El TS español se ha situado él mismo con su conducta en la posición no de quien examina, sino de quien es examinado. Es el alumno que tendrá que aprobar el examen ante la justicia belga.
Si la querella contra Carles Puigdemont y demás miembros del Govern se hubiera interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y no ante la Audiencia Nacional (AN) primero y ante el Tribunal Supremo (TS) inmediatamente después, es posible que no hubiera salido de España y establecido su residencia en Bélgica. Y, en todo caso, hubiera sido seguro que una orden de detención y entrega cursada por el TSJC no habría encontrado problemas para su ejecución.
Que el TS sea juez de primera y única instancia es una anomalía difícilmente entendible fuera de España. Es algo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha recordado en varias ocasiones. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo acaba de decir de manera tajante en su Sentencia de 31 de enero de 2023: “En particular, no puede considerarse un tribunal establecido por la ley…un tribunal supremo nacional que resuelva en primera y única instancia sobre un asunto penal sin disponer de una base legal expresa que le confiera competencia para enjuiciar a la totalidad de los encausados.” (FJ 100). Esto es lo que ha estado detrás de la resistencia de la justicia belga en su integridad a conceder la extradición para ser juzgado en España de cualquiera de los políticos independentistas.
Lo que no ha dicho el TJUE es que dicha anomalía sea suficiente para que un órgano judicial pueda negarse a dar cumplimiento a una orden de detención y entrega. La mera constatación de esa anomalía no basta. Pero no deja de ser relevante. Hace perder el automatismo a la ejecución de la orden de detención y entrega y abre una puerta a las personas contra las que se dictó dicha orden para que puedan ejercer su derecho a la defensa ante el órgano judicial que tenga que decidir sobre la ejecución.
La sentencia del TJUE aboca inevitablemente a un juicio en Bélgica, lugar de residencia de los políticos nacionalistas catalanes, cuya extradición se solicita para poder ser juzgados en España. El escrito que redacte el juez instructor español, formalmente será una orden de detención y entrega, pero materialmente va a ser un escrito de demanda, un escrito de parte, del que se dará traslado a las otras partes para que aleguen lo que estimen pertinente, soliciten la comparecencia de testigos y la práctica de las pruebas que consideren oportunas. En el juicio sobre la ejecución de la orden de detención y entrega ante la justicia belga, el TS español no es juez, sino parte, exactamente igual que los políticos nacionalistas catalanes destinatarios de dicha orden. Este es el “núcleo esencial” de la sentencia del TJUE.
Ya el Tribunal Supremo de Schleswig-Holstein se llevó las manos a la cabeza cuando recibió el texto de la orden de detención y entrega redactada por el juez Pablo Llarena solicitando la extradición de Carles Puigdemont y la calificó de “completamente atípica” (durchaus atypisch). En nuestra ya muy larga experiencia en este terreno, decían en el Fundamento Jurídico primero de su decisión, no hemos visto nunca nada igual. Ni probablemente lo verán en el futuro.
Esta completa atipicidad de la orden de detención y entrega va a continuar estando presente en la o las órdenes de detención y entrega que el juez Pablo Llarena tiene ahora que dictar, a fin de que Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, sean extraditados a España para poder ser juzgados por el TS. Lo que empieza de forma atípica no puede no acabar de forma también atípica. El principio del “paralelismo de las formas” opera de manera inexcusable en el ordenamiento jurídico de la democracia.
Y dicho “paralelismo de las formas” se traduce, en este caso, en que se van a invertir los roles de las partes en el juicio que tendrá lugar ante la justicia belga sobre las órdenes de detención y entrega que dicte el juez Pablo Llarena. No es la conducta de Carles Puigdemont y los demás lo que se va a analizar en dicho juicio, sino la forma en que el TS ha decidido perseguirlos penalmente.
A esto es a lo que ha abierto la puerta la sentencia del 31 de enero del TJUE. Las órdenes de detención y entrega hay que ejecutarlas, PERO, dadas las circunstancias de este caso, dada su “completa atipicidad”, los destinatarios de dichas órdenes pueden ejercer su derecho a la defensa de la manera en que se ejerce en todo Estado democrático digno de tal nombre. Los informes del Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria (GTDA) de 25 de abril y 13 de junio de 2019 no son suficientes por sí solos para denegar la ejecución de una orden de detención y entrega, pero podrán ser evaluados, junto a las demás alegaciones, por la justicia belga a la hora de decidir sobre la extradición de Carles Puigdemont y los demás. Lo mismo ocurre con el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 30 de agosto de 2022. Y con la fundamentación jurídica de la sentencia del Tribunal de Schleswig-Holstein…
El TS español se ha situado él mismo con su conducta en la posición no de quien examina, sino de quien es examinado. Es el alumno que tendrá que aprobar el examen ante la justicia belga. Esto es lo que se deduce claramente no solamente de la fundamentación jurídica de la sentencia del TJUE, sino de la parte dispositiva de la misma, fundamentalmente de los apartados 3 y 4 de dicha parte dispositiva.
La decisión de dar respuesta al “procés” judicialmente y no políticamente ha sido un error monumental. Lo ha sido porque lo ha sido, pero lo ha sido, sobre todo, porque ya no estamos en la España del general Franco, sino en la Unión Europea, que existe básicamente como una “comunidad jurídica”, como una comunidad de países democráticamente constituidos. No tiene ejército, ni policía, ni prisiones. Su fuerza es únicamente la fuerza del Derecho. De ahí la importancia de que sea respetado de acuerdo con un canon común a todos los Estados miembros. Mientras la respuesta judicial al procés se pudiera mantener dentro de las fronteras españolas, hubiera podido operar como esperaban quienes la pusieron en marcha, el fiscal general José Manuel Maza, la AN y el TS. En cuanto la respuesta judicial salió fuera de las fronteras españolas, se comprobó que la respuesta estaba viciada y era insostenible en términos democráticos.
Lo vengo argumentando desde el principio. Y mantengo mi argumentación. Y todavía queda la decisión del TEDH sobre los recursos interpuestos contra la sentencia del TS de 20 de noviembre de 2019. Sigo manteniendo mi tesis de que esa sentencia acabará siendo declarada nula de pleno derecho por vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española y por vulneración de derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Debería haberlo decidido así el Tribunal Constitucional español. Pero ya se sabe que no se le pueden pedir peras al olmo.
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lunes, 20 de febrero de 2023
lunes, 20 de junio de 2022
_- La importancia de mantenerlo callado. Luz verde a la extradición de Assange
_- Los sucesivos gobiernos estadounidenses jamás desmintieron ninguna de las filtraciones y los informes de Wikileaks.
El gobierno británico le dio luz verde a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos por cargos de supuesto espionaje. El creador de Wikileaks tendrá 14 días para presentar su apelación y evitar que Washington le caiga con todo por haber filtrado documentación sensible hace 12 años.
Comienza de este modo la última ronda de recursos ante los tribunales británicos, con la que los abogados de Assange intentarán evitar su entrega.
Amnistía Internacional advirtió que la decisión “pone en riesgo” al periodista. “No hizo nada malo. No ha cometido ningún delito y no es un delincuente. Es periodista y editor, y está siendo castigado por hacer su trabajo. Estaba en el poder de Priti Patel hacer lo correcto. En cambio, siempre será recordada como cómplice de EEUU en su plan para convertir el periodismo de investigación en una empresa criminal», añadió.
La decisión de Londres fue tomada por la ministra del Interior, Priti Patel, casi dos meses después de que un juez del tribunal británico emitiera el 20 de abril una orden de entrega del australiano. «En virtud de la Ley de Extradición de 2003, el ministro del Interior debe firmar una orden de extradición si no encuentra argumentos para prohibir que se emita la orden», indicó un vocero de esa cartera.
La decisión de Patel no significa el final de la batalla legal tras más de una década de litigio. Su equipo de abogados puede presentar una apelación ante el Tribunal Superior de Londres, que debe dar su aprobación. En última instancia, puede tratar de llevar su caso al Tribunal Supremo del Reino Unido. Pero si se rechaza una apelación, Assange debe ser extraditado en un periodo de 28 días.
El mismo ministerio sostuvo que no consideró «tampoco que la extradición sea incompatible con sus derechos humanos, como el derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión, y que mientras esté en Estados Unidos vaya a ser tratado de manera apropiada, como en lo referido a su salud».
En varias oportunidades Estados Unidos anunció su voluntad de juzgar a Assange por la filtración de 700 mil documentos de la Casa Blanca y el Pentágono, en su mayoría sobre las barbaries cometidas por Estados Unidos en Irak y Afganistán.
Washington había ampliado en abril sus acusaciones, si bien mantuvo los mismos 18 cargos de espionaje e intrusión informática y solicitó 175 años de cárcel. El proceso, que empezó el 24 de febrero e iba a continuar en mayo, quedó pospuesto por la pandemia. En este lapso, el informador australiano ha tenido dificultades para comunicarse con sus abogados, según ha denunciado su pareja y madre de dos de sus hijos, Stella Moris.
Imperturbables ante las múltiples instancias internacionales, Naciones Unidas incluida, las decenas de manifiestos, las miles de firmas de personalidades y profesionales de la información que han exigido su puesta en libertad y el rechazo a la extradición, el aparato judicial británico y el bulldozer paralelo de la fiscalía estadounidense continúan su camino, al final del cual podrían caerle a Assange más de 175 años de prisión, los que difícilmente logre cumplir.
Por esto lo quieren mantener callado
Con un vídeo y más de 90.000 documentos militares estadounidense revelados en julio de 2010 echaba a andar Wikileaks. Las primeras filtraciones se publicaron de manera coordinada en varios medios internacionales y mostraban con crudeza el fracaso de las guerras de Irak y Afganistán. Assange aportó luz en ese y otros asuntos sobre los que algunos buscaban que reinase la oscuridad. Repasemos algunos de los hitos informativos de Wikileaks.
Soldados de Estados Unidos acribillando a gente desarmada. El 5 de abril de 2010 Wikileaks filtró el vídeo Collateral Murder que mostraba cómo los tripulantes de un helicóptero de combate Apache asesinaban a 12 civiles iraquíes en un suburbio de Bagdad, incluyendo al fotógrafo de la agencia Reuters Namir Noor-Eldeen.
Violaciones de los derechos humanos en Irak y Afganistán. En julio de 2010 Wikileaks publicó más de 90.000 documentos desclasificados sobre la guerra en Afganistán, que demostraban las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la intervención militar en ese país.
En octubre, otros 400.000 documentos destapaban la atrocidades ocultas en Irak, donde EEUU cometió –y escondió- crímenes contra civiles y consintió las ejecuciones sumarias perpetradas por las fuerzas aliadas iraquíes. En ellos se admitía que el 60% de las personas fallecidas en Irak entre 2003 y 2009 eran civiles.
Correos del director de la CIA en los que habla de tortura. Wikileaks publicó los correos electrónicos de la cuenta privada del que en 2015 era director de la CIA, John Brennan, que revelan la tortura en los interrogatorios a los sospechosos de terrorismo.
Los archivos del ‘Cablegate’. comunicaciones del Ejecutivo de Estados Unidos con sus delegaciones diplomáticas en distintas partes del mundo también vieron la luz unos 250.000 documentos del Departamento de Estado se hicieron públicos, entre ellos uno de la embajada estadounidense en España donde se presionaba al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para evitar que se esclareciera el asesinato del camarógrafo español José Couso en Irak.
Wikileaks difundió, asimismo, información sobre el paso de los vuelos de la CIA por territorio español, con presos que iban con destino a la cárcel secreta y campo de concentración estadounidense en Guantánamo.
Guantánamo y Abu Ghraib. En abril de 2011 Wikileaks difundió fotografías y detalles inéditos sobre los interrogatorios en Guantánamo, informes que revelaron que 150 afganos y paquistaníes habían sido detenidos sin ningún tipo de juicio. El preso más joven tenía 14 años y el mayor había cumplido ya 89. Previamente, en 2007, Wikileaks dio a conocer un manual del Ejército de EEUU para los soldados en Guantánamo
Wikileaks también difundió revelaciones sobre la cárcel iraquí de Abu Ghraib, otro lugar donde se violaban sistemáticamente los derechos humanos con total impunidad. Entre los documentos difundidos entonces figuraban los denominados «Procedimientos Operativos Habituales» de Abu Ghraib, Bucca (otro campo de detención en suelo de Irak) y Guantánamo.
Espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU- La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) realizó escuchas secretas de un encuentro entre la entonces canciller alemana Ángela Merkel y el entonces secretario general de la ONU Ban Ki-Moon. Estas operaciones de espionaje vieron la luz gracias a Wikileaks.
El gobierno de Estados Unidos también espió una reunión privada entre el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, el expresidente francés Nicolás Sarkozy y Merkel y grabó escuchas de una conversación entre Berlusconi y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Los correos de Hillary Clinton- Hillary Clinton era secretaria de Estado en la Administración de Barack Obama cuando, en marzo de 2016 llegó la filtración de más de 30 mil correos electrónicos recibidos y enviados por ella misma. También vieron la luz 27.000 comunicaciones del Comité Nacional Demócrata (CND) y 50.000 correos electrónicos de John Podesta, jefe de la campaña presidencial de Clinton.
En ellos se dibujaban casos de disputas y maniobras internas o, incluso, una dura acusación de Clinton contra Arabia Saudí y Qatar, a quienes señalaba en un correo enviado a Podesta por suministrar apoyo de forma clandestina a la organización terrorista Estado Islámico (Dáesh).
Quién financió el nacimiento de Vox en España. Las filtraciones de Wikileaks también salpicaron partidos políticos españoles, en especial filtró quiénes fueron las grandes fortunas y altos ejecutivos españoles que financiaron el nacimiento de la ultraderechista Vox, a partir del grupo católico Hazte Oír. Filtró 17.000 documentos internos de Hazte Oír y CitizenGo, incluidos los listados y aportaciones de los «grandes-grandes donantes» que hicieron posible el auge electoral de la ultraderecha.
Los vínculos del rey emérito español con EEUU. Distintos informes secretos revelados por Wikileaks confirmaron que la diplomacia estadounidense apostó por Juan Carlos de Borbón como sucesor del dictador Francisco Franco, pese a que la monarquía no contaba con apoyo popular en España. Así constaba en un documento secreto del Departamento de Estado fechado el 23 de octubre de 1975. Juan Carlos era confidente de la Casa Blanca en las fechas previas al fallecimiento del dictador, convirtiéndose en la gran apuesta de Washington para la España posfranquista, revelan los informes.
Manuales de la CIA. Wikileaks mostró la guía secreta que empleaban los agentes de la CIA para infiltrarse en Europa bajo identidades falsas y descubrió que los espías de EEUU manejaban el manual de control de fronteras de la Unión Europea (UE). Tales datos figuraban en uno de los informes del programa ‘Checkpoint’ de la CIA filtrados por Wikileaks..
TiSA, el tratado secreto. Los archivos dejaron al descubierto el denominado Trade in Services Agreement (TiSA), un acuerdo de intercambio de servicios entre 50 países, que se negociaba bajo absoluto secreto, que. apuntaban hacia la eliminación de controles y obstáculos para favorecer la liberalización global de los servicios financieros que provocaron la crisis de 2007-2008, al tiempo que se buscaba condicionar a los estados firmantes a la hora de efectuar regulaciones o aprobar leyes que afecten a empresas multinacionales. Wikileaks reveló además que el tratado permitirá a las corporaciones financieras exportar los datos sensibles de los consumidores.
Colofón
Si algo puede sorprender, es que los sucesivos gobiernos estadounidenses jamás desmintieron ninguna de las filtraciones y los informes de Wikileaks.
El Departamento de Justicia estadounidense, al tiempo que encarcelaba y procesaba a la informante principal del australiano, la soldado Chelsea Manning, contó con el tiempo para armarle 18 imputaciones por delitos graves, en las que fundamentó su solicitud de extradición. No se trata de un acto de justicia, sino una acción de venganza y un escarmiento dirigido a informadores y periodistas para que no se atrevan a exhibir las miserias internas del poderío estadounidense.
Ahora las autoridades del Reino Unido otorgaron a las de Washington la extradición de Assange, convirtiéndose no sólo en cómplices de un brutal atropello a los derechos humanos del informador y activista; sino en colaboradores en la supresión de la libertad de expresión de miles, del derecho a la información de millones y de la verdad, que es un componente indispensable de cualquier democracia, señala La Jornada de México.
Julián Assange es ahora el pivote principal de esta lucha por la libertad de comunicación y por la transparencia democrática. Despreciarlos y ningunearles como piratas informáticos ilegales, como trata de imponer el gobierno estadounidense en el imaginario colectivo, es colaborar a la represión ejemplarizante del poder contra el periodismo crítico de este siglo 21.
Hoy Assange somos todos los periodistas.
Por Álvaro Verzi Rangel *Sociólogo, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Fuente: https://estrategia.la/2022/06/17/luz-verde-a-la-extradicion-de-assange-la-urgencia-por-mantenerlo-callado/
domingo, 19 de abril de 2020
Entrevista a la exmagistrada Eva Joly “Si Assange es extraditado, es el fin del estado de derecho en Occidente”
La abogada, exmagistrada y europarlamentaria hasta el 2019, Eva Joly, habla de la situación de Assange y denuncia torturas y violanciones de derechos humanos por parte de Estados Unidos.
Assange se hizo famoso al divulgar abusos irrefutables cometidos durante la invasión y la guerra de EE.UU. en Irak y en Afganistán -dos guerras libradas a raíz de mentiras- incluyendo la publicación en abril de 2010 del video Collateral murder en el que se ve a dos reporteros de Reuters y a varios civiles recibiendo disparos desde un helicóptero estadounidense Apache. El mismo año, WikiLeaks, organización de la que es fundador y portavoz, publicó cientos de miles de documentos militares y diplomáticos, evidenciando especialmente crímenes de guerra y torturas cometidos por el ejército estadounidense.
Para protegerse de la acción judicial de los Estados Unidos ocultada por una orden de arresto sueca por cargos de violación que siempre ha negado, Julian Assange pasó siete años recluido en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugió en junio de 2012. La CIA espiaba todos sus movimientos, los de sus familiares y defensores dentro de la embajada a través de la empresa de seguridad UC Global. El 11 de abril de 2019, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno puso fin al derecho de asilo de Assange, quien fue inmediatamente arrestado por la policía británica y que, desde entonces, ha estado detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh. Acusado de espionaje y otros 17 cargos, si la justicia británica acepta la solicitud de extradición a los Estados Unidos, Julian Assange corre el riesgo de ser condenado a 175 años de prisión, al final de un juicio fuera de lo común que comenzó el 24 de febrero.
Exmagistrada, Eva Joly se dio a conocer durante su carrera investigando casos político-financieros como el caso Elf (empresa petrolera francesa acusada de corrupción), que llevó a unas treinta condenas, incluyendo la del CEO Loïk Le Floch-Prigent. Miembro del Parlamento Europeo por el partido francés Europe Ecologie-Les Verts entre 2009 y 2019, es abogada miembro del Colegio de Abogados de París.
Usted conoce a Julian Assange desde hace tiempo, cuando trabajaba en Islandia con este joven informático en el proyecto de convertir Islandia en un paraíso para el periodismo y la protección de la información. Durante la velada de solidaridad para apoyar Julian Assange realizada en París el pasado 21 de febrero, usted hizo referencia a un avión con agentes del FBI que aterrizó en Islandia en 2011 bajo el pretexto de un inminente ataque informático contra el gobierno. ¿Puede contarnos más?
El FBI estaba siguiendo a Julian Assange, sus agentes sabían que él estaba en Islandia y desembarcaron. Se habían puesto en contacto con el Ministro del Interior Ögmundur Jónasson, diciéndole que el sistema informático del gobierno islandés estaba en peligro y que el FBI proponía su ayuda. Pero Ögmundur Jónasson comprendió la maniobra y se negó. Esto pasó desapercibido, pero su testimonio aún está disponible en Internet. El hecho de que Julian Assange estuviera bajo vigilancia y que los Estados Unidos querían atraparle pronto es un hecho comprobado.
¿Cuál es la situación de Chelsea Manning, condenada por la divulgación del vídeo Collateral Murder publicado por WikiLeaks?
Podemos ver que los autores del crimen de guerra que aparecen en este vídeo no han sido procesados y sin embargo son fácilmente identificables. Al contrario, la denunciante que mostró este crimen de guerra es buscada. Chelsea Manning ha sido arrestada y procesada. Se la condena por irrumpir en un sistema informático y difundir información confidencial. Fue condenada a 35 años de prisión, y luego fue liberada por el perdón presidencial de Barack Obama el último día de su presidencia, cuando ya había cumplido siete años de su sentencia. Paradójicamente, sigue detenida*, después de haber sido condenada en repetidas ocasiones por ofensa al tribunal (“attempt of Court”), porque se negó a testificar ante el gran jurado contra Assange. Esto demuestra que Julian Assange no tendría un juicio justo en los Estados Unidos, que es una de las condiciones para aceptar la extradición, ya que el país solicitado, en este caso el Reino Unido, debe tener la certeza de que el juicio será justo.
Edward Fitzgerald, abogado de Julian Assange, dijo que el primer día del juicio, que se inició en Londres el 24 de febrero, su cliente fue desnudado y registrado dos veces, esposado 11 veces y encerrado cinco veces en diferentes celdas de detención. Durante su juicio, Julian Assange no se sentaba con sus abogados como de costumbre, pero fue confinado en la parte de atrás de la sala del tribunal, encerrado en una jaula de vidrio a prueba de balas. Estas condiciones penalizan al acusado y parecen injustas ya que le impiden seguir los debates, pero no parecen molestar a la magistrada, Vanessa Baraitser. ¿Este dispositivo sin precedentes cumple con la ley?
Aquí vemos que los británicos no tratan a Assange con normalidad, porque fue condenado primero a 50 semanas por incumplimiento de la control judicial en 2012, cuando fue objeto de una solicitud de extradición sueca. Se le había dejado en libertad obligándole a fichar. Julian Assange comprendió que sería extraditado a Suecia, se convenció de que era una maniobra para entregarlo a los Estados Unidos y se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se le concedió asilo consular. Se quedó allí durante siete años. Cuando Lenín Moreno, el Presidente de Ecuador dio por terminado el asilo en 2017, la policía lo sacó de la embajada de manera muy violenta. Fue llevado a la prisión de Belmarsh, una prisión de alta seguridad. Sin embargo, Julian Assange es un periodista multipremiado, no es un terrorista. Además, sabemos que la orden de arresto detrás de la solicitud de extradición sueca tenía una base legal muy débil. Sabemos que fue un caso de manipulación. Condenaron a Julian Assange casi al máximo de la sentencia por incumplimiento del control judicial, a 50 semanas, siendo el máximo 52, y le hicieron cumplir su condena entre aquellos que hacen estallar bombas y matan a civiles. Esta es una señal enviada por el Reino Unido, una decisión indigna de la justicia inglesa. Es evidente que la administración penitenciaria tiene instrucciones de que cumpla su condena y su siguiente detención preventiva en las peores condiciones posibles.
En prisión, fue puesto en aislamiento, y cuando terminó de cumplir su sentencia, fue puesto en prisión preventiva, a la espera del juicio que se está llevando a cabo ahora. El confinamiento solitario terminó solamente dos o tres semanas antes del juicio. También hubo movimientos de prisioneros que simpatizaron y pidieron que se le liberara del aislamiento. Todo esto es anormal. El lugar de Julian Assange no está en una prisión de alta seguridad. La situación política es mala para Assange. Sabemos que fue torturado y humillado, y el relator de la ONU que le evaluó ha visto el impacto de la tortura en su persona.
En la vista judicial, cuando sus abogados pidieron que se permitiera a su cliente sentarse al lado de ellos, la presidenta se negó. La fiscalía, en representación del Estado, apoyó la solicitud de los abogados justificando el carácter habitual de tal práctica. A pesar de todo, la presidenta se opuso. Esta situación es anormal. Según los textos, es el Westminster Magistrates Court el que se tiene que pronunciar, pero la vista judicial de Assange tiene lugar en el Belmarsh Magistrates Court. Con el fin de cumplir con la ley, el personal de Westminster y los jueces fueron trasladados para que no tuvieran que transferir a Julian Assange.
¿Se les puede impugnar por ello o por las condiciones injustas en las que se lleva a cabo el juicio?
Sí, se trata a Assange como a un terrorista. Se le negó el uso de sus gafas durante seis meses, lo que, junto con el aislamiento, constituye un maltrato.
Si los tribunales británicos acuerdan extraditarle a Estados Unidos después de este juicio, ¿se podría enfrentar Julian Assange a la pena de muerte por espionaje?
Hay una regla fundamental: No se extradita a un país que practique la pena de muerte a menos que se tengan garantías de que no se requerirá ni se impondrá la pena de muerte.
Pero tampoco se extradita por delitos políticos…
Ciertamente. Hace ya más de un siglo que no se extraditan a los prisioneros políticos. De lo contrario, se imagina Usted, habríamos extraditado a los chilenos que huían de Pinochet, a los kurdos que huían de Turquía, y así sucesivamente. El mundo está lleno de conflictos y refugiados políticos que se sienten seguros porque si obtienen un visado, saben que no pueden ser extraditados. Es cierto que en este juicio, la fiscalía está tratando de demostrar que, aunque los delitos de los que se acusa a Assange son políticos, él podría ser extraditado.
¿No se podría impedir la extradición gracias al artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que protege la libertad de expresión?
Todo esto debería proteger a este periodista multipremiado, pero vemos que no le protege, lo que nos hace temer lo peor para el futuro. El FBI ha estado siguiendo este caso durante mucho tiempo. Julian Assange también ha estado bajo vigilancia de una empresa española que trabajaba para la CIA mientras beneficiaba de asilo político en la embajada de Ecuador en Londres. Si Julian Assange es extraditado, es el fin del Estado de Derecho en Occidente tal y como lo hemos construido durante casi un siglo. En nombre de la lucha contra el terrorismo estamos renunciando a muchas libertades porque creemos que la seguridad es un valor superior. No hemos entendido que de hecho vamos a sacrificar las libertades sin tener seguridad. Este juicio arroja una cruda luz sobre lo que está sucediendo.
En cuanto a los cargos de violación contra Julian Assange, el tribunal sueco retiró los cargos debido a la falta de pruebas. ¿Le sorprende esta retirada de los cargos?
Tuvo un coste muy alto para Julian Assange. También sabemos que el fiscal sueco estaba dispuesto a terminar la investigación antes, pero que fue alentado a mantener la investigación abierta por el fiscal inglés, el Crown Prosecution Service [La fiscalía de la Corona encargada de decidir sobre los enjuiciamientos en Inglaterra y Gales]. Tenemos pruebas de ello. También tenemos rastros de la participación del FBI en el caso, pero la fiscal sueca, Marianne Ny, ha destruido los correos electrónicos que admite haber recibido del FBI.
Usted criticó el silencio de los medios de comunicación después de que unos 60 médicos internacionales intentaran alertar al mundo sobre el estado físico y psicológico de la salud de Julian Assange en noviembre, cuando consideraban seriamente que podría “morir en prisión”. Un silencio por parte de una prensa que se ha beneficiado de las revelaciones brindadas por Julian Assange y su equipo sobre los abusos y crímenes de guerra cometidos por los aliados en Iraq y Afganistán. Y que hizo un uso abundante de las mismas. ¿Cómo explica tal cambio de actitud por parte de los medios?
Por supuesto. The Guardian, el New York Times y Aftenposten 1/ han ganado prestigiosos premios por su trabajo con documentos de WikiLeaks. Tiene que entender que fue la manipulación de la CIA y el FBI lo que causó este cambio de opinión. La cuestión ya no era lo que Julian Assange había sido capaz de probar, pero si había violado o no.
Precisamente, ¿cómo se puede demandar a Assange por sus publicaciones, y al mismo tiempo dejar a salvo los medios de comunicación que se beneficiaron de ellas y divulgaron su contenido? ¿No actuaron estos medios, de la misma manera que WikiLeaks, difundiendo información transmitida por un tercero?
En Estados Unidos, los periodistas estadounidenses gozan de la protección de la Primera Enmienda. Este fue el caso con los Pentagone papers, donde el DOJ (Departamento de Justicia) trató de procesar por espionaje al denunciante Daniel Ellsberg que los publicó. El Tribunal Supremo sostuvo que sólo había utilizado la libertad de expresión y que beneficiaba de la Primera Enmienda de la Constitución. Por lo tanto, sabemos que los ciudadanos de los Estados Unidos están protegidos por esta enmienda. Los periodistas extranjeros, por otro lado, no lo son. Por lo tanto, Julian Assange en los Estados Unidos no podría invocar la Primera Enmienda y, lógicamente, existiría el riesgo de que los periodistas europeos fueran procesados.
Nils Melzer, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, dice: “No se trata sólo de proteger a Assange, sino de evitar un precedente que podría sellar el destino de la democracia occidental.” ¿Se va a convertir a Julian Assange en un mártir como ejemplo?
Si permitimos la extradición de Julian Assange, estamos admitiendo la supremacía de facto de la ley de EE.UU. sobre la nuestra. En Europa, sin embargo, no está prohibido publicar información verdadera de interés general, los periodistas están protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, lo que Julian Assange publicó no puede describirse como espionaje en el Reino Unido ni en ningún otro lugar de Europa. Julian Assange no puede ser extraditado por doble incriminación y porque no tendría un juicio justo en los Estados Unidos. Estas son dos razones más que suficientes para oponerse a su extradición.
Entrevista realizada en marzo de 2020.
Notas:
* Chelsea Manning fue liberada el 12 de marzo de 2020 después de un intento de suicidio el día anterior. Las sanciones financieras establecidas para obligarla a testificar sobre WikiLeaks y su fundador Julian Assange siguen vigentes y tendrá que pagar 256.000 dolares en multas.
1/ Periódico conservador de Noruega.
https://www.elsaltodiario.com/libertad-informacion/eva-joly-julian-assange-extraditado-fin-estado-de-derecho-occidente
Assange se hizo famoso al divulgar abusos irrefutables cometidos durante la invasión y la guerra de EE.UU. en Irak y en Afganistán -dos guerras libradas a raíz de mentiras- incluyendo la publicación en abril de 2010 del video Collateral murder en el que se ve a dos reporteros de Reuters y a varios civiles recibiendo disparos desde un helicóptero estadounidense Apache. El mismo año, WikiLeaks, organización de la que es fundador y portavoz, publicó cientos de miles de documentos militares y diplomáticos, evidenciando especialmente crímenes de guerra y torturas cometidos por el ejército estadounidense.
Para protegerse de la acción judicial de los Estados Unidos ocultada por una orden de arresto sueca por cargos de violación que siempre ha negado, Julian Assange pasó siete años recluido en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugió en junio de 2012. La CIA espiaba todos sus movimientos, los de sus familiares y defensores dentro de la embajada a través de la empresa de seguridad UC Global. El 11 de abril de 2019, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno puso fin al derecho de asilo de Assange, quien fue inmediatamente arrestado por la policía británica y que, desde entonces, ha estado detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh. Acusado de espionaje y otros 17 cargos, si la justicia británica acepta la solicitud de extradición a los Estados Unidos, Julian Assange corre el riesgo de ser condenado a 175 años de prisión, al final de un juicio fuera de lo común que comenzó el 24 de febrero.
Exmagistrada, Eva Joly se dio a conocer durante su carrera investigando casos político-financieros como el caso Elf (empresa petrolera francesa acusada de corrupción), que llevó a unas treinta condenas, incluyendo la del CEO Loïk Le Floch-Prigent. Miembro del Parlamento Europeo por el partido francés Europe Ecologie-Les Verts entre 2009 y 2019, es abogada miembro del Colegio de Abogados de París.
Usted conoce a Julian Assange desde hace tiempo, cuando trabajaba en Islandia con este joven informático en el proyecto de convertir Islandia en un paraíso para el periodismo y la protección de la información. Durante la velada de solidaridad para apoyar Julian Assange realizada en París el pasado 21 de febrero, usted hizo referencia a un avión con agentes del FBI que aterrizó en Islandia en 2011 bajo el pretexto de un inminente ataque informático contra el gobierno. ¿Puede contarnos más?
El FBI estaba siguiendo a Julian Assange, sus agentes sabían que él estaba en Islandia y desembarcaron. Se habían puesto en contacto con el Ministro del Interior Ögmundur Jónasson, diciéndole que el sistema informático del gobierno islandés estaba en peligro y que el FBI proponía su ayuda. Pero Ögmundur Jónasson comprendió la maniobra y se negó. Esto pasó desapercibido, pero su testimonio aún está disponible en Internet. El hecho de que Julian Assange estuviera bajo vigilancia y que los Estados Unidos querían atraparle pronto es un hecho comprobado.
¿Cuál es la situación de Chelsea Manning, condenada por la divulgación del vídeo Collateral Murder publicado por WikiLeaks?
Podemos ver que los autores del crimen de guerra que aparecen en este vídeo no han sido procesados y sin embargo son fácilmente identificables. Al contrario, la denunciante que mostró este crimen de guerra es buscada. Chelsea Manning ha sido arrestada y procesada. Se la condena por irrumpir en un sistema informático y difundir información confidencial. Fue condenada a 35 años de prisión, y luego fue liberada por el perdón presidencial de Barack Obama el último día de su presidencia, cuando ya había cumplido siete años de su sentencia. Paradójicamente, sigue detenida*, después de haber sido condenada en repetidas ocasiones por ofensa al tribunal (“attempt of Court”), porque se negó a testificar ante el gran jurado contra Assange. Esto demuestra que Julian Assange no tendría un juicio justo en los Estados Unidos, que es una de las condiciones para aceptar la extradición, ya que el país solicitado, en este caso el Reino Unido, debe tener la certeza de que el juicio será justo.
Edward Fitzgerald, abogado de Julian Assange, dijo que el primer día del juicio, que se inició en Londres el 24 de febrero, su cliente fue desnudado y registrado dos veces, esposado 11 veces y encerrado cinco veces en diferentes celdas de detención. Durante su juicio, Julian Assange no se sentaba con sus abogados como de costumbre, pero fue confinado en la parte de atrás de la sala del tribunal, encerrado en una jaula de vidrio a prueba de balas. Estas condiciones penalizan al acusado y parecen injustas ya que le impiden seguir los debates, pero no parecen molestar a la magistrada, Vanessa Baraitser. ¿Este dispositivo sin precedentes cumple con la ley?
Aquí vemos que los británicos no tratan a Assange con normalidad, porque fue condenado primero a 50 semanas por incumplimiento de la control judicial en 2012, cuando fue objeto de una solicitud de extradición sueca. Se le había dejado en libertad obligándole a fichar. Julian Assange comprendió que sería extraditado a Suecia, se convenció de que era una maniobra para entregarlo a los Estados Unidos y se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se le concedió asilo consular. Se quedó allí durante siete años. Cuando Lenín Moreno, el Presidente de Ecuador dio por terminado el asilo en 2017, la policía lo sacó de la embajada de manera muy violenta. Fue llevado a la prisión de Belmarsh, una prisión de alta seguridad. Sin embargo, Julian Assange es un periodista multipremiado, no es un terrorista. Además, sabemos que la orden de arresto detrás de la solicitud de extradición sueca tenía una base legal muy débil. Sabemos que fue un caso de manipulación. Condenaron a Julian Assange casi al máximo de la sentencia por incumplimiento del control judicial, a 50 semanas, siendo el máximo 52, y le hicieron cumplir su condena entre aquellos que hacen estallar bombas y matan a civiles. Esta es una señal enviada por el Reino Unido, una decisión indigna de la justicia inglesa. Es evidente que la administración penitenciaria tiene instrucciones de que cumpla su condena y su siguiente detención preventiva en las peores condiciones posibles.
En prisión, fue puesto en aislamiento, y cuando terminó de cumplir su sentencia, fue puesto en prisión preventiva, a la espera del juicio que se está llevando a cabo ahora. El confinamiento solitario terminó solamente dos o tres semanas antes del juicio. También hubo movimientos de prisioneros que simpatizaron y pidieron que se le liberara del aislamiento. Todo esto es anormal. El lugar de Julian Assange no está en una prisión de alta seguridad. La situación política es mala para Assange. Sabemos que fue torturado y humillado, y el relator de la ONU que le evaluó ha visto el impacto de la tortura en su persona.
En la vista judicial, cuando sus abogados pidieron que se permitiera a su cliente sentarse al lado de ellos, la presidenta se negó. La fiscalía, en representación del Estado, apoyó la solicitud de los abogados justificando el carácter habitual de tal práctica. A pesar de todo, la presidenta se opuso. Esta situación es anormal. Según los textos, es el Westminster Magistrates Court el que se tiene que pronunciar, pero la vista judicial de Assange tiene lugar en el Belmarsh Magistrates Court. Con el fin de cumplir con la ley, el personal de Westminster y los jueces fueron trasladados para que no tuvieran que transferir a Julian Assange.
¿Se les puede impugnar por ello o por las condiciones injustas en las que se lleva a cabo el juicio?
Sí, se trata a Assange como a un terrorista. Se le negó el uso de sus gafas durante seis meses, lo que, junto con el aislamiento, constituye un maltrato.
Si los tribunales británicos acuerdan extraditarle a Estados Unidos después de este juicio, ¿se podría enfrentar Julian Assange a la pena de muerte por espionaje?
Hay una regla fundamental: No se extradita a un país que practique la pena de muerte a menos que se tengan garantías de que no se requerirá ni se impondrá la pena de muerte.
Pero tampoco se extradita por delitos políticos…
Ciertamente. Hace ya más de un siglo que no se extraditan a los prisioneros políticos. De lo contrario, se imagina Usted, habríamos extraditado a los chilenos que huían de Pinochet, a los kurdos que huían de Turquía, y así sucesivamente. El mundo está lleno de conflictos y refugiados políticos que se sienten seguros porque si obtienen un visado, saben que no pueden ser extraditados. Es cierto que en este juicio, la fiscalía está tratando de demostrar que, aunque los delitos de los que se acusa a Assange son políticos, él podría ser extraditado.
¿No se podría impedir la extradición gracias al artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que protege la libertad de expresión?
Todo esto debería proteger a este periodista multipremiado, pero vemos que no le protege, lo que nos hace temer lo peor para el futuro. El FBI ha estado siguiendo este caso durante mucho tiempo. Julian Assange también ha estado bajo vigilancia de una empresa española que trabajaba para la CIA mientras beneficiaba de asilo político en la embajada de Ecuador en Londres. Si Julian Assange es extraditado, es el fin del Estado de Derecho en Occidente tal y como lo hemos construido durante casi un siglo. En nombre de la lucha contra el terrorismo estamos renunciando a muchas libertades porque creemos que la seguridad es un valor superior. No hemos entendido que de hecho vamos a sacrificar las libertades sin tener seguridad. Este juicio arroja una cruda luz sobre lo que está sucediendo.
En cuanto a los cargos de violación contra Julian Assange, el tribunal sueco retiró los cargos debido a la falta de pruebas. ¿Le sorprende esta retirada de los cargos?
Tuvo un coste muy alto para Julian Assange. También sabemos que el fiscal sueco estaba dispuesto a terminar la investigación antes, pero que fue alentado a mantener la investigación abierta por el fiscal inglés, el Crown Prosecution Service [La fiscalía de la Corona encargada de decidir sobre los enjuiciamientos en Inglaterra y Gales]. Tenemos pruebas de ello. También tenemos rastros de la participación del FBI en el caso, pero la fiscal sueca, Marianne Ny, ha destruido los correos electrónicos que admite haber recibido del FBI.
Usted criticó el silencio de los medios de comunicación después de que unos 60 médicos internacionales intentaran alertar al mundo sobre el estado físico y psicológico de la salud de Julian Assange en noviembre, cuando consideraban seriamente que podría “morir en prisión”. Un silencio por parte de una prensa que se ha beneficiado de las revelaciones brindadas por Julian Assange y su equipo sobre los abusos y crímenes de guerra cometidos por los aliados en Iraq y Afganistán. Y que hizo un uso abundante de las mismas. ¿Cómo explica tal cambio de actitud por parte de los medios?
Por supuesto. The Guardian, el New York Times y Aftenposten 1/ han ganado prestigiosos premios por su trabajo con documentos de WikiLeaks. Tiene que entender que fue la manipulación de la CIA y el FBI lo que causó este cambio de opinión. La cuestión ya no era lo que Julian Assange había sido capaz de probar, pero si había violado o no.
Precisamente, ¿cómo se puede demandar a Assange por sus publicaciones, y al mismo tiempo dejar a salvo los medios de comunicación que se beneficiaron de ellas y divulgaron su contenido? ¿No actuaron estos medios, de la misma manera que WikiLeaks, difundiendo información transmitida por un tercero?
En Estados Unidos, los periodistas estadounidenses gozan de la protección de la Primera Enmienda. Este fue el caso con los Pentagone papers, donde el DOJ (Departamento de Justicia) trató de procesar por espionaje al denunciante Daniel Ellsberg que los publicó. El Tribunal Supremo sostuvo que sólo había utilizado la libertad de expresión y que beneficiaba de la Primera Enmienda de la Constitución. Por lo tanto, sabemos que los ciudadanos de los Estados Unidos están protegidos por esta enmienda. Los periodistas extranjeros, por otro lado, no lo son. Por lo tanto, Julian Assange en los Estados Unidos no podría invocar la Primera Enmienda y, lógicamente, existiría el riesgo de que los periodistas europeos fueran procesados.
Nils Melzer, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, dice: “No se trata sólo de proteger a Assange, sino de evitar un precedente que podría sellar el destino de la democracia occidental.” ¿Se va a convertir a Julian Assange en un mártir como ejemplo?
Si permitimos la extradición de Julian Assange, estamos admitiendo la supremacía de facto de la ley de EE.UU. sobre la nuestra. En Europa, sin embargo, no está prohibido publicar información verdadera de interés general, los periodistas están protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, lo que Julian Assange publicó no puede describirse como espionaje en el Reino Unido ni en ningún otro lugar de Europa. Julian Assange no puede ser extraditado por doble incriminación y porque no tendría un juicio justo en los Estados Unidos. Estas son dos razones más que suficientes para oponerse a su extradición.
Entrevista realizada en marzo de 2020.
Notas:
* Chelsea Manning fue liberada el 12 de marzo de 2020 después de un intento de suicidio el día anterior. Las sanciones financieras establecidas para obligarla a testificar sobre WikiLeaks y su fundador Julian Assange siguen vigentes y tendrá que pagar 256.000 dolares en multas.
1/ Periódico conservador de Noruega.
https://www.elsaltodiario.com/libertad-informacion/eva-joly-julian-assange-extraditado-fin-estado-de-derecho-occidente
miércoles, 19 de junio de 2019
_- Entrevista a Noam Chomsky "El arresto de Assange es escandaloso por el alcance extraterritorial de EEUU"
_- Amy Goodman
Democracy Now!
Chomsky afirma que el caso de Assange es similar al de Lula da Silva, "el preso político más importante del mundo", y que su objetivo es silenciarlo
Los abogados de Julian Assange prometen luchar contra la posible extradición del fundador de WikiLeaks a Estados Unidos tras su detención en Londres. La policía británica sacó de la embajada de Ecuador a Assange a la fuerza, donde estuvo asilado casi siete años. El jueves 11 de abril, Amy Goodman de Democracy Now! habló con Noam Chomsky de la detención de Assange, de WikiLeaks y del poder estadounidense.
Amy Goodman: Esto es Democracy Now! soy Amy Goodman, desde Boston. Durante nuestra charla con Noam Chomsky le pregunté su opinión sobre el arresto de Julian Assange.
Noam Chomsky: El arresto de Assange es escandaloso por varios motivos. Uno de ellos es lo relacionado con los intentos de los gobiernos… y no solo del Gobierno de Estados Unidos. El Gobierno británico está cooperando. Ecuador, por supuesto, está ahora cooperando. Suecia cooperó en el pasado. Me refiero a los intentos por silenciar a un periodista que estaba publicando información que las personas en el poder no querían que se difundiese. Eso es básicamente lo que ha sucedido. WikiLeaks estaba publicando información sobre las personas que están en el poder y que la gente debería conocer. A las personas en el poder no le gusta eso, así que tenemos que silenciarlo. Este tipo de cosas, este tipo de escándalos, son algo común, desafortunadamente.
Podemos ver otro ejemplo justo al lado de Ecuador, en Brasil, donde los acontecimientos que han tenido lugar son extremadamente importantes. Brasil es el país más importante de América Latina y uno de los más importantes del mundo. Durante el gobierno de Lula, a principios de este milenio, Brasil fue tal vez el país más respetado del mundo. Bajo el liderazgo de Lula da Silva fue la voz del Sur Global. Fíjense en lo que pasó. Hubo un golpe de Estado, un golpe ‘suave’, para eliminar los efectos del Partido de los Trabajadores. Eso fue lo que el Banco Mundial describió —no lo digo yo, lo dijo el Banco Mundial— como la «década de oro» de la historia de Brasil, en la que se logró una reducción radical de la pobreza, una extensión masiva de la inclusión de poblaciones marginadas, que conforman una gran parte de la población —la población afrobrasileña, la población indígena— fueron integrados en la sociedad, lo que produjo un sentimiento de dignidad y esperanza en la población. Eso no podía ser tolerado.
Después de que Lula dejara la presidencia, tuvo lugar una especie de «golpe suave», no voy a explicar los detalles, pero el último movimiento, ocurrido el pasado septiembre, fue encarcelar a Lula da Silva, el líder en las encuestas, la figura más popular de Brasil, quien iba a ser, con casi absoluta seguridad, el ganador de las próximas elecciones, y fue encarcelado en confinamiento solitario, esencialmente sentenciado a muerte, 25 años de cárcel, teniendo prohibido leer la prensa o libros y, lo que es más importante, teniendo prohibido realizar declaraciones públicas, a diferencia de los asesinos en masa en el corredor de la muerte. Todo esto para silenciar a la persona que era el probable ganador de las elecciones. Lula es el preso político más importante del mundo ¿Han escuchado algo al respecto?
Bueno, Assange es un caso similar: tenemos que silenciar esta voz. Si retrocedemos en la historia, algunas personas recordarán cuando el Gobierno fascista de Mussolini encarceló a Antonio Gramsci. El fiscal dijo: «Tenemos que silenciar esta voz durante 20 años. No podemos dejar que hable». Eso mismo ocurre con Assange y con Lula. Hay otros casos. Esta es una parte del escándalo.
La otra es el alcance extraterritorial de Estados Unidos, el cual es impactante. ¿Por qué debería tener Estados Unidos u otro… ningún otro Estado podría hacerlo, pero ¿por qué debería tener Estados Unidos el poder de controlar lo que hacen otras personas en otras partes del mundo? Es una situación descabellada. Es algo constante. Ni siquiera nos damos cuenta de ello. Al menos no es algo de lo que se hable.
Es similar al tema de los acuerdos comerciales con China. ¿Cuál es el objetivo de los acuerdos comerciales? Son un intento por impedir el desarrollo económico de China. Eso es exactamente lo que son. Ahora bien, China tiene un modelo de desarrollo. Al Gobierno de Trump no le gusta. Por lo tanto, vamos a debilitarlo. Pregúntese lo siguiente: ¿Qué pasaría si China no respetara las reglas que Estados Unidos está tratando de imponer? China, por ejemplo… cuando Boeing o Microsoft o alguna otra empresa importante invierte en China, China quiere tener algo de control sobre el carácter de esa inversión. Quieren cierto grado de transferencia de tecnología. Deberían obtener algún beneficio de la tecnología. ¿Hay algo malo en eso? Así se desarrolló Estados Unidos, robando —lo que nosotros llamamos robar— tecnología de Inglaterra. Así es como Inglaterra se desarrolló, robando tecnología de países más avanzados: India, los Países Bajos, e incluso Irlanda. Así es como todos los países desarrollados han alcanzado la etapa de desarrollo avanzado. Si a Boeing y Microsoft no les gustan esos acuerdos, pueden decidir no invertir en China. Nadie les está apuntando con un arma en la cabeza. Si hubiera alguien que realmente creyera en el capitalismo, debería ser libres de llegar al acuerdo que quisieran con China. Si eso incluye transferencia de tecnología, está bien. Estados Unidos quiere bloquear eso, para que China no pueda desarrollarse.
Analicemos los llamados «derechos sobre la propiedad intelectual», los exorbitantes derechos de patente para medicamentos, para Windows, por ejemplo. Microsoft tiene el monopolio de los sistemas operativos, a través de la Organización Mundial del Comercio. Supongamos que China no los respeta. ¿Quién se beneficiaría y quién perdería? Bueno, lo cierto es que los consumidores en Estados Unidos se beneficiarían. Eso significaría que obtendrían medicamentos más baratos. Significaría que cuando compran una computadora no estarían obligados a utilizar Windows. Podrían utilizar un sistema operativo mejor. Bill Gates tendría un poco menos dinero. Las corporaciones farmacéuticas no serían tan ricas como son, serían un poco menos ricas. Pero los consumidores se beneficiarían. ¿Hay algo malo en eso? ¿Hay algún problema con eso?
Bueno, uno podría preguntarse: ¿Qué hay detrás de todas estas discusiones y negociaciones? Esto es cierto en todos los ámbitos. En casi cualquier problema que elija, uno podría preguntarse: ¿Por qué se acepta esto? En este caso concreto, ¿por qué es aceptable que Estados Unidos tenga el poder de siquiera iniciar una petición para extraditar a alguien cuyo delito es exponer ante la sociedad información que las personas en el poder no quieren que la sociedad vea? Eso es básicamente lo que está pasando.
Fuente:
http://www.eldiario.es/internacional/VIDEO-Chomsky-arresto-Assange-escandaloso_0_909559801.html
Democracy Now!
Chomsky afirma que el caso de Assange es similar al de Lula da Silva, "el preso político más importante del mundo", y que su objetivo es silenciarlo
Los abogados de Julian Assange prometen luchar contra la posible extradición del fundador de WikiLeaks a Estados Unidos tras su detención en Londres. La policía británica sacó de la embajada de Ecuador a Assange a la fuerza, donde estuvo asilado casi siete años. El jueves 11 de abril, Amy Goodman de Democracy Now! habló con Noam Chomsky de la detención de Assange, de WikiLeaks y del poder estadounidense.
Amy Goodman: Esto es Democracy Now! soy Amy Goodman, desde Boston. Durante nuestra charla con Noam Chomsky le pregunté su opinión sobre el arresto de Julian Assange.
Noam Chomsky: El arresto de Assange es escandaloso por varios motivos. Uno de ellos es lo relacionado con los intentos de los gobiernos… y no solo del Gobierno de Estados Unidos. El Gobierno británico está cooperando. Ecuador, por supuesto, está ahora cooperando. Suecia cooperó en el pasado. Me refiero a los intentos por silenciar a un periodista que estaba publicando información que las personas en el poder no querían que se difundiese. Eso es básicamente lo que ha sucedido. WikiLeaks estaba publicando información sobre las personas que están en el poder y que la gente debería conocer. A las personas en el poder no le gusta eso, así que tenemos que silenciarlo. Este tipo de cosas, este tipo de escándalos, son algo común, desafortunadamente.
Podemos ver otro ejemplo justo al lado de Ecuador, en Brasil, donde los acontecimientos que han tenido lugar son extremadamente importantes. Brasil es el país más importante de América Latina y uno de los más importantes del mundo. Durante el gobierno de Lula, a principios de este milenio, Brasil fue tal vez el país más respetado del mundo. Bajo el liderazgo de Lula da Silva fue la voz del Sur Global. Fíjense en lo que pasó. Hubo un golpe de Estado, un golpe ‘suave’, para eliminar los efectos del Partido de los Trabajadores. Eso fue lo que el Banco Mundial describió —no lo digo yo, lo dijo el Banco Mundial— como la «década de oro» de la historia de Brasil, en la que se logró una reducción radical de la pobreza, una extensión masiva de la inclusión de poblaciones marginadas, que conforman una gran parte de la población —la población afrobrasileña, la población indígena— fueron integrados en la sociedad, lo que produjo un sentimiento de dignidad y esperanza en la población. Eso no podía ser tolerado.
Después de que Lula dejara la presidencia, tuvo lugar una especie de «golpe suave», no voy a explicar los detalles, pero el último movimiento, ocurrido el pasado septiembre, fue encarcelar a Lula da Silva, el líder en las encuestas, la figura más popular de Brasil, quien iba a ser, con casi absoluta seguridad, el ganador de las próximas elecciones, y fue encarcelado en confinamiento solitario, esencialmente sentenciado a muerte, 25 años de cárcel, teniendo prohibido leer la prensa o libros y, lo que es más importante, teniendo prohibido realizar declaraciones públicas, a diferencia de los asesinos en masa en el corredor de la muerte. Todo esto para silenciar a la persona que era el probable ganador de las elecciones. Lula es el preso político más importante del mundo ¿Han escuchado algo al respecto?
Bueno, Assange es un caso similar: tenemos que silenciar esta voz. Si retrocedemos en la historia, algunas personas recordarán cuando el Gobierno fascista de Mussolini encarceló a Antonio Gramsci. El fiscal dijo: «Tenemos que silenciar esta voz durante 20 años. No podemos dejar que hable». Eso mismo ocurre con Assange y con Lula. Hay otros casos. Esta es una parte del escándalo.
La otra es el alcance extraterritorial de Estados Unidos, el cual es impactante. ¿Por qué debería tener Estados Unidos u otro… ningún otro Estado podría hacerlo, pero ¿por qué debería tener Estados Unidos el poder de controlar lo que hacen otras personas en otras partes del mundo? Es una situación descabellada. Es algo constante. Ni siquiera nos damos cuenta de ello. Al menos no es algo de lo que se hable.
Es similar al tema de los acuerdos comerciales con China. ¿Cuál es el objetivo de los acuerdos comerciales? Son un intento por impedir el desarrollo económico de China. Eso es exactamente lo que son. Ahora bien, China tiene un modelo de desarrollo. Al Gobierno de Trump no le gusta. Por lo tanto, vamos a debilitarlo. Pregúntese lo siguiente: ¿Qué pasaría si China no respetara las reglas que Estados Unidos está tratando de imponer? China, por ejemplo… cuando Boeing o Microsoft o alguna otra empresa importante invierte en China, China quiere tener algo de control sobre el carácter de esa inversión. Quieren cierto grado de transferencia de tecnología. Deberían obtener algún beneficio de la tecnología. ¿Hay algo malo en eso? Así se desarrolló Estados Unidos, robando —lo que nosotros llamamos robar— tecnología de Inglaterra. Así es como Inglaterra se desarrolló, robando tecnología de países más avanzados: India, los Países Bajos, e incluso Irlanda. Así es como todos los países desarrollados han alcanzado la etapa de desarrollo avanzado. Si a Boeing y Microsoft no les gustan esos acuerdos, pueden decidir no invertir en China. Nadie les está apuntando con un arma en la cabeza. Si hubiera alguien que realmente creyera en el capitalismo, debería ser libres de llegar al acuerdo que quisieran con China. Si eso incluye transferencia de tecnología, está bien. Estados Unidos quiere bloquear eso, para que China no pueda desarrollarse.
Analicemos los llamados «derechos sobre la propiedad intelectual», los exorbitantes derechos de patente para medicamentos, para Windows, por ejemplo. Microsoft tiene el monopolio de los sistemas operativos, a través de la Organización Mundial del Comercio. Supongamos que China no los respeta. ¿Quién se beneficiaría y quién perdería? Bueno, lo cierto es que los consumidores en Estados Unidos se beneficiarían. Eso significaría que obtendrían medicamentos más baratos. Significaría que cuando compran una computadora no estarían obligados a utilizar Windows. Podrían utilizar un sistema operativo mejor. Bill Gates tendría un poco menos dinero. Las corporaciones farmacéuticas no serían tan ricas como son, serían un poco menos ricas. Pero los consumidores se beneficiarían. ¿Hay algo malo en eso? ¿Hay algún problema con eso?
Bueno, uno podría preguntarse: ¿Qué hay detrás de todas estas discusiones y negociaciones? Esto es cierto en todos los ámbitos. En casi cualquier problema que elija, uno podría preguntarse: ¿Por qué se acepta esto? En este caso concreto, ¿por qué es aceptable que Estados Unidos tenga el poder de siquiera iniciar una petición para extraditar a alguien cuyo delito es exponer ante la sociedad información que las personas en el poder no quieren que la sociedad vea? Eso es básicamente lo que está pasando.
Fuente:
http://www.eldiario.es/internacional/VIDEO-Chomsky-arresto-Assange-escandaloso_0_909559801.html
Cronología del ‘caso Assange’
viernes, 3 de abril de 2015
El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, según la ONU. Se reabre en Soria el único caso en marcha por desaparecidos en la Guerra Civil
Diso Press
El Juzgado número 1 de Almazán (Soria) ha reabierto el caso por los diez desaparecidos de Barcones durante la Guerra Civil española, y ha solicitado a la Guardia Civil que facilite las "órdenes puestas a disposición de Guardia Civil y Falange dadas por el comandante militar y se averigüe si fueron únicas, o bien si fueron sistemáticas". La reapertura de este caso por parte de la magistrada María Luisa García lo convierte en el único caso abierto en España por desaparecidos durante la Guerra Civil española. La asociación soriana Recuerdo y Dignidad hizo entrega el pasado día 16 de Marzo, en el juzgado de Almazán, un escrito que solicitaba la reapertura del caso, después de que el archivo de la causa se produjera por desconocerse los autores materiales, pese a estar demostrados los asesinatos. En dicha solicitud de reapertura del caso se adjuntaba la información procedente de la exhumación -realizada entre el 19 y 21 de Julio de 2013-, así como la obtenida de documentos de la época, incluyendo nombres de posibles cómplices o autores. En aquella exhumación, realizada por Recuerdo y Dignidad, se localizaron seis cuerpos, por lo que cuatro siguen todavía desaparecidos. Se trata de Arsenio Martínez, Tomás Cué, Antonio Lafuente y Fermín González, todos vecinos de Soria y miembros de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).
Antes de llevar acabo aquellos trabajos, la citada asociación presentó la correspondiente denuncia en el juzgado de Almazán, solicitando la participación del juzgado en la exhumación, pero tras la apertura de diligencias, el 23 de octubre de 2013, se declaró el sobreseimiento provisional. La denuncia llegó hasta el Tribunal Constitucional, pero también fue desestimada.
España tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, según la ONU
Por otra parte, un grupo de expertos de la ONU pidieron este viernes en Ginebra que España "extradite a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos" durante el franquismo "mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia" española de las víctimas.
El 13 de marzo, el Gobierno denegó la extradición de 17 ciudadanos españoles acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los Derechos Humanos cometidas durante el régimen franquista.
"El Estado español está obligado a extraditar a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos, mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas", dijo el comunicado de los expertos. “La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad”, añadieron.
Los expertos estuvieron en contacto con el Gobierno en relación con las extradiciones ordenadas en octubre de 2014, en el marco de la llamada 'querella argentina', en la que se investigan fusilamientos, torturas, robos de bebés y otros delitos.
"Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esta solicitud de extradición", dijeron los expertos. "Pero si no extradita, el Estado tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los Derechos Humanos y el derecho a la verdad", agregaron.
El grupo está integrado por Ariel Dulitzky (Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias), Christof Heyns (Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales), Juan E. Méndez (Relator Especial sobre la tortura) y Pablo de Greiff (Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición).
El Juzgado número 1 de Almazán (Soria) ha reabierto el caso por los diez desaparecidos de Barcones durante la Guerra Civil española, y ha solicitado a la Guardia Civil que facilite las "órdenes puestas a disposición de Guardia Civil y Falange dadas por el comandante militar y se averigüe si fueron únicas, o bien si fueron sistemáticas". La reapertura de este caso por parte de la magistrada María Luisa García lo convierte en el único caso abierto en España por desaparecidos durante la Guerra Civil española. La asociación soriana Recuerdo y Dignidad hizo entrega el pasado día 16 de Marzo, en el juzgado de Almazán, un escrito que solicitaba la reapertura del caso, después de que el archivo de la causa se produjera por desconocerse los autores materiales, pese a estar demostrados los asesinatos. En dicha solicitud de reapertura del caso se adjuntaba la información procedente de la exhumación -realizada entre el 19 y 21 de Julio de 2013-, así como la obtenida de documentos de la época, incluyendo nombres de posibles cómplices o autores. En aquella exhumación, realizada por Recuerdo y Dignidad, se localizaron seis cuerpos, por lo que cuatro siguen todavía desaparecidos. Se trata de Arsenio Martínez, Tomás Cué, Antonio Lafuente y Fermín González, todos vecinos de Soria y miembros de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).
Antes de llevar acabo aquellos trabajos, la citada asociación presentó la correspondiente denuncia en el juzgado de Almazán, solicitando la participación del juzgado en la exhumación, pero tras la apertura de diligencias, el 23 de octubre de 2013, se declaró el sobreseimiento provisional. La denuncia llegó hasta el Tribunal Constitucional, pero también fue desestimada.
España tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, según la ONU
Por otra parte, un grupo de expertos de la ONU pidieron este viernes en Ginebra que España "extradite a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos" durante el franquismo "mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia" española de las víctimas.
El 13 de marzo, el Gobierno denegó la extradición de 17 ciudadanos españoles acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los Derechos Humanos cometidas durante el régimen franquista.
"El Estado español está obligado a extraditar a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos, mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas", dijo el comunicado de los expertos. “La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad”, añadieron.
Los expertos estuvieron en contacto con el Gobierno en relación con las extradiciones ordenadas en octubre de 2014, en el marco de la llamada 'querella argentina', en la que se investigan fusilamientos, torturas, robos de bebés y otros delitos.
"Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esta solicitud de extradición", dijeron los expertos. "Pero si no extradita, el Estado tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los Derechos Humanos y el derecho a la verdad", agregaron.
El grupo está integrado por Ariel Dulitzky (Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias), Christof Heyns (Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales), Juan E. Méndez (Relator Especial sobre la tortura) y Pablo de Greiff (Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición).
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