_-Miguel Ángel García (tercero por la izquierda), junto al resto de expertos durante la presentación por parte de la ministra Fátima Bañez, en primer plano, del informe que avaló en junio de 2013 la propuesta del Gobierno sobe sostenibilidad del sistema de pensiones. / Efe
Hay que afrontar los hechos que queman, que duelen. Algunos pueden pensar que la realidad se puede ignorar o enmascararse para que nadie la utilice en tu contra. Desgraciadamente las puertas giratorias están más extendidas de lo que parece y alcanzan alguna vez a las organizaciones obreras. Son ellas las que tienen que hacer el relato de lo sucedido, sin esperar a que otros lo hagan para desprestigiarlas. Repugna el arribismo, pero eso no es lo más importante; sí lo es llamar a las cosas por su nombre y sacar lecciones para el futuro. Hay que aprender a mirar lo que antes no se era capaz de ver. Y recordar, porque el olvido es la auténtica derrota. Por ello, hay que rasgar el velo y que se sepa la verdad.
La nota de la agencia oficial de noticias sobre el último Consejo de Ministros es muy lacónica: “El Gobierno ha nombrado nuevo director general de Ordenación de la Seguridad Social a Miguel Ángel García Díaz, a propuesta de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). García Díaz formó parte del comité de expertos que designó el Gobierno cuando realizó la reforma de las pensiones en 2013 y, actualmente, era experto en políticas públicas y mercado de trabajo en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)”.
Lo que no dice la nota es que era el representante de un sindicato, CCOO, en aquel grupo de expertos que promovió la reforma de las pensiones hace tres años. Un grupo que estaba dominado por “expertos” con intereses nada asépticos, hasta el punto de que ocho de doce habían estado al servicio de las entidades financieras y compañías de seguros. Una reforma que significó importantes recortes al desvincular la subida de las pensiones del IPC y ligarla a las cuentas de la Seguridad Social; al reducir la pensión inicial con el argumento de considerar la esperanza de vida; y al adelantar los plazos de entrada en vigor del alargamiento de la edad de jubilación y de los nuevos sistemas de cálculo más lesivos para los trabajadores. Con el llamado ‘factor de sostenibilidad’ se reducían automáticamente las pensiones actuales y futuras en relación al salario medio: un robo enmascarado en una fórmula compleja.
Entonces, el ahora director general de Ordenación de la Seguridad Social, votó a favor de aquella reforma, a pesar de estar allí por ser el jefe del gabinete técnico del sindicato. El escándalo fue mayúsculo en su momento y algunos lo denunciamos, como el Sector Crítico de CCOO y el Gabinete Interfederal (los mismos compañeros de García) que criticaron en duros términos tanto el “paradójico y escandaloso” voto del director del gabinete económico como la tibieza de la primera respuesta de CCOO. A juicio de los miembros del Gabinete Interfederal (integrado por abogados, economistas y sociólogos), el voto de su compañero contradecía la posición oficial del sindicato y calificaban de “inconstitucional la supresión, a golpe de decreto ley, de la actualización automática de las pensiones según el IPC”. Finalmente CCOO no avaló aquella agresión a los trabajadores, como tampoco lo hizo UGT, pero el voto favorable del representante de CCOO manchó al sindicato y creó alarma social entre sus afiliados.
Es verdad que estas cosas le pueden pasar a cualquier organización, pero hay varios elementos para reflexionar. Por un lado, nunca quedó suficientemente claro cómo fue posible aquella firma de la vergüenza de un técnico del sindicato sin haber informado a sus superiores sindicales. Por otro, cómo no fue más contundente CCOO a la hora de defenestrar públicamente a quien había faltado a la debida lealtad a los trabajadores y a la organización. Por último, que la puerta giratoria se haga hacia el gobierno del PP es más grave aún que si se realiza hacia una empresa. Es, por ello, un elemento de provocación de la ministra Báñez y del propio Rajoy el nombramiento de un economista corriente -cuyo principal mérito era representar al sindicato- para que le tengan enfrente sus antiguos compañeros cuando vayan a negociar el presente y el futuro de las pensiones.
Este nombramiento se produce en vísperas de la movilización convocada por los sindicatos CCOO y UGT en contra de los recortes del Gobierno y por la recuperación de derechos. En mi opinión, no es una casualidad, sino un auténtico casus belli que expresa las auténticas intenciones del gobierno. Si empieza así, poco pueden esperar los sindicatos de cualquier proceso de negociación.
Los sindicatos son necesarios siempre. Más aún cuando aparece al desnudo la lucha de clases, y son tiempos de sobre explotación, paro, precariedad y desarticulación del Derecho del Trabajo y del Estado de Bienestar. Es repugnante la sistemática campaña antisindical que realiza el neoliberalismo, pero acaba calando en sectores de trabajadores al apoyarse en los errores que puedan comenter, su pasividad o impotencia. La única manera de conseguir avanzar en la restitución de derechos laborales y sociales es recuperando su prestigio y apostando por una potente movilización unitaria y sostenida, algo que apenas ha comenzado el 18 de diciembre. Para que tengan éxito, deben ser capaces de convencer y emocionar a los trabajadores y trabajadoras, obteniendo de nuevo su confianza. Para ello, un tema nada menor es practicar lo que decían los viejos revolucionarios: elegir para representar al sindicato a los más honrados y vigilarles como si fueran ladrones. La necesidad de la reconstrucción del sindicalismo de clase es una urgencia ética y política.
Fuente: https://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/12/20/veces-roma-paga/1762
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