_- Durísima intervención. Pérez-Royo acusa al presidente del Constitucional de cometer un "delito": "Es un acto de piratería, una emboscada".

_- "Si esto vuelve a pasar, es que no tenemos Constitución", censura el catedrático de Derecho Constitucional en Al Rojo Vivo, que espera que lo vivido este lunes en el tribunal "sirva de vacuna" para que no vuelva a ocurrir.

Javier Pérez-Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, se ha mostrado muy crítico con lo ocurrido este lunes en el Tribunal Constitucional, que ha frenado la reforma del Gobierno sobre la renovación del órgano, lo que ha calificado como "un acto de piratería", una "emboscada", y una "barbaridad".

"Es un bandolero que sale de Sierra Morena y ataca a las diligencias", explica, añadiendo: "Esto, si vuelve a pasar, es que no tenemos Constitución". Es más, Pérez-Royo cree que el presidente del Tribunal Constitucional, el conservador Pedro González-Trevijano, ha "cometido delito" al llevar el caso al Pleno del órgano, "saltándose" así "los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica" del tribunal.

Además, ve "un acto de desvergüenza" el hecho de que tanto González-Trevijano como Antonio Narváez participasen en su propia recusación, algo que "no ha pasado jamás". "Tendrían que haber abandonado la sala", opina Pérez-Royo, que espera que lo ocurrido este lunes "sirva de vacuna" para que algo así no vuelva a darse.

"Es un acto de piratería y bandolerismo, no uno de justicia constitucional", lamenta el catedrático.

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional. Es el momento de que las Cortes Generales investiguen al emérito.

Debería ser este órgano constitucional el que definiera de qué manera se va a proceder en la investigación las potenciales irregularidades en la ejecutoria de don Juan Carlos I de Borbón.

Como el lector sin duda recordará, la Casa Real emitió el comunicado informando de la conducta posiblemente irregular e incluso potencialmente constitutiva de delito y, en todo caso, condenable desde una perspectiva ética de don Juan Carlos, el mismo día en que se hizo público en el BOE el Real Decreto mediante el que se declaró por primera vez el Estado de Alarma. Dado que, como se decía en el propio comunicado, el rey Felipe VI había tenido conocimiento de dicha conducta desde hacía casi año y medio, parecía claro que, con la elección de la fecha, se pretendía distraer la atención de la opinión pública de la información que se transmitía.

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido seguir la senda de la Casa Real y anunciar el archivo definitivo de la investigación sobre la conducta de don Juan Carlos en el momento en que la invasión de Ucrania por Rusia está ocupando la atención de la opinión pública nacional e internacional. Ante el desasosiego generado por el escenario bélico, es posible que se haya pensado que era el momento oportuno para anunciar la mencionada medida de archivo.

Nunca he sido partidario de la investigación de la conducta de don Juan Carlos por el Poder Judicial y, por lo tanto, no estoy ni a favor ni en contra de la decisión del Ministerio Fiscal. En mi opinión, son las Cortes Generales, que es el único órgano constitucional que "representa al pueblo español" (art. 66.1 de la Constitución Española, CE), las que deben decidir si someten a juicio la conducta del rey. La de don Juan Carlos I o la de Felipe VI, llegado el caso. "La justicia se administra… en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial" dice el primer inciso del primer artículo del Título VI de la Constitución, "Del Poder Judicial". No hay en la Constitución nada que permita atribuir al Poder Judicial el conocimiento de la conducta del rey.

Tampoco hay nada que permita atribuir dicho conocimiento a las Cortes Generales. Pero entre los Jueces y Magistrados que integran el Poder Judicial y las Cortes Generales hay una diferencia determinante. Las Cortes Generales son el único órgano constitucional a través del cual se expresa "La soberanía nacional que reside en el pueblo español" (art. 1.2 CE). El artículo 66.1 es el único artículo que conecta de manera inmediata y directa con el artículo 1.2 de la Constitución.

Como consecuencia de ello, las Cortes Generales es el único órgano constitucional que tiene "libertad" para actuar. No necesita tener una habilitación expresa para dar a un problema la respuesta que estime conveniente. Las Cortes Generales tienen "libertad" para identificar el problema y darle a continuación respuesta. Solamente ellas pueden hacerlo.

Quiere decirse, pues, que, en ausencia de previsión constitucional sobre un determinado asunto, como puede ser el de la exigencia de responsabilidad al rey en los actos no refrendados, son las Cortes Generales las que, si así lo consideran necesario, tienen que tomar la iniciativa y decidir de qué manera se tiene que proceder.

Ante la acumulación de informaciones sobre potenciales irregularidades en la ejecutoria de don Juan Carlos I de Borbón tanto durante los años en que fue titular de la Jefatura del Estado como en los que han transcurrido después de su abdicación, deberían ser las Cortes Generales las que definieran de qué manera se va a proceder en la investigación de las mismas. Y una vez concluida la investigación, las que tendrían que adoptar la decisión que estimaran pertinente.

Para las Cortes Generales la inviolabilidad no excluye la investigación de la conducta del rey. La inviolabilidad podría proteger frente a la exigencia de investigación por parte del Poder Judicial, pero no por parte de las Cortes Generales. Tras la investigación de su ejecutoria, las Cortes Generales pueden decidir que no hay nada que reprochar al rey o bien que el rey se ha inhabilitado con su conducta para ocupar la Jefatura del Estado. No se le puede condenar a una pena privativa de libertad, pero sí a que deje de ser Jefe del Estado.

Las Cortes Generales también pueden, tras dicha investigación, decidir qué reformas de tipo normativo se tendrían que introducir en el ordenamiento para evitar que puedan volver a producirse conductas como las que se habrían estado investigando.

Incluso pueden proponer que se active el procedimiento de revisión de la Constitución, con la finalidad de que quede definida la Monarquía Parlamentaria de manera más precisa. Dado que la revisión constitucional exige la ratificación en referéndum de la decisión adoptada por las Cortes Generales, podría ser una buena ocasión para que, lo que debió hacerse en el momento constituyente originario, se acabe haciendo en este.

https://www.eldiario.es/contracorriente/momento-cortes-generales-investiguen-emerito_132_8797236.html

Declaraciones del catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla sobre el encarcelamiento de políticos catalanes.

Quiero recordar que Javier Pérez Royo, además de catedrático, ha sido el mejor expediente académico en Derecho de la Universidad de Sevilla. Según publicó en su momento El País, todas las asignaturas con Matriculas de Honor. Y se sabe que asistió a clases. Sus compañeros lo tienen en muy alta estima tanto como estudiante como ahora cuando ejerce de profesor, doctor, catedrático y en su momento de rector magnifico de la U. de Sevilla.

Catedráticos de Derecho Constitucional y la elección de Puigdemont

Noam Chomsky y más de 100 académicos de 19 países piden la puesta en libertad de los políticos catalanes encarcelados

Agencias

Más de cien académicos de 19 países, entre ellos Noam Chomsky, pidieron hoy en una carta "la puesta en libertad inmediata" de los políticos catalanes encarcelados en España por participar en la declaración de independencia de Cataluña.

En la misiva, publicada por el diario escocés independentista The National, reclaman también "una acción inmediata de la Unión Europea para detener esta represión, que representa una mancha indeleble y permanente en la democracia europea".

Piden además a la UE que actúe para acabar con la situación de los que denominan como "exiliados", en alusión a los políticos catalanes prófugos de la Justicia española, que, según afirman, "están siendo perseguidos por órdenes de detención europeas emitidas bajo los auspicios de la Unión Europea".

Entre esos políticos figuran el ex presidente catalán Carles Puigdemont, acusado por la Justicia española de rebelión y malversación de caudales públicos y quien está en Berlín a la espera de que la Justicia alemana decida sobre su entrega a España en cumplimiento de una euroorden.

También se incluye entre esos políticos la ex consejera catalana de Educación Clara Ponsatí, huida a Edimburgo y en libertad condicional con medidas cautelares pendiente de que se decida sobre su extradición a España para responder ante la Justicia de los delitos de rebelión y malversación.

Los firmantes de la carta son más de un centenar de profesores de distintas ramas de las humanidades de universidades de Estados Unidos, México, Argentina, Australia, Canadá y el Reino Unido.