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miércoles, 11 de mayo de 2022

Los magníficos datos de empleo y cuatro peligros que nos acechan

Los datos de contratación laboral y paro registrado que se acaban de publicar son muy buenos, aunque no será de extrañar que la derecha le ponga pegas en las próximas horas, pues nunca nada le parece bien si es resultado de un gobierno progresista.

Como se analiza con más detalle en otro artículo de este mismo diario, el paro registrado es el más bajo desde 2008; se ha firmado la mayor cifra de contratos indefinidos desde 2001 (700.000), con una proporción sobre el total casi cinco veces mayor que la de antes de la reforma laboral; y por primera vez se superan los 20 millones de contratos.

Estos buenos registros no son el resultado de una sola circunstancia. Sin duda, ha influido la reforma laboral del gobierno que tanto se había criticado. Pero también su gestión de la pandemia que evitó el derrumbe de miles de empresas gracias a la protección de los ERTES y de las ayudas de todo tipo que se recibieron. Ha debido ayudar la política fiscal que ha permitido aumentar los ingresos sin suponer una excesiva carga para la actividad productiva; y no se puede negar el efecto positivo del cambio de orientación en la Unión Europea, al poner en marcha políticas más realistas y menos equivocadas que en la anterior crisis financiera. Y, por supuesto, me parece que debe haber sido decisivo el nuevo clima de diálogo, negociación y acuerdos sociales que está logrando establecer el gobierno de Pedro Sánchez con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, encargada del asunto.

El buen funcionamiento del mercado de trabajo está demostrando, una vez más, que las tesis liberales no son ciertas, pues se está creando empleo sin necesidad de producir la exagerada devaluación salarial de otras etapas.

Por el contrario, es gracias al mantenimiento de la demanda, garantizado por las política fiscal y de empleo, lo que está proporcionando ingresos que se convierten en ventas y beneficios para las empresas y, en consecuencia, en más inversión y puestos de trabajo.

La cúpula empresarial debería tomar nota de la realidad y el gobierno no debe bajar la guardia y seguir protegiendo al máximo la actividad productiva, desoyendo a quienes solo buscan obtener beneficios extraordinarios por la vía del recorte salarial que, en realidad, perjudica al conjunto del empresariado.

Ahora bien, las buenas noticias en materia de empleo no deben ocultar que nuestra economía sigue en zona de riesgo como consecuencia de peligros que, a mi juicio, provienen de cuatro frentes.

En primer lugar, del energético. Aunque se han dado pasos positivos en Bruselas, el oligopolio eléctrico no ha parado y está consiguiendo bloquear parte de su efecto benéfico.

Los altos precios de la energía como consecuencia del mal funcionamiento del mercado están suponiendo un lastre sin parangón para la recuperación económica, así que el gobierno debe redoblar su esfuerzo, no solo regulatorio, sino político y social, para doblegar a quienes, a base de acumular una influencia política brutal desde sus posiciones de privilegio en el mercado, se han convertido en un verdadero cáncer para la economía española.

El segundo peligro proviene de algo que no se termina de reconocer porque las instituciones internacionales no saben cómo hacerle frente. Me refiero a la crisis de oferta que va a seguir provocando bloqueos en los suministros durante mucho tiempo y, como consecuencia, una profunda reestructuración de la industria global.

El gobierno debería abordar el diseño y puesta en marcha de una estrategia nacional de reindustrialización que tenga efectos a corto plazo. Si se hace rápidamente, con acuerdos de Estado y acierto, España tendrá ante sí una oportunidad única; si, por el contrario, perdemos el tren vamos a entrar sin remedio en una etapa de empobrecimiento acelerado.

El tercer peligro proviene de la deuda que estamos acumulando, tanto por su magnitud como por la previsible subida de tipos de interés que el brazo tonto de la política monetaria va a imponer en los próximos tiempos.

Es igualmente urgente disponer de una estrategia nacional que impida que nos impacte de lleno una crisis de deuda en el momento menos pensado.

El último peligro no es menos importante y proviene de la fragmentación social que se está produciendo en España, de la insolidaridad de los grupos de poder económico y financiero y de la maldad de los partidos políticos que -a su servicio- generan la crispación y división que destrozan la convivencia y debilita las instituciones democráticas.

Como dijo el profesor Fuentes Quintana en su célebre alocución a los españoles en julio de 1977, «las soluciones de los problemas económicos nunca son económicas sino políticas. No hay oscuras fórmulas técnicas que permitan resolver las dificultades en un clima de gabinete. Los problemas económicos de un país solo pueden superarse mediante el esfuerzo y la colaboración de todos».

Menciono estas palabras porque revelan justamente aquello de lo que más carecemos en estos momentos en España y sin lo cual va a ser imposible que nuestra economía se recupere.

Si no conseguimos acuerdos nacionales para elaborar las estrategias que he mencionado y pactos de rentas para generar más equidad y poder sostener la demanda, si no se establece un nuevo clima de cooperación y diálogo y si no se frena y controla el privilegio desmesurado de los grupos de poder económico, financiero y mediático, los buenos datos de empleo que acabamos de conocer serán un espejismo que se desvanecerá enseguida

https://juantorreslopez.com/los-magnificos-datos-de-empleo-y-cuatro-peligros-que-nos-acechan/

jueves, 16 de diciembre de 2021

_- ¿Quién crea los empleos y a quién hay que proteger para crearlos?

_- 19 Nov 2021
Publicado en Público.es el 19 de noviembre de 2021

Uno de los mitos (por no decir mentiras) más extendidos cuando se habla de relaciones laborales es el que defienden muchos empresarios, economistas o dirigentes políticos al afirmar que el empleo lo crean las empresas y que, por tanto, toda la capacidad de decisión relativa a las relaciones y condiciones laborales debe estar en sus manos.

Lo estamos oyendo casi diariamente en los últimos meses cuando reclaman que se dejen bajo su exclusiva responsabilidad los fondos europeos destinados a recuperar la economía tras la pandemia.

La idea, sin embargo, no responde a la realidad y lo que se oculta tras ella es la demanda de un privilegio para algunos propietarios del capital que no necesariamente redunda en creación de puestos de trabajo y ni siquiera en beneficios de todas las empresas y empresarios.

Vaya por delante que las empresas son imprescindibles, no solo en el capitalismo sino en cualquier sistema económico mínimamente complejo, para que se pueda crear empleo y riqueza. Son las organizaciones en donde se conciben, producen o distribuyen los bienes y servicios que los seres humanos necesitamos para garantizar nuestro sustento, de modo que obligadamente han de existir para que podamos satisfacer nuestras necesidades y sobrevivir.

Y si las empresas son imprescindibles para esa función, es también evidente que los empresarios, las personas capaces de crearlas o dirigirlas, lo son igualmente.

Otra cosa es, por supuesto, que pueda haber muy distintas clases de empresas y de dirigentes o directivos empresariales, en función de su forma de propiedad, modo de funcionamiento o tipo de gestión.

Ahora bien, una cosa es esta que acabo de señalar y otra afirmar que son las empresas las que que por sí mismas crean los puestos de trabajo y, por tanto, las únicas que garantizan el flujo de ingresos que se necesita para que se desarrolle la vida económica.

En la economía capitalista son efectivamente las empresas, los propietarios del capital privado, quienes llevan la iniciativa en la puesta en marcha de proceso económico y quienes arriesgan su patrimonio cuando realizan las inversiones que son necesarias para generar actividad. La expectativa de obtener beneficio es lo que les mueve a arriesgar y gastar con el propósito de recuperar sobradamente lo invertido. Y en ese proceso es cuando se crean puestos de trabajo que proporcionan los ingresos a los hogares que luego se gastan en adquirir los bienes y servicios que producen las empresas.

Esa es sin duda una de las grandes virtudes del capitalismo: permite que se puedan satisfacer necesidades colectivas simplemente a expensas de que haya individuos que traten de lograr su beneficio particular.

Esa realidad es la que justifica que se facilite o proteja la actividad empresarial y se trate de proporcionar las mejores condiciones para que se lleve a cabo de la mejor manera posible.

Lo que ocurre, sin embargo, es que, por un lado, resulta materialmente imposible que esa actividad empresarial se lleva cabo con los exclusivos recursos que pueda aportar el capital privado. Y, por otro, que no cualquier tipo de actividad empresarial satisface efectivamente las necesidades sociales en las condiciones más deseables o eficientes.

Sin temor a exagerar, se puede decir que no hay ni una sola actividad empresarial que pueda desarrollarse hoy día sin disponer de recursos colectivos, sin conocimiento elaborado fuera de ella misma, sin infraestructuras públicas, por ejemplo. Ninguna actividad empresarial privada podría obtener beneficio si tuviera que hacer frente a los costes efectivos de todos los recursos que utiliza para llegar a vender cualquier bien o servicio que produzca.

Teniendo esto en cuenta, resulta que la creación de puestos de trabajo no es el resultado, por tanto, de la sola iniciativa o riesgo empresarial.

Más importante todavía es tener en cuenta que la pervivencia del empleo y del beneficio no es el resultado de la mera existencia de la empresa sino de todo el sistema socioeconómico en el que se desenvuelve. Ninguna empresa sobreviviría sin un sistema adecuado de normas, sin una administración eficaz de los recursos colectivos y del capital social que acabo de decir que necesita, sin un buen sistema educativo o de salud, sin seguridad, sin la investigación básica que sólo los estados pueden financiar con carácter general… Y, por supuesto, sin un adecuado equilibrio económico que asegure a las empresas las ventas que necesitan para obtener beneficios y sobrevivir.

De hecho, es una evidencia indiscutible que la gran virtud del sistema empresarial del capitalismo que he mencionado va lamentablemente asociada a un inconveniente insuperable: organizar la producción en función del beneficio privado no garantiza que se satisfagan todas las necesidades humanas, ni que la satisfacción que se pueda alcanzar persiguiendo ese fin se logre de la mejor manera posible. La exclusión y la pobreza tan extendidas, el paro tan numeroso, los fraudes, la deuda y las crisis tan frecuentes… son la prueba evidente de ello.

Para crear empleos, por consiguiente, no basta con conceder libertad de iniciativa a las empresas y poner en sus manos toda la capacidad de decisión en materia de mercados de trabajo porque, para crearlos y mantenerlos, se necesita tomar decisiones para hacer frente a estos últimos riesgos que tienen que ver con recursos que, sencillamente, no son de la exclusiva propiedad del capital privado.

Para crear empleos, incluso para garantizar el beneficio empresarial, es imprescindible gobernar bien recursos comunes y estos, por definición, no pueden quedar sometidos a la decisión o interés exclusivo de un grupo social. Y mucho menos de la «coalición de los ricos para oprimir a los pobres y mantener en su provecho la desigualdad de bienes que, de otra forma, no tardaría en ser destruida por los ataques de los pobres», de la que habló Adam Smith en sus Lecciones de Jurisprudencia.

El interés empresarial es muy importante en nuestras sociedad, sin lugar a dudas. Pero no es el único. Es más, muy a menudo es contrario al general, tal y como estamos viendo día a día. Por ejemplo, con el oligopolio eléctrico que sobrecarga al resto de las empresas u hogares, o el farmacéutico que impide que toda la población mundial disponga de una vacuna contra la Covid-19.

Y, además y esto es muy importante, no es verdad que exista un solo interés empresarial. Es muy fácil de comprobar que los dirigentes empresariales que reclaman para sí la capacidad de decidir en materia laboral ni siquiera representan al conjunto de las empresas.

En España, sin ir más lejos, la patronal que negocia con el gobierno y reclama privilegios y políticas económicas determinadas no lo hace en nombre y en interés de todos los empresarios y empresas. La pequeñas, medianas y micro empresas ni siquiera están formalmente representadas cuando tienen intereses muy diferentes y necesidades distintas a las que defienden para sí las grandes empresas que dominan los mercados.

Estas últimas se garantizan condiciones de privilegio que se traducen, para las más pequeñas, en costes desorbitados, plazos de pago insoportables, discriminación fiscal, desventajas en la contratación pública, o peores condiciones en materia de flexibilidad laboral, indemnizaciones, tipos de contrato, ayudas públicas o bonificaciones… La realidad es que las condiciones que se guardan para sí las grandes empresas y las que imponen a las medianas, pequeñas o micro representan una losa para estas últimas que frenan la creación de empleo y de riqueza.

Las grandes empresas cuyos representantes negocian con el gobierno y reclaman plena capacidad de decisión con la excusa de son las que crean el empleo son, en realidad, las que más dificultades imponen para que sobrevivan las más pequeñas, en donde se registra mucho mayor volumen de empleo, y las que acaban con la competencia en los mercados que puede proporcionar precios más bajos y condiciones más eficientes y satisfactorias para el resto de las empresas y los consumidores. Es decir, las condiciones que permitirían crear más empleos.

Las últimas reformas laborales que se han llevado a cabo en España no han establecido mejores condiciones para crear empleo, sino privilegios para las empresas más poderosas que han frenado el desarrollo de la productividad y la competencia y desincentivado la innovación al generalizar la devaluación salarial. Es decir, las que impiden que se desarrolle el ecosistema empresarial, institucional, cultural, político e incluso personal más favorable para crear empleo en nuestra economía.

Ahora que se está planteando modificar la anterior reforma laboral es el momento de poner sobre la mesa estas cuestiones, sin dejarnos llevar por los mitos que imponen los poderosos, para dar más voz y poder de decisión a todos los sujetos, instituciones y empresas de quienes de verdad depende que se puedan crear más empleos e ingresos dignos.

Juan Torres López

lunes, 15 de noviembre de 2021

_- La Gran Renuncia al empleo (malo)

_- Publicado en Público.es el 15 de octubre de 2021

Un nuevo fantasma recorre el mundo, el fantasma de la renuncia de millones de trabajadores a seguir trabajando en las condiciones en las que estaban antes del confinamiento.


Los datos son indiscutibles.
En Estados Unidos, el informe de la Secretaría de Trabajo de hace un par de semanas señala que 4,3 millones de personas habían renunciado a sus empleos en agosto. Eso ha hecho que ya pase de 10 millones el número de empleos vacantes en todo el país, a pesar de que hay casi 8,5 millones de personas desempleadas.

En los 38 países que forman parte de la OCDE hay 20 millones de personas menos empleadas que antes del confinamiento y 14 millones ya han dejado de considerarse activas porque ni tienen empleo ni lo buscan. Y, en comparación con 2019, hay 3 millones más de jóvenes sin empleo, ni educación ni formación.

En China, Vietnam y otros países asiáticos también ocurre lo mismo, pues millones de personas que habían vuelto a sus aldeas cuando se produjo el confinamiento no han vuelto a sus empresas. Y en Europa, leemos diariamente noticias sobre la «escasez» de personas para ocupar puestos de trabajo en muchos sectores económicos.

En Alemania se calcula que hay unos 400.000 empleos vacantes, en Francia 300.000 y en España casi 120.000, un 88% de ellos en el sector servicios.

Las causas de este fenómeno global son variadas y no todas ellas se quieren poner sobre la mesa porque el fenómeno supone una especie de enmienda a la totalidad de lo que ha venido pasando en los mercados laborales y en la economía en general durante los últimos 40 años.

Quien quiera engañarse puede creer que el problema se debe a que hay desajustes temporales entre la oferta y la demanda de trabajo. Puede haberlos, sin duda, pero no los suficientes como para explicar toda la magnitud del problema.

Lo curioso, además, es que los mismos economistas liberales que defienden esta tesis (para no tener que enfrentarse a lo que voy a señalar inmediatamente) actúan con bastante incoherencia. Cuando hay paro dicen que se trata tan solo de un exceso de oferta que se resuelve automáticamente en el mercado laboral a poco que bajen los salarios. Pero, ahora que hay escasez de oferta, no dicen que suban los salarios para evitar el desequilibrio. Una muestra más del fraude intelectual y del engaño que hay detrás de las teorías liberales sobre la naturaleza del desempleo y su solución.

La realidad es que el modelo laboral del neoliberalismo ha generalizado no solo los salarios más bajos con la excusa permanente de que eso era imprescindible para crear empleo.

Al bajar la masa salarial han disminuido las ventas de las empresas y eso ha hecho que se genere menos actividad y empleo. Así se ha creado un ejército de parados que ha permitido que los salarios no suban y que las condiciones de trabajo empeoren sin cesar, en beneficio de las grandes empresas (no de todas, porque una gran parte se ve perjudicada por la caída de ventas y actividad que he señalado).

Eso explica que en los últimos años de dominio neoliberal se hayan generalizado condiciones de trabajo extenuantes en donde han florecido la ansiedad, el estrés, el agotamiento, el miedo, la frustración y la renuncia creciente a la vida familiar, la crianza y el bienestar en el más amplio sentido. Muy particularmente, en algunos sectores, grupos sociales o en el caso de las mujeres.

Durante los años 60 y 70 del siglo pasado la rotación en los empleos era alta. Quien se pudiera encontrar insatisfecho con su puesto de trabajo podía cambiar con la seguridad de encontrar otro, más o menos en las mismas condiciones. En los últimos 40 años, por el contrario, los trabajadores no han tenido apenas posibilidad de rotar, sencillamente, porque las posibilidades de encontrar algo mejor eran mínimas. Con sindicatos debilitados, con la negociación colectiva en entredicho y, sobre todo, con ese ejército de millones de personas necesitadas de emplearse allí donde fuese, se ha podido establecer un modelo laboral en el que o se aceptaba lo que ofrecía la empresa, o se perdía el empleo: en la cola había cientos de personas dispuestas a aceptar cualquier condición de trabajo. De ahí los falsos autónomos, los contratos sin horas determinadas, las horas extraordinarias no pagadas y el incumplimiento generalizado de las leyes laborales.

El confinamiento ha transformado la situación, tal y como lo ha descrito muy claramente la profesora de Harvard Tsedal Neeley, en un interesante libro publicado el pasado mes de abril (Remote Work Revolution: Succeeding From Anywhere): «Hemos cambiado. El trabajo ha cambiado. La forma en que pensamos sobre el tiempo y el espacio ha cambiado (…).

Las encuestas que se están realizando en muchos países muestran claramente que la pandemia ha abierto los ojos a millones de trabajadores en todo el mundo que ahora rechazan la situación laboral anterior y se replantean su vida y, en especial, las condiciones de trabajo. Un informe reciente de McKinsey & Co. afirma que una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos está pensando en cambiar de empleo o en dejar la actividad laboral debido al Covid-19.

En España, la mayoría de las grandes empresas, con mayor poder de negociación y sobre los mercados, han aprovechado la pandemia para intensificar las jornadas de trabajo y bajar salarios (a veces, hasta un 30% para los mismos puestos de trabajo que se contrataban antes del confinamiento) y el salario medio ha sufrido, no solo en España, una caída sin precedentes.

Por todo esto, es una ingenuidad y un error descomunal creer que lo que se está produciendo es una escasez de trabajo. Como escribía hace unos días Robert Reich, Secretario de Trabajo con Clinton (aquí), no es escasez de trabajo sino de salarios dignos, es escasez de cuidado de niños, de licencias por enfermedad pagadas y escasez de atención médica.

Es cierto que Reich se refiere a Estados Unidos y que en otros países, como el nuestro, aún no se está produciendo este fenómeno con la misma magnitud o por las mismas razones. Pero, donde allí se dice escasez de licencias por enfermedad pagadas o de atención médica, pongamos aquí jornadas interminables, salario de miseria y falta de estímulos y autonomía personal.

Lo cierto es que, por primera vez en esas últimas décadas, los trabajadores de todo el mundo se están dando cuenta del poder que tienen frente a una gran clase empresarial que ha querido quedarse con todo, a costa de destruir la economía en su conjunto. Como dice Reich en el artículo que he citado, «se podría decir que los trabajadores han declarado una huelga general nacional no oficial hasta que obtengan mejores salarios y mejores condiciones laborales».

No va a haber más remedio que negociar, aceptar que las relaciones laborales deben mantener un imprescindible equilibrio y devolver derechos, salarios y condiciones de empleo dignos a las clases trabajadoras si no se quiere que la economía internacional entre en una nueva crisis de una magnitud y gravedad sin precedentes. Aunque no soy optimista. Se han acostumbrado a ganar tanto con toda facilidad que no será fácil que renuncien ni a uno solo de sus privilegios.

Web de Juan Torres López https://juantorreslopez.com/la-gran-renuncia-al-empleo-malo/

viernes, 22 de junio de 2018

La guerra de Trump contra los pobres. Está claro que el dolor que infligen las políticas republicanas es un objetivo, no una consecuencia.

  Estados Unidos no ha estado siempre, ni siquiera habitualmente, gobernado por los mejores ni por los más brillantes; a lo largo de los años, los presidentes han dado empleo a muchos sinvergüenzas e imbéciles.
Pero no creo haber visto nunca semejante colección de estafadores y malhechores de poca monta como la que rodea a Donald Trump. Price, Pruitt, Zinke, Carson y ahora Ronny Jackson: a estas alturas, nuestra suposición por defecto debería ser que algo malo debe de tener cualquier persona a la que el presidente quiera en su equipo. Aun así, no debemos bajar la guardia. Las gratificaciones que muchos de los miembros del Gobierno de Trump exigen —viajes gratuitos en primera clase, dobles cabinas telefónicas supersecretas e insonorizadas y otras cosas por el estilo— son indignantes, y nos dicen mucho sobre la clase de gente que son. Pero lo que realmente importa son sus decisiones políticas. La insistencia de Ben Carson en gastarse 31.000 dólares de los contribuyentes en unos muebles de comedor es ridícula; pero su propuesta de aumentar el gasto en vivienda a centenares de miles de familias estadounidenses necesitadas, triplicándoles el precio del alquiler social a algunas de las más pobres, es atroz.

Y esta atrocidad forma parte de un patrón más amplio.
El año pasado, Trump y sus aliados en el Congreso dedicaron la mayor parte de sus esfuerzos a mimar a los ricos; eso es algo que queda de manifiesto en la Ley sobre la Rebaja de Impuestos y Creación de Empleo, pero hasta el ataque al Obamacare tenía por objetivo el asegurar a los ricos una rebaja de miles de millones de dólares en sus impuestos. Este año, sin embargo, la principal prioridad de los conservadores parece ser la de declarar la guerra a los pobres.
Esa guerra se está librando en múltiples frentes. La medida para reducir las ayudas a la vivienda sigue a otras que han aumentado los requisitos para quienes solicitan cupones de alimentos. Por otra parte, el Gobierno ha concedido a los Estados controlados por los republicanos exenciones que les permiten imponer duros requisitos laborales a los perceptores del Medicaid, requisitos cuya principal consecuencia no será la de aumentar el número de trabajadores, sino la de reducir el número de personas que reciben asistencia sanitaria básica. Hasta la liberalización financiera de facto —la eliminación de la protección financiera del consumidor— llevada a cabo por el Gobierno debería considerarse un ataque a los menos adinerados, ya que las familias pobres y los trabajadores con menos formación académica son las víctimas más probables de banqueros explotadores.

La cuestión interesante no es si Trump y sus amigos están intentando hacer la vida de los pobres más desagradable, brutal y breve. Porque lo están haciendo. La pregunta es más bien por qué. ¿Se trata de ahorrar dinero? Los conservadores se quejan del coste del colchón de seguridad, pero es difícil tomarse en serio unas quejas que proceden de gente que acaba de aprobar unas rebajas de impuestos enormes que dispararán el déficit presupuestario. Es más, hay pruebas de que algunos de los programas que están siendo objeto de ataques hacen lo que no hacen las rebajas fiscales: acabar devolviendo una parte importante de sus costes iniciales al promover un mejor rendimiento económico. Por ejemplo, la creación del programa de cupones de alimentos no solo facilitó un poco la vida a sus perceptores. También tuvo grandes efectos positivos en la salud a largo plazo de los niños de las familias más pobres, y eso los convirtió en adultos más productivos, con más probabilidades de pagar impuestos, y menos de seguir necesitando ayuda pública. Lo mismo puede decirse de Medicaid; nuevos estudios indican que más de la mitad de cada dólar gastado en atención sanitaria a niños acaba recuperándose en forma de aportaciones tributarias más elevadas de unos adultos más sanos.

¿Y qué decir de la idea de que los programas para combatir la pobreza crean una 'trampa de pobreza' al reducir el incentivo para que las personas se abran camino hacia una vida mejor mediante el trabajo? Es una idea popular en la derecha.
Pero lo cierto es que hay muy pocos estadounidenses perceptores de cupones de alimentos o de Medicaid que podrían y deberían seguir trabajando pero no lo hacen. Es verdad que, según algunos cálculos, los planes de ayuda basados en la donación de recursos —programas disponibles solo para aquellas personas con rentas bajas— pueden desincentivar la búsqueda de trabajo remunerado. Pero las pruebas indican que si bien los programas sociales tienen cierto efecto adverso sobre los incentivos, dicho efecto es mucho menor de lo que los políticos creen. Además, se podrían reducir esos desincentivos creando programas más generosos, no menos, es decir, proporcionando más ayuda a los casi pobres en vez de menos ayuda a los pobres. Por alguna razón, los conservadores no parecen plantearse nunca esa opción.

¿Qué hay realmente tras la guerra contra los pobres? Está bastante claro que el dolor que esta guerra infligirá es un objetivo, no una consecuencia.
Trump y sus amigos no están castigando a los pobres a regañadientes, porque crean que deben ser crueles para ser benévolos. Quieren ser crueles sin más. Glenn Thrush, de The New York Times, informaba de lo siguiente: "Según sus asesores, Trump se refiere a casi todos los programas que proporcionan ayudas a los pobres como 'asistencia social', una expresión que él considera despectiva". Y supongo que cualquiera ve de dónde viene eso. Al fin y al cabo, él es un hombre hecho a sí mismo que no puede atribuir nada de su propio éxito a, digamos, la riqueza heredada. Ah, que no es eso. En serio, muchos miembros de este Gobierno y del Congreso no sienten ninguna empatía por los pobres. Parte de esa falta de empatía refleja animosidad racista. Pero aunque la guerra contra los pobres perjudicará de manera desproporcionada a grupos minoritarios, también perjudicará a muchos blancos con rentas bajas; de hecho, acabará perjudicando a muchos de los que votaron a Trump. ¿Se darán cuenta?

Paul Krugman es premio Nobel de Economía.  The New York Times.

 https://elpais.com/economia/2018/04/27/actualidad/1524839396_187470.html

sábado, 14 de abril de 2018

El empleo no peligra; tu sueldo sí. Un informe concluye que la automatización no reduce el número total de trabajos, pero sí los salarios. La revolución de los algoritmos acelerará aún más los cambios

Van a acabar los robots, los superordenadores y los algoritmos con el trabajo? ¿Estamos a punto de entrar en un mundo postindustrial en el que el empleo será una rara avisa la que solo tendrán acceso un grupo de privilegiados? Son estas preguntas cada vez más habituales a la vista de la revolución tecnológica que amenaza con sustituir a las personas por máquinas. Pero, en contra de la muy extendida idea de que la era del empleo está llegando a su fin, un estudio reciente concluye que la automatización no reduce el número de puestos de trabajo. Más bien al contrario, ayuda a que aumente. El problema es que la creciente tecnificación también contribuye a la depauperación de la clase media.

En el artículo con el sugerente título Robocalypse now. ¿Supone la mayor productividad una amenaza para el empleo?, David Autor, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (el famoso MIT) y Anna Salomons, de la Universidad de Utrecht, analizan lo ocurrido en 19 países en los últimos 35 años. Aunque el texto se refiere solo al pasado, los autores creen que sus conclusiones son válidas también para el futuro inmediato.

El empleo no peligra; tu sueldo sí


No hay ninguna razón que nos haga pensar que esta tendencia va a cambiar en los próximos años. La nueva revolución tecnológica no va a impedir la creación de nuevos empleos. Y va a seguir situando la desigualdad como uno de los grandes retos de la sociedad”, asegura Salomons, una de las autoras, desde Boston en una conversación vía Skype.

Esta profesora responsable del seminario de Empleo y Desigualdad en la Universidad de Utrecht cree que uno de los principales hallazgos de su trabajo es desmontar el mito de una sociedad con desempleo masivo, un temor que le parece “infundado”. “Esto es algo que muchos economistas ya intuían, pero nosotros lo hemos demostrado con datos”, añade.

Los autores no niegan el fuerte impacto del progreso en el empleo y admiten que los aumentos de productividad fruto de los avances tecnológicos sí ayudan a destruir empleo en determinados sectores: básicamente, aquellos a los que la automatización afecta directamente. Pero, aunque en estas industrias se produzcan pérdidas netas de trabajos, los ahorros económicos frutos de la mayor productividad facilitan la creación de puestos en otros sectores. Esta recolocación, sin embargo, suele ser con sueldos más bajos.

Así, los autores calculan que si en 1970 las rentas laborales suponían un 66,2% de la tarta de los ingresos totales; en 2007 este porcentaje había disminuido al 62,7%. El proceso de pérdida de riqueza de los trabajadores continúa a marchas forzadas; y además se agravó a partir de este siglo.

Esteban Moro, profesor de Matemáticas en la Carlos III de Madrid y en el MediaLab del MIT, insiste en diferenciar la tecnificación de las últimas décadas, protagonizada por los robots, con la actual segunda oleada de automatización, basada en algoritmos e inteligencia artificial. “Esta revolución es muchísimo más rápida. Y no tiene por qué tener los mismos efectos sobre el empleo y los salarios que la anterior. El riesgo es que los cambios sean de tal velocidad que no dé tiempo al mercado laboral a adaptarse para formar trabajadores con las capacidades necesarias”, explica.

Pero lo que sí tiene todos los visos de continuar es lo que Moro define como “vaciamiento de las clases medidas”, un proceso de polarización en el que una gran mayoría de trabajadores se ven abocados a salarios cada vez más bajos; y una minoría de mano de obra superespecializada con habilidades adaptadas a los nuevos tiempos que aspira a una porción creciente de las rentas.

Este investigador español forma parte del grupo creado por el MIT para analizar el futuro del trabajo, donde expertos de distintos ámbitos estudian el efecto que la última revolución tecnológica tendrá en aspectos como los movimientos migratorios entre zonas con industrias en declive —zonas eminentemente rurales o con industrias tradicionales— y florecientes ciudades como San Francisco, con oferta de trabajo adaptada a las nuevas necesidades.

Dos líneas de pensamiento
En los últimos años han surgido dos líneas de pensamiento entre los investigadores en tecnología y empleo. Los primeros defienden la llegada de una especie de Armagedón laboral, una sociedad que será incapaz de emplear a amplísimas capas de la población. De ahí surgen iniciativas como la renta básica universal, la idea de que, ya que la mayoría de personas va a estar desempleada, el Estado debe asegurarse de que tengan lo necesario para llevar una vida digna. Y la necesidad de que los nuevos instrumentos de la mecanización incorporen parte de las cargas que lastran la contratación de personas, con medidas como los impuestos a los robots.

La segunda idea-fuerza es la de que es imposible predecir qué pasará en el futuro, pero que así como los cajeros automáticos no acabaron con las oficinas bancarias; los avances tecnológicos harán que algunos empleos desaparezcan o se reduzcan al mínimo, pero se crearán otros que ahora es imposible siquiera imaginar. Y el saldo final puede incluso ser positivo. Es en este bando del debate en el que se sitúa el trabajo de los profesores Autor y Salomons.

Carl Benedkit Frey, codirector del Programa de Tecnología y Empleo de la Martin School de Oxford y una de las personas que más saben en el mundo sobre este asunto, opta también por la segunda opción. “El principal riesgo de la tecnificación no es el desempleo masivo, sino el empobrecimiento de las clases medias, tendencia que ya empezó hace tiempo y que puede continuar en los próximos años”, concluye.

LOS PERDEDORES DEL GRAN SALTO TECNOLÓGICO
Puestos como los de ascensoristas o lavadores de coches han desaparecido prácticamente por completo del paisaje de las ciudades. Al tiempo que estos se desvanecían, surgían otros que hasta hace poco nadie se imaginaba. Así, expertos como Carl Benedikt Frey, de la Martin School de Oxford, creen que el proceso volverá a repetirse una vez más en la revolución que estamos viviendo.

“Pese a que no crea que vaya a haber un desempleo masivo a largo plazo, no hay duda de que algunos trabajadores sí se han visto perjudicados por el avance de la tecnología”, explica. Frey se fija especialmente en las ciudades manufactureras de EE UU que han asistido a un empeoramiento de las condiciones sociales, con crecientes tasas de mortalidad entre hombres adultos y dificultades cada vez mayores para la movilidad social. “La mayor preocupación ahora son esas capas de población que sufren una peor situación por culpa del progreso de estos años. Son los perdedores de la automatización”, añade.

El español Esteban Moro cree que el nuevo mundo de los algoritmos dañará sobre todo a aquellas profesiones basadas en tareas repetitivas que las máquinas pueden hacer casi al instante. Pero también podrán resolver labores cada vez más complicadas como traducciones, lecturas de textos jurídicos o de imágenes médicas. “La gran pregunta es qué pasará con esas habilidades que los humanos han aprendido tras invertir mucho tiempo y esfuerzo”, asegura el profesor en el MediaLab del MIT.

https://elpais.com/economia/2018/03/31/actualidad/1522517546_838136.html?rel=lom

martes, 6 de diciembre de 2016

ANTONIO CATALÁN. El presidente de AC Hoteles carga contra la “explotación” en el sector. Antonio Catalán sostiene que "no se puede pagar tres euros por habitación" a una camarera y critica la reforma laboral.

El presidente de AC Hotels by Marriott, Antonio Catalán, puso ayer la estabilidad de las plantillas y los trabajadores por delante del beneficio económico. "Si voy a ganar más a base de sacrificar al personal, prefiero que ganemos menos", dijo ayer el empresario en un foro económico en Málaga. Catalán cargó además contra la reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy, que permite, por ejemplo, despedir a camareras de hotel con poca indemnización y subcontratarlas a otras empresas de servicios que las "explotan". Las declaraciones han levantado una oleada de comentarios en las redes sociales, en su mayoría favorables a la cadena y al empresario.

"Nosotros no externalizamos los pisos. No se puede pagar [a estas camareras] tres o cuatro euros por habitación; aceptar eso supone un deterioro del producto y de la imagen. Los listos de la película siempre son los mismos", dijo el empresario, que definió su sector, el hotelero, como un sector “de personas, no tecnológico” y que el diferencial de AC by Marriot son las personas, siendo clave la formación.

Catalán aseguró que en su cadena “todo el mundo es fijo”, incluidas las camareras de piso, y recordó que los empresarios tienen la responsabilidad de generar "más y mejor empleo". Fue en este punto cuando criticó la reforma laboral de 2012, a la que ve responsable de que la buena marcha del sector turístico no tenga equivalencia en el empleo. Según él, la reforma laboral permite despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado a toda la plantilla y empezar a subcontratar las camareras de piso con otras empresas como Ferrovial o Entrecanales, que "explotan" a estas trabajadoras. "Hoy puedo despedir pagando 20 días por año y empezar a subcontratar. Es lo que hacen los que explotan a las camareras de piso, y lo digo con todas las letras: explotan", afirmó. Así, pasan de acogerse a convenios que fijan unos 1.000 euros de salario a otros que contemplan apenas 600 y tienen que trabajar seis días a la semana en lugar de cinco, ha detallado.

Catalán ha apuntado que actualmente hay más empleo que en 2011, sin embargo, se paga menos que entonces debido a la reforma laboral. "Si este país no chuta es porque los empresarios no generan puestos de trabajo" y ha asegurado que si él formara parte de la Administración "yo sería mucho más exigente con los hoteles", considerando que tienen que tener más nivel "porque aún seguimos con una normativa de la época de Fraga".

Catalán afirmó que los trabajadores han de estar "bien pagados" y puso como ejemplo el AC by Marriot Málaga Palacio de su cadena. "Tiene cuatro millones de euros de resultados; la gente está feliz, tenemos a gente que no se quiere ni jubilar".

"Faltan empresarios a veces en este país; hay gente que hace el negocio y ya está", dijo Catalán, quien considera que si no hay consumo y empleo "las pensiones no se podrán pagar". La reforma laboral "no puede ser café con leche para todos, hay empresas que tienen que cerrar", indicó el hotelero, insistiendo en que "para hacer un país posible la gente tiene que poder vivir".

http://economia.elpais.com/economia/2016/11/24/actualidad/1479975576_031277.html

viernes, 17 de junio de 2016

Empleo para los más frágiles. La desocupación crónica afecta a cerca de tres millones de personas en España.

La crisis ha intensificado en España una tendencia de largo recorrido e inaceptables consecuencias: la progresiva expulsión del trabajo de los adultos menos cualificados. Un problema que está adquiriendo perfiles crónicos y que es la causa principal de la preocupante evolución del riesgo de pobreza. El aumento en la desigualdad de rentas durante la crisis procede básica y precisamente del alarmante aumento en la no ocupación de ese colectivo. Los riesgos sociales para los trabajadores con bajos salarios no tienen parangón con los riesgos de pobreza y de carencia material severa que se derivan de la desocupación prolongada o crónica.

Este es un de los peores resultados del anómalo funcionamiento del mercado de trabajo. Casi la mitad de los últimos treinta años España ha mantenido tasas de paro superiores al 20%; solo cuatro años tasas de menos de 10%. El convulso devenir del empleo en función de los ciclos económicos es incomparable con la evolución laboral de los países de nuestro entorno.

Aunque tan deficiente funcionamiento puede afectar a todos los niveles educativos en diferentes momentos de la biografía laboral, se da una clara preponderancia de la forma en la que perjudica —durante toda su trayectoria vital— a los “menos cualificados”. Los importantes incrementos de nivel de estudios no han logrado cambiar este proceso. Cada nivel de estudios ha sido sustituido, en periodos cada vez más cortos, por el inmediato superior en la proporción de “desocupados”.

Este problema es menos visible en el largo plazo entre las mujeres. Su constante incremento de participación laboral durante el último medio siglo encubre en parte lo que entre los varones es una evidencia palmaria: los adultos menos cualificados se han visto progresivamente expulsados del empleo, incluso en la fase que debería ser la más activa de su biografía laboral, hasta casi cronificar esa expulsión. En cada recesión, su pérdida de empleo ha resultado más acusada, y se ha ido acumulando porque las fases alcistas posteriores sólo han logrado recuperar la mitad de lo perdido. Por tal camino, en 2013, la mitad de los varones españoles autóctonos con estudios primarios llegó a estar sin empleo en la cima de su vida laboral (entre 35 y 54 años).

Urge recuperar su ocupación. Bajo un supuesto moderado, el colectivo recuperable alcanzaría a tres millones de personas potencialmente empleables. Ese colectivo es prioritario porque tiene las menores opciones alternativas al empleo. Además, tienen más probabilidades de pertenecer a hogares con hijos que sufren las más duras consecuencias derivadas de la pobreza de sus padres. No es suficiente “mejorar su empleabilidad”, es imprescindible conseguir su vuelta al empleo.

No puede obviarse que la opción de recualificar a los adultos con desocupación crónica tiene serias limitaciones: por un lado, esta tarea es lenta y costosa, dificultada por las reconocidas insuficiencias del sistema español de formación de desempleados; por otro lado, es posible que esa recualificación mejore algo las condiciones de competencia con otros colectivos, pero resulta poco probable que pueda solucionar el problema de desocupación de los “menos cualificados”.

La progresiva cronificación en la desocupación parece indicar que hay un notorio problema de inadecuación entre su productividad y los costes laborales de su cada vez más improbable contratación. Si no se actúa sobre estos costes, su desocupación será creciente e irreversible.

Dejando aparte los salarios, a los que la crisis ha sometido a un intenso proceso de ajuste en el que ha influido la reforma laboral, hay varios ámbitos de actuación para la capacidad reguladora del Estado: las subvenciones directas, las rebajas del IRPF, las exenciones o bonificaciones de la cotización a la Seguridad Social y la compatibilidad salarial complementaria con el empleo de algunas prestaciones sociales.

Cualquiera de estas políticas presenta problemas de incentivos perversos, porque no es razonable ni eficiente recompensar la descualificación. Por ello, es imprescindible elaborar unos criterios claros de demarcación que se centren en ese objetivo de “recuperación” de unos trabajadores que, habiéndolo sido, han sufrido la tragedia de no haberse preparado para un momento y una sociedad que no supieron ver a tiempo.

Las experiencias en la utilización de las subvenciones directas al empleo no las hace recomendables. El difícil rigor en su aplicación, su tendencia a generar efectos “no queridos” y sus serios problemas de demarcación desaconsejan esta vía.

La opción de una subvención controlada fiscalmente a través del IRPF tendría que tomar la forma de “impuestos negativos”, ya que el IRPF de estos contratos es ya muy bajo.

La vía de importantes rebajas de las cotizaciones a la seguridad Social para los trabajos de menor cualificación parece la más sencilla de aplicar, como ha demostrado la actual carencia de 500€ de cotización para los contratos indefinidos. La demarcación de estas rebajas al objetivo específico de “recuperación”, obligaría a restringirlas a desocupados que ya hubieran cotizado antes y con un tiempo largo de desempleo. La duración de esa cotización anterior tendría que depender de una función que podría tomar en cuenta los estudios y la edad para su cálculo.

La mejora del complejo y disperso sistema de garantía de mínimos es muy necesaria. Ese sistema alcanza ya un volumen de gasto considerable. Las prestaciones no-contributivas por desempleo rondan los 8.000 millones de euros anuales. Son prestaciones predominantemente “pasivas”, con pocos efectos en el logro de empleo. Sin mayor dificultad ni incremento de coste, varias de esas prestaciones se podrían hacer compatibles con un salario, más intensamente para los hogares con menores. Esa compatibilidad habría que promoverla mediante incentivos que la hiciesen atractiva tanto para los empleados como para los empleadores. Su prolongación durante el tiempo en el que esas prestaciones hubiesen podido estar vigentes, de no haber encontrado empleo, serviría de único criterio de demarcación. Recursos que ahora solo palian las carencias económicas de los parados, contribuirían a mejorar su vida.

La recuperación para el empleo de los menos cualificados es el objetivo más urgente para un verdadero rescate social. La mejora del sistema de mínimos es necesaria, pero no puede resolver un problema de esta magnitud en la participación laboral de adultos. Y hay algo mucho más importante: la ocupación no es solo un medio para obtener rentas; es también una fuente imprescindible de dignidad y de motivación para la mejora de las propias capacidades, una fuente de estabilidad y de regulación cotidiana de la vida en los hogares, y el medio más eficiente y humano que se conoce de equilibrar derechos y deberes sociales de los ciudadanos.

Luis Garrido y Rodolfo Gutiérrez son catedráticos de Sociología y autores del documento El urgente rescate social: recuperar el empleo de los menos cualificados, del Círculo Cívico de Opinión.

http://elpais.com/elpais/2016/04/29/opinion/1461942035_603683.html

lunes, 30 de mayo de 2016

Las carreras con mayor tasa de empleo. Titulaciones universitarias con mayor número de ocupados en el extranjero. Los titulados de la crisis con más empleo son médicos e ingenieros.

Las titulaciones universitarias con mayor y menor salida laboral.
La encuesta emplea datos recogidos entre septiembre de 2014 y febrero de 2015. Y analiza la situación de licenciados y graduados universitarios del curso 2009-2010, con una muestra de 30.000 titulados, entrevistas directas y datos administrativos.







Las titulaciones universitarias con mayor y menor salida laboral.
http://elpais.com/elpais/2015/12/22/media/1450786621_713557.html



martes, 26 de abril de 2016

Economistas han examinado 7 programas de prestaciones sociales para ver si han hecho a la gente holgazana. ¡Y no las ha hecho!

Desde que ha habido programas del gobierno diseñados para ayudar a los pobres, ha habido críticos insistiendo en que ayudar a los pobres los mantendrá sin trabajar. Pero la evidencia de esta proposición ha sido siempre bastante endeble.

Un estudio reciente[1] de economistas de Harvard y del MIT - Massachusetts Institute of Technology, ha debilitado aún más esta propuesta. Abhijit Banerjee, Rema Hanna, Gabriel Kreindler, y Benjamin Olken volvieron a analizar los datos de siete experimentos aleatorios evaluando los programas de ayuda económica en países pobres y encontraron que “no hay evidencia sistemática de que los programas de prestación de dinero en metálico desanimen a la gente a trabajar”. Atacar a los receptores de las prestaciones llamándolos gandules es una retórica fácil, pero cuando de verdad examinas científicamente la proposición, ésta no se sostiene.

No han tenido este efecto en Honduras, ni en Indonesia, ni en Marruecos…

Los programas tratados en el estudio tienen una extensión geográfica bastante amplia. Hay cuatro en América Latina (dos en México, uno en Nicaragua y otro en Honduras), dos en el Sudeste asiático (Filipinas e Indonesia), y uno en Marruecos.

La mayor parte de los programas que analiza este estudio se conocen como “transferencias de dinero condicionales” (CCTs – Conditional Cash Transfers), en la que las familias reciben dinero con la condición de que, digamos, lleven a sus hijos a la escuela, o que los vacunen. La idea es doble: ayudar a la gente pobre, y usar la ayuda como presión para que sus hijos se eduquen y reciban asistencia sanitaria. Estas “transferencias de dinero condicionales -- CCTs” se pusieron de moda antes en América Latina, por eso la mayoría de los programas analizados se han hecho en esta región. Pero el estudio incluye también un Programa mexicano[2] que proporcionaba 13 dólares al mes en metálico “sin condiciones” a familias de las regiones pobres.

Exactamente: cero. Ese fue el número de programas (de entre estos siete programas) en los que vieron un cambio estadísticamente significativo en los niveles de desempleo o en las horas trabajadas a la semana:

Banerjee, Hanna, Kreindler, y Olken, 2015. Efectos en el trabajo, por programa.

En algunos casos el trabajo subió; en otros, el trabajo bajó. En ninguno de ellos hubo un cambio sustancial. En todos los programas, excepto en el de Honduras y Filipinas, los datos fueron lo suficientemente equiparables como para que los investigadores pudieran hacer un fondo común y calcular los efectos a través de todos los programas. Esto permitió estimaciones más precisas que las que se hubiesen podido obtener de cualquiera de los cinco estudios comparados en solitario. El intervalo de confianza fue de un 95% en cuanto a cómo afectaron a la tasa de empleo, comprendidos entre un descenso de un 1,6 % y un incremento de un 0,9%. Prácticamente esto es una indicación de que no hay cambios.

Otros estudios encontraron que el dinero en metálico anima a trabajar

Hasta cierto punto, esto abarata los programas de transferencia de dinero. Dos recientes trabajos de investigación en estos programas de transferencia de dinero sugieren que dar dinero a la gente pobre de los países en desarrollo podría incluso, en algunos casos, fomentar el trabajo. Un estudio hecho por Christopher Blattman, Nathan Fiala, y Sebastian Martinez evaluaron un programa que dio becas (382 dólares por persona, de media) a grupos de ugandeses desempleados jóvenes para ayudarles a aprender oficios cualificados, y descubrieron que aumentaron un 17% en horas de trabajo y sus salarios en un 38%. Otro trabajo de investigación de: Blattman, Eric Green, Julian Jamison, y Jeannie Annan, examinó un programa de Nigeria en el que daban unos 150 dólares y un entrenamiento con algunas habilidades básicas de negocios a mujeres del norte de Uganda: el trabajo aumentó en un 61%.

Esos programas son significativamente diferentes de los evaluados en el estudio de Harvard/MIT. La diferencia es que estaban orientados a ayudas para los negocios. El programa para mujeres proporcionó capacitación y supervisión, y el programa para adultos jóvenes exigió a los candidatos que presentaran sus propuestas explicando cómo utilizarían el dinero para mejorar sus negocios. También hubo otro de una beca pagada en una vez, en vez de una transferencia a plazos, y operando por regla general a una escala menor que las de los programas gubernamentales evaluados por Banerjee et al.

Pero el razonamiento que hacen los contrarios a los programas de prestaciones sociales escépticos acerca de los programas de transferencias de dinero, debería también preocuparse por darle a la gente pobre grandes pagos únicos para usarlos como capital para negocio; ¿por qué no cogerían este dinero y lo gastarían? Por tanto el éxito de estos programas proporciona otro contraargumento más para la paranoia acerca de la “welfare queen - – reina del subsidio[3]”.

No es solo en el extranjero

Todas las evidencias mencionadas anteriormente se refieren a países en desarrollo. Pero merece la pena ser escépticos también en los países ricos acerca las denuncias a las “welfare queens – reinas del subsidio”. Por una sencilla razón, el mayor programa de EEUU que hay actualmente funcionando para jóvenes adultos pobres es el “EITC - Earned Income Tax Credit[4]”.

Hay una abundante evidencia que demuestra que el programa de EITC fomenta el trabajo, normalmente atrayendo a los padres solteros al mercado de trabajo. Esto tiene un impacto anti-pobreza más allá del dinero que este crédito fiscal[5] proporciona a la familia.

Pero incluso los programas de donación de dinero sin condiciones probablemente no tengan un mayor efecto en el trabajo en los países ricos. Varios estudios en los años 70 en los EEUU examinaron los programas de “impuesto negativo sobre la renta”[6], donde se tomó como ejemplo un grupo de familias pobres que recibieron becas, cuya cantidad fue disminuyendo a medida que las familias ganaban más dinero con sus trabajos. Los estudios encontraron un descenso muy bajo en el trabajo, debido sobre todo a que la gente tardaba más en encontrar un buen trabajo cuando estaba desempleada y alargaba el periodo de estudios. Incluso esos cálculos fueron exagerados por los participantes que ocultaban la cantidad de trabajo que hacían, quizá para obtener mayores cheques; cuando los investigadores examinaron los datos administrativos, en vez de las respuestas de los sondeos, no encontraron apenas efecto en cuanto al trabajo.

Hay un ejemplo mucho mejor en Canadá, donde una ciudad entera obtuvo unos ingresos garantizados a través del sistema de “impuesto negativo sobre la renta”, y se observaron incluso menores reducciones en trabajo, y allí donde se encontraron fueron en los casos de madres que habían parido recientemente (que pasaron más tiempo en casa con sus recién nacidos), y adolescentes.

No hay duda alguna de que los programas sociales mal diseñados pueden disuadir de trabajar. En el estudio de las ayudas a familias con niños dependientes, la reforma anterior del actual programa de prestaciones sociales se encontró que decrecieron las horas trabajadas de un 10 a un 50% entre los receptores; esto probablemente tuvo que ver con el hecho de que los beneficios de AFDC[7] fueron sustraídos con una proporción de un 100%, por lo que cada dólar ganado trabajando, era un dólar menos que se recibía del AFDC. ¿Quién querría trabajar en esas circunstancias?

Pero la mayoría de los programas de prestaciones sociales son mejores que el AFDC. Tanto si se llevan a cabo en los EEUU o en países en desarrollo no tienden a disuadir a la gente de trabajar.

[1] Debunking the Stereotype of the Lazy Welfare Recipient: Evidence from Cash Transfer

[2] Mexico tried giving poor people cash instead of food. It worked. –- México probó a dar dinero a los pobres en vez de comida. Y funcionó.

http://www.vox.com/2014/6/26/5845258/mexico-tried-giving-poor-people-cash-instead-of-food-it-worked

[3] [Nota de la T.] El artículo se refiere al famoso caso de Linda Taylor, que cometió fraude abusando del sistema de prestaciones de ayudas (entre otros muchos y más graves delitos), y que Ronald Reagan utilizó en su campaña para ilustrar sus críticas a los programas de ayudas sociales. https://en.wikipedia.org/wiki/Linda_Taylor http://www.slate.com/articles/news_and_politics/history/2013/12/linda_taylor_welfare_queen_ronald_reagan_made_her_a_notorious_american_villain.html

[4] [Nota de la T.] EITC: Earned Income Tax Credit, es una devolución en el pago de impuestos para trabajadores con bajos o medios ingresos, especialmente para aquellos con hijos https://www.irs.gov/Credits-&-Deductions/Individuals/Earned-Income-Tax-Credit/EITC,-Earned-Income-Tax-Credit,-Questions-and-Answers https://en.wikipedia.org/wiki/Earned_income_tax_credit

[5] [Nota de la T.] Los créditos fiscales reducen la cantidad de impuestos debidos. Los gobiernos pueden conceder un crédito fiscal para promover un comportamiento específico, como renovar el parque automovilístico, o los electrodomésticos antiguos con otros más eficientes, o ayudando los contribuyentes más desfavorecidos reduciendo el coste total de la vivienda. http://www.investopedia.com/terms/t/taxcredit.asp

[6] [Nota de la T.] El impuesto negativo sobre la renta es un sistema de impuestos progresivo en el que la gente que gana por debajo de una cierta cantidad, recibe una cantidad suplementaria de gobierno. https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_negativo_sobre_la_renta

[7] [Nota de la T.] AFDC (Aid to Families with Dependent Children – Ayuda a familias con hijos dependientes)

https://www.census.gov/population/socdemo/statbriefs/whatAFDC.html
Dylan Matthews

martes, 29 de marzo de 2016

¿Ha creado empleo el ajuste salarial?

Uno de los argumentos centrales del pensamiento económico convencional es que el ajuste salarial tiene un efecto positivo sobre el empleo; existiría una relación inversa entre ambas variables (según este enfoque, el nivel de empleo estaría determinado a corto plazo por los salarios). En primer lugar, porque la moderación de los costes laborales permite la recuperación de los márgenes empresariales, motor de la inversión productiva, que, al reforzarse, se traduce en nuevos puestos de trabajo. En segundo lugar, la contención salarial mejora la competitividad-precio de las empresas, ensanchando sus mercados y, en consecuencia, aumentando las necesidades de empleo. Se sostiene, en tercer lugar, que el ajuste de los salarios a la baja favorecerá, muy especialmente, a los trabajadores de menor cualificación.
De acuerdo con esa línea de argumentación, los países que hubieran aplicado políticas salariales más contenidas habrían obtenido mejores resultados ocupacionales.
¿Qué nos dice al respecto la evidencia empírica proporcionada por Eurostat? A continuación se presentan tres gráficos que relacionan, por un lado, el esfuerzo salarial, y, por otro, la creación de empleo. El primero está referido al periodo comprendido entre 2000 y 2007; el segundo comprende los años de crisis, 2008-2015; y el último se centra en el tramo 2010-2015, cuando se han aplicado con mayor rigor las políticas de austeridad salarial.





Pues bien, los gráficos ponen de manifiesto que, en un sentido muy diferente al defendido por la corriente dominante en economía, no hay evidencia empírica en la Unión Europea que sostenga la afirmación de que la moderación salarial es una vía para la creación de empleo. Más bien al contrario, en el periodo dominado por la austeridad salarial y presupuestaria encontramos una relación positiva entre la compensación real por empleado y el empleo. En otras palabras, el balance en términos ocupacionales ha sido más favorable para aquellas economías que han relajado la disciplina salarial.
¿Cómo interpretar estos resultados? Cuatro aspectos a tener en cuenta.
a) Las políticas de represión salarial, al contraer la demanda, han penalizado el crecimiento económico y, en esa medida, la capacidad de creación de empleo. Ese efecto de demanda supera, con mucho, los supuestos efectos positivos asociados a la activación de la inversión y el aumento de la competitividad.
b) La recuperación de los márgenes empresariales no se ha traducido en una mejora sustancial de la inversión productiva, que, cuando se escriben estas líneas, todavía se mantiene en niveles muy bajos. La atonía de la demanda y, más en general, las incertidumbres que amenazan la evolución de los mercados explican la prudencia inversora de las empresas.
c) El supuesto intercambio entre salarios (moderación) y empleo (crecimiento) no se ha materializado. La represión salarial no mejora sustancialmente el balance ocupacional. Lejos de abrir las puertas a la contratación de trabajadores de baja cualificación, ha supuesto la degradación salarial de los que antes recibían mejores retribuciones.
d) En el contexto de las reformas estructurales llevadas a cabo estos años por los gobiernos europeos, cuya piedra angular ha sido la desregulación de los mercados de trabajo, se han abierto para las empresas mayores posibilidades de intensificar la utilización de los recursos laborales disponibles (aumentar la explotación): alargamiento de las jornadas laborales e intensificación de los ritmos de trabajo. Ello, como no podía ser de otra manera, ha tenido una incidencia negativa sobre la creación de empleo.

Profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de econoNuestra y del Consejo Ciudadano Autonómico de Madrid

domingo, 20 de diciembre de 2015

¿Por qué no ha habido nunca pleno empleo en España?

El Captor

Dentro del Título I de la Constitución española -De los derechos y deberes fundamentales-, en el capítulo III -De los principios rectores de la política social y económica-, el Artículo 40.1 indica: “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.”

Pero nunca en la historia de la actual Constitución española se ha producido una situación de pleno empleo, resultando posible añadir, inclusive, que ninguna -o casi ninguna- formación política ha planteado recientemente, y ante la gravedad del contexto económico actual (más del 20% de la población activa desempleada), un objetivo programático de pleno empleo y de consecución en el corto plazo.

Cuestión, aunque parezca mentira, en absoluto baladí, ya que los preceptos constitucionales fueron aprobados para establecer su cumplimiento sin que sobre ellos recayese discrecionalidad alguna por parte de los poderes y agentes institucionales.

De ahí que de no observarse una situación de pleno empleo en el actual mercado laboral ello sea debido a que o bien no se ha realizado “de manera especial una política orientada” a la consecución de dicho objetivo, o bien el ejercicio de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial ha sido estrepitosamente fraudulento en este sentido, situación ante la cual el actual sistema democrático de España debería de disponer de los pertinentes mecanismos, también constitucionales, para la debida rendición de cuentas ante la soberanía nacional (recuérdese; “reside en el pueblo español”).

Por consiguiente, ¿que por qué no ha habido nunca pleno empleo en España? Lo diremos de nuevo y de todas las únicas formas posibles. Porque los poderes públicos no han realizado de manera especial una política orientada al pleno empleo. Y porque, ahora, o en el instante siguiente en el que usted decida sentarse ante su televisor, cualquiera de los candidatos al próximo gobierno de la nación podrá aparecer disputando una simpática partida de futbolín, al tiempo que le confirma a un graciosillo cantante de rancheras/”periodista” que sí, que esta idea de mostrarse ante la gente así es total no solo porque le humaniza como representante político sino también porque le homogeneiza con el conjunto de los representados.

Será entonces cuando usted piense: “¡Y una mi...!, ¡siguiente candidato, por favor!” Tan solo aquél cuyo sueldo sirva para defender alguno de los artículos más mentirosamente bellos, por el momento, de nuestra Constitución.

Fuente: http://www.elcaptor.com/2015/11/por-que-no-pleno-empleo-espana.html

miércoles, 11 de noviembre de 2015

La brecha salarial crece pese al fin de la crisis y la creación de empleo. El sueldo medio, que se sitúa en 1.881 euros, creció para los hombres y cayó para las mujeres y los jóvenes, según el INE.

El empleo se está recuperando a buen ritmo y se da por finalizada la crisis. Pero apenas se nota en los sueldos y la desigualdad aumenta. El salario medio en 2014 apenas creció: 1.881,3 euros, tan solo un 0,65% más (12,2 euros) que el año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, esa leve recuperación se debió al aumento de las remuneraciones de los que más ganan, porque cayeron las de los salarios más bajos. Y la distancia entre unos y otros se ensanchó. La brecha también se agrandó por sexos y por edades: aumentaron los sueldos de los hombres y bajaron los de las mujeres y los jóvenes.

La distancia entre los que ganan menos y más no deja de crecer. El año pasado siguió ensanchándose. El sueldo medio del 10% de los asalariados que menos cobran bajó en 3,3 euros mensuales y quedó en 411,2 euros brutos al mes. En el otro extremo, las remuneraciones de los que más ganan crecieron en 42 euros, hasta una mensualidad de 4.616,9. De esta forma, la brecha salarial se ensanchó en 45 euros y se situó en 4.205,7, según el decil de salarios de la Encuesta de Población Activa, un estudio que divide la población asalariada en diez partes iguales según su retribución y que el INE ha divulgado este viernes.

Los sueldos medios mantuvieron el comportamiento anémico de los años precedentes. Entre 2013 y 2014, el incremento apenas fue del 0,65%, hasta los 1.881,3 euros al mes. No obstante, como los precios todavía tuvieron un comportamiento peor (-1% de caída anual el año pasado), los asalariados ganaron poder adquisitivo. El aumento se debió, como apunta el Ministerio de Economía, al incremento del tiempo medio de trabajo, que pasó de 36,5 a 36,7 horas semanales.

El comportamiento plano de las retribuciones se pone aún más de manifiesto si se considera que el salario mediano —el que divide el colectivo en dos partes iguales y que se acerca más al que cobra la mayoría de los trabajadores— que apenas subió dos euros hasta situarse en 1.602,5 euros mensuales.

El aumento de la desigualdad no es homogéneo, porque también aumentan las distancias entre diferentes colectivos. Entre ellos están los que trabajan a jornada completa y a tiempo parcial, una brecha que se ha ensanchado hasta los 1.433 euros mensuales: los primeros ingresan 2.132,2 euros frente a los 698,2 de los contratos por horas.

Precisamente el alto número de mujeres que trabajan a tiempo parcial —un tipo de empleo peor pagado y más precario— explica buena parte de la diferencia entre los sueldos medios de hombres y mujeres, como advirtió el propio INE en su nota de este viernes. En 2014, las empleadas por horas se acercaban a los dos millones, en cambio, los trabajadores masculinos a tiempo parcial no llegaban a los 620.000.

De esta forma, la diferencia entre los que ganan los hombres y las mujeres superó por primera vez los 500 euros en 2014. La distancia creció porque las ganancias de las mujeres bajaron (3,5 euros menos al mes) hasta situarse en 1.618,1 euros mensuales, mientras que la de los hombres aumentó (23,8 euros más), para fijarse en una media de 2.125 euros.

La desigualdad creciente en España es una de las consecuencias que más se han dejado sentir de la crisis como se aprecia en la estadística. Además de por género, también creció la brecha por edades. El sueldo de los más jóvenes del mercado laboral, quienes tienen entre 16 y 24 años, menguó en dos euros al mes, dejando el salario bruto en 1.030 euros mensuales. Por el contrario, el de los más mayores, subió en 54 euros, hasta los 2.198 euros. En este caso también pesó la mayor tasa de empleo a tiempo parcial entre los trabajadores jóvenes como causa de esa desigualdad. En 2014, la excepción hay que buscarla en las remuneraciones de indefinidos y temporales. Si el año anterior la separación entre unos y otros alcanzó su techo (765,9 euros), este se ha reducido hasta poco menos de 750 euros.

También se estrecharon las diferencias entre el sector público y el privado. Los trabajadores de la Administración ganan 2.544 euros brutos mensuales, con un aumento del 0,57% respecto al año anterior, mientras que en el sector privado se situó en los 1.710,3 euros, con un crecimiento del 1,1%.

Por territorios, se ensanchó la distancia entre la comunidad en la que el sueldo medio es más alto y la que lo tiene más bajo. En Madrid, donde se pagan los salarios más elevados, la ganancia media ha crecido en más de 200 euros en los últimos cuatro años, hasta los 2.272 euros mensuales. En cambio, en Extremadura —tradicionalmente la región de España con remuneraciones más bajas, excepto el año pasado en el que lo fue Canarias— el incremento fue de 34 euros en el mismo periodo de tiempo, hasta los 1.588. El País Vasco es la comunidad donde más proporción de trabajadores está en la escala alta de salarios.

Tres millones de trabajadores no llegan a mileuristas
Casi tres millones de trabajadores tenían un sueldo de 972,8 euros brutos a mes el año pasado, según la encuesta de deciles divulgada este viernes por el INE. Es decir, que al menos tres millones de empleados ni siquiera llegan a ser mileuristas. No obstante, si consideramos al salario bruto que computa la encuesta, le restamos los descuentos de IRPF y Seguridad Social y el hecho de que se incluyen las pagas extraordinarias, la cifra de los trabajadores españoles que no gana ni 1.000 euros netos al mes se eleva por encima de los cuatro millones, del total de 14,2 millones de asalariados a los que se refiere el informe.

En el análisis que hace el Ministerio de Economía de la encuesta, el departamento que dirige Luis de Guindos destacó que si en 2010 el 20,1% de asalariados ganaba menos de 1.221 euros, ese porcentaje ha caído hasta el 17,5% en 2014.

En lo referente a ocupaciones, los salarios más bajos se concentraron en las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (84,7% por debajo de 1.221,1 euros) y en el sector primario, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (59,6%). Las remuneraciones más elevadas se dieron en actividades financieras y de seguros (el 71,6% recibieron salarios superiores a 2.173,5 euros), en educación (58%) y en suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (56,1%).

 http://economia.elpais.com/economia/2015/11/06/actualidad/1446805661_224683.html

miércoles, 22 de julio de 2015

Tocar dos teclas (clave). Las ayudas a la contratación cuando se generalizan raramente impulsan la contratación y convierten en más estables los empleos

Decir en un país que ha superado el 20% de paro tres veces en los últimos 30 años que las políticas de empleo no funcionan suena a obviedad. En cambio, la persistencia de esos dos datos (20%, 30 años), muestra que muchos gobiernos centrales y autonómicos han fracasado o fallado tratando de acabar con esa obviedad. Para hacerlo, el PSOE propone un programa que toca, entre otras cuestiones, dos puntos importantes de las políticas de empleo: la eliminación de las bonificaciones para estimular la contratación y la descentralización de las prestaciones por desempleo para que las gestiones las comunidades autónomas.

La primera propuesta arrancará, sin duda, aplausos entre los estudiosos del mercado laboral. La ineficacia de las ayudas a la contratación (tanto si son bonificaciones como simples reducciones de cotizaciones) cuando se generalizan —eso es lo que sucede ahora y ha sucedido en el pasado— está demostrada por la literatura económica desde hace años y admitida por casi todos los responsables políticos. Raramente impulsan la contratación y convierten en más estables los empleos que se benefician de estas ayudas.

Pese a ello, año tras año la partida ronda los 3.000 millones de euros. Solo los recortes de 2012, que acabaron con buena parte de las bonificaciones, parecieron acabar con este error histórico. La partida se redujo casi a la mitad, pero ya al año siguiente superó los 2.000 millones. Para este año, los presupuestos esperan un gasto, de nuevo, superior a los 3.000 millones de euros.

La otra tecla que plantea tocar el PSOE, que las autonomías gestionen las prestaciones por desempleo, es un cambio todavía más profundo, pero le va a costar más defenderlo. Las autonomías gestionan las políticas activas de empleo (orientación, formación, búsqueda...) desde los años noventa y no se puede decir que hayan tenido un gran éxito. Basta con ver los datos de colocación: solo el 2,5% de trabajadores encuentra empleo a través de los servicios públicos. Además, los casos más grandes de fraude en la formación continua y de parados (desde que se acabó con el Forcem) han aparecido en esas administraciones.

Desde luego, sacar adelante esta medida puede acabar con la situación bipolar que se vive ahora en las oficinas públicas de empleo, en las que conviven los funcionarios estatales (encargados de la gestión de las prestaciones) con los autonómicos (responsables de las políticas activas), y el lío que supone al parado saber a qué ventanilla acudir. Y también puede servir para adaptar mejor las políticas activas —si estas mejoran de una vez— al desempleado. Pero también es cierto que la bipolaridad podría incluso multiplicarse si, siguiendo al archicitado Conde de Romanones (“hagan ustedes las leyes y ya me encargo yo de los reglamentos”), cada autonomía fija una instrucción para reconocer las prestaciones o las aplica de forma distinta, con más o menos rigidez.
http://politica.elpais.com/politica/2015/06/29/actualidad/1435603192_415978.html

viernes, 26 de junio de 2015

Bajar los impuestos o reducir la pobreza. España vive una situación que se puede calificar de emergencia social

La recuperación de la economía española sigue ofreciendo datos esperanzadores. Cada día es más claro que no estamos ante el efímero efecto rebote que siempre se produce cuando una economía toca fondo, sino ante una recuperación con fundamentos.

Hay buenas razones para alegrarse por esta vuelta al crecimiento. Que pueda favorecer al Gobierno en sus expectativas electorales no es motivo para negar la realidad. Ahora, se trata de que sus beneficios rebosen y lleguen al conjunto de la sociedad.

¿Cómo se deberían utilizar los mayores ingresos que trae la recuperación para las arcas públicas? Hay tres opciones: 1) Acelerar la reducción del déficit público y la deuda. 2) Reducir impuestos a ciudadanos y empresas. Y, 3) Combatir la desigualdad y la pobreza instauradas por la crisis.

Las tres opciones tienen sus partidarios. La primera permitiría la reducción de los desequilibrios fiscales y financieros fortaleciendo la confianza de los inversores. La segunda aliviaría la presión fiscal sobre ciertos grupos, especialmente los de ingresos medios y altos, y podría estimular la demanda. Es la opción que más probabilidades tiene dado el tiempo electoral. Pero la más benéfica para la sociedad y para un crecimiento sano es la tercera. Veamos porque.

España vive una situación que se puede calificar de emergencia social. Una emergencia con riesgo de abocar a una fractura social prolongada, cuando no permanente. De acuerdo con los datos publicados por la OCDE en su trabajo "Society at a Glance 2014. The crisis and its aftermath"(www.oecd.org/social/societyataglance.htm) la caída de los ingresos de los hogares españoles durante la crisis es la más fuerte entre los países de la eurozona.

Siendo esta caída muy intensa, el problema se agudiza porque se ha concentrado en los hogares de menores ingresos. El 10 % más pobre ha visto disminuir sus ingresos en un 14 % anual. Es también, con gran diferencia, la mayor caída entre todos los países de la OCDE, en los que la media ha sido un 2%.

Este desplome de ingresos en la parte baja de la sociedad ha provocado dos graves efectos. Por un lado, un fuerte aumento de la desigualdad. Por otro, la aparición de pobreza de jóvenes y la pobreza infantil. La pobreza de niños surge de hogares formados por jóvenes sin ingresos o con empleos de bajos salarios.

La pobreza de las generaciones jóvenes es el riesgo más grave al que nos enfrentamos como sociedad. Un riesgo que se agudiza porque se puede cronificar, provocando una fractura social duradera.

¿Por qué ha aparecido esta pobreza en España? Por dos razones. Una evidente y previsible; la otra sorprendente e inesperada.

La mayor intensidad del paro en España y su concentración en personas de salarios bajos explica parte de la caída de ingresos de los hogares pobres, tanto de los pobres sin ingresos como de los pobres con empleos de bajos salarios. Este efecto de la recesión era algo previsible.

Lo que no era es el efecto perverso que ha tenido el sistema español de prestaciones sociales y ayudas públicas. Los datos de la OCDE muestran que del total de transferencias a los hogares, el 30 por ciento más rico recibe más que el 30 por ciento más pobre. El mundo al revés, se redistribuye hacia arriba. Los pensionistas y las personas mayores están mejor protegidos que los más jóvenes frente al riesgo de caída de ingresos.

¿Podrá la recuperación económica reducir esta pobreza y curar la herida social? No. La recuperación por si sola no sacará a los parados de larga duración de la cuneta del paro. La evidencia la tenemos en lo ocurrido en la salida a las crisis de los ochenta y noventa. Como recordarán, las recuperaciones de esos años dejaron un elevado paro estructural. Ahora puede ocurrir lo mismo, pero con el agravante de la pobreza y la pérdida de emancipación de los jóvenes.

Esta crisis social no es sólo un problema para los afectados. Lo es para la sostenibilidad de la propia recuperación económica. La investigación económica reciente, entre ella la del FMI, muestra que la desigualdad y la pobreza perjudican el crecimiento, al hacerlo más volátil y de menor calidad.

Volvamos a la pregunta inicial, ¿cómo utilizar los mayores ingresos fiscales de la recuperación económica? La prioridad absoluta debería ser ayudar a estos grupos más desfavorecidos. Es una cuestión moral para una sociedad decente; pero es también una cuestión de buena economía.

Para lograrlo la mejor opción no es la rebaja de impuestos. Los grupos de bajos ingresos se benefician poco, si lo hacen, de las rebajas de IRPF y de IVA.Hay formulas más eficaces para lograrlo. Algunas han comenzado a ser discutidas en nuestro país. Habrá ocasiones para comentarlas.

Pero, hoy por hoy, lo más urgente es tomar conciencia del problema. De momento la pobreza de niños y jóvenes es una enfermedad oculta, asintomática. No está en el debate público ni en la agenda política. Para curarla, lo primero es hacerla visible.
 24 MAY 2015 - El País 

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miércoles, 29 de abril de 2015

Educación, desigualdad y empleo

España se ha convertido en uno de los países más desiguales, no solo de la Unión Europea, sino también de la OCDE, el club de países más ricos del mundo. ¿Por qué? Una respuesta que está adquiriendo gran visibilidad ahí donde se cocina la sabiduría convencional del país, se centra en las grandes limitaciones del sistema educativo en España. En realidad, tales limitaciones se consideran también la causa del escaso crecimiento económico de este país, que se explica por la falta de gente formada, familiarizada con las nuevas tecnologías y conocimientos, que pueda responder a las necesidades del mundo productivo, compitiendo así en el mercado internacional. Constantemente se acentúa el mensaje de que el sistema educativo no está configurado para ayudar al mundo empresarial, que se encuentra con gran necesidad de trabajadores cualificados que puedan competir con los otros países avanzados tecnológicamente.

Pero, además de ser el sistema educativo insuficiente para responder a las necesidades de la economía, el sistema educativo español también ha sido criticado, con razón, por ser reproductor de las grandes desigualdades sociales existentes en el país a través del sistema dual de escuelas públicas y privadas (con un gasto por alumno muy dispar, a beneficio de la escuela privada, es un sistema dual que reproduce el sistema de clases sociales, muy marcado en España). De ahí deriva el gran diferencial de visiones entre las izquierdas y las derechas, las primeras a favor de la escuela pública, las segundas a favor del mantenimiento de la escuela privada (de propiedad de la Iglesia Católica en su mayoría).

La evidencia científica existente
No puede haber ninguna duda de que la dualidad del sistema escolar (público versus privado) es uno de los mayores factores de perpetuación de las desigualdades en España, y la expansión de esta dualidad, promovida por el gobierno del Partido Popular, las está reproduciendo e incrementando.

Habiendo dicho esto, es importante señalar que mientras hay evidencia de lo primero (de la reproducción de las desigualdades a través del sistema educativo), no hay evidencia de que el retraso económico español pueda deberse a las supuestas limitaciones del sistema escolar. Un análisis del sistema productivo señala que no hay déficit de trabajadores cualificados ni de profesionales avanzados en España. En realidad, hay más de los que el sistema productivo requiere, lo que explica su elevado desempleo y su éxodo a otros países. Hoy el mayor número de puestos de trabajo continúan estando en los puestos de baja cualificación. Lo que precisamente se requiere es cambiar estos puestos de trabajo para darles mayor responsabilidad y creatividad en el desarrollo de sus funciones, una tarea poco prioritaria en el sistema empresarial.

¿Qué está ocurriendo?
La raíz del problema es la estructura económica del país, donde predominan los sectores de baja productividad. Pero esta situación en sí no tendría por qué ser un problema, pues sectores de baja productividad pueden convertirse en sectores de alta productividad mediante inversiones en el puesto de trabajo. Y ahí está el quid de la cuestión: la falta de inversión en mejorar los puestos de trabajo, una de las más bajas de la UE. El empresario no siente ninguna presión de invertir cuando le es tan fácil conseguir trabajadores mal pagados. Si le fuera difícil, invertiría más, para que cada trabajador produjera más. Y ahí está el meollo del problema. Salarios bajos determinan baja productividad.

Pero este entendimiento del problema que tiene la economía española desplaza el punto de atención del trabajador al empresario, el cual tiene mucho más poder que el primero. Ello explica que se hable muchísimo menos de intervenciones sobre el empresariado, incluyendo su gran acumulación de beneficios a costa de ofrecer salarios bajos. Ahí es donde aparece la raíz de la desigualdad, en la excesiva concentración de los beneficios en sectores muy minoritarios de la población. Pero las soluciones pasan por unas políticas fiscales mucho más intervencionistas y más redistributivas, tema tabú hoy en día.

Una medida que Juan Torres y yo sugerimos en el documento preparado para Podemos, que en su original se titulaba Democratizar la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida. Una propuesta de debate para solucionar los problemas de la economía española, y que Podemos cambió a Un proyecto económico para la gente (del cual apenas se ha oído más), fue la de establecer el derecho al trabajo garantizado por el Estado, a nivel central, autonómico o local. Esta medida podría desarrollarse de muchas maneras (que detallamos en el documento), desde incentivar la creación de empleo por parte del sector privado a la provisión de empleo con financiación pública. Intentábamos con este tipo de medidas recuperar las políticas públicas que caracterizaron a los gobiernos socialdemócratas del norte de Europa, caracterizadas por alcanzar el pleno empleo con salarios altos y condiciones de trabajo satisfactorias, todo ello fruto de tener unos sindicatos fuertes (el 70% de la población laboral está sindicalizada), y un mundo del trabajo fuerte, con instrumentos políticos próximos a tal mundo que han gobernado durante la mayoría de años desde la II Guerra Mundial.

Como consecuencia de ello, el porcentaje de la población adulta que trabaja es muy elevado (82%), siendo ello causado, en gran parte, por la elevada participación de la mujer en el mercado de trabajo. Estas tasas de participación explican que el número de trabajadores que crean riqueza y pagan impuestos sea muy elevado. Por otra parte, la elevada participación de la mujer al mercado laboral crea la necesidad de mayor trabajo, no solo como consecuencia de aumentar el consumo, sino también porque exige que alguien haga la tarea realizada anteriormente por la mujer en sus labores familiares.

En el sur de Europa
La debilidad del mundo del trabajo en el sur de Europa explica que raramente las políticas de pleno empleo hayan sido prioritarias en los gobiernos, incluyendo los de izquierdas, que raramente han considerado que sea responsabilidad del Estado crear buen empleo. Esta situación se ha visto reforzada por otro argumento, procedente de sensibilidades neoliberales (pero que han pasado a ser absorbidas por algunos sectores de las izquierdas), y que asume que el gran avance de la productividad y la tecnología hace prever un futuro con pocos puestos de trabajo. Esta suposición carece, sin embargo, de credibilidad, pues las necesidades humanas, incluyendo las desatendidas, son enormes. A la luz de la evidencia existente, no puede concluirse que el bajo porcentaje de la población que trabaja en España se deba a su elevada productividad o a haber alcanzado ya nuestras necesidades cubiertas. Se debe a la escasísima prioridad que han tenido las políticas públicas destinadas en alcanzar pleno empleo, tomando como objetivo la producción de buen empleo, facilitando la participación de la mujer y de los jóvenes en el mercado de trabajo. Las políticas que se han estado siguiendo por los gobiernos españoles en respuesta a la crisis –sus reformas laborales y sus recortes- han empeorado incluso más la situación de empleo, acelerando la destrucción de empleo, lo cual se ha acentuado todavía más con los recortes de gasto público y la bajada de salarios, creando un enorme problema de demanda, convirtiendo a España no solo en uno de los países de la Eurozona con mayor desempleo, sino también con un mayor porcentaje de la población sin empleo. Ahí están las raíces de la miseria y la pobreza en la que viven grandes sectores de la población en España.
Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra. Ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona.
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/13170/educacion-desigualdad-y-empleo/

jueves, 29 de enero de 2015

Piketty: “La mayor desigualdad la provoca el desempleo”. El economista convierte su trabajo sobre la disparidad creciente de las rentas en el símbolo de la angustia post crisis

Empieza a estar cansando del apelativo de estrella de rock que le atribuyeron los medios estadounidenses cuando viajó a aquel país para presentar su libro —El capital en el siglo XXI—. Pero es difícil imaginar otro economista europeo que lidere las listas de ventas con una obra tan profundamente académica y que provoque semejante euforia allá donde va. “En realidad, el éxito del libro revela la necesidad de una mayor democratización del debate económico, de permitir que la gente se forme su opinión y de incorporar a ese debate los problemas que realmente importan a la gente”, apunta Thomas Piketty (Clichy, 1971). Un éxito no exento de severas críticas vertidas desde los más importantes medios internacionales.“La verdad es que los mismos que han criticado mis trabajos me han dado un premio al mejor libro del año. No puedo pedir más”, dice con una sonrisa.

El autor francés ha visitado esta semana Madrid, para promocionar la edición en español de su libro, con una agenda realmente de estrella mediática. No había minutos ni huecos suficientes en el día para atender la cantidad de solicitudes de encuentros, reuniones y entrevistas de todo tipo que había suscitado su visita, en la que ha reservado un hueco destacado al mundo político. No en vano, él fue asesor de campaña de la candidata socialista Ségolène Royal en las elecciones a la Presidencia de Francia de 2007. Ha sido el propio Piketty quien tenía interés en reunirse con los responsables de Podemos durante su visita a Madrid para evitar que su debate con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, fuera interpretado como una adhesión a los postulados de los socialistas españoles. “Me gusta escuchar todas las propuestas. Me hubiera gustado también reunirme con alguien del Gobierno pero no han mostrado ningún interés”, explica.

Piketty atribuye el éxito de su obra a la necesidad de saber de los ciudadanos, pero hay algo más. Su libro se ha convertido en un símbolo de la angustia y la rabia de un mundo que aún lucha por dejar atrás la peor crisis económica desde la Gran Depresión y en el que el aumento de la desigualdad ha pasado a ocupar un lugar prioritario en las agendas políticas. Porque la desigualdad hace que los ciudadanos pierdan su fe en un sistema por el que se sienten injustamente tratados y cuyo estatus, en semejantes condiciones, no tienen ningún interés en mantener, con las consiguientes consecuencias políticas que se empiezan a observar en Europa. Él sostiene que su trabajo es tan sencillo que cualquiera puede leerlo, “cualquiera sin ninguna formación económica específica”, afirma. Pero las fórmulas que recogen muchos de los capítulos de su libro parecen indicar lo contrario.

El economista francés sostiene que a lo largo de la historia, y aún más en los últimos años, el rendimiento del capital ha sido mayor al crecimiento de la economía y que, por tanto, quienes contaban inicialmente con ese capital —en forma de inmuebles, herencias o patrimonio— se beneficiaban más del crecimiento que quienes dependían de su trabajo. Una fórmula matemática que se ha revelado en toda su crudeza con la crisis y que ha suscitado el enfado de las clases medias, que se sienten las paganas de la crisis, duramente golpeadas por las políticas de austeridad, el recorte de los servicios y las subidas de impuestos pero que en la práctica no resulta tan simple. “Es cierto que el caso de Europa no es exactamente el mismo que el de Estados Unidos. El movimiento Somos el 99% tiene más sentido allí, o en lugares como Londres, porque el peso del sector financiero y del capital en la economía es mucho mayor. En Europa, la mayor fuente de desigualdad procede del desempleo”, admite el economista.

Los datos de recientes estudios de la OCDE corroboran esa matización [ver gráfico adjunto]. Son los países más golpeados por el desempleo durante la crisis aquellos en los que más ha crecido la desigualdad, especialmente entre el 10% de los hogares con ingresos más bajos. Grecia y España, las economías con mayor tasa de paro, son los países en los que la renta disponible de los hogares más pobres se ha reducido con más virulencia. En cambio, hay otras economías, como Polonia o Chile, que han logrado que las rentas disponibles de sus ciudadanos más pobres aumenten en esos años de crisis y que lo hagan incluso más que las del 10% más rico. “No se puede responsabilizar a los demás de lo que pasa. Los ciudadanos y los gobiernos son responsables de sus decisiones y de las consecuencias de sus políticas”, repite incesante el economista en sus intervenciones.

Piketty publicó su obra [originalmente en francés en 2013] justo cuando se empezaba a entrever el final de la crisis y cuando los datos empezaban a reflejar unos niveles de disparidad de rentas entre los países más desarrollados no vistos desde finales de la Primera Guerra Mundial. El debate sobre la desigualdad ya comenzaba a coger fuerza en Estados Unidos y fue, precisamente, la enorme repercusión de su libro en aquel país, ya en 2014, la que disparó la popularidad de Piketty y la enorme difusión de su obra. “Estoy aún más sorprendido de la acogida que ha tenido el libro en China o en Corea, aquello realmente me ha impresionado”, admite.

Lo cierto es que son muchas las voces que vienen denunciando las consecuencias que esa creciente disparidad de rentas tiene para el futuro de las economías y las sociedades desarrolladas y emergentes. En 2005, el economista Branco Milanovic, antiguo economista jefe del Banco Mundial y publicó un libro —Mundos separados— sobre la disparidad global de ingresos y el aumento de la desigualdad y su recopilación de ensayos de 2011 sobre esa cuestión —Los que tienen y los que no— es considerada una de las referencias mundiales en la materia. En 2010, el entonces economista de la Universidad de Chicago y actual gobernador del Banco de la Reserva de India, Raghuram Rajan, alertó en su libro Las grietas del sistema de que el enorme endeudamiento de los hogares había sido propiciado, precisamente, por las autoridades con el objetivo de reducir aparentemente las disparidades de renta en la población. Ese endeudamiento, al final, ha debilitado las posibilidades de las familias en la recuperación. El listado de autores y de trabajos es largo y la preocupación sobre el fenómeno es tan patente que hasta los distinguidos participantes del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) lo designaron, en enero de 2014, el mayor reto de la economía global en los próximos años.

La gran aportación de Piketty a la historia económica es el exhaustivo trabajo llevado a cabo para recabar los datos sobre los que basa sus tesis. El economista francés ha utilizado la información tributaria facilitada por los propios individuos y no las encuestas sobre los ingresos de los hogares, uno de los métodos más utilizados para analizar la desigualdad. Ese sesgo, que no es nuevo, sí resulta especialmente útil para analizar la distribución entre las rentas más altas y permite al público en general comparar la evolución de sus ingresos con los de los más ricos. Su exhaustivo trabajo de recolección está disponible a través de la página web de la Escuela de Negocios de París —World Top Incomes Database— con datos de más de 27 países, pero no todos tienen la misma fiabilidad.

“Si algo bueno tiene la publicidad que está recibiendo el libro es que ello nos está propiciado un mayor acceso a los datos de muchos países emergentes y una mayor transparencia en los datos disponibles para los ciudadanos en general, lo que se convierte en un instrumento para luchar contra la corrupción. China es la que va más retrasada en este sentido”, apunta. Países como Brasil, México, Turquía o Corea empiezan a facilitar a Piketty y a su equipo los datos tributarios. Eso permitirá ajustar sus tesis con más precisión porque la explosión de las clases medias en las grandes economías emergentes en los últimos años tiene mucho más que ver con el fuerte crecimiento vivido por esos países que con los rendimientos del capital previos a su irrupción en la economía global. “Ese fuerte crecimiento ha sido uno de los aspectos más positivos de la globalización y es una de las grandes fuerzas que han permitido reducir la desigualdad a nivel mundial”, reconoce entusiasta.

Más datos quizás también le lleven a ajustar más las recetas para combatir los perjuicios de la disparidad de rentas. Piketty se ha declarado favorable a establecer un impuesto sobre la riqueza pero se muestra absolutamente contrario y crítico con el tipo del 75% sobre las rentas más altas que puso en marcha el presidente francés François Hollande y al que acaba de dar carpetazo el gobierno presidido por Manuel Valls. “Una cosa son los ingresos y otra el patrimonio, la riqueza. Básicamente estoy en contra de la propuesta de Hollande porque se trataba de un gesto de cara a la galería y sin ninguna voluntad de cambiar el modelo. La recaudación de ese impuesto era anecdóctica. Hollande debería empezar por simplificar el sistema tributario francés”, señala.

El también profesor de la Paris School of Economics es especialmente crítico con el manejo de la crisis en Europa, desde las políticas de austeridad aplicadas a la modificación de los Tratados europeos aprobada en 2012 y la competencia fiscal entre los países de la eurozona que ha desvelado el escándalo de los Luxleaks. “Si todo el mundo hace lo que ha hecho Luxemburgo y elimina casi por completo la tributación de las grandes empresas, toda Europa se convertirá en un paraíso fiscal”, subraya. “Creo que habría que avanzar hacia una mayor cooperación tributaria, como primer paso, empezando por la armonización de la fiscalidad empresarial”, defiende. Más aún. “Las políticas de austeridad, el empeño en reducir el déficit a toda velocidad, el aumento del desempleo y la ausencia de inflación hacen mucho más difícil la salida de la crisis”, remata.

Pese a lo que la experiencia europea demuestra, Piketty se muestra optimista ante la posibilidad de una mayor coordinación fiscal en la región y cree que con los incentivos o las sanciones apropiadas los cambios son posibles. “Tampoco parecía posible acabar con el secreto bancario suizo y hoy día eso es una realidad. Estados Unidos impuso sanciones a los bancos suizos que habían contribuido a ocultar información tributaria de sus ciudadanos y el secreto bancario se acabó”, recuerda. “Las cosas siempre se pueden cambiar”.
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2015/01/09/actualidad/1420836043_696183.html