_- La herencia de los romanos

_- El escritor Agustín Martínez, uno de los tres integrantes del pseudónimo Carmen Mola, ganador del premio Planeta el año 2021, escribió en la Voz de Granada hace unos días un interesante artículo con una idea que quiero compartir con mis lectores y lectoras. De la maravillosa película “La vida de Brian”, dirigida por Terry Jones y escrita por los Monty Python, rescata una secuencia en la que los miembros del partido del Frente Popular de Judea y del Frente Judaico Popular preguntaban en uno de los conciliábulos de la Jerusalén del año 33:

¿Qué han hecho los romanos por nosotros?
Tras un breve silencio, uno de los presentes responde aportando tímidamente una idea:

El acueducto.
– Ah, sí, sí, eso sí nos han dado, reconoció quien había hecho la pregunta.

Y el alcantarillado, añadió otro asistente.
Sí, dijo el primero, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dejado los romanos. Desde otro lugar intervino alguien después de reflexionar sobre la cuestión que se había planteado:

Y las carreteras, dijo entre dientes.
Evidentemente las carreteras. Eso no hace falta mencionarlo. Pero, aparte del acueducto, del alcantarillado y de las carreteras, ¿qué nos dejaron los romanos? Pues la irrigación, la sanidad, la enseñanza, el vino, los baños públicos, el orden público…, dijo un anciano, impaciente por la lentitud de la enumeración.

– Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras, los baños públicos y el orden público, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?.

Nos han dado la paz.
He repasado la secuencia varias veces. Qué ingenioso guión. Agustín Martínez, apoyándose en esa secuencia, cita algunos logros que ha dejado el gobierno de coalición y que no deberían ser olvidados ante la marea mediática y social que ha venido impulsada por descalificaciones malintencionadas de todo tipo. Y yo añadiré algunos más, aunque no podré mencionarlos todos.

Nadie puede negar que estos mentirosos romanos han elevado el salario mínimo interprofesional un 33,3 por ciento. Se decía que ese aumento iba a producir una catástrofe en el mercado laboral. Pero no ha ocurrido.

Otro logro que han conseguido los despreciables romanos es la reforma laboral, que limita la contratación temporal y que ha conseguido las mayores cifras de empleo indefinido y de cotizantes a la seguridad social de nuestra historia.

Pero también estos malvados romanos del Gobierno, han puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital, que permite que decenas de miles de familias no tengan que ponerse a mendigar y puedan sobrevivir con unas mínimas condiciones de dignidad.

Si seguimos preguntándonos qué más han hecho por nosotros los incompetentes romanos de Pedro Sánchez, podríamos añadir que han dado tranquilidad a más de nueve millones de pensionistas que saben que, aunque la inflación siga desbocada, no verán mermado su poder adquisitivo, ya que sus pagas se incrementarán en la misma medida que haya subido el coste de la vida

En mitad de una brutal pandemia que hizo que desplomase nuestra actividad económica, los romanos del Gobierno, fueron capaces de articular el milagro de los ERTEs y los créditos ICO, que salvaron millones de empleos y decenas de miles de empresas.

Pero no contentos con ello, los filoetarras romanos han conseguido la segunda mayor cifra de fondos europeos de todos los concedidos por la UE para la reconstrucción del país, a pesar de las arteras maniobras del Frente Popular de Judea, versión PP, para boicotear la consecución de esos fondos, porque como ya dijo uno de sus centuriones, no importa que España caiga «que ya la levantaremos nosotros».

Esos ilegítimos gobernantes romanos han conseguido el record de vacunaciones contra la COVID en el mundo occidental, aunque el líder del Frente Judaico Popular, vaticinó que necesitaríamos cuatro años para hacerlo. A día de hoy se han administrado 107 millones de dosis y se han vacunado más de 40,6 millones de españoles, lo que supone el 85,7% de la población.

A los perversos romanos también les debemos la Ley de Muerte Digna, que nos permite decidir nuestra muerte asistida de todos los alivios y cuidados paliativos médicos, así como con todos los consuelos humanos posibles, evitando el sufrimiento y manteniendo el control y la autonomía, conservando nuestra dignidad y libertad hasta el final de la existencia.

Pero es que además, estos romanos bolivarianos han hecho posible que las 400.000 empleadas de hogar, dadas de alta como tales, puedan cobrar el paro desde este mismo mes de julio.

Pues bien, podríamos añadir que la Ley de la Vivienda, que limita la subida indiscriminada del precio de los alquileres; la Ley de Educación, que bate records de becas a quienes más las necesitan y no a familias que ingresan más de 100.000 euros anuales; la Ley de Protección a la Infancia, la Ley de Bienestar Animal, o la Ley de Cambio Climático han supuesto un avance indiscutible.

La ley de memoria democrática es otro logro importante de loa romanos comunistas. Una ley que no pretende dividir sino curar, que no desea volver a la guerra sino restañar las heridas que causó. La señora Ayuso y muchos de sus corifeos dicen que el Gobierno pretende con esa ley dividir a los españoles. ¿Sí? ¿De verdad lo cree? No hay nadie que esté instalado en una división radical como ella. Los malos y los buenos. Ella es la que dice: Sánchez o España. ¿Quién divide?

La ley del sí es sí (a pesar de los efectos perniciosos laterales que, por cierto, se han corregido) y la ley trans, son leyes que han supuesto un avance en los derechos de las personas. Había otras 60 leyes esperando tramitación. Criticaba este hecho alguien de la oposición pero, claro, no dará su voto para que sea posible su tramitación manteniendo un gobierno de izquierdas.

Nuestro Frente Popular de Judea y nuestro Frente Judaico Popular, no solamente no reconocen nada de lo hecho por los malditos romanos, sino que pretenden derogar todo lo aprobado (por cierto, no se derogan las personas, se derogan las leyes) y descargan sobre ellos todo tipo de acusaciones. Dice Feijóo que revisará todas las leyes apoyadas por Bildu. ¿Aunque beneficien a todo el pueblo? Como Bildu votó a favor de la subida del salario mínimo, pues que se quede como estaba o que se baje.

Desde el primer momento tacharon al gobierno de ilegítimo porque el Presidente había mentido a los electores y las electoras. Dijo que no pactaría con Podemos ni con Bildu, ni con los independentistas catalanes. Y luego hizo lo contrario. Sí, cambió de opinión. Mariano Rajoy prometió que no iba a subir los impuestos y a los pocos días de acceder al gobierno, los subió. No hubo las mismas acusaciones de ilegitimidad. Si tan mal les han perecido los pactos con aliados indeseables, ¿por qué no les ha apoyado o se ha abstenido para sacar adelante la investidura y muchas leyes y proyectos? Eso sería coherencia.

Por otra parte le reprochan el pacto con Bildu por considerar a esa formación heredera de ETA. Pasamos media vida pidiendo y exigiendo a los etarras que dejasen las armas y que utilizasen los cauces políticos para defender sus ideas. Y, cuando abandonan las armas, dejan de matar y se integran en la democracia y sus instituciones, siguen siendo considerados asesinos. Ahora no lo son. Pero no importa. La señora Ayuso dice que ETA existe. ¿Qué atentados ha cometido desde que hace doce años se disolvió y entregó las armas? La democracia se fortalece y se enriquece incorporando a quienes la han combatido. Javier Pérez Royo, catedrático de la Universidad de Sevilla, considera un error que se hayan retirado de las listas de Bildu a los siete candidatos que tenían delitos de sangre. Lo entendía como una derrota de la democracia.

Otro ataque frontal ha sido el pacto con los independentistas catalanes. Pero, ¿qué problema tiene la derecha con ellos? ¿No pueden expresar sus ideas? Si gobiernan, veremos lo que pasa.

Y les han acusado de ser una ruina para España, de empobrecer a la ciudadanía a pesar de que los datos económicos sean positivos.

Nuestros romanos lo han hecho todo contra viento y marea. El viento de adversidades inusitadas como la pandemia, la guerra de Ucrania, la erupción de un volcán en La Palma, varias danas consecutivas… y la marea de una oposición que dice no a todo. La falta de apoyo en la pandemia, la negativa a solucionar el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, la crítica al gobierno en Europa, la promesa de destruir todo lo que se ha construido… A pesar de todos los pesares, los indeseables romanos nos han dejado una herencia formidable.

https://mas.laopiniondemalaga.es/blog/eladarve/2023/07/01/la-herencia-de-los-romanos/

_- El gobernador del Banco de España engaña a los españoles cuando habla de pensiones

_- El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dijo en enero de 2022 que la inflación en España se situaría a finales de ese año “por debajo del 2%”.

En realidad, en diciembre de ese año fue del 5,7%. El gobernador, o bien no tenía la más remota idea de lo que estaba pasando en la economía española o, si lo sabía y dijo otra cosa, engañó a los españoles.

Ambas posibilidades son vergonzosas. ¿Cuánto duraría en una empresa normal y corriente un directivo que se hubiera equivocado de esa forma a la hora de estimar la evolución de la variable más decisiva, la única de la que tuviera que estar pendiente y de la que dependiera el futuro inmediato del negocio?

En el caso del gobernador, su tarea fundamental es prevenir la inflación y frenarla, y a la vista está su desconocimiento, su despiste atroz, la fenomenal equivocación cometida.

¿Por qué nadie le pide cuentas? ¿Por qué no se le cesa? ¿Se dejaría que siguiera como capitán de un barco quien fuera tan incapaz de percatarse del peligro, quien tuviese una idea tan equivocada del rumbo y las condiciones en que se lleva a cabo la navegación?

Lo sorprendente ni siquiera es eso. Lo verdaderamente increíble es que Hernández de Cos siga haciendo creer a los españoles que conoce el futuro, lo que va a pasar, cuando se equivoca tan manifiestamente a la hora de percatarse de lo qué tiene delante.

Ahora, el gobernador carga contra el gobierno diciendo que la reforma propuesta en nuestro sistema de pensiones es insostenible, es decir, que no se podrá financiar en los próximos treinta o cuarenta años.

¿Se dan cuenta de la desfachatez que hay que tener para que una persona que se equivoca garrafalmente sobre la evolución en los próximos meses de la materia que es de su estricta competencia, en lo que se supone que es lo que tiene que saber, diga a las demás que sabe lo que va a suceder en las próximas décadas con asuntos que no le competen? ¿Cómo es posible que un conductor que no ve lo que tiene a un palmo de sus narices y choque constantemente con su vehículo le diga a los demás por dónde y cómo tienen que circular?

El gobernador del Banco de España no sólo se ha mostrado como manifiestamente incompetente a la hora de contemplar y resolver el problema cuya solución se le encomienda, las subidas de precios. Además, vuelve a engañar a los españoles haciéndoles creer que sabe que las pensiones públicas no se van a poder financiar en las próximas décadas.

Ni el Banco de España, ni los economistas que lo han intentado para justificar sus amenazas de insostenibilidad, han acertado nunca, es decir, ni una sola vez, en sus previsiones sobre la evolución a corto, medio o largo plazo de la población, la productividad, el empleo, el crecimiento del PIB o la distribución de la renta que son las variables de las que depende el equilibrio financiero de un sistema público de pensiones como el nuestro. Siempre que hablan lo hacen pontificando como si fuesen sabios dueños de la verdad, pero lo cierto es que todas las veces que han asegurado saber lo que iba a ocurrir en el futuro con las pensiones en España se han equivocado, exactamente lo mismo que pasó al gobernador el año pasado con la inflación.

Hernández de Cos es uno más de los economistas que, como bien ha dicho el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, llevan veinte años equivocándose en sus predicciones sobre las pensiones. No han acertado ni en uno solo de los escenarios que han diseñado en los distintos modelos que han elaborado siempre con un mismo fin: convencer a la gente de que las pensiones públicas son insostenibles y que, por tanto, hay que fomentar el ahorro privado en la banca. Justamente, quien ha financiado la elaboración de esos modelos y estudios.

El gobernador del Banco de España está engañando una vez más a los españoles haciéndoles creer que él, su institución o los economistas que vienen diciendo lo mismo, pueden saber qué ocurrirá con nuestras pensiones en las próximas décadas. Es un hecho que engaña por dos razones evidentes. La primera es que, como he dicho, para saberlo tendría que conocerse qué va a ocurrir con unas variables cuya evolución es materialmente imposible de predecir. No se ha podido conocer cuando se analiza sin prejuicios y mucho menos cuando se ha hecho partiendo de hipótesis sesgadas porque se tienen intereses inconfesables, como ocurre con los informes pagados por los bancos. Es un hecho que se puede comprobar fácilmente leyéndolos, en este último caso, o comprobando las enormes diferencias y errores de estimación que hay en las proyecciones de largo plazo realizadas incluso por los centros de investigación u oficinas estadísticas nacionales o internacionales más reconocidos.

La segunda razón que muestra que el gobernador del Banco de España engaña a los españoles es que la sostenibilidad de las pensiones públicas no depende solamente del equilibrio financiero entre el gasto y los ingresos por cotizaciones sociales. Depende también de decisiones políticas, concretamente, de que se quieran financiar con impuestos adicionales a las cotizaciones sociales, o no. Algo que igualmente es completamente impredecible.

Si hubiera una auténtica democracia en España se le exigiría responsabilidad al gobernador y las fuerzas política no comprometidas con los intereses de la banca privada, a cuyo beneficio se pronuncia Hernández de Cos, deberían pedir su cese inmediato.

¿Es una revolución impensable?

El neoliberalismo consiste en la ruptura de los consensos sociales de posguerra. No está dispuesto a negociar al respecto y eso no tiene una solución electoral. Solo la imaginación, la audacia y el sueño permiten tantear y anticipar lo que por definición es siempre inesperado.

La huelga francesa contra la involución que el Presidente Macron anima, ahora en el sistema de jubilación, languidece. Llevamos más de diez semanas de protestas y necesariamente la capacidad huelguística remite. Menos paros y menos gente en las manifestaciones sindicales. Pero, ¿cómo leer este hecho? Seguramente en el gobierno, en el Elíseo y en general en el ámbito de los dominadores, eso se lee con alivio. Recuerdan lo ocurrido con anteriores protestas, la Nuit debut o el movimiento contra la reforma (involución) laboral durante la presidencia de François Hollande, y deducen que también ahora la protesta se desinfla. ¿Derrota? ¿Resignación? No quisiera tomar los deseos por realidad, pero no creo que en el Elíseo tengan motivos para tranquilizarse. ¿Pasar página y seguir con lo suyo, concentrándose, por ejemplo, en las próximas e intrascendentes elecciones municipales, cuando da la impresión de que la olla sigue cociendo a fuego lento la sustancia del descontento?

Hay menos gente en la calle, sí, pero las encuestas confirman que la oposición a la involución del sistema de pensiones, uno de los pilares del consenso social elaborado en la posguerra, no disminuye, sino aumenta. Un 67% pide un referéndum sobre la cuestión y hasta el Consejo de Estado ha criticado, “la falsa promesa de un régimen (de pensiones) universal” que vende Macron. La inusitada violencia policial que centenares de miles de ciudadanos ha sufrido u observado en directo, ha acabado siendo tematizada hasta por los medios de comunicación del establishment, mayormente controlados por la oligarquía financiera y los superricos. Se discute que es más conveniente, si el lema habitual de “Todo el mundo detesta a la policía”, u otro del tipo, “¡compañero policía, únete!” (De hecho el gobierno ha pactado un régimen de pensiones especial para los policías, por si acaso).

El dato fundamental no es que haya menos gente en las manifestaciones sindicales, sino que desde 2014, la temperatura social no ha dejado de subir en Francia. La pregunta fundamental es si el enfado de base, latente o manifiesto, acabará explotando. Si la gente que está enojada dará un paso más para convertir lo latente y pasivo en una explosión social activa y enérgica. Los sindicatos, pensados para negociar, no sirven en una situación en la que el poder no tiene nada que negociar.

Es obvio que no hay marco de negociación. El neoliberalismo consiste precisamente en la ruptura de los consensos sociales de posguerra. Y eso no tiene una solución electoral. Solo se puede cambiar por la fuerza. Desde la campaña electoral francesa del 2017 tengo claro que en el mejor de los escenarios para un cambio político institucional adverso al neoliberalismo en Francia -la hipótesis de una victoria electoral del único candidato de izquierdas, Jean-Luc Melenchon, que rozó el 20% del voto en la primera vuelta en 2017- el asunto se habría saldado con un estrepitoso fracaso. Si Melenchon hubiera intentado cambiar cosas fundamentales, aplicando su programa de transformación social y ecológica, el poder financiero, nacional e internacional, y los medios de comunicación a su servicio le habrían organizado una presión total hasta tumbarlo o convertirlo en un nuevo Alexis Tsipras, es decir obligándole a hacer todo lo contrario de aquello para lo que se le votó y desembocando en una traición pura y simple en nombre del realismo y el pragmatismo.

Entonces, ¿por la fuerza? Pero ¿Quién está dispuesto en nuestras sociedades modernas, donde casi todo el mundo tiene algo que perder, a dar la cara, a arriesgarse a ser detenido, encarcelado y juzgado por violar la ley que defiende el orden establecido y sus instituciones cuya violencia es extrema cuando se plantea su cuestionamiento? ¿Quien no teme la violencia? Yo, desde luego no estoy dispuesto a tomar por asalto una comisaría, pongamos por caso. Tengo mucho que perder y nunca lo haría. ¿Nunca? Hombre, si a mi lado hubieran 100.000 personas unidas en ese propósito, ya no sería una cuestión personal. Ni siquiera sería un negocio arriesgado. Así fue como se tomaron por asalto las comisarías de la odiada y corrupta policía en El Cairo, aunque luego el asunto acabara como el rosario de la aurora.

La conciencia de la debilidad es lo que fundamenta el miedo, pero ¿qué pasa cuando el enfado estalla, se hace masivo y hegemónico y el orden establecido se hunde como un castillo de naipes. Como recuerda Frederic Lordon, mencionando muchos de estos ejemplos, solo la revuelta general vence el miedo, cuando las instituciones dejan de ser sacralizadas. En definitiva, ¿es una revolución impensable? ¿Es imaginable un cambio social fundamental en la estructura de poder y en la organización de la sociedad, impuesto por la fuerza de una mayoría convencida de que no hay solución institucional posible para los acuciantes problemas que padece? ¿Es deseable?

En cuanto a pensamiento aun vivimos en la época retro de François Furet en la que la Revolución es igual a terror y a matriz de la dictadura, pero en el run-run de su descontento y ante la evidencia de que no hay negociación posible ni salida electoral que ponga fin a la involución en curso, es lógico que toda esa ideología se replantee. Y eso está ocurriendo en Francia. ¿Es significativo? Habrá que ver.

Recuerdo en ese contexto una entrevista mantenida en 2016 con el historiador francés Pierre Serna, del Instituto de Historia de la Revolución Francesa (IHRF) de la Sorbonne. Había entonces en París una petición de historiadores para darle una calle a Robespierre, figura demonizada. La derecha se negaba. El Incorruptible fue quien puso los derechos sociales en el centro del escenario. Introdujo en la Constitución de 1793, la más democrática, el invento de la pensión de jubilación, la seguridad social, los subsidios para las familias de más de tres hijos, las casas de educación para las madres solteras o el derecho al trabajo contra las condiciones más degradantes. Se opuso a las colonias y el esclavismo. Está claro por qué se le adjudicó, en solitario, los muertos del terror y la dictadura: “para tapar lo social”, decía Serna.

El profesor tenía una idea muy innovadora de la Revolución Francesa como algo inscrito en un largo proceso aun inacabado y que forma parte de un conglomerado atlántico-universal, en el que Francia es inseparable de Estados Unidos y de Haití. “Toda revolución es una guerra de independencia, el periodo moderno es tanto la historia de una Revolución permanente como de construcción de los Estados”. Y es, sobre todo, un “proceso de descolonización” en marcha, inacabado, abierto y con futuro, decía.

Aunque hoy se tienda a hablar de “revolución” con cierta ligereza, designando como tal meros golpes de estado, operaciones de cambios de régimen propiciadas por las potencias, o movimientos de protesta civil más o menos importantes, la Revolución sigue ahí, agazapada y siempre inesperada por definición. La idea de que los dos siglos y medio de revolución iniciados por la Revolución Inglesa (1642-1689) concluyen en los años 1970 con el fin de la era industrial, es errónea y eurocéntrica, sostenía Serna. Las revoluciones empiezan en la periferia, como ahora en lugares como Túnez, precisan que la gente salga a la calle y que en un momento dado las fuerzas del orden, los militares, se cambien de bando. Tanto en Estados Unidos, como muestra la cuestión negra, como en Francia donde, “se ha roto el nexo entre República y democracia”, la revolución está “inacabada”, decía.

“Las materias primas, el extractivismo, se han convertido en el esclavo del Siglo XXI”, afirmaba este profesor, adelantando algo que hoy suscriben muchos adolescentes cada viernes. Cuando en febrero de 1794 se dijo que no se quería más esclavismo, se proclamó una locura desde el punto de vista de cómo se ganaba el dinero, de cómo se consumía el algodón, el café y el azúcar sobre la desestructuración de la India y la masacre de América Latina y los esclavos. La puesta en cuestión del esclavismo, como hoy del extractivismo, determina una nueva manera de funcionar. La revolución es la imposición de un nuevo sentido común que revienta la base del viejo orden.

Si la ley de las revoluciones del XVIII, revoluciones que nacen en la periferia que van al centro (del imperio colonial a la metrópoli, de la provincia francesa a París), se traduce hoy, el vector de Túnez debería apuntar hacia el nuevo centro mundial desplazado hacia oriente: hacia China, con su enorme clase obrera. ¿Una China con una demografía anciana, en el papel de revolucionaria? Por qué no: La revolución es lo impensable por definición, ¿Quién imaginaba la abolición de la monarquía en 1789, o aún más, la abolición de la esclavitud, motor de la economía-mundo, por los diputados en 1794?

Pensar lo impensable supone abrirse a escenarios como el de una población vieja radicalizada en Europa por el deterioro/abolición de las pensiones actualmente en curso. Es el momento de los yayoflautas: “Viejos bien conservados por los progresos de la ciencia, ¿se dejarán desposeer, o se sumarán a los jóvenes estigmatizados y sin futuro de la periferia urbana?”, se preguntaba Serna. ¿Una revolución europea contra la UE neoliberal sin que exista pueblo europeo? “Tampoco existía el pueblo francés en 1789. Lo inventaron”, decía Serna. Solo la imaginación, la audacia y el sueño permiten tantear y anticipar lo que por definición es siempre inesperado.

(Publicado en Ctxt)

https://rafaelpoch.com/2020/02/20/es-una-revolucion-impensable/

¿Quién quiere privatizar las pensiones públicas aunque diga lo contrario?

Juan Torres López
Ganas de escribir

En las últimas horas se ha levantado revuelo en los medios de comunicación porque el presidente Pedro Sánchez ha acusado al Partido Popular de querer privatizar las pensiones. Enseguida, desde el Partido Popular lo han negado, concretamente a través de mi amigo Daniel Lacalle (la noticia aquí ).

Como siempre, el debate (si a estos rifirrafes se le puede llamar debates) tiende a generar confusión por los términos en que se plantea.

Es cierto que en España, salvando a algún ultraliberal sin responsabilidades políticas, casi nadie aboga por la sustitución completa del actual sistema público de pensiones (basado en el reparto, es decir, en que los cotizantes actuales financien con sus salarios las pensiones actuales) por otro de capitalización (basado en que cada persona ahorre lo que pueda, que ese ahorro lo gestionen fondos de inversión y que el ahorrador “rescata” ese ahorro más los intereses como pensión).

Las razones de por qué no se defiende abiertamente la privatización de las pensiones públicas son tres. La primera, que la inmensa mayoría de los votantes de todos los partidos prefiere y defiende que se mantengan como tales. La segunda, que es muy difícil de vender lo que la experiencia de los fondos de pensiones de capitalización privada han demostrado: que son muy inseguros, poco rentables y que terminan por dejar tirados a los ahorradores si no son rescatados con dinero público, bien a través de ayudas fiscales o directas del gobierno. Y la tercera, porque es muy comprometido decirle a los votantes que lo que en realidad se está proponiendo es un sistema que sólo va a proporcionar pensiones de jubilación a quienes a lo largo de la vida laboral hayan podido ahorrar, algo que con los salarios actuales no puede hacer todo el mundo.

Es por esas tres razones por lo que ni los propios liberales ni los bancos y demás entidades financieras que son quienes más están interesados en que haya un sistema de capitalización que les permitiría manejar una suma inmensa de ahorro, defienden un cambio radical. Y es por eso que desde hace años han optado por plantear una estrategia más sutil para llegar a la privatización: dejar que el sistema de pensiones públicas se vaya debilitando sin que se note mucho (básicamente reduciendo la pensión por diferentes métodos), al mismo tiempo que fomentan que la gente vaya recurriendo cada vez más al ahorro privado mediante incentivos, publicidad, ayudas fiscales y, sobre todo, con un discurso catastrofista y machacón orientado a convencer a la gente de que en el futuro no será posible que haya pensiones públicas (sobre todo, por un argumento falso pero muy convincente de crecimiento demográfico).

Pero es evidente que quien propone que una parte de las pensiones se financie a través de un sistema de capitalización está defendiendo que se privaticen las pensiones públicas, en todo o en parte. Y es evidente también que, en un sistema de vasos comunicantes, es decir, de recursos limitados, más recursos en el lado privado supone menos en el público y, por tanto, su muerte a cámara lenta.

Por eso llevan razón quienes dicen que darle cabida al sistema de actualización es privatizar las pensiones, aunque quienes proponen esto último digan al mismo tiempo que quieren que eso se vaya compatibilizando con el sistema de reparto.

Seamos serios. Cómo puede decir que no defiende la privatización del sistema (no digo en el todo y a corto plazo, pero desde luego que sí en parte y condicionando el medio y largo plazo) quien propone: a) que bajen las pensiones públicas b) que se creen mecanismos de capitalización (en el sector privado) para proporcionar pensiones privadas y c) que se den ayudas a los fondos privados que gestionan ese ahorro,

Por eso me extraña que diga el Partido Popular que no busca privatizar las pensiones. Las declaraciones de sus dirigentes en ese sentido son muy numerosas y los medios han dado buena muestra de ello. Por ejemplo:

Rajoy aconseja ahorrar para “complementar” la pensión

El PP aplaude la mejora de las condiciones de los planes de pensiones privados porque “mejorará la capacidad ahorradora de los españoles”

Villalobos quiere ‘privatizar’ las pensiones

El Gobierno incentiva que los jóvenes contraten planes privados para complementar su pensión de jubilación

Daniel Lacalle (amigo a pesar de la enorme distancia ideológica que nos separa) también ha defendido en muchas ocasiones la puesta en marcha de un sistema de capitalización privado como complementario del público.

Por ejemplo, en los siguientes videos o artículos:

La Realidad de las Pensiones y el Populismo

Video: ¿Están en riesgo las pensiones? La demagogia de las pensiones.

“Destopar”, pegarse un tiro en el pie

Pensiones y estimaciones de burbuja

Mentiras y medias verdades sobre el sistema de pensiones chileno

¿Quién pone en peligro las pensiones? ¿Cómo pagamos las pensiones?

Y me choca, por último, que quienes defienden la privatización de las pensiones a través del sistema de capitalización renieguen de su ideología liberal. No lleva razón Daniel Lacalle cuando dice que defender la privatización o el sistema de capitalización no es algo propio de los liberales. ¡Claro que sí! Es algo evidente.

Otra cosa es que en las filas de otras corrientes, y particularmente de la socialdemocracia, se hayan infiltrado con frecuencia y con gran influencia a veces, esas ideas liberales. De hecho, uno de los pocos responsables políticos liberales que tuvo la valentía y la coherencia de defender la privatización a través del sistema de actualización fue David Taguas, cuando era director de la Oficina Económica de La Moncloa con Rodríguez Zapatero (en la revista Panorama Social, 2007, nº 4). Y otro Pedro Solbes puso en marcha también mecanismos de ayuda a las pensiones privadas a pesar de estar en las filas de un partido supuestamente socialista.

Otro debate es si la defensa de la privatización (total o ahora parcial para que termine siéndolo al completo con el tiempo) tiene detrás razones científicas que justifiquen su bondad o si se trata de una propuesta que se realiza sólo por razones ideológicas que al final sólo terminan beneficiando a las entidades financieras que gestionan el ahorro y a los grandes patrimonios financieros. Aunque mi idea es esta última, no es esta cuestión materia de este artículo.

Quien desee saber más puede leer el libro que escribí con Vicenç Navarro titulado Lo que tienes que saber para que no te roben la pensión , o buscar información en las web de otros economistas críticos o de grupos como Economistas frente a la crisis , en donde se pueden encontrar análisis muy rigurosos al respecto.
http://www.juantorreslopez.com/

Fuente:

http://www.juantorreslopez.com/quien-quiere-privatizar-las-pensiones-publicas-aunque-diga-lo-contrario/

Acabar con las pensiones públicas y, de paso, con la democracia

Juan Torres López

 CTXT

El autor responde a los argumentos de César Molinas en El País

Hace unos días se publicó uno de esos artículos que tanto abundan en las últimas décadas en los que, para tratar de combatir al sistema de pensiones públicas, se recurre a trampas del pensamiento y al engaño.

Nadie puede poner en duda que es legítimo criticar que una sociedad se gaste buena parte de sus recursos en proporcionar ingresos a las personas que ya no pueden obtenerlos por sí mismas, pero creo que igualmente se puede acordar que no lo es tanto mentir para defender esa preferencia.

Esto último es lo que ocurre con el artículo reciente de César Molinas en El País (Los ‘baby boomers’ desestabilizan España), en el que se falsean argumentos para criticar al sistema público de pensiones y se quiere hacer creer que su supuesta insostenibilidad se debe al egoísmo de un grupo social compuesto por millones de personas acostumbradas, para colmo, a imponer sus preferencias a los demás mediante la violencia.

Los argumentos que utiliza Molinas son endebles y tramposos y voy a comentarlos rápidamente.

1. En primer lugar, afirma que la idea extendida de que las pensiones en España son bajas “es una opinión desinformada, equivocada e interesada”. Podríamos entrar a comparar la cuantía de las nuestras con las de otros países y veríamos que esa afirmación es efectivamente discutible porque depende de con quién nos comparemos y, sobre todo, porque hay un abanico tan amplio de casos que los niveles medios no son del todo homologables. Pero lo curioso es que el propio Molinas pone en cuestión su afirmación cuando unas líneas más abajo dice que “si son más bajas que en otros países, es porque los salarios en España son más bajos que en otros países”. ¿En qué quedamos? Molinas asegura primero que decir que las pensiones españolas son más bajas que en otros países es una opinión desinformada, equivocada e interesada, pero luego proporciona la razón de por qué aquí son más bajas.

2. En segundo lugar, Molina afirma (y lleva razón) que “los pensionistas españoles recuperan todas las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social a los 12 años de jubilarse, cuando aún les queda una esperanza de vida de 10 años más”. Lo que significa, dice, que la financiación de estos últimos años “es un regalo añadido que también corre a cargo del Estado”.

Se trata de una afirmación cierta pero tramposa porque critica que un sistema de pensiones de reparto, basado en la solidaridad, haga lo que debe hacer un sistema de reparto basado en la solidaridad: proporcionar la pensión sin dependencia estricta de lo cotizado por quien la recibe. Esto sólo se podría plantear como un problema indeseable si el sistema se basara en el ahorro privado de cada persona, de modo que se disfrutara de la pensión en proporción exacta a lo que cada cual hubiera ahorrado. Pero este no es el caso de nuestro sistema público de pensiones. Mencionar esa realidad para poner en solfa el sistema público de pensiones basado en la solidaridad, como hace Molinas, es tan demagógico y absurdo como decir que una persona gasta lo que ha cotizado a la Seguridad Social o a través de impuestos cuando la sanidad pública lo opera por segunda vez, cuando acude cuatro veces a la administración de justicia o cuando es atendido diez veces por la policía… y que, a partir de ahí, lo que recibe es un regalo del Estado. Se puede estar a favor o en contra de un sistema basado en el reparto y en la solidaridad, es decir, en el acceso universal a los bienes públicos con independencia de lo cotizado, pero, si se acepta, no se puede criticar que el sistema funcione como debe funcionar.

3. El tercer argumento de Molinas es que lo anterior “sólo es sostenible en la medida en que la base de la pirámide de población sea mucho más amplia que su parte superior”. Una afirmación que es completamente falsa, una mentira más, porque la sostenibilidad financiera de un sistema público de pensiones no depende sólo de ese factor demográfico. El propio Molinas dijo antes que las pensiones dependían de la cuantía de los salarios y lo cierto es que la sostenibilidad o equilibrio financiero de un sistema de reparto como el español depende, además, de la productividad, de la distribución de la renta, o de la tasa de crecimientos económico, entre otros factores.

Se puede estar de acuerdo con la cuarta tesis de Molinas, cuando dice que “la situación de las finanzas públicas españolas, con una deuda que no para de crecer, es dramática”. Pero también es materialmente falso que el enorme crecimiento de la deuda se haya debido al gasto en pensiones. De 1995 a 2017, la deuda española ha aumentado la escalofriante cifra de 848.694 millones de euros. Pero el 64% de esa cantidad (539.908 millones de euros) corresponde a intereses. Por tanto, antes que culpar a las pensiones públicas del incremento dramático de la deuda se debe apuntar a su causa real: la existencia de un modelo de crecimiento cuyo motor es el crédito como consecuencia de haber concedido a un grupo social tan poderoso políticamente como la banca privada el privilegio de financiar al Estado creando dinero de la nada.

Afirma Molinas que el déficit de nuestro sistema contributivo de pensiones es “una enormidad”. No puedo criticar que tenga esa opinión sobre la cuantía, pero sí que hace trampa cuando utiliza la expresión “déficit”. ¿Hablaría Molinas del déficit de la administración de justicia, del déficit de la Policía, del déficit de la casa Real o del déficit del ejército español o de nuestra diplomacia? Seguro que no. Podría hablar de suficiente o insuficiente financiación para mantener el nivel de provisión deseado de cada uno de esos bienes públicos. ¿Por qué lo hace entonces cuando habla de pensiones públicas? Sencillamente, porque las palabras tienen poder performativo, es decir, capacidad para conformar la realidad, y Molinas sabe perfectamente que si habla de déficit de las pensiones públicas lo que inmediatamente crea es una “realidad”: que se gasta en ellas más de la cuenta y, por tanto, que hay que gastar menos. Si se hablara de financiación insuficiente del sistema de pensiones, por el contrario, la conclusión sería diferente: hay que buscar más recursos si deseamos mantenerlo. No es que Molinas mienta con este argumento es que actúa como un auténtico trilero del lenguaje.

4. El último argumento –si es que se puede llamar así a lo que sostiene Molinas– es ya la guinda. En su opinión, la culpa de todo esto que pasa con las pensiones públicas es que hay un grupo social muy amplio en España, los baby boomers, que no sólo es la generación más numerosa de nuestra historia sino también la más egoísta y que, además, tiene “gran destreza en el lanzamiento de bolas de rodamiento con potentes tirachinas” o para abollar “los cascos de los policías”.

Decir que toda esta generación española ha logrado los derechos de los que disfruta mediante la violencia es algo tan exagerado y ruin (sabiendo, por ejemplo, que protagonizó una Transición tan pacífica como la española) que ofende a la inteligencia y es muy difícil de poner cuestión sin ofender, a su vez, a quien lo afirma. Por eso prefiero centrarme en algo que desliza entre líneas (o, mejor dicho, sostiene expresamente) Molinas y que es lo que me parece más peligroso de sus afirmaciones. Dice literalmente que esa generación ha impuesto sus preferencias al resto de los demás porque controla las urnas y que eso es algo que “España no puede permitírselo”.

El círculo se cierra: como las pensiones públicas son deseadas por una gran mayoría social que expresa esta preferencia en las urnas, lo que España no puede permitirse, en opinión de quienes no quieren pensiones públicas, es la democracia.

Este es el único momento del artículo en que Molina dice la verdad. La mayoría de la población expresa democráticamente en las urnas que desea el mantenimiento de las pensiones públicas y el Estado de Bienestar, y para ello es imprescindible un reparto más igualitario de la renta y la riqueza y políticas económicas diferentes. Es por eso que la democracia, para quienes no quieren asumir esa mayor equidad y el sacrificio que les supone reducir la desigualdad, es un estorbo que, como dice con total sinceridad Molinas, no se pueden permitir.

Es innegable que las pensiones públicas se encuentran hoy día en una situación de financiación insuficiente si su única fuente de ingresos son los salarios. Pero eso no ocurre porque se esté produciendo el cambio demográfico al que alude Molinas. Las pensiones públicas y el Estado de Bienestar están en peligro porque las políticas económicas que se vienen aplicando en las últimas décadas generan menos actividad económica, productividad más baja e ingresos más reducidos y peor repartidos. Si se cambian esas políticas (a costa, eso sí, de quienes ahora se benefician muy privilegiadamente de ellas), no habrá problemas en el futuro para financiar más y mejores pensiones.

Juan Torres López es economista. Miembro del Consejo Científico de Attac España y catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla.

Fuente:
http://ctxt.es/es/20180627/Firmas/20463/Juan-Torres-Lopez-Cesar-Molinas-pensiones-Espa%C3%B1a-Estado-de-Bienestar.htm

El sistema de pensiones chileno enriquece a las grandes empresas a costa de los jubilados

Meritxell Freixas

Público

El modelo de pensiones chileno instalado durante la dictadura de Pinochet obliga a los jubilados a buscar un trabajo para complementar las bajas pensiones que reciben cada mes.

A los 65 años, justo la edad establecida por la legislación chilena, Mario Villanueva decidió jubilarse. Después de 22 años ejerciendo como trabajador social en un hospital psiquiátrico, decidió apartar su labor como profesional del ámbito de la salud y dejar atrás las jornadas completamente dedicadas al trabajo. Sin embargo, no pudo abandonar definitivamente el mercado laboral porque su pensión no le permite llegar a fin de mes. Para complementar sus ingresos, da clases a la Universidad de Chile, en un diplomado de salud mental y psiquiatría comunitaria que, al menos durante un semestre, le permite vivir económicamente más tranquilo.

Mario cotizó durante más de 20 años (no fueron más porque la vida en la clandestinidad durante la dictadura no se lo permitió), por los que hoy recibe 245.000 pesos chilenos (330 euros), una cifra que no llega al sueldo mínimo en Chile (276.000 pesos chilenos, que equivalen a 370 euros). A pesar de que su salario como trabajador social llegaba a 1.200.000 pesos (más de 1.600 euros), lo que hoy ingresa como jubilado es menos del 25% de su salario, una cantidad absolutamente insuficiente considerando que Chile es uno de los países más caros de América Latina, con precios de los alimentos iguales o superiores a los de España u Holanda.

Como Mario, más de dos millones de pensionistas llegan a su última etapa vital inmersos en la precariedad de un sistema de previsión que, lejos de entregar tranquilidad y disfrute en los últimos años de vida, obliga a los ancianos y ancianas a buscarse la vida para sobrevivir. Profesores, funcionarios y empleados de todo tipo que se han pasado la vida trabajando, se ven obligados a seguir activos en el mercado laboral porque la cantidad que el Estado les entrega como pensión apenas llega al sueldo mínimo. Por eso, en Chile es habitual ver gente muy mayor pidiendo por la calle, vendiendo chocolates o pañuelos de papel en el transporte público, trabajando de porteros, o (en el caso de las mujeres) haciendo tareas de limpieza.

Una herencia de la dictadura
El actual sistema de pensiones del país suramericano es un legado más del macro-proceso de privatización instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Fue en 1981, de la mano del ministro de Trabajo de la época, José Piñera (hermano del actual presidente Sebastián Piñera), cuando se implementó un nuevo modelo provisional como parte de un paquete de medidas económicas importadas desde Estados Unidos por los llamados Chicago Boys, un grupo de tecnócratas formados al alero del padre del neoliberalismo, Milton Friedman.

“Antes teníamos un sistema de reparto de la seguridad social basado en más de 30 cajas de previsión según el sector productivo. No era perfecto, había algunas desigualdades muy notorias y algunas incongruencias, pero en términos generales el sistema se sostenía”, explica Carolina Espinoza, dirigente sindical de la Confederación de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam) y portavoz de la Coordinadora “No Más AFP”.

A pesar de que el dictador cuestionó la propuesta y dudó de aplicarla hasta el final, los jóvenes de la Escuela de Chicago lograron convencerle con la condición de mantener a las Fuerzas Armadas en el antiguo sistema de reparto. Un privilegio que los militares mantienen hasta hoy.

El modelo impuesto por Pinochet (y exportado a varios países del mundo) se basa en un sistema de ahorro privado a través del cual el trabajador contratado, deposita cada mes un 10% de su salario a una cuenta individual gestionada por entidades privadas del sector financiero conocidas como Administradores de Fondos de Pensiones (AFP).

Las AFP son empresas que, según establece la ley, invierten los ahorros de los contribuyentes en instrumentos del mercado financiero (acciones, depósitos a plazos, pagarés, monedas, etc.) para generar rentabilidad en el tiempo. El rendimiento de estos fondos, en base a las fluctuaciones del mercado, determina la cantidad de dinero que cada persona habrá acumulado cuando llegue el momento de su jubilación.

La pensión que se asigna no se define en función de las últimas remuneraciones, sino en base a una ecuación que considera el saldo total acumulado durante el período de ahorro, la expectativa de vida, las condiciones del mercado y la composición familiar.

En función de la edad, los ahorros se distribuyen en cinco tipos de fondos de distinto riesgo y rentabilidad. Mientras un joven de 18 años depositará su dinero en el fondo A, que rinde más pero también es más arriesgado, una persona de 60 lo invertirá en el E, que termina siendo como tener el dinero bajo la almohada: poca ganancia y poco riesgo. “Ha habido crisis financieras en las que hemos perdido los ahorros de todo lo depositado en la vida porque estamos sujetos a los vaivenes del mercado financiero”, lamenta Espinoza.

Las mujeres, peor
Según datos de la Fundación Sol, que estudia el mercado de trabajo y las pensiones en Chile, el 50% de las personas que jubilaron en noviembre de 2017 y que cotizaron durante 30 y 35 años, recibieron un promedio de 238.174 pesos (320 euros). Si el foco se centra sólo en las pensiones de vejez (sin contar la jubilación por invalidez u otros), la cifra promedio que recibe el 90% de los pensionistas de las AFP es de menos de 160.000 pesos (215 euros).

“Cuando se aplicó el modelo se dijo que la tasa de reemplazo (la pensión que se entrega en relación al salario) sería del 70%. Sin embargo, en el mejor de los casos, se alcanzan tazas que para los hombres llegan al 30% y para las mujeres no superan el 25%, y eso sólo corresponde a una minoría en el sector laboral de Chile, que tiene salario estable y permanente”, apunta la líder sindical.

Pero, si no llega al bolsillo de los abuelos y abuelas chilenas, ¿dónde va el dinero de los más de 10 millones de trabajadores afiliados al sistema, que supone más de 75% del PIB del país? Los principales beneficiarios del negocio de las AFP son los grandes grupos económicos del país, como la banca, y las transnacionales de sectores como la minería. La Fundación Sol estima que el 40% de los fondos de previsión se invierte en el extranjero y alrededor del 15% en grandes empresas nacionales, ya sea en bonos o acciones. El Estado es otro gran receptor de las inversiones, llegando a cerca del 25% del total de los fondos, mientras que el sector financiero recoge alrededor de un 20% de los ahorros de los trabajadores.

“Estamos dando una pelea de David contra Goliat porque las AFP son las dueñas del país y pueden comprar a todos los sectores políticos, manejan los capitales y los entregan a las grandes familias dueñas del país”, critica Carolina Espinoza.

Las cifras son aún más desalentadoras para las mujeres. La Fundación establece una diferencia del 42% entre las pensiones de unas y otros. Las mujeres que se jubilan antes (a los 60 años) y cobran menos durante su vida laboral, se agrupan en sectores económicos de menor remuneración y tienen una esperanza de vida más alta interrumpiendo su vida laboral para hacerse cargo del cuidado de hijos y abuelos, lo que genera interrupciones en el trabajo y, por lo tanto, más períodos sin cotizar.

Por eso, en el último tiempo han empezado a proliferar encuentros de mujeres que se reúnen para debatir sobre sus condiciones tras la jubilación, los efectos de la maternidad en la vida laboral y otros impedimentos que han dificultado la cotización a lo largo de su trayectoria.

Un sistema intocable
El sistema de pensiones es uno de los grandes pendientes de Chile, junto con la educación y la salud, para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía. “Ningún gobierno tras la vuelta a democracia no ha tenido la fuerza para generar cambios estructurales en el tema previsional, todo lo que se ha hecho ha sido en la lógica de modificar colateralmente y con medidas parche”, dice Carolina Espinoza.

La propuesta del presidente Sebastián Piñera no es una excepción y, a juzgar por su discurso durante la campaña, no impulsará modificaciones sustantivas al actual modelo. Su propuesta pasa por que el empleador aumente un 4% la cotización de sus trabajadores, pero sin tocar el modelo de negocio de las AFP. De hecho, seguirá responsabilizando a la ciudadanía de tener ingresos míseros por no haber trabajado suficiente, por haber destinado pocos recursos a su ahorro individual, o argumentando que la edad de jubilación es demasiado baja para acumular una pensión digna.

Pero ese discurso ya no sirve a los chilenos y chilenas. El modelo actual se ha ganado muchos detractores y su rechazo es transversal, en contra no sólo de las paupérrimas prestaciones que recibe la gente mayor, sino también del uso y destino de su dinero.

La sociedad chilena despertó y desde 2016 reclama cambios para volver al sistema de reparto solidario. El debate se ha instalado con fuerza en la agenda social, política y mediática, y las protestas han llegado a la calle con multitudinarias manifestaciones en todo el país. La próxima será el 22 de abril. La Coordinadora “No Más AFP” trabaja con una agenda intensa y en los próximos meses pretende aumentar la presión sobre los gobernantes convocando una huelga nacional e impulsando un proyecto de ley para cambiar un sistema que consideran obsoleto, humillante y profundamente injusto.

@MERITXELLFR

Fuente:
http://www.publico.es/economia/pensiones-chile-sistema-pensiones-chileno-enriquece-grandes-empresas-costa-jubilados.html

Las pensiones

¿Peligra el futuro de las pensiones? Miren Etxezarreta, miembro del seminari Taifa, asegura en ‘AR’ que se trata de una campaña mediática promovida desde las instituciones. “Esta campaña parte del capital financiero y está apoyada por el Banco Mundial”, comenta. Además, Miren asegura que el problema demográfico no es una excusa para que las pensiones suban menos que los precios. “El Estado español ha crecido mucho desde 1977 tenemos más que el doble de la riqueza que había, pero no hay más del doble de viejos”, afirma.



Entrevista | Juan Torres, catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla.

¿En qué consiste la reforma de las pensiones planteada ahora desde el gobierno del PP? ¿A quiénes afectará?
Esta reforma persigue exactamente lo mismo que todas las anteriores: disminuir su alcance y cuantía, hacer que la gente desconfíe cada día más en el sistema público a base de debilitarlo para que su ahorro (quienes tengan) se vaya yendo al sector privado e ir avanzando progresivamente hacia su privatización.

¿A qué objetivos crees que responde esta reforma? ¿Tiene alguna relación con los demás recortes del Gobierno central?
Reformas de este tipo se vienen haciendo en coyunturas de expansión. Por tanto, no están justificadas por la crisis. Es una mentira gigantesca afirmar que los gastos corrientes del estado ligados al bienestar social (educación, salud, pensiones, dependencia, etc.) son los que provocan la deuda. Los datos muestran que esos gastos corrientes han generado, por ejemplo desde 1989 una deuda que no llega ni al 15%. La diferencia hasta casi el 100% actual son los intereses financieros y la deuda suscrita para pagarlos.

¿Qué alternativas pueden plantearse para hacer más robusto el sistema público de pensiones?
Si se acepta que las pensiones públicas se financien con las cotizaciones sociales (también podrían financiarse mediante impuestos generales), para que el sistema tenga ingresos suficientes (como se ha demostrado en los años anteriores) basta con que haya un nivel de empleo aceptable y una distribución de la renta mínimamente equitativa. Otra mentira vergonzosa es hacer creer que la insostenibilidad del sistema de pensiones públicas deriva del aumento de nuestra esperanza de vida. Lo que de verdad lo puede hacer insostenible es el incremento continuado del paro y de la desigualdad entre salarios y rentas del capital.

¿Qué tipo de movimiento crees que necesitamos para frenar esta reforma e impulsar otras iniciativas alternativas?
La única posibilidad de frenar esta reforma y otras parecidas es que la población conozca sus razones y se enfrente decididamente a ellas, movilizándose en las calles y centros de trabajo y creando un sujeto político capaz de ganar elecciones y de poner en marcha otro tipo de políticas.

¿Hay una salida antineoliberal y anticapitalista a la crisis?
Para mí antineoliberal y anticapitalista es lo mismo porque creo que el neoliberalismo es simplemente el capitalismo de nuestra época. Y no es que haya una salida anticapitalista es que no puede haber otra. Las crisis son consustanciales al capitalismo. Basta conocer un poco la historia. Si se sale de esta (también la historia nos enseña que se sale de todas) vendrán otras. El capital le está dando salida a base de reforzar sus intereses y de dejar las cosas más o menos como estaban, salvo en cuanto a derechos laborales, lo que constituye la antesala de otras nuevas crisis. La alternativa es resolver esta crisis modificando las relaciones sociales, las formas de propiedad, el modo de producir y de consumir. Algo se ha avanzado en eso en algunos lugares pero a la vista está que no suficientemente. Ese es el reto.

Más sobre pensiones aquí:
http://www.juantorreslopez.com/?s=Pensiones&submit=Buscar+en+la+web

_- El lobby español que quiere dejarte sin pensiones

_- A José Piñera le salen los billetes por los ojos. También la desvergüenza. Cuando Chile era un sepulcro de opositores políticos, este acaudalado economista se encargaba de lavarle la cara al régimen genocida de Augusto Pinochet. Su objetivo: demostrarle al mundo que la dictadura podía ser muy feroz a la hora de torturar, pero extremadamente amable a la hora de privatizar. Desde su puesto de ministro de Trabajo, “Pepe” encabezó la reforma de las pensiones efectuada bajo el mando de los militares. Ocurrió en 1980. Desde entonces, jubilarse en Chile es algo así como sacarse un carné de pobre. Sobre todo si eres parte de ese mayoritario sector de la población que no disfruta de unos ingresos tan altos como los de Piñera.

Este exministro pinochetista —y hermano del nuevamente electo presidente de Chile, Sebastián Piñera— es un auténtico ídolo para los amantes de los fondos privados de pensiones a este lado del océano. Desde el BBVA hasta el diario El Mundo, pasando por el Círculo de Empresarios y hasta la Bolsa de Madrid, han adorado en algún momento de su vida al “padre de las pensiones privadas”. Al gurú de las jubilaciones para ricos y la miseria para pobres. Al reinventor de un invento más viejo que la rueda: si tienes muchos billetes de joven, seguirás teniéndolos de viejo. Solo hay que saber cuidarlos.

Los piñeristas españoles están hoy inmersos en una cruzada trascendental: convencer al Gobierno del PP de que la vía buena, la que todo demócrata de mercado debería defender, pasa precisamente por favorecer los fondos privados y, por consiguiente, recortar el sistema público.

En otras palabras, existen actualmente poderosos sectores de las finanzas que buscan una España en la que jubilarse (dignamente) sea solo un privilegio reservado para aquellas y aquellos agraciados que cobran auténticas millonadas. ¿Eres pobre? ¿Sufres la precariedad? Poco importa. Los piñeristas no son una ONG ni tienen compasión. Son ricos y quieren seguir siéndolo. A tu costa.

Hay trampa
El caballo de batalla se llama "fondo de pensiones" y genera todo tipo de lecturas desde el mundo académico. “Es un producto financiero que sirve para el ahorro privado con el objeto de que te sirva de previsión social. Eso sí, depende de tus ahorros. ¿Problema? Si no aportas lo suficiente, no tendrás pensión”, se responde a sí mismo Cristóbal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Jaén.

“Es un fondo que recoge dinero y lo invierte en activos financieros. De los rendimientos de esos activos paga un rendimiento a la gente, que puede entenderse como una pensión”, apunta por su parte Albert Recio, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona e integrante del Institut d’Estudis del Treball.

Durante los últimos meses, en medio de malas noticias sobre el futuro de las pensiones públicas, han crecido las suspicacias en torno a los intereses que giran alrededor de esos productos financieros. El escenario es casi idílico: si las jubilaciones de toda la vida corren serio riesgo de fallar mañana, entra dentro de toda lógica que los cotizantes de hoy hagan nuevos cálculos sobre el futuro que les espera. “Es normal que las ciudadanas y ciudadanos de a pie se sientan desconcertados”, señala Borja Suárez, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad (Editorial Lex Nova, 2014).

El experto incide en la estrategia del miedo que se ha instalado en torno a este tema. “Ante la perspectiva de recibir una pensión pública bastante inferior a la que está disfrutando hoy mi padre —subraya— es inevitable que considere necesario ir preparándome para compensarlo de alguna manera”.

Por tales motivos, Suárez advierte sobre la clara apuesta por parte del Gobierno del PP de “reducir el tamaño de las pensiones públicas y favorecer a las privadas”. “Se está creando una alarma para convertir la pensión privada en la alternativa a la pensión pública”, añade Cristóbal Molina.

Ahí entra en juego la letra pequeña. Los planes privados de ahorro tienen un tratamiento fiscal diferente, lo que permite a sus clientes desgravar en la Declaración de la Renta. Suena bien, sobre todo si tus ingresos son altos. Sin embargo, no pasa lo mismo si eres parte de esa mayoría que gana poco a cambio de trabajar mucho. “Los planes y fondos de pensiones pueden servir para aquellas personas que tienen un salario elevado. En otras palabras, puede ser razonable si tienes un salario de 30.000 o 40.000 euros anuales, pero resulta que el sueldo más frecuente en España está en torno a los 18.000 euros”, remarca Molina desde Jaén.

El catedrático recurre a los cálculos realizados por los mismísimos bancos para echar luz sobre tanta sombra: “Según las cifras provenientes de las entidades financieras, tienes que dedicar 7.000 euros de tu salario para poder tener acceso a una pensión media. Si tenemos en cuenta la media salarial en España, que incluso es más baja para los jóvenes, deberías dedicar prácticamente un tercio de tu salario al plan de pensiones”. En tal sentido, el también académico Borja Suárez destaca que, en el 75 % de los casos, las aportaciones que se realizan a los fondos de pensiones “no llegan a los 900 euros mensuales”, algo que califica como “una ridiculez de cara a una pensión futura”.

Estas cifras no conmueven a los lobbies financieros que promueven una reforma de las pensiones en España, y no precisamente para salvar a los asalariados pobres de hoy y jubilados aún más pobres de mañana. Mientras el Gobierno de Mariano Rajoy impulsa una serie de medidas para hacer más atractivas las jubilaciones privadas —desde rebajar las comisiones hasta ofrecer la posibilidad de disponer de los fondos acumulados en un plazo de diez años—, los insaciables jefes de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) entienden que esas ideas son insuficientes, por lo que su presidente, Ángel Martínez-Aldama, las ha criticado sin contemplación. Los empresarios del sector quieren más. Mucho más.

La presión también llega desde Unespa, la patronal de las aseguradoras. No en vano, desde sus oficinas se han aireado informes aterradores sobre el futuro que espera a la España pensionista. Su premisa es que mañana habrá más jubilados para repartir menos dinero, por lo que defiende abiertamente la vía privada como antídoto contra esa catástrofe. Aquí también conviene leer la letra pequeña: “Prácticamente todas las grandes aseguradoras tienen una parte que se dedica a la gestión de activos, entre los que se encuentran los fondos de pensiones”, advierte Recio.

En esa línea, la “comisión de expertos” creada hace ahora cuatro años por el Gobierno del PP para analizar el futuro de las pensiones contó con la participación de varios economistas íntimamente ligados a las aseguradoras, lo que en su momento levantó todo tipo de dudas y críticas por parte de los grupos políticos de la oposición. La situación llegó a tal punto que el presidente de dicha comisión “independiente”, Víctor Pérez-Díaz, tuvo que defender públicamente su libertad de actuación. El motivo: distintas informaciones mostraban su nexo de unión con Unespa y, por consiguiente, con los intereses en torno a las jubilaciones privadas.

Un premio muy especial
El lobby en defensa de los fondos privados cuenta con otro actor de lujo: el think tank Civismo. “España necesita un marco de estabilidad económica y social, cuyas bases se mantengan inalterables frente a los cambios motivados por la alternancia de los partidos políticos”, puede leerse en su manifiesto, disponible en su página web. Al cliquear en “quiénes somos”, aparecen nombres muy característicos de la derecha española: en su staff figuran la exdiputada del PP y actual directora del área Internacional de la fundación FAES Cayetana Álvarez de Toledo, el aristócrata Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, expresidente de Mercedes Benz y ahora alto comisionado del Gobierno para la Marca España.

En octubre del año pasado, Civismo convocó a sus socios y amigos a la entrega de premios Sociedad Civil 2016. Muchos de los invitados llegaron a bordo de coches incalculablemente caros, pero el principal agasajado llegó en avión. Tuvo que hacer un viaje largo, pero cómodo: no es lo mismo cruzar el Atlántico en los diminutos asientos de clase turista que en esas butacas confortables de primera. El pasajero que viajó hasta Madrid en business para recibir los aplausos del think tank español tenía acento chileno y había trabajado para Pinochet. Su nombre: José Piñera. Su logro: privatizar las pensiones de su país. Su receta: hacerlo también en España.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/pensiones/lobby-espanol-pensiones

Entrevista a Henri Sterdyniak, especialista francés en sistemas de jubilación. “El plan es bajar un 20 % las pensiones”

"El sistema francés que Macron quiere reformar es generoso. Los jubilados franceses tienen el mismo nivel de vida que el conjunto de la población, entre ellos hay pocos pobres, muchos menos que en Alemania"

PARÍS - En Francia todavía hay grandes centros de estudios económicos independientes del interés privado. Casi una rareza europea. Creado en 1981 por el gobierno y vinculado a la universidad, el Observatorio Francés de Coyunturas Económicas (OFCE) es uno de ellos. El economista Henri Sterdyniak es director de departamento del OFCE y uno de los mayores especialistas en sistemas de jubilación. En esta entrevista explica el funcionamiento del sistema francés y las propuestas para su reforma.

P- ¿Cuál es la especificidad del sistema de pensiones francés en el contexto europeo?
Que es completamente público y relativamente generoso, porque los jubilados tienen más o menos el mismo nivel de vida que el conjunto de la población y entre ellos hay un nivel de pobreza muy bajo. La peculiaridad de Francia para los trabajadores del sector privado es que hay un régimen general al que si se le suman los regimenes complementarios decididos por sindicatos y patronal en acuerdos de empresa, que son igualmente públicos y obligatorios, hace que, en general, las pensiones de jubilación sean satisfactorias.

P-¿Qué diferencia con los alemanes?
Que en Francia el nivel de vida de los jubilados es el mismo que el resto de la población mientras que en Alemania son mucho más pobres, con un nivel de vida que representa el 80% del resto de la población. Desde las reformas Hartz (2002, aplicadas entre 2003 y 2005 en la llamada "Agenda 2010" del canciller Schröder) se desarrolló un sistema privado, por capitalización, mientras que Francia se ha mantenido en un sistema completamente público y social.

P- ¿Esa diferencia explicaría la insistencia alemana en recuperar todas las deudas bancarias, porque, entre otras cosas, esas deudas contienen los dineros de las capitalizaciones de las pensiones que se invirtieron en ciertas aventuras…?
Sí, los franceses no pusieron las pensiones en el mercado financiero…

P- Además, hay otra tendencia demográfica…
Los franceses tienen dos niños por mujer por lo que tenemos una degradación demográfica mucho menor que otros países europeos como España y Alemania. Por eso tenemos una perspectiva de jubilación mejor que otros.

P- ¿O sea, que ese sistema que usted califica de "generoso" es, además, sostenible?
El sistema de pensiones tiene que adaptarse, en parte, a la evolución demográfica, pero además hay una opción social que consiste en decir cuánto hay que hacer pagar a los activos para pagar las pensiones. Cuando la población se mantiene estable es más fácil que cuando disminuye y en el caso francés se puede continuar pagando sin problemas. La opción social consiste en decidir que hay que continuar pagando para que la gente viva satisfactoriamente cuando se jubila.

P-¿Cuáles son las propuestas de cambio del sistema francés en esta campaña?
En Francia la edad de jubilación es de 62 años y para tenerla plena hay que haber trabajado 42 años. Le Pen, como antes Mélenchon, dice que hay que volver al sistema de 60 años tras 40 de trabajo, lo que es muy caro. El candidato de derechas, Fillon, decía que había que pasar rápido a la jubilación a los 65 años. El programa de Macron es reemplazar el actual sistema de cotizaciones por un sistema nacional de puntos. Es la reforma que se hizo en Italia y en Suecia. Se considera que acumulas un patrimonio y al jubilarte se valora tu esperanza de vida según tu fecha de nacimiento y se te da una pensión acorde al valor que acumulas. Se parece a un sistema por capitalización, pero es una capitalización nacional. Es una gran reforma para unificar el sistema. El problema es que hay un periodo transitorio muy complicado de administrar, porque si tienes 50 años has cotizado 25 en un sistema y hay que recalcular tus derechos en otro sistema. Además en el sistema francés hay muchos dispositivos llamados "de solidaridad" que dan derechos a las mujeres que tienen hijos, a los parados, a los enfermos, derechos suplementarios a quienes tuvieron salarios bajos, a los que comenzaron a trabajar muy jóvenes y a quienes tuvieron condiciones de trabajo particularmente duras… Así que hay que replantear todo eso, y ese es el motivo por el que Macron dice que habrá que pensarlo durante 5 años.

P-¿Es socialmente regresivo?
Seguramente sí, porque los mecanismos de solidaridad desaparecerán. Además, cuando llegas a los 60 años, tu esperanza de vida no es la misma si has sido obrero o cuadro. Eso se borra y se considera que a los 60 todos pueden seguir trabajando y si quieres jubilarte tendrás una pensión miserable por lo que hay un riesgo de que sea injusto.

P- Si el actual sistema con tantos matices funciona bien ¿Por qué cambiarlo?
Porque es caro y la idea es ahorrar con las pensiones. Supone el 15% del PIB, es decir más caro que en Alemania (11%), y que en España (11,5%). En Italia supone el 16,5% del PIB. La solución propuesta es bajar el nivel de las pensiones y de los salarios para ser más competitivos.

P-¿Cuál es la exigencia de la UE a este modelo francés?
Quieren que bajemos las pensiones alrededor de un 20% y que aumentemos la edad de jubilación a los 65 años y luego estirarla hasta los 67. Bajar el nivel de las pensiones para bajar las cotizaciones de las empresas a efectos de competitividad. No quieren que aumentemos las cotizaciones.

P-¿Está eso reflejado en el programa de Macron?
Sí, porque aunque él se mantiene en la jubilación a los 62 años, al pasar a su sistema de cuenta nacional, como poco a poco la gente llegará a la jubilación con una esperanza de vida mayor, eso hará bajar automáticamente el nivel de las pensiones. Como en Suecia,　 se le dirá a la gente: puedes optar por jubilarte entre los 60 y los 70 años. Pero si lo haces a los 60 te dicen que tienes una esperanza de vida de 28 años, así que tu pensión será muy baja y si la quieres alta tienes que trabajar hasta los 65 o 70 años.　 Es un sistema que obliga a la gente a elegir el momento de jubilarse.

P- Macron habla también del "seguro de paro universal" ¿Qué quiere decir?
Actualmente el seguro de paro (en general el 57% del sueldo) está gestionado por sindicatos y patronal. Las empresas cotizan un 4% y los trabajadores un 2,4%. Solo los asalariados tienen derecho. Macron quiere nacionalizar el subsidio de paro y extenderlo a los autónomos. Quiere suprimir el 2,4% de los trabajadores y reemplazarlo por un impuesto del 1,7% para todo el mundo. El problema es que ya no serán los agentes sociales quienes gestionaran la seguridad social, lo que no gusta a los sindicatos, y que no se sabe cómo será gestionado todo eso.

P – La gran propuesta social de Macron es la eliminación del impuesto sobre la vivienda "para el 80% de los franceses".
Macron quiere suprimir el impuesto sobre las fortunas (ISF) y reducir fuertemente los impuestos sobre la renta del capital. Para compensar eso, propone suprimir el impuesto de vivienda para el 80% de la población. Es verdad que ese impuesto es socialmente injusto, pero eliminarlo dañará mucho a los ayuntamientos, que viven de él. Sería mejor reducir los impuestos inmobiliarios, que en Francia son muy altos, y aumentar el IRPF. En lugar de eso se focaliza el impuesto sobre la vivienda para compensar el gran vector de su programa.

Fuente:
http://lirelactu.fr/source/la-vanguardia/573e598c-5c84-4a80-bc94-56521f567c3f

_--A veces Roma si paga...

_-Miguel Ángel García (tercero por la izquierda), junto al resto de expertos durante la presentación por parte de la ministra Fátima Bañez, en primer plano, del informe que avaló en junio de 2013 la propuesta del Gobierno sobe sostenibilidad del sistema de pensiones. / Efe

Hay que afrontar los hechos que queman, que duelen. Algunos pueden pensar que la realidad se puede ignorar o enmascararse para que nadie la utilice en tu contra. Desgraciadamente las puertas giratorias están más extendidas de lo que parece y alcanzan alguna vez a las organizaciones obreras. Son ellas las que tienen que hacer el relato de lo sucedido, sin esperar a que otros lo hagan para desprestigiarlas. Repugna el arribismo, pero eso no es lo más importante; sí lo es llamar a las cosas por su nombre y sacar lecciones para el futuro. Hay que aprender a mirar lo que antes no se era capaz de ver. Y recordar, porque el olvido es la auténtica derrota. Por ello, hay que rasgar el velo y que se sepa la verdad.

La nota de la agencia oficial de noticias sobre el último Consejo de Ministros es muy lacónica: “El Gobierno ha nombrado nuevo director general de Ordenación de la Seguridad Social a Miguel Ángel García Díaz, a propuesta de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). García Díaz formó parte del comité de expertos que designó el Gobierno cuando realizó la reforma de las pensiones en 2013 y, actualmente, era experto en políticas públicas y mercado de trabajo en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)”.

Lo que no dice la nota es que era el representante de un sindicato, CCOO, en aquel grupo de expertos que promovió la reforma de las pensiones hace tres años. Un grupo que estaba dominado por “expertos” con intereses nada asépticos, hasta el punto de que ocho de doce habían estado al servicio de las entidades financieras y compañías de seguros. Una reforma que significó importantes recortes al desvincular la subida de las pensiones del IPC y ligarla a las cuentas de la Seguridad Social; al reducir la pensión inicial con el argumento de considerar la esperanza de vida; y al adelantar los plazos de entrada en vigor del alargamiento de la edad de jubilación y de los nuevos sistemas de cálculo más lesivos para los trabajadores. Con el llamado ‘factor de sostenibilidad’ se reducían automáticamente las pensiones actuales y futuras en relación al salario medio: un robo enmascarado en una fórmula compleja.

Entonces, el ahora director general de Ordenación de la Seguridad Social, votó a favor de aquella reforma, a pesar de estar allí por ser el jefe del gabinete técnico del sindicato. El escándalo fue mayúsculo en su momento y algunos lo denunciamos, como el Sector Crítico de CCOO y el Gabinete Interfederal (los mismos compañeros de García) que criticaron en duros términos tanto el “paradójico y escandaloso” voto del director del gabinete económico como la tibieza de la primera respuesta de CCOO. A juicio de los miembros del Gabinete Interfederal (integrado por abogados, economistas y sociólogos), el voto de su compañero contradecía la posición oficial del sindicato y calificaban de “inconstitucional la supresión, a golpe de decreto ley, de la actualización automática de las pensiones según el IPC”. Finalmente CCOO no avaló aquella agresión a los trabajadores, como tampoco lo hizo UGT, pero el voto favorable del representante de CCOO manchó al sindicato y creó alarma social entre sus afiliados.

Es verdad que estas cosas le pueden pasar a cualquier organización, pero hay varios elementos para reflexionar. Por un lado, nunca quedó suficientemente claro cómo fue posible aquella firma de la vergüenza de un técnico del sindicato sin haber informado a sus superiores sindicales. Por otro, cómo no fue más contundente CCOO a la hora de defenestrar públicamente a quien había faltado a la debida lealtad a los trabajadores y a la organización. Por último, que la puerta giratoria se haga hacia el gobierno del PP es más grave aún que si se realiza hacia una empresa. Es, por ello, un elemento de provocación de la ministra Báñez y del propio Rajoy el nombramiento de un economista corriente -cuyo principal mérito era representar al sindicato- para que le tengan enfrente sus antiguos compañeros cuando vayan a negociar el presente y el futuro de las pensiones.

Este nombramiento se produce en vísperas de la movilización convocada por los sindicatos CCOO y UGT en contra de los recortes del Gobierno y por la recuperación de derechos. En mi opinión, no es una casualidad, sino un auténtico casus belli que expresa las auténticas intenciones del gobierno. Si empieza así, poco pueden esperar los sindicatos de cualquier proceso de negociación.

Los sindicatos son necesarios siempre. Más aún cuando aparece al desnudo la lucha de clases, y son tiempos de sobre explotación, paro, precariedad y desarticulación del Derecho del Trabajo y del Estado de Bienestar. Es repugnante la sistemática campaña antisindical que realiza el neoliberalismo, pero acaba calando en sectores de trabajadores al apoyarse en los errores que puedan comenter, su pasividad o impotencia. La única manera de conseguir avanzar en la restitución de derechos laborales y sociales es recuperando su prestigio y apostando por una potente movilización unitaria y sostenida, algo que apenas ha comenzado el 18 de diciembre. Para que tengan éxito, deben ser capaces de convencer y emocionar a los trabajadores y trabajadoras, obteniendo de nuevo su confianza. Para ello, un tema nada menor es practicar lo que decían los viejos revolucionarios: elegir para representar al sindicato a los más honrados y vigilarles como si fueran ladrones. La necesidad de la reconstrucción del sindicalismo de clase es una urgencia ética y política.

Fuente:  https://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/12/20/veces-roma-paga/1762

Entrevista a Andrej Hunko, diputado de Die Linke. "Cuando la Alemania que rechaza indemnizar a los griegos víctimas de la Wehrmacht paga las pensiones a los fascistas españoles de la misma Wehrmacht".

Yorgos Mitralias

Corría la segunda semana del octubre pasado cuando la noticia cayó en España como una bomba: Alemania paga -¡aún hoy!- las pensiones a los fascistas españoles que combatieron al lado de la Wehrmacht en Estalingado. Tras esta revelación, uno tras otro, casi todos los periódicos españoles desenterraban las semanas durante el pasado doloroso y dedicaban numerosos artículos a la infame División Azul y sus 37.000 voluntarios que, con la bendición del dictador Franco, fueron hace 73-74 años a Rusia para echar una mano a la Alemania nazi y a su intento de aplastar el… bolchevismo.

El protagonista, pero también responsable de este retorno inesperado a un pasado que creíamos definitivamente exorcizado, es Andrej Hunko, el diputado de Die Linke, que ha revelado el escándalo por su iniciativa de pedir explicaciones a la canciller Merkel. Conocedores de la lucha del amigo Andrej por la defensa de los derechos del pueblo griego, osamos decir que la primera motivación de sus cuestiones parlamentarias al Gobierno alemán no eran hacer revelar a la opinión pública uno, sino más bien dos escándalos: Ése bien visible del pago por el Estado alemán de las pensiones a los fascistas españoles, pero también otro menos visible, ¡el del rechazo permanente del Estado alemán a indemnizar a los ciudadanos griegos víctimas de las atrocidades nazis!

Desgraciadamente, la noticia de que el Gobierno alemán pague a los fascistas españoles que lucharon al lado de la armada nazi (1) cuando al mismo tiempo rechaza obstinadamente pagar las indemnizaciones a las víctimas griegas de la misma armada nazi, no parece haber provocado emoción alguna ni entre las autoridades ni entre los medios griegos. Ninguna reacción, y peor, absolutamente nada para informar a la opinión pública griega. Solamente un silencio total y ensordecedor...

Sin embargo, este escándalo de escándalos no puede quedar sin continuación. Así, ya que concentra y combina en sí todos los problemas de nuestro tiempo, el pasado de pesadilla con un presente y un futuro no menos amenazantes, nos compete a todos estos ciudadanos griegos, alemanes y españoles que se sienten directamente interesados, darle la continuación que merece. Y el primer paso en esta dirección es la entrevista que sigue. Dando la palabra a Andrej Hunko esperamos que, esta vez, se rompa el muro de silencio y las reacciones estén a la altura de unas circunstancias tan críticas...

Entrevista a Andrej Hunko, diputado de Die Linke, que ha revelado este escándalo
-Yorgos Mitralias: ¿Cuáles han sido las preguntas parlamentarias que has dirigido al Gobierno alemán sobre las pensiones que sigue pagando a los veteranos españoles de la División Azul y cuál ha sido la respuesta oficial de este Gobierno?

-Andrej Hunko: Nuestras preguntas al Gobierno alemán sobre los pagos a antiguos miembros de la División Azul iban sobre la suma pagada y el número de personas que se han beneficiado. Queríamos saber la suma de dinero que Alemania paga a estos colaboradores de los nazis y cuál ha sido la evolución de esta suma desde que el acuerdo bilateral relativo a este affaire fue firmado en 1962 y ratificado en 1965.

Las respuestas han arrojado luz sobre el hecho de que Alemania continúa a día de hoy pagando más de 100.000 euros al año a 41 antiguos miembros de la División Azul, así como a nueve supervivientes de sus familias. Es probable que esta suma haya sido mucho más importante en el pasado, puesto que la División Azul existe desde hace más de 70 años y muchos de sus guerrilleros han muerto. Sin embargo, el Gobierno no nos ha dado las cantidades concretas para todo este periodo. Habrá que investigar en los archivos públicos para poder conocer las sumas exactas.

El Gobierno alemán nos ha dicho también que no espera poner fin a estos pagos.
-Y.M.: Ahora sabemos que el acuerdo sobre la atribución de pensiones a los veteranos de la División Azul concluyó en 1962 entre la Alemania Federal del canciller Adenauer y el Gobierno del dictador Franco quien, a cambio, aceptó hacer los mismo, es decir, pagar las pensiones a los veteranos de la Legión Cóndor nazi, responsable de numerosos crímenes de guerra durante la guerra civil española, entre ellos la destrucción de la ciudad vasca de Gernika. Ahora, o sea solamente algunos días tras el 40º aniversario de la muerte de Franco (20 de noviembre de 1975), sería útil recordar que el mismo régimen de Franco que firmó este acuerdo con la Alemania Federal en 1962 ofreció asilo a nazis notorios como por ejemplo Otto Skorzeny o Léon Degrelle (2) hasta su muerte. ¿Crees tú que el acuerdo de 1962 es emblemático de las "afinidades electivas" existentes entre el régimen de Franco y la Alemania Federal de después de la guerra?

-Andrej Hunko: Yo creo que esta hipótesis es justa. Sin embargo, no refleja solamente las relaciones de la Alemania de después de la guerra con el régimen fascista de Franco. Yo pienso que podemos ver ahí la prueba de la continuidad del personal nazi en la administración pública, las fuerzas armadas, y los servicios secretos de la Alemania tras la guerra. En numerosos casos la desnazificación ha sido inexistente, ya sea muy limitada y numerosos puestos han sido ocupados por nazis notorios en determinados casos. Por dar un ejemplo, uno de los casos más célebres ha sido el de Reinhard Gehlen, que fundó el servicio secreto BND de la Alemania Federal.

Visto desde este ángulo, no es una sorpresa que la Alemania del Gobierno Adenauer haya firmado tal acuerdo con la España de Franco. Naturalmente, esto no lo hace menos nauseabundo.

-Y.M.: ¿Cuál ha sido el impacto en Alemania de vuestras preguntas parlamentarias y de la respuesta del Gobierno alemán? Ha habido reacciones que relacionen este affaire escandaloso con el rechazo permanente de los gobernantes alemanes a pagar las reparaciones y las indemnizaciones al Estado griego y a los ciudadanos griegos víctimas de las atrocidades nazis?

-Andrej Hunko: Evidentemente, hemos intentado hacer esta aproximación en nuestros comentarios a las respuestas del Gobierno alemán. Para mí es un escándalo que la Alemania de hoy rechace pagar las compensaciones y las reparaciones a las víctimas. No ha reembolsado ni siquiera el préstamo forzado que Alemania impuso a Grecia durante la ocupación. Basta un vistazo a los argumentos utilizados por el Ministerio alemán de Asuntos Exteriores para justificar el no reembolso, para constatar que son escandalosos.

Por otro lado, la gente que combatió voluntariamente con la Wehrmacht en la guerra de exterminio que llevó a cabo en Europa del Este continúan aún hoy siendo pagados por Alemania. Me parece incomprensible.

Sin embargo, las reacciones de los medios alemanes han sido bien limitadas. Han hablado de las respuestas del Gobierno, pero no ha habido debate en torno a esta cuestión. Creo que la reacción de los medios españoles ha sido mucho más importante. Una razón podría ser que la dictadura fascista en España terminó mucho más recientemente que la de Alemania.

-Y.M.: ¿Qué dirías si los activistas y los movimientos sociales griegos, españoles y alemanes dan continuación a este affaire escandaloso? ¿Crees que sería útil y posible emprender tal iniciativa?

-Andrej Hunko: Sí, ciertamente. Hemos dado un paso a nivel parlamentario planteando esta pregunta en el Parlamento Europeo en colaboración con Josu Juaristi Abaunz del País Vasco, que es miembro del grupo parlamentario de la Izquierda Unida Europea-Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL). Estamos trabajando actualmente para recoger más elementos sobre los pagos a los voluntarios fascistas y la ausencia de compensaciones a las víctimas de la guerra y de la ocupación. Creo que la asociación de los activistas en este affaire sería no sólo un importante símbolo de solidaridad internacionalista, sino que podría finalmente contribuir a que se haga justicia con todos los que han sufrido la tiranía fascista o que han luchado contra ella.

Notas
1. Ver el artículo (en griego): http://contra-xreos.gr/arthra/928-1936-2015.html
2. Otto Scorzeny era un oficial de las SS conocido por sus misiones audaces, entre ellas la liberación de Mussolini en 1943. Léon Degrelle fue el fundador y el jefe del movimiento fascista belga Rex, antes de encabezar la División SS Valonia sobre el frente del Este.

Pensiones amenazadas. Rajoy mantiene su previsión y como los ludópatas en el casino ha doblado la apuesta anticipando unos ingresos en 2016 de 117.000 millones de euros

El Gobierno de Mariano Rajoy desde 2012 ha inflado sistemáticamente los ingresos en los presupuestos. Esa ha sido una de las causas principales para incumplir los objetivos de déficit todos los años de la legislatura y de que la deuda pública supere la psicológica cifra del billón de euros. Pero lo de 2016 no tiene precedentes en la historia de la democracia. Hasta Syriza hace presupuestos más creíbles que Rajoy.

El agujero más preocupante está en la Seguridad Social, fuente de la que se nutre el pago de pensiones del que dependen nueve millones de españoles. Para 2015 el Gobierno presupuestó un crecimiento del 7% de las cotizaciones sociales que supondrían una recaudación de 110.000 millones. Entre enero y julio los ingresos han crecido un anémico 0,8% y cerrarán el año con una recaudación próxima a los 100.000 millones de euros.

Lo que mandan los manuales y el principio de prudencia de un país desarrollado como nuestra querida España es que al realizar el presupuesto de 2016 se corrigiera la desviación y se fuera al Parlamento a explicar a los ciudadanos las causas del error y las medidas para corregirlo. Pero Rajoy mantiene su previsión y como los ludópatas en el casino ha doblado la apuesta anticipando unos ingresos en 2016 de 117.000 millones de euros.

Cuando Rajoy llegó a la Moncloa se encontró 70.000 millones en la hucha de las pensiones. Cuando abone la paga extra de diciembre cerrará 2015 por debajo de 40.000 millones. El déficit de la Seguridad Social supera los 30.000 millones y a la hucha le queda un año. ¿Y después?

Fraga nunca apoyó el desarrollo del sistema de pensiones público. Aznar sigue obsesionado desde FAES con cargárselo y sustituirlo por un sistema de capitalización que acabaría con la solidaridad y dejaría en la pobreza severa a cinco millones de pensionistas, aunque nunca se atrevió a cambiarlo. Pero ha sido Rajoy el que conseguirá lo que sus antecesores no lograron con la misma táctica que Reagan y los neocon. Las ha congelado desde 2012, ha permitido un déficit crónico y, si vuelve a gobernar, dirá que no hay otra alternativa que reformarlo y recortar nominalmente las pensiones.
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2015/08/05/actualidad/1438799312_290976.html

La hucha de las pensiones sólo da ya para tres meses

Rajoy le ha dado un hachazo de más de 41.000 millones de euros en lo que va de legislatura y para 2016 prevé otros 6.000. La mala calidad del empleo y el descenso de los salarios impiden que la Seguridad Social equilibre su presupuesto.

La creación de empleo de la que alardea el Gobierno no está contribuyendo a equilibrar el presupuesto de la Seguridad Social, que desde 2012 cierra con déficit año tras año. Las cotizaciones de trabajadores y empresarios son suficientes para cubrir el coste mensual de las pensiones, pero no las pagas extraordinarias de julio y diciembre, ni las retenciones a cuenta del IRPF que hay que ingresar en Hacienda.

De ahí que Mariano Rajoy venga recurriendo de forma sistemática al Fondo de Reserva, constituido en 2000 con el fin de tener un colchón cuando se empiece a jubilar la cuantiosa generación del baby boom a mediados de la próxima década.

Ese uso de la conocida popularmente como hucha de las pensiones tiene poca relación con su concepción original, lo que no ha impedido que el Gobierno le haya dado un hachazo de más de 41.000 millones de euros durante la legislatura. Como consecuencia de ello, el fondo dispone ahora de 39.520 millones, muy por debajo de la cifra con la que contaba al cierre de 2011.

Los Presupuestos Generales del Estado prevén para el año que viene un nuevo mordisco, esta vez algo más moderado: unos 6.283 millones, aunque todo depende de que lo que suban las aportaciones por cuotas, muy perjudicadas por la baja calidad del empleo y por la caída de los salarios.

De tres trimestres a uno
La hucha de la pensiones podría acumular ya más de 100.000 millones de euros si el Gobierno hubiera continuado nutriéndola en vez de drenarla para compensar los déficit de los últimos años, que son fruto en buena medida de la brutal destrucción de empleo derivada de la crisis y de las políticas que han contribuido a facilitarla. Esos 100.000 millones darían, en números redondos, para pagar cubrir tres trimestres, mientras que el dinero que queda actualmente en el fondo llegaría a duras penas para sufragar uno. Algunos expertos, además, advierten de que o se acaba con el deterioro del mercado laboral o el fondo corre serio peligro de agotarse antes de 2020, en vísperas del fuerte aumento de beneficiarios por el que fue creado.

De todas formas, la hucha de las pensiones no ha sido utilizada sólo para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social, sino también para financiar al Estado en la época en que más reacios eran a hacerlo nuestros habituales prestamistas, a pesar incluso de la existencia de una elevada prima de riesgo. La política de inversiones del fondo, no obstante, es en general muy conservadora, lo que le ha permitido capear con éxito el temporal de la crisis y obtener rentabilidades superiores a otros operadores.

Desde 2001, en que se le dotó con los primeros 600 millones de euros, ha ganado unos 24.000 millones comprando y vendiendo activos. El fondo tiene vetado actuar en el mercado de renta variable, por razones de seguridad y porque su potencia podría ser muy perturbadora para la Bolsa española.

Según datos oficiales correspondientes a junio de este año, de las pensiones de la Seguridad Social dependen 9.293.058 españoles, casi una cuarta parte de la población total. La mayoría de ellos (concretamente, 5.632.018) están jubilados; 2.351.794 cobran por viudedad; 930.888 sufren una incapacidad laboral permanente, y 330.342 son huérfanos.

El presupuesto para 2016 ronda los 135.000 millones, de los que 83.561 irán destinados a las pensiones de jubilación, con un coste medio por beneficiario que no llega a los 15.000 euros anuales.
Vicente Clavero. Público.es
Fuente: http://www.publico.es/economia/hucha-pensiones-da-ya-tres.html

El Gobierno usa otros 8.000 millones del Fondo de Reserva de las pensiones

La Seguridad Social ha sacado 8.000 millones de euros del Fondo de Reserva de las pensiones. Ante el déficit persistente del instituto público, el Ministerio de Empleo lleva recurriendo a la hucha de las pensionesdesde 2012 para pagar las pensiones. En cambio, esta es la ocasión que más dinero saca de una sola tacada.

En los últimos tres años, la Seguridad Social ha recurrido al Fondo de Reserva en repetidas ocasiones, que suelen coincidir con las pagas extraordinarias de julio y de diciembre. Sin embargo, hasta ahora no había tenido que usar 8.000 millones de golpe. Por ejemplo, en julio, recurrió a la hucha en dos ocasiones: una, el primer día del mes, cuando sacó 5.500, y otra, el vigesimoprimero, en que apenas tocó 500 millones.

La cantidad utilizada en esta ocasión viene a coincidir casi milimétricamente con el monto total de la nómina mensual, que el mes pasado ascendió a 8.078 millones.

Con esta última operación, el Fondo de Reserva ha quedado menguado hasta los 42.675,98 millones, cantidad equivalente a un 4,07%, según apunta la Seguridad Social en un comunicado.

En él, explica el instituto público que diciembre suele ser un mes de fuertes necesidades financieras, puesto que tiene que hacer frente al pago de la mensualidad normal y a la paga extra de Navidad.

La destrucción de empleo y, en consecuencia, la caída de ingresos de la Seguridad Social ha llevado al instituto público a tener déficit desde 2011. Los números rojos de ese año se pudieron cubrir con el remanente de la Tesorería, pero ya en 2012, el instuto público tuvo que echar mano de lo ahorrado durante la época de crecimiento. En principio, lo que se utilizó fue el dinero acumulado en el Fondo de Prevención, el dinero sobrante de las cotizaciones de accidentes y bajas laborales. Ya a finales de ese ejercicio, el Ministerio de Empleo recurrió al Fondo de Reserva. Y en 2013 tuvo que volver a hacerlo, en concreto el año pasado usó 11.648 millones de euros.

Lo más probable es que el recurso a la hucha de las pensiones continúe en los próximos años. En el presupuesto del año que viene, el Gobierno vuelve a contemplar mayores gastos que ingresos en el sistema de pensiones. Y no será el último. En un informe emitido la semana pasada sobre el índice de revalorización anual de las pensiones, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pronosticaba que el desequilibrio entre ingresos y gastos, en favor de estos últimos, se mantendría, al menos, hasta 2020.
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2014/12/01/actualidad/1417460231_842887.html