incitación al suicidio. No hacía falta que le insistiera mucho. Según un soldado de su mismo pelotón, “se le veía afectado, hundido, apenado”, por lo que todos sus compañeros intentaban “arroparlo”.

La vida de Francisco se había convertido en un infierno desde que cayó bajo la férula del sargento Guillermo F. en la Compañía de Plana Mayor y Servicios del Batallón de Zapadores VII de la Brigada Galicia.

ordi, otro soldado, contó al juez que el sargento obligaba a Francisco a limpiarle su arma, le hacía dar vueltas de un lado a otro del cuartel sin justificación, le daba órdenes contradictorias y, cuando estaban comiendo, le mandaba dejar de comer para hacer café. Una vez preparado, no le permitía tomárselo. Si lo encontraba fumando un cigarrillo, se lo quitaba de las manos para fumárselo él.

“En ocasiones, mientras sus compañeros descansaban, el sargento le ordenaba bombear el fusil [hacer flexiones con el fusil sobre las manos], colocar minas o subir alguna cota”, añadió.

El suboficial le dijo al soldado Francisco que ojalá se pegara un tiro

Los epítetos con los que el sargento se refería al soldado eran “puta rata de mierda”, “rata de alcantarilla” o “perroflauta”. Además, se dirigía a él diciendo: “No quiero putos rojos de mierda en mi pelotón” o “haré de ti un hombre o un magullado cadáver” y “te voy a reventar”. Durante unas maniobras en Valladolid, Francisco se quedó dormido en el puesto de tirador. El sargento reunió a los soldados y, delante de todos, le amenazó: “Te juro por mi puto hijo que como te quedes dormido te saco del vehículo y te paso todo el pelotón por encima”.

Cuando tuvo que rellenar el Ipec de Francisco, el informe personal que marca el futuro profesional de los soldados (si siguen en el Ejército o son despedidos), el sargento escribió: “La mili a la que te apuntaste es la de zapadores. La mili de dar barrigazos y pasarlo mal en el campo. No la puta mierda de estar en la banda [de música] tocándote los cojones. Ahora si quieres renovar [el contrato] tomas por el culo”. El informe oficial tuvo que ser anulado y sustituido por otro sin palabras soeces, pero también negativo para el soldado.

Las humillaciones y malos tratos incluían golpes. El sargento le daba “pechazos” (puñetazos en el pecho), le tiraba piedras al casco e incluso ordenó hacer un pasillo para que pasara Francisco mientras le daban collejas (palmadas en la nuca).

“No se trataba de una situación anecdótica, sino habitual”, respondió el soldado Gabriel, compañero de la víctima, cuando se le preguntó con qué frecuencia sucedían estos hechos. Más lacónico, el soldado Jordi contestó: “Prácticamente a diario”.

Preguntado si el sargento discriminaba a los subordinados por sus ideas políticas, el soldado Diego explicó que Francisco y Esteban tenían una ideología que el suboficial calificaba de “roja”, por lo que “el trato que recibían era más duro”. Esteban reconoció que a él le llamaba “el rojo” y a Francisco “el segundo rojo”, aunque no le dio importancia.

A pesar de que cinco testigos confirmaron los malos tratos, el fiscal militar pidió el sobreseimiento provisional del caso, por considerar que “no han quedado acreditados los insultos, amenazas o agresiones que el soldado asegura haber sufrido”. Pero el tribunal militar, a petición de la abogada del soldado, Silvia Robledo, del despacho Suárez-Valdés, ha rechazado dar carpetazo y ha ordenado procesar al sargento por un delito de abuso de autoridad, castigado con penas de hasta cinco años de prisión.

El tribunal ha descalificado así a la Fiscalía, que se basó para pedir el sobreseimiento en las declaraciones de dos superiores, un teniente coronel y un capitán, quienes declararon “rotundamente no haber tenido conocimiento de malos tratos, insultos o amenazas ni haber recibido parte verbal ni escrito” de la víctima o de sus compañeros.

Un capitán instó a un compañero de la víctima a no denunciar el caso

No solo Francisco dijo que había hablado con los dos superiores, sino que también Jordi ha declarado que informó al capitán y que este le prometió llamar la atención al sargento, pero le pidió “que la cosa no saliera de allí, pues en los juzgados se lleva la situación al extremo y así nos vamos a cargar al Ejército”. La acusación cree que podrían haber incurrido en un delito de obstrucción a la justicia.


https://elpais.com/politica/2019/04/04/actualidad/1554395265_116493.html

viernes, 21 de diciembre de 2018

Aznar viola la Constitución

El expresidente urge a que Gobierno y Senado repliquen para Cataluña el artículo 155 de la Constitución, en una versión integral y permanente, durísima, inconstitucional

Hay distintas formas de violar la Constitución. Una es dar un golpe parlamentario que la abrogue. Es lo que hizo el secesionismo catalán en otoño de 2017.

Otra es proponer que los demás la conculquen. Es lo que hace José María Aznar, urgiendo a que Gobierno y Senado repliquen para Cataluña el artículo 155 de la Constitución, en una versión integral y permanente, durísima, inconstitucional.

Este golpe en estadio de tentativa verbal lo formula así: ante los vaivenes de la Generalitat que él califica de “situación insurreccional”, resulta “indispensable” volver a aplicar ese artículo para activar “una intervención a fondo de la autonomía catalana, sin límite de tiempo y de todas sus instituciones”.

Es una barbaridad jurídica, amén de un desatino político. Porque el 155 no permite nada de eso. Solo autoriza a que si una autonomía incumple alguna ley o “atenta gravemente al interés general de España”, sea obligada al “cumplimiento forzoso” de las obligaciones impuestas por esa ley. Para ello, o para asegurar la protección del interés general invadido, el Gobierno “podrá dar instrucciones a todas las autoridades” de esa autonomía.

Una intervención indefinida o permanente, como pretende Aznar —y alguno de sus émulos—, sin límite de tiempo, contradice el requisito exigido por la configuración remedial (como remedio), la única que contempla el propio artículo: solo hasta que se logre el “cumplimiento forzoso” de la ley esquivada. Ni un minuto más. El plazo está definido por la consecución del objetivo. Ergo no puede ser indefinido, carente de plazo.

Si Aznar leyera bien la Constitución, sabría que el 155 es la más suave de las intervenciones previstas en ella. Las más graves van en el artículo 116. El estado de alarma (por catástrofes) se decreta por un plazo máximo de 15 días. El de excepción (con limitación de derechos fundamentales) con un tope de “treinta días, prorrogables por otro [o sea, solo una vez] plazo igual”.

Como el 155 persigue fines menos severos, su duración también se limita (al plazo de cumplir la condición). Solo el estado de sitio —equivalente al de guerra, y que involucra al Ejército—, este sí provocado por una “insurrección” o un “acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España” o su integridad territorial o el ordenamiento constitucional “que no pueda resolverse por otros medios” puede ser indeterminado.

Ahora bien, la guerra contra la autonomía catalana era, en su última concreción histórica, exclusiva del Caudillo.

https://elpais.com/elpais/2018/12/16/opinion/1544981193_623807.html

viernes, 20 de abril de 2018

La constitución y la monarquía, charla de Javier Pérez Royo.



Carlos I de Inglaterra y Escocia. Rey de Inglaterra e Irlanda 27 de marzo de 1625 - 30 de enero de 1649

Carlos Estuardo nació en el palacio de Dunfermline, el 19 de noviembre de 1600, siendo el segundo hijo varón de los nueve vástagos de Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra y Ana de Dinamarca. Fue un niño subdesarrollado que todavía no podía caminar o hablar a la edad de tres años. Cuando la reina Isabel I murió en 1603 y Jacobo VI fue proclamado rey de Inglaterra como Jacobo I, dejaron a Carlos en Escocia bajo el cuidado de enfermeras y criados porque se temía que el viaje dañara su frágil salud. Finalmente, hizo el viaje a Inglaterra en julio de 1604 y fue puesto posteriormente a cargo de Lady Carey, que le enseñó a caminar y hablar. Al llegar a adulto no medía más que 1 m y 62 cm.

domingo, 5 de julio de 2015

Desahucios. A una familia obligada a vivir en la calle se le despoja de hasta diez derechos fundamentales

No se si se han percatado de los tres significados que tiene el verbo desahuciar.

1. El primero implica quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea.

2. El segundo se utiliza cuando los médicos admiten que un enfermo no tiene posibilidad de curación.

3. Y el tercero sucede cuando el arrendador despide al inquilino o arrendatario mediante una acción legal.

No es casual que a esta última acción se la califique de desahucio, si tenemos en cuenta las consecuencias, no muy diferentes a las anteriores. Está bien traído llamar desahucio a la acción que ejerce un banco cuando el hipotecado deja de abonar la cuota.

Lo paradójico es que el banco no aparece ni como dueño ni como arrendador, pues se juega con la ficción de que el dueño es el comprador, con el dinero que le presta el banco, cuando en realidad el propietario/arrendador es el propio banco, dado que la cuota es, en el fondo, un alquiler hasta que no se paga toda la hipoteca. Tanto es así que los efectos de no abonar aquella son los mismos que cuando se deja de pagar el alquiler, esto es el lanzamiento. Así, cuando se deja de pagar “la hipoteca” se pierde la vivienda, lo abonado hasta ese momento y se incurre en una deuda equivalente a lo que resta por pagar.

Ahora bien, no es lo mismo que un sujeto deje de pagar al banco por razón de fuerza mayor contrastada —despido, pobreza severa, enfermedad, etc.— que cuando no paga la renta porque es un moroso profesional.

En el primer caso, es inaceptable que el hipotecado pueda ser lanzado a la calle sin que la entidad financiera renegocie la deuda; por las administraciones públicas se facilite una vivienda social al desahuciado o se llegue a un acuerdo público/privado que evite el desastre. No sólo por lo que dice el artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a una vivienda digna o establecen los Tratados Internacionales suscritos por España, sino porque a una persona/familia que vive en la calle se le despoja del ejercicio de diez derechos fundamentales.

¿O es que no se trata de un atentado a la integridad moral cuando no física? (art. 15);

¿qué derecho a la libertad y a la seguridad le queda? (art 17);

¿cómo puede hablarse de intimidad personal y familiar? (art 18.1);

o el sarcasmo de decirle que “el domicilio es inviolable...” (art.18.2)

y el derecho al secreto de las comunicaciones” (art. 18.3);

¿y la libertad a elegir libremente la residencia? (art. 19),

se supone que en diferentes esquinas o calles. Y ¿que decir de “la protección de la infancia”? (art. 20.4)

o ¿cómo se ejerce “la participación en los asuntos públicos? (art.23.1);

¿adónde se envían las papeletas de voto?; ¿cómo disfruta de la tutela judicial efectiva un ciudadano sin domicilio? (art. 24.1).

Y ¿cómo se ejerce el derecho a la educación del art.27.1?; ¿se puede estudiar en la calle, debajo de un puente?.

Se ha “financiarizado” una necesidad vital que las personas de escasos recursos deberían tener cubierta por medio de las viviendas sociales del Estado.

La vivienda es la base física de la vida familiar y del ejercicio de los derechos humanos, como la sanidad o la educación. Y el Estado debe de tener medios para solucionar estos casos de necesidad contrastada. En varios países europeos, las administraciones tienen viviendas sociales que se alquilan a precios muy bajos y cuando la persona está en paro deja de pagar la renta. Lo que es delictivo es que las viviendas de protección oficial acaben vendiéndose a fondos buitre o que a los diez años dejen de ser protegidas y el adjudicatario pueda venderlas en el mercado libre.

Este drama tiene un origen muy claro: se ha “financiarizado” —a través de los bancos— una necesidad vital que para las personas de escasos recursos debería estar cubierta por medio de las viviendas sociales del Estado, en régimen de alquiler. Imaginen ustedes si para tener derecho a sanidad o educación se necesitase un crédito bancario y al dejar de pagar la cuota se evaporase el derecho a las medicinas o el de ir a la escuela.

Cosa diferente es cuando un inquilino no paga la renta al arrendador. Si la falta de pago no obedece a un estado de necesidad demostrado, el arrendatario debe de ser lanzado con diligencia. Pero en los casos de necesidad, los poderes públicos deben de intervenir con el fin de proteger a ambas partes. Al arrendador devolviéndole la posesión de la vivienda y al arrendatario facilitándole una vivienda social de propiedad pública.

Todos los supuestos conducen a lo mismo: la vivienda familiar forma parte de los derechos fundamentales y el Estado —en general, los ayuntamientos— deben tener un amplio parque de viviendas sociales, en régimen de alquiler, para hacer frente a las situaciones de necesidad.
Nicolás Sartorius es vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas.
Fuente: http://elpais.com/elpais/2015/06/23/opinion/1435058864_644021.html

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“Han conseguido convencernos de que la culpa de la crisis es nuestra”

sábado, 6 de diciembre de 2014

23 artículos de la Constitución que no se cumplen

Artículo 6 - Partidos políticos

"Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos". Una de las mayores demandas, reconocida por los propios partidos, es la necesidad de que los ciudadanos participen de manera más directa en la toma de decisiones. Las propias formaciones blindan sus procesos internos, aunque algunas como el PSOE y Equo han implantado las primarias abiertas. El expresidente del Congreso José Bono ha criticado que si alguien quiere ir en una lista, debe hacerse "amigo" de quien la elabora. En los partidos la democracia se confunde a veces con dedazos...

Artículo 27.5 - Derecho a la educación
"Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes".
Las universidades españolas han perdido desde 2008 más de 1.240 millones de euros en sus presupuestos y los estudiantes han visto subir exponencialmente las tasas universitarias. Esto ha hecho que hasta 30.000 universitarios se encuentren al borde de la expulsión por impago. La aprobación de la Lomce, con tan solo el voto del PP y el rechazo de la comunidad educativa, es contradictoria también con este artículo.

Artículo 31 - Sistema tributario
“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".

El coste del fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros al año, alrededor del 23% del PIB, lo que equivale al presupuesto total del sistema sanitario español.

Artículo 35 - El trabajo, derecho y deber
“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.
Solo basta dar una cifra: 4.512.216 de desempleados, según los datos de noviembre del Ministerio de Empleo.
Leer todo aquí.

sábado, 23 de agosto de 2014

Basta ya. Está en juego la expresión del principio de legitimación democrática del poder. La reforma electoral del PP, una propuesta llena de lagunas

Formalmente, la reforma de la elección de los alcaldes se va a tramitar como una reforma de una ley orgánica, pero materialmente es un decreto ley aprobado por el Gobierno. El contenido de la norma está decidido en su núcleo esencial, así como la fecha de su entrada en vigor. En mayo de 2015 los alcaldes serán designados con la fórmula que el Gobierno tiene decidida. Nadie puede llamarse a engaño.

Se trata de la segunda vez en estos últimos meses que el PP decide aprobar una ley orgánica de naturaleza constitucional prescindiendo de todos los demás partidos políticos. La primera fue la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, mediante la cual se introdujo en nuestro ordenamiento por primera vez en la historia constitucional española el aforamiento del rey tras su abdicación. De contrabando, a través de una “chapuza”, como se le escapó al presidente del Congreso, el PP resolvió este asunto, que habría exigido la aprobación de la Ley Orgánica prevista en el artículo 57.5 de la Constitución.

Con la pretensión de reformar el sistema de elección de alcaldes, el PP está a las puertas de repetir la operación. Desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978 la fórmula para la designación del órgano de gobierno ha sido la misma en los tres niveles en que se articula nuestro sistema político. Los ciudadanos eligen directamente a los diputados en el Congreso o en el Parlamento de la comunidad autónoma y a los concejales en los municipios, y estos eligen al presidente del Gobierno, al presidente de la Comunidad Autónoma y al alcalde. Esta es nuestra Constitución representativa, que no se ha visto excepcionada en su vigencia en ningún momento.

Estatuto jurídico del rey tras su abdicación. Fórmula de expresión del principio de legitimación democrática en la renovación del poder municipal. Son dos materias de relevancia constitucional indiscutible, que, por su propia naturaleza, no pueden quedar fuera de lo que se entiende como consenso constitucional. La primera quedó fuera el 11 de julio. La segunda está a punto de quedar fuera en los próximos meses. Piezas importantes de nuestro ordenamiento constitucional van a ser el resultado de la decisión de un único partido...
Fuente:  21 AGO 2014 - El País.

sábado, 19 de julio de 2014

La democracia y los poderes públicos.

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas: remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

Es el artículo 9,2 de nuestra Constitución, que recoge, suavizada, el artículo 3, párrafo segundo, de la Constitución italiana, la célebre cláusula de Lelio Basso. La realidad constitucional ha cambiado tanto que esto nos parece de otro mundo y sin embargo fue un elemento clave del constitucionalismo social fruto de la derrota del fascismo y del ascenso del movimiento obrero y de la izquierda.

viernes, 18 de octubre de 2013

Entrevista a Francisco Morente Valero, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona "Los que están al mando de las máquinas han apostado por el choque de trenes"

Jordi Bernal. Crónica Global

El profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Francisco Morente Valero (Granada, 1961) no es precisamente optimista con la resolución del debate (o batiburrillo) sobre consultas decisorias y referéndums soberanistas. Piensa que los que están al mando de las máquinas (tanto en Barcelona como en Madrid) no tienen la más mínima intención de entender al otro, el primer y fundamental paso para el diálogo y la negociación. El profesor Morente aboga por la elaboración de una nueva Constitución que "contemple el federalismo como una opción para acabar con la cuestión territorial española". A menudo, a los federalistas se les tacha de bienintencionados con nula influencia ni respaldo en sus tesis allende el Ebro. A esta crítica, el profesor Morente responde con una pregunta: "¿Va a ser más fácil negociar la independencia que una reforma constitucional que permita un buen modelo federalista?". En su reciente artículo en El País, apuntaba un modelo federal para, entre otras cosas, profundizar en el autogobierno. ¿El actual Estado de las Autonomías no otorga ya más autogobierno a las Comunidades Autónomas que, por ejemplo, un sistema federal como el alemán?

Creo que a día de hoy los límites del actual modelo están muy claros, y un sistema federal, de los muchos que hay, pues el alemán es sólo uno de los posibles, podría, bien diseñado, aumentar el autogobierno de los estados federados.

Desde los partidos de izquierda hablan de federalismo pero da la sensación de que no acaban de concretar. Incluso hay un sector importante del PSOE que directamente no acepta un cambio de modelo.

Hay una tradición federalista de la izquierda más importante de lo que se ha querido aceptar. Y es cierto que hasta ahora no ha habido por parte de los que defendían formulaciones federales, PSOE, PSC e IU, una propuesta concreta de reforma de la Constitución en un sentido federal. Por ejemplo, la declaración de Granada del PSOE no deja de ser bastante vaga en muchos aspectos, e incluso algunos autores no le reconocen ni siquiera el carácter de verdadera propuesta federal. Pienso que es una consideración excesivamente poco generosa, pero es verdad que hasta ahora no ha habido un planteamiento claro. Para mí sería necesario la elaboración de una nueva Constitución que incluyera no sólo la cuestión de la organización territorial sino que abordara otras cuestiones en las cuales el articulado actual ha quedado claramente desfasado.

¿Cree que debería incluir la posibilidad de un referéndum soberanista?
Eso debería ser resultado de una negociación. Me resulta difícil pensar en una constitución que incluya un referéndum de ese tipo. Si uno mira el constitucionalismo comparado no encuentra por el mundo muchas constituciones que reconozcan explícitamente el derecho a la separación de sus territorios y que incluyan los mecanismos para llevarlo a cabo. Otra cosa es que, sin reconocerlo de una manera expresa, esos estados puedan arbitrar este tipo de procedimientos. Pero me gustaría que alguien me dijera una constitución de los países homologables a España que lo recoja en el propio articulado constitucional.

¿En la consulta debería votar el conjunto de los españoles?
Si se llegara a la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña dentro de los marcos legales, creo que no tendría sentido que votara toda España. En Québec no votó todo Canadá ni en Escocia va a votar toda la población del Reino Unido. Otra cosa es si previamente se tuvieran que hacer cambios constitucionales para que todo fuera legal. Evidentemente, ahí tendría que opinar el conjunto de los españoles. No olvidemos que, al fin y al cabo, la independencia de Cataluña implica un cambio de la estructura territorial del resto de los españoles. Por lo tanto alguna cosa tendrían que decir, pero no creo que en el momento de decidir sí o no a la independencia sino en otra fase del proceso.

Apunta que se está actuando de manera "urgente" y con una fecha que "no es neutral".
Parto de la base de que realmente es muy difícil, por no decir imposible, que en 2014 se pueda realizar un referéndum acordado o, como sugería el presidente autonómico Mas, tolerado por parte del Gobierno español. Creo que en estas condiciones no se va a producir. Por otro lado, parece que hay una urgencia enorme por parte de los que defienden la opción secesionista por llevar a cabo el referéndum cuanto antes. 2014 no es razonable por muchos motivos. Primero porque el año no es neutral, y de ahí parte de las prisas. Se trata de una fecha en la que desde el punto de vista institucional hay una programación de actos en torno al tricentenario que fácilmente pueden llevar a la creación de un ambiente que no sería en absoluto neutral para una decisión tan importante. Pero además creo que hace falta un debate sereno sobre la cuestión. Hasta el momento el tema se está discutiendo sobre el derecho a decidir, que no significa lo mismo que la independencia. Y los argumentos a favor o en contra de la independencia brillan por su ausencia. No se ha producido una explicación seria, detallada, rigurosa, no partidista de las ventajas o de los inconvenientes de la independencia. Eso requiere un tiempo y serenidad. Recordemos que en Escocia se dieron dos años desde que se acordó la realización del referéndum hasta su celebración para poder discutir con tranquilidad, con seriedad sobre la cuestión.

En el caso de Escocia el referéndum no ha congelado la política del país. En Cataluña es innegable una parálisis de gobierno, una incapacidad para abordar problemas sociales y económicos muy serios.
Eso es fundamental. No soy de los que opinan que esto es un montaje para tapar los recortes. Creo que es una interpretación simplista y que no atiende a la corriente de fondo que hay detrás del movimiento secesionista. Pero la realidad es que sin ser un montaje para tapar los recortes está sirviendo para taparlos. Algunos lo están utilizando para tapar los recortes de la política social, los recortes absolutamente liquidadores del Estado del bienestar, que el gobierno de Mas ha llevado a cabo en los últimos tres años. Por lo tanto, hay una realidad de parálisis de la actividad de gobierno y legislativa en Cataluña. Tenemos al único Gobierno autonómico que no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos para este año. Debe de ser un caso prácticamente único de gobierno que en su primer año de mandato, de los cuatro que tiene, ya no consigue aprobar los presupuestos. Además, los casos de corrupción en Cataluña no van a la zaga de los que están ocurriendo en el resto de España, y eso sí que se está tapando clarísimamente con la bandera.

¿Cree que se está utilizando la historia como arma propagandística?
Es bastante inevitable. La historia es utilizada sistemáticamente como arma propagandística en este tema y en cualquier otro importante del debate político. Siempre ha sido así. También existe una manipulación clara en medios españolistas en Madrid y otros lugares de lo que ha sido la trayectoria de España y Cataluña en los dos últimos siglos. Pero eso no me sorprende, no es ninguna novedad.

También hay un interés reiterado por equiparar los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil a partir de las barbaridades que se cometen en toda guerra e incluso justificar el alzamiento militar pretextando la deslealtad que una parte de la izquierda tuvo durante la II República.

Los dos nacionalismos se dan la mano. Siempre he pensado que al nacionalismo catalán nada le iba mejor que, por ejemplo, un Rodríguez Ibarra soltando las tonterías que acostumbraba a soltar, al igual que a un nacionalista español no le va nada mejor que cualquier exabrupto que algún líder nacionalista catalán más próximo al independentismo pueda soltar. Los ejemplos de burradas abundan por los dos lados. Esta interpretación de la historia a la que hace referencia también parece darse la mano. Desde medios de la derecha española prácticamente parece que nos situamos en los prolegómenos de 1936, lo cual no tiene sentido. Pero en los medios nacionalistas catalanes es frecuente leer o dejar entrever que estamos en un episodio más de la vieja, antigua y persistente agresión del Estado español de la cual la Guerra Civil fue uno de los últimos ejemplos. En fin, esa idea según la cual la Guerra Civil fue una contienda de España contra Cataluña, que obviamente no se sostiene desde ningún punto de vista.

De hecho, a menudo se presenta la Guerra de Sucesión como una contienda de secesión...
Exactamente. La Guerra de Sucesión fue además de carácter internacional y una guerra civil. Pero una guerra civil no solo entre súbditos de la monarquía española, sino una guerra dentro de territorios de la geografía española. No suele decirse que de felipistas y austriacistas hubo en Cataluña, en Castilla y en otros lugares. No hubo un alineamiento inequívoco de Cataluña con un bando y Castilla con otro. Esto no quita que el resultado tuviera las repercusiones para las instituciones del gobierno de Cataluña que tuvo.

¿La comparación del nacionalismo catalán con el nazismo y el fascismo no es una banalización histórica?
No es sólo una banalización sino también una comparación injustificable. Y en este caso pienso que los nacionalistas catalanes tienen toda la razón. Cuando desde tribunas sólidas, medios de prensa importantes y a veces desde declaraciones de políticos de cierto nivel de partidos de ámbito español, se equipara el nacionalismo catalán con el nazismo, se está haciendo un flaco favor a la convivencia, se está falseando la realidad y, por lo tanto, se está actuando de una manera ignominiosa. Dicho esto también hay que señalar que en Cataluña es muy habitual llamar fascista a un españolista de derechas. Y esto es tan ignominioso e igualmente banal. Curiosamente no se acostumbra a denunciar.

Llamar fascista o franquista...
El PP y sus más de 10 millones de votantes no pueden ser calificados de franquistas. Sin embargo, no deja de ser chocante o significativa esa dificultad que tiene el PP para deshacerse definitivamente de los lazos que le unen con la dictadura de Franco, aunque sólo sea porque una parte de su militancia se identifica en mayor o menor medida con aquella etapa.

Aquí, un nacionalista catalán se declara como tal, en el resto de España es difícil que alguien se declare nacionalista español. Es más, mayoritariamente se niega su existencia.

Cierto. Me imagino que ocurre en todas partes. El nacionalismo de Estado no necesita expresar su nacionalismo porque dicho Estado ya provee del espacio identitario correspondiente. El PP es sin lugar a dudas un partido nacionalista, y el PSOE tiene una parte de sus cuadros y de su militancia que también lo es.

¿Comparado con los EEUU o Francia podríamos decir que España es poco nacionalista?
No lo diría tan claro. El nacionalismo español tiene un problema que se llama franquismo. La bandera constitucional es la de la dictadura y antes la de la monarquía borbónica. El himno es la marcha real, pero también es el de la dictadura. Entonces, para cierta gente de una determinada edad que vivió la dictadura, la identificación con esos símbolos es muy problemática. Es un problema que los franceses y los estadounidensenses no tienen en absoluto. La bandera tricolor en Francia no es discutida. Franco y quienes sustentaron su régimen consiguieron todo lo contrario de lo que pretendían. Ellos pretendían fortalecer un sentimiento de identidad española que lograra excluir otras posibles identidades nacionales.

¿Qué le parece la nueva reforma educativa?
Me parece una muy mala ley. Aunque sólo fuera por el hecho de que se trata de la séptima ley de educación que se aprueba en la etapa constitucional. Esto no debe de haber ocurrido en ningún lugar del mundo. Someter al sistema educativo a un cambio de marco legal prácticamente cada cuatro o cinco años es absolutamente demencial. Esta ley ha sido aprobada en solitario por el PP aprovechando una mayoría absoluta. Y nace con el compromiso de la oposición de derogarla cuando el PP pierda la mayoría absoluta. Puede ocurrir perfectamente, y así lo indican las encuestas, dentro de dos años. Es una ley que en el mejor de los casos va a tener dos años de aplicación. Pero, además, hay partes de la misma que significan un claro retroceso hacia modelos que ya se ha visto que no han funcionado. Volver sobre la religión como materia evaluable me parece algo peor que una broma de mal gusto. Tampoco creo que la ley responda a la realidad plurilingüe de España. Aparte de no estar bien planteada en el plano técnico, políticamente es de una inoportunidad espectacular.

¿Piensa que el modelo de inmersión lingüística ha funcionado de manera aceptable?
Soy partidario del modelo de inmersión lingüística. Planteado como un instrumento de cohesión social es una opción correcta y adecuada. Lo que pasa es que tengo mis dudas sobre la interpretación que algunas de las fuerzas políticas catalanas hacen de la inmersión. Casi siempre se defiende el modelo desde la cohesión: es la mejor forma de que los ciudadanos de Cataluña aprendan las dos lenguas. Comparto ese planteamiento. Pero, entonces, quizás la inmersión no debería aplicarse igual en Santa Coloma de Gramanet, por poner un ejemplo, que en Vic. En Santa Coloma tiene sentido que el catalán sea la lengua en el 85% del currículum escolar para que los alumnos castellanohablantes estén inmersos y puedan mejorar y aprender la lengua. Con esta lógica en un entorno mayoritariamente catalanohablante el porcentaje de horas en castellano debería ser mayor, si realmente se trata de conseguir el aprendizaje de las dos lenguas y no otra cosa. Y ahí es donde tengo algunas dudas. Dicho de otra manera, ha habido casos en los que se ha actuado con exageración ante determinadas medidas del Gobierno español en materia de uso de las lenguas en la escuela. Recuerdo cuando el Ministerio decidió aumentar de dos a tres las horas semanales de lengua castellana en toda España. El aumento de una hora de castellano en Cataluña fue recibido como un ataque a la línea de flotación del modelo de inmersión. Francamente, me parece una exageración absoluta. Que un alumno en Cataluña tenga tres horas de castellano sobre 25 semanales no creo que ponga en peligro nada. No me parece que reaccionar con esa sobreactuación contribuya demasiado a que las cuestiones lingüísticas se resuelvan con diálogo y amplitud de miras.

¿Se ha producido en las últimas décadas una atomización de la enseñanza de la geografía y la historia en beneficio de aspectos locales?
Desde que se puso en marcha el Estado Autonómico, y las competencias en educación fueron pasando a las Comunidades Autónomas, se ha potenciado la atención por lo más próximo y local. No me parece mal, si no descuida una visión general de las cosas, que debe ser española pero también europea. Tal vez se están desatendiendo los niveles español y europeo.

¿Ha tenido ocasión de visitar la exposición del Borne?
Todavía no he ido.

¿Estas iniciativas son un buen método de divulgación de la historia?
Como no la he visto, no quiero opinar demasiado. Pero pienso que detrás del proyecto museístico, que seguro que está hecho con todo el rigor del mundo, hay una intencionalidad política inequívoca.

¿Vamos hacia el choque de trenes?
Soy pesimista, la verdad. Aunque la sociedad catalana en su conjunto no está por el choque de trenes, los que están al mando de las máquinas han apostado por ese choque. Y me refiero tanto al Gobierno español como a los que lideran el proceso soberanista en Cataluña. Han decidido que se va a resolver a favor de ellos mejor yendo al choque que a la negociación. Es un gravísimo error y un desastre completo lo que se nos viene encima. Soy de los que opinan que por más alejadas que estén las posiciones, siempre será mejor intentar buscar puntos de aproximación y salidas acordadas y pactadas que no ir a un choque del que no puede salir nada bueno ni para Cataluña ni para el conjunto de España.

Objetivamente Cataluña tiene las de perder con el choque.
Parece ser que hay gente que no lo ve así. Como decía antes, no se ha entrado de verdad a argumentar las ventajas o inconvenientes de una posible independencia. No sé si Cataluña llegará a ser independiente en un futuro próximo, pero estoy convencido de que la única vía para conseguirlo será la unilateral. Sea con un referéndum no acorde con la legislación española, sea con unas elecciones que llaman plebiscitarias, que, por cierto, jurídicamente no existen, y que conduzcan a una proclamación unilateral de independencia por parte del Parlamento autonómico de Cataluña. Pero cualquier persona mínimamente seria sabe que eso conduciría a Cataluña a una situación de aislamiento internacional, fuera de la UE y fuera de todas las grandes organizaciones internacionales empezando por la propia ONU. Nos llevaría a una especie de limbo en el que están Kosovo o Palestina. Además, si vamos por la línea unilateral, ¿dónde están los padrinos? Ni se ven ni se les espera. Estos asuntos deberían empezarse a discutir en serio.
Jordi Bernal. Crónica Global
Fuente: http://www.cronicaglobal.com/es/notices/2013/10/-los-que-estan-al-mando-de-las-maquinas-han-apostado-por-el-choque-de-trenes-1323.php

viernes, 14 de junio de 2013

Alemanes

El Tribunal Constitucional alemán discute si el Banco Central Europeo puede seguir comprando bonos. Como dijera que no, la habríamos liado un poco.

El 27 de septiembre de 2011 se consumó un asalto, con nocturnidad y alevosía, contra la voluntad de los españoles, al cambiarse la Constitución utilizando triquiñuelas legales. El texto inviolable, el votado en 1978, se cambió para satisfacer las exigencias de Bruselas, una capital europea que es, en realidad, una sucursal de la Alemania de Merkel.

Ese día, el texto del artículo 135 pasó a decir que los pagos de los intereses de los créditos para financiar la deuda se deberían hacer con la prioridad absoluta. Lo cierto es que no se hizo el cambio con ningún afán de que quedara en el limbo de las interpretaciones.

Los tenedores de deuda española, o sea, entre otros los bancos y cajas alemanas, tienen una garantía superior: aquí se puede estar hundiendo el mundo, se pueden morir de hambre niños, pero en cuanto haya un euro se tiene que ir primero a los que han comprado deuda. Prioridad absoluta.

Ahora, el Tribunal Constitucional alemán discute si el Banco Central Europeo puede seguir comprando bonos. Como dijera que no, la habríamos liado un poco.

La potente diplomacia española no se ha dado cuenta, vistos los antecedentes, de que hay solución para eso. Podemos imaginar a José Manuel García Margallo, acompañado por Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, llegar una noche a Berlín, reunir a la CDU, al SPD y los liberales y decirles: “esto lo cambian ahora mismo”. Si no tienen la suficiente seguridad en sí mismos, que se hagan acompañar por el verbo fácil de María Dolores de Cospedal y de Carlos Floriano.

Asunto zanjado: si el Tribunal Constitucional alemán tiene dudas, se le cambia la Constitución para que las pierda. Si ya se hizo aquí, se puede hacer allí, ¿no?

Según los responsables del cambio de septiembre de 2011, España ganó credibilidad aquel día de septiembre. Dejemos a los alemanes que también ellos la consigan.
Fuente: Jorge M. Reverte, El País.

sábado, 27 de abril de 2013

La Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que explotó sexualmente a más de 100 mujeres paraguayas en España.

La Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que explotó sexualmente a más de 100 mujeres paraguayas en España, en el marco del Plan Policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual lanzado este mes.

Bien por la Policia Nacional. Sin duda han hecho una buena labor.

Dicho esto me pregunto:
¿Si son explotadas, quién las explota o se aprovecha de su explotación? Por que no se ha detenido a ninguno de ellos, me refiero claramente a "los llamados clientes".

Que curiosamente a nada que se investigue te dicen que tienen un "pacto entre caballeros" (¡menudos caballeros!) para guardar silencio sobre los que acuden, lo que hacen, como lo hacen y como se comportan en esos lugares. Pues "como pagan" "exigen" y el trato, excepto excepciones, es de verdadera maltrato, como un amo a su exclavo. Y no son perseguidos, al contrario, si se quejan de que se niegan a hacerle cualquier servicio, por repugnante que les parezcan, son maltratadas y castigadas de forma física, mental y con coste de dinero.

¿Dónde están los derechos constitucionales de estas mujeres tan invocados en tantas otras ocasiones? de pena. ¡¡¡Hasta cuando!!!

¿Estas personas no merecen se sujetos de derechos?
¿Donde está los defensores de los derechos humanos?
Y los tenemos en todas las ciudades, los conocemos todos. los que mantienen esa explotación alardean de ser "muy hombres".

Sólo conozco el caso de Suecia, donde se persigue "al cliente" ese "caballero" del que hablabamos y no a la mujer de la que dicen "libremente ha elegido esa profesión".

Cuando sabemos todos que, ni es libre, ni es profesión,...
Fuente: El País. Noticias de última hora dia 27 de abril 11:45.

domingo, 16 de septiembre de 2012

Cómo han sido los procesos constituyentes en España

De la Revolución Gloriosa al pacto de la Transición
Una Constitución sin un proceso de toma de palabra popular no es nada.
Esa es la conclusión del autor después de repasar las diferencias entre los procesos de 1869, 1931 y 1978.
Pasos hacia un proceso constituyente 
 Es hora de inventar una salida política

Desde la promulgación del Estatuto de Bayona de 1809 y la Constitución de Cádiz de 1812 son varias las cartas magnas que se han promulgado en el Estado español. Algunas no llegaban ni a constitución, como el Estatuto Real de 1834 que era una Carta Otorgada. Otras no llegaron ni a nacer, caso de la conocida como Constitución Non Nata de 1856.

 Pero de todas las constituciones, las que más nos interesa para un análisis pormenorizado de su proceso, por su carácter revolucionario o con características peculiares, destacaríamos la de 1869, producto de la Revolución Gloriosa que dio paso al Sexenio Revolucionario; la de 1931, producto de la Segunda República española, y la de 1978, que es la vigente. Vamos a poder comprobar cómo los procesos que generan la de 1869 y la de 1931 son muy distintos a la que genera la de 1978. Esto sirve para dar una lectura a lo que en la actualidad está sucediendo. En 1868 la situación del país había llegado a un punto insostenible. La inestabilidad de los distintos gobiernos del reinado de Isabel II y las aventuras coloniales convertidas en estruendosos fracasos (como la Guerra de África y la paz de Wad Ras) pasan factura a la monarquía. Las fuerzas de la oposición al régimen isabelino (liberales, demócratas y republicanos) se unen en el Pacto Ostende, que logra en septiembre de 1868 expulsar del país a Isabel II. Tras la búsqueda rápida de un nuevo rey, que recae en la figura de Amadeo de Saboya, se promueve la elaboración de una nueva constitución que supera a la de 1845.

 La Constitución de 1869 era la más avanzada a su época. Se establecía el sufragio universal masculino. Se aprobaban leyes de asociación de carácter democrático que llegaban a España muchos años después de las mismas conquistas en Europa tras la Primavera de los pueblos de 1848. La Revolución de 1868 trae consigo un fuerte sentimiento de debate y de organización. Las fuerzas republicanas, divididas en diversas facciones, van creciendo en influencia. Se produce también la fundación del movimiento obrero organizado en la Federación Regional Española.

 No estamos solo ante una constitución, sino un cambio de tendencia en la política española. A la abdicación de Amadeo I como rey de España, le sucede la proclamación de la República en febrero de 1873. La nueva forma de régimen, que parte en una posición de debilidad, intenta promulgar una nueva constitución de carácter federal que es frenada por los sectores más reaccionarios de la sociedad española. Las guerras carlistas y la represión contra el movimiento cantonal sirven como excusa para el golpe de Estado de Pavía en enero de 1874 y el pronunciamiento en Sagunto por Arsenio Martínez Campos, que devuelve el poder a la Casa Borbón en la persona de Alfonso XII. Si el movimiento revolucionario había venido con motivo de un diverso movimiento popular, el retorno de la monarquía se produce a través de un golpe de Estado y de la fuerza de la armas. Se ponía así fin a la primera experiencia democrática española. En parte un proceso semirupturista, pues la simbología no llegó a cambiar (no dio tiempo a ello) y determinados sectores reaccionarios siguieron manteniendo influencia en la órbita de poder.

 Habría que esperar muchos años para ver un proceso similar. La Constitución que se promulga en 1876, y que da paso al régimen de la Restauración, da su carpetazo final con la proclamación de la Segunda República en 1931. El advenimiento republicano viene precedido por un movimiento popular alrededor del mismo. Durante toda la dictadura de Primo de Rivera (último intento de la dinastía borbónica de salvaguardar los muebles ), republicanos y anarquistas, de forma mayoritaria, se lanzan a una oposición frontal contra la dictadura y la monarquía. El proceso que se inicia en enero de 1930 con la dimisión de Miguel Primo de Rivera es mucho más profundo que una mera unión de republicanos, como siempre se ha querido presentar. El movimiento obrero libertario participa de lleno en un proceso destituyente de la monarquía. La unificación de fuerzas populares a través de huelgas, de movilización social, de contacto con los sectores más progresistas del Ejército, etc., posibilitan que las elecciones municipales de abril de 1931 se conviertan en plebiscitarias. La victoria en las principales capitales de provincia de los republicanos, como reflejo de esa oposición a la monarquía, viene motivada por todo lo anterior y no por el Pacto de San Sebastián solamente.

De hecho, las fuerzas firmantes del Pacto de San Sebastián no se planteaban la proclamación de la República una vez conseguido el éxito electoral. Es el pueblo, la voluntad popular, la que proclama la República aquel 14 de abril de 1931 y hace que el gobierno provisional de ese Pacto de San Sebastián tome el poder.

 A partir de entonces ese gobierno se ve obligado a legislar a favor de ese pueblo que le ha aupado al poder. Unas veces acertó (como en los avances educativos) y otras fracasó estrepitosamente (como en la reforma agraria). Aquí está la raíz de la oposición anarquista a las medidas republicanas. Las elecciones posteriores a la proclamación de la República son constituyentes y esa Constitución de 1931 es producto de todo el movimiento revolucionario generado. La ruptura con el pasado es total. Se cambia los símbolos, las estructuras políticas, los modos de funcionamiento, etc. Dejando a un lado los problemas estructurales de la República, las fuerzas reaccionarias vuelven a poner fin a la experiencia con un golpe de Estado y una cruenta guerra de exterminio contra sus enemigos. Una Guerra mantenida por una parte del Ejército, la derecha política, el clero y los sectores conservadores y pudientes de la sociedad.

 Viendo estos dos antecedentes, tanto el de 1868 como el de 1931, cabe preguntarse si tiene semejanza con el proceso que se inicia en España tras la muerte del Franco y desemboca en la Constitución de 1978. La respuesta es no. Mientras las dos anteriores constituciones proceden de momentos de ruptura revolucionaria, donde las fuerzas emergentes y alternativas son las que llevan la iniciativa, en 1978 en España se produce un pacto tácito entre las fuerzas franquistas y un sector de las fuerzas oposición al franquismo. El pacto significó el continuismo del régimen franquista.

 La ilegitimidad del régimen franquista, impuesto tras un golpe de Estado y una guerra, adoptaba una posición de “legitimidad” con la Constitución de 1978. No se produce ninguna ruptura con el pasado. La Carta Magna ratifica como Jefe de Estado a aquel que había designado Franco para sucederle. La ruptura con el franquismo queda frenada por la Ley de Amnistía, que dejaba en el olvido los crímenes de la dictadura. Las estructuras políticas fueron transformadas. Unos se adaptaron a las nuevas circunstancias (socialistas y comunistas) mientras otros fueron reprimidos por no adaptarse (anarquistas, extrema izquierda, etc.) Se anulaba cualquier posibilidad de oposición real. Se establecía un sistema electoral que favorecía a las castas políticas de los partidos mayoritarios. Se amparó el régimen capitalista emergente.

 El ejemplo lo tenemos en el propio PSOE. Al ganar las elecciones de 1982 promueve la creación de un “Estado del bienestar” con el único objetivo de destruirlo como parte del plan neoliberal que hoy está brotando con fuerza. No fue una constitución del consenso como se quiere presentar. Se hizo bajo una campaña de miedo y engaño provocando para que la gente la aceptara como “mal menor”. Por mucho que intenten maquillarlo, esa Constitución nada tiene que ver con la de 1869 o la 1931. La que más se le asemeja es la de 1876. Aunque mantiene el sufragio universal, legitima un poder del Estado surgido de la fuerza de las armas, ilegal y fomenta el bipartidismo (ayer conservadores-liberales, hoy PP-PSOE). Su promulgación no vino precedida de ningún movimiento revolucionario. Muy por el contrario, para llegar a promulgarla, tuvieron que eliminar a la oposición revolucionaria a la misma. Las cortes surgidas tras las primeras elecciones en 1977 no solo vetaron a las candidaturas republicanas sino que ni siquiera se presentaron como constituyentes. El modelo de representación sindical era el franquista (modelo vertical) pero aplicado a un número mayor de sindicatos que aceptase las reglas del juego surgidos tras los Pactos de la Moncloa. Aquellos que se negaron (como la CNT) no solo quedaron fuera de juego sino que sus propias actividades no tendrían ningún reflejo en la prensa y medios de información. Y, como broche entre otras cosas, la bandera y el himno siguieron siendo los mismos que en el franquismo. Todos esos pactos que se firmaron entre 1975 (o incluso antes) y 1978 hoy han caducado. La cuestión es si el cambio sistémico que se prepara o se intuye tendrá componentes revolucionarios y transformadores como los de 1868 o 1931 (no como paradigma pero si como ejemplo popular) o volverán a redundar en lo cosechado en 1978 caminando hacía la “legalización” del capitalismo más salvaje.

 Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Como-han-sido-los-procesos.html

lunes, 26 de marzo de 2012

Una denuncia penal contra los responsables de la Sanidad

En el marco de la actual crisis económica, las Administraciones públicas de todos los niveles (estatal, autonómico, provincial y local) están llevando a cabo ajustes en los presupuestos de ingresos y gastos en un contexto de deterioro de la situación económica personal y familiar de la ciudadanía con un incremento desbocado de la cifra de personas desempleadas. Las subidas de impuestos directos e indirectos y el resto de medidas de ajuste presupuestario están ampliando la brecha de la desigualdad, y están deteriorando los pilares del Estado Social consagrados en la Constitución. Educación, Sanidad y Servicios Sociales están siendo tres de los sectores públicos en los que el deterioro está teniendo mayor repercusión, en un proceso de descapitalización mediante la rebaja de sus presupuestos, y de privatización mediante la profundización en modelos como los conciertos y otras fórmulas. Las restricciones de acceso son especialmente graves en estos tres sectores por su carácter de necesarios elementos vertebradores de la Democracia. El proceso de descapitalización del sector público sanitario está teniendo como consecuencia un grave deterioro en el pleno y universal disfrute por los ciudadanos de su derecho constitucional a la protección de la salud y al acceso efectivo a la asistencia sanitaria.
El peligro en que hoy se encuentra el derecho constitucional de protección de la salud es especialmente notorio en Catalunya. Bajo el paraguas de las “medidas anticrisis” hay indicios claros de privatización del sector sanitario público con el objetivo, no de mejorar el acceso a la asistencia sanitaria de la población (o en su defecto, que no se deteriore), sino de favorecer al sector sanitario privado en el que son y han sido directivos los actuales Altos Cargos con competencias sanitarias en Catalunya. Los ciudadanos que han formulado la denuncia ante la Fiscalía Superior de Catalunya expresan muy bien el deterioro del sector sanitario público que no es explicable únicamente como una consecuencia de la crisis económica sino que se le está provocando un daño adicional con la pretensión de favorecer al sector sanitario privado. Las actuaciones del Departament de Salut que se exponen en la denuncia, sus efectos en la realidad social, las declaraciones de los responsables políticos en la toma de decisiones y el perfil de las personas a las que se ha encomendado este giro en la política sanitaria catalana, afectadas algunas de ellas por serias cuestiones de incompatibilidad, no sólo son una muestra del profundo deterioro del sistema público sanitario, sino también de una intencionalidad privatizadora. La línea de intereses que se describen, favorecedora de los privados en detrimento del interés general, está aumentando la desigualdad social al menospreciar el derecho a la salud, como derecho universal, de los grupos sociales más desfavorecidos que sufren con más virulencia los daños producidos por la crisis económica. Y esta colusión de intereses públicos y privados ha mostrado ya su cara más evidente con casos como el del hospital de “La Seu” y las actuaciones que están siendo investigadas sobre la gestión de los recursos para atender a las Listas de Espera públicas y privadas en Hospitales públicos y concertados.
La denuncia presentada basa su argumentación jurídica en el artículo 542 del Código Penal, que tipifica como delito la actuación de los autoridad y funcionarios público “que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes”, además de otros delitos que pudieran resultar de la investigación que se practique, en especial de los delitos que pudieran constituir otro u otros de omisión del deber de socorro por denegación de asistencia sanitaria u abandono de servicios sanitarios. Es un delito situado entre los que lesionan las “garantías constitucionales”. Desde un presupuesto fundamental, el derecho a la protección de la salud es un derecho fundamental de conformidad con las Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos. Es un delito donde la lesión consiste en restringir o privar de derechos, con independencia del daño personal que pueda causarse... Leer denuncia completa. Carlos Jiménez Villarejo. Exfiscal Anticorrupción. Leer todo el artículo aquí.

lunes, 5 de septiembre de 2011

La reforma constitucional

Asistimos a los primeros pasos de una innovación en el Derecho Constitucional europeo. Es una exigencia para la supervivencia de la Unión Europea, pero que nos sitúa ante una limitación de soberanía
Sin Dinero no hay Estado.
Esto ya nos lo enseñó Hamilton en El Federalista (Capítulo XXX): "El dinero ha sido considerado, con razón, como el principio vital del cuerpo político, como aquello que sostiene su vida y movimiento y le permite ejecutar sus funciones más vitales". Esta es una regla que, en términos absolutos, no admite excepción. De ahí que las relaciones entre el Estado y su moneda y su deuda sean un indicador de primera importancia para conocer el estado de salud tanto del primero como de las segundas. Y de ahí también que no haya tarea en la que el Estado ponga más empeño que en dar garantías respecto del valor de su moneda y del pago de su deuda.
Hasta la fecha ha sido muy infrecuente que el Estado haya recurrido a la Constitución en esta tarea. Pero en algunos casos sí ha ocurrido. En Estados Unidos, tras la guerra civil, se incluyó en la XIV Enmienda una garantía del pago de la deuda. A dicha garantía se ha hecho referencia en el reciente debate sobre la elevación del techo de la deuda, llegándose a sostener que el presidente podía no necesitar el concurso del Congreso para seguir haciendo frente al pago de la misma. Pero la opinión dominante en el país considera que la garantía de la XIV Enmienda está muy vinculada a la deuda contraída durante la guerra civil y no tiene alcance general. En consecuencia, se ha considerado que la decisión del Congreso era insoslayable.
El precedente más expresivo es, sin duda, el de la reforma constitucional de 1926 en la Francia de la Tercera República. Vale la pena recordarlo. "En 1926, en un momento en que la moneda francesa estaba próxima al hundimiento, especialmente porque la deuda pública era enorme y porque los ahorradores no tenían confianza en el Estado, en particular en su capacidad de pagarla en su integridad, el antiguo presidente de la República, Raymond Poincaré, volvió a formar un Gobierno que tenía ante todo como objetivo dar seguridad a los prestamistas del Estado, con la finalidad de salvar la moneda. Decidió, en consecuencia, proceder a una revisión constitucional instituyendo una Caja pública, la Caja Autónoma de Amortización, que estaría gestionada independientemente del Estado y que se alimentaría de recursos propios constitucionalmente garantizados: los derechos de sucesión, la tasa de la primera transmisión de inmuebles posterior a la entrada en vigor de la reforma y las rentas del monopolio del tabaco y de las cerillas. Esta Caja tenía como única tarea la de amortizar la deuda del Estado reembolsándola gracias a los recursos que le estaban afectados. Para hacer comprender a los ciudadanos que se trataba de un compromiso solemne del Estado y que los Gobiernos ulteriores no podrían modificar estas reglas sin encontrar obstáculos difícilmente superables, el Gobierno Poincaré solicitó y obtuvo del Parlamento una revisión constitucional inscribiendo estas reglas en la Constitución. Estas reglas, sin embargo, no conciernen a los órganos superiores del Estado: se trata, al contrario, de crear una institución secundaria, pero autónoma, cuyas funciones están excluidas de las competencias de los órganos superiores del Estado".
En estos términos comentaba 33 años más tarde el profesor Jacques Cadart (Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, 2ª ed. LGDJ París 1979, T. I, p. 121) la reforma constitucional aprobada mediante la Ley Constitucional de 10 de agosto de 1926. Una norma que no es materialmente constitucional se había convertido en formalmente constitucional, con la finalidad de salvar la moneda y garantizar el pago de la deuda. En realidad, la reforma iba más lejos de lo que el propio profesor Cadart dice, ya que contenía una cláusula suplementaria para el caso de que no fueran suficientes los recursos expresamente mencionados, que consistía en la inclusión anualmente en los Presupuestos Generales del Estado de una cantidad adicional igual al montante de tales recursos. En ningún caso se admitiría el impago de la deuda. Este era el mensaje. La Constitución se incorporaba de manera inequívoca a una operación de salvamento de la moneda y de garantía de la deuda. El parecido entre la reforma francesa de 1926 y la que está en debate en España en este 2011 salta a la vista, aunque también lo hacen las diferencias entre una y otra.
En ambos casos hay una respuesta a una situación de emergencia. Pero en 1926 había solamente eso, mientras que en 2011 en España la respuesta va a ir mucho más allá de la emergencia, para incorporarse establemente a la Constitución.
La reforma constitucional que se está tramitando en España tiene su origen en la necesidad de dar respuesta a una emergencia, pero es en el fondo un episodio en el proceso de constitucionalización de la Unión Europea, que tiene un precedente en la reforma constitucional alemana de 2009 y que va a ser seguida por reformas constitucionales en, por lo menos, los países que comparten el euro como moneda, aunque previsiblemente se extenderá a los demás.
Estamos asistiendo a los primeros pasos de una innovación en el Derecho Constitucional Europeo de importancia extraordinaria, aunque dicha innovación no vaya a ser el resultado de una decisión constituyente europea, sino de la suma de decisiones constituyentes de los distintos países que integran la Unión. Alemania, como viene ocurriendo por lo demás en el Derecho Constitucional Europeo posterior a la II Guerra Mundial, ha empezado marcando el camino, pero después lo vamos a acabar recorriendo todos los demás. España es la que lo está haciendo en primer lugar, pero no va a ser la última en hacerlo.
Hacer de la necesidad virtud. De eso es de lo que se trata. Tenemos una moneda única y una política monetaria única, pero ni tenemos ni podemos tener en las circunstancias actuales y en el tiempo en que es posible hacer predicciones una política económica y una política fiscal única. Las tensiones entre esta unidad, por un lado, y ausencia de unidad, por otro, han sido manejables hasta que la crisis económica ha hecho acto de presencia con la intensidad con que lo ha hecho. Han dejado de serlo. Y si no se encuentra una fórmula, no para manejar las tensiones, sino para evitar que vuelvan a producirse, continuar avanzando en el proceso de construcción de la Unión Europea será sencillamente imposible.
La reforma de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria y fijar el límite del déficit de todas las administraciones públicas es la expresión de la voluntad del Estado de seguir avanzando en el proceso de construcción de la Unión Europea. Puesto que no es posible todavía una Constitución Europea, hay que homogeneizar al menos las Constituciones de los distintos países en un tema tan decisivo como este.
Lo que no ha formado parte del Derecho Constitucional de cada uno de los países que han constituido la Unión Europea, tiene que pasar a formar parte del mismo, al menos para aquellos que comparten el euro como moneda. Formalmente va a ocurrir como consecuencia de una decisión constituyente soberana de cada uno de los países a través de sus órganos constitucionales competentes para ello. Pero materialmente es una exigencia de la supervivencia de la Unión Europea... JAVIER PÉREZ ROYO, El País, 05/09/2011

domingo, 28 de agosto de 2011

Cambios en la Constitución

¿Por qué se han dado tanta prisa el Gobierno y el Partido Popular en realizar un cambio en la Constitución? El Parlamento prácticamente está disuelto, ya que se han convocado elecciones para dentro de tres meses. Qué raro que PP y PSOE, que casi nunca se ponen de acuerdo en nada, tengan tanta prisa.
¿Por qué se escandalizan tanto cuando en la Constitución española el artículo 92 dice textualmente: "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos"? ¿A qué viene ese miedo a los ciudadanos, si solo reclamamos que se cumpla la Constitución, aunque también estamos acostumbrados a que no se cumplan los artículos 35, el deber y el derecho a un trabajo, o el 47, sobre el derecho a una vivienda? Si creen que es tan buena idea queremos un referéndum, pero también queremos que en este se pueda opinar sobre monarquía o república, la desaparición de las diputaciones o el copago sanitario.
Tenemos derecho, aunque los dos partidos mayoritarios se escandalicen de ello. Cuando un Gobierno tiene miedo a lo que el pueblo, con todo su derecho, pueda opinar, es que hay gato encerrado. MANUEL ARRIAZA ADAME - Barcelona - El País, 28/08/2011 (Foto, playa de la barrosa, Chiclana, agosto 2011)