Sin la conexión catalana, Pegasus habría sido abordado como en los demás países en que se ha hecho uso. Como un problema grave que afecta a la seguridad del Estado, pero que, por eso mismo, tiene que ser abordado con discreción. Al nacionalismo catalán le interesa todo lo contrario
Pegasus ha entrado en la agenda política española por el artículo de The New Yorker sobre el uso de dicho programa para espiar a algo más de sesenta personas insertas en o estrechamente relacionadas con el nacionalismo catalán. El origen del artículo está en una investigación de una universidad canadiense de reconocida solvencia.
Esta conexión con Catalunya es lo que ha convertido a Pegasus en un problema difícilmente manejable. Sin la conexión catalana, Pegasus habría sido abordado como lo ha sido y está siendo en los demás países en que se ha hecho uso de dicho programa. Como un problema grave que afecta a la seguridad del Estado, pero que, por eso mismo, tiene que ser abordado con discreción.
Al nacionalismo catalán le interesa todo lo contrario. Le interesa poner de manifiesto que el Estado español no ha respetado ni la Constitución, ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la represión de los acontecimientos que tuvieron lugar en los meses de septiembre y octubre de 2017.
Le interesa políticamente, porque el problema de la integración de Catalunya en el Estado sigue siendo un problema fundamentalmente político, aunque esté muy fuertemente judicializado. Y le interesa jurídicamente, porque todavía hay procesos abiertos ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia, el Tribunal General de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La judicialización del conflicto constitucional entre el Estado y la Generalitat no puede no volverse en contra del interés del Estado por manejar la investigación sobre el programa Pegasus de manera discreta. En todas las causas judiciales que están abiertas, que son todas, ya que si en algunas de ellas se ha agotado la vía judicial española, en ninguna se han pronunciado todavía mediante sentencia firme los tribunales europeos (TJUE y TEDH), se acabará reclamando la información que se haya obtenido mediante el uso del programa Pegasus. No veo de qué forma podrá oponerse el Estado español a que dicha información sea proporcionada al Tribunal que lo reclame.
Convertir el problema político de la integración de Catalunya en el Estado en un problema judicial, en el que el que fuera a la sazón Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, definió la estrategia a seguir: persecución de todos los ex miembros del Govern presidido por Carles Puigdemont y de los ex miembros de la Mesa del Parlament presidida por Carme Forcadell por el delito de rebelión, pareció permitir al Gobierno presidido por Mariano Rajoy, controlar el procés.
Ha ocurrido todo lo contrario. El procés se ha internacionalizado de una manera que no se hubiera producido manteniéndolo dentro del ámbito estrictamente político español sin acudir al poder judicial y, además, hace perder al Estado el control de la información en materia tan delicada como el uso de programas de espionaje, ya que es imposible no atender la reclamación que se produzca por parte de órganos judiciales a los que se ha remitido la respuesta del problema.
El hecho de que la información obtenida con el programa Pegasus tenga que ser puesta a disposición de los tribunales que la reclamen y, por tanto, a disposición de los abogados de los procesados, puede poner en entredicho la conducta de los órganos gubernamentales y judiciales españoles en lo que a la respuesta que han dado al conflicto constitucional entre el Estado y la Generalitat se refiere. El contraste entre las fechas en que se obtuvo información y en las que tomaron decisiones la Fiscalía y los tribunales no sabemos todavía a dónde puede conducir, pero no se puede descartar que tenga importantes consecuencias sobre las resoluciones ya dictadas.
Pero, sobre todo, la investigación sobre el uso de Pegasus contra los nacionalistas catalanes va a salpicar la investigación de todos los demás usos que se haya hecho de dicho programa, estén judicializados o no todavía.
Catalunya es un problema constitucional de tal envergadura que no puede ser puesto en manos judiciales, porque el Poder Judicial es constitutivamente incapaz de darle respuesta. El Poder Judicial sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve y cuando se pretende hacer uso del mismo para lo que no puede serlo, el resultado es un disparate monumental. Las consecuencias de dicho disparate se están haciendo visibles y lo van a ser todavía más por tiempo indefinido.
https://www.eldiario.es/contracorriente/catalunya-complica_132_8962188.html
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martes, 10 de mayo de 2022
sábado, 6 de febrero de 2021
Por qué va a ser declarada nula de pleno derecho la sentencia del procés.
He venido sosteniendo desde siempre que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) contra los ex miembros del Govern y los ex miembros de la Mesa del Parlament acabaría siendo declarada nula de pleno derecho por vulneración de derechos fundamentales. Cada día que pasa, más convencido estoy de que será así.
En buena lógica jurídica, debería ser el Tribunal Constitucional el que adoptara tal decisión en la sentencia sobre el recurso de amparo que se ha interpuesto contra la sentencia del TS. En el caso de que no lo haga, acabará haciéndolo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), porque los derechos fundamentales de la Constitución Española también están reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Para poner todas las cartas encima de la mesa, quiero dejar claro que, en mi opinión, los acontecimientos que tuvieron lugar en Catalunya en los meses de septiembre y octubre de 2017 nunca debieron acabar en los tribunales, sino que debió darse una respuesta de naturaleza política a los mismos. La integración de Catalunya en el Estado, como la de cualquier otra nacionalidad o región únicamente puede ser resuelta políticamente mediante la participación de órganos legitimados democráticamente de manera directa. Así es como está diseñado el proceso en la Constitución Española sin que se contemple la intervención del Tribunal Constitucional y, por supuesto, de ningún órgano judicial. Sin la STC 31/2010 no estaríamos donde estamos.
Pero, una vez, que, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se descartó la respuesta política y se optó por la respuesta judicial, se tenía que haber aplicado lo previsto en el ordenamiento jurídico español, que, como vamos a ver a continuación, es de una claridad meridiana.
El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, inició las actuaciones inmediatamente después de que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy destituyera a los miembros del Govern y disolviera el Parlament. A partir de ese momento, tanto el expresident como los exconsellers pasaban a ser ciudadanos españoles exclusivamente. Dejaban de tener el fuero jurisdiccional que tenían y que obligaba a que la responsabilidad por su actos le fuera exigida ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La ex presidenta del Parlament, en la medida en que continuaba siendo miembro de la Diputación Permanente, mantenía el fuero jurisdiccional y, por tanto únicamente el TSJC podía entender de su conducta.
Desde el momento en que dejaron de ser presidente y consellers, "el juez ordinario predeterminado por la ley" para entender de sus conductas era la Audiencia Provincial de Barcelona. A ella hubieran tenido que ser dirigidas las querellas contra todos ellos. A partir de la celebración de las elecciones el 20 de diciembre, la Audiencia Provincial de Barcelona tendría que haber declinado la competencia a favor del TSJC, dado que varios de ellos fueron elegidos diputados en tales elecciones y habían recuperado el fuero jurisdiccional.
Por supuesto, la conducta de los presidentes de la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC) y de Òmnium Cultural, en cuanto ciudadanos sin más, también tenía que haber sido residenciada inicialmente ante la Audiencia Provincial de Barcelona. El TSJC debería haber instruido la causa y haber dictado en su momento sentencia, contra la cual se podría acudir en casación al TS.
Constitucionalmente este es el orden que se tenía que haber seguido. Es la única manera de respetar el derecho de los querellados al juez ordinario predeterminado por la ley, a un juez imparcial y a la doble instancia.
Nada de esto se hizo. La Fiscalía General del Estado residenció la conducta de los ex miembros del Govern ante la Audiencia Nacional (AN) y la de la ex presidenta del Parlament ante el TS. La AN acabaría declinando la competencia a favor del TS, que se convirtió en juez de primera y única instancia respecto de todos los querellados.
Para justificar su competencia, el TS interpretó de manera invertida el artículo 70 del Estatuto de Autonomía de Catalunya, que establece como norma en su apartado 1 que el TSJC es el órgano ante el que se podrá exigir la responsabilidad penal a los miembros del Govern y del Parlament, añadiendo en el apartado 2 como excepción, que para los actos cometidos fuera de Catalunya la responsabilidad se exigirá ante el TS.
El TS privilegió en su interpretación la excepción sobre la norma, a pesar de que todos los actos de los querellados por los que habían sido acusados por el delito de rebelión habían tenido lugar en Catalunya.
Con ello no solamente contradecía lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, sino que, además, y esto es lo decisivo, hacía una interpretación del mismo no "de conformidad con la Constitución", como es obligado, sino que hizo una interpretación "contraria a la Constitución", en la medida en que se privaba con ella a todos los querellados de los derechos fundamentales ya mencionados. No se hizo la interpretación "más favorable" al ejercicio de los derechos fundamentales, sino la "más lesiva" para tal ejercicio.
Esto es lo que acaba de decidir la justicia belga, como doy por supuesto que el lector ya sabe.
¿Lo acabará decidiendo también el Parlamento Europeo cuando tome la decisión sobre el suplicatorio que le ha sido dirigido por el TS para que le autorice a proceder contra Puigdemont, Comín y Ponsatí? No cabe duda de que los tres parlamentarios catalanes pondrán en conocimiento de sus colegas europeos la decisión de la justicia belga y solicitarán que no se conceda la autorización para que se pueda proceder contra ellos con base en que el TS no es el juez competente para entender de sus conductas y no es competente para solicitar, en consecuencia, autorización para proceder contra ellos.
Ya veremos qué decide el Parlamento Europeo. El Parlamento puede considerar que no es un órgano jurisdiccional y que no tiene por qué entrar en si el TS es el órgano competente para solicitar el suplicatorio o no lo es. Esto puede pasar. O no. Ya lo veremos. Pero, en todo caso, la decisión del Parlamento es recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y este sí es un órgano de naturaleza jurisdiccional, que no podrá dejar de dar una respuesta a la alegación de falta de competencia del TS.
Es muy posible que tanto el TEDH, si el Tribunal Constitucional no otorga el amparo, como el TJUE, tengan que pronunciarse sobre la vulneración de los derechos fundamentales de los que fueron condenados por el TS y de los que no han podido serlo, porque el TS no ha conseguido que ni la justicia alemana primero ni la belga después hayan atendido las órdenes de detención y entrega dictadas contra ellos. El TEDH lo hará contra la vulneración de derechos de los que han sido condenados. El TJUE, contra la vulneración de derechos de los que no han sido condenados.
El tiempo de la justicia es el que es. Es mucho el dolor que se ha ocasionado. Es mucha la perturbación que se ha producido en el funcionamiento de las instituciones. Pero, al final, estoy convencido de que la justicia española quedará desautorizada.
Javier Pérez Royo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla
Fuente:
https://www.eldiario.es/contracorriente/declarada-nula-pleno-derecho-sentencia-proces_129_6789558.html
En buena lógica jurídica, debería ser el Tribunal Constitucional el que adoptara tal decisión en la sentencia sobre el recurso de amparo que se ha interpuesto contra la sentencia del TS. En el caso de que no lo haga, acabará haciéndolo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), porque los derechos fundamentales de la Constitución Española también están reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Para poner todas las cartas encima de la mesa, quiero dejar claro que, en mi opinión, los acontecimientos que tuvieron lugar en Catalunya en los meses de septiembre y octubre de 2017 nunca debieron acabar en los tribunales, sino que debió darse una respuesta de naturaleza política a los mismos. La integración de Catalunya en el Estado, como la de cualquier otra nacionalidad o región únicamente puede ser resuelta políticamente mediante la participación de órganos legitimados democráticamente de manera directa. Así es como está diseñado el proceso en la Constitución Española sin que se contemple la intervención del Tribunal Constitucional y, por supuesto, de ningún órgano judicial. Sin la STC 31/2010 no estaríamos donde estamos.
Pero, una vez, que, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se descartó la respuesta política y se optó por la respuesta judicial, se tenía que haber aplicado lo previsto en el ordenamiento jurídico español, que, como vamos a ver a continuación, es de una claridad meridiana.
El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, inició las actuaciones inmediatamente después de que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy destituyera a los miembros del Govern y disolviera el Parlament. A partir de ese momento, tanto el expresident como los exconsellers pasaban a ser ciudadanos españoles exclusivamente. Dejaban de tener el fuero jurisdiccional que tenían y que obligaba a que la responsabilidad por su actos le fuera exigida ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La ex presidenta del Parlament, en la medida en que continuaba siendo miembro de la Diputación Permanente, mantenía el fuero jurisdiccional y, por tanto únicamente el TSJC podía entender de su conducta.
Desde el momento en que dejaron de ser presidente y consellers, "el juez ordinario predeterminado por la ley" para entender de sus conductas era la Audiencia Provincial de Barcelona. A ella hubieran tenido que ser dirigidas las querellas contra todos ellos. A partir de la celebración de las elecciones el 20 de diciembre, la Audiencia Provincial de Barcelona tendría que haber declinado la competencia a favor del TSJC, dado que varios de ellos fueron elegidos diputados en tales elecciones y habían recuperado el fuero jurisdiccional.
Por supuesto, la conducta de los presidentes de la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC) y de Òmnium Cultural, en cuanto ciudadanos sin más, también tenía que haber sido residenciada inicialmente ante la Audiencia Provincial de Barcelona. El TSJC debería haber instruido la causa y haber dictado en su momento sentencia, contra la cual se podría acudir en casación al TS.
Constitucionalmente este es el orden que se tenía que haber seguido. Es la única manera de respetar el derecho de los querellados al juez ordinario predeterminado por la ley, a un juez imparcial y a la doble instancia.
Nada de esto se hizo. La Fiscalía General del Estado residenció la conducta de los ex miembros del Govern ante la Audiencia Nacional (AN) y la de la ex presidenta del Parlament ante el TS. La AN acabaría declinando la competencia a favor del TS, que se convirtió en juez de primera y única instancia respecto de todos los querellados.
Para justificar su competencia, el TS interpretó de manera invertida el artículo 70 del Estatuto de Autonomía de Catalunya, que establece como norma en su apartado 1 que el TSJC es el órgano ante el que se podrá exigir la responsabilidad penal a los miembros del Govern y del Parlament, añadiendo en el apartado 2 como excepción, que para los actos cometidos fuera de Catalunya la responsabilidad se exigirá ante el TS.
El TS privilegió en su interpretación la excepción sobre la norma, a pesar de que todos los actos de los querellados por los que habían sido acusados por el delito de rebelión habían tenido lugar en Catalunya.
Con ello no solamente contradecía lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, sino que, además, y esto es lo decisivo, hacía una interpretación del mismo no "de conformidad con la Constitución", como es obligado, sino que hizo una interpretación "contraria a la Constitución", en la medida en que se privaba con ella a todos los querellados de los derechos fundamentales ya mencionados. No se hizo la interpretación "más favorable" al ejercicio de los derechos fundamentales, sino la "más lesiva" para tal ejercicio.
Esto es lo que acaba de decidir la justicia belga, como doy por supuesto que el lector ya sabe.
¿Lo acabará decidiendo también el Parlamento Europeo cuando tome la decisión sobre el suplicatorio que le ha sido dirigido por el TS para que le autorice a proceder contra Puigdemont, Comín y Ponsatí? No cabe duda de que los tres parlamentarios catalanes pondrán en conocimiento de sus colegas europeos la decisión de la justicia belga y solicitarán que no se conceda la autorización para que se pueda proceder contra ellos con base en que el TS no es el juez competente para entender de sus conductas y no es competente para solicitar, en consecuencia, autorización para proceder contra ellos.
Ya veremos qué decide el Parlamento Europeo. El Parlamento puede considerar que no es un órgano jurisdiccional y que no tiene por qué entrar en si el TS es el órgano competente para solicitar el suplicatorio o no lo es. Esto puede pasar. O no. Ya lo veremos. Pero, en todo caso, la decisión del Parlamento es recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y este sí es un órgano de naturaleza jurisdiccional, que no podrá dejar de dar una respuesta a la alegación de falta de competencia del TS.
Es muy posible que tanto el TEDH, si el Tribunal Constitucional no otorga el amparo, como el TJUE, tengan que pronunciarse sobre la vulneración de los derechos fundamentales de los que fueron condenados por el TS y de los que no han podido serlo, porque el TS no ha conseguido que ni la justicia alemana primero ni la belga después hayan atendido las órdenes de detención y entrega dictadas contra ellos. El TEDH lo hará contra la vulneración de derechos de los que han sido condenados. El TJUE, contra la vulneración de derechos de los que no han sido condenados.
El tiempo de la justicia es el que es. Es mucho el dolor que se ha ocasionado. Es mucha la perturbación que se ha producido en el funcionamiento de las instituciones. Pero, al final, estoy convencido de que la justicia española quedará desautorizada.
Javier Pérez Royo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla
Fuente:
https://www.eldiario.es/contracorriente/declarada-nula-pleno-derecho-sentencia-proces_129_6789558.html
sábado, 16 de noviembre de 2019
La enorme crisis social en Catalunya ignorada u ocultada en el debate electoral
Vicenç Navarro
Público.es
Uno de los hechos más notorios que han ocurrido en Catalunya desde el inicio de la crisis económica y financiera (hace más de diez años) hasta ahora ha sido un declive muy notable (y sin precedentes en el período democrático) del bienestar y calidad de vida de las clases populares, que son la mayoría de la población en Catalunya. Y tal declive no se ha resuelto ni revertido, en contra de lo que los establishments político-mediáticos de Catalunya han estado diciendo. Veamos los datos, que hablan por sí mismos.
La tasa de riesgo de pobreza entre 2008 y 2018 pasó de un 16,6% de toda la población catalana a un 21,3%. Hoy, más de dos catalanes de cada diez están en esta situación. Este crecimiento ha ocurrido también entre trabajadores catalanes, pues sus salarios no son suficientes para salir de tal riesgo de pobreza. Y tal crecimiento ha sido incluso mayor entre la población sin trabajo (que se ha incrementado en un 80% -prácticamente 200.000 personas más- entre el último trimestre de 2007 y el último de 2018). Particularmente vulnerable ha sido la juventud (los menores de 18 años), ya que la que se encuentra en riesgo de pobreza ha crecido un 7% entre 2013 y 2018, esto es, casi 30.000 jóvenes han pasado a encontrarse en esta situación; ello se ha visto reflejado en la tasa de riesgo de pobreza de esta juventud, que ha pasado de un 29,5% a 31,2%, alcanzando a 439.800 catalanes jóvenes.
Otra característica de esta crisis es el enorme aumento de la precariedad, en este caso en forma de temporalidad. Entre 2008 y 2018 los contratos temporales pasaron de representar el 83% de todos los contratos registrados anualmente a un 86,1%. Este crecimiento no se debe primordialmente, como constantemente se insiste, a la mal llamada revolución robótica y a la automatización del proceso de trabajo, sino al enorme empoderamiento del mundo empresarial a costa del mundo sindical resultado de las reformas laborales del presidente Zapatero (aprobada en el Congreso con la ayuda de CiU) y del presidente Rajoy (que Ciudadanos ha hecho suya).
La enorme crisis del Estado del Bienestar catalán
Tales reformas laborales han ido acompañadas de las políticas de austeridad, con enormes recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social que financia los servicios públicos (sanidad, educación, vivienda, protección y promoción social, fomento de la ocupación y otros). Durante el período 2010-2017 la Generalitat de Catalunya recortó 626 millones de euros en la educación pública, recorte incluso más acentuado en las escuelas públicas que en las concertadas. Hoy, el gasto público educativo es de 5.684,1 millones de euros, mucho más bajo que en 2010 (6.310,5 millones), y ello a pesar de que las necesidades educativas son ahora mayores. Un tanto igual ocurre en otras dimensiones del gasto público educativo, tales como las universidades, donde el deterioro institucional debido a la pobreza de recursos ha sido muy acentuado.
Una situación semejante se da en el gasto público en sanidad y salud pública, que ha descendido un 10,4% durante el mismo período (en educación el descenso fue de un 9,9%), pasando de ser de 9.903,5 millones de euros a 8.876.5 millones durante el mismo período, recortándose así 1.027 millones de euros que han tenido un impacto devastador en el sistema público sanitario, causa mayor de que el sector privado haya crecido, polarizándose así aún más la sanidad catalana, con un 30% de catalanes atendidos por la medicina privada y un 70% por la pública. La sanidad utilizada primordialmente por las clases populares catalanas –la pública– ha sufrido una enorme disminución de recursos. En realidad, tales recortes han respondido frecuentemente al deseo de las autoridades sanitarias de la Generalitat de Catalunya de favorecer la expansión de la sanidad privada, tal como en su día indicó el conseller de Sanidad del gobierno Mas, el Sr. Boi Ruiz, que antes de conseller había sido el presidente de la patronal sanitaria privada.
Vivienda (y otros servicios urbanos) también ha sufrido un gran descenso, de 723,9 millones de euros a 357,6 millones, un recorte de más de un 50% de los fondos disponibles para esta función esencial de las autoridades públicas –municipales y autonómicas– .
Finalmente, también se han producido otros tantos recortes en capítulos del gasto social que juegan un papel muy importante en garantizar el bienestar de la población, tales como protección social (un recorte de un 7,1%) promoción social (31%) y fomento de la ocupación (un 1,1%).
El gran crecimiento de las desigualdades en Catalunya
Todos estos datos muestran cómo los recursos disponibles y utilizados primordialmente por las clases populares han descendido muy marcadamente como consecuencia de las políticas de recortes del gasto público, a la vez que disminuían sus ingresos como consecuencia de la bajada de los salarios y el deterioro de las condiciones de trabajo, resultado de las reformas laborales. Tales políticas públicas han significado un enorme descenso del nivel de vida y calidad del bienestar de la población catalana que deriva sus ingresos de los salarios y de los servicios y fondos del Estado del Bienestar. Todo ello explica que el porcentaje de las rentas derivadas del trabajo sobre el total de todas las rentas haya disminuido (desde ya un muy bajo porcentaje) de un 50,1% en 2008 a un 47,1% en 2018, mientras que las rentas derivadas del capital (propiedad de medios que generan renta), que ya eran muy elevadas en 2008 (un 42,1%), pasaron a un 44,4% en 2018 . Estos datos muestran el enorme poder de lo que en la terminología anglosajona se denomina la Corporate Class, las personas propietarias o gestoras de las grandes empresas económicas y financieras y de servicios, que contrasta con la debilidad del mundo del trabajo, acentuada todavía más por las reformas laborales que han tenido un impacto devastador en la calidad de vida de las clases populares. Ello ha determinado que Catalunya sea uno de los países con unas de las desigualdades de renta más elevadas, creciendo estas de una manera muy acentuada durante el período 2008-2018. Así, el 20% de catalanes que tiene rentas más altas (burguesía, pequeña burguesía y clase media profesional), que en 2007 tenía 4,8 veces más renta que el 20% de catalanes con las rentas más bajas, en 2018 pasaron a tener 5,2 veces más. Y estas desigualdades todavía eran mayores en cuanto a la propiedad.
El deterioro de la calidad de vida de las clases populares en Catalunya
Detrás de cada uno de estos datos hay un enorme sufrimiento de las clases populares (que son la mayoría del pueblo catalán). El contraste entre los de abajo, las clases populares, que son la mayoría de la población catalana, y los de arriba -alrededor del 20%, una minoría (pocos, pero poderosos e influyentes)- es enorme. Por ejemplo, los años que una persona pueda esperar vivir (la esperanza de vida) son mucho, pero que mucho mayor (11,3 años), entre los de arriba (que viven en barrios bien) que incluyen directores, gerentes y profesionales universitarios, versus los que están abajo, (que viven en barrios que incluyen trabajadores manuales obreros).
Otros indicadores muestran desigualdades parecidas entre catalanes, según su clase social. Enfermedades debidas al estrés, por ejemplo, o al tipo de nutrición, son mucho más comunes entre los de abajo (que son la mayoría) que los de arriba. El porcentaje de diabéticos (enfermedad que está en parte determinada por el tipo de alimentación) es casi tres veces mayor en las clases populares que en la clase alta, y casi cuatro veces mayor en el caso del porcentaje de menores de 6 a 12 años con obesidad.
Y para las personas mayores de 15 años, las enfermedades debidas, en parte, al estrés, tienen mucha más incidencia entre las clases populares que entre la clase alta; es el caso del porcentaje de personas con la tensión arterial alta, que es casi el doble en las clases populares que en la clase alta. Y un tanto igual ocurre con la incidencia de otras enfermedades como la depresión severa y mayor, donde la diferencia es casi dos veces mayor entre las clases populares que entre las clases altas.
Tal deterioro de la calidad de vida afecta a todas las dimensiones del ser humano, y afecta, pues, su comportamiento. Ello es fácil de ver en los grupos que son especialmente vulnerables: los jóvenes y las mujeres. El deterioro tan notable del mercado del trabajo y el descenso de los recursos disponibles para los jóvenes catalanes explica que el porcentaje de estos jóvenes entre 16 y 29 años emancipados (es decir, que viven en lugar distinto a sus familiares) haya disminuido de un 31,6% en 2008 a un 23,8% en 2017, habiéndose incrementado de una manera muy significativa su edad de emancipación, siendo una de las más tardías de la UE.
Y este descenso del porcentaje de jóvenes emancipados ha sido también responsable del gran retroceso en la edad en la que las mujeres catalanas tienen su primer hijo o hija. En realidad, Catalunya es una de las regiones europeas en las que tal edad es más elevada (30,9 años), solo superada por la media en España y en Italia (en el conjunto de la UE es de 29,1 años). Y este retraso es también causa de un descenso de la tasa de fecundidad, que ha pasado de ser de 1,45 hijos en 2007 a un 1,39 en 2017, lo que constituye una gran insatisfacción en el desarrollo del proyecto vital, pues el número deseado de hijos entre hombres y mujeres de 20 a 49 años es de más de 2. La tasa de reemplazo biológico de la población es de 2,1 hijos por mujer, lo cual señala que, de no aumentar tal tasa, la población catalana descenderá o, para crecer, tendrá que favorecer unos porcentajes mayores de inmigración que los actuales.
La respuesta del establishment político-mediático catalán
Lo que es sorprendente es que esta enorme crisis que existe en Catalunya y que afecta primordialmente a las clases populares no aparezca en los grandes debates que están teniendo lugar en Catalunya y en el resto de España. Por el contrario, el tema de Catalunya –por “Catalunya” se entiende el tema nacional, y el conflicto entre el Estado español y el secesionismo catalán– absorbe un enorme espacio en el debate político y en las discusiones promovidas por los medios, y ello aunque los secesionistas, aun siendo una minoría muy grande y muy militante en su causa, no representan a la mayoría de la población catalana. Las encuestas muestran que la enorme crisis social es el tema que preocupa más a los catalanes en su vida cotidiana, mientras que estos abordan su relación con el gran tema “España-Catalunya” desde una frustración con la clase política, a la cual ven como insensible a sus necesidades y problemas.
Merece ser citado que algunos sectores dirigentes del movimiento independentista sí que reconocen que existe una crisis, pero la atribuyen a su pertenencia en España. Señalan que muchos elementos de tal crisis aparecen también en España, a la cual consideran responsable de ello . El mensaje de que “España nos roba” ha tenido cierto calado, pero, paradójicamente, ha tenido escaso impacto entre las clases populares. Esta escasa importancia se debe a la amplia percepción de que las derechas catalanas que han gobernado en Catalunya durante la mayor parte del período democrático han aprobado las leyes (como las reformas laborales) e impuesto los recortes que consideran responsables del deterioro de su bienestar y calidad de vida.
Ello explica la aparente paradoja (que niega la credibilidad del argumento de que España es la responsable de tal crisis) de que los sectores más populares no sean independentistas y no apoyen el secesionismo. Los datos (negados por los independentistas) son claros y convincentes.
Quiénes son independentistas y quiénes no
Los datos muestran que hay una clara correlación positiva entre el voto a partidos independentistas (ERC, CiU, PDeCAT y JxSí) y la pertenencia a grupos ocupacionales tales como “grandes empresarios/gerentes”, “clero”, “pequeños empresarios/granjeros” y “profesionales”, y una correlación negativa entre voto a tales partidos y pertenencia a grupos ocupacionales como “trabajadores de la producción” y “trabajadores de servicios”. Es decir, que a nivel descriptivo se puede afirmar que las clases trabajadoras (producción y servicios) votan menos (por debajo de la media) a los partidos independentistas que los pequeños y grandes empresarios, granjeros, clero y profesionales. Estos datos pertenecen a los barómetros del CIS y hacen referencia al período abril 2004-septiembre 2019 (con una muestra de 25.995 casos). Algunos estudios que se han realizado también para comparar el voto y el nivel de renta de los barrios en Barcelona muestran que las clases populares no son mayoritariamente secesionistas.
Todos estos datos cuestionan el argumento de que los catalanes son un solo pueblo, pues en Catalunya hay clases sociales que tienen una gran diversidad de intereses, frecuentemente en conflicto. Los datos muestran claramente que los de abajo no comparten las mismas posturas y los mismos intereses que los de arriba. Y el gran error de gran parte de las izquierdas es no darse cuenta de ello. Al estar imbuidas del debate nacional (que absorbe la atención de la clase política y de los medios) se alejan de sus bases electorales.
Así pues, la desaparición del tema social ha favorecido el monopolio del tema nacional, que está ocultando el primero para beneficio de aquellos que crearon el problema territorial, que incluyen tanto a las derechas (tanto unionistas como secesionistas) como a las izquierdas gobernantes. Así de claro.
Fuente:
https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2019/11/06/la-enorme-crisis-social-en-catalunya-ignorada-u-ocultada-en-el-debate-electoral/
Público.es
Uno de los hechos más notorios que han ocurrido en Catalunya desde el inicio de la crisis económica y financiera (hace más de diez años) hasta ahora ha sido un declive muy notable (y sin precedentes en el período democrático) del bienestar y calidad de vida de las clases populares, que son la mayoría de la población en Catalunya. Y tal declive no se ha resuelto ni revertido, en contra de lo que los establishments político-mediáticos de Catalunya han estado diciendo. Veamos los datos, que hablan por sí mismos.
La tasa de riesgo de pobreza entre 2008 y 2018 pasó de un 16,6% de toda la población catalana a un 21,3%. Hoy, más de dos catalanes de cada diez están en esta situación. Este crecimiento ha ocurrido también entre trabajadores catalanes, pues sus salarios no son suficientes para salir de tal riesgo de pobreza. Y tal crecimiento ha sido incluso mayor entre la población sin trabajo (que se ha incrementado en un 80% -prácticamente 200.000 personas más- entre el último trimestre de 2007 y el último de 2018). Particularmente vulnerable ha sido la juventud (los menores de 18 años), ya que la que se encuentra en riesgo de pobreza ha crecido un 7% entre 2013 y 2018, esto es, casi 30.000 jóvenes han pasado a encontrarse en esta situación; ello se ha visto reflejado en la tasa de riesgo de pobreza de esta juventud, que ha pasado de un 29,5% a 31,2%, alcanzando a 439.800 catalanes jóvenes.
Otra característica de esta crisis es el enorme aumento de la precariedad, en este caso en forma de temporalidad. Entre 2008 y 2018 los contratos temporales pasaron de representar el 83% de todos los contratos registrados anualmente a un 86,1%. Este crecimiento no se debe primordialmente, como constantemente se insiste, a la mal llamada revolución robótica y a la automatización del proceso de trabajo, sino al enorme empoderamiento del mundo empresarial a costa del mundo sindical resultado de las reformas laborales del presidente Zapatero (aprobada en el Congreso con la ayuda de CiU) y del presidente Rajoy (que Ciudadanos ha hecho suya).
La enorme crisis del Estado del Bienestar catalán
Tales reformas laborales han ido acompañadas de las políticas de austeridad, con enormes recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social que financia los servicios públicos (sanidad, educación, vivienda, protección y promoción social, fomento de la ocupación y otros). Durante el período 2010-2017 la Generalitat de Catalunya recortó 626 millones de euros en la educación pública, recorte incluso más acentuado en las escuelas públicas que en las concertadas. Hoy, el gasto público educativo es de 5.684,1 millones de euros, mucho más bajo que en 2010 (6.310,5 millones), y ello a pesar de que las necesidades educativas son ahora mayores. Un tanto igual ocurre en otras dimensiones del gasto público educativo, tales como las universidades, donde el deterioro institucional debido a la pobreza de recursos ha sido muy acentuado.
Una situación semejante se da en el gasto público en sanidad y salud pública, que ha descendido un 10,4% durante el mismo período (en educación el descenso fue de un 9,9%), pasando de ser de 9.903,5 millones de euros a 8.876.5 millones durante el mismo período, recortándose así 1.027 millones de euros que han tenido un impacto devastador en el sistema público sanitario, causa mayor de que el sector privado haya crecido, polarizándose así aún más la sanidad catalana, con un 30% de catalanes atendidos por la medicina privada y un 70% por la pública. La sanidad utilizada primordialmente por las clases populares catalanas –la pública– ha sufrido una enorme disminución de recursos. En realidad, tales recortes han respondido frecuentemente al deseo de las autoridades sanitarias de la Generalitat de Catalunya de favorecer la expansión de la sanidad privada, tal como en su día indicó el conseller de Sanidad del gobierno Mas, el Sr. Boi Ruiz, que antes de conseller había sido el presidente de la patronal sanitaria privada.
Vivienda (y otros servicios urbanos) también ha sufrido un gran descenso, de 723,9 millones de euros a 357,6 millones, un recorte de más de un 50% de los fondos disponibles para esta función esencial de las autoridades públicas –municipales y autonómicas– .
Finalmente, también se han producido otros tantos recortes en capítulos del gasto social que juegan un papel muy importante en garantizar el bienestar de la población, tales como protección social (un recorte de un 7,1%) promoción social (31%) y fomento de la ocupación (un 1,1%).
El gran crecimiento de las desigualdades en Catalunya
Todos estos datos muestran cómo los recursos disponibles y utilizados primordialmente por las clases populares han descendido muy marcadamente como consecuencia de las políticas de recortes del gasto público, a la vez que disminuían sus ingresos como consecuencia de la bajada de los salarios y el deterioro de las condiciones de trabajo, resultado de las reformas laborales. Tales políticas públicas han significado un enorme descenso del nivel de vida y calidad del bienestar de la población catalana que deriva sus ingresos de los salarios y de los servicios y fondos del Estado del Bienestar. Todo ello explica que el porcentaje de las rentas derivadas del trabajo sobre el total de todas las rentas haya disminuido (desde ya un muy bajo porcentaje) de un 50,1% en 2008 a un 47,1% en 2018, mientras que las rentas derivadas del capital (propiedad de medios que generan renta), que ya eran muy elevadas en 2008 (un 42,1%), pasaron a un 44,4% en 2018 . Estos datos muestran el enorme poder de lo que en la terminología anglosajona se denomina la Corporate Class, las personas propietarias o gestoras de las grandes empresas económicas y financieras y de servicios, que contrasta con la debilidad del mundo del trabajo, acentuada todavía más por las reformas laborales que han tenido un impacto devastador en la calidad de vida de las clases populares. Ello ha determinado que Catalunya sea uno de los países con unas de las desigualdades de renta más elevadas, creciendo estas de una manera muy acentuada durante el período 2008-2018. Así, el 20% de catalanes que tiene rentas más altas (burguesía, pequeña burguesía y clase media profesional), que en 2007 tenía 4,8 veces más renta que el 20% de catalanes con las rentas más bajas, en 2018 pasaron a tener 5,2 veces más. Y estas desigualdades todavía eran mayores en cuanto a la propiedad.
El deterioro de la calidad de vida de las clases populares en Catalunya
Detrás de cada uno de estos datos hay un enorme sufrimiento de las clases populares (que son la mayoría del pueblo catalán). El contraste entre los de abajo, las clases populares, que son la mayoría de la población catalana, y los de arriba -alrededor del 20%, una minoría (pocos, pero poderosos e influyentes)- es enorme. Por ejemplo, los años que una persona pueda esperar vivir (la esperanza de vida) son mucho, pero que mucho mayor (11,3 años), entre los de arriba (que viven en barrios bien) que incluyen directores, gerentes y profesionales universitarios, versus los que están abajo, (que viven en barrios que incluyen trabajadores manuales obreros).
Otros indicadores muestran desigualdades parecidas entre catalanes, según su clase social. Enfermedades debidas al estrés, por ejemplo, o al tipo de nutrición, son mucho más comunes entre los de abajo (que son la mayoría) que los de arriba. El porcentaje de diabéticos (enfermedad que está en parte determinada por el tipo de alimentación) es casi tres veces mayor en las clases populares que en la clase alta, y casi cuatro veces mayor en el caso del porcentaje de menores de 6 a 12 años con obesidad.
Y para las personas mayores de 15 años, las enfermedades debidas, en parte, al estrés, tienen mucha más incidencia entre las clases populares que entre la clase alta; es el caso del porcentaje de personas con la tensión arterial alta, que es casi el doble en las clases populares que en la clase alta. Y un tanto igual ocurre con la incidencia de otras enfermedades como la depresión severa y mayor, donde la diferencia es casi dos veces mayor entre las clases populares que entre las clases altas.
Tal deterioro de la calidad de vida afecta a todas las dimensiones del ser humano, y afecta, pues, su comportamiento. Ello es fácil de ver en los grupos que son especialmente vulnerables: los jóvenes y las mujeres. El deterioro tan notable del mercado del trabajo y el descenso de los recursos disponibles para los jóvenes catalanes explica que el porcentaje de estos jóvenes entre 16 y 29 años emancipados (es decir, que viven en lugar distinto a sus familiares) haya disminuido de un 31,6% en 2008 a un 23,8% en 2017, habiéndose incrementado de una manera muy significativa su edad de emancipación, siendo una de las más tardías de la UE.
Y este descenso del porcentaje de jóvenes emancipados ha sido también responsable del gran retroceso en la edad en la que las mujeres catalanas tienen su primer hijo o hija. En realidad, Catalunya es una de las regiones europeas en las que tal edad es más elevada (30,9 años), solo superada por la media en España y en Italia (en el conjunto de la UE es de 29,1 años). Y este retraso es también causa de un descenso de la tasa de fecundidad, que ha pasado de ser de 1,45 hijos en 2007 a un 1,39 en 2017, lo que constituye una gran insatisfacción en el desarrollo del proyecto vital, pues el número deseado de hijos entre hombres y mujeres de 20 a 49 años es de más de 2. La tasa de reemplazo biológico de la población es de 2,1 hijos por mujer, lo cual señala que, de no aumentar tal tasa, la población catalana descenderá o, para crecer, tendrá que favorecer unos porcentajes mayores de inmigración que los actuales.
La respuesta del establishment político-mediático catalán
Lo que es sorprendente es que esta enorme crisis que existe en Catalunya y que afecta primordialmente a las clases populares no aparezca en los grandes debates que están teniendo lugar en Catalunya y en el resto de España. Por el contrario, el tema de Catalunya –por “Catalunya” se entiende el tema nacional, y el conflicto entre el Estado español y el secesionismo catalán– absorbe un enorme espacio en el debate político y en las discusiones promovidas por los medios, y ello aunque los secesionistas, aun siendo una minoría muy grande y muy militante en su causa, no representan a la mayoría de la población catalana. Las encuestas muestran que la enorme crisis social es el tema que preocupa más a los catalanes en su vida cotidiana, mientras que estos abordan su relación con el gran tema “España-Catalunya” desde una frustración con la clase política, a la cual ven como insensible a sus necesidades y problemas.
Merece ser citado que algunos sectores dirigentes del movimiento independentista sí que reconocen que existe una crisis, pero la atribuyen a su pertenencia en España. Señalan que muchos elementos de tal crisis aparecen también en España, a la cual consideran responsable de ello . El mensaje de que “España nos roba” ha tenido cierto calado, pero, paradójicamente, ha tenido escaso impacto entre las clases populares. Esta escasa importancia se debe a la amplia percepción de que las derechas catalanas que han gobernado en Catalunya durante la mayor parte del período democrático han aprobado las leyes (como las reformas laborales) e impuesto los recortes que consideran responsables del deterioro de su bienestar y calidad de vida.
Ello explica la aparente paradoja (que niega la credibilidad del argumento de que España es la responsable de tal crisis) de que los sectores más populares no sean independentistas y no apoyen el secesionismo. Los datos (negados por los independentistas) son claros y convincentes.
Quiénes son independentistas y quiénes no
Los datos muestran que hay una clara correlación positiva entre el voto a partidos independentistas (ERC, CiU, PDeCAT y JxSí) y la pertenencia a grupos ocupacionales tales como “grandes empresarios/gerentes”, “clero”, “pequeños empresarios/granjeros” y “profesionales”, y una correlación negativa entre voto a tales partidos y pertenencia a grupos ocupacionales como “trabajadores de la producción” y “trabajadores de servicios”. Es decir, que a nivel descriptivo se puede afirmar que las clases trabajadoras (producción y servicios) votan menos (por debajo de la media) a los partidos independentistas que los pequeños y grandes empresarios, granjeros, clero y profesionales. Estos datos pertenecen a los barómetros del CIS y hacen referencia al período abril 2004-septiembre 2019 (con una muestra de 25.995 casos). Algunos estudios que se han realizado también para comparar el voto y el nivel de renta de los barrios en Barcelona muestran que las clases populares no son mayoritariamente secesionistas.
Todos estos datos cuestionan el argumento de que los catalanes son un solo pueblo, pues en Catalunya hay clases sociales que tienen una gran diversidad de intereses, frecuentemente en conflicto. Los datos muestran claramente que los de abajo no comparten las mismas posturas y los mismos intereses que los de arriba. Y el gran error de gran parte de las izquierdas es no darse cuenta de ello. Al estar imbuidas del debate nacional (que absorbe la atención de la clase política y de los medios) se alejan de sus bases electorales.
Así pues, la desaparición del tema social ha favorecido el monopolio del tema nacional, que está ocultando el primero para beneficio de aquellos que crearon el problema territorial, que incluyen tanto a las derechas (tanto unionistas como secesionistas) como a las izquierdas gobernantes. Así de claro.
Fuente:
https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2019/11/06/la-enorme-crisis-social-en-catalunya-ignorada-u-ocultada-en-el-debate-electoral/
viernes, 21 de diciembre de 2018
Aznar viola la Constitución
El expresidente urge a que Gobierno y Senado repliquen para Cataluña el artículo 155 de la Constitución, en una versión integral y permanente, durísima, inconstitucional
Hay distintas formas de violar la Constitución. Una es dar un golpe parlamentario que la abrogue. Es lo que hizo el secesionismo catalán en otoño de 2017.
Otra es proponer que los demás la conculquen. Es lo que hace José María Aznar, urgiendo a que Gobierno y Senado repliquen para Cataluña el artículo 155 de la Constitución, en una versión integral y permanente, durísima, inconstitucional.
Este golpe en estadio de tentativa verbal lo formula así: ante los vaivenes de la Generalitat que él califica de “situación insurreccional”, resulta “indispensable” volver a aplicar ese artículo para activar “una intervención a fondo de la autonomía catalana, sin límite de tiempo y de todas sus instituciones”.
Es una barbaridad jurídica, amén de un desatino político. Porque el 155 no permite nada de eso. Solo autoriza a que si una autonomía incumple alguna ley o “atenta gravemente al interés general de España”, sea obligada al “cumplimiento forzoso” de las obligaciones impuestas por esa ley. Para ello, o para asegurar la protección del interés general invadido, el Gobierno “podrá dar instrucciones a todas las autoridades” de esa autonomía.
Una intervención indefinida o permanente, como pretende Aznar —y alguno de sus émulos—, sin límite de tiempo, contradice el requisito exigido por la configuración remedial (como remedio), la única que contempla el propio artículo: solo hasta que se logre el “cumplimiento forzoso” de la ley esquivada. Ni un minuto más. El plazo está definido por la consecución del objetivo. Ergo no puede ser indefinido, carente de plazo.
Si Aznar leyera bien la Constitución, sabría que el 155 es la más suave de las intervenciones previstas en ella. Las más graves van en el artículo 116. El estado de alarma (por catástrofes) se decreta por un plazo máximo de 15 días. El de excepción (con limitación de derechos fundamentales) con un tope de “treinta días, prorrogables por otro [o sea, solo una vez] plazo igual”.
Como el 155 persigue fines menos severos, su duración también se limita (al plazo de cumplir la condición). Solo el estado de sitio —equivalente al de guerra, y que involucra al Ejército—, este sí provocado por una “insurrección” o un “acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España” o su integridad territorial o el ordenamiento constitucional “que no pueda resolverse por otros medios” puede ser indeterminado.
Ahora bien, la guerra contra la autonomía catalana era, en su última concreción histórica, exclusiva del Caudillo.
https://elpais.com/elpais/2018/12/16/opinion/1544981193_623807.html
Hay distintas formas de violar la Constitución. Una es dar un golpe parlamentario que la abrogue. Es lo que hizo el secesionismo catalán en otoño de 2017.
Otra es proponer que los demás la conculquen. Es lo que hace José María Aznar, urgiendo a que Gobierno y Senado repliquen para Cataluña el artículo 155 de la Constitución, en una versión integral y permanente, durísima, inconstitucional.
Este golpe en estadio de tentativa verbal lo formula así: ante los vaivenes de la Generalitat que él califica de “situación insurreccional”, resulta “indispensable” volver a aplicar ese artículo para activar “una intervención a fondo de la autonomía catalana, sin límite de tiempo y de todas sus instituciones”.
Es una barbaridad jurídica, amén de un desatino político. Porque el 155 no permite nada de eso. Solo autoriza a que si una autonomía incumple alguna ley o “atenta gravemente al interés general de España”, sea obligada al “cumplimiento forzoso” de las obligaciones impuestas por esa ley. Para ello, o para asegurar la protección del interés general invadido, el Gobierno “podrá dar instrucciones a todas las autoridades” de esa autonomía.
Una intervención indefinida o permanente, como pretende Aznar —y alguno de sus émulos—, sin límite de tiempo, contradice el requisito exigido por la configuración remedial (como remedio), la única que contempla el propio artículo: solo hasta que se logre el “cumplimiento forzoso” de la ley esquivada. Ni un minuto más. El plazo está definido por la consecución del objetivo. Ergo no puede ser indefinido, carente de plazo.
Si Aznar leyera bien la Constitución, sabría que el 155 es la más suave de las intervenciones previstas en ella. Las más graves van en el artículo 116. El estado de alarma (por catástrofes) se decreta por un plazo máximo de 15 días. El de excepción (con limitación de derechos fundamentales) con un tope de “treinta días, prorrogables por otro [o sea, solo una vez] plazo igual”.
Como el 155 persigue fines menos severos, su duración también se limita (al plazo de cumplir la condición). Solo el estado de sitio —equivalente al de guerra, y que involucra al Ejército—, este sí provocado por una “insurrección” o un “acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España” o su integridad territorial o el ordenamiento constitucional “que no pueda resolverse por otros medios” puede ser indeterminado.
Ahora bien, la guerra contra la autonomía catalana era, en su última concreción histórica, exclusiva del Caudillo.
https://elpais.com/elpais/2018/12/16/opinion/1544981193_623807.html
viernes, 9 de noviembre de 2018
El juicio de la vergüenza
Jesús Gellida
Rebelión
La cuenta atrás para el juicio del Procés ha empezado con la Fiscalía y la Abogacía del Estado concretando sus acusaciones por rebelión, sedición y malversación a los líderes políticos y civiles del movimiento independentista que se enfrentan a penas de prisión, que van desde los 7 hasta los 25 años, por su compromiso con la autodeterminación. Unas decisiones que tendrán consecuencias directas en la gobernabilidad de Cataluña y del Estado español y que pueden rehacer la unidad de acción de todo el sobiranismo. El juicio llega después de más de un año de prisión preventiva y de haberse sucedido toda una serie de reveses judiciales europeos cuando no se aceptó la extradición de ningún de los exiliados, ya que la justicia europea no ha visto violencia en ninguna parte.
Un juicio donde se juzgará una voluntad política ejercida democráticamente, que marcará el calendario electoral y que disparará de nuevo una indignación que habrá que transformar en iniciativa política, operativa y efectiva para avanzar en el objetivo de la autodeterminación. Así pues, en el horizonte inmediato el juicio político del Procés se perfila como otro Momentum en el que se tendrían que aglutinar los apoyos del movimiento independentista pero, también, de todas aquellas personas que el 1-O defendieron los colegios electorales y que el 3-O llenaron las calles de Cataluña –contra la represión del Estado y en defensa de la autodeterminación– en la huelga general más grande de la historia del país. Un juicio injusto que tiene que servir para situar las demandas de libertad, de justicia y de democracia como espacio central antes, durante y después del mismo. En este sentido, Oriol Junqueras declaraba que “la prisión es indispensable para que el mundo abra los ojos” y acababa diciendo que “es el precio de la libertad”. Sea como fuere, el juicio tiene que servir para explicar el 1-O al mundo y denunciar la deriva represiva del Estado.
El presidente Quim Torra ya ha avisado, sin más concreciones, que no aceptará una sentencia condenatoria; avanzando así la hipótesis –nada descartable– de que, llegado el momento, pondrá su cargo a disposición y convocará, de nuevo, elecciones. Una opción que reestructuraría el sistema político catalán y, tal vez, abriría nuevos caminos, pero que pondría en riesgo la mayoría independentista en el Parlament. Así pues, el juicio supondrá un nuevo cambio de escenario en Cataluña, pero también en España donde aumentará la inestabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, que necesita de los apoyos de los soberanistas. No obstante, hoy por hoy las encuestas le son favorables a Sánchez y no es descartable un adelanto electoral de las elecciones generales que podrían apuntar hacia una mayoría estable entre el PSOE y Unidos Podemos.
Ante el juicio de la vergüenza hace falta una respuesta institucional, jurídica y civil, donde se denuncie la carencia de garantías democráticas del sistema judicial español. En este sentido, el Gobierno de la Generalitat reclama una mediación internacional para la resolución política del conflicto, las defensas de los presos políticos acabarán llevando el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, finalmente, desde la sociedad civil hay que profundizar en un movimiento anti-represivo y solidario contra la (in)justicia del Régimen del 78 y las sentencias que se deriven.
Jesús Gellida, politólogo e investigador social
@jesusgellida
Rebelión
La cuenta atrás para el juicio del Procés ha empezado con la Fiscalía y la Abogacía del Estado concretando sus acusaciones por rebelión, sedición y malversación a los líderes políticos y civiles del movimiento independentista que se enfrentan a penas de prisión, que van desde los 7 hasta los 25 años, por su compromiso con la autodeterminación. Unas decisiones que tendrán consecuencias directas en la gobernabilidad de Cataluña y del Estado español y que pueden rehacer la unidad de acción de todo el sobiranismo. El juicio llega después de más de un año de prisión preventiva y de haberse sucedido toda una serie de reveses judiciales europeos cuando no se aceptó la extradición de ningún de los exiliados, ya que la justicia europea no ha visto violencia en ninguna parte.
Un juicio donde se juzgará una voluntad política ejercida democráticamente, que marcará el calendario electoral y que disparará de nuevo una indignación que habrá que transformar en iniciativa política, operativa y efectiva para avanzar en el objetivo de la autodeterminación. Así pues, en el horizonte inmediato el juicio político del Procés se perfila como otro Momentum en el que se tendrían que aglutinar los apoyos del movimiento independentista pero, también, de todas aquellas personas que el 1-O defendieron los colegios electorales y que el 3-O llenaron las calles de Cataluña –contra la represión del Estado y en defensa de la autodeterminación– en la huelga general más grande de la historia del país. Un juicio injusto que tiene que servir para situar las demandas de libertad, de justicia y de democracia como espacio central antes, durante y después del mismo. En este sentido, Oriol Junqueras declaraba que “la prisión es indispensable para que el mundo abra los ojos” y acababa diciendo que “es el precio de la libertad”. Sea como fuere, el juicio tiene que servir para explicar el 1-O al mundo y denunciar la deriva represiva del Estado.
El presidente Quim Torra ya ha avisado, sin más concreciones, que no aceptará una sentencia condenatoria; avanzando así la hipótesis –nada descartable– de que, llegado el momento, pondrá su cargo a disposición y convocará, de nuevo, elecciones. Una opción que reestructuraría el sistema político catalán y, tal vez, abriría nuevos caminos, pero que pondría en riesgo la mayoría independentista en el Parlament. Así pues, el juicio supondrá un nuevo cambio de escenario en Cataluña, pero también en España donde aumentará la inestabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, que necesita de los apoyos de los soberanistas. No obstante, hoy por hoy las encuestas le son favorables a Sánchez y no es descartable un adelanto electoral de las elecciones generales que podrían apuntar hacia una mayoría estable entre el PSOE y Unidos Podemos.
Ante el juicio de la vergüenza hace falta una respuesta institucional, jurídica y civil, donde se denuncie la carencia de garantías democráticas del sistema judicial español. En este sentido, el Gobierno de la Generalitat reclama una mediación internacional para la resolución política del conflicto, las defensas de los presos políticos acabarán llevando el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, finalmente, desde la sociedad civil hay que profundizar en un movimiento anti-represivo y solidario contra la (in)justicia del Régimen del 78 y las sentencias que se deriven.
Jesús Gellida, politólogo e investigador social
@jesusgellida
miércoles, 9 de mayo de 2018
Aterrizar es necesario
Rafael Poch de Feliu
Tras una larga relación de treinta años entre un diario de derechas y un periodista de izquierdas, mi antiguo patrón, La Vanguardia, me despidió en enero. Ahora paso a colaborar con Jornada, sin sintonía alguna con las ilusiones del “estat catalá” hacia el que desembocan, coaligados, tanto sufrimientos y frustraciones populares, como el impulso de supervivencia institucional de la corrupta Generalitat pujoliana.
En septiembre escribí cuales serían las consecuencias de tal coalición;
1-exacerbación del nacionalismo español,
2-consolidación de la derecha en Madrid y en Barcelona,
3-fuera de juego de los Podemos, y
4- transformación de la latente división de la sociedad catalana en algo mucho más activo y desagradable.
En resumen, un nuevo retroceso en la historia ibérica que anula buena parte del potencial social que trajo la indignación post 2008 y que lo conduce a una vía muerta.
Los catalanes nos hemos presentado en España como gente razonable, pactista y pragmática que sabe sumar y restar. En realidad la historia del nacionalismo catalán acumula una sucesión de quimeras bastante notable; la fantasmagórica “invasión de Catalunya” del avi Maciá en 1926, la pantomima de declaración de octubre del 34, el suicida enfrentamiento armado entre facciones antifascistas en plena guerra civil de la Barcelona de 1937… El actual retroceso no es que tenga precedentes, sino que más bien parece un clásico.
Como explicó Josep Fontana, no hay independencia sin violencia. Naturalmente, a menos que uno cuente con el apoyo de los grandes poderes hegemónicos. Ese fue el caso de las independencias postsoviéticas, que además tuvieron la anómala complicidad de la propia metrópoli rusa interesada en disolver la URSS para que su clase dirigente tomara el poder en Moscú y se llenara los bolsillos sin el engorro de la hoz y el martillo. Nada de eso se da en España, por lo menos mientras en Madrid no haya un gobierno decidido a acometer reformas sociales y afirmar la soberanía española ante EE.UU, la OTAN y la Unión Europea.
El referéndum griego (61,3% contra la austeridad en 2015, en condiciones mucho más convincentes que el irregular 1-0) lo apuntó con toda claridad. Solo auténticos vendedores de alfombras pudieron agitar la ilusión de que “Europa” acabaría reconociendo el “derecho de autodeterminación”. Solo un pueblo políticamente inmaduro, manifiestamente desinformado por sus lamentables medios de comunicación, y completamente desesperado ante los espectáculos presenciados, pudo comprar tal ilusión.
La simple realidad es que el secesionismo lo tiene ahora peor que nunca en la Unión Europea. La brecha regional es la quinta del actual estancamiento europeo. Las otras cuatro son; la brecha entre Alemania y Francia, entre los pigs y los beneficiarios del euro, la del Brexit y la Este/Oeste. La regional no es tanto Escocia o Catalunya, sino sobre todo la multitud de tensiones nacionales y regionales en los Balcanes y en Europa Central; Rumania con Ucrania por Bukovina, Hungría con Ucrania por Rutenia, Hungría con Eslovaquia, Hungría con Rumania por Transilvania, Ucrania con Rusia (ya disparando) por el Donbas y Crimea, el norte de Kosovo que quiere integrarse en Serbia, los serbios y croatas de Bosnia que quieren su república, Macedonia…
El 8 de marzo, ocho estados del norte de Europa aprobaron un manifiesto, que Alemania ha acabado bendiciendo, contra cualquier reforma del euro sobre bases supranacionales. “La toma de decisiones debe mantenerse firmemente en las manos de los estados miembros”, decía. En un momento en el que el fracaso “federalista” de Macron está garantizado y avanza en la UE un regreso al consenso entre estados en detrimento de lo supranacional, ¿Qué estado podría ser solidario de la desmembración de uno de ellos abriendo el derecho de autodeterminación? Es necesario aterrizar.
Fuente: https://rafaelpoch.com/2018/05/05/aterrizar-es-necesario/
Tras una larga relación de treinta años entre un diario de derechas y un periodista de izquierdas, mi antiguo patrón, La Vanguardia, me despidió en enero. Ahora paso a colaborar con Jornada, sin sintonía alguna con las ilusiones del “estat catalá” hacia el que desembocan, coaligados, tanto sufrimientos y frustraciones populares, como el impulso de supervivencia institucional de la corrupta Generalitat pujoliana.
En septiembre escribí cuales serían las consecuencias de tal coalición;
1-exacerbación del nacionalismo español,
2-consolidación de la derecha en Madrid y en Barcelona,
3-fuera de juego de los Podemos, y
4- transformación de la latente división de la sociedad catalana en algo mucho más activo y desagradable.
En resumen, un nuevo retroceso en la historia ibérica que anula buena parte del potencial social que trajo la indignación post 2008 y que lo conduce a una vía muerta.
Los catalanes nos hemos presentado en España como gente razonable, pactista y pragmática que sabe sumar y restar. En realidad la historia del nacionalismo catalán acumula una sucesión de quimeras bastante notable; la fantasmagórica “invasión de Catalunya” del avi Maciá en 1926, la pantomima de declaración de octubre del 34, el suicida enfrentamiento armado entre facciones antifascistas en plena guerra civil de la Barcelona de 1937… El actual retroceso no es que tenga precedentes, sino que más bien parece un clásico.
Como explicó Josep Fontana, no hay independencia sin violencia. Naturalmente, a menos que uno cuente con el apoyo de los grandes poderes hegemónicos. Ese fue el caso de las independencias postsoviéticas, que además tuvieron la anómala complicidad de la propia metrópoli rusa interesada en disolver la URSS para que su clase dirigente tomara el poder en Moscú y se llenara los bolsillos sin el engorro de la hoz y el martillo. Nada de eso se da en España, por lo menos mientras en Madrid no haya un gobierno decidido a acometer reformas sociales y afirmar la soberanía española ante EE.UU, la OTAN y la Unión Europea.
El referéndum griego (61,3% contra la austeridad en 2015, en condiciones mucho más convincentes que el irregular 1-0) lo apuntó con toda claridad. Solo auténticos vendedores de alfombras pudieron agitar la ilusión de que “Europa” acabaría reconociendo el “derecho de autodeterminación”. Solo un pueblo políticamente inmaduro, manifiestamente desinformado por sus lamentables medios de comunicación, y completamente desesperado ante los espectáculos presenciados, pudo comprar tal ilusión.
La simple realidad es que el secesionismo lo tiene ahora peor que nunca en la Unión Europea. La brecha regional es la quinta del actual estancamiento europeo. Las otras cuatro son; la brecha entre Alemania y Francia, entre los pigs y los beneficiarios del euro, la del Brexit y la Este/Oeste. La regional no es tanto Escocia o Catalunya, sino sobre todo la multitud de tensiones nacionales y regionales en los Balcanes y en Europa Central; Rumania con Ucrania por Bukovina, Hungría con Ucrania por Rutenia, Hungría con Eslovaquia, Hungría con Rumania por Transilvania, Ucrania con Rusia (ya disparando) por el Donbas y Crimea, el norte de Kosovo que quiere integrarse en Serbia, los serbios y croatas de Bosnia que quieren su república, Macedonia…
El 8 de marzo, ocho estados del norte de Europa aprobaron un manifiesto, que Alemania ha acabado bendiciendo, contra cualquier reforma del euro sobre bases supranacionales. “La toma de decisiones debe mantenerse firmemente en las manos de los estados miembros”, decía. En un momento en el que el fracaso “federalista” de Macron está garantizado y avanza en la UE un regreso al consenso entre estados en detrimento de lo supranacional, ¿Qué estado podría ser solidario de la desmembración de uno de ellos abriendo el derecho de autodeterminación? Es necesario aterrizar.
Fuente: https://rafaelpoch.com/2018/05/05/aterrizar-es-necesario/
miércoles, 11 de abril de 2018
Declaraciones del catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla sobre el encarcelamiento de políticos catalanes.
Quiero recordar que Javier Pérez Royo, además de catedrático, ha sido el mejor expediente académico en Derecho de la Universidad de Sevilla. Según publicó en su momento El País, todas las asignaturas con Matriculas de Honor. Y se sabe que asistió a clases. Sus compañeros lo tienen en muy alta estima tanto como estudiante como ahora cuando ejerce de profesor, doctor, catedrático y en su momento de rector magnifico de la U. de Sevilla.
Catedráticos de Derecho Constitucional y la elección de Puigdemont
Noam Chomsky y más de 100 académicos de 19 países piden la puesta en libertad de los políticos catalanes encarcelados
Agencias
Más de cien académicos de 19 países, entre ellos Noam Chomsky, pidieron hoy en una carta "la puesta en libertad inmediata" de los políticos catalanes encarcelados en España por participar en la declaración de independencia de Cataluña.
En la misiva, publicada por el diario escocés independentista The National, reclaman también "una acción inmediata de la Unión Europea para detener esta represión, que representa una mancha indeleble y permanente en la democracia europea".
Piden además a la UE que actúe para acabar con la situación de los que denominan como "exiliados", en alusión a los políticos catalanes prófugos de la Justicia española, que, según afirman, "están siendo perseguidos por órdenes de detención europeas emitidas bajo los auspicios de la Unión Europea".
Entre esos políticos figuran el ex presidente catalán Carles Puigdemont, acusado por la Justicia española de rebelión y malversación de caudales públicos y quien está en Berlín a la espera de que la Justicia alemana decida sobre su entrega a España en cumplimiento de una euroorden.
También se incluye entre esos políticos la ex consejera catalana de Educación Clara Ponsatí, huida a Edimburgo y en libertad condicional con medidas cautelares pendiente de que se decida sobre su extradición a España para responder ante la Justicia de los delitos de rebelión y malversación.
Los firmantes de la carta son más de un centenar de profesores de distintas ramas de las humanidades de universidades de Estados Unidos, México, Argentina, Australia, Canadá y el Reino Unido.
sábado, 7 de abril de 2018
¿Por qué me tengo que callar? EDUARD PUNSET
Por primera vez en mucho tiempo, recuerdo los primeros diez años de mis ya largos ochenta y uno, cuyo aniversario celebro justo hoy, 9 de noviembre. Lo celebraré en la Vilella Baixa, perdida y bella localidad catalana donde mi padre, médico rural, estrenaba el fragor de su juventud curando apoplejías olvidadas por toda la comarca del Priorat, mi patria chica: la Vilella Baixa, la Vilella Alta, Gratallops, La Figuera...
Sin embargo, la de mi padre, Eduard Punset Alegrí, fue una generación que luchó mucho para superar la guerra. La Vilella Baixa quedó destrozada. El país estaba arrasado y, sin embargo, ellos nunca hablaban de la guerra, nunca. La de mi padre fue una generación muda, silenciosa y muy, muy trabajadora. Cuando cumplí los diecisiete, me envió a estudiar a Madrid, para que aprendiera a hablar bien el castellano de una puñetera vez, según dijo. Mi padre lo hacía por una simple cuestión de conocimiento y cultura. Era su obsesión, que estudiara. Sin embargo, recuerdo que, en la universidad en Madrid, al comienzo, me avergonzaba hablar en castellano en público, por mi acento catalán, si bien el castellano lo aprendíamos en la escuela. Lógicamente, en el recreo hablábamos en catalán. Era mi lengua materna y esto se lleva muy adentro. Es imborrable. Estos días, una persona del pueblo me comentaba lo mucho que me parecía a mi madre. Me ha hecho reflexionar. No me lo habían dicho nunca. Mi madre, Maria Casals Roca, murió bastante joven. El recuerdo se fue difuminando con los años. Sin embargo, me doy cuenta de que la llevo muy adentro, tanto como la lengua y el acento en que me hablaba. ¿Aún me pregunto ahora de qué me avergonzaba en Madrid?, pero me hizo ilusión que me dijeran que me parecía tanto físicamente a ella. En realidad, me doy cuenta ahora de que fue en Madrid donde empecé a aceptar un montón de cosas, sin que me importaran las consecuencias ni el qué dirán. Contra el mutismo paterno, que tantos compartirían, la nuestra fue una generación, al menos unos pocos, que de repente empezamos a hablar. Discutíamos y luchábamos por nuestras ideas, clandestinamente, desde lenguas y acentos diferentes. Lo recuerdo bien por dos motivos: porque esto supuso mi exilio y porque desde entonces, desde el momento (1958) en que tuve que salir de España llevo siempre el pasaporte encima. Siempre. Aunque sólo sea para salir un momento a comprar un poco de pan, nunca olvido mi pasaporte. Cuando me lo preguntan, invariablemente, respondo lo mismo: “Por si de repente tengo que volver a salir del país”. Nadie piensa en eso, pero yo lo he vivido y por eso siempre llevo el pasaporte encima. Estos días vuelvo a pensar otra vez mucho en todo esto. Me tuve que ir porqué algunos, por aquel tiempo aprendimos a hablar sin complejos, sin avergonzarnos de nada y con todas sus consecuencias.
Me acuerdo especialmente del episodio que provocó mi exilio; se produjo por haber lanzado unas cuantas octavillas en un partido de fútbol -a favor de una supuesta huelga general pacífica-, o por haber intentado organizar un pequeño homenaje a un científico republicano exiliado. Probablemente me buscaban por las dos cosas. El recuerdo que sí mantengo intacto es la llamada telefónica que me salvó la vida, justo cuando cerraba la puerta de la habitación de la pensión donde vivía en Madrid: “No vayas a la reunión por qué la policía te está esperando en la tasca donde has quedado”. Tomé la decisión en un instante, cogí el pasaporte, compré un billete hasta Burdeos y me fui. Desde entonces, nunca más he salido de casa sin él. A Manolo López, abogado laboralista y dirigente de los cuatro estudiantes comunistas que estábamos en la universidad, le pillaron: ocho años de cárcel y torturas. Éramos miembros del Partido Comunista de España y la reunión formaba parte del comité de coordinación universitario. A partir de 1959 fui exiliado político en Ginebra, y luego en París un par de años. Después pasé ocho en Londres, donde me ofrecieron trabajo, estudios, afecto.
Durante mi exilio descubrí dos hechos importantes que no he querido olvidar nunca. El primero, el sabor de la libertad; adquirí conocimientos de multitud de personas y a partir de una gran diversidad de ideas y opiniones. Poder viajar, y sobre todo estudiar, es algo maravilloso. Te saca de la cueva. Definitivamente. El segundo hecho importante, sin el cual seguramente no hubiese podido saborear el primero, fue descubrir el enorme salto democrático que suponía la separación absoluta de poderes, tan sólidamente implantada en mis países de acogida, Francia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra... para entender en toda su magnitud las democracias modernas, Montesquieu (Del espíritu de las leyes, 1748), el inventor de la separación entre los poderos Judicial, Ejecutivo y Legislativo es sublime, simplemente ¡fantástico!
Por estas dos razones, cuando Adolfo Suárez me propuso formar parte de su gobierno no lo dudé. Yo era el primer comunista que ocupaba un ministerio después de la muerte de Franco. Acepté porque confiaba. Siempre pensé que España compartía con Alemania varias cosas, pero sobre todo que los dos países formaban parte de las grandes potencias europeas que habían cometido el error histórico de sucumbir la una, electoralmente, al nazismo y la otra, recurriendo a una guerra civil, al fascismo. ¡Qué inocencia la mía! Estaba convencido de que el recuerdo de la Guerra Civil perviviría, a pesar del paso de los años. Creía que tanto España como Alemania llevarían en su alma aquel recuerdo; en términos históricos, no hacía falta ser hijo de aquella Guerra Civil para estar condicionado por ella. Para tranquilidad de la gran mayoría, en teoría, se llevarían a cabo las reformas y revoluciones a favor de un nuevo estado de cosas. Ahora me doy cuenta de que nos quedamos a medio camino, en favor de una transición que algunos calificamos de “benevolente”.
Debo reconocer que estaba equivocado, aunque sea lícito haberlo condicionado todo para favorecer la búsqueda del equilibrio social entre la seguridad y la reforma, tratar de incluir y satisfacer toda la diversidad de este país... pero todo esto nunca llegó.
Ahora, me veo de nuevo cincuenta años atrás. Estos son días de reflexión, también de tristeza y movilización. Hay quién me ha dicho que para qué me meto, y que qué necesidad tengo de hablar. ¿Y, por qué me tengo que callar? Nosotros, que tuvimos que aprender a hablar de nuevo. Nosotros, que conseguimos salir de la jaula y formarnos en el exterior porque aquí ni tan siquiera nos dejaban opinar. Yo, que tuve la suerte inmensa de lanzarme al mundo para aprender de tanta gente increíble, de la mano de científicos de todo el planeta que precisamente se atrevían a hablar de temas que a nosotros nos avergonzaban, sexo, suicidio, primates, ¡El origen de la vida! ¡Cómo empezó todo! Con el programa Redes de Televisión Española, conseguimos llevar la ciencia a toda una generación. La mayor ilusión de mi vida fue el día en que una chica se me acercó en la calle y me dijo: “Quiero que sepa que decidí estudiar Física gracias a Redes”.
Y, a pesar de todo, no consigo separarme de mi pasaporte. No puedo parar de pensar en Montesquieu y en la dichosa separación de poderes. Desgraciadamente, la separación de poderes en España no existe. Debo admitir que la “transición benevolente”, de la que tanto nos llenamos la boca, aceptó también renunciar, al menos por el momento, a la famosa división de poderes en el Congreso como sistema de representación pública; esto fue así, entre otras cosas, porque entre los políticos de entonces ninguno aceptaba que el Poder Judicial no fuera elegido también por ellos mismos. Recuerdo conversaciones mantenidas con políticos de carácter benevolente a los que intenté convencer de que una cosa no podía ir sin la otra. Lo había aprendido en el exilio. Y así están la cosas: aún vivimos en un país donde alguien puede ir a parar a la cárcel por sus ideas políticas. ¿Y por qué me tengo que callar? Hoy, en Vilella Baixa, me acordaré de mis padres, de aquella generación muda que optó por el silencio y se obsesionó con nuestra formación; y beberé, en silencio, por la libertad, por los amigos Oriol, Jordis, Josep, Joaquim, Jordi, Raül, Dolors, Meritxell y Carles, que, de nuevo, están otra vez en la cárcel y que ¡quiero que saquen ya!
http://www.lavanguardia.com/politica/20171109/432721596226/eduardo-punset-presos-callar.html
Sin embargo, la de mi padre, Eduard Punset Alegrí, fue una generación que luchó mucho para superar la guerra. La Vilella Baixa quedó destrozada. El país estaba arrasado y, sin embargo, ellos nunca hablaban de la guerra, nunca. La de mi padre fue una generación muda, silenciosa y muy, muy trabajadora. Cuando cumplí los diecisiete, me envió a estudiar a Madrid, para que aprendiera a hablar bien el castellano de una puñetera vez, según dijo. Mi padre lo hacía por una simple cuestión de conocimiento y cultura. Era su obsesión, que estudiara. Sin embargo, recuerdo que, en la universidad en Madrid, al comienzo, me avergonzaba hablar en castellano en público, por mi acento catalán, si bien el castellano lo aprendíamos en la escuela. Lógicamente, en el recreo hablábamos en catalán. Era mi lengua materna y esto se lleva muy adentro. Es imborrable. Estos días, una persona del pueblo me comentaba lo mucho que me parecía a mi madre. Me ha hecho reflexionar. No me lo habían dicho nunca. Mi madre, Maria Casals Roca, murió bastante joven. El recuerdo se fue difuminando con los años. Sin embargo, me doy cuenta de que la llevo muy adentro, tanto como la lengua y el acento en que me hablaba. ¿Aún me pregunto ahora de qué me avergonzaba en Madrid?, pero me hizo ilusión que me dijeran que me parecía tanto físicamente a ella. En realidad, me doy cuenta ahora de que fue en Madrid donde empecé a aceptar un montón de cosas, sin que me importaran las consecuencias ni el qué dirán. Contra el mutismo paterno, que tantos compartirían, la nuestra fue una generación, al menos unos pocos, que de repente empezamos a hablar. Discutíamos y luchábamos por nuestras ideas, clandestinamente, desde lenguas y acentos diferentes. Lo recuerdo bien por dos motivos: porque esto supuso mi exilio y porque desde entonces, desde el momento (1958) en que tuve que salir de España llevo siempre el pasaporte encima. Siempre. Aunque sólo sea para salir un momento a comprar un poco de pan, nunca olvido mi pasaporte. Cuando me lo preguntan, invariablemente, respondo lo mismo: “Por si de repente tengo que volver a salir del país”. Nadie piensa en eso, pero yo lo he vivido y por eso siempre llevo el pasaporte encima. Estos días vuelvo a pensar otra vez mucho en todo esto. Me tuve que ir porqué algunos, por aquel tiempo aprendimos a hablar sin complejos, sin avergonzarnos de nada y con todas sus consecuencias.
Me acuerdo especialmente del episodio que provocó mi exilio; se produjo por haber lanzado unas cuantas octavillas en un partido de fútbol -a favor de una supuesta huelga general pacífica-, o por haber intentado organizar un pequeño homenaje a un científico republicano exiliado. Probablemente me buscaban por las dos cosas. El recuerdo que sí mantengo intacto es la llamada telefónica que me salvó la vida, justo cuando cerraba la puerta de la habitación de la pensión donde vivía en Madrid: “No vayas a la reunión por qué la policía te está esperando en la tasca donde has quedado”. Tomé la decisión en un instante, cogí el pasaporte, compré un billete hasta Burdeos y me fui. Desde entonces, nunca más he salido de casa sin él. A Manolo López, abogado laboralista y dirigente de los cuatro estudiantes comunistas que estábamos en la universidad, le pillaron: ocho años de cárcel y torturas. Éramos miembros del Partido Comunista de España y la reunión formaba parte del comité de coordinación universitario. A partir de 1959 fui exiliado político en Ginebra, y luego en París un par de años. Después pasé ocho en Londres, donde me ofrecieron trabajo, estudios, afecto.
Durante mi exilio descubrí dos hechos importantes que no he querido olvidar nunca. El primero, el sabor de la libertad; adquirí conocimientos de multitud de personas y a partir de una gran diversidad de ideas y opiniones. Poder viajar, y sobre todo estudiar, es algo maravilloso. Te saca de la cueva. Definitivamente. El segundo hecho importante, sin el cual seguramente no hubiese podido saborear el primero, fue descubrir el enorme salto democrático que suponía la separación absoluta de poderes, tan sólidamente implantada en mis países de acogida, Francia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra... para entender en toda su magnitud las democracias modernas, Montesquieu (Del espíritu de las leyes, 1748), el inventor de la separación entre los poderos Judicial, Ejecutivo y Legislativo es sublime, simplemente ¡fantástico!
Por estas dos razones, cuando Adolfo Suárez me propuso formar parte de su gobierno no lo dudé. Yo era el primer comunista que ocupaba un ministerio después de la muerte de Franco. Acepté porque confiaba. Siempre pensé que España compartía con Alemania varias cosas, pero sobre todo que los dos países formaban parte de las grandes potencias europeas que habían cometido el error histórico de sucumbir la una, electoralmente, al nazismo y la otra, recurriendo a una guerra civil, al fascismo. ¡Qué inocencia la mía! Estaba convencido de que el recuerdo de la Guerra Civil perviviría, a pesar del paso de los años. Creía que tanto España como Alemania llevarían en su alma aquel recuerdo; en términos históricos, no hacía falta ser hijo de aquella Guerra Civil para estar condicionado por ella. Para tranquilidad de la gran mayoría, en teoría, se llevarían a cabo las reformas y revoluciones a favor de un nuevo estado de cosas. Ahora me doy cuenta de que nos quedamos a medio camino, en favor de una transición que algunos calificamos de “benevolente”.
Debo reconocer que estaba equivocado, aunque sea lícito haberlo condicionado todo para favorecer la búsqueda del equilibrio social entre la seguridad y la reforma, tratar de incluir y satisfacer toda la diversidad de este país... pero todo esto nunca llegó.
Ahora, me veo de nuevo cincuenta años atrás. Estos son días de reflexión, también de tristeza y movilización. Hay quién me ha dicho que para qué me meto, y que qué necesidad tengo de hablar. ¿Y, por qué me tengo que callar? Nosotros, que tuvimos que aprender a hablar de nuevo. Nosotros, que conseguimos salir de la jaula y formarnos en el exterior porque aquí ni tan siquiera nos dejaban opinar. Yo, que tuve la suerte inmensa de lanzarme al mundo para aprender de tanta gente increíble, de la mano de científicos de todo el planeta que precisamente se atrevían a hablar de temas que a nosotros nos avergonzaban, sexo, suicidio, primates, ¡El origen de la vida! ¡Cómo empezó todo! Con el programa Redes de Televisión Española, conseguimos llevar la ciencia a toda una generación. La mayor ilusión de mi vida fue el día en que una chica se me acercó en la calle y me dijo: “Quiero que sepa que decidí estudiar Física gracias a Redes”.
Y, a pesar de todo, no consigo separarme de mi pasaporte. No puedo parar de pensar en Montesquieu y en la dichosa separación de poderes. Desgraciadamente, la separación de poderes en España no existe. Debo admitir que la “transición benevolente”, de la que tanto nos llenamos la boca, aceptó también renunciar, al menos por el momento, a la famosa división de poderes en el Congreso como sistema de representación pública; esto fue así, entre otras cosas, porque entre los políticos de entonces ninguno aceptaba que el Poder Judicial no fuera elegido también por ellos mismos. Recuerdo conversaciones mantenidas con políticos de carácter benevolente a los que intenté convencer de que una cosa no podía ir sin la otra. Lo había aprendido en el exilio. Y así están la cosas: aún vivimos en un país donde alguien puede ir a parar a la cárcel por sus ideas políticas. ¿Y por qué me tengo que callar? Hoy, en Vilella Baixa, me acordaré de mis padres, de aquella generación muda que optó por el silencio y se obsesionó con nuestra formación; y beberé, en silencio, por la libertad, por los amigos Oriol, Jordis, Josep, Joaquim, Jordi, Raül, Dolors, Meritxell y Carles, que, de nuevo, están otra vez en la cárcel y que ¡quiero que saquen ya!
http://www.lavanguardia.com/politica/20171109/432721596226/eduardo-punset-presos-callar.html
lunes, 18 de diciembre de 2017
El problema no es el 21D, sino el 22D
eldiario.es
No cabe duda de que el auto del juez Pablo Llanera dictado ayer, que el lector con seguridad conoce, va a tener un impacto en la campaña electoral que comenzó apenas doce horas después de que dicho auto se hiciera público.
Pero, en mi opinión, el impacto va a ser mayor a partir del 22D. Una campaña electoral es una suerte de paréntesis, en el que se hace política de una manera completamente distinta a como se hace el resto del tiempo. Durante los días de campaña no se gobierna ni se hace oposición. El enfrentamiento es puramente dialéctico. El impacto de la prolongación de la prisión provisional de los dos exconsejeros y de los presidentes de ANC y OMNIUM hará que la carga emocional de los discursos, de la de todos y no solamente de la de los nacionalistas, sea mayor, pero de ahí no pasará. La liturgia electoral se desarrollará según lo previsto y el derecho de sufragio se ejercerá con normalidad.
Pero el 21 al caer la tarde se cierra el paréntesis y hay que volver a hacer política a partir de la interpretación de la decisión del cuerpo electoral. Ese es el momento de la verdad. En ese momento habrá que comprobar si se puede formar gobierno y, como consecuencia de ello, si se puede levantar el “estado de excepción” que supone la aplicación del 155 o no.
Porque hasta que no haya investidura del presidente de la Generalitat, se mantendrá la aplicación del art. 155 CE, es decir, será el Presidente del Gobierno de la Nación el responsable de la dirección de la Administración catalana. El tiempo que se tarde para hacer la investidura no es irrelevante. Es tiempo de prolongación de la suspensión de la autonomía y de la ocupación de Catalunya desde el exterior.
Hacer una investidura en estas circunstancias no va a ser fácil. Ya no lo está siendo en estos últimos años. Ahí están las últimas elecciones catalanas o las dos últimas españolas, por no hablar de las últimas alemanas. Y sin autos de prisión ni querellas por delitos de rebelión ni embargos vengativos.
Constituir gobierno y salir del 155 CE es de una urgencia extraordinaria para recobrar una cierta normalidad que permita vislumbrar un encaje de Catalunya en el Estado, que resulte aceptable para todos. Cuanto más se prolongue el “estado de excepción” más difícil va ser encontrar una salida.
Y negociar la formación de un gobierno con políticos en prisión y bajo amenazas de querellas por rebelión, si los resultados electorales son los que pronostican las encuestas, no va a resultar nada fácil. La aplicación del art. 155 CE es lo que ha conducido a que los miembros del Govern hayan perdido el fuero y a que, como consecuencia de ello, el Fiscal General del Estado pudiera soslayar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a la hora de residenciar las querellas por rebelión. ¿Habría admitido a trámite el TSJC una querella por rebelión como la que han admitido la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo? ¿Habría adoptado las medidas cautelares que han adoptado estos últimos?
Sé que es profundamente injusto para Miquel Iceta, pero esto es lo que ha supuesto el recurso al 155 CE. Antes de apoyar el recurso al art. 155 CE, la dirección del PSOE debería haber exigido al presidente del Gobierno que diera orden al Fiscal General de que no activara querellas contra los miembros del Govern y de la mesa del Parlament y menos cuando se pone en marcha un proceso electoral. La calificación de las conductas como delito de rebelión y las decisiones de admitirlas a trámite como tales y de ordenar la prisión provisional han sido del Fiscal General y de la AN y TS, pero han sido Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera los que las han hecho posible.
El Fiscal General y los magistrados de la AN o del TS no tienen que participar en la negociación de la investidura del president de la Generalitat. Pero el PP, el PSOE y Ciudadanos sí. Al haber posibilitado la persecución judicial de sus adversarios políticos se han inhabilitado para entablar una negociación con ellos.
El auto del lunes, en la medida en que reafirma la calificación como rebelión de las conductas de los exconsejeros y de los presidentes de la ANC y de Omnium, uno de los cuales es candidato en la lista de Puigdemont, consolida y profundiza la fractura que se ha producido a lo largo de estos años en la sociedad catalana.
Es lo que suele ocurrir con las decisiones judiciales. Una vez que se han producido, no hay manera de negociar, de hacer política. Y hay problemas que solo se pueden resolver haciendo política.
Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/problema_6_715388488.html
sábado, 11 de noviembre de 2017
Desde Londres con amor
La Vanguardia
Me levanto aquí en Londres antes del amanecer, leo lo último sobre Catalunya y pienso qué feo que es todo esto. Qué feo y qué doloroso y qué decepcionante.
Esperaba más de España, el país donde nació mi madre, donde he vivido quince de los últimos diecinueve años, donde me he propuesto vivir –en Catalunya, sea independiente o no– la mayor parte del resto de los días que me quedan. La gente es más simpática, noble y generosa que en cualquiera de los otros siete países en los que he vivido. Comparado con los más de 70 países que he visitado es un buen lugar para ser un inmigrante, es un buen país para ser homosexual, para ser mujer, para ser un niño o un anciano. Hay tanto en España que es admirable, envidiable, moderno y ejemplar.
Es por todo esto que me decepciona y me deprime tanto constatar lo primitiva que sigue siendo la joven democracia española, en particular lo desquiciada que se vuelve cuando entra en juego el tema de la soberanía territorial. Tanto yo como mis muchos amigos extranjeros que conocen bien España y la aman hemos descubierto en las últimas semanas del drama catalán algo oscuro en el alma política de este país que hubiéramos preferido no ver.
Esto no es tomar una posición a favor de la independencia. Creo que sin excepción todos mis amigos nacidos fuera comparten mi rechazo al independentismo. No me gusta el antagonismo que define la esencia del sentimiento nacionalista siempre y en todos los lugares; sospecho que el precio económico de abandonar España sería catastrófico para Catalunya, en cuyo suelo, por cierto, tengo todos mis ahorros.
Seguir leyendo:
http://www.lavanguardia.com/opinion/20171101/432516063870/desde-londres-con-amor.html
viernes, 10 de noviembre de 2017
La izquierda y el derecho de autodeterminación. Hoy, en ausencia de colonialismo y dentro de un país de la Unión Europea, el derecho a la autodeterminación es una reivindicación reaccionaria, incluso involucionista, impropia de partidos o sindicatos progresistas
“El nacionalismo de los de arriba sirve a los de arriba. El nacionalismo de los de abajo sirve también a los de arriba. El nacionalismo cuando los pobres lo llevan dentro, no mejora, es un absurdo total”. Bertold Brecht
Desde el principio se sabía que el famoso “derecho a decidir” era un hábil eufemismo con el fin de enmascarar el inexistente, en condiciones de países democráticos, derecho de autodeterminación de “los pueblos”. Este derecho tiene una larga historia que merece algunas reflexiones.
Es conocido que la socialdemocracia internacional reconoció este derecho ya en 1896, en un Congreso celebrado en Londres, en el sentido de que se trataba de un derecho político a la independencia o secesión de la nación o imperio opresores. Este criterio lo adoptaron casi todos los partidos pertenecientes a la 2ª Internacional, incluyendo el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, del que emanaría el partido bolchevique de Lenin.
Con el triunfo de la revolución de 1917 —de la que se conmemoran los 100 años—, la libre autodeterminación y la posibilidad de formar un Estado separado se recogió en la declaración de Derechos de los Pueblos de Rusia y, después, en la Constitución de 1924. No obstante, esta posición no fue nada pacífica en los debates de la época. Mientras Lenin, Trotsky, Kautsky y otros defendieron con ardor la consigna autodeterminista, otros como Rosa Luxemburgo, Bujarin y los llamados bolcheviques de izquierda se opusieron con igual empeño. Los primeros, argumentaban que el nacionalismo era una fuerza revolucionaria en la época de las colonias y de los imperios, “cárceles de pueblos”, mientras que los segundos sostenían que en la era de los imperialismos modernos era una antigualla defender las fronteras nacionales y, sobre todo, que el nacionalismo había estado en el origen de la espantosa guerra del 14, cuando incluso una parte de la izquierda había votado los créditos de guerra, costándole la vida al socialista francés Jean Jaurès al oponerse a ellos.
Prevalecieron entonces las tesis de Lenin y de otros dirigentes de la izquierda, pues era cierto que la libre determinación tenía sentido en el proceso de descolonización e, igualmente, la independencia de naciones sojuzgadas por los imperios que fueron derrotados en aquella carnicería: el austro-húngaro; el de los zares; el otomano y el del káiser Guillermo. Quedaron en pie el británico y el francés que durarían unos años. En el fondo, las teorías de Luxemburgo y Bujarin se compadecían más con las de Marx, que en su análisis del desarrollo del capitalismo veía más conveniente para la causa de los trabajadores la federación de las naciones con el fin de lograr entidades políticas más fuertes.
Cuando concluyó la Gran Guerra llegó a París el presidente Wilson con sus no menos famosos 14 puntos, entre ellos el derecho de autodeterminación, sobre todo de las naciones que conformaban el imperio de los Habsburgo. Wilson procedía de la tradición anticolonial de EE UU, no le gustaban los imperios europeos y tampoco le interesaba dejar esa bandera en manos de un bolchevique como Lenin. A París fueron en peregrinación todos los nacionalismos irredentos con la finalidad de que el presidente americano les diera su bendición. Aun así, se cuenta que cuando se trató, también, el caso de Cataluña, el presidente francés Clemenceau se limitó a decir “pas des bêtises” (nada de tonterías) y ahí acabó la discusión. El resultado de todo ello fue que el mapa de Europa quedó cual manta escocesa, surgieron múltiples pequeñas naciones y en especial en los Balcanes, origen de múltiples conflictos.
En la actualidad, las condiciones han cambiado radicalmente y sería trágico que la izquierda no se diera cuenta de lo que eso significa. Comprendo que, a veces, no es fácil entender los vericuetos de la dialéctica de los procesos, pero este es un ejemplo de cómo un derecho progresista o liberador, en una fase histórica, se puede transformar en su contrario en otra etapa diferente. Esta es la razón por la cual Naciones Unidas —donde no sé si abundan los dialécticos— ha concretado su doctrina sobre este tema señalando que debe respetarse la libre determinación sólo en los casos de dominio colonial o en supuestos de opresión, persecución o discriminación, pero en ningún caso para quebrantar la unidad nacional en países democráticos.
En las condiciones creadas por la globalización, con mercados y multinacionales globales, inmersos en la revolución digital, cuando ya no existen situaciones coloniales generalizadas ni imperios “cárceles de pueblos”, el derecho de autodeterminación es una reivindicación reaccionaria, impropia de partidos o sindicatos de izquierda. Todavía más involucionista si cabe en el supuesto de los países pertenecientes a la Unión Europea, inmersa en un proceso de integración cada vez mayor, imprescindible para poder medirse, desde la democracia, con los grandes poderes económicos y tecnológicos. Una transformación de actuales regiones o autonomías en Estados independientes haría inviable el futuro de una unión política europea.
Es verdad que durante el periodo de los movimientos anticoloniales, véase la posición contra la guerra de África del PSOE de Iglesias, o durante la última dictadura franquista, la reivindicación de la libre autodeterminación tenía un sentido y así se recogía en los programas de los partidos y sindicatos de izquierda españoles; eso sí, siempre en aquel contexto y supeditado a la unidad de los trabajadores. Pero en condiciones de democracia, en la mundialización y la construcción europea no hay nada más contrario a los intereses de los trabajadores que romper un país. Ese acto profundamente insolidario —en especial cuando los que quieren romper son de los más ricos— divide a los sindicatos; quiebra la caja única de la Seguridad Social, garantía de las pensiones; parte la unidad de los convenios colectivos y el sistema de relaciones laborales, en un espacio de mercado único que, de quebrarse, dejaría a la intemperie a trabajadores y empresas.
En consecuencia, los partidos y sindicatos de izquierda deberían revisar esta cuestión, superar viejas inercias y concluir que en las condiciones actuales lo que antaño era progresista hogaño es retrógrado y antisocial, propio de fuerzas nacionalistas radicales y/o populistas que no tienen nada que ver con los intereses de las mayorías sociales.
Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.
https://elpais.com/elpais/2017/10/23/opinion/1508760641_669330.html
Desde el principio se sabía que el famoso “derecho a decidir” era un hábil eufemismo con el fin de enmascarar el inexistente, en condiciones de países democráticos, derecho de autodeterminación de “los pueblos”. Este derecho tiene una larga historia que merece algunas reflexiones.
Es conocido que la socialdemocracia internacional reconoció este derecho ya en 1896, en un Congreso celebrado en Londres, en el sentido de que se trataba de un derecho político a la independencia o secesión de la nación o imperio opresores. Este criterio lo adoptaron casi todos los partidos pertenecientes a la 2ª Internacional, incluyendo el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, del que emanaría el partido bolchevique de Lenin.
Con el triunfo de la revolución de 1917 —de la que se conmemoran los 100 años—, la libre autodeterminación y la posibilidad de formar un Estado separado se recogió en la declaración de Derechos de los Pueblos de Rusia y, después, en la Constitución de 1924. No obstante, esta posición no fue nada pacífica en los debates de la época. Mientras Lenin, Trotsky, Kautsky y otros defendieron con ardor la consigna autodeterminista, otros como Rosa Luxemburgo, Bujarin y los llamados bolcheviques de izquierda se opusieron con igual empeño. Los primeros, argumentaban que el nacionalismo era una fuerza revolucionaria en la época de las colonias y de los imperios, “cárceles de pueblos”, mientras que los segundos sostenían que en la era de los imperialismos modernos era una antigualla defender las fronteras nacionales y, sobre todo, que el nacionalismo había estado en el origen de la espantosa guerra del 14, cuando incluso una parte de la izquierda había votado los créditos de guerra, costándole la vida al socialista francés Jean Jaurès al oponerse a ellos.
Prevalecieron entonces las tesis de Lenin y de otros dirigentes de la izquierda, pues era cierto que la libre determinación tenía sentido en el proceso de descolonización e, igualmente, la independencia de naciones sojuzgadas por los imperios que fueron derrotados en aquella carnicería: el austro-húngaro; el de los zares; el otomano y el del káiser Guillermo. Quedaron en pie el británico y el francés que durarían unos años. En el fondo, las teorías de Luxemburgo y Bujarin se compadecían más con las de Marx, que en su análisis del desarrollo del capitalismo veía más conveniente para la causa de los trabajadores la federación de las naciones con el fin de lograr entidades políticas más fuertes.
Cuando concluyó la Gran Guerra llegó a París el presidente Wilson con sus no menos famosos 14 puntos, entre ellos el derecho de autodeterminación, sobre todo de las naciones que conformaban el imperio de los Habsburgo. Wilson procedía de la tradición anticolonial de EE UU, no le gustaban los imperios europeos y tampoco le interesaba dejar esa bandera en manos de un bolchevique como Lenin. A París fueron en peregrinación todos los nacionalismos irredentos con la finalidad de que el presidente americano les diera su bendición. Aun así, se cuenta que cuando se trató, también, el caso de Cataluña, el presidente francés Clemenceau se limitó a decir “pas des bêtises” (nada de tonterías) y ahí acabó la discusión. El resultado de todo ello fue que el mapa de Europa quedó cual manta escocesa, surgieron múltiples pequeñas naciones y en especial en los Balcanes, origen de múltiples conflictos.
En la actualidad, las condiciones han cambiado radicalmente y sería trágico que la izquierda no se diera cuenta de lo que eso significa. Comprendo que, a veces, no es fácil entender los vericuetos de la dialéctica de los procesos, pero este es un ejemplo de cómo un derecho progresista o liberador, en una fase histórica, se puede transformar en su contrario en otra etapa diferente. Esta es la razón por la cual Naciones Unidas —donde no sé si abundan los dialécticos— ha concretado su doctrina sobre este tema señalando que debe respetarse la libre determinación sólo en los casos de dominio colonial o en supuestos de opresión, persecución o discriminación, pero en ningún caso para quebrantar la unidad nacional en países democráticos.
En las condiciones creadas por la globalización, con mercados y multinacionales globales, inmersos en la revolución digital, cuando ya no existen situaciones coloniales generalizadas ni imperios “cárceles de pueblos”, el derecho de autodeterminación es una reivindicación reaccionaria, impropia de partidos o sindicatos de izquierda. Todavía más involucionista si cabe en el supuesto de los países pertenecientes a la Unión Europea, inmersa en un proceso de integración cada vez mayor, imprescindible para poder medirse, desde la democracia, con los grandes poderes económicos y tecnológicos. Una transformación de actuales regiones o autonomías en Estados independientes haría inviable el futuro de una unión política europea.
Es verdad que durante el periodo de los movimientos anticoloniales, véase la posición contra la guerra de África del PSOE de Iglesias, o durante la última dictadura franquista, la reivindicación de la libre autodeterminación tenía un sentido y así se recogía en los programas de los partidos y sindicatos de izquierda españoles; eso sí, siempre en aquel contexto y supeditado a la unidad de los trabajadores. Pero en condiciones de democracia, en la mundialización y la construcción europea no hay nada más contrario a los intereses de los trabajadores que romper un país. Ese acto profundamente insolidario —en especial cuando los que quieren romper son de los más ricos— divide a los sindicatos; quiebra la caja única de la Seguridad Social, garantía de las pensiones; parte la unidad de los convenios colectivos y el sistema de relaciones laborales, en un espacio de mercado único que, de quebrarse, dejaría a la intemperie a trabajadores y empresas.
En consecuencia, los partidos y sindicatos de izquierda deberían revisar esta cuestión, superar viejas inercias y concluir que en las condiciones actuales lo que antaño era progresista hogaño es retrógrado y antisocial, propio de fuerzas nacionalistas radicales y/o populistas que no tienen nada que ver con los intereses de las mayorías sociales.
Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.
https://elpais.com/elpais/2017/10/23/opinion/1508760641_669330.html
domingo, 29 de octubre de 2017
“¡Ah, la Catalogne!”. (Vista desde París)
En una pequeña librería del barrio latino de París tiene su sede el IREMMO, un centro de estudios independiente “sobre el Mediterráneo y Oriente Medio”, una pequeña pero importante institución parisina. Sus coloquios suelen ser interesantes porque la gente que participa en ellos, con alguna salvedad periodística, suele ser competente. Intento asistir a ellos cuando el tema me interesa, pese al gran inconveniente de que muchas sesiones son a media tarde, justo en la franja horaria en la que los plumíferos elaboramos nuestras incomprendidas joyas de la historia literaria mundial que ya no sirven ni para envolver bocadillos.
El caso es que el IREMMO, que suele enfocar su actividad hacia Oriente Medio se acordó de que lugares como Catalunya también forman parte de ese Mediterráneo que está en sus siglas y dedicó el miércoles un coloquio al procés. El intento de los franceses por entender lo que está ocurriendo en España ha dado lugar a muchos bandazos. En pocas semanas la editorial de Le Monde pasaba de recomendar a Rajoy que siguiera el ejemplo de Cameron con Escocia, a condenar como “vendedor de ilusiones” y “estratega de la tensión” a Puigdemont, que no consiguió ser recibido por nadie en París. La segunda editorial de Le Monde causó crujir de dientes en Barcelona. En las redes sociales se intentó explicar en, “el 15% que el grupo Prisa tiene en el diario francés”, obviando que las editoriales que Le Figaro dedicó al independentismo (“Un desastre indecente”) no fueron a la zaga.
Un debate sin histerias
El diario conservador del grupo Dassault acusó a los independentistas, en una tribuna del consejero de Estado Jean-Éric Schoettl, de, “intolerantes y autoritarios” por, “querer extirpar la parte hispánica” que los catalanes llevan dentro. En el referido coloquio del barrio latino, los tonos fueron mucho más sosegados. No había ibéricos en el público, compuesto por gente predominantemente madura y más bien inclinada a la izquierda, con lo que el ambiente se benefició de la ausencia de pasión de quienes no están emocionalmente implicados. Los ponentes eran los profesores Cyril Trépier y Christian Hoarau, que ofrecieron muchos elementos de historia, de sociología electoral y demás, para intentar dilucidar el enigma que el asunto plantea a los franceses: ¿por qué en uno de los países más descentralizados de Europa, una de las regiones con mayor soberanía y competencias autónomas quiere independizarse? Tanto Trépier como Hoarau tienen libros publicados sobre Catalunya, uno de ellos con prólogo de Artur Mas. El segundo resumió la situación a la que se ha llegado en dos elementos explicativos: 1- El Estado privilegió la inercia y cuando se dio cuenta de que el asunto estallaba fue a la confrontación y 2-Los independentistas apostaron por la ruptura con mediación de la UE, algo poco realista, en defecto de un pacto.
Falta de visión a ambos lados
Las preguntas del público en este amable coloquio fueron las siguientes, por orden de aparición; ¿Cual es el papel de Podemos en esta crisis? ¿Qué diferencias hay entre la autonomía vasca y la catalana? ¿Cómo explicar la reacción fuerte del Estado al referéndum ilegal? ¿De dónde sale esa ilusión hacia la mediación de la UE? ¿Recibe o escucha alguien en Bruselas a los independentistas? ¿Hay peligro de guerra civil? ¿Qué pinta el franquismo en todo esto? y, finalmente, ¿Qué habría que hacer? Los ponentes apenas mencionaron dos aspectos fundamentales del gran contexto de la situación española: el enorme sufrimiento que la crisis económica tiene sobre la población ibérica más humilde, y la delicada situación que la crisis plantea para la legitimidad de los dos gobiernos implicados, conectados por ese fenomenal río de corrupción que une Madrid con Barcelona y que convierte a los nacionalismos en enormes recursos políticos. A partir de ahí, inocentes sorpresas ante la falta de respuestas solidarias y comprensivas en Europa y ante la reacción de fuerza del Estado y su amenaza de liquidar, simplemente, la autonomía.
“El gobierno catalán asumió el riesgo de una situación que no era impensable y de la que el 1-0 la primera víctima no fueron las instituciones sino la población”, dijeron. Esperanzas en que Rajoy no lleve demasiado lejos la “humillación” que la situación le brinda en bandeja y cuya salida menos mala sería la electoral. En resumen la conclusión: “una crisis que no ha sido gestionada con visión, ni por una parte ni por la otra”. Eso y la certeza de que un coloquio así, tranquilo y desapasionado, sería muy difícil en la España de hoy.
https://rafaelpoch.com/2017/10/28/ah-la-catalogne-vista-desde-paris/#more-63
El caso es que el IREMMO, que suele enfocar su actividad hacia Oriente Medio se acordó de que lugares como Catalunya también forman parte de ese Mediterráneo que está en sus siglas y dedicó el miércoles un coloquio al procés. El intento de los franceses por entender lo que está ocurriendo en España ha dado lugar a muchos bandazos. En pocas semanas la editorial de Le Monde pasaba de recomendar a Rajoy que siguiera el ejemplo de Cameron con Escocia, a condenar como “vendedor de ilusiones” y “estratega de la tensión” a Puigdemont, que no consiguió ser recibido por nadie en París. La segunda editorial de Le Monde causó crujir de dientes en Barcelona. En las redes sociales se intentó explicar en, “el 15% que el grupo Prisa tiene en el diario francés”, obviando que las editoriales que Le Figaro dedicó al independentismo (“Un desastre indecente”) no fueron a la zaga.
Un debate sin histerias
El diario conservador del grupo Dassault acusó a los independentistas, en una tribuna del consejero de Estado Jean-Éric Schoettl, de, “intolerantes y autoritarios” por, “querer extirpar la parte hispánica” que los catalanes llevan dentro. En el referido coloquio del barrio latino, los tonos fueron mucho más sosegados. No había ibéricos en el público, compuesto por gente predominantemente madura y más bien inclinada a la izquierda, con lo que el ambiente se benefició de la ausencia de pasión de quienes no están emocionalmente implicados. Los ponentes eran los profesores Cyril Trépier y Christian Hoarau, que ofrecieron muchos elementos de historia, de sociología electoral y demás, para intentar dilucidar el enigma que el asunto plantea a los franceses: ¿por qué en uno de los países más descentralizados de Europa, una de las regiones con mayor soberanía y competencias autónomas quiere independizarse? Tanto Trépier como Hoarau tienen libros publicados sobre Catalunya, uno de ellos con prólogo de Artur Mas. El segundo resumió la situación a la que se ha llegado en dos elementos explicativos: 1- El Estado privilegió la inercia y cuando se dio cuenta de que el asunto estallaba fue a la confrontación y 2-Los independentistas apostaron por la ruptura con mediación de la UE, algo poco realista, en defecto de un pacto.
Falta de visión a ambos lados
Las preguntas del público en este amable coloquio fueron las siguientes, por orden de aparición; ¿Cual es el papel de Podemos en esta crisis? ¿Qué diferencias hay entre la autonomía vasca y la catalana? ¿Cómo explicar la reacción fuerte del Estado al referéndum ilegal? ¿De dónde sale esa ilusión hacia la mediación de la UE? ¿Recibe o escucha alguien en Bruselas a los independentistas? ¿Hay peligro de guerra civil? ¿Qué pinta el franquismo en todo esto? y, finalmente, ¿Qué habría que hacer? Los ponentes apenas mencionaron dos aspectos fundamentales del gran contexto de la situación española: el enorme sufrimiento que la crisis económica tiene sobre la población ibérica más humilde, y la delicada situación que la crisis plantea para la legitimidad de los dos gobiernos implicados, conectados por ese fenomenal río de corrupción que une Madrid con Barcelona y que convierte a los nacionalismos en enormes recursos políticos. A partir de ahí, inocentes sorpresas ante la falta de respuestas solidarias y comprensivas en Europa y ante la reacción de fuerza del Estado y su amenaza de liquidar, simplemente, la autonomía.
“El gobierno catalán asumió el riesgo de una situación que no era impensable y de la que el 1-0 la primera víctima no fueron las instituciones sino la población”, dijeron. Esperanzas en que Rajoy no lleve demasiado lejos la “humillación” que la situación le brinda en bandeja y cuya salida menos mala sería la electoral. En resumen la conclusión: “una crisis que no ha sido gestionada con visión, ni por una parte ni por la otra”. Eso y la certeza de que un coloquio así, tranquilo y desapasionado, sería muy difícil en la España de hoy.
https://rafaelpoch.com/2017/10/28/ah-la-catalogne-vista-desde-paris/#more-63
domingo, 22 de octubre de 2017
LO FÁCIL QUE ES ENGAÑAR. Son millones los que han perdido el empleo, el negocio o aun la vida, los que han engrosado las filas de la pobreza. Ya no se habla de nada de esto.
30 DE SEPTIEMBRE, víspera de la kermés independentista de Cataluña. Salgo a dar una vuelta por mi barrio madrileño, el de los Austrias, poco proclive a votar al PP (decir que vota más “izquierdas” sería grotesco en tiempos en que se tiene por tal a un partido como Podemos, tan parecido al peronismo (1) benefactor y beneficiado de Franco (2))...
No es sólo que reaviven un patriotismo felizmente aletargado, ojalá eso quede en anécdota. Es que gracias a ellos ya no existe ningún grave asunto más: ni corrupción, ni Gürtel, ni Púnica, ni Bárcenas, ni ley mordaza ni recortes laborales, sanitarios, educativos. Hace no mucho la Ministra de Trabajo se fue de rositas tras ensalzar la “gran recuperación” de la economía tras la crisis, y encima se vanaglorió, con el mayor cinismo, de que “nadie ha sido dejado atrás”. A Báñez le fallan las neuronas (es la única alternativa al cinismo), y además no se baja nunca de su coche oficial. Le bastaría pisar la Plaza Mayor de Madrid para ver que todos sus soportales están tomados por masas de mendigos que duermen y velan dentro de sus cartones, despidiendo un hedor que nada tiene que envidiar al de Calcuta en sus peores tiempos. Esa plaza, como otros puntos de la ciudad, son favelas, cada día más. Y si Gallardón y Botella no tomaron medida alguna, imagínense Carmena, a quien el escenario tal vez parezca de perlas y “aleccionador” para los turistas. Báñez se ha olvidado ya de los incontables negocios que debieron echar el cierre desde 2008, a los que de repente los bancos negaban hasta el crédito más modesto; de los infinitos parados súbitos del sector de la construcción y de las empresas afines: gente que llevaba una vida fabricando grifos, pomos o cañerías se quedó en la ruina y a menudo en la calle; tampoco va la Ministra a oficinas ni tiendas, en las que verá cómo se ha reducido el personal brutalmente y cómo quienes conservan el empleo se ven obligados a hacer jornadas interminables, a multiplicar su tarea por dos o tres, para paliar esa falta de compañeros de la que los dueños sacan ganancia. Haga interminable cola en un supermercado y pregúntese por qué hay una sola caja abierta, en vez de tres o seis; pregunte qué sueldo perciben esos trabajadores que mantienen su puesto, se enterará de que no están lejos de ser siervos; pregunte qué tipo de contratos se ofrecen, y verá el abuso del patrono institucionalizado, y protegido por su Gobierno y por ella. ¿A nadie se ha dejado atrás? Son millones los que han perdido el empleo, el negocio o aun la vida, los que han engrosado las filas de la pobreza. Ya no se habla de nada de esto.
Claro que dense un paseo por Cataluña y verán lo mismo, si no peor. Sus gobernantes autonómicos, hoy aclamados por los independentistas, han llevado a cabo las mismas políticas de austeridad y recortes que el PP, con antelación y con el resultado de millares de niños malnutridos. Así que con la kermés también se están haciendo un inmenso favor a sí mismos. Han conseguido que no se hable más del 3%, del saqueo de los Pujol, de la monstruosa corrupción. “Dadnos un país nuevo y puro”, le dicen a la gente. Y callan la segunda parte, la verdadera: “Así nadie nos podrá pedir cuentas de lo que hemos hecho, ni de lo que seguiremos haciendo con las manos libres y jueces nuestros”. Uno se estremece al comprobar lo fácil que resulta hoy engañar.
Javier Marías
http://elpaissemanal.elpais.com/columna/javier-marias-enganar/
(1) Comparar a Podemos con el Peronismo, un partido-movimiento fruto de un golpe militar -dictadura- en el poder varios años en Argentina, que acogió a criminales nazis, no puede ser más que fruto de la ignorancia más profunda de la Historia o de la maldad interesada o las dos cosas.
(2) Seguir, para rematar la maldad, comparando con el franquismo, raya el odio a un partido que no ha estado en el gobierno y cuyas propuestas son bondades que pueden, en algunos casos, coincidir con ingenuidades al lado de la política aplicada por la dictadura si se conoce la realidad del franquismo y su estelas de crímenes, desde su entrada hasta su salida.
Por qué lo traigo al blog. Porque lo considero un ejemplo de la mentalidad que domina incluso entre los considerados "progres críticos", y lo curioso de la introducción (que sobraba) para dejar claro como piensa respecto a lo nuevo surgido en las calles. No lo vayamos a confundir con uno de esos nuevos!!!
La tesis de que por parte de unos y otros se utiliza el caso para tapar en los medios y ocultar de la realidad a la corrupción, si me parece aceptable y creíble. Cómo acabará todo es una incógnita, jugar con brujerías puede acabar escapando de las manos.
No es sólo que reaviven un patriotismo felizmente aletargado, ojalá eso quede en anécdota. Es que gracias a ellos ya no existe ningún grave asunto más: ni corrupción, ni Gürtel, ni Púnica, ni Bárcenas, ni ley mordaza ni recortes laborales, sanitarios, educativos. Hace no mucho la Ministra de Trabajo se fue de rositas tras ensalzar la “gran recuperación” de la economía tras la crisis, y encima se vanaglorió, con el mayor cinismo, de que “nadie ha sido dejado atrás”. A Báñez le fallan las neuronas (es la única alternativa al cinismo), y además no se baja nunca de su coche oficial. Le bastaría pisar la Plaza Mayor de Madrid para ver que todos sus soportales están tomados por masas de mendigos que duermen y velan dentro de sus cartones, despidiendo un hedor que nada tiene que envidiar al de Calcuta en sus peores tiempos. Esa plaza, como otros puntos de la ciudad, son favelas, cada día más. Y si Gallardón y Botella no tomaron medida alguna, imagínense Carmena, a quien el escenario tal vez parezca de perlas y “aleccionador” para los turistas. Báñez se ha olvidado ya de los incontables negocios que debieron echar el cierre desde 2008, a los que de repente los bancos negaban hasta el crédito más modesto; de los infinitos parados súbitos del sector de la construcción y de las empresas afines: gente que llevaba una vida fabricando grifos, pomos o cañerías se quedó en la ruina y a menudo en la calle; tampoco va la Ministra a oficinas ni tiendas, en las que verá cómo se ha reducido el personal brutalmente y cómo quienes conservan el empleo se ven obligados a hacer jornadas interminables, a multiplicar su tarea por dos o tres, para paliar esa falta de compañeros de la que los dueños sacan ganancia. Haga interminable cola en un supermercado y pregúntese por qué hay una sola caja abierta, en vez de tres o seis; pregunte qué sueldo perciben esos trabajadores que mantienen su puesto, se enterará de que no están lejos de ser siervos; pregunte qué tipo de contratos se ofrecen, y verá el abuso del patrono institucionalizado, y protegido por su Gobierno y por ella. ¿A nadie se ha dejado atrás? Son millones los que han perdido el empleo, el negocio o aun la vida, los que han engrosado las filas de la pobreza. Ya no se habla de nada de esto.
Claro que dense un paseo por Cataluña y verán lo mismo, si no peor. Sus gobernantes autonómicos, hoy aclamados por los independentistas, han llevado a cabo las mismas políticas de austeridad y recortes que el PP, con antelación y con el resultado de millares de niños malnutridos. Así que con la kermés también se están haciendo un inmenso favor a sí mismos. Han conseguido que no se hable más del 3%, del saqueo de los Pujol, de la monstruosa corrupción. “Dadnos un país nuevo y puro”, le dicen a la gente. Y callan la segunda parte, la verdadera: “Así nadie nos podrá pedir cuentas de lo que hemos hecho, ni de lo que seguiremos haciendo con las manos libres y jueces nuestros”. Uno se estremece al comprobar lo fácil que resulta hoy engañar.
Javier Marías
http://elpaissemanal.elpais.com/columna/javier-marias-enganar/
(1) Comparar a Podemos con el Peronismo, un partido-movimiento fruto de un golpe militar -dictadura- en el poder varios años en Argentina, que acogió a criminales nazis, no puede ser más que fruto de la ignorancia más profunda de la Historia o de la maldad interesada o las dos cosas.
(2) Seguir, para rematar la maldad, comparando con el franquismo, raya el odio a un partido que no ha estado en el gobierno y cuyas propuestas son bondades que pueden, en algunos casos, coincidir con ingenuidades al lado de la política aplicada por la dictadura si se conoce la realidad del franquismo y su estelas de crímenes, desde su entrada hasta su salida.
Por qué lo traigo al blog. Porque lo considero un ejemplo de la mentalidad que domina incluso entre los considerados "progres críticos", y lo curioso de la introducción (que sobraba) para dejar claro como piensa respecto a lo nuevo surgido en las calles. No lo vayamos a confundir con uno de esos nuevos!!!
La tesis de que por parte de unos y otros se utiliza el caso para tapar en los medios y ocultar de la realidad a la corrupción, si me parece aceptable y creíble. Cómo acabará todo es una incógnita, jugar con brujerías puede acabar escapando de las manos.
lunes, 16 de octubre de 2017
_- Intemperie. Si con Cataluña ocurre lo peor, la culpa será de muchos, un fracaso colectivo sin precedentes.
_- No hay nada que celebrar. Esto aún no ha terminado, pero ya se intuye un final sucio, feo y, sobre todo, triste. A mí, al menos, me parece tristísimo que tras el fracaso del Estado, los padres de la Patria vayan a ser el Sabadell, CaixaBank y Gas Natural. Que las esteladas se desinflen bajo su presión a una velocidad inaudita, muy superior a la obtenida por la legalidad, la convivencia y el respeto a los discrepantes, no resulta menos desolador. Para describir la calidad de una clase política que oscila entre la astucia cazurra y las porras de unos, y la ingenuidad naif y la demagogia de otros, no es fácil encontrar adjetivos. Antes del 1 de octubre, me sobrecogía la soledad de tantos catalanes —los que se oponen a la independencia y no votan al PP— abandonados a su suerte en la más estricta intemperie. Ahora, millones de españoles compartimos esa sensación en cada pueblo y cada ciudad. Pero todo puede empeorar, porque no se puede jugar con las ilusiones y la esperanza de la gente yendo de farol, enseñar tres tristes doses, y decir Diego donde se decía digo. Tal vez, aparte de apuntalar en el poder a Rajoy, culpable principal de todo lo que ha pasado, esta intentona desarrolle el paradójico efecto de enterrar las expectativas electorales del independentismo catalán durante una buena temporada, pero ninguna paradoja logrará desactivarlo. Los radicales que no tienen nada que perder con la caída del Ibex 35 se radicalizarán todavía más, y no tienen mucho margen. Todavía no sabemos lo que puede llegar a ocurrir, pero si ocurre lo peor, la culpa será de muchos, un fracaso colectivo sin precedentes. Antes de que sea tarde, alguien debería asumir con coraje y con claridad la ineludible necesidad de refundar nuestra democracia.
miércoles, 11 de octubre de 2017
_- "No digo que esta sea una batalla entre buenos y malos, pero es una en la que posiblemente perdamos todos" Josep Fontana.
_- "Lo que hay que hacer es plantearse objetivos de lucha racionales en los que puedas movilizar a la gente y con los que puedas aspirar a ganar cosas, que bastantes cosas hay que ganar todavía", dice el historiador Josep Fontana
"Me es difícil no meter al PP en el rango de los malos. Pero, del otro lado, no pondría a todo el mundo entre los buenos"
Josep Fontana (Barcelona, 1931) es uno de los historiadores de referencia en España, autor, entre otros, del libro Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945, y profesor emérito de la Universidad Pompeu Fabra. Su relación con los libros, y su lectura, comenzó en su infancia: su padre tenía una librería de viejo. Su último libro es El siglo de la revolución. Una historia del mundo desde 1914. La entrevista se realiza por teléfono, un aparato que detesta, y más para conversar sobre política, historia y Cataluña.
¿Qué pasará a partir del 2 de octubre si tenemos en cuenta la historia de España?
Lo peor que puede pasar es que algo que empezó mal acabe peor, pero si quieres decir en términos de la situación política, nada de nada. Si hay algo que me parece escandaloso en lo que está sucediendo es que el PP esté agitando la opinión pública española diciéndoles que la celebración de una consulta implica después la secesión de Cataluña cuando sabe que esta secesión es imposible. Es imposible porque implicaría que el gobierno de la Generalitat tendría que pedir al Gobierno de Madrid que tuviera la amabilidad de retirar de Cataluña al Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional, y renunciar pacíficamente a un territorio que le proporciona el 20% del PIB. Es un escenario imposible. Pensar que esto puede suceder es una estupidez. Entonces, ¿a qué viene crear un clima próximo a la guerra civil con esta excusa?
¿Se puede decir que los países que han logrado la independencia lo consiguieron a través de una negociación – checos y eslovacos–, la guerra o aprovechándose del hundimiento de un imperio como el soviético?
Chequia y Eslovaquia fueron un caso excepcional. A los checos les estorbaban los eslovacos. Se pusieron de acuerdo en liquidar una unión que era bastante ficticia. El hundimiento soviético se aplica en los casos de las tres repúblicas bálticas y de Ucrania. El asunto de la guerra es más complejo. El único caso real de independencias en lo que llamamos Europa central y occidental es el de Yugoslavia. Allí hubo un pretexto legal. Se dijo que aquello no era una nación sino una federación, por tanto, la cosa era distinta. A Alemania le interesaba la independencia de Eslovenia, que era su satélite económico. No esperó siquiera a ponerse de acuerdo con la UE para forzar las independencias de Eslovenia y Croacia. El asunto se resolvió con los bombardeos de la OTAN. Es decir, las independencias de Croacia, Bosnia-Herzegovina y Kosovo se alcanzaron con los bombardeos de la OTAN. No me parece que sea un precedente útil para aplicar en ningún otro caso.
Hay otro precedente, el de Montenegro. Su referéndum de independencia lo organizó la UE, en concreto, Javier Solana. Impuso dos condiciones: una participación por encima del 50% y un "sí" superior al 55%. Tuvieron ochenta y tantos por ciento y el 55,9%.
Era un caso que se presentaba en una situación como la de Serbia, prácticamente desintegrada y con muchos problemas externos e internos. Por lo que representa Montenegro respecto a Serbia no se puede comparar con los que representa Cataluña respecto al Estado español.
¿Sirven los casos de Escocia y Québec: referendos pactados con unas condiciones claras?
Sí, pero como en ninguno de los dos casos se ha llegado a tener que plantearse el problema de una separación, es difícil saber cómo se habría negociado. El nuestro es distinto: pensar que va a haber en Madrid un gobierno dispuesto a plantearse una negociación de separación respecto de Cataluña es una idea fantasmagórica.
Podemos estar así otros diez años, en conflicto permanente.
Pues sí. Es un conflicto que…, vamos a utilizar el tipo de conceptos que utiliza Rajoy, lleva 500 años y que ha empeorado seriamente. Es un conflicto que podía haber encontrado un camino mejor, pero hay que recordar que el ascenso del soberanismo empezó en 2010 con la salvaje destrucción de un Estatuto que había sido aprobado por el Parlamento catalán. Supongo que el PP se lo cargó para obtener votos, que debe ser el motivo por el que ahora impulsa este clima de confrontación. Aparte de para conseguir votos, que le son bastante necesarios, le sirve también para que se olviden de los problemas de la corrupción.
El soberanismo ha conseguido en estos años dos cosas importantes: que la posibilidad de una Cataluña independiente esté constantemente en los medios de comunicación, es algo que se ve como una opción al plazo que sea, corto, largo o muy largo, y que cada vez hay más gente que acepta que la única solución es un referéndum pactado.
Lo que se estaba planteando para el 1 de octubre, y que muchos defendemos teniendo en cuenta que una secesión en los términos actuales es imposible, era una consulta que como mínimo permitiera a la gente expresar su opinión. Expresar sus quejas sobre muchos años de mal gobierno. Buena parte de todo esto nació por la ofensa del Estatut y como rechazo de las políticas aplicadas para la salida de la crisis. Había un malestar profundo, un sentimiento de maltrato especial. Había motivos que justificaban que se dejase por lo menos expresar esta opinión.
Hay que recordar que cuando se hizo una votación el 9-N no pasó nada, que es lo mismo que podía haber sucedido si eso se hubiese encauzado de manera civilizada, si se hubiese considerado como un punto de partida para empezar a encontrar vías de negociación para solucionar el descontento. Pero no hay ninguna intención de esto. En el fondo, al PP le interesa la confrontación. Está presentando esto ante la opinión española como una agresión que les afecta a todos, que puede afectar a sus pensiones, a sus subsidios. Todo eso siempre le ha sido rentable. Tengo pocas esperanzas de arreglo a corto o a medio plazo.
Ortega y Gasset decía que el problema catalán es irresoluble, pero también parece que lo es el problema español: encontrar un encaje que satisfaga a todos.
No sé si se puede encontrar un encaje de Estado que satisfaga a todos, entre otras cosas porque eso implicaría también el encaje de una sociedad. Una de las cosas que me sorprendió es ver que entre los más entusiasmados con un proceso secesionista figurara gente que he conocido, jóvenes de 20 a 30 años con una muy buena carrera universitaria, con másteres, etc., que a todo lo que pueden aspirar es a un trabajo poco más que de becarios y con sueldos miserables. Esos jóvenes han llegado a creer que un cambio, cualquier cambio, no puede ser a peor. Por eso hay también un elemento de encaje social. No diría que el tipo de política que aplica el PP sea como para conseguir entusiasmos de una parte importante de la sociedad española. Creo que hay muchos problemas en los que tendría que pensar, porque le afectan. Pero crear un objetivo de lucha como este le resulta rentable para las próximas elecciones.
El Estado español, sobre todo en el siglo XX, ha confundido ser fuerte con ser autoritario, que no es lo mismo, ¿no?
Para ser fuerte necesitas consenso, necesitas una política que te de consenso. Cuando se ha intentado aplicar en España una política que implique consenso han venido las reacciones para evitarlo. Tenemos una dramática historia, que es la historia de la Segunda República, que anda todavía tirada por los suelos, denigrada para justificar lo que se hizo y para volver a marcar el reloj hacia atrás.
Me asombra que los partidos piensen poco en estos momentos con serios problemas globales. Hay un empobrecimiento y debilitamiento de una gran parte de España que debería empezar a alarmarnos. Amigos míos que viven en Galicia me explican que muchos pueblos se mantienen con viejos que viven de las pensiones y de lo que cultivan en el huerto. Hace poco otro amigo, que volvía de Salamanca, estaba asombrado de cómo esta cerrando el comercio en el centro alrededor de la plaza Mayor. Salamanca está perdiendo población. Hay un problema que afecta a Galicia, a buena parte de Castilla y León y a Extremadura, que es un problema de debilidad y de empobrecimiento que no parece preocupar a nadie.
¿Se puede decir que estamos ante un conflicto de legitimidades en el que las instituciones del Estado no tienen el prestigio necesario, como el Tribunal Constitucional?
El Tribunal Constitucional se crea de una manera para que su composición esté determinada por las cúpulas de los partidos dominantes, fuera de la capacidad de actuación de la opinión pública. Este país ha tenido, por lo menos desde el 23-F, un gobierno turnante de dos partidos que se han puesto de acuerdo siempre que ha convenido y para lo que ha convenido. Hemos visto de qué forma han ido evolucionando los viejos líderes, del Felipe González revolucionario a lo que acabó siendo. Aquí hay un problema que muchos no quieren reconocer, que la forma con la que se estableció el pacto en la Transición no daba muchas garantías. Todos creímos que aquello era un comienzo y que a partir de allí las cosas se irían adecuando a la realidad, pero no parece que haya sido así.
Cataluña también tiene problemas que han provocado el empobrecimiento democrático de sus instituciones. Y tiene un problema grave de corrupción, igual que el resto de España.
Y tanto.
Es decir que la ilusión de pensar que ‘si nos independizamos, todo será maravilloso’ no tiene una base de realidad, parte de una situación igual de contaminada.
Pero están los que piensan en la posibilidad de una independencia inmediata y los políticos que se apuntaron para ganar votos. Hay gente que ha acabado asumiendo que ese es su papel histórico, y que si tienen que sacrificarse se sacrificarán. Hay otros que no, otros que se lo plantean seriamente. Y está la gente de la CUP: un partido revolucionario que está haciendo un papel extraño que no les corresponde dentro de una política parlamentaria. Son gente joven que en su actuación en los municipios ha sido muy limpia. Su hora es para el momento en el que haya una situación revolucionaria que permita crear una sociedad diferente. Luego están una parte de esos desesperados que han llegado a creer que con la independencia se podían resolver las cosas.
Tengo experiencias espectaculares, como la de un viejo dirigente corrupto que se acercó un día en el que había dado una conferencia sobre los problemas de la sanidad pública y mostrado mi sorpresa de que los políticos no se preocupasen por estas cosas. Se acercó y me dijo sonriente: "Con la independencia se solucionará todo". Pienso que creía que eso incluía también sus problemas personales.
No vamos a hacer una historia de buenos y malos. En todo caso, me es difícil no meter al PP en el rango de los malos. Pero, del otro lado, no pondría a todo el mundo entre los buenos. Hay gente que ha llegado a adquirir una fe. Un día conversaba con un periodista, le decía lo mismo que te he dicho, que no podías ser independiente si tenías dentro el Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional, y pregunté, ¿qué pasará? Él respondió: "Intervendrá Europa". Es la fe en un milagro que pueda resolverlo. No es una situación fácil. No digo que esta sea una batalla entre buenos y malos, pero es una batalla en la que posiblemente perdamos todos.
Además de los problemas de España, la falta de una estructura sólida del Estado, la pérdida de los restos del imperio en 1898, y lo mucho que afectó a Cataluña y a su industria, estamos viendo la pérdida del prestigio de las élites tradicionales políticas y económicas.
Ha sucedido a escala europea y, diría, mundial. Es lo que explica la elección de [Donald] Trump frente al viejo aparato del Partido Demócrata. Es algo que se está produciendo en muchos lugares. Eso que cuando empezó a producirse se llamó el populismo, que es donde se mete todo lo que estorba. Tony Blair, que sabe bien de qué habla, dijo que se estaba perdiendo un sistema que funcionaba gracias al prestigio de unas élites que se intercambiaban en el poder, derecha e izquierda, y que podían mantener esta sociedad unida, pero que estas élites estaban perdiendo su prestigio y a saber lo que saldría de aquí. No hay que ver más que la situación de Gran Bretaña o lo que ha pasado en Francia con el Partido Socialista. Aquí todavía no, aquí hay un inmovilismo difícil de interpretar. Permite mantener el sistema de bipartidismo turnante, que parece que va a aguantar un tiempo, hasta que la gente no pueda resistir más.
Parece que hay más táctica cortoplacista que estrategia. Si hubiera estrategia no se atacaría tanto a Podemos y Ada Colau. Representan un puente, dividen al independentismo exprés.
Y eso es lo que les preocupa. En el caso de Colau y de la gente que va con ella están jugando lo más sensatamente que pueden. Cuando se presentó a las elecciones municipales, que parecía una insensatez, fui de los que les apoyó porque eran lo más limpio que había. Son gente que quiere, como quiere la mayoría, que se deje opinar a la gente, que creen que no es sano que te impidan expresar tu opinión poniéndote un policía delante, pero que por otro lado saben que no tiene sentido jugársela más allá en una opción que no puede producir más.
Lo que hay que hacer no es resignarse, lo que hay que hacer es plantearse objetivos de lucha racionales en los que puedas movilizar a la gente y con los que puedas aspirar a ganar cosas, que bastantes cosas hay que ganar todavía. Me parece que su actitud es sensata. Es evidente que en la medida que amenazan al sistema establecido, causan molestias y les quieran dejar al margen.
En el fondo es una lucha de élites, ¿no? La élite, digamos, española que nace del siglo XIX y del franquismo, que es la élite económica que maneja política y todo esto.
Pues sí.
Que no quiere repartir ese poder centralizado con las élites de la periferia.
No solamente se trata de las élites de la periferia, porque las de la periferia están metidas en el tinglado contra todos. Si hay alguien aquí al que no le interesa esto del secesionismo son las grandes instituciones financieras como La Caixa y el Banco Sabadell. Al fin y al cabo, se dice que Ciudadanos fue una invención, por lo menos que la idea la tuvo el presidente del Banco Sabadell. Y en todo caso, el señor [Albert] Rivera no deja de ser un funcionario en excedencia de La Caixa. Por lo que se refiere a las élites, ya les va bien lo que hay. Serían otros sectores, tal vez el empresariado, pero es una cuestión que habría que analizar con cuidado.
El único que se ha ganado dinero fuera de la élite dominante, cuya riqueza en muchos casos procede del franquismo, es Amancio Ortega.
Sí, el caso de Amancio Ortega es especial. Supongo que se debe a que gran parte del dinero lo ha hecho fuera. Pero también hay otros que se han ido al garete. Buena parte de lo que era la gran industria vasca se fue a pique, casos como el de Abengoa en Andalucía. Es este sistema nuestro el que sacrificó los recursos que debían haberse destinado a los servicios sociales. Los sacrificó para el rescate de la banca, que consideró más importante. Hay una cosa escandalosa, que se puede observar con facilidad: hasta qué punto se han ido reduciendo los impuestos de las grandes empresas y las grandes fortunas, de qué forma los grandes negocios escapan a las obligaciones que son las que permiten que el Estado pueda proporcionar servicios. Es una cuestión que implicaría examinar la responsabilidad del aparato político, la de los viejos dirigentes de la izquierda como Felipe González que están perfectamente integrados en este negocio.
Las últimas veces que las élites mundiales perdieron el control, en 1910 y en 1930, tuvimos una guerra mundial. Hace unos días el jefe de la OTAN dijo que vivíamos en el momento más peligroso de los últimos 20 años. ¿Estamos tan mal?
Es una situación difícil porque depende de muchos factores. Depende de quién manda en Washington. Hubo un momento en el que Trump y su equipo, incluyendo a ese loco peligroso llamado Steve Bannon, parecían fijar las reglas, pero muy pronto aparecieron los militares y empezaron a tomar el control. Entre las cosas importantes está saber quién va a tomar las decisiones básicas de la relación con Rusia, de la relación con China y, sobre todo, lo que se debe hacer o no hacer en el Oriente Próximo.
Hay un enigma del que no sabemos lo suficiente: cuál es el peso de lo que pudiéramos llamar el poder político de Trump y su gente, que parece más bien débil, y cuál es el poder efectivo de los militares, que parece que sigue siendo mucho. Espero que se lo piensen mucho antes de llegar a una situación catastrófica, porque esta vez sería terrible. Por otra parte, las élites no tienen nada de qué quejarse en EEUU. Tampoco las élites económicas en Europa.
Lo que le interesa a la Alemania de la señora [Angela] Merkel es que los bancos alemanes sigan cobrando los intereses de los préstamos concedidos al sur de Europa, aunque sea desangrando a Grecia. No veo un motivo para crear inestabilidad. Digamos que el negocio de momento no les va mal. Hay amenazas, existe el problema de que vivimos en una economía sobrecargada de deudas, pero eso, en todo caso, puede provocar otro 2008. Es otra cuestión que nos lleva lejos de donde empezamos.
¿Se puede comparar lo que se está viviendo en Cataluña con el Brexit, donde hubo muchas emociones en juego además de muchas mentiras por ambos lados?
Hay cosas que son verdad. Hay que recordar que el dirigente que convocó el Brexit esperaba que no saliera. La prueba es que [David] Cameron dimitió después. El Brexit fue un voto contra las élites gobernantes, un voto basado en la falta de confianza en el Gobierno de Londres. Votaron campesinos, gentes de todos los rincones rurales, del mismo modo que en EEUU votaron por Trump. Personas que se sentían abandonadas, que habían dejado de creer en sus gobernantes y por eso votaron contra ellos. El caso de aquí es más complicado. ¿Hay mentiras en todos los lados? Evidentemente que las hay, faltaría más.
Entre los elementos que mencionó por los que no puede haber independencia a corto plazo, hay otro fundamental: falta apoyo internacional. ¿Sería más fácil si tuviera detrás a EEUU, Francia, el Reino Unido, Alemania?
Es lo que decía, en el caso de Yugoslavia primero fueron los intereses de Alemania, y después, los aviones de la OTAN los que, bombardeando Belgrado, acabaron forzando que aceptasen las reglas del juego que había fijado Bill Clinton. En el caso de aquí, no lo hay aquí, más bien al contrario. No hay más que ver una cuestión importante que abona el sentido que lo que digo. Las grandes empresas no se han sentido afectadas por lo que está sucediendo, no creen que vaya a haber un cambio radical. A [Luis] de Guindos se le escapó el otro día que la inversión se mantenía sin ningún problema. No existe esta presión, no existe esa esperanza que tenían o tienen unos cuantos de que si hubiera un voto favorable espectacular, Europa intervendría.
Miquel Buch, presidente de los municipios catalanes, reaccionó ante la afirmación de que en caso de independencia Cataluña saldría de la UE, con esta frase: "Ellos se lo pierden".
Eso lo puede decir la CUP. Para ellos, es coherente porque su programa dice: independencia y socialismo. Les importa un cuerno la UE, pero eso es otra cuestión. Para que se vea hasta qué punto las cosas son…, uno de los últimos planteamientos de [Carles] Puigdemont es que después del referéndum habría que negociar con España, pero no con Rajoy. ¿Qué hay detrás de esto, la idea de que el referéndum va a producir un cataclismo y va a cambiar el Gobierno español? Bueno, es seguir esperando esta especie de milagro que va a resolver lo que no tiene resolución.
¿Cómo se lo tomará la gente que cree que el día 2 va a haber una independencia automática cuando se dé cuenta de que no es así? Hace mucho tiempo que sostengo, en los medios en los que he podido sostenerlo, que si me preocupaba esto era porque podría producir una decepción cuando lo que había que haber hecho era seguir luchando pero luchando por objetivos que fueran alcanzables.
No sé lo que va a pasar. Lo peor puede ser que el daño más grande no lo haga la decepción de la gente, sino hay que saber qué es lo que va a acabar haciendo el señor Rajoy, que parece empeñado en hacer todo lo posible para seguir irritando al personal. Puede pasar cualquier cosa.
Lo peor que puede pasar es que haya un muerto. Eso deja una herida que no se cura. La incompetencia o no sé si la voluntad deliberada de llevar las cosas a una situación tensa es tan grande que lo que me temo no es lo que pueda hacer la gente del procés, vamos a ver, aquí la gente que parece más empeñada, como la gente de la CUP, no tienen armas escondidas ni van a tirar bombas; lo que tengo miedo es lo que puede hacer el señor Rajoy.
¿Cuáles serían los objetivos factibles a corto y medio plazo en los que habría que centrarse? Creo que hay que luchar por recuperar elementos de autogobierno, más que de autogobierno le diría que de autoadministración. Muchas de las inversiones previstas que salen de los presupuestos no se han acabado de hacer, o son gestionadas por entes como Adif o Aena, que son nefastos en la forma en que actúan. Hay que empezar ganando espacios de autoadministración, en espacios de autogobierno, y en eso sí que hay una batalla en la que se puede ir paso a paso tratando de conseguir cosas.
¿Es optimista a partir del día 2? Es difícil ser optimista; y sobre el día 2, nada optimista. Mi esperanza es que después de cada garrotazo la gente acaba recobrando el sentido común. Tengo una gran esperanza en eso que si quiere podemos llamar de manera retórica "el pueblo catalán", pero que voy a llamar la gente. Los que han ido a una manifestación contra la guerra de Irak o contra el Tribunal Constitucional son la gente de mi barrio. Tengo una gran esperanza en la capacidad de la gente para recuperarse y volver a ponerse en pie.
Esta entrevista forma parte una serie de conversaciones con diferentes expertos, historiadores y académicos. El objetivo es ofrecer un panorama de las diferentes sensibilidades que existen en torno a la cuestión catalana.
- Julián Casanova: "No sé si lo voy a ver, pero el proceso de independencia de Catalunya es imparable"
- María Elvira Roca Barea: "De Cataluña no nos independizamos ni aunque se declare independiente"
http://www.eldiario.es/politica/batalla-buenos-malos-posiblemente-perdamos_0_689431120.html
"Me es difícil no meter al PP en el rango de los malos. Pero, del otro lado, no pondría a todo el mundo entre los buenos"
Josep Fontana (Barcelona, 1931) es uno de los historiadores de referencia en España, autor, entre otros, del libro Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945, y profesor emérito de la Universidad Pompeu Fabra. Su relación con los libros, y su lectura, comenzó en su infancia: su padre tenía una librería de viejo. Su último libro es El siglo de la revolución. Una historia del mundo desde 1914. La entrevista se realiza por teléfono, un aparato que detesta, y más para conversar sobre política, historia y Cataluña.
¿Qué pasará a partir del 2 de octubre si tenemos en cuenta la historia de España?
Lo peor que puede pasar es que algo que empezó mal acabe peor, pero si quieres decir en términos de la situación política, nada de nada. Si hay algo que me parece escandaloso en lo que está sucediendo es que el PP esté agitando la opinión pública española diciéndoles que la celebración de una consulta implica después la secesión de Cataluña cuando sabe que esta secesión es imposible. Es imposible porque implicaría que el gobierno de la Generalitat tendría que pedir al Gobierno de Madrid que tuviera la amabilidad de retirar de Cataluña al Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional, y renunciar pacíficamente a un territorio que le proporciona el 20% del PIB. Es un escenario imposible. Pensar que esto puede suceder es una estupidez. Entonces, ¿a qué viene crear un clima próximo a la guerra civil con esta excusa?
¿Se puede decir que los países que han logrado la independencia lo consiguieron a través de una negociación – checos y eslovacos–, la guerra o aprovechándose del hundimiento de un imperio como el soviético?
Chequia y Eslovaquia fueron un caso excepcional. A los checos les estorbaban los eslovacos. Se pusieron de acuerdo en liquidar una unión que era bastante ficticia. El hundimiento soviético se aplica en los casos de las tres repúblicas bálticas y de Ucrania. El asunto de la guerra es más complejo. El único caso real de independencias en lo que llamamos Europa central y occidental es el de Yugoslavia. Allí hubo un pretexto legal. Se dijo que aquello no era una nación sino una federación, por tanto, la cosa era distinta. A Alemania le interesaba la independencia de Eslovenia, que era su satélite económico. No esperó siquiera a ponerse de acuerdo con la UE para forzar las independencias de Eslovenia y Croacia. El asunto se resolvió con los bombardeos de la OTAN. Es decir, las independencias de Croacia, Bosnia-Herzegovina y Kosovo se alcanzaron con los bombardeos de la OTAN. No me parece que sea un precedente útil para aplicar en ningún otro caso.
Hay otro precedente, el de Montenegro. Su referéndum de independencia lo organizó la UE, en concreto, Javier Solana. Impuso dos condiciones: una participación por encima del 50% y un "sí" superior al 55%. Tuvieron ochenta y tantos por ciento y el 55,9%.
Era un caso que se presentaba en una situación como la de Serbia, prácticamente desintegrada y con muchos problemas externos e internos. Por lo que representa Montenegro respecto a Serbia no se puede comparar con los que representa Cataluña respecto al Estado español.
¿Sirven los casos de Escocia y Québec: referendos pactados con unas condiciones claras?
Sí, pero como en ninguno de los dos casos se ha llegado a tener que plantearse el problema de una separación, es difícil saber cómo se habría negociado. El nuestro es distinto: pensar que va a haber en Madrid un gobierno dispuesto a plantearse una negociación de separación respecto de Cataluña es una idea fantasmagórica.
Podemos estar así otros diez años, en conflicto permanente.
Pues sí. Es un conflicto que…, vamos a utilizar el tipo de conceptos que utiliza Rajoy, lleva 500 años y que ha empeorado seriamente. Es un conflicto que podía haber encontrado un camino mejor, pero hay que recordar que el ascenso del soberanismo empezó en 2010 con la salvaje destrucción de un Estatuto que había sido aprobado por el Parlamento catalán. Supongo que el PP se lo cargó para obtener votos, que debe ser el motivo por el que ahora impulsa este clima de confrontación. Aparte de para conseguir votos, que le son bastante necesarios, le sirve también para que se olviden de los problemas de la corrupción.
El soberanismo ha conseguido en estos años dos cosas importantes: que la posibilidad de una Cataluña independiente esté constantemente en los medios de comunicación, es algo que se ve como una opción al plazo que sea, corto, largo o muy largo, y que cada vez hay más gente que acepta que la única solución es un referéndum pactado.
Lo que se estaba planteando para el 1 de octubre, y que muchos defendemos teniendo en cuenta que una secesión en los términos actuales es imposible, era una consulta que como mínimo permitiera a la gente expresar su opinión. Expresar sus quejas sobre muchos años de mal gobierno. Buena parte de todo esto nació por la ofensa del Estatut y como rechazo de las políticas aplicadas para la salida de la crisis. Había un malestar profundo, un sentimiento de maltrato especial. Había motivos que justificaban que se dejase por lo menos expresar esta opinión.
Hay que recordar que cuando se hizo una votación el 9-N no pasó nada, que es lo mismo que podía haber sucedido si eso se hubiese encauzado de manera civilizada, si se hubiese considerado como un punto de partida para empezar a encontrar vías de negociación para solucionar el descontento. Pero no hay ninguna intención de esto. En el fondo, al PP le interesa la confrontación. Está presentando esto ante la opinión española como una agresión que les afecta a todos, que puede afectar a sus pensiones, a sus subsidios. Todo eso siempre le ha sido rentable. Tengo pocas esperanzas de arreglo a corto o a medio plazo.
Ortega y Gasset decía que el problema catalán es irresoluble, pero también parece que lo es el problema español: encontrar un encaje que satisfaga a todos.
No sé si se puede encontrar un encaje de Estado que satisfaga a todos, entre otras cosas porque eso implicaría también el encaje de una sociedad. Una de las cosas que me sorprendió es ver que entre los más entusiasmados con un proceso secesionista figurara gente que he conocido, jóvenes de 20 a 30 años con una muy buena carrera universitaria, con másteres, etc., que a todo lo que pueden aspirar es a un trabajo poco más que de becarios y con sueldos miserables. Esos jóvenes han llegado a creer que un cambio, cualquier cambio, no puede ser a peor. Por eso hay también un elemento de encaje social. No diría que el tipo de política que aplica el PP sea como para conseguir entusiasmos de una parte importante de la sociedad española. Creo que hay muchos problemas en los que tendría que pensar, porque le afectan. Pero crear un objetivo de lucha como este le resulta rentable para las próximas elecciones.
El Estado español, sobre todo en el siglo XX, ha confundido ser fuerte con ser autoritario, que no es lo mismo, ¿no?
Para ser fuerte necesitas consenso, necesitas una política que te de consenso. Cuando se ha intentado aplicar en España una política que implique consenso han venido las reacciones para evitarlo. Tenemos una dramática historia, que es la historia de la Segunda República, que anda todavía tirada por los suelos, denigrada para justificar lo que se hizo y para volver a marcar el reloj hacia atrás.
Me asombra que los partidos piensen poco en estos momentos con serios problemas globales. Hay un empobrecimiento y debilitamiento de una gran parte de España que debería empezar a alarmarnos. Amigos míos que viven en Galicia me explican que muchos pueblos se mantienen con viejos que viven de las pensiones y de lo que cultivan en el huerto. Hace poco otro amigo, que volvía de Salamanca, estaba asombrado de cómo esta cerrando el comercio en el centro alrededor de la plaza Mayor. Salamanca está perdiendo población. Hay un problema que afecta a Galicia, a buena parte de Castilla y León y a Extremadura, que es un problema de debilidad y de empobrecimiento que no parece preocupar a nadie.
¿Se puede decir que estamos ante un conflicto de legitimidades en el que las instituciones del Estado no tienen el prestigio necesario, como el Tribunal Constitucional?
El Tribunal Constitucional se crea de una manera para que su composición esté determinada por las cúpulas de los partidos dominantes, fuera de la capacidad de actuación de la opinión pública. Este país ha tenido, por lo menos desde el 23-F, un gobierno turnante de dos partidos que se han puesto de acuerdo siempre que ha convenido y para lo que ha convenido. Hemos visto de qué forma han ido evolucionando los viejos líderes, del Felipe González revolucionario a lo que acabó siendo. Aquí hay un problema que muchos no quieren reconocer, que la forma con la que se estableció el pacto en la Transición no daba muchas garantías. Todos creímos que aquello era un comienzo y que a partir de allí las cosas se irían adecuando a la realidad, pero no parece que haya sido así.
Cataluña también tiene problemas que han provocado el empobrecimiento democrático de sus instituciones. Y tiene un problema grave de corrupción, igual que el resto de España.
Y tanto.
Es decir que la ilusión de pensar que ‘si nos independizamos, todo será maravilloso’ no tiene una base de realidad, parte de una situación igual de contaminada.
Pero están los que piensan en la posibilidad de una independencia inmediata y los políticos que se apuntaron para ganar votos. Hay gente que ha acabado asumiendo que ese es su papel histórico, y que si tienen que sacrificarse se sacrificarán. Hay otros que no, otros que se lo plantean seriamente. Y está la gente de la CUP: un partido revolucionario que está haciendo un papel extraño que no les corresponde dentro de una política parlamentaria. Son gente joven que en su actuación en los municipios ha sido muy limpia. Su hora es para el momento en el que haya una situación revolucionaria que permita crear una sociedad diferente. Luego están una parte de esos desesperados que han llegado a creer que con la independencia se podían resolver las cosas.
Tengo experiencias espectaculares, como la de un viejo dirigente corrupto que se acercó un día en el que había dado una conferencia sobre los problemas de la sanidad pública y mostrado mi sorpresa de que los políticos no se preocupasen por estas cosas. Se acercó y me dijo sonriente: "Con la independencia se solucionará todo". Pienso que creía que eso incluía también sus problemas personales.
No vamos a hacer una historia de buenos y malos. En todo caso, me es difícil no meter al PP en el rango de los malos. Pero, del otro lado, no pondría a todo el mundo entre los buenos. Hay gente que ha llegado a adquirir una fe. Un día conversaba con un periodista, le decía lo mismo que te he dicho, que no podías ser independiente si tenías dentro el Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional, y pregunté, ¿qué pasará? Él respondió: "Intervendrá Europa". Es la fe en un milagro que pueda resolverlo. No es una situación fácil. No digo que esta sea una batalla entre buenos y malos, pero es una batalla en la que posiblemente perdamos todos.
Además de los problemas de España, la falta de una estructura sólida del Estado, la pérdida de los restos del imperio en 1898, y lo mucho que afectó a Cataluña y a su industria, estamos viendo la pérdida del prestigio de las élites tradicionales políticas y económicas.
Ha sucedido a escala europea y, diría, mundial. Es lo que explica la elección de [Donald] Trump frente al viejo aparato del Partido Demócrata. Es algo que se está produciendo en muchos lugares. Eso que cuando empezó a producirse se llamó el populismo, que es donde se mete todo lo que estorba. Tony Blair, que sabe bien de qué habla, dijo que se estaba perdiendo un sistema que funcionaba gracias al prestigio de unas élites que se intercambiaban en el poder, derecha e izquierda, y que podían mantener esta sociedad unida, pero que estas élites estaban perdiendo su prestigio y a saber lo que saldría de aquí. No hay que ver más que la situación de Gran Bretaña o lo que ha pasado en Francia con el Partido Socialista. Aquí todavía no, aquí hay un inmovilismo difícil de interpretar. Permite mantener el sistema de bipartidismo turnante, que parece que va a aguantar un tiempo, hasta que la gente no pueda resistir más.
Parece que hay más táctica cortoplacista que estrategia. Si hubiera estrategia no se atacaría tanto a Podemos y Ada Colau. Representan un puente, dividen al independentismo exprés.
Y eso es lo que les preocupa. En el caso de Colau y de la gente que va con ella están jugando lo más sensatamente que pueden. Cuando se presentó a las elecciones municipales, que parecía una insensatez, fui de los que les apoyó porque eran lo más limpio que había. Son gente que quiere, como quiere la mayoría, que se deje opinar a la gente, que creen que no es sano que te impidan expresar tu opinión poniéndote un policía delante, pero que por otro lado saben que no tiene sentido jugársela más allá en una opción que no puede producir más.
Lo que hay que hacer no es resignarse, lo que hay que hacer es plantearse objetivos de lucha racionales en los que puedas movilizar a la gente y con los que puedas aspirar a ganar cosas, que bastantes cosas hay que ganar todavía. Me parece que su actitud es sensata. Es evidente que en la medida que amenazan al sistema establecido, causan molestias y les quieran dejar al margen.
En el fondo es una lucha de élites, ¿no? La élite, digamos, española que nace del siglo XIX y del franquismo, que es la élite económica que maneja política y todo esto.
Pues sí.
Que no quiere repartir ese poder centralizado con las élites de la periferia.
No solamente se trata de las élites de la periferia, porque las de la periferia están metidas en el tinglado contra todos. Si hay alguien aquí al que no le interesa esto del secesionismo son las grandes instituciones financieras como La Caixa y el Banco Sabadell. Al fin y al cabo, se dice que Ciudadanos fue una invención, por lo menos que la idea la tuvo el presidente del Banco Sabadell. Y en todo caso, el señor [Albert] Rivera no deja de ser un funcionario en excedencia de La Caixa. Por lo que se refiere a las élites, ya les va bien lo que hay. Serían otros sectores, tal vez el empresariado, pero es una cuestión que habría que analizar con cuidado.
El único que se ha ganado dinero fuera de la élite dominante, cuya riqueza en muchos casos procede del franquismo, es Amancio Ortega.
Sí, el caso de Amancio Ortega es especial. Supongo que se debe a que gran parte del dinero lo ha hecho fuera. Pero también hay otros que se han ido al garete. Buena parte de lo que era la gran industria vasca se fue a pique, casos como el de Abengoa en Andalucía. Es este sistema nuestro el que sacrificó los recursos que debían haberse destinado a los servicios sociales. Los sacrificó para el rescate de la banca, que consideró más importante. Hay una cosa escandalosa, que se puede observar con facilidad: hasta qué punto se han ido reduciendo los impuestos de las grandes empresas y las grandes fortunas, de qué forma los grandes negocios escapan a las obligaciones que son las que permiten que el Estado pueda proporcionar servicios. Es una cuestión que implicaría examinar la responsabilidad del aparato político, la de los viejos dirigentes de la izquierda como Felipe González que están perfectamente integrados en este negocio.
Las últimas veces que las élites mundiales perdieron el control, en 1910 y en 1930, tuvimos una guerra mundial. Hace unos días el jefe de la OTAN dijo que vivíamos en el momento más peligroso de los últimos 20 años. ¿Estamos tan mal?
Es una situación difícil porque depende de muchos factores. Depende de quién manda en Washington. Hubo un momento en el que Trump y su equipo, incluyendo a ese loco peligroso llamado Steve Bannon, parecían fijar las reglas, pero muy pronto aparecieron los militares y empezaron a tomar el control. Entre las cosas importantes está saber quién va a tomar las decisiones básicas de la relación con Rusia, de la relación con China y, sobre todo, lo que se debe hacer o no hacer en el Oriente Próximo.
Hay un enigma del que no sabemos lo suficiente: cuál es el peso de lo que pudiéramos llamar el poder político de Trump y su gente, que parece más bien débil, y cuál es el poder efectivo de los militares, que parece que sigue siendo mucho. Espero que se lo piensen mucho antes de llegar a una situación catastrófica, porque esta vez sería terrible. Por otra parte, las élites no tienen nada de qué quejarse en EEUU. Tampoco las élites económicas en Europa.
Lo que le interesa a la Alemania de la señora [Angela] Merkel es que los bancos alemanes sigan cobrando los intereses de los préstamos concedidos al sur de Europa, aunque sea desangrando a Grecia. No veo un motivo para crear inestabilidad. Digamos que el negocio de momento no les va mal. Hay amenazas, existe el problema de que vivimos en una economía sobrecargada de deudas, pero eso, en todo caso, puede provocar otro 2008. Es otra cuestión que nos lleva lejos de donde empezamos.
¿Se puede comparar lo que se está viviendo en Cataluña con el Brexit, donde hubo muchas emociones en juego además de muchas mentiras por ambos lados?
Hay cosas que son verdad. Hay que recordar que el dirigente que convocó el Brexit esperaba que no saliera. La prueba es que [David] Cameron dimitió después. El Brexit fue un voto contra las élites gobernantes, un voto basado en la falta de confianza en el Gobierno de Londres. Votaron campesinos, gentes de todos los rincones rurales, del mismo modo que en EEUU votaron por Trump. Personas que se sentían abandonadas, que habían dejado de creer en sus gobernantes y por eso votaron contra ellos. El caso de aquí es más complicado. ¿Hay mentiras en todos los lados? Evidentemente que las hay, faltaría más.
Entre los elementos que mencionó por los que no puede haber independencia a corto plazo, hay otro fundamental: falta apoyo internacional. ¿Sería más fácil si tuviera detrás a EEUU, Francia, el Reino Unido, Alemania?
Es lo que decía, en el caso de Yugoslavia primero fueron los intereses de Alemania, y después, los aviones de la OTAN los que, bombardeando Belgrado, acabaron forzando que aceptasen las reglas del juego que había fijado Bill Clinton. En el caso de aquí, no lo hay aquí, más bien al contrario. No hay más que ver una cuestión importante que abona el sentido que lo que digo. Las grandes empresas no se han sentido afectadas por lo que está sucediendo, no creen que vaya a haber un cambio radical. A [Luis] de Guindos se le escapó el otro día que la inversión se mantenía sin ningún problema. No existe esta presión, no existe esa esperanza que tenían o tienen unos cuantos de que si hubiera un voto favorable espectacular, Europa intervendría.
Miquel Buch, presidente de los municipios catalanes, reaccionó ante la afirmación de que en caso de independencia Cataluña saldría de la UE, con esta frase: "Ellos se lo pierden".
Eso lo puede decir la CUP. Para ellos, es coherente porque su programa dice: independencia y socialismo. Les importa un cuerno la UE, pero eso es otra cuestión. Para que se vea hasta qué punto las cosas son…, uno de los últimos planteamientos de [Carles] Puigdemont es que después del referéndum habría que negociar con España, pero no con Rajoy. ¿Qué hay detrás de esto, la idea de que el referéndum va a producir un cataclismo y va a cambiar el Gobierno español? Bueno, es seguir esperando esta especie de milagro que va a resolver lo que no tiene resolución.
¿Cómo se lo tomará la gente que cree que el día 2 va a haber una independencia automática cuando se dé cuenta de que no es así? Hace mucho tiempo que sostengo, en los medios en los que he podido sostenerlo, que si me preocupaba esto era porque podría producir una decepción cuando lo que había que haber hecho era seguir luchando pero luchando por objetivos que fueran alcanzables.
No sé lo que va a pasar. Lo peor puede ser que el daño más grande no lo haga la decepción de la gente, sino hay que saber qué es lo que va a acabar haciendo el señor Rajoy, que parece empeñado en hacer todo lo posible para seguir irritando al personal. Puede pasar cualquier cosa.
Lo peor que puede pasar es que haya un muerto. Eso deja una herida que no se cura. La incompetencia o no sé si la voluntad deliberada de llevar las cosas a una situación tensa es tan grande que lo que me temo no es lo que pueda hacer la gente del procés, vamos a ver, aquí la gente que parece más empeñada, como la gente de la CUP, no tienen armas escondidas ni van a tirar bombas; lo que tengo miedo es lo que puede hacer el señor Rajoy.
¿Cuáles serían los objetivos factibles a corto y medio plazo en los que habría que centrarse? Creo que hay que luchar por recuperar elementos de autogobierno, más que de autogobierno le diría que de autoadministración. Muchas de las inversiones previstas que salen de los presupuestos no se han acabado de hacer, o son gestionadas por entes como Adif o Aena, que son nefastos en la forma en que actúan. Hay que empezar ganando espacios de autoadministración, en espacios de autogobierno, y en eso sí que hay una batalla en la que se puede ir paso a paso tratando de conseguir cosas.
¿Es optimista a partir del día 2? Es difícil ser optimista; y sobre el día 2, nada optimista. Mi esperanza es que después de cada garrotazo la gente acaba recobrando el sentido común. Tengo una gran esperanza en eso que si quiere podemos llamar de manera retórica "el pueblo catalán", pero que voy a llamar la gente. Los que han ido a una manifestación contra la guerra de Irak o contra el Tribunal Constitucional son la gente de mi barrio. Tengo una gran esperanza en la capacidad de la gente para recuperarse y volver a ponerse en pie.
Esta entrevista forma parte una serie de conversaciones con diferentes expertos, historiadores y académicos. El objetivo es ofrecer un panorama de las diferentes sensibilidades que existen en torno a la cuestión catalana.
- Julián Casanova: "No sé si lo voy a ver, pero el proceso de independencia de Catalunya es imparable"
- María Elvira Roca Barea: "De Cataluña no nos independizamos ni aunque se declare independiente"
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domingo, 8 de octubre de 2017
Banderas. Las banderas han tapado los procesos por corrupción, los asesinatos machistas, la explotación de los trabajadores precarios, los sueldos de miseria, las horas de trabajo no abonadas, la creciente desigualdad y pobreza, la perdida de poder adquisitivo, etc.
Es la hora del patriotismo, el momento de arremangarse, de trabajar por el país, por el bienestar y el progreso de sus ciudadanos. Porque, más allá del múltiple desastre de ayer, lo que nos angustiaba y preocupaba hace unos meses, sigue estando ahí. Las banderas han tapado los procesos por corrupción, los asesinatos machistas, la explotación de los trabajadores precarios, la amenaza yihadista, la degradación de las inversiones públicas, las carencias que entorpecen la labor de la justicia, la falta de inversión en la educación pública, las consecuencias de los recortes en Sanidad, los catastróficos efectos del cambio climático, las penurias de una multitud de trabajadores que cobran tan poco que su salario no les permite salir de la pobreza, la tragedia de todos esos miles de refugiados que, de la noche a la mañana, han dejado de existir para quienes han decidido envolverse en su bandera, rojigualda o estelada, lo mismo da porque, al cabo, todas son iguales. Todas han sido fabricadas en China por los mismos desgraciados, que han cobrado la misma miseria por confeccionarlas. El proceso independentista catalán ha incrementado la cifra de negocio de los bazares orientales en todo el territorio español pero ahora, al otro lado del 1-O, ha llegado la hora del patriotismo, y por eso me dirijo a sus clientes para pedirles que descuelguen sus banderas de los balcones y se comporten como patriotas de una vez. Si detrás de cada fachada engalanada vivieran personas comprometidas de corazón con el progreso de su nación y la felicidad de sus gentes, no estaríamos a la merced de políticos corruptos, ineptos e irresponsables, como los que nos gobiernan gracias a los votos de tantos millones de aficionados a las banderas.
https://elpais.com/elpais/2017/10/01/opinion/1506851251_754004.html
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